Agosto 3 del 2016

Presidencia de la Republica

Ley 1804 de 2016

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POlÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2015 03917 00 de 2016.

EL LITIGIO RESPECTO DEL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES DEBE SER ADELANTADO ANTE EL RESPECTIVO JUEZ DEL TRABAJO. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo proferido por la entidad estatal, a través del cual se negó el pago de la sanción moratoria respecto de las cesantías de la parte demandante, constituye un título ejecutivo que contiene una obligación expresa, clara y exigible, además de provenir del deudor y constituir plena prueba contra él; de manera que al ser un documento en el cual se discute el pago de acreencias laborales a favor del trabajador, la competencia no corresponde al juez administrativo sino a la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Acreencias laborales. Juez del trabajo. Competencia.

Expediente 68001 11 02 000 2013 00820 01 de 2016.

EL PROFESIONAL DEL DERECHO NO DEBE USAR DE MANERA ARBITRARIA NI EXCESIVA LOS RECURSOS QUE LE PERMITE LA LEY. La actuación procesal adelantada por el disciplinado demuestra que estuvo destinada a tratar de dilatar el litigio, ocasionando una grave congestión a la administración de justicia y un desgaste a su contraparte al obligarla a estar atenta a cada recurso que interponía el sancionado, esta conducta es contraria a los deberes del abogado ya que no cumplió con la colaboración recta y leal en la administración de justicia, además de incurrir en actuaciones temerarias que impedían el tránsito normal del proceso; por lo tanto no son de recibo las excusas presentadas por el abogado al señalar que hizo de todos los recursos que le permite la ley, ya que gran parte de ellos fueron rechazados de plano por el juez competente. Confirma. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Actuaciones temerarias. Recursos. Litigio

Expediente 13001 11 02 000 2011 01123 01 de 2016.

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN IMPIDE QUE EL JUEZ CONTINÚE CON LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Aunque es evidente la existencia de una indiligencia por parte del abogado investigado, al no haber defendido de manera satisfactoria y completa los intereses de su cliente dentro del proceso ejecutivo, señala la Sala Disciplinaria que la conducta no puede ser investigada por cuanto operó el fenómeno de la prescripción, al haber pasado más de cinco (5) años desde la fecha en que se cometió la conducta y la sentencia, situación que impide al juez continuar con el procedimiento y debe decretar la terminación del mismo. Termina. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Prescripción. Acción. Procedimiento.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04923 01 de 2016.

EL ABOGADO NO PUEDE INCURRIR EN VÍAS DE HECHO PARA TRATAR DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE. El procedimiento adelantado permite inferir que la abogada sancionada tomo acciones de manera unilateral y faltando al deber obrar con recta justicia, que no son conformes con la ley y se configura una vía de hecho, es decir que existiendo mecanismos legales para adoptar una serie de medidas tendientes a tratar de cumplir con el objetivo que tenía decidió realizar la conducta reprochable por iniciativa propia, mediante actos fraudulentos que causaron perjuicios a intereses ajenos, lo cual no es aceptable para una profesión encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y es necesario imponer una sanción acorde con la conducta sancionada. Modifica. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Vía de hecho. Actos fraudulentos. Sanción.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 76001 22 10 000 2016 00044 01 de 2016

LAS AUTORIDADES RESEÑADAS LESIONARON LA PRERROGATIVA DEPRECADA POR LA PROMOTORA, PUES NO RESPONDIÓ SU PRETENSIÓN DE SER INCLUIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. No se dará curso al reclamo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, relacionado con la ausencia de atribuciones legales de éste para pronunciarse sobre la reclamación de la interesada tendiente a su inclusión en el Registro Único de Víctimas, teniendo en cuenta que la orden de responder las solicitudes extrañadas dada por el Tribunal Constitucional a quo, solo cobijó a los entes arriba referenciados. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.. Temas: Víctimas. Reclamo. Autoridades.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00923 00 de 2016

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DOTA AL JUEZ DE AUTONOMÍA PLENA, DE MANERA QUE SÓLO EL YERRO OSTENSIBLE, INNEGABLE Y TRASCENDENTE, SIRVE DE APOYO POR VÍA DE TUTELA. Para fundamentar un ataque en sede constitucional endilgándole al funcionario de conocimiento la incursión en vía de hecho al valorar los medios de convicción recaudados, no basta hacer una nueva evaluación de tal acopio suasorio, ya que no puede confundirse ese medio extraordinario de impugnación con las diversas opiniones que los involucrados tengan sobre la forma en que debió ser definido el litigio. Niega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Autonomía. Función Jurisdiccional. Tutela.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 66359 de 2016

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. Cuando el derecho de petición formulado por el promotor de la acción de tutela ha sido resuelto por la entidad accionada y comunicado en debida forma, se ha considerado que tal respuesta se adecúa a los parámetros de materialización del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 constitucional, que ha adoctrinado la jurisprudencia, en tanto debe ser clara y correspondiente con lo solicitado, independientemente de que sea favorable o no a los intereses del peticionario. Revoca. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas . Temas: Derecho de petición. Respuesta. Notificación. Carencia actual de objeto. Hecho superado.

Expediente 43866 de 2016

CAUSACIÓN DE LA PENSIÓN SANCIÓN O RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN. Dicha prestación se causa por completar determinado tiempo de servicio ante una misma empresa y el retiro por los motivos previstos, siendo la edad, una mera condición para su exigibilidad. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Pensión sanción. Restringida de jubilación. Tiempo de servicio. Retiro. Causación. Edad.

Expediente 66439 de 2016.

LA AGENCIA OFICIOSA NO PUEDE SER EJERCIDA CUANDO LA PARTE AGENCIADA PUEDA VALERSE POR SÍ MISMA. A pesar de los señalamientos efectuados por quien ejercía la agencia oficiosa de la parte demandante, de que esta tenía problemas de salud tanto físicos como mentales para ejercer sus derechos por sí misma, señala la Corte Suprema de Justicia que la acción de tutela no está llamada a prosperar debido a que no hay presuntos derechos vulnerados, adicionalmente en el proceso civil la agenciada interpuso el recurso de apelación por sí misma lo cual demuestra que carece de impedimentos para hacer uso de sus facultades mentales. Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Agencia oficiosa. Agenciada. Derechos.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 47223 de 2016

EL TRIBUNAL PUDO EQUIVOCARSE EN SU APRECIACIÓN, ELLO NO CONDUCE TAMPOCO A DEFINIR PASIBLE DE INVALIDACIÓN EL TRÁMITE. Asumir que fueron vulnerados los principios de imparcialidad de independencia, pero ello de ninguna manera puede tener como soporte único la existencia de la causal de impedimento, conforme lo anotado, motivo por el cual se obliga del demandante establecer con precisión cómo se materializaron esos factores en la actuación de la jueza y qué efecto dañoso específico produjeron para el acusado. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Imparcialidad. Precisión. Actuación.

Expediente 86005 de 20116

LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD PENAL QUE SE HIZO EN CONTRA DEL PETENTE PERO QUE NO CORRESPONDE A LA PENA ACCESORIA QUE LE FUERE IMPUESTA NO PUEDE SER OBJETO DE REPROCHE POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL. Al no avizorarse la vulneración de los derechos fundamentales del actor por parte de la Procuraduría General de la Nación y ante la improcedencia de la tutela en este caso, el fallo será revocado en tanto tuteló los derechos del libelista frente a dicha entidad para en su lugar negar por improcedente el amparo, conforme se precisó. Revoca. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Responsabilidad. Pena Accesoria. Amparo.

Expediente 86165 de 2016

SI LA PARTE ACTORA RENUNCIÓ DE FORMA VOLUNTARIA AL EJERCICIO DE LOS INSTRUMENTOS JUDICIALES PROCEDENTES, SUS PRETENSIONES CARECEN DE VOCACIÓN DE PROSPERIDAD. La existencia de un procedimiento apto al interior del respectivo asunto, al cual necesariamente debe acudir el infractor, releva al juez de tutela para emitir un pronunciamiento al respecto, circunstancia que se traduce en razón adicional para denegar el amparo pretendido. Lo anterior significa que los argumentos expuestos en la demanda de tutela relacionados con la situación de salud del tutelante pueden ser expuestos ante el juez de conocimiento en aras a intentar una modificación de la sanción impuesta, quien, con fundamento en los elementos de prueba que se alleguen, adoptará la determinación que en derecho corresponda. Declara. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Pretensiones. Instrumentos Judiciales. Renuncia.

Corte Constitucional

Sentencia C 297 del 2016

LA VIOLENCIA A LA QUE SE REFIERE EL LITERAL ACUSADO ES VIOLENCIA DE GÉNERO, COMO UNA CIRCUNSTANCIA CONTEXTUAL PARA DETERMINAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: LA INTENCIÓN DE MATAR POR EL HECHO DE SER MUJER O POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO. Feminicidio. Tipificación penal. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015. El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino. Exequibilidad Condicionada. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Feminicidio.

Sentencia C 273 del 2016

LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO DE MINAS DESCONOCIÓ LA RESERVA DE LEY ORGÁNICA, POR TRATARSE DE UNA NORMA CONTENIDA EN UNA LEY ORDINARIA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 La Sala analizó si se vulnera la reserva de ley orgánica cuando en una disposición contenida en una ley ordinaria el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial, establecer zonas excluidas de la minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial. Para la Corte, la prohibición legal a las autoridades regionales, locales o seccionales para establecer que zonas del territorio quedan excluidas de manera permanente o temporal de actividad minera requería de la expedición de una norma legal de naturaleza orgánica, por tratarse de la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Declara Inexequible. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Exclusión zonas de minería.

Sentencia T 295 del 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL MECANISMO JUDICIAL PROCEDENTE PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR, TODA VEZ QUE ÉSTE NO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD MANIFIESTA. El actor padecía una enfermedad catastrófica y producto de ella le fue calificada una pérdida de capacidad laboral del 66.09%. Con base en dicha calificación le fue reconocida una pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia. Varios años después y luego de que le realizaran valoraciones médicas con diagnóstico favorable, se comenzó un proceso de recalificación del estado de invalidez en donde las Juntas Regional y Nacional determinaron una incapacidad del 38.89% por enfermedad común. Con este nuevo diagnóstico la aseguradora le informó que daría por terminada la obligación pensional que se tenía bajo el contrato de seguro de Renta Vitalicia, de acuerdo al artículo 70 de la Ley 100 de 1993. Con la acción de tutela se pretende que la reanude el pago de la prestación y se afilie al actor al Sistema de Seguridad Social en Salud. Se reitera jurisprudencia relacionada con el principio de subsidiariedad en la acción de tutela y se analizan las particularidades del caso. Confirma Parcialmente. M.P. Gloria Stella Ortiz Improcedencia por incumplir requisito de subsidiariedad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 05001 23 31 000 2001 00141 01 de 2016

CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 446 DE 1998, SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. A partir de ese momento el régimen de excepciones cambió, en el entendido que se resuelven directamente por la autoridad administrativa que adelanta la actuación y la apelación de tales decisiones es la que corresponde conocer a jueces y tribunales administrativos, según la cuantía del cobro. Revoca C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés Temas: Caducidad. Excepción. Jurisdicción coactiva. Acto administrativo.

Expediente 05001 23 33 000 2013 00763 01 de 2016.

IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Según el Artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, para poder pedir pruebas en la segunda instancia, se establece que únicamente serán decretadas, practicadas y valoradas, las pruebas que cumplan con los siguientes supuestos: 1. Que las partes las soliciten de común acuerdo; 2. Que hubiesen sido decretadas en la primera instancia y se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo para practicarlas o para cumplir los requisitos para su perfeccionamiento. 3. Que versen sobre hechos ocurridos después de trascurrida la oportunidad para pedirlas en primera instancia y sólo para desvirtuar tales hechos. 4. Que se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Por lo anterior y para el caso que nos ocupa, la solicitud de pruebas en segunda instancia efectuada por la accionante no cumplió con ninguno de los supuestos referidos; partiendo del primero de ellos que exige que las pruebas que se pretenda hacer valer en segunda instancia, deben ser solicitadas por las partes, de común acuerdo, circunstancia que no encuentra respaldo probatorio en el proceso, pues la prueba fue solicitada en el mismo memorial en el cual la accionante sustentó el recurso de apelación. Confirma. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Recurso de Súplica. Pruebas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 63001 23 33 000 2015 00170 01 (3528 2015) de 2016.

IMPEDIMENTOS DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER DE ALGUNOS ASUNTOS. La Sala de Sección estima infundado los impedimentos manifestados por los Magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío, para conocer de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuyo objeto hace referencia a la inclusión de la prima especial como factor salarial contenida en el art. 14 de la Ley 4 de 1992 durante el periodo en que la demandante ocupó el cargo de Fiscal Seccional. En este orden de ideas los Magistrados de esa corporación no se ven inmersos en la situación descrita en la citada causal, puesto que no tienen interés directo o indirecto en las resultas del proceso. Declara.C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Impedimentos y Recusasiones.

Expediente 05001 23 33 000 2015 01430 01 (4192 2015) de 2016.

SEGÚN EL RÉGIMEN DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ES OBLIGACIÓN DEL FALLADOR DECLARARSE IMPEDIDO DE UN ASUNTO EN PARTICULAR. Al tenor del artículo 141 del Código General del Proceso, se enumeran las causales de recusación que excusan al fallador para el conocimiento de un determinado asunto y con fundamento en las cuales debe declararse el impedimento sobreviniente. Esta causal debe estar sustentada por el Juez o Magistrado que la propone ante los demás consejeros de la sala, en caso contrario será declarada infundada. Declara. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Solicitud de Extension y Unificacion de Jurisprudencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 54001 23 31 000 1997 11758 01 (37581) de 2016.

DECLARAN LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN FRENTE A LOS CARGOS PÚBLICOS SUPRIMIDOS MEDIANTE ORDENANZA No.038 POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER. Así lo expresó el Consejo de Estado, luego de considerar que fue indebida la Acción de Reparación Directa incoada por los Demandantes, ya que se debía determinar con certeza cuál es la fuente de los daños cuya indemnización se reclaman, esto es, si estos devienen de la expedición de un acto administrativo o de una acción, omisión u operación de la administración. En caso de esté ante el primero de los eventos descritos será preciso estudiar si la demanda se fundó en la supuesta ilegalidad del acto. Asimismo la corporación consideró que en la medida en que el daño cuya indemnización pretende el actor se concretó en un acto administrativo y que la fuente del mismo es su supuesta ilegalidad, la acción de reparación directa incoada no era la adecuada, sino que, en su lugar, debió haberse interpuesto la de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de cuatro (4) meses contados desde el momento en el cual se surtió el retiro del servicio dispuesto en el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona. Confirma. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Excepción de Inepta Demanda. Falla en el Servicio.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 11001 03 15 000 2016 00822 00 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA PROCEDE CONTRA DECISIONES JUDICIALES CUANDO ESTAS DESCONOZCAN O INTERPRETEN DE MANERA ERRADA LAS LEYES. Es claro, tal como lo expresa el reclamante en su acción de tutela, que las autoridades judiciales requeridas no hicieron una adecuada aplicación de las normas relacionadas con la asignación de retiro, las cuales establecen de manera clara el porcentaje al cual tiene derecho como prima de antigüedad por el tiempo laborado, debido a que efectuaron un reconocimiento distinto a la suma establecida en la ley lo cual implica que el juez dejó de lado el respeto y cumplimiento de las leyes; esta situación genera una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa del demandante. Tutela. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Derechos fundamentales. Asignación de retiro. Prima de antigüedad.

Expediente 15001 23 33 000 2013 00675 01 (21185) de 2016.

EL BENEFICIO DE AUDITORÍA NO ES APLICABLE A LAS DECLARACIONES PRIVADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y RETENCIÓN EN LA FUENTE. Contrario a lo que manifiesta el contribuyente sobre el beneficio de auditoría para la su declaración del impuesto sobre las ventas y la consiguiente firmeza de la misma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente desapareció a partir del año gravable 2004, de manera que solo se puede aplicar de modo exclusivo al impuesto sobre la renta; por lo tanto la Administración de Impuestos notificó en debida forma el requerimiento ya que la firmeza de las declaraciones de IVA no se configuró, al no cumplir con los requisitos generales exigidos por los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Beneficio de auditoría. Declaraciones. Firmeza.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2015 02667 01 de 2016

EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA NECESARIA PARA CONTROVERTIR LA PROVIDENCIA CON LA QUE SE RESOLVIÓ EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.  Bajo las consideraciones efectuadas a lo largo de esta providencia, la Sala confirmó el fallo de tutela dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo. Por ende, en el presente evento, la Sala amparó el derecho de acceso a la administración de justicia del tutelante, así como el de la tutela judicial efectiva, al haberse constatado que la sentencia de 17 de julio de 2003, dictada dentro del proceso que adelantó en contra de la Fiscalía General de la Nación por la muerte de su hijo, el accionante y la autoridad judicial no tuvieron oportunidad de conocer la corrección de la prueba de balística, como consecuencia de la conducta de la dependencia de la Fiscalía, que no suministró la información correcta sobre el proyectil que fue retirado del cuerpo del menor. Confirma. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Amparo. Oportunidad. Dependencia.

 

Ministerio de Trabajo

Concepto 95958 de 2016

COMPENSATORIOS POR DOMINICALES HABITUALES LABORADOS. El artículo 59 de la Ley 4 de 1913 consagra la manera en que se deben entender los plazos y su contabilización, indicando que todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por ello es que si se labora en el mes tres o más dominicales, se debe tener en cuenta el número de dominicales laborados en el mes calendario y no en el interregno de un mes, pues esa es la acepción correcta de la expresión. Temas: Compensatorios. Dominicales habituales laborados. Mes calendario.

Concepto 124340 de 2016

FUERO SINDICAL PARA FUNDADORES Y ADHERENTES. El nacimiento de la protección para los fundadores y adherentes de un sindicato, no está sujeto a condición alguna, distinta de la constitución del mismo y la prueba de la existencia de dicho fuero que se materializa con la comunicación al empleador acerca de la creación de la organización. Temas: Fuero sindical. Fundadores. Adherentes. Protección.