28 diciembre, 2023

Boletin Juridico 21 al 28 de Diciembre

Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 335 de 2023

CORTE RECUERDA QUE OMISIÓN EN INDICAR ENTREGA DEL BIEN ARRENDADO EN CONTRATO ESTATAL NO PUEDE IR EN DETRIMENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD

 La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó la acción de tutela que la Diócesis de Yopal interpuso contra la decisión que adoptó el 5 de marzo de 2021 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la cual readecuó el medio de control de reparación directa por ocupación temporal de inmuebles al de controversias contractuales, respecto del cual declaró probada de oficio la excepción de caducidad. La Diócesis actora consideró que la mencionada autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada, y los principios de cosa juzgada, preclusión de las etapas procesales, confianza legítima y buena fe.        En criterio de la accionante, el Consejo de Estado incurrió en los siguientes defectos: (i) desconocimiento del principio procesal de la cosa juzgada (la Sala Plena lo readecuó al defecto procedimental absoluto) porque el análisis de procedencia del medio de control de reparación directa se definió en la audiencia inicial y esa etapa procesal concluyó con firmeza; (ii) defecto sustantivo, porque el artículo 141 del CPACA es inaplicable al caso en tanto el contrato de arrendamiento fue liquidado sin salvedades y en la demanda lo que se reclamaba era la indemnización de los perjuicios ocasionados por la ocupación temporal de los inmuebles, teniendo presente que la perturbación de la propiedad no había cesado. (iii) Desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, por desconocer  diferentes sentencias de esa corporación en torno a que (a) el contrato de arrendamiento se extingue al producirse la expiración del plazo y una vez liquidado el contrato por mutuo acuerdo, no se puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante el medio de control de controversias contractuales, a menos de que concurra un vicio del consentimiento o se hayan consignado salvedades, hipótesis que según la actora no se configuran en este caso; (b) cuando finaliza una etapa procesal y el procedimiento queda saneado, no es posible reabrir ese debate porque se desconoce el principio de la cosa juzgada; y, (c) la caducidad de la reparación directa por ocupación temporal de inmuebles es de dos años contabilizados desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa dicha ocupación, lo cual en el presente caso no ha sucedido por ser continuada; (iv) defecto por desconocimiento del precedente constitucional fijado en la sentencias C-622 de 2007, C-522 de 2009 y C-100 de 2019, por cuanto la cosa juzgada tiene una función negativa según la cual los funcionarios no pueden conocer, tramitar o fallar sobre lo ya resuelto.

 

Sentencia T 495 de 2023

RECUERDAN QUE TRASLADO DE DOCENTES TAMBIÉN PROCEDE PARA AQUELLOS VINCULADOS EN PROVISIONALIDAD

La Sala Octava de Revisión de Tutelas estudió el caso de una docente que había sido nombrada en provisionalidad en una institución estudiantil ubicada en la zona rural de un municipio de La Pamplona. La accionante solicitó la protección de su derecho a la salud basada en que la Secretaría de Educación Departamental de La Pamplona negó su traslado a otra institución educativa, a pesar de que existía un dictamen médico laboral que lo recomendaba. En criterio de la accionada, con fundamento el artículo 52 del Decreto ley 1278 de 2002 el traslado de docentes solamente procede para aquellos que han sido nombrados en propiedad.     Después de entender cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala reiteró la jurisprudencia relacionada con el ejercicio del ius variandi y sus límites en lo que tiene que ver con el traslado de docentes. En el caso concreto, encontró que la Secretaría de Educación accionada vulneró el derecho a la salud de la accionante, pues desconoció que existía un dictamen laboral que recomendaba expresamente su traslado por razones de salud. Además, advirtió que, en los términos de la jurisprudencia constitucional, no es válido excluir a los docentes nombrados en provisionalidad de la posibilidad de ser trasladados en estos casos, pues esto significaría desconocer la protección de sus derechos debido a su nombramiento.

 

Sentencia T 477 de 2023

EL AFILIADO NO DEBE SOPORTAR LA CARGA DE LA MORA O FALTA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR

La señora Naida Ferreira Mafra interpuso acción de tutela contra Colpensiones por la presunta vulneración de sus derechos de petición, a la información, al debido proceso, al habeas data, a la seguridad social y al mínimo vital. La presunta vulneración del derecho de petición se sustentó en que Colpensiones no había dado respuesta oportuna a la solicitud de reconocimiento de pensión elevada por la accionante el 21 de julio de 2022. Y, la supuesta violación a los demás derechos nombrados se fundamentó en unas inconsistencias en la historia laboral de la ciudadana que resultaron en la negación del reconocimiento y pago de su pensión de vejez por parte de la administradora de pensiones.    En el trámite de tutela se constató que Colpensiones no vulneró el derecho de petición de la accionante, pues dio respuesta de fondo, mediante resolución, a su solicitud de reconocimiento de pensión de vejez dentro del término de 4 meses otorgado por ley. En este trámite también se comprobó que Colpensiones efectivamente incurrió en inconsistencias en el conteo de semanas cotizadas por la accionante, y que desde 2022 eliminó el periodo laborado en los periodos comprendidos entre julio de 1994 y diciembre de 2001, y entre enero de 2008 y junio de 2009 en la Gobernación del Amazonas, durante los cuales la accionante había cotizado en Cajanal. Si bien no se pudo establecer si los aportes habían sido efectivamente realizados por parte del empleador de la accionante, sí se confirmó que la señora Ferreira trabajó desde 1994 en la Gobernación del Amazonas y que cumplía con las semanas requeridas para obtener su pensión de vejez. Colpensiones alegó que eliminó el periodo referido de la historia laboral de la accionante, debido a que la UGPP no realizó el traslado de esos aportes. También dijo que, aparentemente, la Gobernación del Amazonas no realizó las cotizaciones juiciosamente. Al respecto, la UGPP, en una resolución, también consignó que el empleador de la actora había realizado pagos irregulares.

Sentencia T 516 de 2023

CORTE OTORGA PENSIÓN DE INVALIDEZ A MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONSIDERANDO COTIZACIONES POSTERIORES

En este caso, la Sala analizó la situación de una mujer víctima de múltiples formas de violencia de género, que, a raíz de dicha violencia, fue dictaminada con una PCL del 97.5%, por lo que solicita el reconocimiento de la pensión de invalidez. Las entidades accionadas le negaron el reconocimiento porque no cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, y, las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha no corresponden a una capacidad laboral residual de la solicitante. Para resolver el caso, la Sala, en primer lugar, estudió la procedibilidad de la acción de tutela y concluyó que la misma era procedente. Luego, en segundo lugar, abordó las obligaciones y deberes del Estado frente a las mujeres víctimas de violencia de género, que se derivan tanto de la Constitución como de los diferentes instrumentos internacionales. En concreto, la Sala se enfocó en la obligación de aplicar un enfoque de género en el análisis de estos casos. Luego, en tercer lugar, la Sala hizo un desarrollo de la forma en que, desde la jurisprudencia, se ha utilizado el enfoque de género para estudiar el sistema de seguridad social, y concluyó que existe un déficit de protección en dicha normatividad para las mujeres víctimas de violencia de género. En cuarto lugar, se hizo un breve recuento del desarrollo normativo y jurisprudencial que existe sobre la pensión de invalidez, la fecha de estructuración y la aplicación de la condición más beneficiosa, así como del desarrollo que se ha hecho respecto del derecho a la salud y la atención integral.

 

Sentencia T 476 de 2023

RECUERDAN EN QUE CASOS PROCEDE FINANCIACIÓN EXCEPCIONAL Y PARCIAL DE FERTILIZACIÓN ‘IN VITRO’.

Karen Patricia Blanco Julio, de 26 años, fue diagnosticada con infertilidad no especificada a causa de la patología de obstrucción tubárica proximal izquierda y distal derecho, por lo cual un médico especialista en ginecología de Profamilia le recomendó iniciar el tratamiento de fertilización in vitro. La accionante solicitó la autorización del tratamiento a su EPS, Coosalud, que lo negó, al considerar que le había brindado y garantizado los tratamientos y procedimientos médicos pertinentes y adecuados para su patología, sumado a que el tratamiento médico de fertilización in vitro se encuentra excluido del PBS. Ante la negativa, la señora Blanco Julio interpuso demanda de tutela en contra de su EPS, en la que solicitó que se ordenara este tratamiento, como medio para proteger sus derechos reproductivos. Los jueces de instancia negaron el amparo al considerar que la accionante no acreditó las exigencias dispuestas en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y precisadas en la Sentencia SU-074 de 2020, indispensables para garantizar la financiación parcial y excepcional de tratamientos de fertilización in vitro por medio de recursos públicos.           Para la Sala, el presente caso evidencia una inadecuada interpretación no solo de las partes e intervinientes en el proceso, sino de los jueces de instancia, del marco normativo y jurisprudencial para la garantía de los derechos reproductivos, cuando se pretenden resguardar por medio del procedimiento de fertilización in vitro, específicamente detallado en el Título 4.2. En atención a esta circunstancia, ordenará que se cumplan, de manera estricta, las tres fases a que se hizo referencia en el fj. 45, para verificar si el caso de la tutelante puede ser objeto de una financiación parcial, con cargo a recursos públicos, de un número máximo de tres ciclos para este tratamiento de reproducción asistida. A pesar de que en el expediente obra una orden médica en la que se recomienda realizar el tratamiento de fertilización in vitro a la accionante, esta carece de los elementos necesarios para validar los requisitos y condiciones para garantizar el acceso a la financiación parcial de tratamientos de fertilización in vitro, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, como de manera adecuada lo precisaron los jueces de tutela de instancia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 02110 de 2023

PENSIONES > PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA > CARACTERÍSTICAS.

El principio de la condición más beneficiosa tiene como características: i) Es una excepción al principio de la retrospectividad, ii) Opera en la sucesión o tránsito legislativo, iii) Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro, iv) Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, v) Protege las expectativas legítimas de las personas que poseen una situación jurídica y fáctica concreta y vi) Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma. Procede el principio de la condición más beneficiosa cuando se predica la aplicación del régimen inmediatamente anterior al vigente al momento del deceso del causante o de la estructuración de la invalidez, según corresponda -el juez no puede hacer un ejercicio histórico sobre normas que regulan la materia-

 

Expediente 97789 de 2023

REQUISITOS PARA ACREDITAR CALIDAD DE HIJOS DE CRIANZA EN MATERIA PENSIONAL

Para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos de crianza deben demostrar los siguientes requisitos: i) El reemplazo de la familia de origen, ii) Los vínculos de afecto, comprensión y protección, iii) El reconocimiento de la relación de padre y,o madre e hijo, iv) El carácter de indiscutible permanencia y v) La dependencia económica. Para adquirir la pensión de sobrevivientes cuando el reclamante es un hijo de crianza del causante, el vínculo debe estar suficientemente acreditado, para beneficiarse de la protección del sistema pensional

Expediente 100053 de 2023

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Corresponde a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de competencia surgido entre tribunales de dos o más distritos judiciales, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y entre juzgados de diferente distrito judicial. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY > ANALOGÍA – Si bien el CPTSS no previó la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada al cobro de cotizaciones al subsistema de seguridad social en salud, lo cierto es que en virtud del principio de integración de las normas procesales, es dable acudir al artículo 110 del CPTSS, puesto que determina la competencia del juez laboral en asuntos de igual naturaleza pero en relación al ISS, dentro del régimen de prima media con prestación definida; es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no se cancelaron de manera oportuna

 

Expediente 94153 de 2023

COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN OFICIAL COMO DOCENTE Y PENSIÓN DE VEJEZ A CARGO DEL ISS

Los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -docentes oficiales, si paralelamente laboran para empleadores particulares, pueden escoger: i)que esos aportes adicionales se administren en el Fomag o, ii)que sean gestionados en cualquiera de las administradoras del régimen de prima media o de ahorro individual con solidaridad. REGÍMENES EXCEPTUADOS > DOCENTES – Para los docentes que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989; pero a los docentes vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia, los regula el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 con los mismos requisitos exigidos, excepto la edad de pensión de vejez, que será de cincuenta y siete años, tanto para mujeres como para hombres

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00371 de 2023

CONTRATO DE SEGURO – REITERACIÓN DE LA SENTENCIA SC2879-2022. ASUNCIÓN Y DELIMITACIÓN DE RIESGOS,

eficacia de las exclusiones contractuales, la unificación jurisprudencial respecto a su ubicación espacial en la póliza de seguros y el análisis de la específica póliza 1000099 que vinculó a la demandada y a la llamada en garantía.  Requisito formal atinente al lugar donde deben quedar consignadas las exclusiones en la póliza de seguros para su eficacia. Ante la pluralidad de seguros contratados por la fiduciaria, los cuales al parecer quedaron compendiados en una póliza única, no se tiene certeza de la ubicación de las exclusiones. (

Expediente 00388 de 2023

ERROR DE HECHO – SE DERIVA DE LA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD.

Deber del recurrente en señalar en que consiste y sobre cuales medios de convicción tuvo desacierto en la valoración el juzgador.

 

Expediente 00407 de 2023

REPARACIÓN INTEGRAL – PRINCIPIO DE INDEMNIZACIÓN PLENA DEL DAÑO. APLICACIÓN ARTÍCULO 16 DE LA LEY 446 DE 1998 E INCISO 4° DEL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

Las prestaciones económicas derivadas del SGRP no tienen carácter indemnizatorio debido a que su reconocimiento no proviene de la responsabilidad civil sino de las normas laborales de protección al trabajador. Posibilidad de acumular pagos o compensaciones con ocasión a un mismo suceso, siempre y cuando existan causas jurídicas diferentes. Naturaleza no indemnizatoria de las prestaciones económicas del SGRP. Reiteración sentencia 24 de junio de 1996. Aplicación del principio Compensatio lucri cum damno: la compensación de los daños y perjuicios deben ser los realmente sufridos, excluyendo el doble pago y enriquecimiento sin causa.

 

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54837 de 2023

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – ANTIJURIDICIDAD: EN EL CASO DE VERTIMIENTO DE MERCURIO EN LA RIBERA Y EL CORRIENTE FLUVIAL

La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la defensa de JIMP, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Conocimiento de El Bagre y, en su lugar, lo declaró penalmente responsable del punible de contaminación ambiental agravada, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Sala casó parcialmente la sentencia condenatoria y, en consecuencia, recobró vigencia la providencia de primer grado que absolvió al recurrente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; decisión que se hizo extensiva al procesado no recurrente VAB. De otro lado, revocó parcialmente el fallo impugnado, por lo que recobró vigencia la sentencia de primer grado que absolvió a 8 de los procesados por el delito de contaminación ambiental culposa agravada.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

Expediente 25000 23 41 000 2019 00168 de 2023

RECUERDAN REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

[P]ara que se pueda configurar la responsabilidad fiscal deben concurrir tres requisitos: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii) que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal. En el caso sub examine, la Sala abordará el estudio del daño patrimonial al Estado en atención que son los reparos invocados por la parte demandada en el escrito de apelación. Daño patrimonial […] [D]e las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que la obra contratada a través del Convenio Interadministrativo núm. 004 de 2007 que correspondía a la construcción de 500 unidades sanitarias y pozos sépticos, y su adicional para la construcción de 120 unidades sanitarias para la zona rural del Municipio de Aquitania fueron ejecutadas en los términos indicados en el concepto de favorabilidad emitido luego de realizada la visita técnica al lugar donde debía realizarse la obra. En ese sentido, se observa que en los documentos previamente indicados, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución núm. 072 de 15 de mayo de 2018 frente al proyecto FNR 30990, dispuesto para la construcción de 500 unidades sanitarias, hizo referencia en su concepto a que el proyecto de inversión contó “[…] con un avance físico de 88.40% en condiciones no aprobadas»; es importante precisar que con el ajuste el proyecto el avance en condiciones aprobadas corresponde al 100%.[…]”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 20001 23 33 000 2014 00035 de 2023

¿EL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUAL RESULTA PROCEDENTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA?

De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas.

 

Expediente 05001 23 31 000 2011 00473 de 2023

¿SE CONFIGURÓ UNA FALLA DEL SERVICIO ANTE LA FALTA DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PACIENTE O DE SUS FAMILIARES, LO CUAL SIGNIFICÓ QUE SE LIMITARA LA LIBERTAD DE LA PACIENTE DE OPTAR O DE ESCOGER SI TAMBIÉN SE SOMETÍA A LA DECISIÓN DE RESECCIÓN DE SU OVARIO IZQUIERDO?

La Corte Constitucional ha considerado el consentimiento informado como un desarrollo específico de varios derechos fundamentales, principalmente, el de la autonomía personal (…). [E]l consentimiento del paciente debe ser expreso, pues, es obligatorio que se le informen las consecuencias del tratamiento o procedimiento que se le va a realizar; además, la carga de la prueba del mismo corresponde en estos casos al demandado. (…) [L]a falla del servicio imputable a la entidad demandada consistió en la falta de obtención del consentimiento informado de la paciente o de sus familiares, lo cual significó que se limitara la libertad de la señora (…) de optar o de escoger si también se sometía a la decisión de resección de su ovario izquierdo, en virtud de los hallazgos quirúrgicos advertidos durante la intervención quirúrgica. Por consiguiente, los bienes jurídicos tutelados que se vieron afectados fueron la libertad individual y la autonomía personal de la paciente, a quien se le debió garantizar su derecho a escoger si se sometía o no al procedimiento médico de resección del ovario izquierdo a pesar de las evidencias y hallazgos quirúrgicos. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto tiene que ver con la declaración de responsabilidad de Metrosalud ESE porque se configuró un daño antijurídico imputable consistente en la falta de obtención del consentimiento informado de la paciente para practicar la resección del ovario izquierdo.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 Expediente 81001 23 39 000 2023 00022 de 2023

OTORGAN EXCEPCIONALMENTE TELETRABAJO DURANTE CUATRO DÍAS A TRABAJADORA DE LA RAMA JUDICIAL

En el presente asunto, la señora ACSV solicita que sea otorgado el teletrabajo de forma permanente por razones de salud hasta tanto sea trasladada de despacho judicial. Lo anterior, justificado en que sus crisis o ataques graves de ansiedad se producen cuando se encuentra en la sede de trabajo, debido a que es en ese lugar en el que se encuentra el “factor estresor”, refiriéndose así a la juez penal del circuito de Saravena. (…) En la historia clínica se registra consulta por psicología el 16 de febrero de 2023, en el que se registró el diagnóstico: trastorno depresivo recurrente no especificado, distimia, trastorno mixto de ansiedad y depresión. En el análisis, se consignó: “Femenina de 35 años, quien asiste a psicoterapia individual, donde ingresa por sus medios, alerta, asiste en compañía de su pareja sentimental quien aduce precipitación de la crisis de ansiedad, debido a problema en su entorno laboral. La paciente se muestra inquieta, con la habilidad emocional, llanto fácil, con inquietud psicomotriz con dificultad para atender instrucciones. Lo anterior se orienta la paciente a manejar técnica de respiración para manejo de la crisis de ansiedad. Se logra estabilizar a la paciente, se informa sobre signos y síntomas de alarma”. (…) A partir del anterior recuento clínico, la Sala encuentra probado que la señora ACSV tiene la condición de sujeto de especial protección constitucional al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta por la enfermedad mental que padece: “trastorno depresivo recurrente, no especificado, distimia y trastorno mixto de ansiedad y depresión”. Ahora bien, aun cuando de las pruebas no es posible verificar que las crisis de ansiedad que ha padecido la actora son producto del “factor estresor”, la Sala no puede desconocer que, en su mayoría, han ocurrido cuando se encuentra en la sede de trabajo, como la misma titular del despacho judicial lo reconoce en el informe. Justamente por lo anterior, la Sala considera necesario extender el máximo de días permitido para teletrabajar como una medida para mitigar los ataques de ansiedad que sufre la señora ACSV.

 

Expediente 25000 23 37 000 2016 01174 de 2023

CONSEJO DE ESTADO RECUERDA QUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NO PUEDE COBRAR OBLIGACIONES POR SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE COBRO COACTIVO

En virtud del artículo 49 de la Constitución Política, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, a quien le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y establecer las políticas para su prestación, así como ejercer vigilancia y control, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También debe fijar las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares. La norma dispone además que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Por su parte, según los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, el servicio público de salud puede ser prestado directamente por el Estado, a través de entidades públicas o por particulares, como una expresión de la libertad económica (art. 333 ib). En cumplimiento de los anteriores mandatos constitucionales, se expidió la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población, en todos los niveles de atención. La prestación de un servicio público no implica, por sí solo, el ejercicio de una función pública. Así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 2003 , en la que estudió la aplicación de la ley disciplinaria a los particulares. La Corte precisó que la función pública se refiere al conjunto de funciones que debe cumplir el Estado, a través de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, los órganos autónomos e independientes y las entidades públicas que colaboran armónicamente para la consecución de sus fines (art. 113 CP). No obstante, la Constitución Política permite que en casos especiales los particulares puedan investirse de la autoridad del Estado y ejercer funciones públicas administrativas (arts. 123-3, 210-2 y 267-2) o judiciales (art. 118-3). En la sentencia que se hace mención, la Corte diferenció los conceptos de función pública y servicio público para concluir que un particular que presta un servicio público no cumple una función pública, por lo que no está sometido a la ley disciplinaria, salvo que esa actividad (la prestación del servicio) implique el ejercicio de determinadas potestades inherentes al Estado, atribuidas expresamente por la ley.

 

Expediente 05001 23 33 000 2017 01617 de 2023

DIFERENCIA ENTRE EL EFECTO PLUSVALÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA

El artículo 37 de la Ley 388 de 1997 dispone que «las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general», alcance de la norma que se refiere a las cesiones obligatorias. En lo concerniente a las cesiones urbanísticas obligatorias esta Sección ha expuesto que «las cesiones de terrenos constituyen una carga urbanística que debe soportar su propietario o poseedor a título de compensación, porque con el proceso de urbanización se ha obtenido un beneficio, pero, a su vez, se ha generado un impacto urbanístico y ambiental» . A su vez, el artículo 38 ibidem preceptúa que, en desarrollo del principio de igualdad, «los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados», dentro de los cuales se incluyen las unidades de actuación , entre otros. El parágrafo del artículo 39 ejusdem prevé que «las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirán entre otros componentes […] las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios […]». De otra parte, el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 establece lo siguiente: «ARTÍCULO 78. ÁREA OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA. El número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en la plusvalía será, para el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen». En lo que respecta a la diferencia entre el cálculo del efecto plusvalía y la participación en el plusvalor, en la sentencia del 26 de mayo de 2022 la Sala precisó lo siguiente: «[…] la propia Ley 388 de 1997 diferencia entre el cálculo del efecto plusvalía, y el cálculo de la participación en la plusvalía: El efecto plusvalía (esto es, el mayor valor obtenido por cada predio como resultado de la acción urbanística del municipio) será igual al mayor valor por metro cuadrado del predio, multiplicado por el total de la superficie del mismo; mientras que para el cálculo de la participación en plusvalía (el tributo derivado de tal acción urbanística), debe partirse de la totalidad del área del mismo, y a ello debe descontarse el área correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias y a las eventuales afectaciones que recaigan sobre el inmueble, siempre que se encuentren contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial» [se destaca]