16 agosto, 2023

Boletin Juridico 15 de Agosto del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 267 de 2023

LOS OPERADORES JUDICIALES DEBEN ANALIZAR ASUNTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CUANDO SE TRATA DE UN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Así mismo, resaltó que se constituye violencia institucional cuando el operador judicial incumple su deber convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género, al adoptar una decisión con un enfoque “familista”. Así lo reiteró la Corte tras analizar la tutela de una mujer que invocó el amparo de los derechos a una vida libre de violencias, a la integridad personal, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, en nombre propio y de su hijo menor de edad. La tutela, en contra de una comisaría de familia de Bogotá, solicitaba suspender de forma provisional el régimen de visitas que fue decretado por esa autoridad administrativa por parte del progenitor a su hijo y expareja sentimental. La solicitud se basó en que el hombre primero debía realizar un tratamiento psicoemocional que brindara garantías de cuidado personal de su hijo y un adecuado control y manejo de la ira y desarrollo de la tolerancia. Así mismo, que realizara un proceso terapéutico que le permitiera exponerse con un manejo emocional adecuado y acordes con el fin de facilitar la realización de visitas sin que esto generara afectaciones de tipo emocional.

 

Sentencia T 226 de 2023

CORTE ORDENA A EPS BRINDAR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

La Corte le advirtió a la EPS accionada que, en futuras ocasiones, acate la jurisprudencia de esta Corporación sobre el acceso al transporte intermunicipal y se abstenga de incurrir en conductas dilatorias que atenten contra los derechos de los usuarios.  La Corte estudió una acción de tutela presentada por un hombre en favor de su esposa, quien padece insuficiencia renal crónica y le fue prescrito un tratamiento de hemodiálisis, al que debe asistir, semanalmente, los días lunes, miércoles y viernes. Las terapias deben realizarse en una IPS ubicada en una ciudad diferente a la que reside. El accionante alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y vida digna de su esposa y solicitó que se le reconociera el servicio de transporte inter intramunicipal a ella y a un acompañante. Del mismo modo, pidió el alojamiento y la alimentación que resulten necesarios. En decisión de primera y única instancia se negaron las pretensiones. La Sala Tercera de Revisión revocó la decisión y amparó los derechos a la vida a la salud de la mujer. Le ordenó a su EPS brindar el servicio de transporte que requiere.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 70798 de 2023

SALA LABORAL RECUERDA QUE SI HAY FUERO SINDICAL, JUEZ DEBE CONSTATAR SI EL EMPLEADOR SOLICITÓ PERMISO PARA DESPEDIR.

Proceso de fuero sindical – Acción de reintegro: la decisión del Tribunal Superior de Cali, que declara la ineficacia del despido y ordena el reintegro del demandante, por encontrar acreditada una conducta antisindical de la empresa Bimbo de Colombia S. A., no vulnera el derecho al debido proceso de la sociedad accionante

 

Expediente 01252 de 2023

 PENSIONES > AFILIACIÓN TÁCITA

La aplicación del principio de primacía de la realidad protege las cotizaciones continuas y prolongadas, las cuales expresan la voluntad implícita del afiliado que las realiza y de la administradora que las recibe, por tanto, carece de relevancia el simple diligenciamiento de un formulario y la pretensión puramente formal de una afiliación -las entidades administradoras en reunión del 16 de septiembre de 2013, resolvieron el doble registro de afiliación del causante y concluyeron la validez de la afiliación a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, por lo que, el tema concerniente a la entidad encargada de reconocer la prestación, ya se encontraba definido previamente-. TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL – El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece como regla general, que una vez efectuada la selección inicial, los afilados sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la mencionada elección, excepto para quienes se encuentren vinculados al ISS antes del 31 de marzo de 1994, pues en esos eventos no es aplicable tal prohibición y se puede ejercitar la opción de cambio en cualquier época

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00093 de 2023

OBJETO ILICITO – DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE TRASGREDEN EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO, AL CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CONYUGAL CON SOLO PASIVOS. VULNERACIÓN DE LA LEY Y LAS BUENAS COSTUMBRES.

El mero consentimiento de las partes que modifica las capitulaciones matrimoniales una vez contraído el matrimonio, vulnera el principio de inmutabilidad de las mismas.

Expediente 00119 de 2023

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE PRUEBAS.

No se advierte el error de derecho denunciado, no incurre en yerro el juzgador que se negó a decretar oficiosamente las pruebas que, a juicio del censor, eran trascendentales en la resolución de la controversia. Este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas. Como consecuencia del error de hecho al no advertir la invalidez protuberante que presenta el acta de administración censurada. Este específico ataque, tal como invariablemente lo ha sentado esta Corporación, está vinculado al defecto en la contemplación, existencia y percepción de determinado medio convictivo, excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentación. El reproche estudiado no cumple con los antedichos requerimientos.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 55559 de 2023

ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS – MODALIDADES: QUIEN INDUZCA A LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS SEXUALES, SEXTING

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación que interpuso el Procurador 136 Judicial II Penal contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a S.E.P.R. por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, luego de revocar la decisión condenatoria inicial. En esta ocasión, la Sala casó la sentencia de segunda instancia para así restablecer la inicial que lo condenó como autor de actos sexuales con menor de catorce años, al encontrar demostrado que el procesado realizó con dolo y ánimo libidinoso la conducta de actos sexuales con menor de catorce años, en la modalidad de inducción; de manera que, sin justa causa, vulneró la integridad y formación sexuales de la menor víctima. Al respecto, consideró que, la providencia impugnada incurrió en violación directa de la ley sustancial por la errada interpretación del artículo 209 del Código Penal, por cuanto, éste no exige la concreción de los actos libidinosos que busca provocar el agente en el menor de 14 años; además, la afectación del bien jurídico de formación e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes con edad inferior a los 14 años que son expuestos a actos sexuales, se presume de derecho. Aunado a ello, dilucidó que, el razonamiento del Tribunal acarrea estereotipos de género que hacen recaer en la mujer, como sujeto pasivo de la conducta punible, obligaciones relativas a un determinado comportamiento que, a priori, estaba llamado a asumir en su condición de víctima. De igual manera, la Corte reiteró que, si en el marco de una actividad de sexting o cualquier otra que tenga lugar en redes globales de comunicación, un menor de 14 años recibe solicitudes o es inducido a una práctica sexual, el autor de esta conducta incurre, sin duda alguna, en el delito previsto en el artículo 209 del C.P., y no en el de pornografía con personas menores de 18 años, definido en el artículo 218 sustantivo. Por último, la Sala de Casación Penal excluyó la circunstancia específica de agravación (art. 211.2 C.P.) y, por tanto, dosificó la pena de prisión impuesta, comoquiera que su atribución en la audiencia de acusación violó el debido proceso y el derecho de defensa, irregularidad prolongada en la sentencia condenatoria de primera instancia.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 05308 01 de 2023

CONSEJO DE ESTADO ACLARA QUE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA NO APLICA ANTE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA PROTOCOLARIA A EMBAJADOR.

[L]a Sala comparte lo señalado por el a quo, en el sentido que los jefes de Estado tienen una discrecionalidad razonable para la selección del personal de jefes de misión diplomática, en la medida que son representantes del gobierno nacional en el exterior. Ello no se debe entonces a que el Jefe de Estado cuestione la capacidad del accionante para desempeñar sus funciones, que no es el caso, sino que la discrecionalidad que a él le corresponde deriva de la absoluta confianza que le inspira el designado para el desempeño del cargo. En torno a este primer reparo, el accionante también alega que no se examinó la facultad discrecional del presidente de la República de nombrar a sus funcionarios frente a los derechos fundamentales que invocó en la acción de tutela. Al respecto, la Sala observa que, de lo anotado en precedencia, este punto sí fue examinado por el a quo. A dicho razonamiento es pertinente agregar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo “(…) la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo (…)”. Así mismo, el derecho fundamental a la estabilidad reforzada de las personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud tampoco está acreditado que resulte comprometido con la aceptación de la renuncia que formuló el accionante, en la medida en que este derecho le permite a los trabajadores permanecer en el puesto de trabajo y obtener los beneficios salariales y prestacionales, si no existe una causa objetiva que justifique el despido.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 76001 23 33 008 2016 01948 01 de 2023  

SALA SEGUNDA ADVIERTE QUE SE DEBE PRESENTAR EXCUSA MÉDICA PARA JUSTIFICAR INASISTENCIA A TRABAJAR POR ALCOHOLISMO

El Decreto ley 2400 de 1968, en el artículo 25, dispone que la cesación definitiva de funciones se produce, entre otras circunstancias, por abandono del cargo. El artículo 105 del Decreto 1950 de 1973 también prevé que el retiro del servicio se da por «abandono del cargo»; y el artículo 126 ibidem señaló que este tiene lugar cuando un empleado, sin justa causa, no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión o dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar; cuando no concurra al trabajo por 3 días consecutivos; no asista al puesto antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o, en caso de renuncia, antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del mismo Decreto; y/o se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el empleo quien ha de reemplazarlo. En estas hipótesis legales, no se requiere adelantar procedimiento disciplinario para efectuar la respectiva declaratoria. Los artículos 127 y 128 del Decreto 1950 de 1973 previeron que, corroborada la ocurrencia de alguna de las citadas hipótesis, la Administración podría declarar la vacancia del empleo, previo el «procedimiento legal»; además, en caso de que el servicio se vea afectado, el empleado será acreedor de las correspondiente sanciones disciplinarias, penales y civiles. En consecuencia, el no concurrir a laborar, sin justificación, durante las hipótesis indicadas, faculta a la Administración para que declare la vacancia del cargo y el consecuente abandono de este por parte de su titular, previo al agotamiento de un procedimiento sumario en el que se demuestre que este no tiene excusa válida

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 1999 02151 01 de 2023  

UNIFICAN JURISPRUDENCIA SOBRE EFECTOS DE AUSENCIA DE SALVEDADES EN CONTRATACIÓN ESTATAL.

La sala no comparte la forma en la cual se delimitó el asunto materia de unificación, porque, se parte de un supuesto no del todo preciso, consistente en que existe algún sector de la jurisprudencia que se ha abstenido de decidir de fondo las controversias contractuales por suerte de la creación de un “presupuesto procesal” que carece de respaldo legal, lo cual restringe indebidamente el acceso a la administración de justicia del contratista por “implantar exigencias generales y abstractas, no establecidas en la ley que impiden estudiar de fondo los conflictos sobre la ejecución del contrato” (…). Este aserto es impreciso y reduccionista de la multiplicidad de problemáticas sometidas a la decisión del juez del contrato estatal y, particularmente, desatiende la existencia de distintos regímenes jurídicos de responsabilidad contractual del Estado. (…) [L]a conclusión de la sentencia del proceso de la referencia, según la cual se ha establecido o creado, fácticamente, un presupuesto procesal o requisito para la prosperidad de las pretensiones no está debidamente soportada, no corresponde a la realidad de los hechos y a la línea de decisión judicial trazada sobre la materia, pues, en realidad, el juez ha buscado precisar el verdadero contenido de los actos de modificación y prórroga de los contratos en cada caso que ha sido sometido a su consideración y decisión, sobre la base de determinar si con ellos las partes definieron y cerraron las dificultades que presentaba la ejecución del contrato y las diferencias surgidas entre ellas. Por otra parte, encuentro acertado que la sentencia de unificación terminó por privilegiar, aunque, sin referirse de manera expresa a ella, la teoría de los actos propios, utilizada históricamente por la Corporación para decidir este tipo de controversias, por considerar, finalmente, que el contratista no podía desconocer el ofrecimiento de un mayor plazo contractual sin adición de precio ni su conducta durante la formación de los modificatorios acordados, lo cual comparto plenamente; la aplicación de esta doctrina nunca implicó un requisito jurisprudencial para la prosperidad de las demandadas ni la imposición de un presupuesto procesal no regulado en la ley, sino que, permitió reconocer, como ahora lo hace la Sala Plena de la Sección Tercera, que los acuerdos logrados por las partes para sortear las diferencias surgidas entre ellas las obligan y no pueden ser desconocidos por estas ni por el juez al momento de resolver los litigios, esto último en aplicación y eficacia del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos (art. 1602 del Código Civil y art. 40 de la Ley 80 de 1993).

 

 Expediente 25000 23 26 000 2012 00291 01 de 2023  

¿SE CONFIGURÓ LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR CUANTO LA IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO SEÑALABA LAS NORMAS VIOLADAS Y LA EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN?

El artículo 137.4 CCA dispone que toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberá contener, cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, las normas violadas y la explicación del concepto de la violación. La ausencia de este requisito impide un pronunciamiento sobre el particular, pues el juez […] no puede suplir la inactividad procesal del demandante sobre este punto. La parte demandante, como formuló la acción de reparación directa, no señaló de forma precisa las normas violadas, ni explicó el concepto de la violación de esos preceptos para controvertir la validez de los actos. La demanda expuso, de manera general, las razones por las cuales la parte demandante no tenía el deber de soportar el pago de las “terapias ABA”. Esa circunstancia impide un pronunciamiento de fondo. En tal virtud, se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda. Por ello, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligación de señalar las normas violadas y la explicación del concepto de la violación cuando se impugna un acto administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 2003, rad. 12857, C. P. Germán Rodríguez Villamizar.