24 octubre, 2022

Boletin Juridico 21 de Octubre

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 304 de 2022

CORTE AFIRMÓ QUE CIUDADANOS VENEZOLANOS PUEDEN IDENTIFICARSE Y ADELANTAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN COLOMBIA CON SU PASAPORTE VENCIDO Y SELLADO POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA.

La Corte Constitucional hizo un llamado al Ministerio de Educación para que aplique la Resolución 2231 de 2021, la cual permite que los nacionales venezolanos puedan identificarse en el territorio colombiano con el pasaporte venezolano vencido que tenga el sello de ingreso y permanencia de la autoridad migratoria. El pronunciamiento fue hecho al resolver una tutela que presentó una ciudadana venezolana que le solicitó al Ministerio de Educación de Colombia convalidar el título de licenciada en enfermería que obtuvo en su país, pero el trámite fue negado debido a que su pasaporte se encontraba vencido y no tenía otro documento de identificación válido para las autoridades. El Ministerio de Educación respondió que cuando no se cuenta con pasaporte vigente, el solicitante podrá aportar el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Sin embargo, la accionante tampoco contaba con dicho documento porque se encontraba en trámite. La Sala Quinta de Revisión, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado debido a que, actualmente, el Ministerio está tramitando la solicitud de convalidación del título universitario de enfermera de la accionante, luego de que ella presentara el PEP. Pese a ello, la Corte consideró necesario pronunciarse para advertir la inconveniencia de la repetición de una situación similar.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 70187 de 2022

PROCEDIMIENTO LABORAL > NULIDADES > NULIDAD EN SEDE DE CASACIÓN.

Es improcedente la nulidad en sede de casación al no corroborarse ninguna de las causales establecidas en el ordenamiento jurídico / Casuales: Las causales de nulidad son taxativas conforme al artículo 133 del CGP, aplicable al campo laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS.
Expediente 63793 (3394) de 2022

PENSIÓN DE VEJEZ, LEY 100 DE 1993 > RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD > REQUISITOS.

Para obtener la pensión de vejez del régimen de ahorro individual con solidaridad el afiliado debe tener acumulado en la cuenta de ahorro individual el capital necesario para financiar una mesada superior al 110 % del salario mínimo legal mensual, vigente a la fecha de expedición de la ley 100 -23 de diciembre de 1993-, y reajustado anualmente con el IPC teniendo en la cuenta el valor del bono pensional si hay lugar a este

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

Expediente 02633 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA – DEMANDA DE CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATÓLICO.

Fuero concurrente: el gestor a su elección podrá presentar la demanda en el domicilio del demandado o en el domicilio común anterior siempre y cuando lo conserve. Realizada la escogencia atendiendo las expresas prerrogativas autorizadas en el ordenamiento adjetivo, corresponde al juzgador respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que, oportunamente sea cuestionada por la llamada a soportar las pretensiones de la acción, con el suficiente apoyo probatorio. Confusión entre los conceptos de domicilio y lugar de notificación. Artículo 28 numeral 1º CGP.

Expediente 00792 de 2022

RECURSO DE QUEJA – SENTENCIA QUE DEFINE LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CON ORIGEN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Pluralidad de demandantes y de demandados. Cuantía del interés para recurrir en casación ante litis consortes facultativos: la parte demandada no interpuso recurso de casación y los promotores, como recurrentes, indicaron en la queja de que se trata, en los términos del inciso 5° del artículo 341 del Código General del Proceso, que su inconformidad alude únicamente a la absolución de los enjuiciados Seguros del Estado S.A. y otro, es innecesaria la aplicación del parágrafo de este precepto. Erró el juzgador de última instancia al denegar la concesión del mecanismo extraordinario, porque cuando los extremos procesales están conformados por varias personas, es indispensable precisar si se trata de una relación sustancial o si son distintas relaciones acumuladas en una sola acción, tanto desde el punto de vista de los convocantes como de los convocados. No sólo desde el punto de vista del recurrente sino de la persona absuelta en la contienda judicial puede configurarse iguales tipos de litisconsorcio, el necesario o el facultativo.

FUENTE FORMAL – Artículos 338, 339 CGP. Artículo 341 inciso 5º CGP.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 56205 de 2022

CASO CON ENFOQUE DE GÉNERO / VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA.

Cuando recae sobre mujer por razón del género, el incremento punitivo se justifica si el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación / Cuando recae sobre mujer por razón del género, su aplicación está supeditada a la demostración de que la conducta es producto de la discriminación

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 25000 23 25 000 2012 00055 01 de 2022

¿DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INICIADO POR LA SEÑORA (…) SE REÚNEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO?

No, (…) Las inconformidades de la apelante se resumen en lo siguiente: i) el Tribunal se equivocó al considerar que el título ejecutivo correspondía a la Resolución (…), pues este es un acto de cumplimiento «parcial», además, ii) existen diferencias insolutas de las condenas ordenadas en la sentencia objeto de ejecución. Ahora bien, esta Sala difiere por completo del primer argumento, pues se avizora del contenido de la providencia apelada que el Tribunal no solo estudió la Resolución (…) para proferir la decisión, sino que también analizó lo solicitado por la ejecutante en la demanda y el contenido de la sentencia del 18 de octubre de 2012, de ahí que resulte erróneo manifestar que la mencionada Resolución fue lo único que tuvo en cuenta el a quo como título ejecutivo para proferir el auto del 30 de marzo de 2017. Además, debe precisarse al respecto que es deber ineludible del juez ejecutivo estudiar lo dispuesto por la entidad demandada en los actos administrativos que «dan cumplimiento» a las órdenes impartidas en las sentencias que se ejecutan y contrastar lo allí consignado con lo narrado y anexado en el libelo introductorio por el ejecutante, de manera tal que la decisión de librar o no el mandamiento ejecutivo sea justa y en derecho, situación que sí ocurrió en el auto impugnado. De otro lado, la apelante manifiesta que existen «saldos insolutos» y por lo tanto debe librarse el mandamiento ejecutivo, sin embargo, tal y como se señaló en párrafos anteriores resulta claro que el juez de primera instancia al proferir el auto del 3 de noviembre de 2016 emitió pronunciamiento con relación a la liquidación que aportó la señora (…) y concluyó que la misma no era procedente debido a que en ella: i) señaló diferencias en razón de 14 mesadas al año, sin atender que el acto legislativo 01 de 2005 eliminó la mesada 14, ii) realizó una doble suma, esto es, las diferencias pensionales (…) las sumó con la indexación de las mismas (…) y ese fue el valor por el cual solicitó librar mandamiento (…), y, por último, iii) incluyó diferencias causadas en el año 2015 y cuatro meses de 2016, siendo que la Resolución a través de la cual la demandada da cumplimiento al fallo fue incluida en nómina en el mes de enero de 2015. En ese orden de ideas, el Tribunal manifestó con claridad suficiente las razones por las cuales no libró el mandamiento (…). Bajo tales argumentos, esta Sala no avizora que existan unas diferencias insolutas, máxime cuando las falencias contenidas en la liquidación propuesta fueron advertidas por el juez de primera instancia y, a pesar de ello, la demandante volvió a efectuar las mismas operaciones matemáticas equivocadas, en ese sentido, no podría afirmarse que existen diferencias no pagadas si la liquidación que se aporta padece de errores. Así las cosas, no le asiste razón a la señora (…) al afirmar que la decisión de no librar mandamiento ejecutivo constituye una franca denegación de administración de justicia y va en contravía de los principios y la razón de ser de la jurisdicción, pues está demostrado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un análisis serio respecto de las pretensiones de la demanda ejecutiva y lo contrastó con lo ordenado por la sentencia del 18 de octubre de 2012 y lo consagrado en la Resolución (…). Además, el hecho de que la sentencia del 18 de octubre de 2012 se encuentre debidamente ejecutoriada, no implica que el juez ejecutivo tenga que librar el mandamiento, pues ello dependerá del análisis detallado que se efectúe de lo obrante en el plenario.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 42, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 422, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 430

 

Expediente 17001 23 33 000 2013 00261 02 de 2022

CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ¿ PROCEDE LA CONDENA EN COSTAS EN APLICACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO, EN ATENCIÓN QUE FUE UN CAMBIO JURISPRUDENCIAL DURANTE EL TRANSCURSO DEL PROCESO?
No, En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta subsección en providencias del 7 de abril de 201617 , en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante tiene como sustento la posición jurisprudencial asumida por esta Corporación con anterioridad a la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022, razón por la cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe imponer condena en costas a ninguna de las partes, pues el recurso de la parte demandada no prosperó en su integridad y, con todo, la presente decisión sería consecuencia del cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 5001 23 33 000 2019 02501 02 de 2022

¿EL AMPARO DE POBREZA NO PROCEDE CUANDO EL SOLICITANTE NO MOTIVA LAS CONDICIONES QUE LE IMPIDEN ATENDER LOS GASTOS DEL PROCESO, COMO OCURRE EN ESTE CASO?
SI, La figura del amparo de pobreza fue instituida por el legislador en los artículos 151 y siguientes del Código General del Proceso , en virtud de los cuales se persigue la exoneración de las expensas que demande un proceso judicial en los eventos en que una parte (…) [no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos] (…) Al respecto el Despacho observa que el amparo de pobreza corresponde a una acción positiva, de carácter normativo, diseñada por el legislador para garantizar un acceso material a la administración de justicia , estructurada dentro del ámbito de su competencia, y que se corresponde con los criterios jurisprudenciales decantados por la Corte Constitucional (…) En tal sentido, se trata de un beneficio con el que cuentan quienes, debiendo asumir una carga económica dentro de un proceso, solo puedan hacerlo comprometiendo los recursos destinados para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley deben alimentos. (…) [E]s evidente que la labor del juez de conocimiento ante el cual se ha solicitado el amparo de pobreza, consiste en determinar si el solicitante reúne las condiciones objetivas para su reconocimiento, esto es, i) que sea solicitada de forma motivada por el directamente interesado, ii) se presente bajo la gravedad de juramento y iii) que esté acreditada la situación socioeconómica que hace necesaria la concesión del amparo. (…) [S]i bien es cierto que las normas que gobiernan el amparo de pobreza señalan como requisito la declaración bajo juramento de no poder asumir costos procesales, lo cierto es que jurisprudencialmente, en aras de evitar un uso indiscriminado de esa prerrogativa, se exige, además, que quien lo solicite, motive la situación socioeconómica que lo hace procedente. Así las cosas, y descendiendo al caso objeto de análisis, el Despacho considera que no se encuentran configuradas todas las causales de procedencia del amparo de pobreza (…) con fundamento en que, aunque parte de los accionantes, bajo la gravedad de juramento, manifestaron que no cuentan (…) [con los recursos económicos suficientes para soportar los gastos del proceso], no se motivó cuáles eran las condiciones de tipo socioeconómico que le impiden asumir tales costos, requisito esencial para acceder al amparo, por lo que debe ser negada.

 

 

Expediente 85001 23 33 000 2014 00209 01 de 2022

¿EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA Y LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN EL REGISTRO PÚBLICO AFECTAN LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA POSESIÓN?
NO, [D]iáfano es que el ejercicio de las acción reivindicatoria, como medio de tutela del derecho de propiedad, así como las medidas cautelares de registro, como la inscripción de demanda, no son condiciones que supongan la afectación a derechos derivados de la posesión, de ahí que el trámite del proceso reivindicatorio promovido por el departamento de Casanare contra el [demandante] no tenía la aptitud de generar los daños que éste alega, pues fue justamente en ese proceso que el demandado acreditó su mejor derecho, además, ni la presentación de la demanda, ni la solicitud y decreto de la medida cautelar impidieron material o jurídicamente que el citado señor siguiera ejerciendo los actos de señor y dueño que venía ejecutando en el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 470-0031942. Por tanto, la “merma significativa en el hato ganadero (…) la imposibilidad de acometer proyectos de larga duración de carácter agrario en producción de cultivos (…) suspender toda construcción y mejoramiento habitacional (…) la construcción de establos, cobertizos, alto mejoramiento de potreros” que aduce como efectos del proceso reivindicatorio con radicado 85-0001-22-08-002-20040053-01, no es serio ni fundado, y menos aún constituye fuente de menoscabo antijurídico o daño, pues, a no dudarlo, de haber sido cierto, fue su voluntad y liberalidad, la única determinante de haber adoptado conductas como las que se describen en la demanda, antes que una disputa judicial que en ningún momento representó una restricción al derecho que esgrimió tener, de cara al derecho de propiedad que se le opuso por el demandante, en una disputa que finalmente fue resuelta a su favor en los fallos del 8 de septiembre de 2011, proferido por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Yopal y del 13 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal Superior del distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, que negaron las pretensiones reivindicatorias. […] Así las cosas, en atención a que el trámite de una acción reivindicatoria o la inscripción de demanda en el registro público no constituyen una fuente generadora del daño que se reclama, se impone negar las pretensiones de la demanda.