Agosto 8 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 47001 11 02 000 2015 00001 04 de 2016.

DURANTE EL LITIGIO ADELANTADO POR PARTE DEL JUEZ ES NECESARIO NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS A TODAS LAS PARTES. El impulso procesal de las demandas no debe ser efectuado sin el desconocimiento de garantías legales y constitucionales previamente establecidas, en el sentido de que es necesario cuando se profiera una decisión que la misma sea notificada a las partes cuando así lo disponga la ley, ya que en caso contrario se configura una de las causales definidas en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, al no notificar personalmente el auto mediante el cual se admite el trámite incidental de desacato, a los representantes legales de las entidades de seguridad social vinculadas al proceso, esta situación representa una nulidad que debe ser subsanada por parte del juez. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Providencias. Notificar. Nulidad. Subsanada.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00121 01 (11769 28) de 2016.

AL INICIAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ES NECESARIO APLICAR LA LEGISLACIÓN QUE REGULE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONARIO INVESTIGADO. La legislación colombiana ha dispuesto un régimen especial para los jueces de paz, siendo necesario que cualquier falta cometida por estos sea investigada de acuerdo a la Ley 497 de 1999, situación que no cumplió el juez de primera instancia ya que se limitó a sancionar una conducta contraria a la citada ley, pero adaptando la misma a los lineamientos del Código Disciplinario Único lo cual constituye una irregularidad debido al errado sustento legal en el cual se fundamenta la investigación disciplinaria; esta actuación vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa del disciplinado siendo necesario subsanar tal nulidad. Decreta. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Procedimiento disciplinario. Jueces de paz. Debido proceso.

Expediente 05001 11 02 000 2012 01283 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU CLIENTE. La suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales entre el cliente y el abogado, implica que este último deba emplear todos los recursos necesarios que la ley permita para llevar a cabo el mandato encomendado, ejerciendo de manera profesional la defensa de los intereses de su cliente y rindiendo los respectivos informes de su gestión al mismo, no obstante el profesional del derecho investigado hizo caso omiso a las obligaciones inherentes a su oficio, ya que a pesar de recibir los dineros por concepto de honorarios no inició ninguna gestión para realizar el encargo solicitado por su poderdante, esta actuación es contraria a la Ley 1123 de 2007 ya que implica una falta a la debida diligencia profesional. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Debida diligencia profesional. Intereses. Cliente. Defensa.

Expediente 68001 11 02 000 2015 01375 01 (11740 28) de 2016.

LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO DE SALUD POR PARTE DEL ESTADO REPRESENTA UNA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA. De acuerdo con los argumentos presentados en la acción de tutela, es deber de las autoridades administrativas brindar un efectivo servicio de salud para las personas que así lo requieran, tomando especial relevancia esta situación para los grupos en situación de vulnerabilidad como la población de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, ya que si bien se encuentran cumpliendo alguna condena también se deben garantizar las condiciones mínimas de salud que les permita llevar una vida digna, siendo obligación de las entidades accionadas hacer todas las actuaciones necesarias para brindar el tratamiento médico que requiere la accionante. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Servicio de salud. Prestación. Vida digna. Vulnerabilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 76001 22 03 000 2015 00679 03 de 2016

LOS CONFLICTOS CONTRACTUALES O ADMINISTRATIVOS QUE SE SUSCITEN AL INTERIOR DE LA ESE NO CONSTITUYEN JUSTA CAUSA PARA IMPEDIR EL ACCESO DE SUS AFILIADOS A LA CONTINUIDAD Y FINALIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS. Evidenciada la clara directriz pretoriana impartida a las instituciones que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, se exhortó al Hospital Universitario del Valle para que, sea proactivo y ejercite todas las gestiones de índole administrativa y/o judicial, que sean menester, para reconducir a sus arcas los dineros que se dicen indebidamente cautelados, por cuanto que tal es uno de los conductos que precisan ser desarrollados en pro de solventar todas aquellas circunstancias deficitarias desde el punto de vista financiero que se exponen como impedimento para prestar su servicio adecuadamente. Revoca. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Afiliados. Impedimentos. ESE.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 46343 de 2016

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN APLICABLE A LOS SERVIDORES TERRITORIALES. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala, se deben distinguir dos situaciones: La de aquellos que se encontraban afiliados al ISS desde antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, caso en el cual su pensión de jubilación se rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, en armonía con lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, conforme a los cuales el empleador asume la pensión en las condiciones previstas en el régimen al cual pertenecía el trabajador y continúa cotizando hasta que el ISS asuma la de vejez, evento en que solo quedará a su cargo el mayor valor, si lo hubiere, y no habrá obligación a expedir el bono pensional; y la correspondiente a quienes su vinculación al ISS o Administradora de Fondos de Pensiones elegida, se produjo en el momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993 o con posterioridad, en cuyo caso se aplica el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995 y es el Seguro o la entidad administradora de pensiones correspondiente, el que debe asumir la pensión, con la obligación correlativa de la entidad territorial o de previsión de emitir el bono pensional. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Rigoberto Echeverri Bueno. . Temas: Sistema pensional. Régimen de transición. Servidores territoriales.

Expediente 47211 de 2016

EVENTOS EN QUE EL RECURSO DE CASACIÓN NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS FORMALES MÍNIMAS PARA SU ESTUDIO DE FONDO. La Sala se encuentra impedida para entrar a verificar el presunto yerro cuando el recurrente incumple con el deber de identificar adecuadamente la norma sustancial que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, o cuando no se explica la interpretación normativa a la cual el juez de instancia se adscribió de manera errada, y cuál es, a su juicio, la que ha debido adoptarse. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Recurso de casación. Exigencias formales. Norma sustancial. Interpretación normativa.

Expediente 47971 de 2016

SE DEBE INAPLICAR LA EXIGENCIA DE FIDELIDAD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR SER CONTRARIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. El juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y los valores que irradian a un estado social de derecho debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional, lo que no significa que se esté disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo . Temas: Pensión de sobrevivientes. Principio de progresividad. Inaplicabilidad normativa. Garantía pensional.

Expediente 48699 de 2016

REINTEGRO O SATISFACCIÓN DE PERJUICIOS SON FORMAS ALTERNATIVAS Y EXCLUYENTES ENTRE SÍ, ESTABLECIDAS POR LA LEY PARA REPARAR UN MISMO Y ÚNICO DAÑO. La orden judicial de reintegro, ya sea que provenga del juez ordinario o constitucional, deja sin efecto la decisión de despido y, de contera, la causa del pago de la indemnización; por consiguiente, se impone su devolución. Cuando ha habido un pago prematuro de la indemnización por parte del patrono, si llega a decretarse el reintegro del despedido injustamente, en la misma providencia en que esto se imponga debe disponerse, sin más requisitos, que el monto de la indemnización inoportunamente satisfecha retorne al patrimonio del empleador. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.  Temas: Despido. Indemnización. Reintegro.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 41322 de 2016

LA SALA MAYORITARIA COMPARTE LA TESIS DE QUE PUEDE MATERIALIZARSE EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS. En el presente caso no es de recibo la solicitud de admitir la demanda para depurar y unificar la jurisprudencia en torno a la materialización del delito de fraude procesal en el ámbito del otorgamiento de escrituras públicas y el consecuente trámite de registro, porque ese aspecto, que no fue incluido por el impugnante en su demanda, fue abordado por la Sala en los debates previos a la emisión del auto del 25 noviembre de 2015, de lo que son reflejo los salvamentos de voto de los Magistrados partidarios de abordar oficiosamente esa temática. No Accede. M.P. Patricia Salazar CuéllarTemas: Registro. Trámite. Unificación.

 

Corte Constitucional

Sentencia C 261 de 2016

EL DESBORDE DE LA CAPACIDAD PARA NORMATIVIZAR UNA CONDUCTA NO PUEDE IR MÁS ALLÁ DE LO QUE LA CONSTITUCIÓN FACULTA. La Corte encuentra que el Presidente de la República al expedir el artículo 232 del Decreto 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, desbordó la competencia otorgada por el Congreso de la República en la Ley 1474 de 2011, desconociendo a su vez el régimen constitucional establecido en el artículo 150.10 para el ejercicio de las facultades extraordinarias, y de contera lo preceptuado en el Preámbulo y en los artículos 6°, 121 y 123.2 de la Carta Política. Inexequible. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Temas: Capacidad. Conducta. Facultades.

Sentencia C 284 de 2016

LA CORTE TOMARÁ LAS DECISIONES RELATIVAS A CUÁLES DE ESTAS OBJECIONES RESULTAN FUNDADAS Y CUÁLES NO. Se encontró fundada la objeción respecto en lo concerniente a una posible omisión de los Comités de Conciliación, por la parcial indeterminación del texto objetado, y por la falta de necesidad estricta de la sanción frente a esta conducta, lo que a su turno repercute en la proporcionalidad de la misma, que fue la razón de la objeción formulada por el Gobierno Nacional. Por tal motivo, en relación con el consumo en lugares públicos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia, al omitir tomar en cuenta un condicionamiento planteado de tiempo atrás por esta Corte, en torno a la posibilidad de sancionar tal conducta, únicamente en caso de que ella incida sobre la prestación del servicio público a cargo del infractor. Declara. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. . Temas: Servicios Públicos. Omisión. Conductas.

Sentencia SU 222 de 2016

NO INCURRIÓ EN UNA VALORACIÓN ARBITRARIA DEL MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA. Se evidenció que la decisión judicial se encuentra debidamente soportada en los elementos de convicción incorporados al expediente, que concluyen que la actora incurrió en serios desconocimientos a sus deberes funcionales como Fiscal Seccional que impidieron, por un lado, la comparecencia personal del sindicado al proceso penal y por otro, generaron una error en la individualización e identificación del responsable en la comisión de un delito, reflejada en una condena penal contra un ciudadano inocente, configurándose la falla del servicio que le fue endilgada a la accionante. Confirma. M.P. María Victoria Calle Correa. Temas: Servicios. Valoración Arbitraria. Comisión.

Sentencia T 195 de 2016

LA DESVINCULACIÓN DE UNA PERSONA QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS A UNA ENTIDAD, NO NECESARIAMENTE ROMPE TODA RELACIÓN QUE SE TENGA CON ELLA DE MANERA DEFINITIVA. La Corte ha sostenido que no es justo que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y a su retiro le persisten unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio militar. En estas circunstancias, pueden mantenerse obligaciones como la de prestar los servicios de salud para garantizar el derecho a la vida en condiciones dignas y la seguridad social de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Revoca. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Régimen Fuerzas Militares. Sistema de salud. Prestación de servicios. Capacidad Psicofísica.

Sentencia T 226 de 2016

CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA. Los procesos consultivos aspiran a asegurar que las comunidades étnicas que puedan verse afectadas por determinado programa, proyecto, norma, plan o política pública participen libre y efectivamente en su adopción. Tal propósito se logra cuando la consulta se efectúa en las condiciones contempladas en el Convenio 169 de la OIT: de forma previa, mediante procedimientos apropiados, a través de las instituciones representativas de las comunidades interesadas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento sobre la medida propuesta. Confirma. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Temas: Consulta previa. Criterios de aplicación. Comunidades étnicas.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

 

Expediente 11001 03 24 000 2007 00007 00

NO HABIÉNDOSE DESVIRTUADO LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE QUE GOZAN LOS ACTOS ACUSADOS, DEBIÓ DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. No es de recibo el argumento de la actora, en cuanto alega que su solicitud fue aceptada en otros países, pues como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro, lo cual se manifiesta tanto en relación con las decisiones tomadas en otros países, como con sus propias decisiones. Deniega. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Decisiones. Soporte. Patentabilidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 63001 23 33 000 2012 00158 01 de 2016.

PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. La Cosa Juzgada es una Institución Jurídica Procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, advirtiéndose que los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de Seguridad Jurídica. Sin embargo la Excepción de Cosa Juzgada, solo procede cuando la Sentencia ejecutoriada en comparación con un nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Revoca. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Recurso de Apelación. Audiencia Inicial. Excepción de Cosa Juzgada.

Expediente 11001 03 25 000 2013 01123 00 de 2016.

EXIGENCIAS EN LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. En el trámite de extensión de jurisprudencia no se incluye precepto alguno que determine la procedencia del Recurso de Apelación contra las decisiones que en él se profieran. Por tal razón, el auto que niega la solicitud de extensión de jurisprudencia se encuentra subsumido en el artículo 242 del estatuto procesal administrativo y por ende contra este solo procede el recurso de reposición, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 318 del CGP, deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto. En este orden de ideas y para el caso en estudio, se rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto contra la decisión que negó la extensión de Jurisprudencia. Rechaza. C.P. William Hernández GómezTemas: Solicitud de Extensión de la Jurisprudencia. Requisitos.

Expediente 11001 03 25 000 2013 01343 00 de 2016.

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE SÚPLICA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reiterado, que el auto que niega la solicitud de Extensión de Jurisprudencia no es susceptible del Recurso de Súplica con fundamento en el artículo 318 de la Ley 1437 de 2011, máxime cuando el Artículo 102 ibídem, precisa que el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de la misma norma. Rechaza. C.P. William Hernández Gómez. . Temas: Solicitud de Extensión de la Jurisprudencia. Requisitos.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 52001 23 31 000 2003 01063 01 (36357) de 2016.

LAS FOTOGRAFIAS CARECEN DE VALOR PROBATORIO EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA. En la mayoría de Procesos de Reparación directa, los Demandantes aportan un sinnúmero de fotografías con el objeto de demostrar la existencia de los daños causados por la acción u omisión de la administración, sin embargo olvidan que el Consejo de Estado ha sostenido que este material probatorio no es de recibo ya que no pueden ser confrontadas con otros medios de prueba, ni tampoco es posible determinar cuál es su origen, ni el lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios. En este orden de ideas, las fotos aludidas carecen de valor probatorio toda vez que con éstas sólo se demuestra que dichas imágenes fueron registradas, sin existir certeza de que las mismas correspondan a los hechos que se presentaron en el libelo introductorio y que hacen parte del conflicto judicial. Niega. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Material Probatorio. Fotográficas.

Expediente 25000 23 26 000 1999 01852 02 (33126) de 2016.

CRITERIO DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. Se debe precisar que el trámite de la solicitud de extensión de la jurisprudencia es especial y sumario, es decir, que debe entenderse este mecanismo como agilizador para la solución de controversias entre la administración y los administrados, el cual procede en los casos en que se presenten las misma situaciones fácticas y jurídicas del caso resuelto en la sentencia de unificación de la que se pretende extender los efectos, esto es, sin que se generen debates jurídicos adicionales a los resueltos en la sentencia unificadora. Rechaza. C.P. William Hernández Gómez.  Temas: Solicitud de Extensión de la Jurisprudencia. Requisitos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2016 00008 00 de 2016

LA POSIBILIDAD DE VOLVER UN PROCESO ESCRITURAL DEBE SER DEBIDAMENTE NOTIFICADA. El Magistrado Ponente indicó que se dará aplicación al último inciso del artículo 181 del C.P.A.C.A. que admite la posibilidad de volver escritural el proceso, de manera que las partes y el Ministerio Público dispondrán del término conjunto de 10 días para presentar, por escrito, sus alegatos de conclusión. La decisión de volver escritural el proceso fue notificada en estrados y se advirtió que contra esta sólo es procedente el recurso de reposición en los términos del artículo 242 del C.P.A.C.A. Indica. M.P. Alberto Yepes Barreriro. . Temas: Aplicación. Notificación. Alegatos.

Tribunal Superior de Bogotá DC Sala Civil

 

Expediente 11001 22 03 000 2016 000354 00 de 2016

EL JUEZ CONSTITUCIONAL NO PUEDE SUSTITUIR NI DESPLAZAR COMPETENCIAS PROPIAS DE OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, NI ANTICIPAR O REVOCAR DECISIONES SOBRE UN ASUNTO SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN. A pesar de las argumentaciones que cada uno de los accionantes expuso, no aparece probado que el no pago oportuno del salario del mes de febrero les hubiere afectando de manera tal que amerite la intervención del juez constitucional, pues no se les ha interrumpido los aportes a la seguridad social, se encuentra vigente la relación legal y reglamentaria con la accionada, solo existe diferencia en cuanto a la prestación efectiva del servicio y el pago de los salarios del mes de febrero, la que en caso de persistir se debe llevar al juez de la administración para que dirima la controversia. Deniega. M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora. Temas: Consideraciones. Pagos. Salarios.

Expediente 04020120062801 de 2016

EL ALEGATO DE ERROR DE CONDUCTA MÉDICA ES UN ÍTEM QUE DEBE SER DEBIDAMENTE PROBADO PARA SER FALLADA. En el presente caso así se diera por probado, con fundamento en el artículo 249 del C.P.C., que la Fundación Clínica Emmanuel no tenía la suficiente infraestructura hospitalaria para prestar atención en un parto de alto riesgo o en cuidados a recién nacido, e igualmente que CAFESALUD no facilitó ciertos documentos que según las demandantes, tenía en su poder. De esta manera, se evidencia que no se encontró probado el error de conducta de los médicos, ni la relación de causalidad. Confirma. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. Temas: Casualidad. Médicos. Conductas.

Expediente 00020150147700 de 2016

LA AUSENCIA A LA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO DE PARTE SE TOMARÁ COMO UNA CONFESIÓN FICTA. No se evidenció acreditada la hipótesis prevista en el numeral 1 del artículo 335 de C.G.P., pues, la confesión ficta que se reconoció al demandante, por no haber asistido al interrogatorio de parte, no incide en la suerte de recurso. Por eso mismo, resulta irrelevante la motivación que haya tenido la Superintendencia para definir otro proceso, pues ninguna incidencia tuvo la sentencia del Tribunal. Declara. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. . Temas: Incidencia. Confesión. Motivación.

 

Ministerio de Trabajo

 

Concepto 55114 de 2016

ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTATUTOS PARA ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. De esta manera, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legalTemas: Organizaciones de Trabajadores. Abstención.