Agosto 31 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 19001 11 02 000 2016 00023 01 (11868 28) de 2016.

LA RECLUSIÓN DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES DEBE EFECTUASE EN CENTROS ESTABLECIDOS PARA ELLOS. El juez de primera instancia no hizo una adecuada valoración de la acción de tutela interpuesta por los accionantes, ya que al ser ex integrantes de la Fuerza Pública su integridad física está en riesgo al tener que estar cerca de detenidos provenientes de grupos armados ilegales, los cuales pudieron haber sido capturados por el Batallón al cual pertenecieron los demandantes; es necesario tener en cuenta que el Código Nacional Penitenciario y Carcelario en su artículo 27 dispone que en caso de que integrantes de las Fuerzas Militares, deban cumplir con la detención preventiva en un centro de reclusión establecido de modo exclusivo para ellos, y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la cual pertenecen. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Fuerzas Militares. Centro de reclusión. Detenidos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00399 00 (11856 28) de 2016.

LAS RESOLUCIONES QUE NO DECIDEN CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PENAL SÍ ADMITEN REVOCATORIA SIEMPRE QUE EXISTAN NUEVOS ELEMENTOS PARA REINICIAR EL PROCEDIMIENTO. El conflicto de jurisdicciones estudiado por la Sala ya no existe, dado que la Justicia Penal Militar decidió archivar la investigación en contra de los integrantes del Ejército al no existir méritos suficientes para continuarla, lo cual obliga a inhibirse de tomar una decisión al respecto, aunque resalta la Sala Disciplinaria que si bien se trata de una resolución que archivó la investigación, esta admite revocatoria pero también goza de presunción de legalidad; en el caso de que la Fiscalía desee reabrir el caso cuando existen pronunciamientos que lo archiva, puede acudir a la Acción de Revisión para analizar a fondo la decisión que ordenó cesar la investigación adelantada. Abstenerse. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Presunción de legalidad. Acción de revisión. Archiva.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00360 00 (11840 28) de 2016.

EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES A FAVOR DEL EMPLEADO, DEBE SER DEMANDADO ANTE EL JUEZ DEL TRABAJO. Si bien la competencia para decidir demandas en contra de actos proferidos por entidades públicas está en cabeza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se trata de actos que niegan de sumas de dinero provenientes de una relación de trabajo entre el empleado y la entidad pública, la Ley 1437 de 2011 es clara al definir que no se pueden dirimir en la jurisdicción ya mencionada los conflictos de origen laboral de organismos oficiales; lo anterior obedece al hecho de que el acto administrativo adquiere las características de un título ejecutivo laboral al contener una obligación expresa, clara y exigible, tiene origen en una relación de trabajo, es proveniente del deudor (la entidad pública) y constituye plena prueba contra el mismo, y es por esto que la facultad para dirimir tal clase de controversias recae sobre la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Título ejecutivo laboral. Relación de trabajo. Entidad pública. Trabajador.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 22 03 000 2016 00932 01 de 2016.

LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE NO SE RELACIONAN CON EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO, PUEDE IMPLICAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PARTES. Aunque no se admite la tutela en contra de decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, por excepción es posible acudir a este mecanismo cuando exista de manera evidente un desconocimiento de derechos fundamentales, como aquellos casos en los cuales el juez adelanta procedimientos con normas que no regulan los trámites, o que por expreso mandato de la Corte Constitucional no ha sido posible su aplicación mediante analogía; por lo tanto el funcionario que adelante esta clase de actuaciones incurre en vías de hecho, siendo posible acudir al recurso de amparo para reclamar la protección de derechos fundamentales. Revoca. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Derechos fundamentales. Normas. Procedimiento. Relacionan.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01749 00 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA DESCONOCER LA INDEPENDENCIA DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES. Frente a los reclamos presentados por la accionante, señala la Corte que no hay lugar a fallar favorablemente la tutela ya que los argumentos presentados, solo se limitan a demostrar el desacuerdo existente por parte de la afectada con la sentencia que fue contraria a sus intereses; al no existir vulneración de derechos fundamentales es necesario señalar que el juez de tutela no puede intervenir en otros procesos, ya que ello implica desconocer la independencia y autonomía de las decisiones judiciales que han sido proferidas en el marco de la Constitución y la ley. Deniega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Juez de tutela. Independencia. Autonomía. Decisiones judiciales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 53360 de 2016

COMO LO TIENE DICHO LA JURISPRUDENCIA, LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA PENSIÓN OFICIAL SURGE DESDE LA FECHA EN QUE SU TITULAR SE HAYA RETIRADO DEL SERVICIO.No así en cuanto a su reconocimiento, pues para tal efecto los requisitos legales son apenas el tiempo de servicios y la edad mínima establecidas. Así lo expresa inequívocamente el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969, aplicable a la pensión oficial prevista en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, cuando señala que la pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio oficial, hecho que deberá demostrar el interesado. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda BuelvasTemas: Pensión de jubilación. Pensión oficial. Pago. Reconocimiento. Retiro del servicio. Cotización.

Expediente 52952 de 2016

INDEMNIZACIONES POR MORA DEBIDO AL NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NO SON DE IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA. Los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 no consagran una presunción de mala fe para el empleador. Dado su carácter sancionatorio, es preciso analizar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su actuar y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. No Casa M.P. Rigoberto Echeverri Bueno Temas: Sanción moratoria. Indemnización. Pago. Cesantías. Buena fe. Mala fe.

Expediente 67629 de 2016

REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISBÉN PARA SER BENEFICIARIO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO, NO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA ACCEDER AL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Al contrario, es un criterio de igualdad objetivo que fija las reglas diseñadas por la autoridad competente para su ejecución. Cuando se dice que el registro en el SISBEN no puede ser un impedimento para la garantía del derecho de educación, ello no significa que pueda ser omitido al momento de analizar las exigencias de la convocatoria, sino que es un presupuesto razonable diseñado para la adecuada ejecución de la política educativa y, por ende, es imperioso que los aspirantes lo cumplan si su pretensión es acceder a las becas. Modifica M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Acción de tutela. Créditos educativos. Programa. Beneficiario. Ser pilo paga. Registro, Sisbén. Política educativa. Becas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 45947 del 2016

EL JUICIO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN NO OPERA EN RELACIÓN CON TRÁMITES YA AGOTADOS. Como lo tiene precisado la Sala, el juicio rescindente de la acción de revisión no opera en relación con trámites o actuaciones ya agotados aun cuando se evidencien irregularidades u omisiones trascendentes en el curso del proceso, las cuales debieron tener como escenario natural de discusión los recursos ordinarios o el extraordinario de casación. Declara. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Revisión. Discusión. Agotamiento.

Expediente 47859 del 2016

AL EMITIR UN CONCEPTO SOBRE EXTRADICIÓN EL JUEZ NACIONAL NO PUEDE DEFINIR CUESTIONES PROCESALES QUE SE DERIVEN DEL PROCESO LLEVADO POR EL JUEZ EXTRANJERO. Emitido concepto favorable respecto de la solicitud elevada para la extradición de la ciudadana colombiana LEYDI CAROLINA COLORADO GÓMEZ, requerida por el Gobierno de España por delitos contra la salud pública-tráfico de drogas. Teniendo en cuenta que la entidad que en las diligencias legalmente previstas para la extradición no es posible acometer dichas censuras y cuestionamientos, es decir, lo referente a la notificación y presentación de alegatos en el país solicitante, pues esos asuntos incumben de manera privativa al juez natural; de modo que solo en el escenario de la competencia del tribunal extranjero se pueden proponer y debatir. Reiterando que la labor de este cuerpo colegiado, en esta materia, se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos para la eventual concesión de la extradición, y no entrar a definir cuestionamientos procesales. Favorable. M.P. Eider Patiño Cabrera.Docum. Temas: Extradición. Debido Proceso. Administración de Justicia.

Expediente 46181 del 2016

REPARACIÓN DEBE RECONOCER IGUALMENTE LOS DAÑOS FÍSICOS COMO PSICOLÓGICOS CAUSADOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. La Sala consideró que si bien el acusado podría tener derecho a la reclamada medida; sin embargo, es ante la entidad correspondiente donde se debe discutir el derecho, pues el juez de justicia y paz no se encuentra habilitado para que, amparado en la protección de los derechos de unas víctimas, vulnere los de otras más que han acudido a la entidad correspondiente, sujetándose a los procedimientos, turnos y el cumplimiento de los requisitos determinados para tal fin. En efecto, la vida de Algemiro Fernández Cabrales, se alteró de manera grave, no sólo por la afectación a la salud, los perjuicios fisiológicos y sicológicos, sino porque a raíz de las heridas recibidas en la cara, padece de deformidades físicas que desencadenaron en el abandono de su esposa y actualmente le impiden entablar una relación amorosa. En ese orden, se dispone, como medida de rehabilitación, que la UARIV coordine con el Ministerio de Salud y Protección Social, la atención integral que requiere la cual incluirá, además, de la ya ordenada en la sentencia de primera instancia, un tratamiento sicológico y/o psiquiátrico, según corresponda a la patología que se diagnostique y la valoración de las lesiones en el rostro que causan deformidad física. Aceptó. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Temas: Reparación. Conflicto Armado.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 296 de 2016

LIBRE ESCOGENCIA COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La Corte ha señalado que el derecho a la libertad de escogencia ya sea de EPS o de IPS, en principio, puede ser ejercido y solicitada su protección, por aquellas personas que pertenezcan a los regímenes contributivo o subsidiado, comoquiera que tal prerrogativa corresponde al desarrollo del mandato legal previsto en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993. No obstante, esta Corporación reconoció la posibilidad que las personas que hacen parte de un régimen exceptuado, gocen del derecho de libertad de escogencia de manera restringida, pues aunque no pueden elegir la entidad promotora de salud que quieren que les administre ese servicio, dado que en los regímenes exceptuados solo existe una entidad encargada de ello, sí pueden seleccionar una IPS, con la que su EPS hubiere suscrito contrato o convenio, el cual se encuentre vigente. Revoca M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Sistema de salud. Libre escogencia. Principio rector. Regímenes. EPS. IPS.

Sentencia T 304 de 2016

AUNQUE LA MUERTE DEL PETICIONARIO OCURRA DURANTE EL TRÁMITE DE LA TUTELA, CORTE CONSTITUCIONAL CONSERVA LA COMPETENCIA PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUESTIÓN OBJETO DE DEBATE. Esta Corporación ha determinado que la carencia actual de objeto que se origina por el fallecimiento del actor o de la persona a favor de quien se invocó el amparo, no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela y para evitar que situaciones como ésta se repitan. Revoca M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Temas: Tutela. Peticionario. Fallecimiento. Competencia. Carencia actual de objeto. Estudio de fondo.

Sentencia T 434 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA PIERDE SU EFICACIA Y RAZÓN DE SER CUANDO LA VIOLACIÓN O AMENAZA DE LOS DERECHOS ES SUPERADA. La Corte Constitucional, en diferentes providencias, ha manifestado que cuando se presenta una acción de tutela y los supuestos fácticos que la motivaron han sido superados, el pronunciamiento que el juez constitucional realice para ordenar la protección de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados podría perder eficacia e incluso resultaría inocuo o insustancial. Declara M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 2016 Temas: Acción de tutela. Carencia de objeto. Hecho superado. Servicios de salud. Traslado. EPS. Continuidad. Tratamiento.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2016 00146 00 de 2016

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL LITERAL K DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 533 DE 1994, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN COMÚN DE DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. Se considera que la disposición reglamentaria censurada no le podía otorgar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) una función previamente asignada por el literal b) del artículo 38 de la Decisión 345 de la CAN al Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales, referente a la homologación de los procedimientos, exámenes, pruebas de laboratorio y depósito o cultivo de muestras que fueren necesarias para el registro de la variedad. Decreta. C.P. Guillermo Vargas Ayala Temas: Suspensión provisional. Variedades vegetales. Registro. Función. Homologación.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 25000 23 36 000 2014 00670 01 (55622) de 2016

IMPEDIMENTOS SE ESTABLECEN COMO GARANTÍA DE LA IMPARCIALIDAD QUE DEBEN TENER LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR. Para ello la ley procesal relaciona, de manera taxativa, unas causales cuya configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, lo separa de su conocimiento. Por manera que, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en los artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 141 del Código de General del General del Proceso. Declara C.P. Stella Conto Díaz del Castillo Temas: Impedimento. Causales. Funcionarios judiciales. Labor. Interés directo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 05001 23 31 000 2011 00505 01 de 2016.

EL COBRO COACTIVO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES NO PUEDE SER INICIADO SIN TENER UN TÍTULO EJECUTIVO PLENAMENTE EXIGIBLE. En relación con el litigio surgido entre las partes por el cobro de cuotas partes pensionales, el Consejo de Estado señala que el acto administrativo que reconoce la pensión, aquel en donde se exprese el objeto de la obligación en forma clara y exacta, las partes vinculadas por la obligación que deben ser claras también, la certidumbre respecto del plazo y la cuantía adeudada, es el que se constituye en título ejecutivo y será la base del procedimiento administrativo de cobro (cobro coactivo), es decir que el acto que por sí solo liquida el crédito no es suficiente, ya que se requiere de las otras características mencionadas anteriormente. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

Expediente 05001 23 31 000 2005 00703 01 de 2016.

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOLO PUEDEN EFECTUAR EL COBRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A LAS ACTIVIDADES QUE HAYAN SIDO GRAVADAS DE MANERA EXPRESA POR LAS NORMAS. No le asiste razón al municipio demandando al manifestar que los servicios de salud prestados por la entidad requerida, sí podían ser gravados con el impuesto de industria y comercio, ya que como lo han establecido tanto la Ley 100 de 1993 como las demás normas relacionadas en materia de salud y tributaria, la salud al ser parte del Sistema General de Seguridad Social no puede ser objeto de gravámenes; por lo tanto solo había lugar al cobro del impuesto de industria y comercio para los ingresos, que no hicieran parte de la actividad de prestar servicios de salud de la empresa demandante. Modifica. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Servicios de salud. Ingresos. Cobro.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 41001 23 31 000 2016 00064 01 de 2016.

LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EFECTIVO DISFRUTE DEL DERECHO A LA SALUD DE LA CIUDADANÍA. Dentro de las funciones designadas por la Ley 352 de 1997 a las Fuerzas Militares se encuentra la prestación de servicios de salud en todos los niveles de atención a afiliados y beneficiarios del Subsistema de salud de las Fuerzas Militares, tal prestación debe realizarse a través de las unidades propias de cada una de las Fuerzas Militares aunque también pueden hacerlo por intermediación, la cual consiste en contratación de entidades prestadoras de servicios de salud y profesionales habilitados; de manera que al ser clara la norma sobre tal obligación, es necesario que se brinden todos los servicios necesarios a afiliados y beneficiarios ya que en caso de negarse de manera injustificada, es posible reclamar la protección de derechos mediante la acción de tutela. Modifica. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Derecho a la salud. Condiciones. Fuerzas Militares.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

Expediente 11001 22 04 000 2016 00052 00 de 2016

COMO EL ESCRITO DE TUTELA SE LIMITA A SEÑALAR COMO PERJUICIO IRREMEDIABLE HABER SIDO RETIRADO DE LA ARMADA NACIONAL DESDE EL 2011, SIN EVIDENCIARSE LA GRAVEDAD DEL PERJUICIO NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA. Tomar las acciones penales o disciplinarias contra los accionados, teniendo en cuenta los dos posibles fraudes procesales que existen a lo largo de este proceso por acoso laboral puede hacerse procedente por la vía ordinaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que el actor no demostró la necesidad de precaverlo a la luz de los lineamientos fijados en la jurisprudencia constitucional. Rechaza. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Perjuicios. Acoso Laboral. Procesos.

 

Congreso de la República

 

Proyecto de Ley 117 del 2016.

PROYECTO DE LEY PRETENDE IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS PARA PROTEGER A USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. En el Congreso de la República fue presentado el proyecto de Ley No. 117 de 2016, el cual busca crear instrumentos destinados a proteger a los usuarios de telecomunicaciones móviles, incentivar la competencia en el sector y promover el acceso y expansión de las tecnologías de información y comunicaciones; lo anterior obedece a la necesidad de aumentar la oferta a los usuarios e incentivar el crecimiento del sector de telecomunicaciones, el cual ha promovido el crecimiento económico nacional. Temas: Telefonía móvil. Usuarios. Instrumentos. Proteger.

Informe Proyectos de Ley 91 de 2016

INFORME DE LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE PRETENDE AUMENTAR LA COBERTURA EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. La iniciativa consta de seis artículos que tienen por objeto proteger a aquellas personas que no cumplen con la totalidad de los requisitos para tener el derecho a la pensión. Se establece además el alcance del mecanismo de financiación para acceder a la Garantía de Pensión Mínima de Vejez con el propósito que los afiliados que cumplan la edad para pensionarse y tengan como mínimo 800 semanas cotizadas, no tengan que esperar para su pensión mínima de vejez hasta completar las 1.150 semanas requeridas, sino que se les pueda anticipar, descontándoles de sus respectivas mesadas el valor de las cotizaciones que hicieron falta para alcanzar el número de semanas mencionadas. De igual manera la creación de una fuente adicional de recursos para el Fondo de Solidaridad Pensional en la Subcuenta de Solidaridad, que correspondería al 100% del exceso de los recursos del Fonpet provenientes de los dineros del Orden Nacional de los municipios que sobrepasan los topes establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (125% del pasivo pensional), lo que quiere decir que no se estarían afectando los recursos para el pago de los pasivos pensionales a cargo de las entidades territoriales. : Cobertura. Sistema pensional. Pensión mínima. Recursos. Fondo de solidaridad pensional.