Agosto 8-12 Consejo Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 47001 11 02 000 2015 00001 04 de 2016.

DURANTE EL LITIGIO ADELANTADO POR PARTE DEL JUEZ ES NECESARIO NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS A TODAS LAS PARTES. El impulso procesal de las demandas no debe ser efectuado sin el desconocimiento de garantías legales y constitucionales previamente establecidas, en el sentido de que es necesario cuando se profiera una decisión que la misma sea notificada a las partes cuando así lo disponga la ley, ya que en caso contrario se configura una de las causales definidas en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, al no notificar personalmente el auto mediante el cual se admite el trámite incidental de desacato, a los representantes legales de las entidades de seguridad social vinculadas al proceso, esta situación representa una nulidad que debe ser subsanada por parte del juez. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Providencias. Notificar. Nulidad. Subsanada.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00121 01 (11769 28) de 2016.

AL INICIAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ES NECESARIO APLICAR LA LEGISLACIÓN QUE REGULE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONARIO INVESTIGADO. La legislación colombiana ha dispuesto un régimen especial para los jueces de paz, siendo necesario que cualquier falta cometida por estos sea investigada de acuerdo a la Ley 497 de 1999, situación que no cumplió el juez de primera instancia ya que se limitó a sancionar una conducta contraria a la citada ley, pero adaptando la misma a los lineamientos del Código Disciplinario Único lo cual constituye una irregularidad debido al errado sustento legal en el cual se fundamenta la investigación disciplinaria; esta actuación vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa del disciplinado siendo necesario subsanar tal nulidad. Decreta. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Procedimiento disciplinario. Jueces de paz. Debido proceso.

Expediente 05001 11 02 000 2012 01283 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU CLIENTE. La suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales entre el cliente y el abogado, implica que este último deba emplear todos los recursos necesarios que la ley permita para llevar a cabo el mandato encomendado, ejerciendo de manera profesional la defensa de los intereses de su cliente y rindiendo los respectivos informes de su gestión al mismo, no obstante el profesional del derecho investigado hizo caso omiso a las obligaciones inherentes a su oficio, ya que a pesar de recibir los dineros por concepto de honorarios no inició ninguna gestión para realizar el encargo solicitado por su poderdante, esta actuación es contraria a la Ley 1123 de 2007 ya que implica una falta a la debida diligencia profesional. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Debida diligencia profesional. Intereses. Cliente. Defensa.

Expediente 68001 11 02 000 2015 01375 01 (11740 28) de 2016.

LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO DE SALUD POR PARTE DEL ESTADO REPRESENTA UNA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA. De acuerdo con los argumentos presentados en la acción de tutela, es deber de las autoridades administrativas brindar un efectivo servicio de salud para las personas que así lo requieran, tomando especial relevancia esta situación para los grupos en situación de vulnerabilidad como la población de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, ya que si bien se encuentran cumpliendo alguna condena también se deben garantizar las condiciones mínimas de salud que les permita llevar una vida digna, siendo obligación de las entidades accionadas hacer todas las actuaciones necesarias para brindar el tratamiento médico que requiere la accionante. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Servicio de salud. Prestación. Vida digna. Vulnerabilidad.

Expediente 73001 11 02 000 2014 00098 01 de 2016.

DURANTE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ES NECESARIO QUE SE GARANTICE EL DERECHO A LA DEFENSA DEL INVESTIGADO. La Sala de segunda instancia señala un error que implica decretar la nulidad de todo lo actuado, el cual consiste en que nunca se garantizó el derecho a la defensa de uno de los disciplinados, en el sentido de que el defensor de oficio designado solo manifestó haber recibido el encargo de defender a un investigado, lo cual refleja de manera evidente que el otro profesional investigado nunca contó con un defensor que controvirtiera las decisiones judiciales en su contra; ante la existencia de nulidades la Ley 1123 de 2007 establece la obligación de subsanar el error cometido, lo cual implica reiniciar nuevamente el procedimiento cumpliendo con los presupuestos legales exigidos. Decreta. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Subsanar. Nulidad. Derecho a la defensa.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00267 00 de 2016.

LAS CONDUCTAS QUE AFECTEN DERECHOS FUNDAMENTALES SOLO PUEDEN SER SANCIONADAS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PENAL. La impugnación de competencia presentada por la defensa del investigado, en el sentido de reclamar que el delito sea investigado por la jurisdicción especial indígena, no tiene el suficiente fundamento legal para prosperar ya que como en reiterada jurisprudencia lo ha manifestado la Corte Constitucional, las jurisdicciones especiales solo pueden investigar conductas que no excedan su competencia ni lesionen leyes de superior categoría, ya que en este caso las garantías fundamentales deben ser protegidas por el Estado y cualquier transgresión a las mismas corresponde juzgarla al juez penal ordinario. Asigna. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Derechos fundamentales. Competencia. Conductas.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01572 01 (9871 20) de 2016.

LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL ABOGADO IMPLICA LA COMISIÓN DE UNA FALTA DISCIPLINARIA. Dentro del procedimiento adelantado en contra del profesional del derecho investigado, se pudo comprobar que este retuvo injustificadamente los documentos del quejoso, que fueron proporcionados para iniciar la respectiva demanda que se acordó en el contrato de prestación de servicios y que nunca fue iniciada, ocasionando un perjuicio a los intereses de su cliente y sin devolver los documentos ni los honorarios pagados por el propietario; lo cual representa una falta a la debida diligencia profesional al no atender o demorar la iniciación de las gestiones encomendadas. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Dineros. Documentos. Retuvo.

Expediente 11001 11 02 000 2012 05561 01 de 2016.

AL ASUMIR EL ENCARGO PROFESIONAL, EL ABOGADO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU CLIENTE. Las actuaciones adelantadas por el profesional del derecho investigado son contrarias a los deberes del abogado, ya que a pesar de haber firmado el contrato de prestación de servicios con el quejoso para iniciar el encargo, recibió los honorarios pero nunca realizó ningún tipo de gestión solicitada por su cliente, lo cual demuestra que dejó de cumplir los compromisos adquiridos por su poderdante e incurrió en faltas a la debida diligencia y la honradez del abogado. Confirma. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez.Temas: Encargo profesional. Intereses. Cliente.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00347 00 (11833 28) de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN ACREENCIAS LABORALES A FAVOR DEL TRABAJADOR, PUEDEN SER DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL. Aunque las leyes nacionales reconocen la posibilidad de demandar ante el juez administrativo los actos de las entidades públicas, en el caso de que el acto administrativo cumpla con las condiciones de un título ejecutivo laboral, es decir, permite reconocer la existencia de acreencias a favor del trabajador, es un documento que proviene del deudor, constituye plena prueba contra el mismo y contiene una obligación expresa, clara y exigible, su exigibilidad solo puede hacerse efectiva ante la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Actos administrativos. Jurisdicción laboral. Título ejecutivo laboral.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00493 00 de 2016.

LAS DEMANDAS QUE PRETENDEN EL PAGO MEDIANTE VÍA EJECUTIVA DE OBLIGACIONES LABORALES NO SON COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO. La jurisdicción de lo contencioso administrativo solo conoce ejecuciones originadas en condenas impuestas por los jueces administrativos, conciliaciones aprobadas por la misma jurisdicción, laudos arbitrales en los que sea parte una entidad pública y los originados en contratos celebrados por entidades de la misma categoría; de tal manera que cuando se pretende demandar un acto administrativo que niegue el pago de acreencias laborales, es competente el juez del trabajo para dirimir el asunto por tratarse de un conflicto entre el empleador y sus trabajadores. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Ejecuciones. Acto administrativo. Acreencias laborales.

Expediente 11001 01 02 000 2012 00769 00 de 2016.

LA DEMORA EN RESOLVER LOS PROCESOS JUDICIALES NO PUEDE SER SANCIONADA DISCIPLINARIAMENTE SI HAY RAZONES QUE LA JUSTIFICAN. Aunque la no resolución en forma oportuna de los procesos por parte del juez puede implicar el desconocimiento del debido proceso y el acceso a la justicia, la Corte Constitucional en la sentencia T-220 de 2007 dispuso varias circunstancias especiales que pueden justificar la mora judicial: el volumen de trabajo y nivel de congestión de la dependencia, cumplimiento de funciones propias del cargo por parte del funcionario, complejidad del caso del cual tiene conocimiento y el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal; cuando se cumplen estas circunstancias especiales no hay lugar a imponer sanciones disciplinarias al funcionario que sea investigado. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Procesos judiciales. Demora. Razones. Justifican.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00484 00 de 2016.

LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEBEN REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y RAZONABILIDAD. Las faltas que sean cometidas con ocasión del servicio por parte de integrantes de la Fuerza Pública, pueden ser investigadas por la jurisdicción penal militar siempre que no excedan las funciones de los integrantes investigados, ya que al lesionar derechos fundamentales de la ciudadanía no hay un reconocimiento de los principios de necesidad y razonabilidad, los cuales adquieren especial importancia en los actos de los integrantes de Policía, ya que solo pueden hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y cualquier exceso implica la comisión de conductas que van más allá de sus competencias. Asignar. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Necesidad. Razonabilidad. Policía. Actuaciones.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00781 01 de 2016.

LAS AUTORIDADES JUDICIALES AL REALIZAR SUS INVESTIGACIONES NO PUEDEN JUZGAR DOS VECES A UNA PERSONA POR EL MISMO HECHO. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, las personas cuentan con la garantía de que no pueden ser juzgadas dos veces por el mismo hecho, lo cual implica que no es posible la existencia de un doble enjuiciamiento por parte de las autoridades competentes; pero tal exigencia constitucional fue desconocida por la Sala de primera instancia ya que dentro de las pruebas estuvo plenamente demostrado, que el auxiliar de la justicia sancionado fue objeto de investigación disciplinaria conforme a las normas de procedimiento civil, sin que sea posible nuevamente iniciar un procedimiento por parte de otro juez. Revoca. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Doble enjuiciamiento. Procedimiento civil. Auxiliar de la justicia.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00386 00 de 2016.

EL JUZGAMIENTO DE DELITOS QUE LESIONEN DERECHOS FUNDAMENTALES NO PUEDE SER ASIGNADO A LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. Las actuaciones contrarias a las normas que sean realizadas por parte de los miembros de la Fuerza Pública, inicialmente se encuentran cobijadas por el fuero especial que la Constitución y la ley reconocen, pero es necesario que dichas conductas sucedan con ocasión del servicio activo y se relacionen con el mismo, atendiendo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que cuando lesionan derechos fundamentales cesa la competencia de la jurisdicción penal militar para ejercer su facultad sancionatoria, y es deber de la jurisdicción ordinaria penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación iniciar la investigación correspondiente. Asigna. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Delitos. Derechos fundamentales. Jurisdicción penal militar.