23 agosto, 2017

CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA 2015

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 05001 11 02 000 2012 00559 01 de 2015.

TODA CONDUCTA COMETIDA DE MANERA DOLOSA POR PARTE DE LOS ABOGADOS RESULTA COMO UN HECHO INEQUÍVOCO PARA IMPONER SANCIONES. Acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, como mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Sanción. Suspensión. Reflexión.

Expediente 73001 11 02 000 2013 00627 02 de 2015

TOGADO SE APODERO DE LOS DINEROS QUE CORRESPONDÍAN A SU PODERDANTE. El letrado no le explicó el concepto de agencias en derecho (y costas procesales) a la quejosa y, de esta manera, hubiese procedido atribuirse el dinero reconocido por esos rubros, pues si hubiera actuado de esa forma, es decir, comunicado de qué se trataba y que además, le pertenecían, sin embargo, que si era su deseo, podían pactarse en favor de la letrada, tal vez otro asunto se hubiera pactado en relación con esos dineros, por lo tanto, la conducta se ejecuta de manera dolosa, pues de manera voluntaria, consciente y deliberada retuvo los recursos que le correspondían a su poderdante, producto de la gestión encomendada, es decir, no entregó a quien correspondía y a la mayor brevedad posible dichos valores. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. emas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 05001 11 02 000 2012 01681 01 de 2015

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL TOGADO NO RESPETO EL DEBIDO PROCESO. Al no haberse puesto en marcha el aparato judicial por una decisión de oficio, sino atendiendo los argumentos efectuados a través de una queja incoada por una ciudadana que está inconforme frente a unos aspectos concretos en lo que atañe a la actuación de la jurista en el caso encomendado, no es plausible que a lo largo de la actuación se investigue a la profesional por sucesos distintos a los puestos de presente e inconsultamente se encause el trámite a circunstancia distintas a las ya planteadas, pues eso vulnera flagrantemente los derechos fundamentales no solo los sujetos procesales, de este modo si se aborda el asunto sub examine desde una perspectiva causalista y se analiza la conducta efectivamente desplegada voluntariamente por la profesional del derecho , ha de concluirse que tal actuación no corresponde al acontecer que puso en funcionamiento a la jurisdicción, pues desde el momento en que se impetró la queja, siempre el hecho reprochado que la falta de información, más no la indiligencia Decretó Nulidad. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Disciplinario. Debido Proceso.

Expediente 11001 11 02 000 2011 03811 01 de 2015

LA IDONEIDAD O ADECUACIÓN AL FINAL DE LA PENA JUSTIFICA LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN. Estando acorde con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma es justificable, pues sin justificación alguna la profesional del derecho conculcó el Estatuto Deontológico en el aspecto de la honradez que todo abogado debe observar en las relaciones con sus clientes, generando con su actuación antiética no solo una imagen desfavorable ante su cliente, sino frente a la sociedad respecto de quienes ejercen la profesión del derecho, pues se tiene al abogado como un profesional depositario de plena confianza, de la que a todas luces la togada encartada no fue respetuosa. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Sanción. Actuaciones. Honradez.

Expediente 11001 11 02 000 2010 10383 02 de 2015

MAL PODRÍA DECLARARSE CULPABLE A QUIEN NO SE LE HA PODIDO DEMOSTRAR LA AUTORÍA O PARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA. En el proceso no hubo plena prueba de la existencia de la falta disciplinaria por indiligencia, en consecuencia el fallo apelado, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través del cual sancionó con 3 años de suspensión del ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, fue revocado, para en su lugar, absolver al togado del cargo endilgado.Revocar. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Suspensión. Sanciones. Inocencia.

Expediente 68001 11 02 000 2012 01128 01 de 2015

ACTUAR DEL TOGADO NO PUEDE SER CALIFICADO COMO ILEGAL DADO QUE EL MISMO PERSIGUIÓ LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SU COMPAÑERA SENTIMENTAL. La Sala determinó que gracias al comportamiento del investigado se logró evitar el remate de la casa y por consiguiente impidió que se materializara un acto injusto y altamente perjudicial de la persona objeto de la medida, Pues como también está ampliamente probado dentro del proceso, no fue ella quien adquirió la obligación origen del Proceso Ejecutivo tramitado, sino su ex esposo quien se negó a pagar la obligación, obedeciendo el hecho a una obligación simulada que tenía como finalidad esquilmar el proceso de disolución y liquidación del patrimonio conyugal. A lo anterior se agrega que no se le podía solicitar otra actuación, por que el mismo, pues ante la inminencia de una mal grave que afectaría gravemente a su otra compañera sentimental, es lógico y apenas comprensible que ejerciera un acto para salvarlo. Revocó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. .Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04799 01 de 2015

IMPROCEDENTE IMPONER SANCIÓN: NO SE PROBÓ LA IDONEIDAD DEL INVESTIGADO PARA LLEVAR LA DEFENSA DE LA ACCIONANTE. Aunque en algunos casos se puede predicar la incompetencia de algunos abogados al pretender asumir encargos de los cuales no están capacitados profesionalmente dada su complejidad, también lo es que en materia penal, el juez tiene la facultad, ante la falta de defensa técnica relevar o asignar un defensor de oficio, lo cual impide que de presentes más adelante causales de nulidad dentro del proceso, más aun como en el presente que no se probó que el abogado investigado, no haya tenido la idoneidad para asumir la defensa de quien acusa, por lo tanto. no se le puede irrogar una falta y más aún imponer sanción alguna. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 73001 11 02 000 2014 00090 01 de 2015.

LOS ARGUMENTOS DE ATAQUE EFECTUADOS MEDIANTE APELACIÓN DEBERÁN SER CONTUNDENTES PARA SER TENIDOS EN CUENTA. Como no es posible la utilización de la prueba del polígrafo en la actuación disciplinaria y, el recurrente solicitó se decretara sólo si fuera posible, se consideraron agotados los argumentos de la apelación, sin que esta Sala encontrara que alguno de ellos acertara en atacarla de manera contundente, a fin de su modificación o revocatoria. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. D.Temas: Apelación. Argumentos. Estimación.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00298 01 (10141 22) de 2015

IMPUTACIONES A AUXILIARES DE LA JUSTICIA NO PUEDEN SER BASADAS EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DESTINADO PARA LOS ABOGADOS. Es imposible aplicar el régimen previsto para los abogados en la Ley 1123 de 2007, de un lado, porque tratándose de normas sancionatorias, no cabe aplicar la analogía entre la función social de los abogados y la de los auxiliares de la justicia, si bien ambos comparten la condición de colaboradores de la Administración de Justicia, y, de otro, porque el Estatuto de los Abogados está destinado, de manera clara y expresa a esa especial relación de sujeción que tienen los abogados con el Estado y no prevé la posibilidad de su aplicación a otra clase de sujetos. Decretó la Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Auxiliares de Justicia.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01113 01 (10506 24) de 2015

AL VULNERAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TODA ACTUACIÓN SERÁ DESESTIMADA. En el presente proceso se violó la estructura del debido proceso, con innegables repercusiones en el núcleo esencial del mismo, irregularidad que debió ser subsanada, para lo cual se decretó la nulidad de la sentencia de primera instancia en aras de realizarse conforme lo referido en precedencia y a fin de adecuarse la sanción del investigado, a los lineamientos establecidos en el Código de Procedimiento civil. Decreta la Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Legalidad. Repercusiones. Sanciones.

Expediente 11001 11 02 000 2011 03090 01 de 2015

LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DEBE ESTAR JUSTIFICADA POR LA IMPORTANCIA DE LA REALIZACIÓN DEL FIN PERSEGUIDO. La aplicación de esa proporcionalidad significa que las ventajas que se obtienen mediante la imposición de una sanción, debe compensar los sacrificios que dicha sanción implica para los derechos y garantías fundamentales del disciplinado. De esta manera, fue claro que la sanción impuesta al togado no atiende a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues al letrado en sede de primera instancia, se le declaró responsable disciplinariamente de tres cargos, imponiéndosele como sanción la suspensión por tres años el ejercicio de la profesión. Modifica. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Sanción. Proporcionalidad. Razonabilidad.

Expediente 11001 11 02 000 2012 04606 01 (10852 25) de 2015

IMPROCEDENTE APLICAR EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LOS ABOGADOS A UN AUXILIAR DE JUSTICIA. Dentro de la acusación realizada contra de la investigada se violó la estructura del debido proceso, con innegables repercusiones en el núcleo esencial del mismo, teniendo en cuenta que la actuación surtida a partir del pliego de cargos emitido por la primera instancia, al encontrarse alejada del contenido de la ley y la adecuación típica erigida en el acuerdo 1518 de 2002, ante la imposibilidad de aplicar el régimen previsto para los abogados en la Ley 1123 de 2007, de un lado, porque tratándose de normas sancionatorias, no cabe aplicar la analogía entre la función social de los abogados y la de los auxiliares de la justicia, si bien ambos comparten la condición de colaboradores de la Administración de Justicia, y, de otro, porque el Estatuto de los Abogados está destinado, de manera clara y expresa a esa especial relación de sujeción que tienen los abogados. Decretó la Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Auxiliares de Justicia.

Expediente 13001 11 02 000 2012 00104 01 de 2015

LOS COBROS DE DINERO POR PARTE DE LOS ABOGADOS QUE PREVIAMENTE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS DEVENDRÁN EN SANCIONES CONTRA LOS TOGADOS. Se decantó de lo analizado que el litigante no era el profesional del derecho, sino, la parte, de donde se colige que la norma en cita hace alusión a los demandantes o demandados y no a sus representantes judiciales, es a aquellos y no a estos a quienes se les reconocen los gastos, por tanto no le estaba permitido al abogado apropiarse de ese rubro sin el consentimiento de su cliente, pues se itera era a esta a quien le correspondían. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Representantes Judiciales. Reconocimiento. Alusión.

Expediente 27001 11 02 000 2008 00194 01 (10067 21) de 2015

TOGADO INCURRIÓ EN LA FALTA DE RETENER DINEROS PROPIEDAD DE SU DEFENDIDA. Al comprobarse que el investigado solamente ejecutó un sólo comportamiento, como fue el de utilizar los dineros pertenecientes a su cliente, sin que se pueda observar otra conducta, en tanto, la enmarcada en el tipo disciplinario señalado en el numeral 3 del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, queda subsumido en la descrita en el numeral 4 del citado artículo, por tanto, es procedente absolver al disciplinado respecto a esta falta. Entonces, se tiene probado que el letrado solamente incurrió en una falta y no dos como se le imputó, porque se limitó a no hacer entrega de los dineros que eran a favor de su poderdante. Revocó Parcialmente. M.P. Julia Emma Garzón De Gómez. Temas: Disciplinario. Debido Proceso.

Expediente 76001 11 02 000 2015 00644 01 de 2015

LOS ELEMENTOS DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE SE ACREDITAN EN CONCRETO, NO SOLAMENTE POR LA AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO ORIGINADO. El amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, trabajo y al mínimo vital y móvil, se concederá de manera transitoria para evitar perjuicios inminentes e irremediables, hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre el asunto con sentencia. Esta Sala pudo establecer por información del apoderado del actor contenida en el escrito que hizo llegar el 4 de junio de 2015, que radicó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, como requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al que se obliga agotar el accionante, so pena de que pierda los efectos el amparo temporal prodigado por esta Corporación. Revoca. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Perjuicios. Amparo. Jurisdicción.

Expediente 76001 11 02 000 2012 02030 01 de 2015

CONDENA IMPUESTA AL TOGADO DEBIÓ MODIFICARSE LA CALIDAD EN LA QUE SE EJECUTÓ LA FALTA. La Sala procedió a absolver al togado respecto de la comisión de la conducta tipificada en el literal d del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, y por cuanto la modalidad de la falta a la debida diligencia que le fue enrostrada se modificara para calificarla a título de culpa, pues es esa la naturaleza que comporta dicha conducta, resultando entonces esta sanción acorde con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, para castigar la pena del letrado, se debió acudir al artículo 40 del Estatuto Deontológico que establece cuatro tipos de sanción, partiendo de la censura como la más leve, pasando por la de suspensión y culminando con la exclusión como la de mayor gravedad, las cuales se podrá imponer de manera autónoma o concurrente con la multa. Revocó Parcialmente. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Disciplinario. Debido Proceso.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00045 00 de 2015

CUANDO LA QUEJA SEA MANIFIESTAMENTE TEMERARIA O SE REFIERA A HECHOS DISCIPLINARIAMENTE IRRELEVANTES EL FUNCIONARIO DE PLANO SE INHIBIRÁ DE INICIAR ACTUACIÓN ALGUNA. Para la Sala la actuación analizada fue además de evidente una solicitud desorganizada y de difícil entendimiento, una petición que contempló hechos irrelevantes desde el punto de vista disciplinario, por lo que se procedió a proferir decisión inhibitoria en cuanto a iniciar alguna actuación disciplinaria, tal como lo establece el parágrafo del artículo 15 de la ley 734 de 2002 (CDU). Se Inhibe. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Solicitudes. Actuaciones. Petición.

Expediente 11001 01 02 000 2013 01992 00 de 2015

LA PETICIÓN PARA SEPARARSE DEL CONOCIMIENTO DE UN PROCESO DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE MATERIAL QUE ESTIME LA PERTINENCIA DE LA SEPARACIÓN. La manifestación del impedimento es un acto del exclusivo resorte del funcionario, voluntario, oficioso e imperativo, cuando se advierta la concurrencia de la causal legal, debiendo expresar claramente los motivos en que los sustenta, para verificar su correspondencia con lo señalado en la ley, es decir, la solicitud de separación del conocimiento de un asunto debe ser clara e inequívoca, acompañada de los razonamientos pertinentes a fin de demostrar su incidencia en la ecuanimidad y transparencia de la administración de justicia. Termina. M.P. María Mercedes López MoraTemas: Impedimentos. Conocimiento. Incidencia.

Expediente 11001 01 02 000 2012 02198 00 de 2015

LAS DECISIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES NO SON OBJETO DE CONTROL DISCIPLINARIO. La denuncia disciplinaria contra los órganos judiciales no supone un mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico, ya que tal concepción supone un trastorno completo a la naturaleza y concepción de esta jurisdicción, la cual no puede ser empleada como un recurso extraordinario más contra aquellas decisiones definitivas emitidas por los jueces naturales. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la queja impetrada no es otra que reabrir los espacios de debate ya clausurados en sus estadios naturales, proponiendo nuevamente argumentaciones decantadas tanto en trámite constitucional, como en el ordinario por el ente de cierre de la jurisdicción. Termina. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en octubre de 2015. Temas: Medios Judiciales. Debates. Jurisdicción

Expediente 27001 11 02 000 2011 00419 01 (10687 24) de 2015

FACULTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO PRESCRIBE AL TÉRMINO DE 5 AÑOS DESDE EL DÍA DE EJECUCIÓN DE LA FALTA. Cuando han transcurrido más de cinco años desde la ocurrencia de la situación fáctica origen de la investigación disciplinaria, el Juez Disciplinario pierde su potestad de investigar y sancionar al presunto infractor, por disposición expresa del artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Teniendo en cuenta que la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Terminó el proceso. M.P: Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Prescripción.

Expediente 70001 11 02 000 2011 00502 01 de 2015

AL VIOLAR LAS NORMAS DE INEMBARGABILIDAD SE GENERA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA BAJO LAS NORMAS QUE COBIJAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Posterior al análisis se hizo evidente que el funcionario incumplió con sus deberes, sin que a su favor se vislumbrara causal alguna eximente de responsabilidad, pues la justificación que deprecó, no fue aquel que efectivamente enervó la antijuridicidad de la conducta, fue obvio que hubo un error de su parte decretar el embargo de cuentas públicas en contravía de la normatividad sobre la materia que indica la prohibición de su embargo y  que condujo a este disciplinario a constituir la falta disciplinaria, al decretar el embargo de dineros inembargables, por lo que debió darse aplicación a las norma disciplinaria de sanción. Termina. M.P. José Ovidio Claros Polanco.  Temas: Responsabilidad. Deberes. Antijuridicidad.

Expediente 73001 11 02 000 2011 01067 01 (9013 18) de 2015

PROCEDENTE: EL SANCIONADO DIO TRÁMITE A UN INCIDENTE CUANDO EL MISMO ESTABA PROSCRITO PARA LOS PROCESOS VERBALES SUMARIOS. El funcionario en su calidad de juez continuó el trámite del incidente de nulidad planteado por el demandado, cuando este tipo de litigios son verbales sumarios y deben adelantarse conforme a lo establecido en el artículo 435 de C.P.C., considerándose una falta de índole gravísima en cuanto se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Sanción. Incidentes.

Expediente 11001 11 02 000 2013 02680 01 de 2015

SE DECLARARÁ LA NULIDAD DE LO ACTUADO CUANDO EN CUALQUIER ESTADO DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA EL FUNCIONARIO QUE CONOZCA DEL ASUNTO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE ALGUNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA NORMA DISCIPLINARIA. Al juez disciplinario a tiempo de expedir la decisión de cargos, le asiste el deber de exponer las razones por las que estima que las normas descritas en su providencia acusatoria transcienden vulneradas, de forma tal que el implicado ejerza su derecho de defensa y de contradicción. Así, el respeto por el cumplimiento de los requisitos formales de la formulación de cargos, se erige como el pilar que sostiene el proceso disciplinario, garantizándose con mayor fuerza el derecho de defensa y el debido proceso. Decreta. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Actuaciones. Existencia. Nulidad.

Expediente 27001 11 02 000 2011 00006 02 de 2015

ES CON BASE EN LOS EXTREMOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS QUE SE DETERMINARÁN LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. Los extremos dados en la ley para sancionar por falta grave culposa parte de un mínimo de un mes y máximo de 12 meses, por ende partiendo de ese mínimo legal debe considerarse que el disciplinado registra en su haber antecedentes disciplinarios para aumentar en otros dos meses, sin que ello denigre de estar frente a un derecho disciplinario de acto. En ese orden de ideas, la sanción se redujo a 3 meses de suspensión en el ejercicio del cargo y, en el caso de que el disciplinado no se encuentre vinculado, se convierten los tres meses a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Extremos. Sanciones. Registro.

Expediente 66001 11 02 000 2011 00191 02 de 2015

JUEZ DICTÓ SENTENCIA ABSOLUTORIA CUANDO EL ACUSADO HABÍA ACEPTADO LOS CARGOS ANTE EL JUEZ DE GARANTÍAS. Sancionado togado en su calidad de Juez, dado que sin justificación alguna dentro del ordenamiento procesal vigente, dictó sentencia absolutoria a pesar de que ya se había aprobado por el juez de garantías la aceptación de cargos por la imputada, por lo tanto, dicha conducta va en contra de lo ordenado por los artículos 293 y 351 del CPP. En particular, se trata de una conducta que trasgrede todos los deberes y obligaciones que tiene el juez de conocimiento en ese contexto específico de la aceptación por el implicado de la imputación, tales como fueron descritos en el acápite inmediatamente anterior.Sancionó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño Temas: Revocó. Disciplinario.

Expediente 18001 11 02 000 2011 00424 02 de 2015

LA IMPUTACIÓN DEBE SER DEBIDAMENTE TIPIFICADA, PERMITIENDO QUE EL INVESTIGADO CONOZCA LA CONDUCTA QUE SE LE ADJUDICA. Decretó. La tipificación debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria, por lo tanto, el legislador no solo está obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones. Se precisa entonces de la declaratoria de nulidad, para que el Seccional realice la calificación de la conducta realmente ocurrida, haciendo claridad de las normas infringidas, si arriba a determinación de esa naturaleza, so pena de incurrir nuevamente en violación al derecho de contradicción Decretó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Disciplinario. Tipificación.

Expediente 73001 11 02 000 2014 01076 01 de 2015

LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SE ENCUENTRAN SUJETOS EN SUS ACTUACIONES A LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO. Esta regla general no impide que en situaciones verdaderamente excepcionales, en las que la discrecionalidad judicial se transforme en arbitrariedad y/o se emitan decisiones que desatiendan o contraríen textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable, pueda la autoridad disciplinaria cuestionar esos contenidos. Con base en tal prerrogativa, es que esa Corte ha señalado que materializado el principio de autonomía en las providencias, los jueces por ese motivo no pueden ser sujetos disciplinables Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Actuaciones. Autoridades. Interpretación.

Expediente 05001 11 02 000 2014 01337 01 de 2015

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN NO INDICA QUE SE DEBA RECONOCER LO SOLICITADO EN EL ESCRITO, PUEDE HACERSE UN LLAMADO A RESPONDER LAS SÚPLICAS. Frente a la investigación disciplinaria accionada por la supuesta falta de los enjuiciados a conceder las pretensiones de la tutela, es dable establecer que la tutela sobre el derecho fundamental de petición no obliga al accionado a acceder a las pretensiones de la solicitud, sino solo lo exhorta a dar una respuesta sobre el particular, posición de la que se desprende la necesidad de terminar el incidente promovido por el denunciante, tras advertirse con base en la documentación aportada por el entidad bancaria que, independientemente de las pretensiones patrimoniales del peticionario, le fue entregada la información requerida. Así las cosas, sin que pueda vislumbrarse cualquier sesgo de parcialidad o interpretación arbitraria de parte de la funcionaria judicial, por lo tanto, procede el archivo de la investigación. Confirmó. M.P. María Mercedes López MoraTemas: Disciplinario. Tutela. Derecho de Petición.

Expediente 11001 01 02 000 2012 01339 00 de 2015

CARGA LABORAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PARTES DEL PROCESO FUERON LAS CIRCUNSTANCIAS DE DEMORA DEL PROCESO Y NO LA POCA NEGLIGENCIA DE LA ACUSADA. Frente a los hechos analizados en el proceso se determinó que el desenvolvimiento del proceso en manos de la accionada, fue totalmente regular según los constantes requerimientos y la activa participación de los apoderados de las partes, quienes, controvirtieron cada uno de los reportes técnicos de liquidación y decisiones adoptadas por el despacho, situación que no deja entrever un atraso o demora significativa imputable al proceder de la investigada. Igualmente la carga laboral que acreditó la inculpada en los interregnos que tuvo a su cargo las diligencias estudiadas y su producción laboral reflejan una actitud que en absoluto es descuidada, y por el contrario, comprometida en las actividades propias de su cargo. Terminó Investigación. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 11001 01 02 000 2014 01814 00 de 2015

ANTE LA AUSENCIA DE CAUSA PARA INVESTIGAR DISCIPLINARIAMENTE RESULTA FORZOSO OPTAR POR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias Termina. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Investigación. Ausencia. Terminación.

Expediente 08001 11 02 000 2015 00029 01 de 2015

LA ACCIÓN DE TUTELA FUE DISEÑADA COMO UN MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER RESIDUAL QUE PROCEDE ANTE LA INEXISTENCIA O INEFICACIA DE OTROS MECANISMOS JUDICIALES, QUE PERMITAN CONTRARRESTAR LA INMINENTE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. La acción de tutela presentada fue parcialmente improcedente, por cuanto una de las pretensiones de la misma, es uno de aquellos asuntos ajenos al ámbito constitucional, si se tiene en cuenta, además, la naturaleza residual y subsidiaria de la tutela, lo cual conforme lo ha venido reiterando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le impone al juez de los derechos fundamentales someter el asunto a la estricta observancia de tales principios. Como corolario de lo dicho hasta este momento, en el caso presente es evidente que no procede la acción de tutela, luego, al no superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, dicha circunstancia releva a la Sala de adentrarse en el fondo del asunto para verificar si se presentó o no la vulneración a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo, invocados por el actor. Revoca. M.P.José Ovidio Claros Polanco. Temas: Tutela. Vulneración. Principios.

Expediente 70001 11 02 000 2015 00357 01

SIN LA ESTRUCTURACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES NO HABRÁ LUGAR A ESTIMAR PERTINENTE EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Examinados los hechos narrados por la accionante, no se advirtió, prima facie, una situación extraordinaria que se cirniera sobre su situación, que pudiera trascender a los derechos fundamentales que alegó, teniendo en cuenta que el presunto agravio ha venido discurriendo desde el 2007, motivo por el cual no emergió claro que debía vincularse de manera excepcional en segunda instancia a COMFASUCRE y a COMCAJA, así como a las demás entidades encargadas de la garantía de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a la actora. Declara la Nulidad. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Agravios. Vinculación. Garantías.

Expediente 11001 11 02 000 2014 02925 01 de 2015

IMPROBADO EL ABUSO DE LA FACULTAD SANCIONATORIA ALEGADA, LA IMPUESTA FUE PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DILATORIA EJECUTADA POR EL TOGADO. El actor pretende a prolongación indebida del debate que ya se cumplió en la instancia correspondiente, ante las autoridades disciplinarias competentes, sin que se haya demostrado hasta el momento que los fallos proferidos representen un quebrantamiento al orden constitucional y legal, o un abuso de la facultad sancionadora por vía de un ejercicio abusivo del derecho o desconocimiento de las pruebas recaudadas. Teniendo en cuenta, que no se reprochó la acuciosidad del investigado en la defensa de los intereses de su cliente en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, sino el abuso de vías procesales que resultaban a todas luces improcedentes para el caso, lo cual es indicativo de una actitud temeraria y dilatoria que afectó los derechos de quien acudió a la administración de justicia en procura de solucionar el conflicto. Confirmó. M.P. Héctor Alfonso Carvajal Londoño. . Temas: Disciplinario. Tutela. Actitud Temeraria.

Expediente 11001 11 02 000 2014 05875 01 de 2015

IMPROCEDENTE LA TUTELA CUANDO NO SE AGOTAN LOS MEDIOS ORDINARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS. Establecido que el accionante en tutela no ha agotado las actuaciones necesarias para solicitar la continuidad en el servicio médico, ni solicitud o realización de Junta Médica Laboral y mucho menos el grado de incapacidad laboral sufrido por el actor, se hace evidente la obligación de declarar la improcedencia de la acción de tutela para salvaguardar su derecho a la salud, siendo lo mínimo exigible al accionante es que agote los trámites de carácter administrativo ante la institución accionada para obtener su derecho a la salud, no obstante si dicha solicitud le es negada, y cree conculcados sus derechos fundamentales, inicie la acción tutelar correspondiente en procura de la reivindicación de los mismos. Revocó. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Tutela. Salud. Laboral.

Expediente 68001 11 02 000 2015 00443 01 de 2015

IMPROCEDENTE QUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA POLICÍA DIRIJA SUS GASTOS AL FOSYGA. El Estado debe responder al ciudadano en el otorgamiento de los servicios de salud, como derecho fundamental, todo ser humano necesita tener una vida digna, esta comienza con el empleo eficiente de una prestación en servicios de salud, y más aún, cuando se trata de un Estado Social de Derecho el cual es proclamado en nuestro país. Por lo tanto, se tiene en cuenta que el régimen de salud y pensión de la Policía Nacional, es un régimen exceptuado del Sistema General de Seguridad Social en el cual sus condiciones son amparadas por reglamentos y actos administrativos, mas no por la Ley 100 de 1993, la cual rige el Sistema de Seguridad Social. De esta forma, el FOSYGA no rige en este sistema exceptuado, en tanto es insostenible, e inconcebible que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional tenga que repetir sus gastos contra esta. Confirmó. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Tutela. Régimen Especial de Salud.

Expediente 68001 11 02 000 2012 01226 01 de 2015

LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA SE DARÁ CUANDO EL LLENO DE LOS REQUISITOS SE CUMPLA. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. Decreta. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Acción Disciplinaria. Existencia. Exclusión.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01336 00 (10772 25) de 2015

CONDICIÓN PARA QUE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR CONOZCA DEL PROCESO CONTRA UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA. Toda conducta cometida por un miembro de la fuerza pública, con ocasión del servicio, puede quedar comprendida en el ámbito de competencia de la Jurisdicción Penal Militar, más aún, como viene de examinarse, cuando surgen elementos de convicción los cuales desdibujan y socavan la actividad militar con la relación del servicio; por ello, atina el Juez de Instrucción Penal Militar al señalar que la investigación por los hechos denunciados corresponde adelantarlas a la Jurisdicción Ordinaria Penal, porque la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas obrantes dentro del expediente, pues la Justicia Penal Militar constituye la excepción a la norma ordinaria, y el hecho de causar daño, incurrir en conductas delictivas, desnaturaliza la relación con la función militar. Asignó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Penal Militar.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01370 00 de 2015

LA RELACIÓN CON EL SERVICIO DEBE SURGIR CLARAMENTE DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN DENTRO DEL PROCESO. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá caer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar completamente que se configuraba la excepción. Asigna. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Excepciones. Jurisdicción. Competencia.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01148 00 de 2015

EL HECHO DE OSTENTAR LA CALIDAD DE AUTORIDAD NO IMPLICA QUE SE ESTÉ HABILITADO, FACULTADO O AUTORIZADO POR RAZONES DEL SERVICIO PARA INCURRIR EN ILEGALIDADES. Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto negativo de jurisdicciones propuesto, atribuyendo el conocimiento del proceso penal seguido en averiguación de responsables por los hechos a la Jurisdicción Ordinaria, representada por la Fiscalía 122 Seccional de Cali. Esto, teniendo en cuenta que el comportamiento del agente de policía lo desplegó al parecer, como miembro activo de la Policía Nacional, pero no interactuando dentro del razonable marco de sus atribuciones competenciales. Resuelve. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Averiguación. Conflicto. Comportamiento.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00202 00 de 2015

JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER PROCESOS QUE NAZCAN DE EL ACTUAR DE UN PARTICULAR. Cuando las acciones son dirigidas contra un ente territorial, empero por hechos que habrían realizado particulares quienes serían los presuntos o eventuales sujetos vulneradores del derecho colectivo, y de otro lado, la situación fáctica motivo de inconformidad relativa a la instalación de un portón metálico, es ajeno al ejercicio de la función administrativa, máxime que se itera, según el libelo de la demanda obedeció a la conducta de personas particulares ajenas a la mencionada función administrativa. Seguido a esto, que orientar la competencia de las acciones populares en virtud de las funciones de control en cabeza de algunas entidades públicas, implicaría que todas estas acciones constitucionales corresponderían a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que la naturaleza de los derechos colectivos de alguna manera involucran los fines del Estado. Dirimió. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Administrativa.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00433 00 de 2015

EL JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS ESTATALES Y DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO SERÁ EL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Entre la demandante y la entidad demandada existió un contrato estatal denominado orden de prestación de servicios, del cual se quedaron debiendo honorarios, razón por la cual se emitieron las resoluciones de reconocimiento y pago de los mismos, siendo los mencionados actos administrativos y el contrato estatal suscrito entre las partes un todo que permite su ejecución por la vía contencioso administrativa de acuerdo a lo normado en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Dirime. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Contratación Estatal. Pagos. Ejecución.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00668 00 de 2015

CONDICIONES PARA QUE SEA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN A LA JURISDICCIÓN INDÍGENA. Hay lugar a excepcionar la autonomía de la comunidad indígena, para este puntual caso, por cuanto, están de por medio los derechos de una menor, que siendo fundamentales, prevalecen frente a los de los demás. Por otro lado de disponerse la continuación del proceso ante la Jurisdicción Ordinaria no se afectaría gravemente la autonomía indígena, siempre y cuando es procedente cuando se busca salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas. Lo anterior porque la autonomía de las comunidades indígenas tiene restricciones fijadas en el artículo 246 Constitucional, donde se reconoce dentro de los límites impuestos por la Constitución y la Ley. Sumado a lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza del delito investigado, es preciso destacar que los derechos sexuales y reproductivos son un tema de preocupación de múltiples organizaciones no gubernamentales. Dirimió. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Jurisdicción Indígena. Jurisdicción Ordinaria.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00886 00 de 2015

LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL CONOCE DE LOS LITIGIOS PROVENIENTES DE MODALIDAD CONTRACTUAL. Teniendo en cuenta que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de litigios laborales, se circunscribe a asuntos que no provengan de un contrato de trabajo, mientras que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los que provengan de dicha modalidad contractual, además, porque sólo aquella está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en actos administrativos. Asignó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Laboral.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01004 00 de 2015

NO SE LE PUEDE ENDILGAR EL PROCESO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR, YA QUE NO EXISTE UNA NITIDEZ QUE HUBIESE DADO LA EXCEPCIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL CASO A LA JUSTICIA CASTRENSE. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, asignándole el proceso a la justicia penal ordinaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente caso no es una conducta de la competencia de la Jurisdicción Penal Militar porque no existe un vínculo claro de origen entre la conducta punible y la actividad del servicio, y no existió la certeza de la existencia de esos combates en forma real y espontánea, solo existen las dudas y no la nitidez exigida para la aplicación a la excepción del principio del juez natural, por lo tanto, se le debió atribuir el conocimiento a la Justicia Penal Ordinaria. Dirime. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Competencia. Asignación. Atribuciones.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01037 00 (10666 24) de 2015

NO TODA CONDUCTA DELICTIVA QUE PUEDA COMETER UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. Cuando surgen elementos de convicción que desdibujaron y socavaron la actividad militar con la relación del servicio; de allí que se descarte el acto reprochado en el sub lite, como propio del servicio o con nexo al mismo, y menos con los fines señalados por la Constitución y la Ley a la Fuerza Pública, pues el delito investigado por la Jurisdicción Ordinaria deviene de una acción de unos ciudadanos, que no estaba en ese momento adelantando una función propia de su cargo o de las fuerzas militares. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Convicción. Actividad Militar. Servicio.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01193 00 (10734 25) de 2015

TEMAS REFERENTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL NO SON COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. En consecuencia al ser el asunto en conocimiento suscitado entre una entidad administrativa prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, hace establecer que la misma se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 1562 de 2012, pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón De Gómez. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Administrativa.

Expediente 50001 11 02 000 2012 00409 01 de 2015

INCUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE CONTRATO POR PARTE DE LOS DENUNCIANTES, FUE LA CAUSA POR LA NO SE ACCEDIÓ AL BIEN, Y NO LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL TOGADO. El acto de compra de un bien inmueble sobre el cual existía un contrato de promesa incumplido por ambas partes, es una posibilidad jurídica que admite nuestro ordenamiento jurídico interno, la cual no puede ser considerada per se como un comportamiento fraudulento, toda vez que se encuentra entre las atribuciones legales con las que contaba el togado como persona natural y la otra parte, como titular del feudo, circunstancia que en absoluto impedía que la quejosa acuda ante la jurisdicción ordinaria en busca del cumplimiento de lo contratado o la restitución de lo entregado. Más aun cuando resulta notorio que la causa fundante que imposibilitó a la denunciante y compañero a acceder al predio materia de contrato no fue la compra que realizó el jurista, sino su incumplimiento. Revocó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Disciplinario. Compraventa.

Expediente 50001 11 02 000 2011 00468 02 de 2015

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA SOLO PROCEDE CUANDO NO EXISTAN MÉTODOS QUE PERMITAN ACCEDER A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El demandante dispuso de otros medios judiciales, idóneos y eficaces de defensa, y por ende, mal podría este Tribunal por la vía de la acción de tutela remplazar instancias, trámites o términos procesales en beneficio de la actora o suplir los ordinarios cuando es lo cierto que la controversia de orden legal puede y debe ser definida por las vías existentes en nuestro ordenamiento jurídico, sin que se vean afectados derechos constitucionales fundamentales.Modifica. M.P. Oscar Armando Dimaté Cárdenas.. Temas: Tutela. Medios Judiciales. Ordenamiento Jurídico.

Expediente 25000 11 02 000 2011 01349 02 (10492 23) de 2015

IMPROCEDENTE SANCIONAR A TOGADO POR NO IMPONER RECURSO EL CUAL NO ERA PROCEDENTE DENTRO DEL PROCESO. Improcedente sancionar al togado por el no uso del recurso, pues en primer lugar como se explicó, a pesar de que resulte procedente, requiere además de unos mínimos requisitos para su admisión y resolución, los cuales en el presente asunto, no se entreveían, en razón de la contundencia y conformidad en los hechos que resultaron probados en el proceso policivo. Aunado al deber simultáneo que le asiste a los abogados, de una parte, frente a sus representados en encaminar sus conocimientos y gestión en procura de defender sus intereses, y en segundo orden, con la administración de justicia que para el caso puntual es de lealtad con esta, el cual le imponía obrar con racionalidad y probidad en el uso de los recursos con fundamentos fácticos y jurídicos, con el fin de no abusar de manera injustificada de las vías de derecho, aunado a no ocasionar a su representada otra condena en costas. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón De Gómez. Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 11001 11 02 000 2012 02978 01 de 2015

PRÉSTAMOS SOLICITADOS AL PODERDANTE POR PARTE DEL ABOGADO NO SON MATERIA DISCIPLINARIA, SU INCUMPLIMIENTO LO TRATARÁ LA JURISDICCIÓN CIVIL. Los abogados no les asiste prohibición alguna, relativa a no poder solicitarle dinero prestado al cliente, sin embargo, en el evento de un incumplimiento en su pago, dicho asunto no es de competencia de la Jurisdicción Disciplinaria, pues solo son destinatarios de la Ley 1123 de 2007, los letrados que en ejercicio de su profesión infrinjan los deberes previstos en el Estatuto de la Abogacía; evento que en el caso concreto, no se evidencia, pues se insiste, el dinero obtenido no fue en virtud de honorarios, sino por un préstamo que ni la quejosa y disciplinada han desconocido y, el cual debe ventilarse ante la Jurisdicción Ordinaria en lo Civil. Revocó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Disciplinario. Préstamos. Jurisdicción Civil.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05275 01 de 2015

EL RECHAZO DE LA DEMANDA NO ES CONSTITUTIVO DE SANCIÓN PARA CON EL ABOGADO. El hecho que a un abogado se le rechace una demanda, no se constituye en falta a la debida diligencia profesional, siempre y cuando en un término razonable la retire y la vuelva a radicar corrigiendo las falencias que se le enrostraron, caso contrario ocurre cuando siendo rechazada abandonan la gestión, es decir, no la vuelven a radicar ni le informan de tal situación al cliente, lo cual muchas de las veces genera caducidad de la acción, o prescripción del derecho cobrado, lo cual no ocurrió en el caso en estudio. Revoca. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Sanción. Gestión. Términos.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01250 00 de 2015

EL CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR SE CONCIBE COMO LA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE CONOCIMIENTO PROCESAL. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto aparente de competencia para conocer de la presente investigación penal seguida en contra de los miembros del Ejército Nacional por el delito de homicidio en persona protegida, a la jurisdicción ordinaria representada. Lo anterior teniendo en cuenta que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso, puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria.Dirime. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Competencia. Excepción. Pruebas.

Expediente 11001 01 02 000 2014 01984 00 (9742 20) de 2015

IMPROCEDENTE INCLUIR AL MUNICIPIO EN EL LITIGIO SURGIDO ENTRE EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y EL CONTRATADO. Teniendo en cuenta que la controversia traída se presenta entre particulares, por el pago de una contraprestación por la construcción de una obra civil, regulada en un contrato de oferta mercantil, y sin estar cuestionada la actividad del Municipio de Rionegro, es evidente que su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria civil, dado que el accionado tiene la calidad de contratista independiente, dejando de lado cualquier responsabilidad del Municipio accionado. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Contratos. Contratista Independiente.

Expediente 76001 11 02 000 2010 02323 02 de 2015

RECURSO DE APELACIÓN PODRÁ INTERPONERSE DE MANERA PRINCIPAL O SUBSIDIARIA AL RECURSO DE REPOSICIÓN RESPECTO DE LAS PROVIDENCIAS QUE LO ADMITAN. Esta Superioridad consideró que resultó imperativo revocar parcialmente la decisión tomada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual negó la práctica de pruebas solicitadas por el Juez de Paz de Cali para decretar la prueba testimonial. Lo anterior, teniendo en cuenta que el recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno.Revoca Parcialmente. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Recursos. Práctica. Decisión.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02642 00 de 2015

LA RELACIÓN LABORAL ES LA DETERMINANTE DEL CONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES. La Sala despachó desfavorablemente la solicitud elevada ante esta Corporación por la apoderada de la parte demandante, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues como se anotó en el desarrollo de la litis, el conflicto tuvo génesis en una relación laboral de una entidad pública con un trabajador oficial. Dirime. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.. Temas: Conflicto. Litis. Relación Laboral.

Expediente 11001 11 02 000 2015 00018 01

LA PARTICIPACIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO TUTELAR AFECTA LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE MANERA INSALVABLE. En el caso sub examine debió declararse la nulidad de la actuación, pues el accionante se refirió a irregularidades en la notificación de la providencia de segunda instancia, lo cual es de resorte de la Secretaría Judicial de esta Corporación, ya que en el evento en que hubiese existido alguna anomalía de carácter sustancial en tal trámite, como se dijo, eventualmente afectaría a la Secretaria Judicial de esta Superioridad, y por ende se verían sorprendidos vulnerándoseles así sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Declara. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Tutela. Instancias. Nulidad.

Expediente 19001 11 02 000 2015 00267 01 de 2015.

IMPROCEDENTE ACCIÓN DE TUTELA POR NO SER EL MECANISMO IDÓNEO PARA EL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La Sala decidió modificar la providencia, en el entendido de declarar improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que se infiere que la actora pretende que el juez constitucional por vía de tutela suspenda los efectos del acto administrativo, cuando en el ordenamiento jurídico dispone de la acción de nulidad y de la nulidad y restablecimiento del derecho, como medios idóneos y eficaces para buscar controlar la legalidad del mismo, incluso, pudiendo pedirse como medida provisional que sus efectos no se apliquen mientras que se surte el procedimiento contencioso administrativo y define con sentencia en firme y además porque no acredita que en el caso concreto, se presentan los elementos del perjuicio irremediable, caracterizados por su inminencia, gravedad, medidas urgentes y su impostergabilidad del acto para acudir a dicha acción. Modificar. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Tutela. Improcedente. Acto administrativo.

Expediente 73001 11 02 000 2015 00439 01 de 2015

RESULTA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE AMPARO POR CUANTO EXISTE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL. En varias ocasiones, la sala ha venido insistiendo en el sentido de precisar el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, es decir, que la acción de tutela es subsidiaria en cuanto no exista otro mecanismo judicial principal efectivo para la protección del derecho fundamental vulnerado. Revoca M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Suplantación.

Expediente 47001 11 02 000 2010 00213 01 (10457 23) de 2015

LA PRESUNTA FALTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS APODERADOS NO PUEDE SER CONSTITUTIVA DE SANCIÓN HASTA TANTO NO SE HAYA PROBADO. La profesional del derecho no incurrió en falta disciplinaria por cuanto la consagración de la misma, se sustenta en el deber que ostentan los profesionales del derecho de comunicar verazmente a sus clientes sobre la evolución de la causa judicial para la cual fueron contratados, encontrando en el caso de autos, se demostró que al momento del requerimiento, la quejosa tenía pleno conocimiento del estado del proceso, así que la investigada no tenía una nueva información veraz y oportuna que proporcionarle a su representada. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Sanción. Información. Faltas.

Expediente 05001 11 02 000 2005 00495 01 de 2015.

LA MORA EN EL TRÁMITE PROCESAL DEBE SER INVESTIGADA Y SANCIONADA. Esta Sala constató que en el presente asunto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia dictó auto de apertura de la investigación el 20 de abril de 2005, sin embargo, solo hasta el 28 de febrero de 2013 adoptó decisión de primera instancia. Es decir, la Sala Seccional tardó 7 años y 10 meses en adoptar la decisión de primera instancia, circunstancia que no puede pasarse por alto. Por lo anterior, se expidió y remitió copias para que se investigue la presunta mora en el trámite del presente proceso disciplinario. Revoca. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Sanciones. Mora. Proceso.

Expediente 05001 11 02 000 2011 01805 01 de 2015.

CUANDO EXISTAN DUDAS RAZONABLES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARÍA DEL INVESTIGADO ESTAS DEBEN SER RESUELTAS EN SU FAVOR EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO. La Sala decidió revocar la sanción de 6 meses de suspensión del ejercicio de la profesión teniendo en cuenta que el Seccional, tratándose de una falta tan grave que incluso comportaría la realización de una conducta punible y en donde se debía decretar una prueba técnica (grafológica u otra pertinente), a fin de determinar si la letra con la que al parecer se llenaron los espacios en blanco era del disciplinado o no, si se hizo utilizando la misma tinta o si era posible establecer el tiempo en que ocurrió tal supuesto, simplemente, con una prueba tan insuficiente, dio por sentado que el investigado había cometido un fraude. Es así como en cualquier etapa del proceso en que existan dudas razonables sobre la responsabilidad disciplinaria del investigado, éstas deben resolverse en su favor, pues se entiende que no fue desvirtuada la presunción de inocencia del investigado, tal como lo prevé el artículo 82 de la Ley 1123 de 2007. Revocar. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Suspensión. Responsabilidad disciplinaría. Prueba técnica.

Expediente 11001 11 02 000 2013 03710 01 de 2015.

NO SE RESPONDE DISCIPLINARIAMENTE CUANDO LAS SANCIONES SON IMPUESTAS POR IRREGULARIDADES QUE SOBREPASAN LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA PERSONA INVESTIGADA. La Sala decidió modificar la decisión apelada en la entendido de revocar la parte resolutiva en cuanto se absuelve a una togada que hacia parte de la sanción, partiendo de que al analizar la conducta desplegada por ella esta Superioridad, no comparte en su totalidad lo dicho por el a quo, pues si bien una de sus funciones, según lo establecido en la Resolución No° 2-1892 de 2007, es efectuar seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por los fiscales que conforman la unidad a su cargo, sin desmedro de independencia e imparcialidad funcional, en este sentido, no se puede pretender que dicha vigilancia se extienda hasta el punto de requerir a los Fiscales constantemente de cumplir con sus deberes y obligaciones, pues se encuentra que en el caso bajo estudio, el vencimiento de términos se presentó única y exclusivamente por la negligencia y displicencia de los diferentes funcionarios que tuvieron a su cargo el proceso quienes son los llamados a responder por los casos que se les asigna, y un hecho que no es menor teniendo en cuenta que lo sucedido se presentó en su día de descanso. Modificar. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Sanción. Términos. Imparcialidad funcional.

Expediente 20001 11 02 000 2012 00036 01 (9501 16) de 2015

TANTO LAS PRETENSIONES COMO LA EXCEPCIONES DEBEN SER ESCUCHADAS Y ANALIZADAS ANTES DE PROFERIRSE UN FALLO. La funcionaria investigada omitió referirse en la sentencia de las excepciones propuestas por la parte demandada, quebrantando así el principio de igualdad y acceso a la Administración de Justicia. Por tal motivo, hubo que confirmar el fallo objeto de consulta, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar, a través de la cual se le sancionó a la Jueza Primera Laboral del Circuito de Valledupar con amonestación, como responsable a título de culpa por la comisión de la falta disciplinaria del artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996.Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Excepciones. Responsabilidad. Faltas.

Expediente 68001 11 02 000 2011 01011 01 (10780 25) de 2015

TOGADA EN SU CALIDAD DE FISCAL NO CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL DEBIDO ACCESO A LA JUSTICIA. La Fiscal implicada se hace merecedora de reproche disciplinario, por su desidia en cumplir los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, como era su deber funcional y de contera su obligación en el ejercicio de la competencia que le otorgó la jurisdicción constitucional de fungir como Fiscal, para garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia a la presunta víctima, quien ostentaba la calidad de propietaria del vehículo objeto de hurto. Igualmente, no es de recibo, ampararse en la excesiva carga laboral en el despacho a su cargo para no haber desplegado una actuación efectiva para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, referidos, adoptando las medida preventivas tendientes a la inmovilización del vehículo objeto de hurto. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón De Gómez.  Temas: Disciplinario. Laboral. Acceso a la Justicia.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01302 01 de 2015

VENCIDO EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN NO HABRÁ LUGAR A INTERPONERSE ACCIÓN ALGUNA. El término que la Ley 734 de 2002 llamó “de prescripción de la acción disciplinaria”, el cual se definió en 5 años contados desde el día de la consumación de las faltas instantáneas y desde el último acto constitutivo de falta, en aquellas otras de carácter permanente o continuado, se entiende que dicho espacio de tiempo transcurrió para las presuntas conductas irregulares desplegadas por los encartados, de conformidad a lo anotado en precedencia. Con base en lo anterior, esta Superioridad deberá decretar la terminación del procedimiento, por cuanto la actuación no puede proseguirse en razón del acaecimiento de la prescripción de la acción disciplinaria. Reconoce. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Prescripción. Acción Disciplinaria. Conductas.

Expediente 11001 11 02 000 2012 03749 01 de 2015

IMPUTACIÓN HECHA AL INVESTIGADO CARECIÓ DE CLARIDAD Y PRECISIÓN SIENDO IMPROCEDENTE PARA EMITIR SANCIÓN CON LA MISMA. Dentro de la providencia mediante la cual se procedió a calificar jurídicamente la conducta del investigado, adoleció de la norma constitucional, legal o reglamentaria incumplida, en cambio sí, se sorprendió al disciplinado en el fallo que resolvió declararlo responsable disciplinariamente, por cuanto entre las distintos argumentos que sirvieron de fundamento para arribar a dicha conclusión se expuso como fundamento fáctico la mora en tramitar solicitudes de las víctimas. Así las cosas, en términos de clásicos planteamientos del derecho sancionatorio, la imputación para que comporte fuerza vinculante debe ser clara, precisa y completa, y en el sub judice, la imputación formulada contra el disciplinable no comparte lo mencionado. Decretó. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Disciplinario. Nulidad de lo actuado.

Expediente 68001 11 02 000 2013 00211 01 de 2015

LA INDEBIDA DILIGENCIA POR PARTE DE LOS APODERADOS DERIVA EN SANCIONES DISCIPLINARIAS. Teniendo en cuenta que por disposición del artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 quien cometa una de las faltas allí contempladas será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, debiéndose en consecuencia cuantificar la sanción a imponer con observancia de los criterios establecidos en el artículo 45 ejusdem. Por tal motivo, hubo lugar a confirmar la providencia apelada proferida mediante la cual sancionó con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la suspensión de la profesión a la abogada, tras hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al no cumplir con el deber de la debida diligencia. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Sanción. Suspensión. Debida Diligencia.

Expediente 11001 11 02 000 2013 05108 01 de 2015

ARGUMENTOS DE NULIDAD SALEN DEL CONTEXTO DE LA FALTA DISCIPLINARIA COMETIDA POR EL TOGADO. Improcedente la nulidad solicitada bajo el argumento que existen términos como “antijurídico” y “culpabilidad”, que según el quejoso no tienen aplicabilidad en el proceso disciplinario, no tiene ninguna relación con el caso bajo estudio, toda vez que en nada afectan los términos utilizados cuando se trata de atribuirle o no una conducta a un investigado, es decir, que no hay relevancia sobre este asunto en cuanto a si se cometió no un determinado comportamiento que pueda estar contraviniendo una prohibición establecida en la ley 1123 de 2007 como falta. Además el hacer uso de estos términos jurídicos en desarrollo de una explicación para indicar que la conducta encuadra en una norma de tipo disciplinario y esta acción resulta contraria a derecho. Confirmó. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Disciplinario. Nulidad. Administración de Justicia.

Expediente 11001 11 02 000 2013 07363 01 de 2015

MEDIANTE LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO COMO ABOGADOS SE TRAMITARÁ LA INDEBIDA DILIGENCIA PROCESAL POR PARTE DE LOS TOGADOS. Coherente con el marco normativo pertinente para la causa y probado que la investigada incurrió en la falta consagrada en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que la conducta fue calificada como dolosa, los perjuicios ocasionados al quejoso, además de la desconfianza que genera hacia los profesionales del derecho la conducta reprochada a la disciplinada, constituyó la realidad determinante para imponer sanción de 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Togados. Perjuicios. Investigación.

Expediente 41001 11 02 000 2012 00575 01 (10013 21) de 2015

ERA IMPERATIVO AL OPERADOR DISCIPLINARIO IMPONER LA SANCIÓN DE EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN AL IMPLICADO POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS DOLOSAS. Del desarrollo de la litis se desprendió que el abogado incurrió en la conducta endilgada, pues estando excluido para ejercer la profesión de abogado, intervino dentro del proceso penal. Lo anterior, teniendo en cuenta que mientras se ejecuta la sanción impuesta no puede ejercer la profesión, porque ello implica la incursión en ejercicio ilegal de la profesión. Por lo anterior, la Sala confirmó la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, a través de la cual se sancionó con exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado por la comisión de la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 al incurrir en la incompatibilidad establecida en el numeral 4 del artículo 29 ibídem, a título de dolo. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de GómezTemas: Incompatibilidad. Exclusión. Conductas Dolosas.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02816 00 de 2015

AL TRATARSE DE UN DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRA UNA ENTIDAD PÚBLICA ES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Asignado el conocimiento de la demanda ordinaria de Responsabilidad Civil Extracontractual contra EMGESA S.A. E.S.P., a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al determinar que como lo pretendido por el actor es la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios económicos y sociales ocasionados con la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se sale de la esfera de lo comercial y contractual que se rige por el derecho privado para cuestionarse su actuar como empresa de servicios públicos mixta con participación estatal superior al 50%, que desplaza la competencia del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asignó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Responsabilidad Civil Extracontractual.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00862 00 (10595 24) de 2015

LOS HECHOS NARRADOS DENTRO DEL PROCESO NO DETERMINAN LA NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL FUERO CASTRENSE. Asignada la competencia para el conocimiento de la investigación adelantada por el delito de homicidio de tres personas en la vereda El Carmelo del Municipio de Nariño, Antioquia, a la Fiscalía 102 Especializada DDHH Y DIH de la ciudad de Medellín, al establecer que se asigna el conocimiento de los delitos a la Justicia Ordinaria y sólo por excepción, cuando se hallen presentes los elementos identificadores del fuero militar, a la Justicia Penal Militar para conocer respecto de los mismos, cuando se vean involucrados miembros de la Fuerza Pública, partiendo que los elementos de convicción allegados al infolio, generan duda respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales acaecieron los hechos en los cuales resultaron muertos tres presuntos integrantes de grupos subversivos, y de este modo no se determina el por qué se hubiera podido inferir competencia exclusiva al fuero castrense. Asignó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Competencia. Fuero Castrense. Jurisdicción Penal Ordinaria.

Expediente 73001 11 02 000 2010 00922 01 de 2015

EL INTERVENIR EN UN PROCESO COMO JUEZ AL CREAR SITUACIONES PERSONALES CON ALGUNA DE LAS PARTES GENERA SERIAS SANCIONES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA. En el presente asunto no se objetó el contenido específico de alguna providencia adoptada disciplinado en el desarrollo del proceso 2001-00049. Por el contrario, se reprochó su irrespeto a su deber legal de declararse impedido con posterioridad al 26 de mayo de 2010 y de abstenerse de actuar cuando su imparcialidad se había visto comprometida por situaciones personales que se suscitaron con uno de los individuos sometidos a su jurisdicción en el caso concreto. De esta manera, la autonomía judicial de la cual era titular, no lo blindaba ni le generaba alguna suerte de “inmunidad” disciplinaria cuando se acreditó que con su conducta se alejó ostensiblemente de las normas aplicables al procedimiento de ejecución civil. Confirma. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Imparcialidad. Jurisdicción. Declaración.

Expediente 27001 11 02 000 2013 00015 01 de 2015

NO SE ADVIRTIÓ GESTIÓN ALGUNA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA NORMA Y DEL COMPORTAMIENTO PERMISIVO Y OMISIVO DEL DISCIPLINADO. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Seccional de la Judicatura del Chocó, sancionó al disciplinado con 12 meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para el ejercicio de la función pública, decisión que compartió esta superioridad funcional, pues, quedó plenamente demostrado que el disciplinado conoció las maniobras dilatorias del demandado en el proceso ejecutivo y de las omisiones del secuestre y que pese a que el Decreto 1400 de 1970, normatividad que regulaba el proceso que cursaba ante su Despacho, le atribuía la función de dirigir e impulsar el recto curso del proceso, dejó de lado las reiteradas solicitudes del apoderado del demandante, para que las ejerciera, permitiendo la dilación del proceso, en su etapa final. Por tal motivo, la sanción respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta que con su actuar, el juez investigando, conculcó la confianza ciudadana en la administración de justicia. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Proporcionalidad. Impulso. Secuestre.

Expediente 73001 11 02 000 2013 00412 01 (8858 17) de 2015

PROCEDENTE REVOCAR LA DECISIÓN ABSOLUTORIA: AL TOMARSE ESTÁ NO SE CONTABA CON EL MATERIAL PROBATORIO SUFICIENTE. Revocada decisión por medio de la cual se abstuvo el ente juzgador de proferir cargos en contra del auxiliar de la justicia en su condición de perito, para que en su lugar prosiga con la actuación, al determinar que al momento de adoptarse la determinación por el a quo, éste no contaba con el material probatorio necesario para ello, pues no se tenía certeza del resultado y valoración del documento objetado, elemento probatorio indispensable para establecer la realidad de lo contenido en el dictamen presentado por el investigado, situación que se hace necesaria investigar, por lo cual debe proseguirse con la

Expediente 11001 01 02 000 2015 01061 00 C de 2015

LOS ACTOS COMETIDOS POR EL INVESTIGADO NO CORRESPONDÍAN A LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, POR LO TANTO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA. Dentro del conflicto de jurisdicciones, suscitado entre el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge en el municipio de Páez-Cauca y el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Conocimiento de Silvia Cauca, con ocasión del proceso penal que se adelanta por el delito Acceso Carnal Violento y Agravado, se asignó la competencia a la jurisdicción ordinaria, al determinar que el investigado sabia y conocía que la sobrina de su compañera era una menor de edad y que el realizar conductas como de las que se le acusa, no son propias de la cultura ancestral de su comunidad, ni tenía la pretensión de constituir un núcleo familiar a efectos de conformarlo, pudiendo diferenciar y comparar la particular cosmovisión de los indígenas, siendo el ilícito por el que se le acusó un hecho que conforme al ordenamiento legal es materia de penalización. Asignó. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Competencia. Delitos Sexuales. Penal.

Expediente 68001 11 02 000 2014 01418 01 (10363 23) de 2015

LA ACCIONANTE DEBIÓ RECURRIR A LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACUERDO QUE NEGÓ EL PAGO DE SUS ACREENCIAS LABORALES. Revocada decisión que protegió los derechos fundamentales reclamados por actora y ordenó a la accionada ejecutar cancelación de las acreencias laborales de la actora, incluida la prima de navidad, al determinar que la tutela no está llamada a prosperar, toda vez que no es esta la vía apropiada para obtener el pago de sus acreencias salariales reclamadas en razón a la no renovación de la medida de descongestión que gobernaba el cargo de sustanciador que desarrollaba en el Juzgado Primero Segundo del Circuito Especializado de Bucaramanga, existiendo la vía judicial, es decir, puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para atacar el Acuerdo para que sea el juez natural quien resuelva las pretensiones traídas en la presente acción constitucional. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Laboral. Tutela. Jurisdicción Administrativa.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06189 01 de 2015

LAS MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO GOZAN DE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL CONSTITUCIONALMENTE ESTATUIDA PARA EL DEBIDO PROCEDER DE SU ACTUAR LABORAL. La Sala considera reprochable la conducta desplegada en el presente caso por la empresa Casa Limpia S.A. Si bien no se discute su desconocimiento del embarazo que enfrentaba la accionante antes del 20 de octubre de 2014, una vez conoció tal situación se abstuvo de reactivar el vínculo laboral y condicionó tal posibilidad a que ella asumiera “voluntariamente” el pago mensual de sus aportes a la seguridad social. Esta clase de proceder se aparta ostensiblemente de los deberes constitucionales en cabeza tanto de las autoridades públicas como de los particulares, en materia de protección a las personas que atraviesan por situaciones de debilidad manifiesta vulnerando sus derechos. Revoca. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Protección. Embarazo. Condición.
Expediente 66001 11 02 000 2011 00049 01 (8684 17) de 2015

LA TOGADA INCURRIÓ EN UNA EVIDENTE FALTA AL NO ENTREGAR LOS DINEROS PRODUCTO DE LA GESTIÓN ENCOMENDADA. Confirmada sentencia que sancionó a togada tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, con suspensión de 12 meses en el ejercicio de la profesión, al entender que la misma en su condición de abogada y por su experiencia profesional, era plenamente conocedora que al no entregar el dinero producto de la gestión para la cual fue contratada, del cual despojó a su cliente bajo una excusa alejada de la realidad, conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la profesión. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Disciplinario. Falta a la Profesión.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00884 00 (10610 24) de 2015

CRITERIOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE DESATAR CONFLICTOS COMO EL DE AUTOS SON EL PERSONAL, EL TERRITORIAL, EL INSTITUCIONAL Y EL OBJETIVO. Esta confluencia de factores, en el caso de autos amerita que la ponderación entre la protección de la diversidad étnica y cultural y los derechos de la víctima se incline en favor de esta última, entendiendo que el factor orgánico institucional de la etnia es insuficiente para garantizar los citados derechos. En consecuencia, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, pues si bien es cierto el asunto fue remitido a esta Colegiatura por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, atendiendo el principio de economía procesal, pues es este quien debe continuar con su trámite atendiendo la decisión del Tribunal y de esta Corporación. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Conflictos. Garantías. Atendiendo.

Expediente 11001 11 02 000 2011 02246 01 de 2015

LA FUNCIONARIA ACTUÓ DE MANERA IRREGULAR AL NO EJECUTAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROMOVER EL TRÁMITE INCIDENTAL DE EXCLUSIÓN PARA AUXILIAR DE JUSTICIA. Confirmada sentencia que condenó a togada en su condición de Juez Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses tras hallarla responsable de la prohibición descrita en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, dado que luego de haberse ordenado el inicio del trámite incidental de exclusión para el auxiliar de la justicia, durante casi 4 años, no se llevó a cabo ninguna actuación tendiente a completar dicho trámite, dejándose en el olvido absoluto su cumplimiento, a pesar de que el proceso entró al despacho de la funcionaria para resolver otros diversos asuntos, sin que se le imprimiera trámite alguno al citado incidente. De este modo, la funcionaria sentenciada no ejecutó acto alguno, en orden a cumplir con un acto propio de sus funciones, con el consecuente daño que ello deriva para la administración de justicia y para los asociados que se ven defraudados al no encontrar respuesta estatal. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Disciplinario. Laboral. Sanción.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00854 00 de 2015

POR FALENCIAS EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SE DESIGNÓ CONOCIMIENTO DEL PROCESO A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. Consejo Superior de la Judicatura asignó el conocimiento del proceso penal adelantado el sindicado, a la Justicia Ordinaria, radicada en el Juzgado Segundo Penal del Circuito, y la Fiscalía 25 Seccional De San Pedro de los Ipiales, Nariño, o Quienes Hagan sus Veces, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o accesorios y municiones, aunado a las serias falencias en cuanto a la institucionalidad de la Comunidad Indígena para el juzgamiento de sus pares. Asigna. M.P. Angelino Lizcano Rivera Temas: Armas de Fuego. Jurisdicción Competencia.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01931 01 AA de 2015

EL ACTOR ENTREGÓ A SUS APODERADOS DOCUMENTOS DONDE SE LE RECONOCÍA UNA SUMA DIFERENTE A LA PERCIBIDA POR HONORARIOS. Confirmada sentencia que sancionó con cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a togado por encontrarlo responsable de incurrir en la falta establecida en el artículo 34 g de la Ley 1123 de 2007, toda vez que en los documentos en los que se evidencia que el disciplinado le entregó dinero a sus clientes, se observa que tenía plena conciencia de que iba a obtener parte de la indemnización por un concepto distinto al pago de honorarios o a las expensas del trámite para el que le fue otorgado poder, lo que indica que con plena voluntad incurrió en la conducta prohibida. Confirmó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño.  Temas: Disciplinario. Abogados.

Expediente 11001 11 02 000 2011 03542 01 (10428 23) de 2015

LA ACCIÓN DISCIPLINARIA PRESCRIBE EN UN PERIODO DE CINCO AÑOS DESDE LA OCURRENCIA DE LA FALTA. Declara la terminación de la investigación donde determinaron responsable a togada en su calidad de Fiscal 131 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá por haber trasgredido la prohibición de que trata el numeral 6 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, imponiendo sanción de suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo, al determinar que el Estado perdió la facultad sancionadora en el presente evento, teniendo en cuenta que las actuaciones por las cuales se inició investigación disciplinaria contra la investigada, dado que la acción disciplinaria años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma prescribe en cinco. Decretó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Disciplinario. Prescripción.

Expediente 50001 11 02 000 2015 00196 01 de 2015

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS FUERON ENTREGADOS EN EL TRANSCURSO DE LA ACCIÓN DE TUTELA: HECHO SUPERADO. Negada la protección del derecho de petición de la accionante al determinar que la entidad accionada a través de la Coordinación de Talento Humano dio respuesta a la solicitud deprecada por la accionante con antelación de la presente acción de tutela y antes de proferirse la sentencia de primera instancia, , pues se emitió la certificación laboral en la que constaban los cargos, despachos y periodos en los que laboró la accionante para la Rama Judicial. Configurándose la carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que dio vida a la acción de tutela. Revocó. M.P. José Ovidio Claros Polanco.. Temas: Tutela. Derecho de Petición. Hecho Superado.

Expediente 50001 11 02 000 2010 00534 01 de 2015

LA DECLARATORIA DE NULIDAD SE ENCUENTRA ORIENTADA A QUE SE CORRIJAN ERRORES PROMINENTES EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO Y EN EL TRATAMIENTO DEL DISCIPLINADO. Contrario a lo sostenido por la defensora del investigado, esta Sala no encontró ninguna incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo, pues como se expuso previamente, la imputación fáctica y la imputación jurídica fueron siempre las mismas y estuvieron correctamente delimitadas y analizadas. En consecuencia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta deberá rehacer la actuación respectiva, adoptando todas las medidas para practicar oportuna y correctamente las pruebas que fueron practicadas con posterioridad al vencimiento del traslado ordenado, procurando garantizar el derecho de defensa y el debido proceso a cada uno de los sujetos procesales. Decreta. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño.  Temas: Errores. Incongruencias. Sujetos Procesales.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02306 00 de 2015

LOS PROCESOS DONDE SE INVOLUCRE A LAS ENTIDADES PARTICULARES, ASÍ SEA SOLIDARIAMENTE, DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA. Asignado el conocimiento de demanda ordinaria laboral incoada contra el Departamento de Magdalena como solidario del propietario de Chemical Products, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al determinarse que en el mencionado no puede limitarse el análisis de las pretensiones a un simple conflicto de carácter laboral suscrito entre dos particulares, pues la causa que originó ese contrato es el servicio a una entidad pública por cuya acción u omisión está siendo llamada solidariamente y siendo así, su eventual responsabilidad sólo puede ser valorada por su juez natural que es el contencioso administrativo aún en las situaciones en que ésta pueda ser compartida con personas de derecho privado. Asignó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Conflicto de Competencia. Jurisdicción Administrativa. Laboral.

Expediente 05001 11 02 000 2013 02686 01 de 2015

SANCIONADO TOGADO POR INCOAR LA MISMA DEMANDA DOS VECES, ABUSANDO DE LA JUSTICIA. Confirmada sentencia que sancionó con suspensión por el término de dos meses en el ejercicio de la profesión a togado al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que este presentó sendas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, de este modo al darse cuenta de la existencia de los dos documentos idénticos se procedió a iniciar investigación, de este modo abusó del derecho, al presentar acciones judiciales, haciendo que la justicia se pronunciara dos veces sobre el mismo asunto. Tal conducta, fue desplegada sin justificación alguna, afectando el deber profesional de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, pues el mismo togado reconoció sin dubitación alguna y así se comprobó, que incoó 2 veces la misma demanda sin pretender excusarse por ello. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Sanción. Disciplinario.

Expediente 20001 11 02 000 2010 00501 03 de 2015

EL TOGADO INCURRIÓ EN MANIOBRAS DILATORIAS DENTRO DEL PROCESO CON EL ÚNICO FIN DE RETRAZAR LA SENTENCIA DE CASACIÓN. Confirmada sentencia que sancionó a abogado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, al hallarlo responsable de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por haber desplegado actuaciones dilatorias al interior de un proceso ordinario laboral, de este modo con su actuar contravino las normas mínimas de comportamiento ético plasmadas en la Ley 1123 de 2007 para orientar el ejercicio de la profesión, pues afectó el normal desarrollo del trámite del recurso de Casación al interior del proceso el cual dada la importante función que reviste, debe desarrollarse de la manera más expedita posible.Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Disciplinario. Deberes del Abogado.

Expediente 11001 11 02 000 2010 00664 01 (9239 19) de 2015

EL ENTE JUZGADOR COMETIÓ UN ERROR AL DETERMINAR UN AGRAVANTE NO ESTABLECIDO POR LA NORMA SOBRE LA CUAL SE LE IMPUTARON LOS CARGOS. Declarada la nulidad de lo actuado dentro del proceso donde se sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a togado al hallarlo responsable de la falta contenida en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, en razón de haberse vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso del disciplinable, dado que en primera instancia al momento de realizar la calificación jurídica provisional de la actuación, le formuló cargos por la presunta comisión de la falta prevista en los numerales 3 y 4 del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, por la indebida retención de dineros del cliente, la cual agravó bajo los lineamientos del numeral 4 del literal c del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, de este modo el sub lite se desarticuló la ritualidad del procedimiento disciplinario, restringiendo los actos procesales. Negó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Debido Proceso. Nulidad de lo Actuado.

Expediente 08001 11 02 000 2015 00151 01 de 2015

LA TUTELA DEBÍA SER RADICADA ANTE LOS JUECES DE CIRCUITO. Declarada la nulidad de lo actuado dentro de la a tutela incoada contra el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) y otros, al establecer que le corresponde a los Jueces del Circuito o con categoría de tales, conocer de las tutelas que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. Es decir, la devolución de un caso para el cual no se es competente, no puede depender de un reparto o distribución caprichosa, sino de las expresas manifestaciones que respecto de ello hace la ley o el reglamento, el cual, se itera, fue declarado ajustado al ordenamiento jurídico por el Consejo de Estado y avalado por la Corte Constitucional. Declaró Nulidad. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Tutela. Nulidad. Competencia.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00347 00 de 2015

LO RELACIONADO CON ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA SON COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL. Dirimido el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, por los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Séptimo Administrativo Oral, ambos de la ciudad de Santa Marta, en relación con el conocimiento de la demanda de responsabilidad civil extracontractual, declarando competente a la jurisdicción ordinaria representada por el juez civil, dado que lo relacionado con asuntos de responsabilidad médica y relacionados con contratos en asuntos de seguridad social, serán del conocimiento de la justicia civil, en el sentido que la norma establece que las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadora, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, es decir, no puede interpretarse que dicha excepción responde a la necesidad de acudir a la justicia de lo contencioso administrativa. Dirimió. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Conflicto de Competencia. Jurisdicción Civil.

Expediente 05001 11 02 000 2011 02647 01 de 2015

LA CONDUCTA ENDILGADA SE REALIZÓ BAJO LA MODALIDAD CULPOSA AL ENCONTRAR ELEMENTOS QUE PERMITIERON CONCLUIR QUE POR PARTE DE LA DISCIPLINABLE HUBIERE EXISTIDO ALGÚN ÁNIMO DE PERJUDICAR A SU CLIENTE. En relación con la sanción impuesta por el A quo a la disciplinada, observa esta Superioridad, que la misma consultó los parámetros establecidos en los artículos 41 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, su antijuricidad y los antecedentes disciplinarios de la infractora, para imponerla, por lo que considera la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que debe mantenerse en su integridad la sanción de 2 meses de suspensión, impuesta. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Imposición. Integridad. Antijuricidad.

Expediente 68001 11 02 000 2011 00017 01 de 2015

EL JUEZ SE ATRIBUYÓ UNA COMPETENCIA QUE NO ERA PROCEDENTE, HACIENDO NULAS LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS CONTRA LOS TOGADOS. Declarada la nulidad de lo actuado dentro del proceso donde se sancionó a dos togados con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, al determinar que los actos fraudulentos atribuidos al comportamiento de los juristas investigados en las jurisdicciones de Norte de Santander y Bolívar, entre tanto el presunto proceder engañoso que pretendió burlar el criterio de los jueces constitucionales se dio con la presentación de la acción, de este modo no tiene asidero jurídico el criterio de competencia propugnado por la Sala a quo, según el cual la comisión de la falta se originó en su jurisdicción, tras calificarse como omisiva la conducta de ambos juristas, al no presentar la acción de tutela en el lugar de domicilio y trabajo del cliente, pues el tipo disciplinario endilgado presupone un acto positivo, lo que ubica la comisión de la falta en el lugar en que se causa el acto fraudulento, es decir, donde se solicitó, al parecer irregularmente, el amparo de unos derechos constitucionales. Declaró. M.P. María Mercedes López MoraTemas: Nulidad. Sanción. Disciplinario.

Expediente 66001 11 02 000 2014 00198 01 de 2015

LA EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN A LOS ABOGADOS POR CONDUCTAS INDEBIDAS NO VULNERA EL DERECHO AL TRABAJO. La sanción de exclusión de la abogacía no resulta desproporcional ni atenta contra los derechos fundamentales del disciplinado, pues como lo ha establecido la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la norma que la consagra, la sanción de exclusión que margina a los abogados del ejercicio de su profesión de manera definitiva, cuando han incurrido en conductas disciplinarias que atentan contra el mismo, no desconoce de ninguna manera el derecho fundamental al trabajo, por cuanto este se mantiene vigente cuando se ejerce con dignidad y decoro, mientras el profesional actúe con sujeción al estatuto del ejercicio de la abogacía y no se haga merecedor a la aplicación de sanciones por las faltas en que puedan incurrir por las actuaciones determinadas en el mismo. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Derecho al Trabajo. Conductas. Profesión.

Expediente 54001 11 02 000 2015 00552 01 de 2015

EL CONCEPTO MÉDICO EXTERNO VINCULA A LA EPS, OBLIGÁNDOLA A CONFIRMARLO, DESCARTARLO O MODIFICARLO, CON BASE EN CONSIDERACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. El concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. Por consiguiente, esta Superioridad confirmará la decisión del A quo, a fin de que la accionante sea evaluada por los especialistas en cirugía plástica adscritos a la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional y determinen si los procedimientos quirúrgicos que la tutelante, más que contribuir a embellecer su figura, mejorarían su calidad de vida en las condiciones de dignidad que merece. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Médicos. Obligación. Vínculos.

Expediente 11001 11 02 000 2013 00693 01 de 2015

SUSPENDIDO TOGADO POR 2 MESES ANTE SU COMPORTAMIENTO OMISIVO PARA REINTEGRAR SUMAS QUE NO LE CORRESPONDÍAN. Confirmada sanción de suspensión de dos años en el ejercicio de la profesión, impuesta a togado tras hallarlo responsable de la comisión de la falta contenida en el artículo 35, numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, al encontrar que este retuvo la suma de $25.061.390.oo a sabiendas que no le correspondían, pues a pesar de ser advertido de la irregularidad mencionada, no dirigió su voluntad a actuar conforme se lo exige la ética profesional. Es decir, no se evidenció la intención del letrado de no quedarse con lo que no le corresponde, sino todo lo contrario, pues no desarrolló acciones con la finalidad enunciada ni siquiera al tener conocimiento de la presente actuación disciplinaria, sin que se observe justificación alguna al comportamiento omisivo del letrado Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. D. Temas: Disciplinario. Suspensión.

Expediente 68001 11 02 000 2012 00207 01 de 2015

LA MATERIALIDAD DE LA FALTA ENDILGADA AL TOGADO SE ENCONTRÓ ACREDITADA Y POR ELLO FUE PROCEDENTE LA SANCIÓN. Contrario a lo manifestado por el recurrente, existió total claridad y certeza sobre la materialidad de la falta, dado que la abogada requirió de sus poderdantes unas sumas de dinero para asumir unos gastos irreales, pues el proceso materialmente nunca existió, puesto que la demanda fue rechazada. Pese a que la sanción no fue objeto de reproche por la defensa de la disciplinada, esta Colegiatura se pronunció al respecto, para confirmarla, puesto que la misma se ajustó a los criterios contenidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. Lo que hace innegable la trascendencia social de la conducta desplegada por la abogada, y los perjuicios causados a los quejosos, amén de las artimañas que utilizó para defraudar la confianza que estos depositaron en ella. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Sanción. Acreditación. Confianza.

Expediente 20001 11 02 000 2013 00463 01 de 2015

EL TOGADO ACTUÓ DE MANERA IRREGULAR AL ACEPTAR EL CONOCIMIENTO DE UN PROCESO ESTANDO SUSPENDIDO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. Confirmada sentencia que impuso sanción de exclusión de la profesión a abogado al hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 35 numeral 3 y 39 de la Ley 1123 de 2007, al establecer que el profesional teniendo el conocimiento de que estaba suspendido en el ejercicio de la abogacía, decidió suscribir y aceptar poderes de una gestión, generando expectativa en su cliente de que se encargaría del asunto y haría valer sus derechos, cuando en realidad estaba impedido para ello. La misma clara intención se evidencia, al haber exigido y recibido dineros para gastos irreales que no podían generarse ya que no iba a promover trámite administrativo o judicial alguno y en efecto no lo hizo, es decir, se aprovechó de su cliente para obtener una suma de dinero sin cumplir el objetivo para el cual le fue entregado. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Disciplinario. Suspensión de la Profesión.

Expediente 76001 11 02 000 2012 01778 01 de 2015

LAS CONSECUENCIAS DE UNA CONDUCTA DISCIPLINABLE SON FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE EMITIR UN FALLO CONDENATORIO. Al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia fue confirmar la sentencia apelada. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la dosificación de la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 meses, la Sala mantuvo la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; la no presencia de antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad dolosa de la conducta. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco Temas: Conductas. Consecuencias. Factores.

Expediente 13001 11 02 000 2010 00172 02 de 2015

UNA VEZ PRESCRITA LA ACCIÓN DISCIPLINARIA NO HABRÁ LUGAR A OBJECIÓN ALGUNA. En virtud de la protección del debido proceso del disciplinable resultó forzoso dar aplicación al artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que contempla el acaecimiento de la prescripción trascurridos de cinco años contados a partir de la consumación de la falta, esto es del el 6 de agosto de 2008. De esta manera, en el caso sub examine, cuando se venció el término señalado como perentorio para proferir la decisión según lo prescrito por el artículo del Código de Procedimiento Civil como perentorios para proferir la decisión, evidenció que la acción disciplinaria prescribió el 6 de agosto de 2013. Declara. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Prescripción. Falta. Acaecimiento.

Expediente 70001 11 02 000 2011 00547 01 de 2015

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ES UN INSTITUTO JURÍDICO LIBERADOR BAJO EL CUAL POR EL SIMPLE PASO DEL TIEMPO SE EXTINGUE LA ACCIÓN O CESA EL DERECHO DEL ESTADO A IMPONER UNA SANCIÓN. La prescripción surge de la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado y el derecho del indiciado a que su situación no permanezca indefinidamente en el tiempo. En suma, el término de la prescripción de la acción disciplinaria se cumplirá en 5 años, interregno que comenzará a contarse para las faltas permanentes desde el último acto de perfeccionamiento de la conducta, mientras que para las instantáneas al momento de la consumación de la falta. De modo que, fue imperativo declarar la terminación del procedimiento contra el implicado, una vez verificado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria, entendiéndose imposible continuar con la investigación sobre los hechos que refieren a la decisión emitida Declara. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Prescripción. Conducta. Sanción.

Expediente 05001 11 02 000 2010 01881 01 de 2015

EL SERVIDOR PÚBLICO ESTÁ SOMETIDO A LAS SANCIONES DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL CUANDO COMETA LAS FALTAS GRAVÍSIMAS DOLOSAS O REALIZADAS CON CULPA GRAVÍSIMA. Siendo pertinente resaltar la gravedad de la conducta imputada por la funcionaria investigada, quien con su irregular conducta, desconocedora de las normas procedimentales, tramitó un proceso sin ni siquiera tener competencia para ello, y coadyuvó para que se defraudara el patrimonio del Instituto de los Seguros Sociales. Hubo la necesidad, de confirmar, en todas sus partes, en cuanto a la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general durante un lapso de 16 años a la disciplinada. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Sanciones. Destitución. Conductas.

Expediente 11001 01 02 000 2004 02367 00 (417 5) de 2015.

CUANDO LA SANCIÓN DISCIPLINARIA PRESCRIBE EN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA LEY, NO PUEDE SER EJECUTADA POR NINGUNA ENTIDAD. El Consejo Superior de la Judicatura decidió decretar la prescripción de la sanción disciplinaria al abogado en su condición de Fiscal por haberse configurado la causal de extinción de la sanción disciplinaria, teniendo en cuenta el artículo 32 de la Ley 734 de 2002, mediante el cual se verifica que el Estado perdió la facultad sancionadora, pues la decisión mediante la cual se condenó al investigado, fue proferida el 16 de octubre de 2008, pero la sanción no pudo ser ejecutada, por lo que dicha fecha marca el tiempo de prescripción, estipulada en la citada normatividad, y como quiera que desde esa fecha hasta el mes de mayo de 2015, han transcurrido más de cinco años, se considera por parte de esta Entidad que la misma se encuentra prescrita. Decretar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Sanción. Prescripción. Disciplinaria.

Expediente 05001 11 02 000 2015 00634 01 de 2015

EN LOS CASOS QUE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA NO OPERE DE MANERA DILIGENTE SE HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. En el presente caso es la jurisdicción constitucional conforme al artículo 86 de la Constitución Política la que debe otorgar protección inmediata a sus derechos al debido proceso y al trabajo dada la ineficacia del otro medio de defensa judicial. Esto, teniendo en cuenta que el Seccional de instancia advirtió la existencia de un error por parte del Ejército Nacional en el trámite de definición de la situación militar del accionante, concretamente al momento de la elaboración y entrega del recibo por concepto de la cuota de compensación militar, lo cual en ningún caso puede afectar los derechos fundamentales del administrado. Por lo anterior, sea concediendo la tutela de los derechos fundamentales a la libertad personal y debido proceso invocados en favor del tutelante. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora.  Temas: Libreta Militar. Ejército Nacional. Compensación.

Expediente 76001 11 02 000 2014 00711 01 de 2015

IMPROCEDENTE INICIAR PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA JUEZ, CON BASE A LAS DECISIONES QUE EL MISMO TOME. Confirmada decisión que resolvió abstenerse de abrir investigación disciplinaria contra togado en su condición de Juez 15 Laboral del Circuito de Cali, y en consecuencia, ordenó el archivo definitivo de las diligencias, establecido que a los funcionarios judiciales les asiste la autonomía funcional como derecho al momento de administrar justicia, ello quiere decir, que por sus decisiones no son sujetos disciplinables, en tanto todas ellas son debatibles a través de las instancias pertinentes, por ende, la interpretación ponderada del juez al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, es del resorte de su autonomía funcional y no es admisible que las mismas se controviertan a través de un proceso disciplinario. Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Disciplinario. Archivo de Investigación.

Expediente 11001 01 02 000 2010 02058 00 de 2015

IMPROCEDENTE ABRIR INVESTIGACIÓN CONTRA EL TOGADO, LA DILATACIÓN DE LOS PROCESOS CORRESPONDIÓ A LA CARGA LABORAL. La Sala procedió a absolver a togado en su calidad de Magistrado del Tribunal Superior de Cali-Sala Civil, al determinar que la dilación en el trámite de los procesos en el despacho, no es imputable a una conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario investigado, sino por el contrario, que la misma obedece a la cantidad de trabajo que tenía en el despacho a su cargo, con lo cual justifica su responsabilidad personal, pues cumplió con su deber de ir evacuando los procesos sometidos a su consideración, lo que demuestra la inexistencia de intención de sustraerse del cumplimiento de los términos lo que hace que su proceder no constituya falta disciplinaria. De este modo, evidenciado el elemento de irresistibilidad de la situación concreta del funcionario cuestionado, no se remite a dudas la ausencia de tipicidad. Absolvió. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Disciplinario. Carga Laboral.

Expediente 11001 01 02 000 2014 01816 00 de 2015

LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEBE EJERCERSE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES O PROHIBICIONES PROPIOS DE LA FUNCIÓN O DE INCURSIÓN EN INHABILIDADES. En el presente caso, los abogados sancionados, al parecer mediante decisiones del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de las que la magistrada Olga Fanny Pacheco Álvarez habría sido ponente, afirman que la Magistrada ha tomado decisiones erradas y arbitrarias (en contra de la dignidad humana), parcializadas (para favorecer a los que a ella le interesan y fundadas en el odio) y violatorias del derecho a la igualdad (no mide a todos con el mismo racero). Los denunciantes, sin embargo, no identifican los procesos dentro de los cuales se habrían producido las decisiones que consideran arbitrarias, ni indican, en concreto, cuáles han sido las actuaciones o decisiones de la Magistrada que han vulnerado la garantía de imparcialidad o el derecho a la igualdad. La Sala observa que está ante una denuncia genérica, que no identifica ni concreta cuales son las actuaciones o decisiones arbitrarias, parcializadas o contrarias al derecho a la igualdad que habrían sido adoptadas por la magistrada Olga Fanny Pacheco Álvarez. La queja no refleja tampoco el incumplimiento de ningún deber propio de las funciones judiciales de la Magistrada ni la vulneración del derecho a la igualdad o de la garantía de imparcialidad en perjuicio de ninguna persona individualizada, dentro de una actuación judicial determinada, y en esta medida, la denuncia no da cuenta de la posible comisión de algún hecho con relevancia disciplinaria. Se Inhibe. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño . Temas: Disciplinario.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00169 00 de 2015.

SE DIRIME CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIÓN DE COMPETENCIA BASADO EN LAS EXCEPCIONES DEL ARTÍCULO 105 DEL CPACA. Decidió la Sala dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre lo contencioso administrativo y lo ordinario, y le asigna al Juzgado Promiscuo Municipal de Manaure, el conocimiento de la demanda verbal de menor cuantía, teniendo en cuenta que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado y la demanda se refiere a una controversia por responsabilidad extracontractual, relacionada con hechos ocurridos dentro de giro ordinario de sus negocios, situación que se enmarca dentro de la excepción consagrada en el numeral 1 del artículo 105 del C.P.A.C.A., luego, para la Sala los argumentos del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, son lo suficientemente claros y contundentes, no hay duda que el caso objeto de estudio se enmarca dentro de las excepciones, no siendo de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo asignar el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria, como anteriormente se señaló. Dirimir. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Jurisdicción. Competencia. Contencioso administrativo. Ordinario.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02130 00 de 2015

UNA FALTA DISCIPLINARIA NO PUEDE CONSTITUIRSE POR EL SÓLO HECHO QUE EL DEMANDANTE ASÍ LO CONSIDERE. Los operadores judiciales, en el marco de sus competencias, gozan de autonomía e independencia para tomar las decisiones que correspondan a la valoración de las pruebas y a la aplicación de las normas y la jurisprudencia vigentes al caso concreto, de manera que rechazar o acceder a una determinada solicitud o pretensión hace parte de la autonomía judicial, por supuesto, siempre que dicha autonomía no se convierta en arbitrariedad. Razón suficiente esta, para inhibirse de iniciar alguna actuación disciplinaria contra los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que adoptaron el fallo de 26 de abril de 2011, dentro del proceso promovido contra el banco Colmena. Se Inhibe. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Faltas Disciplinarias. Valoraciones. Solicitudes.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00572 00 de 2015.

SE ASIGNA COMPETENCIA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA POR NO ENCONTRASE NEXO CAUSAL ENTRE LOS HECHOS Y LAS FUNCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA SER COMPETENTE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Decidió la Sala dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones, en el conocimiento de las diligencias preliminares adelantadas por el presunto delito de Homicidio en combate, asignando el conocimiento a la Justicia Ordinaria, teniendo en cuenta que los miembros de la Fuerza Pública no estaban en cumplimiento de una orden militar al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de investigación penal, pues las conductas investigadas no se efectuaron con ocasión del servicio, en tanto los investigados, no se valieron de su condición de miembros del Ejército Nacional para presuntamente enfrentar a los agresores como lo dice el Juez de Brigada equivocadamente puesto que no está demostrado completamente, es así como no se evidencia un nexo causal con las funciones propias y el homicidio del ciudadano, por lo que atendiendo la situación fáctica demostrada y la naturaleza jurídica de los hechos en averiguación, no se evidenció ningún nexo entre el cumplimiento de los mandatos atribuidos por la Constitución Política a los miembros de la fuerza pública, en los términos del artículo 217 Superior y el delito investigado. Dirimir. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Jurisdicción penal militar. Jurisdicción ordinaria. Homicidio en combate.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00518 00 de 2015.

NO TODOS LOS DELITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA LOS DEBE CONOCER LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, SE HACE NECESARIO QUE EXISTA EL FACTOR CONEXIDAD CON EL SERVICIO. Decidió la Sala dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones por el delito de lesiones personales asignándola a la Justicia Ordinaria, teniendo en cuenta que en este caso se trata de la investigación de un delito común cometido con culpa por parte del agente de la policía, lo cual desvirtúa el factor conexidad con el servicio, pues no toda conducta delictiva que pueda cometer un miembro de la fuerza pública puede quedar comprendida en el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar; porque para ello se requiere que exista un vínculo directo con las funciones constitucionales asignadas a la fuerza pública. De permitirse a la Jurisdicción Penal Militar asumir el conocimiento de los delitos comunes se estaría vulnerando no sólo el principio del juez natural, en cabeza de la jurisdicción ordinaria, artículo 29 de la Constitución Política, sino el derecho a la igualdad, artículo 13, pues en razón de la pertenencia a una organización determinada, en este caso a la fuerza pública, se estaría generando una diferencia en cuanto al órgano llamado a ejercer el juzgamiento de conductas delictivas que no requieren de una cualificación específica del sujeto que las realiza. Dirimir. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Competencia. Jurisdicción ordinaria. Jurisdicción Penal Militar.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00674 00 (10522 24) de 2015.

¿EN QUE CASOS ES COMPETENTE LA JUSTICIA PENAL MILITAR?. Decidió la Sala asignar la competencia para conocer de la investigación a la jurisdicción ordinaria penal, y no la justicia penal militar; sin poder precisar el Juzgado de Conocimiento que conocerá del mismo, entre tanto, se remitirán las diligencias al Juzgado con Función de Control de Garantías, conforme a lo siguiente, que los hechos delictivos investigados no obedecieron al cumplimiento de un deber o a una misión oficialmente confiada a un miembro de la Institución, para que a partir de allí deducir una estrecha relación con el servicio, lo cual indefectiblemente deriva en el sub lite la ruptura del nexo entre la actividad militar y el servicio prestado constitucionalmente por un miembro de la Policía Nacional, pues, se reitera, el actuar de éste, no constituye una actividad propia del servicio. Asignar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Justicia Penal Militar. Competencia. Jurisdicción penal.

Expediente 54001 11 02 000 2011 00787 01 de 2015.

REVOCAN SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE DERECHO POR NO CONTAR CON SUFICIENTES MEDIOS DE PRUEBA. Decidió la Sala revocar la sentencia consultada mediante la cual sancionó con suspensión de 3 años en el ejercicio de la profesión al togado, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 la cual es aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, para en su lugar absolverlo del cargo endilgado, por las siguientes razones, al no existir suficientes elementos de prueba que puedan llegar a corroborar los procederes que presuntamente son irregulares y por ende al generarse una ostensible duda, puesto que ni siquiera obra el vínculo existente entre el profesional del derecho y el señor demandante, sería inocuo entrar a compulsar copias para investigar tales hechos, por lo cual se hace imperativo que esta Sala haya decidido conforme en esta oportunidad. Revocar. M.P. Rafael Alberto García Adarve.Temas: Ostensible duda. Falta disciplinaria. Elementos de prueba.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06273 01 de 2015

LAS ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGADA TIENE EL DEBER DE SOMETER A SUS POSIBLES AFILIADOS A EXÁMENES MÉDICOS PARA ESTABLECER SI EXISTEN PREEXISTENCIAS QUE DEBAN SER EXCLUIDAS DE LA COBERTURA. Durante el trámite tutelar, la actora no presentó copia del contrato, ni de sus anexos, como tampoco de los diagnósticos previos que le sirvieron de fundamento para excluir preexistencias anteriores al momento de suscribirse el respectivo contrato de medicina prepagada, que fue lo inicialmente alegado; y menos los anexos que de manera taxativa señalaran qué patologías congénitas se encuentran excluidas de la prestación de los servicios. De esta forma, tal como lo valoró en su oportunidad la Sala a quo, se tiene que en efecto, se debe proceder a amparar los derechos fundamentales deprecados y en consecuencia confirmar el fallo en dicho sentido. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Medicina Prepagada. Exámenes Médicos. Cobertura.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00544 00 de 2015.

LA COMPETENCIA PARA LOS ASUNTOS QUE SURJAN ENTRE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS O PRESTADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SON DE JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL. La Sala decidió dirimir el conflicto negativo de jurisdicción por competencia definiendo que este asunto debe conocerlo el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, Despacho al que se remitirá el expediente para lo de su competencia, teniendo en cuenta que la Ley 712 de 2001, en forma expresa previó que las diferencias del sistema de seguridad social integral que surgieran entre las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera sea fuese su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, serán de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Es decir, para casos como este, se atiende un criterio objetivo para resolver la controversia entre los despachos judiciales enfrentados.Dirimir. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Competencia. Jurisdicción ordinaria. Seguridad social.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05577 02 de 2015.

SUSPENDEN ABOGADA POR NO CUMPLIR CON SU LABOR PROFESIONAL DURANTE DOS AÑOS SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA.La Sala decidió confirmar la sentencia mediante la cual se sancionó a la abogada con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tras hallarla responsable de incurrir en la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que demoró la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas y dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidándolas o abandonándolas, resalta la Sala que si la profesional del derecho presentaba problemas personales y le impedían continuar con la prosecución de la labores encomendadas, debió renunciar a los poderes otorgados y dejar a su cliente en libertad de contratar otro abogado para realizar las gestiones, pero no suspender durante dos años el encargo, sin realizar ninguna actividad, pues resulta una cuestión que perjudica a su cliente; en el presente caso se logró superar el principio de presunción de inocencia, al obrar evidencia suficiente que da cuenta de la incuria de la togada, quien como se advirtió, recibió dinero por concepto de honorarios por una gestión que no adelantó. Confirmar. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Suspensión. Principio de presunción de inocencia. Sanción.

Expediente 18001 11 02 000 2014 00320 01 de 2015

LA AUSENCIA DE CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE REPROCHE ÉTICO DELIMITAN LAS SANCIONES DISCIPLINARIA. Del análisis del acervo probatorio obrante dentro del expediente, esta Superioridad observó la ausencia de conductas susceptibles de reproche ético, toda vez que no se vislumbra de qué manera el Juez Primero Laboral del Circuito de Florencia – Caquetá, pudo afectar los deberes o prohibiciones propios de su investidura funcional, razón suficiente para que esta Sala confirmara la decisión de terminación y archivo de las diligencias, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Sanciones. Diligencias. Conductas.

Expediente 41001 11 02 000 2011 00026 01 de 2015.

SUSPENSIÓN POR 2 MESES A FISCAL QUE SE ABSTUVO DE OBSERVAR Y APLICAR LAS EXIGENCIAS LEGALES PARA ORDENAR LA LIBERTAD DE UNA CIUDADANA. La Sala decidió confirmar la sentencia por medio de la cual sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio de sus funciones como Fiscal, al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 numeral 1° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el parágrafo del artículo 161, numeral 4º del artículo 162 y los incisos 3º y 4º del artículo 302, todos de la Ley 906 de 2004, partiendo que quedó demostrado el incumplimiento de los deberes funcionales de respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, en tanto se abstuvo de observar las exigencias legales para ordenar la libertad de una persona, de igual manera no contó con la fundamentación adecuada para el caso, se resalta que no se trató de un desconocimiento formal de esos deberes, sino por el contrario de una infracción sustancial del mismo, porque atentó contra el buen funcionamiento del Estado y dio prioridad a su criterio personal cuando la normatividad y jurisprudencia son lo suficientemente claras y son de imperativo cumplimiento. De igual manera se está ante una conducta culposa, porque la funcionaria actuó violando el deber objetivo de cuidado al omitir negligentemente, observar los requisitos legales de su decisión, sin que se haya acreditado que actuó de forma voluntaria, sobresaliendo un descuido en la verificación de los requisitos para conceder la libertad y fundamentar su decisión. Confirmar. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Conducta Culposa. Suspensión. Funciones.

Expediente 05001 11 02 000 2013 00357 01 de 2015.

POR COBRAR EXPENSAS IRREALES SE SUSPENDE ABOGADO POR EL TÉRMINO DE 10 MESES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL. La Sala decidió modificar la sentencia proferida por la Sala en la cual estipuló que confirmaba la declaratoria de responsabilidad del doctor, como autor de la falta prevista en el numeral 3° del Artículo 35 de la Ley 1123 de 2007,y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de 10 meses y multa de 3 SMLMV, teniendo en cuenta que sin justificación obtuvo dineros para una expensa irreal, incumpliendo de igual manera su deber de obrar con lealtad en sus relaciones profesionales. Lo anterior por cuanto quedó demostrado que el letrado investigado, obtuvo $240.000 para la obtención de unas grabaciones de seguridad, las cuales no tenían costo alguno, de este modo dichas expensas se tornan irreales, pues nunca se causaron.Modificar. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Expensas Irreales. Suspensión. Dineros.

Expediente 11001 11 02 000 2011 00187 01 de 2015

LA ENTREGA DE LOS DINEROS RETENIDOS DE MANERA ILEGAL POR EL TOGADO, NO DETERMINA QUE LA CONDUCTA DEJE DE SER ANTIJURÍDICA. Confirmada providencia por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 años a togado, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta de que trata el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al determinar que si bien en el transcurso de las diligencias disciplinarias se haya realizado el correspondiente pago, no quiere esto decir que el disciplinado se encuentre exonerado de responsabilidad, frente a su conducta de o entregar a la menor brevedad posible, a quien corresponda dineros, bienes u otros recibidos en virtud de la gestión ejecutada, pues la motivación fue producto de los procesos iniciados en su contra. En conclusión, la entrega del dinero por sí sola no genera que la conducta reprochada deje de ser antijurídica,Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Obligaciones del Abogado. Disciplinario.

Expediente 05001 11 02 000 2012 00305 01 (3472) A de 2015

AL JUSTIFICAR LA INCOMPARECENCIA A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS SE RETROTAERÁN LAS ACTUACIONES PROCESALES. Al investigado se le vulneró su derecho a la defensa, por cuanto no tuvo la oportunidad durante la actuación disciplinaria de conocer las fechas en las cuales se surtirían cada una de las audiencias, es decir la de pruebas y calificación provisional y la de juzgamiento, como tampoco se le remitió la comunicación a efectos de surtirse la notificación de la sentencia a para que procediera a ejercer su derecho de contradicción, tanto de las pruebas recaudadas como de la misma sentencia. Por tal motivo, a efectos de garantizar el derecho constitucional del debido proceso, se hace necesario retrotraer la actuación a partir de la comunicación para continuar la audiencia de pruebas y calificación provisional, data en la cual se consignó que el disciplinable no asistió ni justificó su incomparecencia y en consecuencia se ordenó dejar a salvo las pruebas decretadas y practicadas. Decreta. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Defensa. Retrotracción. Garantías.

Expediente 68001 11 02 000 2013 01266 01 de 2015

LA TOGADA ACTUÓ DENTRO DE LOS LÍMITES DE AUTONOMÍA, DEFINIDA PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD COMO JUEZ.Confirmada providencia por medio de la cual se terminó y archivó actuación disciplinaria iniciada contra togada en su calidad de Jueza Primera Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, para la época de los hechos, al establecer que respecto a las decisiones por las cuales se da inicio a la investigación, las mismas representan una decisión propia de la funcionaria en un claro ejercicio de su autonomía e independencia judicial, la cual no puede ser objeto de reproche disciplinario y más aún cuando la misma, conforme al acervo probatorio allegado al proceso, de este modo se ajustaron a las normas que regulan la materia, no encontrándose por esta Sala ni arbitraria, caprichosa e irregular. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Disciplinario. Autonomía. Archivo de Investigación.

Expediente 20001 11 02 000 2012 00510 01 de 2015.

TERMINACIÓN DE ACTUACIÓN DISCIPLINARIA PORQUE PARA LOS FISCALES NO ERA POSIBLE SOLICITAR AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN SIN TENER LAS PRUEBAS QUE PUDIERAN SEÑALAR LAS CAUSAS PROBABLES DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.Decidió la Sala confirmar el auto mediante el cual se dispuso la terminación de la actuación disciplinaria a favor de los Fiscales Seccionales, en el proceso relacionado con el accidente de tránsito en el que perdieron la vida cuatro personas, y una menor de 8 meses que sufrió lesiones personales; partiendo de que para los investigados no era posible solicitar audiencia de imputación hasta tanto el fiscal no tuviera en sus manos, no solamente las declaraciones de los testigos presenciales, sino el informe de física forense, en el que se señalaron las causas probables del accidente y con el cual se podía inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de los delitos por los cuales se le investiga.   Confirmar. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Actuación disciplinaria. Imputación. Accidente de tránsito.

Expediente 05001 11 02 000 2011 01666 01 de 2015.

SE DECRETA NULIDAD DE LO ACTUADO DENTRO DEL PROCESO TENIENDO EN CUENTA QUE SE VIOLARON GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La Sala decidió decretar la nulidad de lo actuado, por violación al derecho de defensa, a partir de la audiencia de juzgamiento, teniendo en cuenta que observados los alegatos de conclusión rendidos por el defensor de oficio designado, resulta claro que estos no garantizaron efectivamente el derecho de defensa del acusado, toda vez que refirieron a premisas fácticas totalmente ajenas a las establecidas en el proceso, y señalando argumentos que no son del caso, y por ende confirmando un yerro que debe ser subsanado so pena de violentar las garantías constitucionales de quien está ausente del procedimiento disciplinario. Es así como la violación del derecho de defensa del disciplinable compone una de las causales de nulidad previstas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, premisa legal que se vio conformada, por la deficiente intervención del defensor de oficio designado al inculpado como se refirió con anterioridad.   Decretar la nulidad. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Nulidad. Garantías Constitucionales. Defensor de oficio.

Expediente 05001 11 02 000 2008 00766 01 de 2015

SANCIONADO TOGADO POR RETENER DINEROS ENTREGADOS EN FUNCIÓN DE SU LABOR. Confirmada providencia por la cual se sancionó a togado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 meses, al hallarlo responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, dado que el abogado faltó a su deber ético y moral que le asistía para con su cliente, siempre y cuando retuvo una suma de dinero que recibió en virtud del encargo profesional hecho, los cuales no devolvió de manera inmediata. Confirmó. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00841 00 de 2015

LA JURISDICCIÓN INDÍGENA NO PUEDE VELAR POR LA PROTECCIÓN DEL DEBIDO PROCESO DE LAS PARTES DENTRO DEL PROCESO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA. Asignada la competencia para conocer del proceso penal de Inasistencia Alimentaria, dentro del conflicto de jurisdicción suscitado entre la mencionada y la indígena, al determinar que el material fáctico probatorio permite inferir la inexistencia de este elemento institucional, toda vez que el resguardo no acreditó la existencia de un proceso de fortalecimiento del derecho propio, existiendo igualmente un conflicto, al menos potencial, entre dos grupos de principios constitucionales, seguido a esto no se cumple con el requisito de que la dimensión institucional de la jurisdicción especial indígena se relaciona con la protección de las víctimas y con el debido proceso, tanto de la víctima como del agresor. Dirimió. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Indígena. Inasistencia Alimenticia.

Expediente 11001 11 02 000 2012 02328 01 de 2015

LA CONDUCTA DEBE VERIFICARSE ONTOLÓGICAMENTE PARA LUEGO ADECUARLA EN LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO PREVIAMENTE LEGISLADO. Cuando se le busca un tipo penal a una conducta, se desdeña de la ontología y axiología del comportamiento y del contenido que expresa el bien jurídico en conflicto, como lo hizo el Tribunal, para concluir sin más, porque eso le parecía, que estaba bien asumir desde la perspectiva de la concusión, la similitud que pudiese encontrar entre esa definición y la actuación del juez – la realmente ocurrida, consistente en llamar telefónicamente al juzgado para averiguar de un asunto, como también en su momento lo pensó el instructor. Revoca. M.P. María Mercedes López Mora.Temas: Descripción. Tipo penal. Ontología.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01628 01 de 2015

SE ENCUENTRA DEMOSTRADA LA CONSTATACIÓN MATERIAL Y OBJETIVA DEL HECHO DISCIPLINABLE CON LAS DIFERENTES PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS. En el presente caso estuvo probado que la funcionaria investigada incurrió en falta disciplinaria, lo que conllevó a esta Sala a confirmar el fallo sancionatorio proferido, por incurrir la disciplinada a título de culpa grave en la prohibición consagrada en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, como quiera que es evidente que desde el punto de vista objetivo, el cuestionamiento disciplinario y la formulación de cargos elevada contra la Fiscal investigada, tiene fundamento jurídico, como quiera que dentro del proceso penal en cuestión, desconoció la realidad procesal. Confirma. M.P. Angelino Lizcano RiveraTemas: Investigación. Faltas Disciplinarias. Cuestionamientos.

Expediente 68001 11 02 000 2011 00019 01 (10079 21) de 2015

SANCIONADO TOGADO EN SU CALIDAD DE JUEZ, ANTE SU INICIATIVA DE IGNORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES. Confirmada sentencia por medio de la cual se condenó a togado en su calidad de Juez Tercero Penal Municipal de Bucaramanga, con suspensión ejercicio del cargo por un mes, por incurrir en falta al deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, ante su desidia en cumplir los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, como era su deber funcional y de contera su obligación, lo anterior evidenciándose que el funcionario judicial, no emitió un auto o providencia judicial explicando los motivos fácticos, probatorios y jurídicos como lo obligaba el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, para negar la intervención del apoderado de la presunta víctima en la actuación penal de autos. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Disciplinario. Sanciones. Suspensión del Cargo.

Expediente 52001 11 02 000 2008 00257 02 (8963 18) de 2015

CUANDO SE JUSTIFICA UNA ACCIÓN SANCIONATORIA NO HABRÁ LUGAR A MODIFICACIÓN. En el caso bajo examen, la sanción de suspensión impuesta, cumplió con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario. Por lo anterior, la Sala confirmó la sentencia apelada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través de la cual se sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión al abogado, por la comisión de la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. No Accede. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Modificación. Sanciones. Justificación.

Expediente 63001 11 02 000 2012 00344 01 de 2015

VULNERADO EL DEBIDO PROCESO: NUNCA SE FUNDÓ EL CARÁCTER DE GRAVÍSIMA DADO A LA FALTA COMETIDA POR EL TOGADO. Decretada la nulidad de lo actuado dentro del proceso donde se sancionó con remoción a togado en su calidad de Juez de Paz de la Comuna 6 de Armenia, por el incumplimiento del deber descrito en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al encontrar que en ningún escenario dentro del proceso, tanto en la formulación de pliego de cargos como en la sentencia sancionatoria proferida contra el investigado, se indicó que la falta cometida era gravísima, comprobándose la existencia de una vulneración a las garantías y derechos fundamentales de las partes u observado una conducta censurable que afectó la dignidad del cargo, vulnerándose de esta manera, el derecho al debido proceso y defensa del disciplinado, seguido a esto, dentro de la sentencia no se indicaron argumentos idóneos para graduar la sanción impuesta al disciplinado, pues simplemente se limitó a enunciar los artículos sobre los cuales se basó la imposición del respectivo reproche. Decretó Nulidad. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Disciplinario. Debido Proceso.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01099 00 (10699 24) de 2015

LA REPARACIÓN A VÍCTIMAS (MENORES O MUJERES) DEBE SER GARANTIZADA POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. La doble protección que le asiste a la víctima, menor y mujer, la Sala remitió las diligencias a la Jurisdicción Ordinaria, por cuanto, como viene de examinarse, en punto del elemento orgánico institucional se evidenció una insuficiencia normativa en este asunto para salvaguardar los derechos de la víctima al no existir, en la comunidad indígena a la cual pertenece el presunto agresor, como se dijo, un mecanismo mínimo de reparación al daño causado a la menor. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Víctimas. Jurisdicción. Garantías.

Expediente 11001 11 02 000 2011 02787 01 (9652 20) de 2015

SANCIONADO TOGADO POR LA INDEBIDA RETENCIÓN DE SUMAS DE DINERO PERTENECIENTES A SU PODERDANTE.Confirmada la sentencia que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión a togado como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, ante la injustificada retención del dinero por parte del investigado, con ocasión de la gestión encomendada, vulnerando con dicho proceder los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, de igual modo se establece que la falta a la honradez imputada al inculpado es un comportamiento por naturaleza doloso, pues se incurre en el con el pleno conocimiento de los deberes de restituir los dineros, y pese a dicha circunstancia, dirige su conducta al perfeccionamiento de la conducta reprochable disciplinariamente. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 68001 11 02 000 2015 00188 01 de 2015

VULNERADO EL MÍNIMO VITAL DE LA ACCIONANTE AL RETIRAR EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES, SIN LA EXISTENCIA DE UN CONCEPTO DE RECUPERACIÓN. La Sala procedió a revocar la decisión que negó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, mínimo vital y vida de la accionante y en consecuencia ordenar a la EPS SANITAS, para que continúe reconociendo y cancelando a la accionante, en los porcentajes establecidos en la normatividad vigente, las incapacidades por enfermedad, al demostrar la accionante que no cuenta con otra fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y que debido a su estado de salud se encuentra en una situación extrema de vulnerabilidad, recordando que cuando no se expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta días iniciales con cargo a sus propios recursos. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Laboral. Incapacidad. Tutela.

Expediente 11001 11 02 000 2011 02278 01 de 2015

EL INCUMPLIMIENTO AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO QUE DEBEN TENER TODOS LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DERIVA EN SANCIONES DISCIPLINARIAS. El grado de culpabilidad y la sanción impuesta por parte del juez disciplinario de primera instancia al determinar que la conducta ejecutada por el fiscal como representante del ente acusador en el despacho 245 local de Bogotá, evidenció el incumplimiento al deber objetivo de cuidado que deben tener todos los funcionarios judiciales durante el desarrollo y las fases procesales que deben acatar. En consecuencia se estableció que el fiscal se hacía merecedor a la sanción de suspensión en el ejercicio de su cargo por el lapso de 1 mes; sanción que se encontró ajustada al ordenamiento jurídico. Confirma. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Sanciones. Incumplimiento Cuidado.

Expediente 23001 11 02 000 2012 00013 02 (9530 20)

UN AÑO DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN SE LE APLICÓ AL TOGADO INFRACTOR DE SUS DEBERES COMO LITIGANTE. Compartió esta Colegiatura los argumentos expuestos por la Sala de Primera Instancia, y al quedar demostrado el injustificado incumplimiento por parte del disciplinado, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, conducta que deviene en la materialidad de la falta endilgada así como su responsabilidad en la misma, se torna imperativo para esta Sala confirmar la sentencia apelada acorde con la parte motiva de la presente providencia la cual estimó la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un año. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Sanción. Togado. Profesión.

Expediente 18001 11 02 000 2013 00010 01 de 2015

EL JUEZ COMETIÓ UNA IRREGULARIDAD AL NO RESPONDER EN DEBIDO TÉRMINO TIEMPO LA TUTELA. Confirmada providencia que sancionó a togado en su calidad de Juez Cuarto Civil Municipal de Florencia, con tres meses de suspensión en el cargo tras haber incurrido en la prohibición descrita por el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, al determinar que es incomprensible que un Juez de la República, con 15 años de experiencia en el cargo, con igual tiempo en el trasegar con el trámite de la acción de tutela, pueda aducir que en razón de una nulidad puedan desconocerse términos perentorios para fallar, porque además, tal planteamiento defensivo se aduce sin soporte probatorio alguno. Igualmente, la carga laboral no era excusa pues es de conocimiento que ante la presentación de una acción de tutela desplaza cualquier otro proceso Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Disciplinario. Tutela. Sanción.

Expediente 52001 11 02 000 2015 00184 01 de 2015

LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DEBE SER DE FONDO IMPLICANDO UN ESTUDIO SUSTENTADO. Tutelado el derecho a la petición del accionante y en consecuencia se ordenó a las accionada resolver la petición formulada por el actor, entendiendo que la respuesta a la petición requiere una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable, implicando la misma una respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición. Revocó. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Derecho Petición. Tutela.

Expediente 68001 11 02 000 2015 00105 01 de 2015

IMPROCEDENTE DETERMINAR QUE EL RETIRO DEL TRABAJADOR HACE PROCEDENTE LA TUTELA COMO MEDIO PARA SU REINTEGRO. Revocada la sentencia que accedió a las pretensiones de la tutela incoada por el actor contra ECOPETROL, al determinar en primera instancia que lo relacionado con su estado de salud y la negativa de la empresa para suscribir con él un nuevo contrato de trabajo, deben ser discutidas bajo otra instancia judicial diferente a la de la presente acción constitucional, seguido a esto el retiro del mismo no deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la prosperidad de la tutela, pues se aceptaría que la acción es procedente en todos los casos de retiro del trabajador; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el hecho de que a una persona no se le permite continuar trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al cargo. Revocó. M.P. José Ovidio Claros Polanco.. Temas: Tutela. Laboral. Reintegro.

Expediente 54001 11 02 000 2012 00371 02 (9741 20) de 2015

SANCIONADO TOGADO POR APODERARSE DE DINEROS RECIBIDOS POR UNA ACTUACIÓN PROCESAL QUE NUNCA EJECUTÓ. Confirmada providencia que sancionó a togado con exclusión en el ejercicio de la profesión como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, dado que el mismo utilizando su condición de profesional del derecho se aparta de las disposiciones legales establecidas por el legislador para la postulación y participación de interesados en remates de inmuebles ante los diferentes estrados judiciales, de este modo ejecutó actos para su propio beneficio, como lo fue el cobro de sumas de dinero para desarrollar una gestión, aprovechándose de su condición profesional, asegurándose de forma indebida la obtención de un provecho de naturaleza económica, siempre y cuando también recibió una suma de dinero por parte de la quejosa, para ejecutar una actuación procesal, la cual no ejecutó y luego no volvió a tener noticias sobre el encartado. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Disciplinario. Mala Fe. Exclusión de la Profesión.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05612 01 de 2015

EL PLIEGO DE CARGOS NO ESBOZÓ LOS FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN INICIADA. Decretada la nulidad de lo actuado dentro del proceso en el cual se sancionó a togada en su calidad de Jueza de Paz de la Localidad de Santa Fe (Bogotá D.C.), con inhabilidad general de diez años, por el incumplimiento del deber descrito en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al determinar que el pliego de cargos no evidencia una exposición fundada de los motivos por los cuales se consideró la gravedad de la falta como gravísima, pues si bien se indicó que fue por al parecer, haber vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, pero no se argumentó la razón por la cual se consideró la existencia de la presunta infracción mencionada. Declaró la Nulidad. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Disciplinario. Debido Proceso. Nulidad.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00941 00 de 2015

EL FACTOR TERRITORIAL ES INDISPENSABLE PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS. Si bien los hechos denunciados pudieron haberse cometido dentro del tiempo de servicios de los agentes de policía de Cali, esa sola circunstancia no acredita un nexo directo entre las lesiones personales denunciadas y el cumplimiento de los deberes de defender la soberanía y la integridad del territorio y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de la población y la convivencia pacífica. Por tal motivo, asignó la competencia para el conocimiento de los hechos denunciados presuntamente imputables a agentes de la Policía Metropolitana de Cali, en la jurisdicción penal ordinaria, representada por la Fiscal 23 Delegada ante los jueces penales municipales de la misma ciudad. Asigna. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Conocimiento. Factor Territorial. Jurisdicciones.

Expediente 66001 11 02 000 2012 00559 01 (8455 16) de 2015

LA FALTA A LA HONRADEZ Y LEALTAD DE LOS COLEGAS GENERA SANCIONES DISCIPLINARIAS. Si bien el legislador previó la posibilidad de asumir una representación judicial sin mediar renuncia, paz y salvo o autorización del abogado a reemplazar, si la misma se encuentra justificada, en este caso, no se advierte causal alguna para el desplazamiento entre colegas. En suma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1123 de 2007, se considera que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica, cuando con su conducta afecte alguno de los deberes consagrados en la misma Ley. Por lo anterior, la Sala confirmó la sentencia apelada mediante la cual el abogado fue sancionado con suspensión de dos meses de la profesión como autor responsable de la falta prevista en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Sanciones. Honradez. Representación.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00755 00 (10568 24) de 2015

LA JURISDICCIÓN LABORAL ORDINARIA SOLÓ SE OCUPARÁ DE TEMAS RELACIONADOS CON CUENTAS DE COBROS POR SERVICIOS NO POS, CUANDO LA FACTURA SE CONSTITUYA COMO TÍTULO EJECUTIVO. Frente al conflicto negativo de competencias suscitado entre los juzgados 35 administrativos oral del circuito de Bogotá, y el 9 laboral del circuito de la misma ciudad y la Superintendencia de Salud, con ocasión del conocimiento del proceso de reparación directa interpuesta por la Sanitas EPS contra la Nación, la Sala procedió a determinar que el planteado debió ser asignado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al determinar que lo relacionado con las controversias que se presenten por la devolución, rechazo o glosas de las facturas o cuentas de cobro por los servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, NO POS, corresponden a esta, la única excepción se presenta cuando la factura o cuenta de cobro habiendo sido presentada y aceptada por el encargo fiduciario del Fosyga, no es cancelada dentro de los términos de ley, se está frente a la constitución de un título ejecutivo complejo, correspondiendo su ejecución a través de la acción ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Conflicto de Competencia. Servicios No Pos. Título Ejecutivo.

Expediente 11001 11 02 000 2015 00024 01 (10342 23) de 2015

ORDENADO AL EJÉRCITO NACIONAL RESPETAR EL DERECHO A LA SALUD DEL ACCIONANTE Y PRACTICAR LOS EXÁMENES MÉDICOS SOLICITADOS. La Sala declaró procedente la solicitud de protección de los derechos fundamentales del actor al debido proceso, salud en conexidad a la vida, vulnerados por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al determinar que la imprudencia de no haberse practicado al accionante los respectivos exámenes una vez fue retirado de la institución, ignorando la presunta afectación a la salud padecida, derivada de la función desarrollada cuando estaba en servicio activo como miembro del Ejército Nacional, refleja un indebido actuar el que no respeto el derecho a la salud de quien sirvió a la entidad, y en entonces, de esta manera, que el incumplimiento del conjunto de acciones con las cuales se facilita el acceso y el disfrute del derecho, facultan a su titular para reclamar esta garantía mediante la acción de tutela. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. .Temas: Tutela. Salud.

Expediente 73001 11 02 000 2011 00469 01 de 2015

EL LEGISLADOR ES EL PODER DESIGNADO POR EL CONSTITUYENTE PARA DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SER CUMPLIDOS CABALMENTE POR PARTE DEL OPERADOR DISCIPLINARIO JUDICIAL. Para el funcionario de conocimiento surge el deber de aplicar la norma, consagrada en el régimen sancionatorio correspondiente, como quiera que de lo contrario desconoce el debido proceso y el derecho de defensa, pues este se satisface en la medida en que se le garantice al procesado el derecho de defensa y se cumpla fielmente con el principio de legalidad y de ahí que el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política, disponga que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente. Por lo tanto, la anterior irregularidad sustancial se erige como nulidad de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002, por lo cual se declarará la nulidad de la actuación a partir de la providencia. Declara. M.P. Angelino Lizcano Rivera.Temas: Constituyente. Garantía. Irregularidad.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00359 01 de 2015

AL MOMENTO DE DOSIFICAR LA SANCIÓN DEBE ANALIZARSE EL ELEMENTO DISCIPLINARIO EN EL QUE SE ESTIMEN ANTECEDENTES. Frente al desempeño del cargo esta es la primera vez que el disciplinado incursionaba en conducta antifuncional, puesto que la anterior fue por un hecho de la vida social; además, no puede soslayarse que el grado de culpabilidad deducido fue la culpa. Por tal motivo, debió tenerse en cuenta que los extremos dados en la ley para sancionar por falta grave culposa parte de un mínimo de un mes y máximo de 12 meses, por ende partiendo de ese mínimo legal debe considerarse que el disciplinado registra en su haber un antecedente disciplinario para aumentar en otro mes, sin que ello denigre de estar frente a un derecho disciplinario de acto. En ese orden de ideas, la sanción se redujo 2 meses de suspensión en el ejercicio del cargo y, en el caso de que el disciplinado no se encuentra vinculado, se convierten los dos meses a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Sanciones. Incursión. Registro.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00824 00 de 2015

LOS PROCESOS INCOADOS CONTRA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL. Dentro del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de la misma ciudad, por el conocimiento de la Demanda Verbal de Responsabilidad Extracontractual instaurada contra las accionadas, se procedió a declarar competente para conocer del proceso ordinario civil, al establecer que como se trata de una demanda dirigida contra una Empresa de Economía Mixta, la cual tiene como objeto social la celebración de contratos de seguros y reaseguros, de este modo los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que corresponda al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dirimió. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Contratos.

Expediente 17001 11 02 000 2010 00133 02 de 2015

5 AÑOS ES EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La potestad disciplinaria del Estado en el presente evento, se extinguió, teniendo en cuenta que el retiro del servicio judicial del denunciante se produjo el 15 de febrero de 2010, y que desde entonces han transcurrido más de los 5 años que prevé la norma para decretar la prescripción de la acción disciplinaria, habiéndose cumplido el mismo el día 14 de febrero de 2015. Así las cosas, la Sala confirmó la decisión de primera instancia de terminar y archivar las diligencias adelantadas contra el disciplinado, toda vez que esta no puede continuarse, por haberse configurado una causal de extinción de la acción disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29.2 y 73 de la Ley 734 de 2002. Confirma. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño.  Temas: Prescripción. Sanciones. Acciones Disciplinarias.

Expediente 76001 11 02 000 2010 01004 01 de 2015

EL TOGADO EN SU CALIDAD DE JUEZ INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN DE PRIORIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS TUTELAS.Confirmada decisión por medio de la cual se sancionó con un mes de suspensión a togado, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Bolívar, tras considerar que incumplió el deber descrito en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, al considerar que a diferencia de lo sostenido por el disciplinado, se entiende que la demora no estuvo justificada, y que la misma no puede explicarse en la excesiva carga laboral del despacho y el poco personal disponible para el trámite de los asuntos, toda vez que las acciones de tutela tienen previsto en las normas trámite de carácter preferencial. Es decir, si bien la mora judicial que se le imputa al investigado fue por un término corto, carece de total justificación que un Juzgado que tiene bajo su conocimiento en promedio 3 acciones de tutela mensuales, incurra en mora en el trámite de las mismas. Lo anterior evidencia una total negligencia por parte del juez, para darle prioridad a la resolución de este tipo de acciones constitucionales. Confirmó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Laboral. Disciplinario. Tutela.

Expediente 11001 11 02 000 2009 05942 02 de 2015

SE CONFIRMA LA SANCIÓN DISCIPLINARIA AL TOGADO DEBIDO A LA FALTA DE RESPETO A OTROS FUNCIONARIOS Y OPERADORES JUDICIALES. Se resuelve el recurso de Apelación por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses al abogado, al hallarlo responsable de la falta disciplinaria consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, la cual se confirma debido a que la Sala encuentra necesaria la imposición de la sanción, en razón del carácter doloso de la conducta y el tenor de la falta, pues el desbordamiento fue de orden superior ya que se usaron insultos de mayor talante y que puede recibir un abogado, sobrepasando los delicados límites de un comportamiento puramente disciplinario y de igual manera se estima la incursión en el injusto disciplinario, por cuanto se trató de un documento allegado a una actuación jurídica, dirigido a otros funcionarios y operadores judiciales. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Sanción. Suspensión. Falta Disciplinaria.

Expediente 11001 01 02 000 2013 06876 02 (10383 23) de 2015

EL JUEZ DEL DESACATO PODRÁ ENTRAR A DETERMINAR SI EN EFECTO LA ORDEN JUDICIAL POR ÉL REVISADA FUE O NO CUMPLIDA POR EL DESTINATARIO DE LA MISMA. Para asegurar que las órdenes judiciales impartidas en sede de tutela se acaten, debe hacerse clara diferenciación entre el incidente de desacato y el cumplimiento del fallo.  En efecto, debe partirse del hecho de que todo desacato implica incumplimiento pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato. Pues, la situación de debilidad radica en cabeza de la persona a quien se le impone la sanción de multa o privación de la libertad por el incumplimiento de la orden de tutela.Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Tutela. Desacato. Orden Judicial.

Expediente 11001 11 02 000 2014 05847 01 (10312 23) de 2015

LA PETICIÓN FUE BIEN CONTESTADA, PERO LA ENTIDAD FALLÓ AL NO RESPONDER EL RECURSO DE APELACIÓN.Confirmada decisión que negó el amparo invocado respecto al derecho de petición y concedió el derecho respecto al acceso a la Administración de Justicia dentro de la acción de tutela incoada por los accionantes, en consecuencia ordenar a la autoridad accionada resolver el recurso impuesto por estos. Al encontrar que el derecho de petición fue contestado, dándose respuesta de fondo a las preguntas formuladas, razón por la cual existe un hecho superado respecto del Juez 21 Penal del Circuito con Función de Garantías. Seguido a esto, en el presente caso, teniendo en cuenta que el fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica el hecho que de ser emitida una orden por parte del Juez de Tutela, ya no va a tener efectos, en razón a que la vulneración fue superada por haberse satisfecho la pretensión alegada en la demanda de tutela. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Tutela. Derecho de Petición.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05975 01 (10149 22) de 2015

LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA ES PROCEDENTE CUANDO CONCURRAN LAS CAUSALES QUE IMPOSIBILITEN LA PROSECUCIÓN DE LA ACCIÓN. La Sala no puede sino reconocer la vulneración del derecho a la defensa y contradicción del encartado y de contera la afectación al debido proceso, al estar demostrado que en el asunto bajo estudio se adelantó el procedimiento contra el abogado disciplinaria, con violación de sus garantías fundamentales. Esto, ya que la nulidad de la actuación disciplinaria procede cuando concurran las causales puedan imposibilitar la prosecución de la acción disciplinaria, tales como la incompetencia del funcionario para fallar, la violación del derecho de defensa del investigado, y la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, situaciones evidenciadas en el proceso seguido. Declara. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Actuaciones. Vulneración. Contradicción.

Expediente 18001 11 02 000 2012 00261 02 (9353 19) de 2015

NO SE DEMOSTRÓ RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ACUSADO Y EL QUEJOSO. Revocada providencia que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por tres meses a togado al hallarlo responsable de la comisión de las faltas disciplinarias consagradas en los numerales 3 del artículo 35 y 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar absolverlo, al determinar que en ninguna etapa del proceso se logró establecer el vínculo profesional cliente-abogado entre el profesional del derecho y el quejoso con el fin de representarlo en un proceso ejecutivo, en tanto, los hechos y las pruebas se denota que no se pudo establecerse su responsabilidad en grado de certeza. En consecuencia, con los anteriores elementos de juicio, no hay lugar para que esta Jurisdicción endilgue responsabilidad disciplinaria contra el inculpado, pues como se plasmó en precedencia de los elementos probatorios no se logró establecer responsabilidad del abogado. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. .Temas: Disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 05001 11 02 000 2011 02944 01 de 2015

2 MESES DE SANCIÓN FUE LA PENA IMPUESTA A UN ABOGADO POR AGREDIR FÍSICAMENTE A LA QUEJOSA. El proceso disciplinario analizado, la imposición de dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión estuvo en consonancia respecto de la gravedad de la conducta, en tanto se demostró que el abogado obró dolosamente, por lo tanto, fue idónea. Pues, su imposición obedeció al comportamiento desplegado por el profesional del derecho, según el cual, intervino en una riña agrediendo físicamente a la quejosa, por lo tanto la dosificación sancionatoria realizada en primera instancia, cumple con la finalidad de salvaguardar el deber ético de respeto y decoro de la profesión impuesto a los abogados en ejercicio de sus encargos. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Pena. Suspensión. Sanciones.

Expediente 70001 11 02 000 2015 00061 01 de 2015

NO EXISTÍA TRATAMIENTO ALTERNO QUE SATISFAGA LA NECESIDAD DEL ACCIONANTE. Confirmada providencia que tutelo los derechos fundamentales del accionante y ordenó a la entidad accionada suministrar el medicamento RIVAROXABAN 20mg, en la cantidad, con las especificaciones y por el tiempo que el médico tratante determine, establecido que es procedente el reconocimiento de elementos no POS, cuando; la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo . Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora.. Temas: Salud. Tutela. Medicamento no POS.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00201 00 de 2015

LAS PRESUNTAS FALLAS EN EL SERVICIO MÉDICO SERÁN RESUELTAS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones promovido por el conocimiento de la demanda instaurada contra La Nación – Ministerio de Salud y la Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Cafesalud E.P.S., Saludcoop E.P.S. y la IPS Clínica Saludcoop Pereira, en el sentido de asignar el conocimiento a la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, pues es a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la que le compete conocer de las demandas por responsabilidad médica, cuando las entidades demandadas sean entidades públicas, en tanto, como en el presente caso fue simplemente una presunta falla en el servicio brindado por la administración, será la jurisdicción ordinaria. Dirime. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Servicio Médico. Jurisdicciones. Conflictos.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05975 01 (10149 22) de 2015

VIOLADO EL DEBIDO PROCESO: SE DIO INICIO A LA INVESTIGACIÓN SIN HABERSE INTENTADO LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO. Declarada la nulidad de lo actuado dentro del proceso mediante el cual se sancionó a togado con la suspensión en el ejercicio de la profesión por un periodo de 2 meses, al encontrarlo responsable disciplinariamente de la falta contenida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que solamente es procedente reconocer la vulneración del derecho a la defensa y contradicción del encartado y de contera la afectación al debido proceso, al estar demostrado que en el asunto bajo estudio se adelantó el procedimiento contra el abogado, con violación de sus garantías fundamentales. Dado que se inició la investigación sin haber siquiera intentado la notificación personal del auto de apertura de proceso disciplinario en su contra. Declaró la Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Debido Proceso.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00493 02 (3042) F de 2015

LA VALORACIÓN DE TÉRMINOS EXTEMPORÁNEOS DERIVA EN SANCIONES DISCIPLINARIAS. Nos encontramos en el presente caso, frente a una conducta que carece de relevancia en el ámbito disciplinario para el juez encartado, y que en consecuencia las distintas elucubraciones fácticas y jurídicas efectuadas por el a quo, alrededor del mismo, no están concatenadas con los hechos y tampoco con las normas que se alegan violadas, evidenciándose de esta manera que no existe antijuricidad de la conducta por la que se inició el proceso disciplinario; la sola sanción de amonestación así lo indicó. Por tal motivo, para esta Superioridad es claro, que se presentó un yerro, en el conteo de los términos y ello, llevó a decidir un recurso de reposición extemporáneo. No Decreta. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Valor. Términos. Sanciones.

Expediente 11001 11 02 000 2011 07568 01 (3171) A de 2015

SANCIONADO TOGADO POR INCUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS GESTIONES ENCOMENDADAS A SU FAVOR.La Sala procedió a confirmar la providencia por medio de la cual se sanciono con suspensión por el término de 4 meses en el ejercicio de la profesión a togado, tras hallarlo responsable de cometer las conductas descritas en los numerales 5 del artículo 35 y 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pero modificar la sanción en un periodo de 2 meses, al considerar acertada la designación que hizo el a quo de la modalidad de la conducta del investigado a título de culpa, toda vez que se tuvo comprobada la omisión al deber objetivo de cuidado del jurista, respecto al compromiso y atención que debió guardar con relación al trámite de las labores encomendadas, siempre y cuando ignoró su deber de adelantar las gestiones que le eran propias, dejando abandonados asuntos inherentes de su profesión y manejo.Confirmó. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: disciplinario. Administración de Justicia.

Expediente 68001 11 02 000 2011 01439 01 de 2015

SIN EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS NO PODRÁ HACER EJECUCIÓN ALGUNA DE LOS DIFERENTES FALLOS DISCIPLINARIOS. Teniendo en cuenta establecido en la norma constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, examinar la conducta de los funcionarios de la rama judicial, es decir, de aquellos servidores, nombrados, designados o elegidos que tomaron posesión del cargo para ejercer funciones jurisdiccionales. Así las cosas, al no haberse acreditado la condición de sujeto disciplinable del acusado, como Juez de Paz de Reconsideración del Municipio de Floridablanca, pero sí de empleado público de dicha localidad, lo procedente es decretar la nulidad de todo lo actuado, para que el seccional de instancia lo remita por competencia a la autoridad competente. Decreta. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Sanciones. Competencia. Disciplinables.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06428 01 de 2015.

LA CORTE GARANTIZA EL PLENO DERECHO A LA SALUD EN CONEXIDAD CON LA VIDA A LA POBLACIÓN POBRE. La Sala modificó la sentencia en la cual se negó el servicio de pañales a la accionante que cuenta con 92 años de edad y un diagnóstico de paciente senil, invidente, con cuadro de osteoartrosis general degenerativa y de muy bajos recursos económicos afirmando que estos elementos se encuentran excluidos del POS y corresponden a utensilios de aseo personal, basándose en que según el artículo 4 de la Resolución 005334 de 2008 se determina que la financiación de los eventos no incluidos en el POS, se hará por las entidades territoriales con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, garantizando el goce efectivo del derecho a la salud de esta población. Los pagos correspondientes se realizarán de conformidad con los procedimientos presupuestales correspondientes y en este caso en concreto se ampara el derecho a la salud en conexidad con la vida digna que se encuentra vulnerado. Modificar. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Salud. POS. Vida.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00599 00 (10478 23) de 2015

LA JURISDICCIÓN ORDINARIA POR MEDIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA, ES QUIEN SE ENCARGA DE RESOLVER CONFLICTOS SOBRE TÍTULOS VALORES. Dentro del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de Arauca y el Juzgado Administrativo de Arauca, con ocasión de un proceso ordinario ejecutivo singular, se procedió a asignar el proceso a la jurisdicción ordinaria representada por el primero mencionado, lo anterior, porque en materia de títulos valores para hacer efectiva de manera contenciosa la prestación contenida en los mismos, existe la denominada Acción Cambiaria consagrada en el artículo 780 del Código de Comercio, la cual puede ser ejercida contra el deudor de conformidad con el trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil con sujeción a las reglas generales de competencia señaladas, cuyo conocimiento desde luego corresponde a la Jurisdicción Ordinaria. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Conflicto Negativo de Jurisdicción. Jurisdicción Ordinaria. Títulos Valores.

Expediente 05001 11 02 000 2008 00853 01 (8906 17) de 2015

EL TOGADO REALIZÓ UN CRUCE DE CUENTAS QUE NO FUE AUTORIZADO POR LA QUEJOSA, INCUMPLIENDO SU DEBER DE ENTREGAR LOS DINEROS OBTENIDOS POR ESTA DENTRO DEL PROCESO. Confirmada la providencia sancionatoria con exclusión en el ejercicio de la profesión impuesta a togado tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 54 numeral 3 del Decreto 196 de 1971, al determinar que el abogado omitió la entrega del dinero a su cliente proveniente de la gestión encomendada. Siendo improcedente el argumento esbozado, en el sentido de que se autorizó un cruce de cuentas con el dinero recibido en el proceso ejecutivo encomendado, siempre y cuando si el poderdante le debía dinero por concepto de honorarios profesionales de otros procesos judiciales debió seguir la figura normativa de un incidente de regulación de honorarios y no hacer cruce de cuentas con el dinero que le pertenecía solamente a la quejosa, pues el consentimiento que dice haberse dado salió de su padre y no de esta. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 11001 11 02 000 2013 03385 01 de 2015

LOS BENEFICIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SOLO PUEDEN SER SOLICITADOS POR ELLAS A TRAVÉS DE SU ABOGADO Y NO POR VOLUNTAD PROPIA DEL APODERADO. Esta Superioridad consideró carente de coherencia que un condenado, privado de la libertad, que otorga poder a una abogada para que lo represente y solicite los diferentes beneficios administrativos y judiciales en su favor, después de haberle cancelado parte de lo acordado por concepto de honorarios, no quiera entrevistarse con su representada sin un motivo aparente, no obstante, acepte a un profesional del derecho, quien fuese recomendado por su apoderada. De esta manera, teniendo en cuenta que era el quejoso quien tenía la necesidad manifiesta de obtener algún favor de carácter administrativo y/o judicial hubo lugar a seguir con la investigación de la abogada. Niega. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Sanciones. Honorarios. Representación.

Expediente 73001 11 02 000 2011 00852 01 de 2015

EL INDEBIDO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO ADMINISTRADOR DE JUSTICIA DERIVA EN SANCIONES QUE PUEDEN CULMINAR EN LA CESACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. La actividad que desempeña un Juez al momento de proferir una decisión, más aún en un caso donde ya se ha reconocido una situación especial de parte de uno de los intervinientes, comprende un ejercicio que debe ser meticuloso y serio. Vistos los anteriores asertos, esta Corporación concuerda con la medida adoptada, tras encontrar ajustada y proporcional la sanción impuesta de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes como respuesta al actuar antijurídico de la funcionaria, tomando en consideración la gravedad de la falta por falta de cuidado en una actividad propia de su cargo, pues un simple ejercicio acucioso de relectura del fallo o del expediente contentivo de la providencia que reconoció el amparo de pobreza a la quejosa, hubiese bastado para advertir del mayúsculo error en el que se estaba por incurrir. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora.  Temas: Sanción. Actuar. Ejercicio.

Expediente 11001 11 02 000 2010 01714 01 (9785 20) de 2015

LA RETENCIÓN DE DINEROS POR PARTE DE LOS APODERADOS PUEDE DEVENGAR EN LA EXCLUSIÓN DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES. En lo estudiado quedó demostrado la injustificada retención del dinero por parte del investigado, con ocasión de la gestión encomendada, vulnerando con dicho proceder los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, siendo imperativo para esta Superioridad, confirmar íntegramente la sentencia consultada a través de la cual sancionó con exclusión de la profesión al abogado como autor responsable de la falta prevista en el numeral 3 de artículo 54 del Decreto 196 de 1971. No Decreta.M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Retención. Sanciones. Exclusión.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06046 01 de 2015

EL EMPLEADOR NO TUVO EN CUENTA LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA TRABAJADORA, AL MOMENTO DE PROCEDER CON SU DESPIDO. La Sala procedió a conceder la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionada y en consecuencia ordenar a la accionada reintegrar a la accionante, a un cargo de iguales o mejores condiciones que aquél que desempeñaba al momento de la finalización del vínculo laboral, al considerar que la vulneración se dio al momento que el empleador decidió dar por terminado el contrato laboral en tener en cuenta que es una persona discapacitada. Igualmente, se desconoció el debido proceso administrativo, habida consideración, que para despedir a la empleada con ocasión de la liquidación voluntaria de la sociedad, debió contarse con la autorización del Ministerio de Trabajo, careciendo de eficacia jurídica alguna la decisión. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Laboral. Despido Injustificado. Tutela.

Expediente 25000 11 02 000 2012 00085 01 de 2015

EL ABANDONO DE PROCESOS POR PARTE DE LOS APODERADOS DERIVA EN SERIAS SANCIONES EN LAS CUALES SE PODRÁ PERDER EL DERECHO DE EJERCICIO A SU PROFESIÓN. El comportamiento desplegado por el profesional del derecho, según el cual, abandonó el proceso penal donde fungía como defensor por más de seis años, provocando con ello, no solo que su prohijado estuviese desprovisto de defensa, sino que el proceso estuviese paralizado por tanto tiempo. De esta manera, la imposición de cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la profesión estuvo en consonancia respecto de la gravedad de la conducta, en tanto se demostró que el abogado obró culposamente al no haber adelantado las actividades propias del asunto confiado. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Sanciones. Apoderados. Abandono.

Expediente 73001 11 02 000 2011 00852 01 de 2015

EL INDEBIDO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO ADMINISTRADOR DE JUSTICIA DERIVA EN SANCIONES QUE PUEDEN CULMINAR EN LA CESACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. La actividad que desempeña un Juez al momento de proferir una decisión, más aún en un caso donde ya se ha reconocido una situación especial de parte de uno de los intervinientes, comprende un ejercicio que debe ser meticuloso y serio. Vistos los anteriores asertos, esta Corporación concuerda con la medida adoptada, tras encontrar ajustada y proporcional la sanción impuesta de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes como respuesta al actuar antijurídico de la funcionaria, tomando en consideración la gravedad de la falta por falta de cuidado en una actividad propia de su cargo, pues un simple ejercicio acucioso de relectura del fallo o del expediente contentivo de la providencia que reconoció el amparo de pobreza a la quejosa, hubiese bastado para advertir del mayúsculo error en el que se estaba por incurrir. Confirma. M.P. María Mercedes López MoraTemas: Sanción. Actuar. Ejercicio.

Expediente 11001 11 02 000 2010 01714 01 (9785 20) de 2015

LA RETENCIÓN DE DINEROS POR PARTE DE LOS APODERADOS PUEDE DEVENGAR EN LA EXCLUSIÓN DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES. En lo estudiado quedó demostrado la injustificada retención del dinero por parte del investigado, con ocasión de la gestión encomendada, vulnerando con dicho proceder los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, siendo imperativo para esta Superioridad, confirmar íntegramente la sentencia consultada a través de la cual sancionó con exclusión de la profesión al abogado como autor responsable de la falta prevista en el numeral 3 de artículo 54 del Decreto 196 de 1971. No Decreta.M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Retención. Sanciones. Exclusión.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06046 01 de 2015

EL EMPLEADOR NO TUVO EN CUENTA LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA TRABAJADORA, AL MOMENTO DE PROCEDER CON SU DESPIDO. La Sala procedió a conceder la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionada y en consecuencia ordenar a la accionada reintegrar a la accionante, a un cargo de iguales o mejores condiciones que aquél que desempeñaba al momento de la finalización del vínculo laboral, al considerar que la vulneración se dio al momento que el empleador decidió dar por terminado el contrato laboral en tener en cuenta que es una persona discapacitada. Igualmente, se desconoció el debido proceso administrativo, habida consideración, que para despedir a la empleada con ocasión de la liquidación voluntaria de la sociedad, debió contarse con la autorización del Ministerio de Trabajo, careciendo de eficacia jurídica alguna la decisión. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Laboral. Despido Injustificado. Tutela.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00249 00 de 2015

JUDICATURA ASIGNÓ CONFLICTO DE COMPETENCIA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA POR ENCONTRARSE ALLÍ PENDIENTE INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA LOS INDICIADOS El Consejo Superior de la Judicatura se dispuso a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Justicia Penal Militar, representada por el Juzgado 48 de instrucción penal militar de Tame – Arauca, y la Justicia Ordinaria en cabeza de la Fiscalía 72 especializada de la unidad nacional de DH y DIH, con ocasión del conocimiento de las diligencias preliminares adelantadas contra orgánicos del batallón de ingenieros militares No. 18, por el presunto delito de Homicidio en combate el día 26 de junio de 2004, en la Vereda Puerto Miranda. Dicho lo anterior, asignó el conocimiento a la Justicia Ordinaria por encontrarse allí pendiente la continuación de la investigación penal contra las personas en averiguación por el presunto delito de Homicidio en persona protegida de Alias “El Negro”. Dirime M.P. Angelino Lizcano Rivera Temas: Homicidio en Persona Protegida. Jurisdicción Ordinaria. Operación Militar.

Expediente 11001 11 02 000 2013 07109 01 (10395 23) de 2015.

ARCHIVO DE ACTUACIÓN DISCIPLINARÍA POR NO CONTAR CON MATERIAL PROBATORIO SUFICIENTE. La Sala confirma la decisión de no abrir investigación disciplinaria y ordenar el archivo de la actuación adelantada contra el funcionario Fiscal debido a que la queja carece de material probatorio para respaldar lo dicho en la denuncia por parte del accionante y los testimonios recibidos carecen de veracidad y se contradicen con la referenciado desde el inició de la investigación. Confirmar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Material Probatorio. Archivo. Terminación.

Expediente 73001 11 02 000 2014 01053 01 (10355 23) de 2015.

NO SE PUEDE PRETENDER QUE CUANDO LAS DECISIONES EMITIDAS POR LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, SEAN ADVERSAS A LAS PRETENSIONES DE LOS ACCIONANTES, ELLO EDIFIQUE UNA IRREGULARIDAD ÉTICA. La Sala decidió confirmar la decisión mediante la cual se abstuvo de iniciar investigación disciplinaria contra los accionados Jueces, teniendo en cuenta que actuaron justo como la Ley les permite y en el caso en particular dieron el respectivo trámite al proceso de restitución de inmueble arrendado y además encuentra esta Superioridad que la decisión objeto de inconformismo en esta instancia, se encuentra revestida del principio de independencia y autonomía de los funcionarios judiciales, referenciada por la Corte Constitucional, en Sentencia T-238/11, y la Constitución Política de Colombia que desde su preámbulo y sus primeros artículos, repetidamente invoca la justicia como una de las finalidades del Estado y se alude a la intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo, partiendo de la discrecionalidad de cada funcionario público y de su interpretación que debe encontrase bajo la Ley, situaciones que encuentra plasmadas en su integridad en la actuación denunciada.   Confirmar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinaría. Independencia. Autonomía. Restitución bien inmueble.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00852 00 de b2015

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN COMPETENTE PARA LLEVAR PROCESO, DE ACCESO CARNAL VIOLENTO A MENOR DE 14 AÑOS. El juzgado segundo penal del circuito de Popayán tendrá conocimiento para llevar el proceso de integrante del resguardo indígena de Honduras, que ejerció violencia sexual sobre una menor de edad de su comunidad. La Sala observa que la conducta por la que ha sido acusado Alfredo Campo Campo, es decir, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, implicaría que desconoció valores que son de interés tanto de la sociedad mayoritaria como de la comunidad indígena, como lo refleja, en el caso de la primera, las normas y la jurisprudencia constitucionales y la adopción y ratificación de tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y la niñas. Y en el caso de la segunda, por ejemplo, la petición del abogado defensor de Alfredo Campo Campo, en el sentido que sea la justicia especial indígena la que investigue el presente caso. De conformidad con el precedente de esta Sala, en virtud de la prevalencia del factor objetivo, en principio, cuando el delito que se investiga afecta derechos que constituyen límites materiales a la jurisdicción indígena, esta no debe asumir la investigación juzgamiento y sanción de dichos delitos. Asigna Competencia.M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño Temas: Competencia. Población Indígena.

Expediente 19001 11 02 000 2014 00676 02 de 2015

CONFORME AL DECRETO 2591 DE 1991 EN SU ARTÍCULO 6 SE FALLA A FAVOR LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. El derecho a una vivienda digna para la población desplazada es visto como un derecho fundamental de aplicación inmediata que tiene un vasto desarrollo tanto a nivel interno como internacional, este se encuentra dotado de imprescindibles contenidos que el Estado debe asegurar a fin de garantizar la protección real y efectiva de este derecho. El derecho a la vivienda digna de la accionante, sigue siendo vulnerado por parte de FONVIVIENDA al no definir el estado de calificado en la que se encuentra. Y si eso es así, la orden impartida por el a-quo, no tiene la suficiente identidad para lograr que cese la violación del citado derecho. No debe perderse de vista que de cara al proyecto “Valle del Ortigal” es dable predicar la presencia de un daño consumado, en la medida que los subsidios presupuestados para éste ya fueron asignados en su totalidad. Se itera, ello respecto del citado proyecto, pero no frente a la situación de manifiesta debilidad de la actora. No puede esta Superioridad desconocer la situación de desplazamiento en la que se encuentra la accionante, la que conlleva a que día a día se desconozcan sus derechos fundamentales, especialmente el de acceder a una vivienda digna, de allí que se dispondrá el amparo constitucional de éste Derecho Revoca M.P. Pedro Alonso Sanabria BuitragoTemas: Derechos especiales para población desplazada.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00058 00 (10208 22) de 2015.

SE INHIBE DE PLANO CUANDO NO ES POSIBLE ESTABLECER CON CERTEZA LAS ACTUACIONES QUE SON OBJETO DE REPROCHE DISCIPLINARIO. Decidió la Sala declarase inhibida de plano de conocer la compulsa realizada en la que se solicitó investigar disciplinariamente a algunos funcionarios de la Rama Judicial, por presuntas irregularidades cometidas en sus funciones y en consecuencia, disponer el archivo de la actuación, teniendo en cuenta que el documento enviado remitido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde se ordena investigar a “algunos funcionarios de la Rama Judicial” carece de criterios fácticos y demostrativos, y por ende, mal haría esta Corporación en poner en movimiento el aparato judicial, en un asunto en el cual no puede concluirse un cuestionamiento definido acerca de la conducta disciplinaria, no se tiene conocimiento ni siquiera de los funcionarios a investigar, toda vez que en la compulsa no es posible establecer con certeza las actuaciones objeto de reproche disciplinario; por lo anterior, atendiendo que no se advierte una transgresión del ordenamiento jurídico que pueda ser atribuida a funcionarios de la Rama Judicial, procede a dar aplicación al parágrafo 1º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Inhibirse. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Inhibirse de plano. Conducta disciplinaria. Compulsa de copias.

Expediente 11001 11 02 000 2015 00228 01 (10481 23) de 2015.

CUANDO EXISTE HECHO SUPERADO EN LA ACCIÓN DE TUTELA SE EVIDENCIA LA CARENCIA DE OBJETO PARA SEGUIR PRONUNCIÁNDOSE ANTE ESE TEMA. La Sala decidió confirmar la sentencia que concedió la tutela impetrada en los derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, a la familia y a la estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta que para esta Corporación analizada la prueba allegada en esta instancia no existe duda respecto a que la vulneración de los derechos fundamentales alegada por el actor y por la cual fue concedido por el Juez Constitucional de primer grado, la tutela de los derechos invocados, ya fue cumplida en su totalidad, fue reintegrado y afiliado junto con su núcleo familiar al sistema de seguridad social, razón por la cual, conforme el precedente constitucional, se evidencia la carencia actual de objeto por hecho superado, en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales “a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y móvil, al trabajo, a la salud , a la dignidad humana y a la seguridad social”, para el ciudadano. Confirmar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Acción de tutela. Hecho superado. Mínimo vital y móvil.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02119 00 de 2015

IMPROCEDENTE CONOCER EL PROCESO POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA AL NO TRATARSE DE UN PROCESO DONDE SE DEBATA SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA. La Sala procedió a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 33 Administrativo oral de Bogotá y el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la demanda de reparación directa promovida contra el Ministerio de Salud y otras, por parte de salud Total EPS, asignando el conocimiento a la jurisdicción ordinaria en cabeza del segundo mencionado, al considerar que es claro que no se trata de un proceso relativo a la seguridad social de los empleados públicos cuyo régimen sea administrado por una persona de derecho público, único litigio que taxativamente y de manera privativa y reservada se asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual debe entenderse que en aplicación de la cláusula general y residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, igualmente en el caso concreto y en aplicación del criterio consistente en que no es el rótulo o nombre jurídico de la demanda lo que determina la jurisdicción que debe conocer, tramitar y decidir el proceso, sino la pretensión real objeto del litigio, Dirimió. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Administrativa. Jurisdicción Laboral.

Expediente 11001 11 02 000 2014 05987 01 de 2015

LA EMPRESA ACCIONADA VULNERÓ LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA AL DESPEDIR AL EMPLEADOR, MIENTRAS QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE INCAPACIDAD PARA EJERCER SUS LABORES. Confirmada providencia que concedió el amparo constitucional invocado contra la Empresa LRS Ingeniería LTDA, por la presunta violación a sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la salud, al trabajo y a la seguridad social del accionante, y condenó a la empresa al reintegrar al trabajador y el pago de las prestaciones dejadas de percibir. Al determinar que el despido se tornó inconsecuente con la realidad vivida por el actor, siempre y cuando estaba en discapacidad para laborar a plenitud sus labores y de ello estaba enterada la empleadora, por ende, se llevó de tajo la estabilidad reforzada a que tiene derecho el trabajador por esa misma incapacidad, desconociendo que la legislación laboral previó en favor de esta clase de personas una protección especial por su condición de salud precisamente, es un fuero de salud para la permanencia en sus trabajos por la debilidad del trabajador discapacitado. Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Estabilidad Laboral Reforzada. Tutela. Incapacidad.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00265 00 de 2015

CUANDO LA DUDA SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN PROCESO DONDE SE INVOLUCREN AGENTES DE LA FUERZA PÚBLICA PREVALEZCA, SE DEBE RADICAR LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. Asignada la competencia dentro del conflicto negativo de jurisdicciones, surgido entre la Fiscalía 42 Delegada ante los Juzgado Penales Municipales de Cali y el Juzgado 156 de instrucción Penal Militar de la misma ciudad, a raíz del conocimiento de la denuncia instaurada por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en contra de dos sargentos intendentes, a la jurisdicción ordinaria representada en la primera mencionada, reiterando que el reconocimiento de la justicia castrense es procedente en aquellos eventos en los que aparezca claramente determinada la excepción al principio del juez natural general, de suerte que, frente a una conclusión dudosa, a efectos de determinar la jurisdicción competente, que devenga con ocasión de la ausencia de plena demostración de la configuración de la excepción para radicarla en el juez castrense, la decisión debe dirigirse a asignarla, se reitera al juez ordinario.  Asignó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Ordinaria.

Expediente 70001 11 02 000 2013 00446 01 (10020 21) de 2015

IMPROCEDENTE INICIAR INVESTIGACIÓN CONTRA EL ACCIONADO AL NO ENCONTRAR HECHO CONTRARIO A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia confirma el archivo definitivo de las diligencias preliminares adelantadas por motivo de una queja, en la cual se solicitaba abrir una investigación disciplinaria interpuesta en contra del procesado, justificando que el acusado no rebosó de sus obligaciones y facultades consagradas en la norma procesal penal, ni trasgredió sus deberes funcionales por lo cual no se hizo merecedor de un reproche disciplinario. ConfirmaM.P Doctora Julia Emma Garzón de Gómez Temas: Proceso disciplinario. Consejo Superior de la Judicatura.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06017 01 de 2015

LOS ACCIONANTES COMO DEMANDADOS EN EL PROCESO EJECUTIVO TIENEN A SU ALCANCE LOS MEDIOS ORDINARIOS PARA ADELANTAR SU DEFENSA. Confirmado el fallo que negó la tutela incoada contra la autoridad judicial mencionada, al considerar que estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad, de petición y al debido proceso, entre otros, por cuanto el 13 de noviembre de 2014 realizó irregularmente una diligencia de secuestro sobre un bien inmueble de su propiedad. Precisado que uno de los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones judiciales, es el agotamiento previo de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, en el presente caso al ser los aquí accionantes por su calidad de parte demandada en el expediente ejecutivo hipotecario, se encuentran habilitados para ejercer su defensa judicial acudiendo a los mecanismos ordinarios previstos en esa clase de asuntos a favor de los sujetos procesales. Confirmó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Tutela. Proceso Ejecutivo.

Expediente 11001 11 02 000 2009 06881 01 (9077 18) de 2015

EL TOGADO INCURRIÓ EN UNA FALTA GRAVE A LA PROFESIÓN AL ADUEÑARSE DE DINEROS ENTREGADOS A FAVOR DE SU PODERDANTE. Confirmada providencia que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses a togado, al hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar reprochable del togado investigado y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, en cuanto es evidente que dada la condición de abogado del investigado y por su experiencia profesional, era plenamente conocedor que al no entregar a su cliente el dinero producto de la gestión para la cual fue contratado, conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la profesión, pues resulta inexplicable que habiendo recibido la suma de $3’500.000, no la haya entregado a su legítimo propietario ahora el quejoso. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 11001 11 02 000 2011 06553 01 de 2015

SANCIONADA CON EXCLUSIÓN TOGADA QUE SE APODERO DE LOS BIENES ENTREGADOS A SUS PODERDANTES COMO MEDIO DE INDEMNIZACIÓN. Confirmar la sentencia por medio del cual sancionó con exclusión a togada al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, ante el comportamiento adoptado por la abogada investigada que atentó flagrante y groseramente no solo contra los bienes propios de los denunciantes, razón por la cual se inició un proceso penal, sino, de manera particular, el deber de honradez profesional. En efecto, del plenario se desprende que la disciplinable quien obtuvo y, aprovechando la oportunidad, retuvo para sí, lo otorgado, a título de reparación, a sus clientes, anteponiendo su interés económico a la exigencia de justicia de los otros lesionados. Lo anterior, aunado a la existencia de las denuncias penales presentadas por los clientes contra la profesional del derecho y a que las referidas pruebas no fueron controvertidas, ni existió ni prueba en contrario, habiendo tenido la abogada investigada oportunidad procesal para ello. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 13001 11 02 000 2012 00946 01 (9075 18) de 2015

EL ABOGADO INCUMPLIÓ CON SU DEBER AL FALTAR A UNA AUDIENCIA TAN SUSCEPTIBLE PARA DEFINIR EL FUTURO DEL LITIGIO. Confirmada la sentencia que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses a togado, al encontrarlo responsable de la falta disciplinaria contemplada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, al no aceptarse el argumento esbozado por el apelante, quien desestimó su inasistencia a esa diligencia, considerándola no determinante en el proceso, siempre y cuando dentro de esta se presumirían ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Por lo tanto su comparecencia a esa diligencia en particular se tornaba imprescindible, máxime porque en esa audiencia se concentraban diversas actuaciones procesales que definirían el futuro de ese litigio. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Deberes del Abogado. Debido Proceso.

Expediente 08001 11 02 000 2011 00139 01 (9911 21) de 2015

EL ACTOR ACTUÓ EN CONTRA DEL PRINCIPIO DE HONRADEZ AL APODERARSE DE DINEROS CONSIGNADOS A FAVOR DE SU CLIENTE. Confirmada la sentencia que sancionó a togado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, como autor responsable de las faltas disciplinarias contenidas en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, dado que se comprobó que el investigado no cumplió con su deber de entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo, teniendo en cuenta la trascendencia e impacto social que conlleva la falta a la honradez de la profesión, la modalidad en la que se incurrió en la misma dolosa; así como el perjuicio causado a su cliente, al menoscabar su patrimonio. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Disciplinario. Deberes del Abogado.

Expediente 15001 11 02 000 2012 00692 01 de 2015

EL ESTADO CUENTA CON UN TÉRMINO DE 5 AÑOS PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR EL IRREGULAR ACTUAR DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. Confirmada providencia donde se declaró la terminación anticipada y el consecuente archivo definitivo de la acción disciplinaria adelantada contra la doctora Martha Eugenia Arenas Bautista, en su calidad de Jueza Promiscua Municipal de Boyacá, al probarse que transcurrieron más de los cinco años con que cuenta el Estado para investigar y sancionar el irregular accionar, ello en consideración a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, según el cual, la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. Así las cosas, al ser la prescripción un derecho que tiene el disciplinado, que forma parte además del debido proceso, para que, vencido el plazo estipulado por el Legislador sin haberse adelantado y concluido el respectivo proceso, se termine la actuación y se cese todo procedimiento, por cuanto el vencimiento de ese lapso implica que el Estado pierde su potestad para sancionar.Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Disciplinario. Prescripción.

Expediente 41001 11 02 000 2012 00475 01 de 2015

SANCIONADO TOGADO POR ACUDIR A AUDIENCIA EN ESTADO DE ALICORAMIENTO. Confirmada sentencia que ordenó la suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión a abogado, al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria contra la dignidad de la profesión, descrita en el numeral 2 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, al establecer que en la copia de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento donde participaba el investigado, demuestra que el comportamiento del abogado aquí cuestionado, evidencia un claro estado de alicoramiento, sin que, se puede colegir que tan díscolo actuar obedezca a los efectos de algún medicamento y las sintomatología que se refiere en su historia clínica difiere notablemente del comportamiento que se evidenció en la citada audiencia, aunado al hecho de que el mismo Fiscal percibió halitosis marcada en el aquí disciplinado. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Disciplinario. Deberes del Abogado.

Expediente 17001 11 02 000 2014 00055 01 de 2015

EL TOGADO SE APROVECHÓ DEL DESCONOCIMIENTO DE SU CLIENTE PARA ASUMIR UNA DILIGENCIA PARA LA CUAL ESTABA INHABILITADO. Confirmada la providencia por medio de la cual se impuso sanción de exclusión el ejercicio de la profesión, a togado al haberlo encontrado responsable de incurrir en las faltas previstas en los artículos 33 numeral 9 y 39 de la Ley 1123 de 2007, al determinar que el togado inculpado se aprovechó del desconocimiento de su poderdante para hacer parecer que podía llevar a cabo una gestión, sabiendo que estaba imposibilitado desde el principio para su impulso y posterior consecución. Adicionalmente, al ser requerido por la quejosa en el año 2012, le aportó una prueba falsa, a fin de justificar su actuación, hecho fraudulento que evidentemente comportó un detrimento a los intereses del poderdante, pues pretendió mediante esa argucia darle apariencia verídica a una situación mentirosa y en razón a ello cobrarle las respectivas sumas de dinero. Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Disciplinario. Deberes del Abogado.

Expediente 08001 11 02 000 2015 00002 01 de 2015

LA MUJER EN EMBARAZO NO PUEDE QUEDAR DESPROTEGIDA POR LA SUPRESIÓN DEL CARGO QUE LE OCUPA. Tutelado el derecho a la seguridad social en salud de la actora y en consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–Seccional Barranquilla a cubrir el total de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud a favor de la actora desde el día siguiente al de su desvinculación por supresión del cargo, toda vez que está probado que; que para esa época se encontraba embarazada y que desde la fase inicial de la gestación le informó de la situación al representante del empleador, en consecuencia, no cabe duda que deberá tutelarse en la urgencia el derecho fundamental de la actora a la seguridad social en salud, de modo que por el hecho de la supresión del empleo, así hubiese ocurrido por razones objetivas distintas al embarazo, no pueden quedar totalmente desprotegidos ni la mujer, ni el que está por nacer, en particular respecto de la atención en salud y la licencia de maternidad. Revocó.M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Laboral. Estado de Embarazo. Tutela.

Expediente 66001 11 02 000 2014 00024 01 de 2015

LA CONDUCTA DEL TOGADO CORRESPONDIÓ A UN ERROR INVOLUNTARIO EL CUAL NO CAUSO PERJUICIO ALGUNO AL ACCIONANTE. Confirmada decisión mediante la cual terminó y de contera archivó las diligencias adelantadas contra togado en su calidad de Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira. Al considerar que el funcionario indagado no actuó con mala fe o con dolo, o con la intención de lesionar el derecho de defensa del petente al proferir la decisión mediante la cual amparó la solicitud del hoy quejoso y le acumuló dos procesos penales reduciendo la sanción, adicional a ello no se efectivizó o causó el perjuicio, toda vez que él mismo recurrió la decisión tomada por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, es decir subsanó la posible falta en la que hubiere podido incurrir el funcionario, por lo tanto, no se negó el acceso de garantías al quejoso y por ende no transgredió el articulado del Código Disciplinario Único, se reitera si bien incurrió en un error, al mismo no le asiste una connotación dolosa, pues existen elementos objetivos que permiten concluir que el error fue involuntario, razón esta por la cual no se desvirtuó la presunción de inocencia del indagado. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Disciplinario. Archivo.

Expediente 44001 11 02 000 2009 00479 01 de 2015.

SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA DE LA FALTA DISCIPLINARIA AL IGUAL QUE LA SANCIÓN DE ESTA EN LA QUE INCURRIÓ EL ACCIONANTE. El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia por la cual se sancionó con suspensión de 3 meses en el ejercicio de la profesión del accionante al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, quien interpuso recurso de apelación contra la decisión de tal sentencia, esto ya que se demostró la existencia de la falta, y que además la misma es antijurídica y fuera de ello que no obraron elementos de prueba que demostraran la existencia de alguna circunstancia especial excluyente de responsabilidad. Confirmó. M.P Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Consejo Superior de la Judicatura. Falta disciplinaria.

Expediente 23001 11 02 000 2013 00001 03 de 2015

IMPROCEDENTE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE COLPENSIONES AL ENCONTRARSE CUMPLIDA LA TUTELA. Revocada decisión por la cual se impuso sanción de arresto por tres días y multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta al representante Legal de COLPENSIONES, por encontrar que incurrió en desacato a la decisión de tutela proferida por la Corte Constitucional, al encontrar que la acción de tutela se encuentra cumplida y en ese sentido no puede imputarse responsabilidad alguna al representante legal de COLPENSIONES. Sin dejar de aclarar que para imponer la sanción, no basta con la sola comprobación del incumplimiento de la orden, sino que es necesario establecer la responsabilidad del obligado, si éste actuó con dolo, culpa o negligencia comprobada, además de verificar eventuales circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta. Incluso determinar que exista congruencia entre la orden dada en la tutela y la actividad desplegada por la accionada en cumplimiento de la misma. Revocó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Colpensiones. Tutela. Sanción.

Expediente 76001 11 02 000 2010 00884 03 de 2015.

SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EN LA CUAL SE SANCIONABA AL ACUSADO POR SER RESPONSABLE DE UNA FALTA DISCIPLINARIA CONTENIDA EN LA LEY 1123 DE 2007 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia por la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de su profesión, por 1 año, al acusado al hallarlo responsable de la falta disciplinaria contenida en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, sobre las faltas a la lealtad y honradez con los colegas, ya que se encontró plenamente estructurada la materialidad de la falta, toda vez que la conducta del investigado se adecuó al tipo disciplinario, esto ya que, dada la actitud dolosa y trasgresora de los principios que rigen la profesión del Derecho, la calidad de reincidente del disciplinado, la consecuencia de su comportamiento y la satisfacción que obtuvo del mismo, resultaron elementos suficientes para fijar la sanción en un año de suspensión en el ejercicio de la profesión. Confirmó. M.P Wilson Ruiz Orejuela, Docum.Temas: Falta disciplinaria. Sanción.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00099 00 de 2015.

SE ESTABLECIÓ EL CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL LLEVADA A CABO EN CONTRA DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, asignó el conocimiento de la investigación penal seguida contra miembros del Ejército Nacional, a la jurisdicción penal ordinaria, y se llegó a la conclusión que, la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, entonces esta es competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá caer en favor de la jurisdicción ordinaria. Asignó. M.P Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Jurisdicción penal ordinaria. Investigación Penal.

Expediente 73001 11 02 000 2011 00668 01 de 2015

IMPROCEDENTE SANCIONAR A JUEZ QUE DECIDIÓ ACATAR UNA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN UN CASO EN EL QUE EXISTÍA MÁS DE UNA. Revocada decisión por medio de la cual se sancionó a togado en su calidad de Juez Civil del Líbano (Tolima), con suspensión en el ejercicio del cargo por un mes por la infracción gravemente culposa del artículo 196 de la ley 734 de 2002, al considerar que ante la existencia de varias interpretaciones de una situación jurídica, el funcionario judicial que acoja una interpretación jurídica no incurre por ello en falta disciplinaria alguna. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, los jueces están autorizados para interpretar las normas jurídicas en que fundan sus decisiones, ya que ello hace parte de la autonomía que la Constitución Política les garantiza. La autonomía incluye la interpretación y aplicación del derecho. Por esta razón, no se deben iniciar procesos disciplinarios contra los jueces por las interpretaciones que en las providencias acojan, salvo cuando se trata de una interpretación grosera que sobrepase los límites de la juridicidad. Hace parte de la autonomía e independencia judicial interpretar las disposiciones jurídicas en un sentido razonable. Revocó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. . Temas: Disciplinario. Interpretación Jurídica.

Expediente 76001 11 02 000 2012 02558 01 de 2015

EL TOGADO EN SU CONDICIÓN DE JUEZ PRODUJO UN DESGASTE INJUSTIFICADO AL APARATO JUDICIAL. Confirmada la sentencia que condenó a togado en su calidad de Juez Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de dieciocho años, tras haber sido hallado responsable de la infracción del deber contenido en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, al considerar que no puede el funcionario inculpado fungiendo como Juez de Control de Garantías desconocer que existió una afectación cierta e injustificada al deber funcional de administrar justicia con su actuar omisivo, pues resulta notorio el desgaste al que se debió someter el aparato jurisdiccional para subsanar su yerro, teniendo el Tribunal Superior del Distrito Judicial luego de seis meses de concretada la medida que pretendió recurrir el ente acusador, que declarar la vulneración de derechos fundamentales del interviniente, así como la procedencia del recurso.Confirmó. M.P. Maria Mercedes López Mora. Temas: Disciplinario. Desgaste del Aparato Judicial.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02666 00 (10003 21)

SE RESOLVIÓ LA COMPETENCIA PARA LLEVAR EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA CONTRA LA NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado primero de oralidad del circuito de Bogotá, y el Juzgado treinta y dos laboral del circuito de Bogotá, en el sentido de asignar el conocimiento del proceso de reparación directa promovida por la EPS SANITAS contra la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social y CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005, a la Jurisdicción Ordinaria, en este asunto, representada por el JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, esto luego de realizar un estudio y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria. Dirimió. M.P Julia Emma Garzón De Gómez. Temas: Competencia. Conocimiento del proceso.

Expediente 23001 11 02 000 2013 00002 03 de 2015

LA ORDEN DE TUTELA FUE CUMPLIDA POR COLPENSIONES POR CONSIGUIENTE NO EXISTIERON RAZONES QUE PERMITIERAN REPROCHAR POR VÍA DE DESACATO. En su afán por sancionar, la Sala de primera instancia no tuvo en cuenta que la entidad accionada emitió desde junio de 2013, la Resolución 139664, en la cual dio cumplimiento a la orden de tutela dada en febrero de ese año, reliquidando y ordenando el pago de la pensión de vejez al tutelante, siendo incluso incluido en nómina desde julio de 2013. De esta manera, si bien existió una controversia sobre la base de la liquidación, no puede dejar de lado la primera instancia que dicha reliquidación se efectuó con los elementos que obraban en el expediente administrativo, tal como lo informó la entidad accionada en la misma Resolución que fue debidamente notificada al accionante y se le informó los recursos que procedían contra la misma y el término que tenía para impetrarlos. Declara. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Desacato. Pensión de Vejez. Tutela.

Expediente 08001 11 02 000 2011 01520 01 de 2015

C S DE LA J DESVIRTUÓ LA PRESUNTA “ILEGALIDAD” DEPRECADA POR EL DEFENSOR DE CONFIANZA PUES NO SE LE VULNERÓ NINGÚN DERECHO Y EN LAS FASES DEL PROCESO DISCIPLINARIO. Para la sala existió certeza de la falta disciplinaria que se le atribuyo al investigado y de su responsabilidad a título de dolo, como quiera que se  observó que no solo logró la dilación del proceso laboral, en el  que no permitió que el Magistrado de Segunda instancia dictara sentencia en el tiempo de ley, debido a los múltiples escritos que presentó, como acertadamente lo puntualizó la instancia, generó otro movimiento para la Administración de Justicia esto es iniciar una investigación por presunta mora en contra del Magistrado referido situación que aumenta la ya conocida congestión judicial. Niega. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Ilegalidad. Dolo. Congestión.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00336 00 (10349 23) de 2015

LA RUPTURA DEL NEXO ENTRE LA ACTIVIDAD MILITAR Y EL SERVICIO PRESTADO DESESTIMAN EL CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. No toda conducta cometida por un miembro de la fuerza pública, con ocasión del servicio, puede quedar comprendida en el ámbito de competencia de la Jurisdicción Penal Militar, más aún, cuando surgen elementos de convicción que desdibujan y socavan la actividad militar con la relación del servicio; de allí que se descarte el acto reprochado en el sub lite, como propio del servicio o con nexo al mismo, y menos con los fines señalados por la Constitución y la Ley a la Fuerza Pública, pues el delito investigado por la Jurisdicción Ordinaria deviene de una omisión del ciudadano como miembro de la SIJIN, evidenciándose así, que no estaba en ese momento adelantando una función propia de su cargo o de las fuerzas militares. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Jurisdicción. Actividad Militar. Fuerzas Militares.

Expediente 76001 11 02 000 2011 00379 02 de 2015

2LA CONDUCTA POR LA CUAL SE INVESTIGÓ AL TOGADO SE ENCONTRABA PRESCRITA AL INICIAR EL PROCESO DISCIPLINARIO. Decretada la terminación y archivo de la investigación dentro de la cual se sancionó a togado en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Buenaventura, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de treinta días, tras encontrarlo disciplinariamente responsable de haber incurrido en la omisión del deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; al encontrar que el Estado perdió la facultad sancionadora en el presente evento, si se tiene en cuenta que al funcionario disciplinado, se le imputó la omisión del deber, con fecha de consumación el 20 de noviembre de 2009, fecha desde la cual transcurrió más de los 5 años que prevé la norma para decretar la prescripción de la acción disciplinaria, cumpliéndose los mismos el 20 de noviembre de 2014, por lo que cuando el proceso llegó al Despacho del aquí ponente, el 14 de enero de 2015, ya se encontraba prescrito. Decretó. M.P. Angelino Lizcano Rivera.  Temas: Disciplinario. Prescripción.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00285 00 (10321 23) de 2015

LA RUPTURA DEL NEXO DE CAUSALIDAD DEL HECHO DELICTIVO ENTRE LA ACTIVIDAD MILITAR Y EL SERVICIO PRESTADO DESESTIMA EL CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. No toda conducta cometida por un miembro de la fuerza pública, con ocasión del servicio, puede quedar comprendida en el ámbito de competencia de la Jurisdicción Penal Militar, más aún, como viene de examinarse, cuando surgen elementos de convicción los cuales desdibujan y socavan la actividad  militar con la relación del servicio; por ello, atina la Fiscalía al señalar que los hechos investigados corresponde adelantarlos a la Jurisdicción Ordinaria Penal, porque la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas obrantes dentro del expediente, pues la Justicia Penal Militar constituye la excepción a la norma ordinaria, y el hecho de causar daño, incurrir en conductas delictivas, desnaturaliza la relación con la función militar. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Actividad Militar. Conocimiento. Función.

Expediente 13001 11 02 000 2012 01006 04 (10338 23) de 2015

EL CUMPLIMIENTO DE LA TUTELA HACE IMPROCEDENTE LA SANCIÓN POR DESACATO. Revocada decisión que declaró incursa en desacato a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, CECILIA ÁLVAREZ CORREA GLEN, y la sancionó con arresto de tres días, al encontrar que la tutela por la cual se inició el proceso de desacato, fue cumplida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio y Turismo, en los términos ordenados, por consiguiente no existen razones que permitan reprochar por vía de desacato actuación de funcionario alguno. Precisando entonces que una vez cumplido el fallo de tutela y surgida una discrepancia parcial sobre el monto de pagos a favor de los accionantes, con los cuales se restablecieron sus derechos fundamentales, entre ellos el mínimo vital, la discusión pasa a ser exclusivamente económica, cuya incompatibilidad con las acciones constitucionales es manifiesta. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Desacato. Tutela.

Expediente 50001 11 02 000 2013 00175 01 (9110 19) de 2015

LA INVESTIGADA HIZO USO DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO COMETIDO, SIN QUE LA DECISIÓN CONTRARIA FUERA CULPA DE SU NEGLIGENCIA. Revocada la sentencia por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 años a togada, al hallarla responsable de la comisión de las faltas previstas en los literales a) y b) del artículo 34 y el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que las probanzas arrimadas permiten concluir que gestionó todo cuanto pudo para lograr la concesión del beneficio al quejoso, incluso desvirtuando el argumento del a quo referido con la improcedencia de la prisión domiciliaria en casos de condenados por Ley 30 de 1986, asunto demostrado abastanza por la letrada. Así las cosas, no existe la certeza exigida por el legislador para predicar de la profesional del derecho la incursión en falta disciplinaria alguna, recalcando que en la valoración del acervo probatorio, el Juzgador de instancia efectuó una interpretación sesgada de las intervenciones de la acusada. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Investigación.

Expediente 47001 11 02 000 2010 00390 01 de 2015

LAS DETERMINACIONES DE LOS JUECES DEBEN TENER UN PREVIO Y PROFUNDO ANÁLISIS ANTES DE IMPUTAR UNA SANCIÓN EN SU CONTRA. La acción de tutela promovida por el Presidente del Concejo Municipal de Cerro de San Antonio (Magdalena) en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Cerro de San Antonio, no tenía, en estricto derecho, la finalidad de revisar una providencia proferida por el disciplinado, de allí que se insistió, que el funcionario no estaba en la obligación de declararse impedido y por tanto su conducta se tornó atípica. Razón por la cual, hubo lugar a revocar el fallo de primera instancia proferido por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, en el que se  sancionó al Juez Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), para en su lugar absolverlo de los cargos enrostrados en el auto del 12 de febrero de 2014. Revoca. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Análisis. Sanciones. Jueces.

Expediente 66001 11 02 000 2014 00378 01 (10229 22) de 2015

EL AUXILIAR DE JUSTICIA INCURRIÓ EN UNA FALTA A SU DEBER AL PERMITIR QUE SUSTRAJERAN BIENES DEL INMUEBLE SECUESTRADO. Revocada la determinación que ordenó la terminación de la investigación disciplinaria adelantada contra el Auxiliar de Justicia, al considerar que le asiste razón al quejoso impugnante al indicar que el funcionario de instancia, ordenó el archivo de la actuación disciplinaria, sin tener plenamente en cuenta los deberes que adquirió el denunciado como secuestre, que al momento se recibir el inmueble recayó toda su responsabilidad en cuanto a custodiarlo, preservarlo, restituirlo de la misma forma en que lo recibió e impedir que los antiguos dueños lo enajenen o que sustraigan elementos propios del mismo. De tal manera, el hecho perpetrado por la dueña del inmueble, de sustraer un bien mueble, después de que el bien ya había sido embargado y secuestrado con el argumento que aún los debía y tenía que entregarlos, esto evidencia la negligencia por parte del auxiliar de la justicia sabiendo que su deber como secuestre era mantenerlo en la misma condición en que lo recibió. Revocó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Disciplinario. Auxiliar de Justicia.

Expediente 05001 11 02 000 2012 02114 01 de 2015

EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL DEBER COMO APODERADO NO PUEDE DEMERITARSE Y MUCHO MENOS ACCIONARSE DISCIPLINARIAMENTE. En el presente caso si se verificó que el profesional del derecho no actuó con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, siendo este comportamiento, parte integrante de la conducta vulneradora del deber de cuidado deducido en el obrar descrito en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, se torna remota la producción de esta última. Por lo anterior, esta Superioridad revocó la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente al abogado para en su lugar, absolverlo del cargo imputado por los motivos anteriormente expuestos. Niega. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Faltas. Deducción. Comportamientos.

Expediente 76001 11 02 000 2010 00298 01 de 2015

EL DESCONOCIMIENTO EVIDENCIADO POR EL ABOGADO EN SUS OBLIGACIONES COMO LITIGANTE OCASIONÓ SANCIÓN POR 2 MESES DE CESACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. Como lo anotó el A quo, el disciplinable incurrió en falta a la debida diligencia que debe tener el profesional del derecho sobre sus encargos encomendados, teniendo en cuenta que efectivamente no adelantó la gestión encomendada por su cliente, en procura de obtener ya fuera un resultado favorable o no; las pruebas indican como en efecto el profesional actuó de manera descuidada, sin emerger una causal que lo exonere del juicio de reproche, por incurrir en la falta contra la debida diligencia profesional. En conclusión, conforme a la situación fáctica reseñada, se halló probado que el abogado dejó de instaurar demanda ordinaria encaminada a establecer la presunta negligencia médica por parte de la EPS Coomeva, la cual habría ocasionado la muerte del cónyuge de la querellante. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Cesación. Sanciones. Diligencias.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02918 00 (10123 22) de 2015

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEBE CONOCER LOS PROCESOS DONDE ACTÚEN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de la misma ciudad por el conocimiento de la demanda ordinaria laboral incoada contra la secretaría de Educación Departamental del Atlántico, entregando el conocimiento a la jurisdicción administrativa, al encontrarse que el actor fue vinculado a la entidad por lo cual se aviene como propia, la actividad que desempeñó en dicha entidad de empleado público, correspondiendo por ende a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Lo anterior, en razón de la naturaleza de la entidad pública para la cual laboró el demandante, y al no encontrarse la actividad desplegada por éste, “CONSERJE” dentro de las excepciones previstas en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, donde se consideran como trabajadores oficiales a aquellos que desarrollan actividades de la construcción y sostenimiento de las obras públicas. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón Gómez. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Administrativa.

Expediente 05001 11 02 000 2011 00997 01 de 2015

EL TOGADO FALTÓ A SUS OBLIGACIONES AL AUSENTARSE INJUSTIFICADAMENTE DE SU LUGAR DE TRABAJO. Confirmada la sentencia que sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo a togado en su calidad de Fiscal 58 Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Santa Rosa de Osos (Antioquia), por la inobservancia del deber contenido en el artículo 153 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, al encontrar que el disciplinado se ausentó de su lugar de trabajo de manera injustificada los días 9 y 10 de noviembre de 2010, así como tampoco asistió a la capacitación programada por Salud Ocupacional para los días 3 y 4 de febrero de 2011, como tampoco se hizo presente a su lugar de trabajo, además de ser inasistencias que no fueron debidamente justificadas, omitiendo pedir los permisos correspondiente a su superior inmediato. Por lo tanto, con su comportamiento el investigado incumplió su deber funcional, esto es, el de observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. . Temas: Disciplinario. Deberes de los Funcionarios.

Expediente 11001 11 02 000 2011 05567 02 de 2015

EL SERVIDOR PÚBLICO INFRACTOR SÓLO PUEDE SER SANCIONADO SI HA PROCEDIDO DOLOSA O CULPOSAMENTE. La conducta endilgada, fue imputada a título doloso, pero consideró esta Instancia que la misma se realizó a título de culpa, pues carece la abogada de alguna intensión que la liquidación se aprobara en un mayor valor, motivo por el cual al ser la misma la que exige un desarrollo doloso y ser este inexistente no puede endilgarse el elemento culpabilidad. Por tal motivo, debe atenderse que la culpabilidad, como elemento estructurante de la responsabilidad en el presente caso se exige a título de dolo, pues la abogada no actuó de dicha forma, ya que nunca tuvo el ánimo de hacer desviar el curso del proceso, ni tampoco efectuó afirmaciones falsas, razón por la cual sancionarla conduciría a una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. Revoca.M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Infracción. Dolo. Culpa.

Expediente 73001 11 02 000 2012 01295 01 de 2015

PROFESIONAL DEL DERECHO INCURRIÓ EN UNA FALTA AL MANIFESTAR FRASES DE UN ALTO CONTENIDO OFENSIVO CONTRA EL JUEZ. A juicio de la Sala la sanción debe quedar en firme pues los términos utilizados por el litigante no fueron los más moderados, no se compadecen con la cordura y serenidad que deben caracterizar a los abogados en sus actividades profesionales; estos comentarios, a simple vista, resultaron lesivos tanto de la dignidad de la funcionaria investida de funciones jurisdiccionales, como de la institución que ella representa, razón por la cual son censurables disciplinariamente. Se le recordó al disciplinado, que si consideraba que el Juez Primero Promiscuo Municipal del Guamo, estaba incurriendo en alguna irregularidad en el trámite de una actuación, cualquiera que sea su naturaleza, dados los conocimientos jurídicos que posee como abogado, debe saber que existen instancias y organismos creados para tal finalidad, y no pretender aplicar justicia por su propia mano, censurando unos hechos que a él no le incumben, porque para ello están las autoridades competentes, ante quienes debió acudir denunciando las presuntas anomalías, que según su criterio se habían configurado. Confirman. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Sanción Disciplinaria. Calumnia. Falta a la Profesión de abogado.

Expediente 76001 11 02 000 2010 001657 01 de 2015

JUEZ DE CONOCIMIENTO DE PROCESO PENAL DESCONOCIÓ EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y ORALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146 DEL CPP PARA TODA LA ACTUACIÓN PROCESAL. La Sala no encuentra justificación alguna para que el trámite del incidente de reparación integral se hubiera extendido de la manera en que se adelantó, pues es claro que luego de cuatro intentos fallidos para llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, la disciplinada accedió a la solicitud de la defensa de aplazar la audiencia nuevamente, sin fundamentos válidos, ya que es apenas obvio que si no existía ánimo conciliatorio, lo procedente era continuar adelante con la siguiente etapa. Confirman. M.P. Nestor Javier Osuna Patiño. Temas: Principio de Celeridad. Oralidad. Conciliación.

Expediente 11001 11 02 000 2012 02290 01(9867 20) de 2015

NO ENTREGAR A QUIEN CORRESPONDA A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DINEROS, BIENES O DOCUMENTOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE LA GESTIÓN PROFESIONAL GENERA FALTA A LA HONRADEZ DEL ABOGADO. La falta a la honradez es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento que su comisión es disciplinariamente reprochable y ocasiona perjuicios al cliente, como ocurre en este evento donde el profesional del derecho investigado, es acusado de no entregar al cliente los dineros pactados para su devolución según lo contenido en el contrato de prestación de servicios suscrito. De esta manera, no se admitió duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de amenaza de un mal a todo aquel que no observe cabalmente los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Gestión Profesional. Faltas Disciplinarias. Incompatibilidades.

Expediente 68001 11 02 000 2012 00345 01 (10018 21) de 2015

2EVIDENTE ERROR PROCESAL ANTE LA INCONGRUENCIA ENTRE LA FORMULACIÓN DE CARGOS Y LA CONDUCTA POR QUE SE SANCIONO A LA AUXILIAR DE JUSTICIA. Declarada la nulidad de las diligencias dentro de las cuales se sancionó con exclusión de la lista de auxiliares de la justicia a la investigada, por haber incurrido en la infracción al deber previsto en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, ante la existencia de una incongruencia entre la formulación de cargos y el fallo de primera instancia, lo cual sin lugar a dudas constituye la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por lo que necesariamente se debe decretar la nulidad de la presente actuación disciplinaria a partir de la formulación del pliego de cargos. Siempre y cuando la investigada resultó finalmente sancionada por una infracción no imputada durante el trámite de la actuación disciplinaria. Declaró la Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. 15. Temas: Disciplinario. Auxiliar de Justicia.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02458 00 de 2015

EN TRATÁNDOSE DE UNA ACCIÓN POPULAR DIRIGIDA CONTRA UN MUNICIPIO DEBE ATRIBUÍRSELE A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 (que estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios), los municipios del país deben asegurar a sus habitantes la prestación de servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto. Así, la pretensión principal de la acción popular promovida fue encaminada a amparar los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Neiva (Huila), debido a la eventual acción u omisión de dicho ente territorial y de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P, lo cual es competencia de la jurisdicción contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998. Asigna. M.P. Wilson Ruiz OrejuelaTemas:acción Popular. Jurisdicción. Derechos Colectivos.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04027 01 (9570 20) de 2015

LA TOGADA QUEBRANTO LOS DEBERES DE LA PROFESIÓN AL REPRESENTAR LOS INTERESES DE DOS CLIENTES SIMULTÁNEAMENTE SIENDO LOS MISMOS CONTRARIOS. Confirmada decisión por medio de la cual se sancionó con suspensión de cuatro meses en el ejercicio de la profesión, la togada como autora responsable de la falta prevista en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007. Ante la evidente infracción de la investigada al representar a sus clientes en varios procesos de familia, a sabiendas del conflicto de intereses y pretensiones opuestas entre sí, lo cual no le permitió en ninguno de los asuntos, ejercer una adecuada y libre actuación, en procura de cumplir de manera eficiente con tales mandatos, sin desconocer que en razón al segundo mandato aceptado se encontraba en juego derechos de menores, por lo tanto, se mostró que no actuó con la fidelidad y el esmero exigible, pues resulta apenas lógico, que no podría ejercer una representación responsable y diligente en procura de los intereses de sus clientes simultáneamente, pues a todas luces, éstos resultaron totalmente contrarios. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez Temas: Suspensión en el Ejercicio de la Profesión. Disciplinario.

Expediente 44001 11 02 000 2011 00342 01 (10062 21) de 2015

LA AUTONOMÍA FUNCIONAL NO PUEDE PROTEGER AL FUNCIONARIO JUDICIAL QUE IGNORA LOS LINEAMIENTOS LEGALES PARA EMITIR SENTENCIAS QUE VIOLAN LA FINALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. Confirmada providencia por medio de la cual se sancionó con suspensión en el cargo por el término de cuatro meses a togado en su condición de Fiscal Primero Seccional de Maicao (Guajira), como autor responsable de incumplir el deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, determinado que la autonomía funcional no ampara ese derecho de independencia que derive en irresponsabilidades judiciales, arbitrarias o caprichosas que conlleven al absurdo o enerven otros principios rectores de la administración de justicia, por cuanto dejarían de tener sentido y significado normas estatutarias, cuando prevén como deber aquélla, el respetar, cumplir y dentro de la órbita de su competencia hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. En consecuencia en el presente asunto, se advierte es un desconocimiento caprichoso de las condiciones previstas por el legislador para la procedencia de la figura de la absolución perentoria, siempre y cuando la solicitud dentro del proceso en conocimiento por el investigado, o reunía los elementos requeridos para su procedencia, ante lo cual el disciplinado hizo caso omiso con pleno conocimiento y voluntad de su ilicitud. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Autonomía Funcional. Disciplinarios. Suspensión.

Expediente 05001 11 02 000 2012 02089 01 de 2015

EL PRINCIPIO RECTOR QUE VINCULA A LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA EN EL PROCESO DE GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN SE DEBE RESPONDER A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. En el presente caso no se asignó a cada falta o a una categoría de ellas, un tipo de sanción específica, generando así un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción. Sin embargo, ese ámbito de libertad de apreciación se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y parámetros de proporcionalidad, por lo que es posible afirmar que el Legislador proporcionó un marco de referencia que se aviene a la razonable flexibilización que se le ha reconocido al principio de legalidad en el ámbito disciplinario. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Autoridad disciplinaria. Criterios. Flexibilización.

Expediente 05001 11 02 000 2012 02319 01 de 2015

IMPROCEDENTE INICIAR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA JUECES CUANDO NO SE ADVIERTEN COMPORTAMIENTOS ALEJADOS A SUS DEBERES FUNCIONALES. Confirmada decisión por medio de la cual terminó la actuación disciplinaria en favor del Juez Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, dentro de la denuncia realizada por persona declarada culpable por el delito de hurto calificado y agravado, al determinar que por regla general, no es posible procesar ni sancionar disciplinariamente a los jueces y Magistrados que en ejercicio de su autonomía funcional interpreten las normas jurídicas y adopten decisiones con base en tales interpretaciones. Como consecuencia de esta consideración, se entiende entonces que todas aquellas decisiones en las que so pretexto de ejercer la función disciplinaria se cuestionen los criterios a partir de los cuales los jueces dictan sus providencias, o el contenido de éstas, violan el derecho al debido proceso de los funcionarios así cuestionados y constituyen una extralimitación en el ejercicio de la susodicha potestad disciplinaria. En ese orden de ideas, si esta jurisdicción no está autorizada para examinar las providencias de los servidores judiciales como si se tratara de otra instancia, máxime cuando no se advierten comportamientos alejados de sus deberes funcionales, no puede iniciar investigación disciplinaria. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Disciplinario. Deberes de los Jueces.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06286 01 (10284 22) de 2015

EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y LA PRÁCTICA DE TRATAMIENTOS MÉDICOS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DEBE SER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EPS. Las Entidades Promotoras de Salud, pueden reclamar ante el FOSYGA los gastos incluidos en el servicio no POS para lo cual deben cumplirse dos condiciones; por un lado, que el accionante requiera determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre incluido en el plan obligatorio de salud y que este sea esencial para salvaguardar su derecho fundamental a la salud; y por el otro, que la persona no tenga la capacidad de pago para asumir personalmente el costo del tratamiento o medicamento que requiere. Así las cosas, consideró esta Corporación que se tuvo que revocar parcialmente el fallo de primer grado, proferido mediante el cual tuteló los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida la accionante y negó la prestación de tratamiento integral, para en su lugar conceder igualmente la prestación de tratamiento integral a la petente de amparo constitucional. No Accede. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. .Temas: Conexidad. Medicamentos. Tratamientos.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00025 00 DE 2015

LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR SOLO PUEDE CONOCER DE INVESTIGACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS PÚBLICAS. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y la Fiscalía 16 Seccional de Puerto Rico, Caquetá, respecto de la investigación penal que tramitan ambas jurisdicciones contra soldado por las amenazas contra uno de sus compañeros de batallón. Asignando la competencias a la fiscalía referida, teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio no surge con claridad ni nitidez la relación del delito con el servicio, dado que los hechos objeto de investigación reflejan una conducta que por su sola comisión rompe el nexo funcional del agente con el servicio, en consecuencia, deben entenderse excluidos del ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar. Siempre y cuando esta jurisdicción especial opera de manera excepcional y restringida, por lo que solo puede asignarse a ella el conocimiento de casos donde no exista duda sobre la relación entre la conducta delictiva investigada y la función constitucional de la Fuerza Pública. Asignó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Penal Militar.

Expediente 11001 11 02 000 2010 04028 01 de 2015

EL SANCIONADO SÍ VIOLO EL DEBER COMO ABOGADO AL ABANDONAR LA LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN ENCARGADA POR SU PODERDANTE. Confirmada sentencia por medio de la cual se sancionó a togado con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta consagrada en el numeral 2 del artículo 55 del Decreto 196 de 1971, ante el incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte del disciplinable, de los deberes que le impone el ejercicio de la profesión, y descritos en el pliego de cargos, cuya culpabilidad emerge del hecho de haber dejado abandonado el trámite de la Liquidación de la Sucesión que se comprometió a realizar, lo que deriva en falta de diligencia, reiterando que no se encontraron a su favor causales que puedan enervar esta responsabilidad. Confirmó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 11001 11 02 000 2010 10017 01 de 2015

EN CUALQUIER ESTADO DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA, CUANDO EL FUNCIONARIO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE ALGUNA DE LAS CAUSALES SE DECLARARÁ LA NULIDAD DE LO ACTUADO. La Sala advirtió dentro del instructivo una irregularidad que afecta indudablemente el derecho a la defensa y el debido proceso, y que no puede pasarse por alto al momento de realizarse el presente examen a esta actuación disciplinaria. De esta manera, las causales de nulidad están instituidas como remedio extremo que ha de pagar la administración por los errores cometidos por los operadores jurisdiccionales, los cuales para su decreto deben observarse los principios que las orientan, en tanto, no existe otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial advertida. Declara. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Nulidad. Principios. Medios Procesales. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 68001 22 13 000 2015 00008 01 de 2015

LA INEXISTENCIA DE UN MECANISMO ORDINARIO PARA ATACAR AL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA FALTA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE HACEN IMPROCEDENTE LA TUTELA. Negado el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, trabajo, seguridad social y dignidad humana de la accionante, presuntamente vulnerados por las entidades acusadas, al considerar que al ser dirigida la supuesta afectación contra el acto administrativo mediante el cual el Consejo superior de la Judicatura dispuso la ejecución de medidas de descongestión, bien pudo hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, donde le es permitido allegar elementos demostrativos, como los presentados en la acción constitucional y exponer sus argumentos, sin que el camino excepcional de tutela se convierta en una vía paralela o alterna, decisión apoyada ante la falta de existencia de prueba que evidencie un perjuicio irremediable. Revocó. M.P. Margarita Cabello Blanco. . Temas: Tutela. Nulidad. Actos Administrativos.

Expediente 11001 22 10 000 2014 00527 01 de 2015

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SUSTITUIR LA VÍA GUBERNATIVA. El sólo hecho enunciado de las pretensiones contenidas en el escrito de la tutela permitió afirmar que esta corresponde a una palmaria desviación de los objetivos y naturaleza de la acción de tutela, pues se le quiso usar con el declarado propósito de sustituir los procedimientos consagrados para debatir las decisiones tomadas por la entidad encargada de velar por derechos de los menores, por lo que resultó improcedente la tutela. Confirma. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Vía Gubernativa. Acción de Tutela. Procedimientos.}

Expediente 11001 01 02 000 2014 01316 00 de 2015

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA NO PODRÁ INTERVENIR EN ACCIONES ORDINARIAS SALVO EN CASO ESPECÍFICOS. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, asignando el conocimiento del asunto sub-lite a la Jurisdicción Ordinaria, representada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal (Casanare). Esto, ya que  la esencia del asunto es lo que prima en casos como este codificado en la legislación civil, excluida de la normativa prevista en lo Contencioso Administrativa a la cual le es ajena este asunto de responsabilidad en cabeza de particulares, claro está, existen algunos que lo son pero de reglada excepción, circunstancia que reafirma la competencia no por el factor orgánico ni funcional o material, pues como se dijo, existen otros factores como la naturaleza del asunto. Dirime. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Acciones Ordinarias. Jurisdicciones. Competencia.

Expediente 11001 11 02 000 2014 05416 01 de 2015

LA ACTORA NO PODÍA SER RETIRADA DEL CONCURSO DE MÉRITOS CON OCASIÓN DEL TITULO DE LA LICENCIA OBTENIDA, DADO QUE LO PRIMORDIAL ES EL CONTENIDO DEL PENSUM ACADÉMICO QUE LA ACREDITABA COMO LICENCIADA EN INGLÉS. La Sala procedió a amparar el derecho fundamental al trabajo en condiciones de dignidad y justicia, a la estabilidad laboral, libre concurrencia, a la igualdad y al debido proceso de la accionante, y en consecuencia ordenar a las accionadas adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la accionante continúe en el transcurso normal del concurso de méritos, sin que pueda ser excluida del mismo, en virtud del título de Licenciada en Lenguas Extranjeras. Al determinar que la Licenciatura que ostenta la accionante es de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, y aunque el diploma no lo dice, conforme el pénsum, los idiomas estudiados fueron Inglés y Francés, de tal manera que salta a la vista la vulneración al derecho a la igualdad, pues se está discriminando a la accionante por una simple formalidad, esta es, que el título de licenciada que se le reconoció no dice la palabra inglés, cuando no importa el nombre del título sino el contenido del pénsum que lo conforma. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Educación. Laboral. Tutela.

Expediente 11001 11 02 000 2013 06656 01 de 2015

EN FIRME SANCIÓN CONTRA TOGADA POR ABANDONAR INJUSTIFICADAMENTE LAS DILIGENCIAS ENCOMENDADAS.Confirmada providencia por medio de la cual sancionó a togada con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, al encontrarla responsable de las faltas descritas en los artículos 35-6 y 37 numeral 1, de la Ley 1123 de 2007. Siempre y cuando la conducta de la abogada al descuidar o abandonar injustificadamente el asunto de que se haya encargado, ajusta su conducta, en falta contra la debida diligencia profesional, y en consecuencia se hace acreedor del juicio de reproche disciplinario y la debida sanción. Toda vez que quien decidió contratar los servicios de la abogada disciplinada, esperaba un comportamiento ético, ceñido al cumplimiento de la gestión encomendada, y nunca dejando de hacer lo que correspondía a su rol, máxime que se le entregó una buena cantidad de dinero para que agotara dicho mandato. Confirmó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago..Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 13001 11 02 000 2010 00206 01 de 2015

DECLARADA LA PRESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, AL CONFIGURARSE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. La Sala procedió a terminar la actuación adelantada contra togado en su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar, por su presunta responsabilidad en la inobservancia el deber establecido en el artículo 153 numerales 1, 2 y 15 de la Ley 270 de 1996, al considerar que es procedente las apreciaciones del defensor del togado respecto a la prescripción y, por lo tanto, el único camino que tiene esta Superioridad es revocar la sentencia de primer grado y decretar la prescripción de la acción disciplinaria. Toda vez que entre el 23 de noviembre de 2009 última actuación dentro de la tutela por la cual se le investiga, y ésta providencia, han transcurrido más de cinco años de que hablaba el artículo 29 de la ley 734 de 2002 para la fecha de los hechos. Terminó la Actuación. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.Temas: Disciplinario. Investigación. Prescripción.

Expediente 11001 01 02 000 2014 00722 00 de 2015

LA EJECUCIÓN DEL TÍTULO VALOR CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL, MÁS AUN CUANDO LA EJECUTANTE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER FINANCIERO. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicción por competencia, suscitado entre los Juzgados Civil Municipal de Madrid y Primero Administrativo Oral de Descongestión de Facatativá, para el conocimiento de la demanda ejecutiva hipotecaria, asignando el conocimiento del proceso a la jurisdicción ordinaria civil, al considerar que se está frente a un litigio de naturaleza netamente civil, donde la pretensión se concentra en la ejecución de un título ejecutivo, en virtud de las características del título valor como negocio jurídico autónomo que la competencia para conocer del presente proceso ejecutivo no se encuentra dentro de las excepciones previstas por el legislador para asignar el conocimiento del asunto, a la jurisdicción administrativa, pues la obligación ejecutada no está contenida en un contrato estatal ni en una sentencia proferida por un Juez Administrativo, en consecuencia, debe aplicarse la regla general de competencia. Sin desconocer además, que la ejecutante es una entidad de carácter financiero que se excluye expresamente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dirimió. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Conflicto de Competencia. Jurisdicción Ordinaria Civil.

Expediente 05001 11 02 000 2013 01804 01 de 2015

LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA EN EL PROCESO DE GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN SE DEBE RESPONDER A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD COMO REGLA QUE RIGE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SANCIÓN. Como no se asignó a cada falta o a una categoría de ellas, un tipo de sanción específica, generando así un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción; ese ámbito de libertad de apreciación se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y parámetros de proporcionalidad, por lo que es posible afirmar que el Legislador proporcionó un marco de referencia que se aviene a la razonable flexibilización que se le ha reconocido al principio de legalidad en el ámbito disciplinario. Confirma. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Temas: Sanción. Legalidad. Proporcionalidad.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00093 00 (10215 22) de 2015

LA IMPOSICIÓN DE QUEJAS DISCIPLINARIAS DEBEN PLANTEARSE DE MANERA CONCRETA. No se puede establecer una irregularidad o una transgresión del ordenamiento jurídico que pueda ser atribuida al Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, pues no pertenece a esa Sala, razón por la cual procede a dar aplicación al parágrafo 1º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone: “Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna”. Se inhibe. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Documento disponible al público en junio de 2015. Temas: Quejas. Información. Imposición.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06170 01 de 2015

EL ACCIONANTE NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE INMEDIATEZ, AL PRESENTAR LA TUTELA 13 MESES DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DEL HECHO. Negada la solicitud de protección de los derechos fundamentales del actor presuntamente vulnerados al inadmitirlo a los concursos de méritos convocados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto carece de justificación al acusar de arbitrario un acto administrativo general, como lo es la convocatoria expedida más de un año después de su entrada en vigor y posterior ejecución, de lo anterior no se compadece con el carácter urgente y sumario de la acción de tutela, emplearla como medio de “contención” un supuesto perjuicio derivado de la aplicación de una norma que lleva más de 13 meses produciendo sus efectos en el ordenamiento jurídico. En conclusión, si bien la acción constitucional representa un mecanismo idóneo para proteger los intereses de los ciudadanos que participan en un concurso de méritos, ninguno de los reparos formulados encarna la violación de alguno de sus derechos fundamentales. Revocó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. DTemas: Tutela. Inmediatez.

Expediente 52001 11 02 000 2012 00031 01 de 2015

LA TOGADA ACTUÓ DE INDEBIDA FORMA AL DIRIGIRSE DE MANERA TEMERARIA ANTE EL JUEZ QUE IMPUSO LA TUTELA.Confirmada la sentencia por medio del cual sancionó con censura a togada al hallarla responsable disciplinariamente de la comisión de la falta descrita en el artículo 32, de la Ley 1123 de 2007, al considerar que la acción de tutela incoada por la actora contra la autoridad judicial, contiene acusaciones temerarias y expresiones injuriosas respecto de la funcionaria, pues la tildó de arbitraria y prevaricadora. Concluyendo entonces que la expresión arbitraria, refiriéndose la profesional del derecho refiriéndose a la titular del despacho, es ofensiva, en la medida que se le endilga una voluntad caprichosa y un actuar aislado de la razón, la lógica y las leyes, cuando todo lo contrario debe predicarse de un funcionario judicial. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.  Temas: Disciplinario. Actuar Temerario.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02149 00 de 2015

LOS TEMAS DE DESARROLLO URBANÍSTICO DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN CIVIL. Consejos Superior de la Judicatura dirimió el conflicto de jurisdicción planteado asignando el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Civil, representada en este caso por el Tribunal Superior de Antioquia (Sala Civil – Familia), ya que el objeto de la acción de cumplimiento se dirigió a temas relacionados con asuntos de ordenamiento y desarrollo urbanístico, atinentes a las disposiciones de la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, los cuales, deben ser tramitados, tal como lo expuso el representante de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por el Juez Civil de Circuito, dada la especialidad del tema, pues lo pretendido es alusivo a la presunta infracción en la expedición de licencias y sanciones urbanísticas. Dirime. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Especialidad. Acción de Cumplimiento.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02531 00 de 2015

NO SE ENCONTRÓ HECHO O ARGUMENTO IDÓNEO PARA QUE FUERA PROCEDENTE INICIAR INVESTIGACIÓN CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA. La Sala procedió a inhibirse para dar inicio a la investigación disciplinaria en contra de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al considerar que el panorama fáctico y jurídico reseñado conlleva a esta Colegiatura a colegir la ausencia de conductas susceptibles de reproche ético, toda vez que no se vislumbra de qué manera los Magistrados, pudieron eventualmente afectar los deberes o prohibiciones propios de su investidura funcional frente a los hechos difusos e inconcretos reseñados en el anónimo, razón suficiente para que esta Sala se inhiba Lo anterior, como quiera que el anónimo remitido a esta Colegiatura, es ajeno a la órbita del derecho disciplinario en la medida en que no se encuentra comprometido el cumplimiento de los deberes funcionales o que haya incurrido en prohibiciones que pueda eventualmente conducir a una eventual responsabilidad, pues contrario sensu, se refiere a presuntos hechos presentados de manera, difusa, inconcreta e incluso incoherente, queja que conduce al desgaste del aparato judicial de plano. Inhibida. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.. Temas: Disciplinario. Inhibición.

Expediente 54001 11 02 000 2014 00212 01 de 2015

SIN EL LLENO DE LAS EXIGENCIAS PARA HACER LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO NO HABRÁ LUGAR A SU ESTUDIO. No puede esta Colegiatura entrar a desatar un recurso de apelación a partir de lo que manifestó el recurrente y, por ende, considerarlo debidamente sustentado, ya que a pesar de su inconformidad, no hubo manifestaciones puntuales, ni cuestionamientos a la decisión de la primera instancia, en las cuales se expresaran las razones por las que se debía revocar la providencia. Por lo tanto, la Sala se abstuvo de desatar el recurso de apelación interpuesto, teniendo en cuenta que no cumplió con las exigencias legales consagradas en el artículo 112 de la Ley 734 de 2002 y, además, su escrito fue irrespetuoso, debiéndose revocar el auto que lo concedió, para en su lugar, declararlo desierto. Revoca. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Recursos. Cuestionamientos. Inconformidades.

Expediente 11001 01 02 000 2014 00946 00 de 2015

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DIRIME LOS CONFLICTOS RESULTANTES DE LA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL ESTADO. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones surgido entre el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Santa Marta y el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Santa Marta, con ocasión de la demanda ordinaria laboral, asignando el conocimiento del proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa, al ser está, la encargada de conocer los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado”; bien dentro del supuesto del artículo 104.1 del mismo estatuto, en virtud del cual los jueces administrativos conocen de los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable; o bien dentro del supuesto previsto en el primer inciso del mismo artículo, por el cual la justicia administrativa conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.Dirimió. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Expediente 11001 11 02 000 2010 11098 01 de 2015

INCURRIÓ EN ERROR LA ACCIONADA AL OLVIDAR QUE CUANDO SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DENTRO DE LA ACCIÓN DE TUTELA LOS PODERES SON PRESUNTAMENTE LEGALES. Confirmada sentencia por medio del cual se sancionó a togado en su calidad de Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, con un mes de multa, al encontrarla responsable de infringir el deber previsto en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, el cual impone a los funcionarios respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Así, es evidente que la funcionaria no dio cumplimiento al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 el cual dispone claramente, cuando se actúa a través de representante en acción de tutela, que los poderes se presumen auténticos, de manera que no podía hacer tal requerimiento a la tutelante para inadmitir la acción de tutela, acompañado a esto la funcionaria al inadmitir y ordenar el archivo de la tutela, desconoció el derecho que dicho canon establece en favor de toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, pues no sólo inadmitió la solicitud basada en un requisito formal inexistente para el trámite de dicha acción, sino que además ordenó el archivo de la misma haciendo negado el amparo invocado. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. . Temas: Disciplinario. Obligaciones de los Jueces.

Expediente 52001 11 02 000 2012 00254 01 (9248 19) de 2015

EL TOGADO INCURRIÓ EN UNA FALTA A LA PROFESIÓN AL ACEPTAR PODER ESTANDO SANCIONADO. Confirmada providencia por medio de la cual se impuso sanción de exclusión de la profesión a togado tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas previstas en el artículo 30 y 39 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que es visible la ilegalidad de la conducta adelantada por el togado, pues estando sancionado disciplinariamente, con suspensión del ejercicio de la profesión, aceptó poder e interviniendo como apoderado del investigado, al interior del proceso penal adelantado en su contra, teniendo pleno conocimiento de sus limitaciones legales referentes al ejercicio de la profesión mientras se encontraba suspendido del ejercicio de la profesión y, no obstante lo anterior, decidió aceptar poder y representar judicialmente al poderdante. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 11001 11 02 000 2014 06080 01 de 2015

NO EXISTE PERJUICIO IRREMEDIABLE POR QUE LA SALUD DE LA ACCIONADA NO SE HA VISTO AFECTADA CON EL ACTUAR DE LA ASEGURADORA. Confirmado el fallo que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la actora buscando la protección de sus derechos fundamentales a la vida y la dignidad humana, ante la negativa de la accionada a pagar el valor asegurado para enfermedades graves dentro de la póliza contratada, al considerar que no se esboza un perjuicio irremediable, y tampoco es procedente de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues se está ante una pretensión netamente económica, ya que la actora ha recibido la atención médica requerida y la accionada no ha puesto en jaque su vida o integridad personal, sin que pueda considerarse que los gastos extras que ha debido asumir, sean suficientes para predicar la existencia de un perjuicio urgente, grave e irremediable, contrario sensu, se ha demostrado que los mismos ya fueron sufragados por la actora. Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Tutela. Salud. Póliza.

Expediente 11001 11 02 000 2013 07678 01 de 2015

LA OMISIÓN DEL DEBER ENTREGADO MEDIANTE PODER A LOS ABOGADOS SERÁ SANCIONADA. El comportamiento de la abogada merecía reproche disciplinario, por cuanto hizo caso omiso al deber consagrado en el numeral 10º, del artículo 28, de la Ley 1123 de 2007, que le demandaba actuar de manera diligente, omisión que sin duda la ubicó en una conducta antijurídica, por la violación al deber, sin que al respecto se haya presentado justificación alguna. De esta manera, la sanción de censura, impuesta por la Sala a quo, hubo de ser confirmada por resultar necesaria, pertinente y proporcional, frente a la conducta de la letrada y porque permitió y cumplió con las funciones de corrección y prevención. Confirma. M.P. Wilson Ruiz OrejuelaTemas: Prevención. Sanción. Censura.

Expediente 68001 11 02 000 2010 00814 01 de 2015

EL COBRO DE HONORARIOS SIN TENER ACREDITADO EL TÍTULO DE ABOGADO GENERAS FALTAS GRAVES. En el presente caso el cobro de $200.000 a título de honorarios carece de justificación legal, toda vez que la disciplinada no estaba habilitada para ejercer la abogacía. Por lo anterior, dicho cobro constituye una conducta reprochable disciplinariamente y encaja en la descripción fáctica de la falta prevista en el artículo 35.3 de la ley 1123 de 2007. Conforme a lo expuesto, esta Sala consideró que se encuentran acreditadas las faltas imputadas a la abogada y, en consecuencia, confirmó integralmente la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura mediante la cual se sancionó con exclusión de la profesión a la referida abogada, tras declararla responsable de las faltas descritas en los artículos 35.3 y 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo. Confirma. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Faltas. Dolo. Descripción Fáctica.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02497 00 de 2015

EL HURTO EFECTUADO POR LOS SOLDADOS CORRESPONDIÓ A ELEMENTOS NO IDENTIFICADOS COMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN CONSECUENCIA CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CONOCER DEL MISMO. Dirimido el conflicto de jurisdicción suscitado entre la Justicia Ordinaria, representada por la Fiscalía 93 Local de Bogotá, y la Justicia Penal Militar constituida por el Juzgado 125 de Instrucción Penal Militar de la misma ciudad, con respecto a la comisión del presunto punible de Hurto y centinela, siendo indiciados los soldados regulares, Entregando el conocimiento del proceso a la justicia ordinaria, al encontrarse que lo hurtado, no fueron armas, municiones, material de guerra o efectos destinados a la seguridad o defensa nacional, sino joyas para dama, en venta en el almacén ubicado en las instalaciones militares, razón por lo que acertadamente, la Fiscalía 93 Local de la ciudad adelanta la investigación del caso, como delito común de que trata el Código Penal. Como consecuencia de lo anterior, tampoco es posible acceder a lo pretendido por el funcionario judicial castrense, pues precisamente con fundamento en el principio de juez natural, es que no es predicable en el sub examine, acudir al concurso de conductas punibles, pues se repite, las conductas enrostradas a los militares, son de competencia exclusiva de cada una de las jurisdicciones, excluyentes entre sí. Dirimió. M.P. Angelino Lizcano Rivera.  Temas: Conflicto de Jurisdicción. Hurto.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00097 00 de 2015

CUANDO NO EXISTA CLARIDAD DE LA RELACIÓN DEL DELITO CON EL SERVICIO, LA JURISDICCIÓN MILITAR NO PODRÁ CONOCER EL PROCESO. La Sala procedió a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar y la Fiscalía 55 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Cali, frente al proceso que se tramita contra integrantes del Ejército Nacional, por el delito de homicidio agravado, asignando el conocimiento a la segunda mencionada, al determinar que la duda sobre la relación del delito con el servicio hace surgir, a su vez, la duda sobre la configuración de la excepción a la regla general que la jurisdicción ordinaria es el juez natural para la investigación y sanción de los delitos, dado que la jurisdicción penal militar constituye una excepción a la justicia ordinaria, ella será competente únicamente cuando aparezca nítidamente que la excepción debe aplicarse, lo que significa, que en situaciones como la presente, en las que existen dudas sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y sobre la relación del delito con el servicio, la decisión debe recaer en la justicia ordinaria. Dirimió. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Ejército Nacional. Jurisdicción penal Militar. Jurisdicción Ordinaria.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02567 00 de 2015

SUPERADO EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN, LA ACCIÓN DISCIPLINARIA RESULTARÁ INOCUA. Teniendo en cuenta que la presunta privación de la libertad al procesado se ordenó en la resolución dictada el 22 de julio de 2003, razón por la cual, fue evidente que en ese momento se llevó a cabo la conducta funcional investigada, pues fue en esa oportunidad que el Fiscal a cargo de las diligencias verificó y estimó que se cumplían los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para imponer la medida de aseguramiento, esgrimiendo además los argumentos para sustentar la necesidad de la misma en ese asunto. Es de esta manera, que se hizo evidente que al haber transcurrido más de 5 años desde la comisión de dicha conducta, sin que se haya emitido auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra, operó acaecimiento de la prescripción de la acción, en consecuencia, no procede pronunciamiento diferente a inhibirse de iniciar actuación disciplinaria. Se Inhibe. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Acción Disciplinaria. Prescripción.

Expediente 11001 11 02 000 2011 06553 01 de 2015

LA TOGADA SE APROPIÓ INDEBIDAMENTE DE LOS DINEROS RECONOCIDOS A SUS CLIENTES COMO REPARACIÓN.Confirmada la providencia que impuso sanción de exclusión de la profesión a togada al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al evidenciar que incurrió en una falta grave, quien aprovechando la oportunidad, retuvo para sí, lo otorgado, a título de reparación, a sus clientes, anteponiendo su interés económico a la exigencia de justicia de los otros lesionados, actuando de manera consciente y voluntaria. Por lo tanto, se considera que el actuar de la togada fue deliberado defraudando económicamente a sus clientes. Confirmó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Temas: Disciplinario. Obligaciones del Togado.

Expediente 05001 11 02 000 2011 00298 01 de 2015

EN FIRME SENTENCIA QUE CONDENÓ A TOGADA AL NO ACTUAR CON LEALTAD Y HONRADEZ EN SUS RELACIONES PROFESIONALES. El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados. En este caso, el togado contrarió el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, que se encuentra consagrado en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 correspondientemente. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. . Temas: Falta Disciplinaria. Contrato de Prestación de Servicios

Expediente 11001 01 02 000 2014 01971 00 (9735 20) de 2015

EL FACTOR DE CONEXIÓN, PRIMA SOBRE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ANTE LA EXISTENCIA DE DOS REGÍMENES DISTINTOS DE VINCULACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Conforme lo ha señalado la Sala, el factor de conexión consiste en que si se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los que ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. Dirimir. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Factor de Conexión. Regímenes de Vinculación administrativa.

Expediente 11001 11 02 000 2014 04873 01 de 2015

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE INTERFERIR CON EL CONOCIMIENTO QUE DEBEN TENER LOS JUECES NATURALES EN LOS PROCESOS ELECTORALES. Tal como lo determinó el a quo, decisión que por demás esta Superioridad considera jurídicamente acertada, no es viable, a través de la acción de tutela, pretender desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo, por cuanto no es el juez de tutela, el competente para entrar a determinar las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron tal decisión electoral, debido a que su función nunca será la de sustituir el juez natural, en la medida en que ha sido la misma Constitución Política la que ha atribuido esas funciones a la jurisdicción contencioso administrativa. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.Temas: Tutela. Jueces Naturales. Conocimiento.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00053 00 de 2015

LAS CONDUCTAS DELICTIVAS COMETIDAS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA SERÁN CONOCIDAS POR LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, SALVO QUE LAS COMETAN SIN EJERCER SU FUNCIÓN. En el presente proceso lo procedente fue acudir a la regla general de competencia, según la cual, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores”, por cuanto no observó viable la Colegiatura, reconocer un fuero castrense como habilitado para investigar la conducta de los policías acá involucrados, cuando es sabido que la regla general para conocer de delitos es la Justicia Ordinaria y que sólo por excepción, presentes con absoluta nitidez los elementos identificadores del fuero, puede predicarse competencia al interior de la Justicia Penal Militar para conocer del comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública, razón por la cual, se asignó el conocimiento del asunto penal a la Jurisdicción Ordinaria, en este caso representada por la Fiscalía 21 Seccional de Bogotá. Asigna. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Competencia. Excepciones. Jurisdicción.

Expediente 05001 11 02 000 2013 00231 01 de 2015

TOGADO SANCIONADO POR CONSTREÑIR A TESTIGO A MENTIR EN SU DECLARACIÓN. Confirmada sentencia que sanciono a togado con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses, por la comisión de la falta prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo. Al considerar que la conducta realizada por el profesional del derecho es grave, dado que pretendió defraudar los intereses ajenos de la contraparte y a la administración de justicia, aconsejándole mentir a un testigo en su declaración, conducta antiética merecedora de reproche. Conducta realizada en modalidad dolosa, demostrándose que a pesar del conocimiento del investigado de que su actuar comportaba una conducta contraria al Estatuto Deontológico del Abogado, envió el correo electrónico aconsejando a un tercero la realización de un hecho fraudulento. Confirmó. M.P. María Mercedes López Mora. Temas: Disciplinario. Obligaciones del Togado.

Expediente 68001 11 02 000 2010 00769 01 de 2015

LA TOGADA EN SU CONDICIÓN DE JUEZ INCURRIÓ EN UNA FALTA GRAVE AL CONOCER Y DETERMINAR MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE UN PROCESO QUE NO TENÍA COMPETENCIA. Modificada la sanción impuesta a togada en su condición de Juez Segunda de Familia del Circuito de Bucaramanga, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de condenarla con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por 3 meses. Al establecerse que la investigada procedió a conocer de un asunto que no le era posible decidir, y seguido a esto llegar a decretar y ordenar, el embargo, secuestro y retención de bienes pertenecientes a una persona jurídica tal como lo hizo, pues de manera alguna esta era parte dentro del trámite de divorcio, causando un grave perjuicio no solo a dicha Empresa, sino a la imagen que debe propender la administración de justicia, pues desatendió las previsiones que para tal efecto imponen la norma procesal civil y de comercio en materia de competencias y medidas cautelares en asuntos referentes a la disolución y liquidación de sociedades conyugales, y que le imponían actuar de otra manera, con lo cual incursionó en arbitrariedad y abuso de sus funciones. Revocó Parcialmente. M.P. Angelino Lizcano RiveraTemas: Disciplinario. Falta de Competencia.

Expediente 54001 11 02 000 2014 00212 01 de 2015

EL RECURRENTE UTILIZÓ EL RECURSO DE APELACIÓN PARA AGREDIR LAS ACTUACIONES DE LOS MAGISTRADOS QUE RECIBIERON SUS DENUNCIAS. Revocado el auto que concedió el recurso de apelación incoado contra la decisión que ordenó la terminación de la actuación disciplinaria en favor de togado en su calidad de Fiscal Local de Arauca, dado que el denunciante, en su escrito de apelación, no sólo dejó de sustentar debidamente, sino que fue irrespetuoso con los Magistrados que han conocido de sus denuncias, viendo que en su escrito lo dedicó a desprestigiar a los mismos, por el hecho de que no han acogido sus denuncias o por haber sancionado a su apoderado en época pasada. No obstante, que al quejoso no se le puede exigir argumentación jurídica en torno a la sustentación del recurso, por lo menos debe exponer de manera sucinta las razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión recurrida y con ello abrir las puertas para que se estudien los motivos de su inconformidad Revocó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.. Temas: Disciplinario. Recurso de Apelación.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02090 00 (9796 20) de 2015

LAS LABORES EJECUTADAS POR EL ACCIONANTE NO TENÍAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN POR LO TANTO LA JURISDICCIÓN ORDINARIA DEBE CONOCER DEL PROCESO. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria, dado que las labores desarrolladas en los cargos allegado al proceso no guardan relación directa con funciones propias de la administración, por ende, se infiere su calidad de trabajador oficial produce que el juez de conocimiento de la presente controversia sea el juez ordinario en razón a la competencia asignada por el legislador, siempre y cuando la jurisdicción contenciosa administrativa conoce los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción Ordinaria. Laboral.

Expediente 11001 01 02 000 2014 00066 00 de 2015

EN CUALQUIER ETAPA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA EN QUE APAREZCA PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL HECHO ATRIBUIDO NO EXISTIÓ EL FUNCIONARIO DEL CONOCIMIENTO ORDENARÁ EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS. Es de tener en cuenta la observancia que tuvo la colegiatura, tal como se evidencia de los informes rendidos por la Alcaldía Local de San Cristóbal y del Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público, que las entidades accionadas dieron cumplimiento de las órdenes emitidas por el Consejo de Estado. En razón a lo expuesto, habida cuenta que no persistía la violación de los derechos que originaron la presentación de la acción popular, y ante el cumplimiento de la decisión judicial, se procedió a archivar la presente acción.Decreta. M.P. Angelino Lizcano Rivera.  Temas: Terminación. Decisión Judicial. Cumplimiento.

Expediente 11001 01 02 000 2015 00163 00 de 2015

AUTORIDADES INDÍGENAS PODRÁN EJERCER FUNCIONES JURISDICCIONALES DENTRO DE SU ÁMBITO TERRITORIAL SIEMPRE QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA. Ante la ausencia de los elementos territorial, institucional y objetivo, se determinó que la Justicia Penal Ordinaria es la competente para investigar y juzgar al señor LUIS ENRIQUE MENDOZA GUEVARA; además que al tratarse de un delito contra la integridad y formación sexual de una menor de 10 años, se pone en riesgo los derechos de los niños, que de acuerdo con la Constitución Política requieren especial protección por el Estado.Declarar que la competencia corresponde a la Jurisdicción Penal Ordinaria. M.P. Wilson Ruíz Orejuela. . Competencia, territorialidad, jurisdicción indígena.

Expediente 47001 11 02 000 2011 00234 01 de 2015

EL TOGADO INCURRIÓ EN UNA FALTA GRAVE AL SUSCRIBIR UNA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS SOBRE UN PROCESO EJECUTIVO INEXISTENTE. Confirmada sentencia por medio de la cual se halló disciplinariamente responsable a togado por haber incurrido en la falta descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y se sancionó con exclusión y multa, por haber intervenido en un acto fraudulento en detrimento de los intereses del quejoso, pues elaboró y suscribió un contrato de cesión de derechos litigiosos respecto de un proceso inexistente, siempre y cuando el radicado del proceso obedeció a una acción de tutela y no al ejecutivo sobre el cual se realizó la cesión de derechos litigiosos, comportando diáfanamente un fraude, toda vez, que el proceso ejecutivo sobre el cual se cedieron los derechos era inexistente, lo que indica que el abogado se ideó un proceso con el único fin de timar a los accionantes.Confirmó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Disciplinario. Fraude. Deberes del Abogado.

Expediente 76001 11 02 000 2010 00436 01(8986 18) de 2014

EL TOGADO INCURRIÓ EN UNA FALTA GRAVE AL OFRECER PRENDAS A CAMBIO DEL ARCHIVO DEL PROCESO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE SU APODERADO. Confirmada la providencia que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de doce meses a togado, tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas disciplinarias descritas en el numeral 4 del artículo 30, numeral 5 del artículo 33 y literal b del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007. Pues el disciplinado obró de mala fe al proponerle a su cliente, la entrega de obsequios a fin de lograr un resultado satisfactorio en el proceso disciplinario el cual estaba siendo adelantado en su contra en el Despacho de la quejosa, donde se evidencia que realizó una presunta solicitud, en la que le exigía colaboración con la campaña de la U, dos equipos celulares, dos computadores nuevos y tres millones de pesos en propaganda para el partido y así lograr archivar el disciplinario. Confirmó. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Faltas del Togado.

Expediente 11001 01 02 000 2011 02654 01 de 2014

LA CARENCIA DE COMPETENCIA PARA AVOCAR LAS TUTELAS GENERA FALTAS DISCIPLINARIAS. Teniendo en cuenta que los funcionarios no incurrieron en la falta por violación del precedente jurisprudencial en materia de tutelas de ex trabajadores de TELECOM; la unificación de criterios al respecto por parte de la Corte Constitucional se hizo en providencia posterior a las emitidas por los disciplinados. Por tal razón, consideró la Sala, que aun tratándose de una falta  gravísima dolosa, tal como está prevista, debe reducirse la sanción de inhabilidad a la mínima prevista en el artículo 46 inciso primero de Ley 734 de 2002, esto es, a 10 años, pues finalmente la conducta constitutiva de falta se limitó a un sola, esta fue, la falta de competencia para avocar la acción tutela. Niega. M.P. Wilson Ruíz Orejuela. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Faltas. Acción de Tutela. Faltas Gravísimas.

Expediente 11001 01 02 000 2014 00710 00 (2243) de 2014

AL NO ESTARSE FRENTE A UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA, EL CONFLICTO DEBE CONOCERSE POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL. La Sala procedió a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería, con ocasión del conocimiento de la demanda ordinaria laboral, determinando que la competencia para conocer del procesos es el primero de los mencionados; al considerar que el caso puesto en conocimiento trata de un conflicto netamente derivado de un contrato de trabajo, en el cual el demandante pretende que se declare que entre él y el Departamento de la Guajira existió una relación laboral bajo la modalidad de contrato de trabajo a término fijo o indefinido, dado que si no se está frente a una relación legal y reglamentaria, no le compete a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento del asunto en referencia y su conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria. Declaró. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Jurisdicción Laboral Ordinaria. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Conflicto de Jurisdicción.

Expediente 11001 01 02 000 2014 01090 00 (9403 19) de 2014

JUSTICIA ORDINARIA SERÁ COMPETENTE CUANDO EN LOS ESTATUTOS DE FORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES SE ESTIPULE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto suscitado entre el Juzgado quince laboral del circuito de oralidad de Cali y el Juzgado primero administrativo oral de la misma ciudad, declarando que el conocimiento de la presente actuación corresponde al primero de los juzgados mencionados; teniendo en cuenta, que con base en los Estatutos de la extinta empresa Puertos de Colombia, toma fuerza y se define la Jurisdicción Ordinaria como la competente para resolver el conflicto. Dirime. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Conflictos. Jurisdicciones. Estatutos.

Expediente 11001 01 02 000 2014 01781 01 de 2014

LA TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA RESARCIR LOS ERRORES PROCEDIMENTALES COMETIDOS POR EL DISCIPLINADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. Confirmada la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela incoada por el togado, por la presunta violación a los derechos fundamentales a la igualdad, fines del estado, honra, debido proceso, trabajo y mínimo vital y buena fe. Teniendo en cuenta, que si bien el accionante hizo uso de los mecanismos de defensa judicial, en la etapa más importante que era la sentencia, por incuria no presentó el recurso de reposición y apelación de la misma dentro del proceso disciplinario. Sin embargo, pretende mediante recurso de amparo se le tengan en cuenta los argumentos que debió exteriorizar en el recurso de apelación que por negligencia no presentó, lo cual resulta contrario a los criterios esbozados por la Corte Constitucional. Confirmó. M.P. José Ovidio Claro Polanco. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Tutela. Debido Proceso.

Expediente 05001 11 02 000 2010 00671 01 de 2014

EL TOGADO CAUSO UN DAÑO A SU PODERDANTE AL NO ATENDER SU OBLIGACIÓN DE PAGAR Y PRESENTAR LA CAUCIÓN ORDENADA DENTRO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO. La Sala procedió a confirmar la sanción de 18 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta a togado tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y los numerales 1 del artículo 37 ibídem, al encontrar que éste desatendió su obligación de llevar con celosa diligencia sus encargos profesionales, siempre y cuando se le encomendó la labor de intervenir en un incidente de desembargo, en el cual teniendo los medios económicos para pagar la caución determinada en el incidente de levantamiento de la medida cautelar de embargo, omitiendo dicha obligación, llevando a que se declarara desierto el incidente por no haber aportado la caución, causándole perjuicios a su prohijado, toda vez que su falta de gestión provocó el resultado adverso. Recordando de este modo que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados. Modificó. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Medida Cautelar. Obligaciones del Togado.

Expediente 68001 11 02 000 2011 01498 02 de 2014

EL ERROR DE REDACCIÓN EN LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS HONORARIOS POR PARTE DE LOS TOGADOS PUEDE CAUSAR SANCIONES DISCIPLINARIAS. Fue el propio disciplinado, quien en su escrito de apelación reconoció que era evidente la existencia de un error en la redacción del informe, aunque consideró que este en nada afectó el contenido de la información inicialmente reportada, la cual a su parecer era perfectamente entendible para la compañía. Por el contrario, para esta Sala el reporte no sólo fue inconsistente, sino que además fue equívoco su contenido, de forma que su cliente no advirtió la inminencia del pago ya a su cargo por sentencia ejecutoriada, del cual sólo se vino a enterar al ser notificada directamente del mandamiento de pago proferido dentro de un proceso de cobro coactivo con ocasión del fallo de responsabilidad fiscal. Tal conducta, fue desplegada sin justificación alguna, pues la excusa de que la Previsora SA debió entender perfectamente la somera información presentada por el togado, ya que de no ser así no le hubiera aprobado la cuenta de cobro por sus honorarios, es bastante superflua, pues el informe debió ser claro y contundente frente a la carga económica que se imponía para la aseguradora por el fallo de responsabilidad fiscal, el cual ya había sido notificado al togado cuyo alcance y consecuencias omitió informar oportunamente. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Justificaciones. Información. Responsabilidad Fiscal.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02602 00 de 2014

JURISDICCIÓN ORDINARIA: EL DELITO DE HURTO ESCAPA DE LA FINALIDAD INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL.Dirimido el conflicto de competencia entre Jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 156 de Instrucción Penal Militar y la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Cali, para conocer del proceso penal, incoado por el presunto hurto del cual fue objeto el accionante por parte de un patrullero de la Policía Nacional, entregando la competencia a la jurisdicción ordinaria, señalado que la Relación con el servicio no se da por el solo hecho de estar cumpliendo una actividad propia de la función, sino porque el delito cometido se torna inescindible respecto de esa función desplegada, por cuanto el tipo penal militar, requiere no solo de un sujeto activo cualificado sino que debe mediar el cumplimiento de una función constitucional y legalmente asignada, en cuya observancia sobreviene la conducta punible, de la cual no pudo apartarse por la exigencia misma de la misión encargada. Por lo tanto, se considera que el hurto denunciado por nada se relaciona con la misión institucional de la Policía Nacional, recayendo el conocimiento del proceso en la jurisdicción ordinaria.Dirimió. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Conflicto de Competencia. Policía Nacional. Jurisdicción Ordinaria.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02524 00 (9961 21) de 2014

IMPROCEDENTE EMITIR UNA DECISIÓN DE DESIGNACIÓN DE JURISDICCIÓN EN PRESENCIA DEL FENOMENO DE COSA JUZGADA. La Sala procedió a declararse inhibida para dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Zipaquirá y el Juzgado Promiscuo Municipal de la Palma Cundinamarca, para conocer de la demanda ejecutiva incoada contra el Municipio de la Palma; al considerar que el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Zipaquirá incurrió en yerro jurídico al emitir sentencia de fondo, pues ésta ha quedado ejecutoriada ya que se ha resuelto el litigio planteado. Así las cosas, se pronunció sobre las pruebas recaudadas y declaró la inexistencia de la relación contractual entre la parte actora y el demandado. Aclarando que cuando en una sentencia se resuelve el litigio planteado ya sea a favor de quien interpone la demanda o del demandado, la decisión contenida en dicha sentencia constituye cosa juzgada, que no es más que la inmutabilidad de lo decidido respecto al litigio; es decir, que una vez constituida la cosa juzgada lo decido en la sentencia es inmodificable. Inhibida. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Cosa Juzgada. Conflicto de Jurisdicción.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02566 00 de 2014

AL NO ACREDITARSE LA CONDICIÓN DE INDÍGENA DEL INVESTIGADO, LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDIGENA NO PUEDE CONOCER DEL PROCESO. Dirimido el conflicto positivo de competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Penal Ordinaria, para conocer de la investigación penal seguida contra ciudadano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, declarando la competencia para conocer del referido a la jurisdicción penal ordinaria, al no encontrar acreditada la condición de indígena del investigado, con lo que no se cumpliría con el elemento personal y por ende es del caso sustraerse de la verificación de la existencia de los restantes elementos. Dirimió. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Documento disponible al público en abril de 2015.Temas: Conflicto de Competencia. Jurisdicción Especial Indígena.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02595 00 de 2014

EN SITIOS DONDE HAYA AGLOMERACIÓN O RIESGOS PARA TERCERAS PERSONAS, ES PREFERIBLE BUSCAR PROCEDIMIENTOS DE POLICÍA ALTERNOS AL EMPLEO DE LAS ARMAS. Dadas las circunstancias evidenciadas en el presente proceso, es claro que en tales condiciones dimanan dudas que, contrario a lo argüido por la Fiscalía 2 Seccional de Cali, impiden establecer con la claridad necesaria del caso, por el momento, y sin perjuicio de que posteriormente dicha situación cambie, si la actuación de los miembros de la fuerza pública tiene relación con el servicio y si las lesiones del particular fueron producto del ejercicio legítimo de la autoridad, o por el contrario, se produjeron por la voluntad de aquéllos orientada hacia ese preciso fin, lo que de ser cierto desvirtuaría el elemento funcional, esto es, la denominada “relación con el servicio” como presupuesto del fuero castrense. De esta manera, se asignó el conocimiento de la presente actuación a la Jurisdicción Ordinaria, representada en este caso por la Fiscalía 2 Seccional de Cali. Asigna. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Riesgos. Competencia. Elementos Funcionales.

Expediente 11001 11 02 000 2009 01928 01 (3075) de 2014

EL TOGADO NO CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE BUSCAR LOS MEDIOS IDÓNEOS PARA EJERCER SU GESTIÓN, Y BUSCAR UN BENEFICIO A SU PODERDANTE. La Sala procedió a modificar la sentencia que sanciono con suspensión de cinco meses en el ejercicio de la profesión a togado al encontrarlo responsable de la comisión de las faltas contempladas en el numeral 4 del artículo 35 y numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en el sentido de tasar la sanción en un periodo de cuatro meses. Al demostrarse que el jurista no impetró la demanda conforme a los pedimentos de su cliente y que quedaron plenamente consignados en el poder conferido, no siendo atendibles los argumentos traídos a colación por parte de éste en su escrito de apelación y menos los argüidos por la disciplinada también en su recurso, máxime cuando era deber de los letrados buscar los mecanismos idóneos para satisfacer las pretensiones de sus mandantes y enterarlos de las situaciones que los aquejaban y les imposibilitaban ejercer plenamente su gestión, para efectos de que éstos no se quedaran inmersos en meras expectativas. Declaró. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: disciplinario. Obligaciones del Togado.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02331 00 de 2014

LA JURISDICCIÓN CIVIL ORDINARIA CONOCERÁ LAS CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS Y OBRAS DESTINADAS AL SERVICIO O USO PÚBLICO. Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de jurisdicción por competencia planteado, declarando que el conocimiento de la Acción Popular incoada en contra de la Curaduría Tercera Urbana de Bogotá – Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), y Caja de Compensación Familiar Compensar, le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Civil, representada por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá. Esto, ya que la actividad de construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público desarrollada a través de un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, se enmarca dentro de una actividad industrial, comercial o de servicios pero no de funciones administrativas. Dirime. M.P. Pedro Alonso Sanabria BuitragoTemas: Competencia. Conflicto. Jurisdicción.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02503 00 de 2014

LOS PROCESOS INCOADOS CON BASE EN DOCUMENTOS QUE PRESTEN MÉRITO CREDITICIO NO PUEDEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA. Se dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el juzgado único laboral del circuito del banco Magdalena y el juzgado tercero administrativo de Santa Marta, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva laboral, en el sentido de asignar el conocimiento del presente proceso a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en cuanto al documento que se exhibe como fundamento de la demanda ejecutiva resolución, corresponde a un acto administrativo que impone la obligación de pago de una suma dineraria a cargo del demandado, es decir, es un acto administrativo que presta mérito ejecutivo, con una modalidad jurídica propia de un título valor de contenido crediticio. Así las cosas, es evidente que el acreedor obró en ejercicio de la acción propia de la literalidad del documento exhibido en la demanda, concurriendo ante la jurisdicción propia llamada por la Ley a conocer de este proceso ejecutivo, con base en documentos de contenido crediticio. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Título Ejecutivo.

Expediente 11001 01 02 000 2014 00882 00 de 2014

AL SER ENCAMINADA LA DEMANDA CONTRA UN ENTE PÚBLICO DE CARÁCTER TERRITORIAL, EL PROCESO DEBE SER CONOCIDO POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de Abejorral (Antioquia) y Veinte Administrativo del Circuito de Medellín, con ocasión del conocimiento de la acción laboral incoada contra el Municipio de Abejorral, asignando la competencia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues de un lado, se está demandando a entes públicos, uno de carácter territorial como lo es el Municipio y otro de beneficencia pública con autonomía y patrimonio propio, y de otro, la actora no ha prestado servicios propios de los trabajadores oficiales sino de empleados públicos. Dirimió. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Laboral. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 11001 11 02 000 2011 02058 01 de 2014

LOS INDESCARTABLES EFECTOS QUE IRRADIA SOBRE LA COMUNIDAD JURÍDICA LA GESTIÓN QUE PUEDE RESTRINGIR LA LIBERTAD GENERAN SEVERAS SANCIONES. En el presente caso, la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses, respondió a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto revela la ecuación perfecta que debe existir entre lo que el infractor hizo y la consecuencia jurídica que se le derivó. Por ello, esta Colegiatura la estimó perfectamente compatible con la gravedad objetiva y concreta que comportó, ya que fue la modalidad y la naturaleza de las conductas las que causaron afectación ostensible, al desenvolvimiento cabal del ejercicio de la abogacía y por eso no debió soslayarse el impacto que tiene la potencialidad de producir también en el concierto social. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. .Temas: Comunidad Jurídica. Sanciones. Razonabilidad.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02231 00 de 2014

LA DEMANDA PARA LA APLICACIÓN DE UN PRECEPTO NORMATIVO CON FUERZA MATERIAL DE LEY DEBE SER CONOCIDA POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de la misma ciudad, con ocasión de la demanda que en ejercicio de la acción de cumplimiento, interpuso la Nación y otros contra la Curaduría Urbana 3 de Bogotá. Delegando la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa, como quiera que el demandante pretende que por vía judicial se ordene a un particular que desempeña una función administrativa en el ámbito distrital, se observa un precepto normativo con fuerza material de ley, cuya falta de aplicación presuntamente está generando una afectación al interés de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional y al patrimonio de la misma institución, es indudable que la acción constitucional en comento, es de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dirimió. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. . Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 54001 11 02 000 2014 00664 01 de 2015

EL EJÉRCITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER A LA VIDA CIVIL EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD A LOS CIUDADANOS QUE PRESTARON SERVICIO A LA PATRIA. La Sala procedió a amparar el derecho fundamental a la salud del actor, el cual considera vulnerado por el Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Ejército Nacional, y en consecuencia ordenar a las accionadas proceder a reanudar y mantener el continuo suministro de toda la atención médica, hospitalaria, y farmacéutica que requiera, al considerar que es inexplicable que es obligación de la Fuerza Militar o Policía Nacional que reciba a un ciudadano para que preste el servicio militar obligatorio, retornarlo a la vida civil en buena condición de salud, tal como fue admitido para prestar ese servicio a la Patria, por lo que, de no hacerlo, es claro que deben adelantarse las actuaciones correspondientes para efectos de superar el daño causado. Por lo tanto carece de toda justificación que ahora la entidad accionada, pretenda restarle importante a la situación del accionante, con el argumento que no es posible la prestación del servicio de salud, debido a que no tiene la condición de afiliado o beneficiario al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Revocó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Tutela. Derecho a la Salud. Ejército Nacional.

Expediente 11001 11 02 000 2012 02108 01 (8911 17) de 2014

EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OMISIÓN EN EL ACTUAR COMO ABOGADO GENERA SERIAS SANCIONES.Compartió esta Colegiatura, los argumentos expuestos por la Sala de Primera Instancia, así como los del Representante del Ministerio Público, en el sentido, que en el presente asunto quedó demostrado el injustificado incumplimiento por parte de la disciplinada, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, conducta que devino en la materialidad de las faltas endilgadas, y en ese sentido se tornó imperativo para esta Sala confirmar la sentencia apelada acorde con la conducta que desplegó la togada. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Incumplimiento. Disciplinada. Omisión.

Expediente 11001 01 02 000 2013 02229 01 de 2014

AL SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA SUMA CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PARTES NO CANCELADAS LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL ES LA COMPETENTE PARA LLEVAR EL PROCESO. Se dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión del conocimiento de la demanda Ejecutiva Laboral, instaurada contra el Municipio de Chimá (Córdoba), adjudicando el conocimiento del proceso a la jurisdicción ordinaria laboral, al analizar el proceso bajo el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que la jurisdicción ordinaria laboral será competente para conocer de los procesos ejecutivos siempre y cuando los mismos provengan de condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades, y conforme con las pretensiones de la demanda original lo que se pretende es la ejecución de la suma correspondiente a $14.764.446 por concepto de cuotas partes no canceladas. Dirimió. M.P. Angelino Lizcano RiveraTemas: Laboral. Conflicto de Competencia.

Expediente 05001 11 02 000 2012 00315 01 

EL ACTUAR DOLOSO POR PARTE DE LOS ABOGADOS DELIMITA SANCIONES QUE PUEDEN LLEVAR A LA SUSPENSIÓN TOTAL EN SU EJERCICIO PROFESIONAL. Conforme a las probanzas allegadas al diligenciamiento, se estableció en grado de certeza que el abogado nunca presentó una razón que justificara la conducta desplegada, dado que el jurista tenía pleno conocimiento de la sanción disciplinaria que obraba en su contra, como quiera que la misma le fue notificada por la Secretaría Judicial del Seccional de la Judicatura de Antioquia, lo cual da cuenta de haberse notificado la providencia contentiva de la sanción, a todas las direcciones registradas por el investigado. Y aún a sabiendas de ello, asumió la representación judicial en el proceso ejecutivo, emergiendo así que la falta fue cometida de manera dolosa. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Dolo. Representación Judicial. Certeza.

Expediente 11001 11 02 000 2012 00928 01 de 2014

EL TOGADO NO TUVO ESPACIO PARA PRESENTAR SU DEFENSA Y SE VIO AFECTADO POR EL INEFICAZ ACTUAR DEL DEFENSOR DE OFICIO. Declarada la nulidad de la investigación adelantada contra togado dentro de la cual se le sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de treinta meses, como autor responsable de las faltas consagradas en los artículos 35 numeral 1 y 37 numeral 1, de la Ley 1123 de 2007, como consecuencia de la vulneración del debido proceso, siempre y cuando el defensor de oficio no dio a conocer argumentos serios, apoyados en una debida argumentación orientada a demostrar la no incursión del abogado investigado en las faltas por las cuales se le formularon cargos, lo que permite considerar que se trató de defensa sólo formal, aparente, sin que entonces pueda pasar de largo esta omisión de tanta trascendencia de cara a la garantía de ese trascendental derecho para el disciplinable. Por lo tanto, no tuvo el togado oportunidad de controvertir la imputación y de cuestionar las pruebas, ante la falta de notificación y la precaria defensa que se hizo a su favor. Declaró la Nulidad. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Nulidad. Debido Proceso. Disciplinario.

Expediente 11001 11 02 000 2012 01404 01 (2912) de 2014

LA TOGADA DESCUIDO LAS DILIGENCIAS ENCARGADAS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE DIVORCIO PERMITIENDO EL VENCIMIENTO DE TÉRMINOS. Confirmada sentencia que impuso sanción a togada consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión por cuatro meses, al hallarla responsable de infringir los artículos 35, numeral 1 y 37, numeral 1 de la Ley 1123 de 2007. Siempre y cuando la investigada dejó de hacer oportunamente las diligencias a que estaba obligada en razón de la demanda de divorcio que había presentado a nombre de la quejosa, dejando vencer los términos para subsanar en forma oportuna y en su totalidad, a pesar de que el despacho le dio un término adicional para que terminara de subsanar correctamente la demanda como se había indicado en el auto inadmisorio, y por el contrario optó por desistir de la misma, sin que se aprecie que haya procedido a presentarla nuevamente estando obligada para hacerlo. Conforme al plenario se tiene como probado, la conducta y la responsabilidad de la disciplinada en éste cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta del descuido en el encargo conferido, sin que se encuentre justificado. Confirmó. M.P. José Ovidio Claros Polanco.. Temas: Disciplinario. Suspensión. Deberes del Abogado.

EL JUZGADOR DESBORDO SU COMPETENCIA AL PROFERIR PLIEGO DE CARGOS DONDE DABA POR CIERTA LA RESPONSABILIDAD DE LA TOGADA. La Sala procedió a declarar la nulidad de la providencia por medio de la cual se sancionó con suspensión por el término de 2 meses para ejercer la profesión a abogada, al hallarla responsable de la comisión de la conducta descrita en el numeral 1° del artículo 37, de la Ley 1123 de 2007, pues bien, en los términos en que se formuló el pliego de cargos, le quitan su naturaleza de provisional, convirtiéndolo en un pronunciamiento definitivo, una sentencia, desconociendo su presunción de inocencia y vulnerando el derecho de defensa de la disciplinable. Es claro que el a quo desbordó sus facultades y desde el mismo pliego de cargos ya estaba dando por cierto que la togada investigada había incurrido en falta por cuanto no le asistía duda, y que sus explicaciones no lo justifican. Declaró la Nulidad. M.P. José Ovidio Claros Polanco.  Temas: Administración de Justicia. Disciplinario.

Expediente 05001 11 02 000 2011 01882 01 (3132) de 2014

2014-11-06

LA RETENCIÓN DE DINEROS A LOS PODERDANTES, AÚN CONOCIENDO LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLOS DEVENGA EN UNA SANCIÓN PARA LOS ABOGADOS. Teniendo en cuenta la actuación surtida en el plenario, permitió tener certeza que la conducta por la que resultó ser sancionado el abogado, se presentó, siendo él la persona responsable de la misma y cometida conforme los precedentes de esta Corporación en la modalidad dolosa, por cuanto a sabiendas que tenía la obligación de realizar la devolución de los dineros entregados por su cliente no lo hizo, y por el contrario los retuvo. Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia fue confirmar la sentencia en consulta. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Abogados. Sanciones. Retención de Dineros.

Expediente 76001 11 02 000 2009 02187 01 (2912) de 2015

2014-11-20

TOGADA EN SU CALIDAD DE FISCAL INCURRIÓ EN UNA FALLA AL PERMITIR EL ACCESO DE TERCERO AJENO AL PROCESO Y ARCHIVO DEL MISMO. La Sala confirmó la sanción impuesta a togada en su condición de Fiscal Trece Especializada de Cali, consistente en la suspensión e inhabilidad especial en el cargo por un periodo de 60 días, por haber incurrido en la infracción injustificada de la prohibición consagrada en el numeral 21 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. Siempre y cuando la togada permitió el acceso de un tercero ajeno a los archivos de un proceso en el cual no era parte, agravada la situación dada la especialidad del despacho en el cual se atienden asuntos de carácter penal con reserva sumarial, es mucho más evidente la incursión en la falta disciplinaria por parte de la doctora, sin que tengan para nada eco sus argumentaciones respecto de que no existió irregularidad alguna, pues no se dijo en la sentencia de primera instancia qué investigaciones fueron afectadas, pues la importancia de los asuntos que se llevan en su despacho es tal que no permite hacer este tipo de exculpaciones. Confirmó. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado. Administración de Justicia.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02511 00 (2391) de 2014

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA NO TIENE FACULTAD PARA CONOCER LOS PROCESOS SURGIDOS DE CONTROVERSIAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS CON CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FINANCIERA. Dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, y la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con ocasión al conocimiento de la demanda que pretende se declare al Banco Agrario de Colombia del municipio de Manaure (Cesar), civilmente responsable por la sustracción y pérdida del dinero que consignó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a la accionada, declarando competente a la jurisdicción ordinaria representada por el Juzgado Promiscuo Municipal de este municipio. Decisión tomada bajo lo estipulado en el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, la cual determina que son excepciones de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. Dirimió. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Conflicto de Jurisdicción. Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa. Jurisdicción Ordinaria.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04685 01 de 2014

EN CUALQUIER ETAPA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA EN QUE APAREZCA PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL HECHO ATRIBUIDO NO EXISTIÓ SE ORDENARÁ EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS DISCIPLINARIAS.

Expediente 11001 11 02 000 2012 05059 01 de 2014

ABOGADA INCURRIÓ EN UNA SIMULTANEA REPRESENTACIÓN

Expediente 11001 11 02 000 2011 05323 01 de 2014

EL TOGADO INCURRIÓ EN FALTA AL OCULTAR AL PODERDANTE LO TRANSCURRIDO EN LAS DILIGENCIAS ENCARGADAS.

Expediente 11001 11 02 000 2011 07876 -01 (9449-19) de 2014

LA FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS ACTOS SANCIONATORIOS AL VULNERAR EL DEBIDO PROCESO GENERA LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES.

Expediente 50001 11 02 000 2011 00522 01 de 2014

EL TOGADO RETUVO Y SE APROPIO DE MANERA ILEGAL DE LOS DINEROS SURGIDOS DEL PROCESO ENCOMENDADO POR SU PODERDANTE.

Expediente 11001 11 02 000 2011 02363 01 (9148 19) de 2014

EL TOGADO SE APROPIO DE MALA FE DE UNOS DINEROS PROVENIENTES DE LA LABOR ENCOMENDADA.

Expediente 73001 11 02 000 2011 01169 01 de 2014

LAS FALTAS DOLOSAS QUE ATENTEN CONTRA LA IMAGEN DE LA ABOGACÍA ESTÁN SUJETAS A FUERTES SANCIONES DISCIPLINARIAS.

Expediente 11001 11 02 000 2009 04397 01 (8691 17) de 2014

LA UTILIZACIÓN EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO DE LOS DINEROS QUE HUBIERE RECIBIDO EN VIRTUD DEL ENCARGO COMO ABOGADO DE MANERA DOLOSA GENERA LA SANCIÓN RESPECTIVA.

Expediente 11001 11 02 000 2009 07278 01 de 2014

FUE SANCIONADO: EL ABOGADO INJUSTIFICADAMENTE FALTÓ A SU DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL, AL NO ADELANTAR LA GESTIÓN ENCOMENDADA.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00552 01 de 2014

LA TOGADA INCURRIÓ EN INDILIGENCIA AL DEJAR DE HACER OPORTUNAMENTE LAS DILIGENCIAS PROPIAS DEL PROCESO ENCARGADO.

Expediente 52001 11 02 000 2010 00554 01 (3254 A) de 2014

ACERTÓ EL FALLADOR COLEGIADO DE PRIMER GRADO AL DECLARAR AL TOGADO COMO INCURSO EN LA FALTA A LA DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL, BAJO LA MODALIDAD DOLOSA.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04511 01 (9833 20) de 2014

EL TOGADO INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN DE INICIAR LAS ACCIONES PERTINENTES DENTRO DEL PROCESO ADJUDICADO.

Expediente 73001 11 02 000 2013 01255 01 de 2014

NO HABRÁ MOTIVO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA CUANDO EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ABOGADOS EJERZAN DIFERENTES ACCIONES.

Expediente 20001 11 02 000 2012 00171 01 de 2014

EL PLIEGO DE CARGOS INCOADO ES IMPROCEDENTE TODA VEZ QUE SE ATACO LA AUTONOMÍA FUNCIONAL DE EL JUEZ.

Expediente 63001 11 02 000 2013 00172 01 (9972 21) de 2014

PROBADA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN LA TUTELA CARECE DE OBJETO.

Expediente 27001 11 02 000 2010 00208 01 2851F de 2014

SI LA PRODUCTIVIDAD DE LOS JUECES ESTÁ POR DEBAJO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS SERÁ OBJETO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA.

Expediente 63001 11 02 000 2011 00245 01 de 2014

EL PLIEGO DE ACUSACIONES Y LA SENTENCIA SE ENCONTRABAN CONTRARIAS EXISTIENDO UN ERROR IRRECONCILIABLE.

Expediente 73001 11 02 000 2010 00279 01 de 2014

IMPROCEDENTE LA SANCIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOGADO, FUE CAUSADA POR LA DESAPARICIÓN DEL PODERDANTE SIN ENTREGAR LOS GASTOS DEL TRASLADO.

Expediente 25000 11 02 000 2011 00284 01 de 2014

EL OLVIDO DE HACER LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA FALTA DISCIPLINABLE GENERA EL DECRETO DE LA NULIDAD DE LA ACCIÓN.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02063 00 de 2014

LA SOLICITUD DE PENSIONES HECHAS POR LOS TRABAJADORES OFICIALES SERÁN DE CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

Expediente  47001 11 02 000 2011 00307 01 de 2014

LA CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA ANTIJURIDICIDAD EN EL PRESENTE CASO OPERÓ COMO QUIERA QUE ATENTA CONTRA EL DEBER DE LEALTAD CON LOS COLEGAS (ABOGADOS).

Expediente 70001 11 02 000 2010 00328 01 de 2014

LAS INTERPRETACIONES QUE A LA NORMA LE HAGAN LOS JUECES PARA TOMAR DECISIONES NO PUEDE SER SANCIONADA.

Expediente 76001 11 02 000 2010 00436 01(8986 18) de 2014

EL TOGADO VIOLÓ LAS SENDAS DEL DEBIDO EJERCICIO DE LA PROFESIÓN AL PROPONER A SU PODERDANTE LA ENTREGA DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS EN BÚSQUEDA DE UNA DECISIÓN FAVORABLE.

Expediente 50001 11 02 000 2011 00817 01 de 2014

EL JUZGADOR OMITIÓ LA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS QUE CONLLEVARON A LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, INCURRIENDO A UNA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA.

Expediente 54001 11 02 000 2010 00114 01 de 2014

EL FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ CONFORME A LA RAZONABILIDAD DE LA IMPUTACIÓN, IMPONIENDO LOS CARGOS QUE SE ENCONTRABAN CONFIRMADOS AL MOMENTO DE PROCEDER.

Expediente 5000 01 11 02 000 2013 00123 01 de 2014

LA TARDÍA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LOS PODERDANTES PUEDE GENERAR SANCIONES ENTENDIDAS COMO DOLOSAS.

Expediente 23001 11 02 000 2011 00130 03 de 2014

EL TOGADO INCURRIÓ EN UNA FALTA DOLOSA AL ORDENAR EL PAGO DE ACREENCIAS QUE NO ERAN PROCEDENTES SER RECLAMADAS MEDIANTE TUTELA.

Expediente 13001 11 02 000 2010 00314 01 de 2014

COMO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS LO REPROCHABLE ES LA CONDUCTA NO EL RESULTADO HUBO LUGAR A DESPACHAR DESFAVORABLEMENTE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA.

Expediente 11001 11 02 000 2012 00912 01 de 2014

LA AUSENCIA DE ABOGADO DE OFICIO PARA LA DEFENSA DEL INVESTIGADO REPRESENTA UN DESMEJORAMIENTO AL DERECHO A LA DEFENSA.

Auto 68001 11 02 000 2011 00902 01(9178 19) de 2015

LOS ABOGADOS SUSPENDIDOS SE ENCUENTRAN INHABILITADOS PARA EJERCER COMO APODERADOS EN LOS PROCESOS.

Expediente 18001 11 02 000 2014 00701 01 de 2014

LOS EXÁMENES QUE SEAN ORDENADOS PARA LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS DE LOS NIÑOS DEBEN SER EFECTUADOS DE MANERA INMEDIATA.

Expediente 11001 11 02 000 2011 03152 01 de 2014

LOS ABOGADOS QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE NO PODRÁN INICIAR ALGÚN TIPO DE ACTUACIÓN. La conducta desplegada por el disciplinable deviene en antijurídica, más cuando al momento de firmar el contrato en calidad de contratista se comprometió a “prestar sus servicios profesionales en forma ética”, compromiso que incumplió en el mismo momento de imparte la rúbrica al documento en el mes de junio de 2010, hecho que trasgredió los deberes con los que debió actuar el profesional del derecho, causando perjuicio al representado desde el inicio de la relación profesional, pues sus actuaciones podrían haber generado una nulidad dentro del trámite judicial que perjudicaba a su poderdante. De esta manera, la conducta ilegal del apoderado fue advertida por el quejoso en el mes de noviembre de 2010, debido a la inactividad del mismo dentro del proceso, en consecuencia, el quejoso decidió consultar el sistema de información de la Rama Judicial y verificó que su apoderado se encontraba suspendido. En ese orden de ideas, él consideró que sus actuaciones serían nulas y por tal razón decidió denunciarlo, proceder que solo confirmó el actuar doloso del abogado. Confirma. M.P. Néstor Ivan Javier Osuna Patiño. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Trámite Judicial. Suspensión. Dolo.

Expediente 11001 11 02 000 2012 04596 01 de 2014

LA RETENCIÓN DE DINEROS SE PREDICA FRENTE A LOS QUE EL TOGADO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR A SU PODERDANTE Y NO RESPECTO A LOS HONORARIOS. La Sala procedió a revocar la providencia que sanciono a togada con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, al considerar que no existe prueba suficiente de la responsabilidad de la inculpada, pues su conducta no revestiría el tipo disciplinario imputado, al haberse predicado la retención no de dineros del cliente, sino de los recibidos por la togada por concepto de honorarios, derivados de actividad contractual a que se comprometió con el quejoso. Así las cosas, no encuentra convicción para acreditar la materialidad de la falta, pues se está predicando la retención de dineros por parte de la togada los cuales recibió por concepto de honorarios. Precisamente, a este respecto, se observa que el Seccional no fue acertado en la adecuación típica de la conducta, pues la retención de dineros no se predica de los honorarios del profesional sino de los emolumentos por concepto de la gestión y que sean de propiedad del cliente, razón por la cual, surge para el abogado la obligación de devolver oportunamente dichas sumas o comunicar su recibo prontamente a su mandante. Revocó. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Suspensión.

Expediente 05001 11 02 000 2012 02242 01 de 2015

ABSUELVEN ABOGADA: NO SE PRESENTÓ FALTA DISCIPLINARIA DE LA TOGADA POR DESCUIDAR O ABANDONAR LA GESTIÓN ENCOMENDADA. En el caso estudiado, la Sala advierte la necesidad de revocar la decisión de primera instancia, por cuanto no se observa la materialidad de la falta endilgada, por el contrario, lo evidenciado es la adecuada representación de su cliente en el proceso para el cual le fue otorgado poder hasta el momento en el que le fue revocado tácitamente, es decir, hasta el 1º de agosto de 2012, motivo por el cual, no es posible acoger la argumentación del A quo cuando estimó la presencia de falta disciplinaria por la inasistencia de la togada a la audiencia de conciliación del 25 de octubre de 2013, pues se reitera, para ese momento no tenía la facultad legal para actuar como apoderada de la quejosa. Revoca. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en abril de 2015.

Expediente 11001 11 02 000 2013 01064 01 (2875) de 2014

LA IMPERICIA DE LAS PARTES DEL PROCESO NO PUEDE AFECTAR A LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA. Revisadas las copias que allegó el Juzgado Sexto Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, se encuentra que el quejoso jamás entregó el vehículo sobre el cual pesaba la medida cautelar, no siendo posible  la administración del mismo por parte de la secuestre. De esta manera, si el quejoso no puso a disposición el vehículo y no allegó prueba alguna de los dineros que dijo haber entregado a la secuestre, lo que quedó probado es que burló la orden del juzgado, y que la auxiliar de la justicia, no incurrió en falta alguna, debiendo confirmar la decisión apelada.Confirma. M.P. Jose Ovidio Claros Polanco. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Secuestre. Auxiliar de la Justicia. Medidas Cautelares.

Expediente 73001 11 02 000 2013 01264 01 de 2014

LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS PROFESIONALES EN LA PROFESIÓN DE ABOGADO EN CUMPLIMIENTO DE UN MANDATO GENERÓ SANCIÓN A TOGADA. Cuando los profesionales del derecho deben proceder con diligencia en los encargos profesionales aceptados y defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares obrando en cada una de sus actividades con lealtad y honradez. Por ello, la relevancia social de la conducta, se observa que las faltas cometidas por la abogada contrarían la imagen de la profesión e igualmente quebranta la confianza de las personas en sus apoderados, desacreditándola y generando con ello una grave afectación social. De esta manera, la suspensión de 10 meses fallada en contra de la sancionada hubo de ser confirmada.Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Sanciones. Aplicación. Afectación.

Expediente 76001 11 02 000 2011 01323 01 de 2014

TOGADA INCURRIÓ EN UNA FALTA AL PERMITIR EL ARCHIVO DEL PROCESO QUE LE FUE ENCOMENDADO. Confirmada la providencia que sanciono con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión a togada tras declararla responsable disciplinariamente por la falta establecida en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, dado que la sanción se justifica ante el evidente perjuicio que al ciudadano se le causó con el archivo del asunto civil, el cual implicaba una erogación económica derivada de la relación contractual con la contraparte, y que tenía vigente y expectante hasta el momento en que se produjo la lamentable decisión del Juez de decretar la perención en el proceso, cuantía estimada en ocho millones de pesos, la que se vio frustrada por la actitud culposa de la doctora. Confirmó. M.P. Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Obligaciones del Abogado.

Expediente 05001 11 02 000 2010 00610 01 de 2014

AL ENCASILLAR LA CONDUCTA COMO GRAVE CON POSTERIORIDAD AL PLIEGO DE CARGOS, SE VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO. Declarada la nulidad de lo actuado dentro del proceso que finalizó con sentencia condenatoria contra togado en su calidad de Juez Primero Civil del Circuito de Itagüí, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por un periodo de 1 mes, por haberlo encontrado responsable de incumplir los deberes descritos en los numerales 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Determinado que el pliego de cargos no cumple con todos los requisitos de Ley, en tanto que no se incluyó en él la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código. Lo anterior porque, con lo ocurrido se afectó el derecho de defensa del disciplinado y por tanto, se cometieron irregularidades que afectan el debido proceso, pues se le desconoció el marco de referencia en el cual se adelantó el proceso, afectándose de contera con el resultado de la sentencia la buena fe de la persona juzgada, por franca imposibilidad de controvertir las bases en las cuáles se fundó la sentencia adversa, como quiera que, la imputación objetiva contenida en el auto de cargos es para el operador disciplinario una limitante de su labor en la etapa de juzgamiento. Decretó Nulidad. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en abril de 2015.Temas: Disciplinario. Nulidad. Debido Proceso.

Expediente 13001 11 02 000 2008 00649 01 de 2014

LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LO ACTUADO SE EFECTUARÁ CUANDO EL FUNCIONARIO QUE CONOZCA DEL PROCESO DISCIPLINARIO ADVIERTA UNA CAUSAL PARA ELLO. Siendo evidente la existencia de irregularidades sustanciales en las que incurrió el fallador de instancia al adecuar el actuar de la letrada en un tipo que no encuentra hoy una adecuación típica en la Ley 1123 de 2007, devino ello no solo en la vulneración del debido proceso, y además afectó garantías sustanciales y constitucionales de la disciplinable, con lo cual no pudo esta Sala rehuir el deber oficioso de escudriñar, so pretexto de la prevalencia del derecho material, pues no resultó de su arbitrio fallar a voluntad, sino dentro del más estricto ceñimiento a la ley, de la cual emanan sus facultades. Decreta. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Proceso Disciplinario. Adecuación Típica. Nulidad.

Expediente 44001 11 02 000 2011 00360 01 de 2014

SANCIÓN EN FIRME: EL TOGADO SE APROPIÓ DE MANERA ILEGAL DINEROS, OCULTANDO SU ENTREGA A SU PODERDANTE.La Sala procedió a confirmar la sentencia por medio de la cual se sanciono a togado con 24 meses en el ejercicio de la profesión, y multa tras hallarlo responsable de las faltas previstas en los artículos 30-4, 33-9, 34 literal D y 35-4 de la Ley 1123 de 2007, dado que recibió dineros en virtud del proceso de entrega del tradente al adquirente que, dada la naturaleza de dicho asunto, no le correspondía recibir de parte del allí demandado, aquí quejoso, a más de no poner en conocimiento de su poderdante tal situación, y mucho menos hacerle la entrega de dichas sumas, siendo claro que el mismo se apropió dineros que canceló el quejoso, procediendo a actuar fraudulentamente para adueñarse de esos dineros y nunca le manifestó a su cliente que había recibido esos dineros. Confirmó. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Disciplinario. Faltas del Togado.

Expediente 66001 11 02 000 2011 00467 01 de 2014

LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO: SE DICTÓ AUTO PARA ALEGAR, SIN ESCUCHARSE A LOS TESTIGOS ALLEGADOS AL PROCESO POR LA INVESTIGADA. La Sala procedió a decretar la nulidad de lo actuado dentro del proceso adelantado contra togada en su calidad de Jueza de Paz de Dosquebradas, donde se le condenó con suspensión por el término de cuatro meses, al encontrarla responsable de incumplir el deber establecido en el artículo 153, numeral 1 de la ley 270 de 1996, siempre y cuando la ley estipula que solo es posible proferir auto para alegatos de conclusión, cuando se hayan practicado las pruebas decretadas, por lo tanto al verse que se emitió auto, sin practicarse y escucharse los dos testimonios que la misma Corporación consideró que eran conducentes y pertinentes, dictando auto corriendo traslado para alegar. Por lo anterior, se vulneró el derecho de defensa de la investigada, toda vez que conforme al ordenamiento jurídico Colombiano y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, quien sea investigado tiene derecho a hacer comparecer a los testigos de descargo. Decretó Nulidad. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Nulidad. Debido Proceso.

Expediente 13001 11 02000 2011 00484 01 de 2014

LAS DETERMINACIONES JURÍDICAS QUE SE TOMEN CON BASE EN LA EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE SANCIÓN SIEMPRE QUE SEAN CONTRARIAS A DERECHO. Teniendo en cuenta que dada la formación y trayectoria del operador judicial, este se hallaba en plena capacidad de comprensión del marco general y particular de los deberes que lo cobijan por su condición de Juez de la República. De esta manera, la suspensión por el término de 12 meses en el ejercicio del cargo, convertidos en 12 meses de salarios devengados para el momento de los hechos, en razón a que ya no se desempeñaba como funcionario judicial, consideró esta Superioridad que resultó y cumplió con los principios de proporcionalidad y necesidad, si se tiene en cuenta que estamos en presencia de hechos graves y que involucraron sumas considerables de dineros públicos. Confirma. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Dineros Públicos. Término. Funcionarios Judiciales.

Expediente 05001 11 02 000 2011 02599 01de 2014

LA RESARCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS CON EL MAL ACTUAR COMO ABOGADO PUEDE GENERAR LA EXONERACIÓNDE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS. El proceso disciplinario seguido contra el letrado, y la sanción impuesta resultó ser pertinente, en tanto permitió y cumplió con la función de corrección y prevención, pues a pesar de infringir el deber estipulado en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007  e, incursionar en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 Ibídem, resarció el daño causado, devolviendo el $1.400.000 parte del dinero recibido por las agencias en derecho y las costas procesales reconocidas en el proceso, demostrando con su proceder, una actitud correctiva y rehabilitadora, siendo entonces procedente La rebaja de la sanción impartida. Modifica. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Faltas Disciplinarias. Daños. Proceso.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02678 00 de 2014

JUSTICIA ORDINARIA: LOS INVESTIGADOS ACTUARON COMO OFICIALES DE POLICÍA, PERO SUS ACTOS DESBORDARON LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD. Asignado el conocimiento de la investigación penal seguida contra miembros de la Policía Nacional en averiguaciones, a la Jurisdicción Penal Ordinaria, al considerar que si bien los oficiales actuaron como miembros activos de la entidad, no interactuando dentro del razonable marco de sus atribuciones competenciales, pues sencillamente ni la Policía Nacional, ni las normas generales ni específicas que gobiernan el desarrollo de sus actividades en el caso concreto, los mandan ni autorizan para hacer lo que al parecer, hicieron, es decir, disparar en contra de unos jóvenes que se encontraban desarmados y no estaban siendo perseguidos por la fuerza pública, luego ninguna relación tienen los hechos investigados con el ejercicio de su cargo. Así, los miembros de la Policía pueden usar la fuerza como medida extrema de acuerdo con la gravedad del caso, bajo el principio de proporcionalidad, el estado de necesidad, y de acuerdo con el derecho internacional humanitario. En consecuencia, conforme a lo planteado, por ser la jurisdicción penal militar de carácter excepcional y especial, el conocimiento de la presente investigación no puede serle atribuido. Dirimió. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en abril de 2015. Temas: Conflicto de Competencia. Policía Nacional.

Expediente 11001 11 02 000 2012 03202 01 de 2014

SIN CAUSA ALGUNA QUE VERSE SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA, NO PUEDE CONTINUARSE CON LAS INVESTIGACIONES QUE PARA CON ELLOS HAYAN SIDO INICIADAS. Habiendo cumplido la disciplinable cabalmente su obligación de rendir cuentas sobre la gestión y encontrándose en sus posibilidades dar por terminado el contrato de arrendamiento de establecimiento comercial con la quejosa, no halló esta Colegiatura razón alguna de reproche, pues la evaluación sobre los motivos por los cuales se estaba terminando el contrato de arrendamiento a fin de declarar si dicho acto es justificado o no, o la indemnización de acuerdo al posicionamiento de nombre o reconocimiento del establecimiento comercial que se requiere recuperar, son asuntos ajenos al control asignado por el legislador a esta jurisdicción. En ese orden de ideas, teniéndose que las reclamaciones de la quejosa versaron principalmente sobre controversias definibles en la jurisdicción ordinaria, y no en la transgresión efectiva del deber funcional que cumple la auxiliar de la justicia en la administración de los bienes a su cargo, ya que esta cumplió cabalmente con todos los requerimientos hechos por el despacho, resulta impertinente seguir investigando sobre una conducta que claramente careció de relevancia disciplinaria. Confirma. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Auxiliares de la Justicia. Contrato de Arrendamiento. Controversias.

Expediente 05001 11 02 000 2011 02674 01 de 2014

LA AUTONOMÍA DE LOS JUECES NO SE EXTIENDE AL PUNTO DE MOTIVAR OPCIONALMENTE LAS FASES DEL PROCESO. Las fases del proceso no pueden convertirse en opciones judiciales, ya que son las mismas un componente estructural dentro de  los estadios configurativos de esa unidad denominada proceso; no están al capricho o posibilidad del Juez Disciplinario, son un imperativo ineludible y de orden público; pues, obviar alguna de ellas resquebraja esa estructura que impediría continuar la actuación y de seguirla, materializaría vicio insaneable que hace nugatoria cualquier decisión diferente a la nulidad. De esta manera, hubo que decretar la  nulidad, aclarándose que las pruebas legalmente recaudadas conservaban plena validez. Decreta la Nulidad. M.P. María Mercedes López Mora. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Procesos. Nulidad. Autonomía.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02735 00 de 2014

LA FALENCIAS PRESENTADAS EN LA GARANTÍAS PROCESALES DEMERITAN EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS PENALES. Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de jurisdicciones suscitado entre El Juzgado Promiscuo Municipal Con Función De Control De Garantías de Córdoba (Nariño) y la Indígena, representada en el Resguardo Indígena de Males del mismo Municipio, dentro del proceso penal adelantado contra el sindicado por el presunto delito de Fabricación, Tráfico y Armas de Fuego y Municiones asignando el conocimiento del asunto a la justicia ordinaria. Todo esto, ya que en suma de factores dentro de las cuales, se insiste, cobra enorme importancia el proceso de aculturación del sujeto investigado y serias falencias en cuanto a la institucionalidad de la comunidad indígena para el juzgamiento de sus pares, ameritaron que la ponderación entre la protección de la diversidad étnica – cultural y la importancia de la protección del bien jurídico afectado, se incline en favor de la jurisdicción ordinaria. Resuelve. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Falencias. Aculturación. Jurisdicciones.

Expediente 11001 01 02 000 2014 02890 00 (2419) de 2014

PARA DAR CONOCIMIENTO DE PROCESOS PENALES A LA JURISDICCIÓN INDÍGENA DEBEN CONFIGURARSE TODOS LOS REQUISITOS ESTIMADOS POR LA LEY. Sin que sean necesarias consideraciones adicionales al respecto, encontró la Sala que, al no presentarse en este caso todos los elementos que conforman la jurisdicción indígena, de acuerdo con las líneas jurisprudenciales emitidas en relación a este tema, deviene claramente que la Jurisdicción competente para resolver el proceso, iniciado contra el sindicado por la comisión de los delitos de Homicidio, Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego Accesorios Partes o Municiones, es la ordinaria, en cabeza del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales, Caldas al  cual se le remitirá el asunto. Dirime. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Conflicto. Jurisdicciones. Procesos.

15001 11 02 000 2014 00661 01  (9829 20)

POR FALTA DE NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS SU PUEDE INCURRIR EN VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

  13001 11 02 000 2013 00818 01 

EL JUEZ IGNORÓ LA NORMA DE COMPETENCIA: RESOLVIÓ UN HÁBEAS CORPUS PRESENTADO EN UNA REGIÓN FUERA DE SU JURISDICCIÓN.

 11001 01 02 000 2012 00877 01  (9687 20)

LA TOGADA CORRIGIÓ SU ACTUAR Y ADECUÓ SU DECISIÓN FRENTE A LA IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA FALLO DE ESTE TIPO.

 73001 11 02 000 2014 00901 01

LA CARENCIA DE OBJETO EN LA IMPUGNACIÓN DESLEGITIMA UNA DECISIÓN POR VÍA DE ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

11001 01 02 000 2014 02138 00 

LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL ESTÁ EXCLUIDA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

 11001 01 02 000 2014 02170 00

CUANDO LAS ENTIDADES ACCIONADAS SEAN DE NATURALEZA PÚBLICA EL JUEZ DE QUE RESOLVERA EL PROCESO SERÁ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

 05001 11 02 000 2010 02207 01

C.S. DE LA J. CONSIDERÓ NECESARIO APOYARSE EN LAS ESPECIFICIDADES DEL DERECHO DISCIPLINARIO PARA IMPONER LA SANCIÓN A TÍTULO DE CULPA POR DESACATO.

70001 11 02 000 2010 00096 01  (9839 20)

LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS DIFERENTES PROCESOS GENERA UNA FALTA DISCIPLINARIA INSTANTÁNEA. 

  27001 11 02 000 2011 00114 02

AUNQUE LOS JUECES GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PARA INTERPRETAR LAS NORMAS, SU FACULTAD NO ES ABSOLUTA.

 73001 11 02 000 2010 00443 01

AL DEJAR VENCER EL TÉRMINO DE 10 DÍAS SEÑALADO EN LA NORMA PARA RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDEN HABER FALTAS DISCIPLINARIAS SI DICHO EVENTO NO AFECTÓ DERECHOS DE LAS PARTES.

05001 110 2000 2013 01796 01

LA FORMULACIÓN DE CARGOS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO DEBE SER RESPETADA Y DE ESA MANERA EVITAR LA NULIDAD DE LOS CARGOS.

 11001 110 2000 2011 06675 01

DISMINUYÓ SANCIÓN: LA OMISIÓN DEL ACTOR NO TUVO UN IMPACTO TRASCENDENTAL EN EL DESARROLLO DEL PROCESO.

 11001 1102 000 2013 04782 01 / 3407 A

EL PROCESO DISCIPLINARIO SE VIO VICIADO DE NULIDAD: EN PRIMERA INSTANCIA SE INCUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN PREVISTO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS CONTRA ABOGADOS.

 11001 110 2000 2014 04777 01

LA AFECTACIÓN A LA SALUD DEBE ESTAR SIEMPRE PROTEGIDA INDENPENDIENTE DE LA AFECTACIÓN QUE SE SUFRA Y EL CARGO QUE SE TENGA.

76001 11 02 000 2011 01597 02

EL DISCIPLINADO FALTO A SU DEBER A PERMITIR EL ARCHIVO Y DESISTIMIENTO TÁCITO DE LOS PROCESOS ENCARGADOS.

  27001 11 02 000 2011 00006 01

VIOLADO EL DEBIDO PROCESO: EL PLIEGO DE CARGOS AL TOGADO NO GUARDABA CONCORDANCIA CON LO SANCIÓN IMPUTADA.

 66001 11 02 000 2011 00017 01

TODO TIPO DE ACTUACIÓN QUE QUEDE SIN RESOLVER POR EL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA PERTINENTE GENERAR SANCIÓN DISCIPLINARIA.

11001 11 02 000 2011 03756 02

EL POSTULADO SANCIONATORIO FUE ACORDE A LA NORMATIVIDAD TENIENDO EN CUENTA LA CALIDAD DE DOLO EN QUE SE EFECTUÓ LA ACCIÓN. 

 11001 110 2000 2008 06704 01

PRESCRIPCIÓN: TRANSCURRIERON 5 AÑOS DESDE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS POR LOS CUALES SE INVESTIGÓ A LA TOGADA.

 11001 1102 000 2011 06393 01

TOGADO ABANDONÓ LAS DILIGENCIAS DEL PROCESO EJECUTIVO ENCOMENDADO POR SU PODERDANTE.

73001 1102 000 2010 00279 01

LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE DEFENSA COMO APODERADO EN UN SITIO DIFERENTE AL CONTRATADO POR LA AUSENCIA DE VIÁTICOS Y EXTRALIMITANDO EL PODER FIRMADO PUEDE SER UN EXONERANTE DE RESPONSABILIDAD. 

23001 11 02 000 2014 00032 01

EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY 100 DE 1993 SOLAMENTE ES APLICABLE DE PREFERENCIA AL ESPECIAL CUANDO SEA MÁS FAVORABLE.

 20001 11 02 000 2011 00039 02

FISCAL 26 LOCAL DE CODAZZI, CESAR AUTOR RESPONSABLE A TÍTULO DE CULPA LEVE POR FALTAR A SU DEBER.

 27001 11 02 000 2012 00055 01

LA DOGMÁTICA DISCIPLINARIA HA DESARROLLADO ESTE DERECHO BAJO LA ÓPTICA DE SANCIONAR ACTOS DE MERA CONDUCTA, NO DE RESULTADO.

11001 01 02 000 2014 02620 00

LA DETERMINACIÓN O FIJACIÓN DE COMPETENCIA, QUE SE SABE ES DE RESERVA LEGAL, NO ESTÁ SUPEDITADA A TEMORES O INTERPRETACIONES DEL RESPECTIVO FUNCIONARIO JUDICIAL.

 11001 01 02 000 2014 02648 00  (9999 21)

NO TODA CONDUCTA COMETIDA POR UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA, CON OCASIÓN DEL SERVICIO, PUEDE QUEDAR COMPRENDIDA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR.

Expediente 11001 11 02 000 2013 05687 01 

LAS FUNCIONES DE LOS JUECES NO PUEDEN SER TRASLADADAS A LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA PARA TOMAR DECISIONES DE FONDO.

Expediente 11001 11 02 000 2011 06289 02  3351 

LAS SANCIONES IMPUESTAS NO PUEDEN DESATINAR CON LAS CONDUCTAS QUE LAS IMPULSEN.

Expediente 11001 11 02 000 2011 07191 01  2963 

IMPROCEDENTE IMPONER SANCIÓN POR LA MORA: LA ACCIONADA SE ENCONTRABA EN PERIODO DE PRUEBA Y LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS DESBORDABA LA CAPACIDAD LABORAL DE CUALQUIERA.

Expediente 11001 11 02000 2011 07454 01 (9205 19) 

EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR LOS TOGADOS DEBE SER CUMPLIDO CABALMENTE PARA PREVENIR SANCIONES DISCIPLINARIAS.  Profesional.

Expediente 52001 11 02 000 2014 00584 01 

LA RETENCIÓN DE CIUDADANOS CON EL FIN DE OBLIGARLOS A SER INCLUIDOS EN LAS FILAS MILITARES, ES UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00603 01

LAS INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA ES PROCEDENTE SOLAMENTE CONTRA SENTENCIAS PRODUCTO DEL CAPRICHO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL.

Expediente 20001 11 02 000 2010 00606 01 (8658 17) 

EL INDEBIDO ACTUAR POR PARTE DE LOS TOGADOS EN LOS TRÁMITES SUCESORALES GENERA UNA DIRECTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS POR PARTE DE LOS LEGITIMARIOS EN LA SUCESIÓN.

08001 11 02 000 2010 00155 02

LOS INVESTIGADOS INCURRIERON EN UNA FALTA GRAVE: CONCEDIERON UNA TUTELA SIN LA PREVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTIMADOS PARA ESTA ACCIÓN

1300 11 102 000 2011 00391 01

UNA VEZ PRESCRITAS LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS HABRÁ DE DECLARARSE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO FRENTE A QUIEN SE LLEVE.

 54001 11 02 000 2014 00521 01

CUANDO LAS LESIONES A SOLDADOS SE CAUSEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE LES DEBE SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO AÚN PRODUCIÉNDOSE SU DESVINCULACIÓN DE LA ARMADA

73001 11 02 000 2014 00901 01

LA SUSTRACCIÓN DE MATERIA POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO SE DA SEGÚN EL MOMENTO PROCESAL EN EL QUE SE SATISFACE O SE CONCULCA DE MANERA DEFINITIVA UN DERECHO.

25000 11 02 000 2011 02246 01

TOGADO SANCIONADO POR FALTAR A SU OBLIGACIÓN DE INFORMAR A SUS PODERDANTES SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS

25000 11 02 000 2011 02246 01

EL TOGADO ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL PROCESO A SU PODERDANTES, SIN IMPORTAR QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA FUERA DE MAYOR IMPORTANCIA.

 47001 11 02 000 2010 00551 01

TOGADO SANCIONADO POR ATACAR Y AMEDRENTAR CON AMENAZAS A SERVIDOR JUDICIAL.

11001 11 02 000 2010 05544 01

CUANDO SE QUEBRANTAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO SE INCURRIRÁ EN FALTAS DISCIPLINARIAS.  23001 11 02 000 2011 00406 01  (8980 18)

LA EXISTENCIA DE 2 FALTAS FRAUDULENTAS EJERCIDAS POR LOS ABOGADOS SOLO PUEDEN SER SEPARADAS POR SUBSUNCIÓN.

68001 11 02 000 2011 01101 01

LA DEBIDA INTERVENCIÓN DEL ABOGADO EN PROCESO DISCIPLINARIO GARANTIZÓ AL IMPLICADO SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO.  27001 11 02 000 2011 00385 01  (8498 16)

TOGADO SANCIONADO POR NO ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS A SU PODERDANTE, DE TÍTULOS VALORES RECLAMADOS.

27001 1102 000 2010 00018 01

EL JUEZ INCURRIÓ EN UNA FALLA AL NO IMPONER SANCIÓN A DASALUD POR NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN LA ACCIÓN DE TUTELA 

27001 1102 000 2010 00073 01

EL JUEZ DISCIPLINARIO INCURRIÓ EN FALTA A SUS DEBERES AL ORDEANR EL EMBARGO DE LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. 

08001 1102 000 2010 00155 02

QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE CARGOS Y LA SENTENCIA ES LO DETERMINANTE A LA HORA DE ESTUDIAR LOS FALLOS EN OTRA INSTANCIA

 27001 1102 000 2009 00245 02

LA INEMBARGABILIDAD A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEBE SER UN TEMA PROTEGIDO POR LOS JUECES DE NO QUERER ACARREAR CON SANCIONES DISCIPLINARIAS 

05001 11 02 000 2010 01451 01  (9459 19) 

EL ABANDONO Y LA FALTA DE DILIGENCIA EN LAS ACTUACIONES OTORGADAS A LOS ABOGADOS GENERA SANCIONES DISCIPLINARIAS.

 25000 11 02 000 2011 01386 01

TOGADO SUSPENDIDO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR REALIZAR ACTOS PARA DEMORAR EL NORMAL CURSO DEL PROCESO

 0501 11 02 000 2010 01514 01

EL EJERCICIO ADECUADO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO TIENE UNA INCIDENCIA DIRECTA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SUS PODERDANTES Y LA DEBIDA ACTUACIÓN DE LO SOLICITADO.

 11001 01 02 000 2014 01564 00

EL NEXO ENTRE LAS INVESTIDURAS Y EL SERVICIO SE PIERDE, CUANDO LOS ACTOS ILEGALES NO TIENEN CONCORDANCIA CON ESTE.

11001 11 02 000 2011 05548 01

LA MORA PRESENTADA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN FUE CAUSADA POR LA ACUMULACIÓN LABORAL DEL DESPACHO Y NO POR NEGLIGENCIA DE LA TOGADA

 11001 11 02 000 2011 05560 01

CONCEDEN BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA A CIUDADANO SIN COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LA CALIDAD DE PADRE CABEZA DE FAMILIA.

11001 11 02 000 2011 06665 01

POSESIONAR A ALGUIEN INHABILITADO BAJO LA PREMISA DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL MISMO RESULTA IMPROCEDENTE. Togada en su calidad de juez posesiono como secreatrio del juzgado a una persona inhabilitada para el cargo.

11001 11 02 000 2010 10383 01

EL TOGADO NO TUVO UNA PARTICIPACIÓN DIRECTA O INDIRECTA EN LOS ACTOS ILEGALES REALIZADO S POR SU PODERANTE.

 11001 01 02 000 2014 02296 00 / 2371 C

EL PATRULLERO AUNQUE SE ENCONTRABA PRESTANDO EL SERVICIO, LOS HECHOS POR LOS QUE SE LE INVESTIGAN SON AJENOS A LAS FUNCIONES ENCARGADAS A ESTE.

11001 1102 000 2012 02414 01

TODO TIPO DE CONDUCTA DISCIPLINARIA QUE HAYA SIDO OBJETO DE UN FALLO NO PODRÁ SER REEVALUADA CON POSTERIORIDAD. 

11001 0102 000 2014 02416 00

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD ES SUPERIOR SOBRE TODA LAS COSAS: LA CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NO PREVÉ LA PROTECCIÓN NECESARIA DE LOS DERECHOS DEL MENOR DE EDAD.

11001 0102 000 2014 02446 00

LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

11001 0102 000 2014 02516 00

LA CONFIRMACIÓN O DESCARTE DE LA CONCIENCIA DE ILICITUD DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

05001 1102 000 2011 02587 01

SANCIÓN EN FIRME: ABOGADO NO PRESENTÓ DEBIDAMENTE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y NO RECURRIR LOS AUTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE RECHAZARON LAS ACCIONES.

11001 01 02 000 2014 01065 00 (2271

LOS PROCESOS LABORALES CITADOS ENTRE LOS TRABAJADORES OFICIALES Y SU EMPLEADOR DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

 11001 01 02 000 2014 01025 00

EN EVENTOS DE INCERTIDUMBRE SOBRE LA MODALIDAD DE LOS HECHOS DEBE SER LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA QUIEN DEBA CONOCER DEL LITIGIO.

 68001 11 02 000 2014 00977 01

LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ES CONSTITUCIONAL: NO SE PUEDE NEGAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD O LOS MEDICAMENTOS NO POS.

68001 11 02 000 2014 00943 01

LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PARA REMITIRSE A RESPONDER FRENTE A LAS AUTORIDADES POR DESACATO SE CONVIERTE EN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA DETERMINAR LOS FALLOS SANCIONATORIOS.

 68001 11 02 000 2014 00912 01

EJÉRCITO VULNERÓ LOS DERECHOS DE UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AL DESVINCULARLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

 68001 11 02 000 2014 00905 01

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD EXISTE CUANDO SE TRATA A UNA PERSONAS DE MANERA DIFERENCIAL CON OTRA QUE ESTÁ EN LA MISMA POSICIÓN.

11001 010 2000 2014 01898 00

LA COMPETENCIA FRENTE A LAS CONTROVERSIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS, SERÁ ASUMIDA POR LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS CUANDO EL RÉGIMEN LO ADMINISTRE UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO

 11001 010 2000 2014 01818 00

LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER LOS CONFLICTOS NACIDOS DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO ESTATAL.

 11001 110 2000 2014 01771 01 (9931 21)

EL ACCIONANTE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, Y NO ERA PROCEDENTE APLICAR LA FIDELIDAD

 11001 110 2000 2009 01717 01

LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA CULMINARÁ ANTE LA EXISTENCIA DEL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN, LA CADUCIDAD O LA MUERTE DEL DISCIPLINADO.

 11001 010 2000 2014 01574 00

LA CONCILIACIÓN COMO TITULO EJECUTIVO FUE EMITIDA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: ESTA TIENE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL PROCESO EJECUTIVO.

73001 110 2000 2011 01563 01 (3020 F)

EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE QUE EL PROCESO TRANSITA ALREDEDOR DE UN EJE CONCEPTUAL FÁCTICO Y JURÍDICO.

2011 3798

ÁLVARO DÁVILA PEÑA EXCLUIDO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO: EL ACTUAR DEL TOGADO CONLLEVÓ AL DESVIÓ DE LOS DINEROS DEL DISTRITO DESTINADOS A OBRAS PÚBLICAS.

 11001 11 02 000 2014 04558 01

EL ACCIONANTE NO ERA APTO PARA EL SERVICIO MILITAR: EL CÁNCER DESCUBIERTO IMPEDIA LAS ACTIVIDADES FíSICAS.

11001 010 2000 2014 02596 00

DIRIMIÓ: NO SE ENCONTRÓ EL NEXO CAUSAL NECESARIO PARA DETERMINAR QUE EL HOMICIDIO SE COMETIÓ COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PATRULLERO.

 11001 010 2000 2014 02644 00

LOS PROCESOS PENALES QUE INMISCUYAN DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA DEBERÁN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

 11001 010 2000 2014 02599 00 (9974 21)

NO TODO ACTO ILÍCITO PERPETUADO POR UN OFICIAL DE POLICÍA CORRESPONDE AL ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR.

 63001 11 02 000 2012 00214 01 

 EL TOGADO EXTRALIMITÓ SUS FUNCIONES COMO JUEZ DE PAZ: IMPUSO UNA CARGA ECONÓMICA A UNA DE LAS PARTES DENTRO DEL PROCESO

 11001 11 02 000 2014 00231 01

LA CARGA PROBATORIA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS RECAE SOBRE EL ESTADO.

 27001 11 02 000 2010 00255 01

.SENTENCIA EN FIRME: ABOGADO INCUMPLIÓ CON SU DEBER ATENDER LAS DILIGENCIAS JUDICIALES.

 68001 11 02 000 2010 00297 01

REVOCAN: LA DEMORA DEL JUEZ A RESPONDER LA TUTELA FUE OCASIONADA A UN HECHO AJENO A SUS FUNCIONES.

11001 01 02 000 2014 02141 00

LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS ENTRE LOS TESTIMONIOS Y PRUEBAS CIENTÍFICAS, HACEN IMPROCEDENTE EL CONOCIMIENTO DEL CASO POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR.

1100101 02 000 2014 02655 00  (9998 21)

EL FACTOR TERRITORIAL ES INDISPENSABLE PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS PENALES EN LOS QUE INTERVENGA LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.

11001 01 02 000 2014 00162 00  (9048 18)

LA REGLAMENTACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON ENTIDADES TERRITORIALES DEBE SER CONOCIDA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

 66001 11 02 000 2011 00386 01

LA SALA DISCIPLINARIA EN INSTANCIA OMITIÓ LA OBLIGACIÓN DE PROFERIR EL AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN

 66001 11 02 000 2010 00416 01 

LOS JUECES DE PAZ NO TENÍAN COMPETENCIA PARA DETERMINAR SANCIONES DE EXPULSIÓN DE MIEMBROS DE LAS ACCIONES COMUNALES.

76001 11 02 000 2011 02856 01  (8903 17)

LA INDEBIDA IMPUTACIÓN DE LA CONDUCTA INDILGADA AL TOGADO, HACE PRECEDENTE LA NULIDAD DE LO ACTUADO DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO.

 11001 11 02 000 2010 03041 01 

EL ACTUAR DEL CIUDADANO EN SU CALIDAD DE JUEZ DE PAZ, NO BUSCO UNA AFECTACIÓN DE LAS PARTES: ACTUÓ DENTRO EL PRINCIPIO DE BUENA FE DEL QUE CONSTA DICHA CALIDAD.

 11001 11 02 000 2011 02300 01 

EN PROVECHO DE SUS FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE UNA ENTIDAD FINANCIERA, ABOGADA ES SANCIONADA Y EXCLUIDA DISCIPLINARIAMENTE AL PROBARSELE EL DOLO EN SU ACTUAR PRESUNTAMENTE DELICTIVO.

52001 11 02 000 2012 00107 01

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CONFIRMÓ FALLO EN CONTRA DE ABOGADA POR FALTAR A SU HONRADEZ COMO PROFESIONAL

76001 11 02 000 2013 04034 01

LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, NO SE PUEDEN TILDAR COMO DESACERTADAS O TEMERARIAS.

11001 01 02 000 2014 001854 00

ES EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRE PENDIENTE LA CONTINUACIÓN DE LA RESPECTIVA DILIGENCIA DE AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DONDE SE SEGUIRÁ EL PROCESO.

20001 11 02 000 2011 00116 01

LA TOGADA INCURRIÓ EN FALTA A SU DEBER AL MENTIR A SU PODERDANTE SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO, SIN HABER REALIZADO ACTIVIDAD ALGUNA PARA DEFENDERLE.

11001 11 02 000 2013 03865 01  (3280) A

UNA VEZ PROBADA INDILIGENCIA EN LAS ACCIONES ENCOMENDADAS A LOS ABOGADOS NO HABRÁ LUGAR A DESESTIMAR LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

76001 11 02 000 2011 00645 01

LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS INVESTIGADOS Y LA MANERA CULPOSA DEL PROCEDER DEL JUEZ DIO ORIGEN A LA SANCIÓN A ÉL IMPUESTA

18001 11 02 000 2012 00388 01

EL ACTUAR DEL INVESTIGADO NO AFECTÓ GRAVEMENTE EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA: IMPROCEDENTE IMPONER SANCIÓN.

 50001 11 02 000 2012 00294 01 

EL JUEZ DISCIPLINARIO OLVIDO REALIZAR LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y OMITIÓ SEÑALAR LA MODALIDAD DE LAS CONDUCTAS.

11001 11 02 000 2009 02448 02

UNA VEZ PRESCRITA LA ACCIÓN DISCIPLINARIA NO HAY LUGAR A ENTABLAR UN PROCESO SANCIONATORIO.

05001 11 02 000 2009 01985 01 (3306) A

EL INCURRIR EN ACTUACIONES TÍPICAS SIN TENER ALGÚN EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD GENERA SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS ABOGADOS SIN IMPORTAR EL TIPO DE PROCESO.

11001 01 02 000 2014 00458 00

LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA UN TOGADO DEPENDERÁ DEL LUGAR DONDE SE DEBE EJECUTAR EL MANDATO.

11001 11 02 000 2010 10281 01 

LA EVIDENCIA DE UNA FUERZA MAYOR PUEDE SERVIR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

54001 11 02 000 2014 00056 01

EL ABOGADO INCUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES ABANDONARLAS Y PERMITIR QUE SE PRESENTARA LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LABORAL, QUE SE LE ENCARGO.

11001 01 02 000 2014 01730 00 (2325) C

LOS DELITOS CONTRA MENORES DE EDAD NO PUEDEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN INDIGENA, POR LA PROTECCIÓN ESPECIAL QUE GOZANESTOS.

11001 01 02 000 2014 01829 00

AL NO SER MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA NI COMETER HECHOS ILÍCITOS EN DICHOS SITIOS NO HAY LUGAR A QUE SE ENJUICIEN POR MEDIO DE LA JURISDICCIÓN QUE ESTOS RESGUARDOS IMPONEN.

05001 11 02 000 2012 00511 01 (2925) F

EL ACCIONANTE NO PUEDE ATACAR AL JUEZ QUE TOMÓ UNA DECISÓN CONFORME A DERECHO, COMO CONSECUENCIA DE SUS INCONFORMIDADES.

 52001 11 02 000 2007 00570 01  (3026) A

UNA VEZ PROBADA LA REITERACIÓN EN LAS FALTAS DISCIPLINARIAS NO HAY LUGAR A DAR EXONERACIÓN ALGUNA A LOS ABOGADOS INFRACTORES.

11001 01 02 000 2014 01594 00  (2314) C

LOS HECHOS POR LOS CUALES SE LE INVESTIGA A LOS POLICÍAS DESBORDO SUS COMPETENCIAS COMO FUNCIONARIOS, POR LO CUAL LA JUSTICIA ORDINARIA ES LA ENCARGADA DE CONOCER LAS DILIGENCIAS.

05001 11 02 000 2013 01644 01

LA DECLARATORIA DE FALTA DE COMPETENCIA POR PARTE DE LA FISCAL NO ES PROCEDENTE PARA CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UNA FALTA DISCIPLINARIA.

17001 11 02 000 2010 00502 01

LA TOGADA INCURRIÓ EN FALTAS GRAVES AL PEDIR DINEROS PARA OBTENER UN RESULTADO ILEGAL.

11001 11 02 000 2011 05131 01  (2581) A

LA TOGADA CON SU ACTUAR IMPIDIÓ QUE SU REPRESENTADO RECURRIERA LA DECISIÓN CONTRARIA A SU ASPIRACIONES.

11001 01 02 000 2014 01630 00  (9613 20)

POR FALTA DE GARANTÍAS JURÍDICAS PARA LAS MUJERES EN SU ESTADO DE VÍCTIMAS ES LA JURISDICCIÓN ORDINARIA QUIEN DEBE OCUPARSE DE ESTE TIPO DE CASOS. 

68001 11 02 000 2012 00488 01

TOGADO FALTÓ A LA HONRADEZ AL UTILIZAR MANIOBRAS FRAUDULENTAS PARA QUE SE FIRMARA A SU FAVOR UNA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS.

73001 11 02 000 2011 00525 01  (2799) A

LA TOGADA INCUMPLIÓ CON EL INDEBIDO EJERCICIO DE LA PROFESIÓN: ACTUÓ COMO ABOGADA MIENTRAS QUE OSTENTABA LA CALIDAD DE SERVIDORA PÚBLICA.

05001 11 02 000 2005 00070 01

DESCONOCER LA COLABORACIÓN LEAL Y LEGALMENTE EN RECTA Y CUMPLIDA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS FINES DEL ESTADO POR PARTE DE LOS ABOGADOS PUEDE SER CALIFICADA COMO DOLOSA.

50001 11 02 000 2011 00535 01  (2896) A

EL DESCUIDO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE SE HACE LAS VECES DE REPRESENTANTE EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL DERECHO GENERA SANCIONES A LOS TOGADOS.

11001 11 02 000 2011 02358 01

SANCIÓN EN FIRME: TOGADO HIZO CASO OMISO A SUS OBLIGACIONES CON SU PODERDANTE.

11001 01 02 000 2014 01643 00

LOS ACTOS DELICTIVOS QUE TENGAN COMO SUJETO DE LA ACCIÓN A UN MENOR DEBEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. 

11001 01 02 000 2014 01695 00  (9633 20)

LOS ACTOS DELICTIVOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA SERÁN CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAS CON LOS REQUISITOS PREVISTOS.

05001 11 02 000 2013 01593 01

LOS JUECES NO SON DISCIPLINABLES POR SUS DECISIONES, A EXCEPCIÓN QUE SE DEMUESTREN ERRORES PROTUBERANTES QUE ATENTEN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

25000 11 02 000 2011 00540 01

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA OPERÓ ANTES DE LA LLEGADA DEL PROCESO A SURTIR GRADO JURISDICCIONAL.

13001 11 02 000 2010 00599 01  (2562) F

EL DESCONOCIMIENTO DE LAS VÍAS JUDICIALES A APLICAR POR PARTE DE LOS JUECES SERÁ SEVERAMENTE CASTIGADO.

13001 11 02 000 2010 00646 01

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE LA CONDUCTA.