17 diciembre, 2018

Diciembre 18 de 2018

Corte Constitucional

Sentencia T 392 de 2018

EL CÓNYUGE SEPARADO DE HECHO PUEDE SER BENEFICIARIO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Esta disposición busca dar equilibrio a la situación que se origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación, y que entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del sostén que aquel le proporcionaba; esa situación es más palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social. Se trata de una extensión de la protección a quien acompañó al pensionado, y quien le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial hasta el momento de su muerte, pese a estar separados de hecho, siempre que la convivencia se haya dado por lo menos durante 5 años, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época. Revocar. MP Antonio José Lizarazo Ocampo

 Sentencia T 438 de 2018

JURISPRUDENCIA SOBRE EXIGENCIAS FÍSICAS DENTRO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS. Un fallo reciente de la Corte Constitucional concluye que las exigencias de ciertas calidades dentro de un proceso de selección de cargos públicos, como lo es, por ejemplo, la estatura mínima, pueden ser razonables, legítimas y pertinentes, siempre que exista un fundamento científico o médico que acredite dicha posibilidad. No obstante, pueden ser cuestionables los requisitos exigidos cuando se encuentren en contravía del orden constitucional. En efecto, para que un criterio de selección no resulte ser inconstitucional debe, como mínimo, ser:                            –   Razonable, donde no implique discriminaciones injustificadas entre las personas.                    –  Proporcional a los fines para los cuales se establece y                        – Necesario, en la que se justifique la relación que existe entre la aptitud física y el desarrollo de las funciones propias del cargo.     Así mismo, y  en relación con la aplicación de dichos requisitos, la jurisprudencia ha indicado que no vulnera los derechos de los aspirantes en los casos en que:    –           Los candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos.              –   El proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones y   La decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración objetiva del cumplimiento de las reglas aplicables.
Sentencia T 440 de 2018

COLPENSIONES NO DEBE SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL BENEFICIARIO INICIAL PARA EFECTUAR REDISTRIBUCIÓN PENSIONAL. La accionada, al negar la pensión de sobrevivientes a la compañera sentimental del fallecido con convivencia durante 10 años y dos hijos menores de edad, y otorgarle a la compañera permanente el 100% de la misma, conculcó sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna, al no dar una aplicación prevalente de los derechos de los menores de edad frente al trámite administrativo pensional. No se hace imperativa la exigencia del consentimiento previo expreso y escrito de los beneficiarios a quienes se les reconoció el derecho inicialmente pues tienen el mismo orden, y sin que sea necesario tener en cuenta la extemporaneidad de la solicitud. Revocar. MP José Fernando Reyes Cuartas.

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 43812018 de 2018

CONOZCA CUÁNDO LOS HIJOS SUSTITUYEN EL REQUISITO DE CONVIVENCIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Un recurso de casación pretendía modificar la decisión de un tribunal que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la demandante, por no haber acreditado el requisito de convivencia durante los dos años anteriores a la fecha del fallecimiento del pensionado, tal y como lo contempla el literal b) del artículo 47 (original) de la Ley 100 de 1993.  En efecto, la cónyuge del pensionado fallecido reprochó ante la Corte Suprema de Justicia el hecho de que no se hubiera admitido la tesis según la cual ese requisito puede suplirse con el hecho de haber procreado un hijo con el causante en cualquier tiempo. Al respecto, la Sala de Descongestión No. 3 de la Sala Laboral recordó que la jurisprudencia de la corporación lo que ha reconocido es que esa exigencia se suple, según lo señalado en el inciso a) del artículo 47 de la Ley 100, cuando se ha procreado uno o más hijos dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del pensionado o del afiliado que estaba a las puertas de alcanzar el estatus de jubilado.  Precisamente, aclaró que la opción señalada en el citado precepto lo que faculta es a que cuando no se ha convivido durante dos años anteriores al fallecimiento del pensionado o afiliado con derecho a jubilación puede acreditarse el requisito demostrando que se ha procreado algún hijo común del cónyuge supérstite dentro de ese mismo lapso.

Expediente 64835 (5076) de 2018
ACCIONANTES NO ALCANZARON EL REQUISITO DE 10 AÑOS COMO MÍNIMO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA ALCANZAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. La Sala procedió a absolver a los accionados de la solicitud para que se les condenara al pago de la pensión de jubilación a favor de los actores, al determinar que los mismos no cumplen con el requisito necesario para acceder a la misma dado que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, se establece que para acceder a la misma se requiere demostrar un mínimo de diez años de servicios, situación que no alcanzan a demostrar los accionantes puesto que con las pruebas en el proceso solamente lograron demostrar la prestación de sus servicios por el término de 2 años y dos meses. Casó. M.P. Dolly Amparo Caguasango Villota.

Expediente 52980 de 2018

RELACIÓN LABORAL FUE DEBIDAMENTE TERMINADA POR LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, PERO DICHA CAUSAL NO EXIMIA LA RESPONSABILIDAD DE RECONOCER LA PENSIÓN ESTABLECIDA EN CONVENCIÓN COLECTIVA. La Sala procedió a casar de manera parcial la sentencia que negó las pretensiones del actor dirigidas a declarar la nulidad del despido efectuado por la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, en el sentido de establecer que la accionada debe pagar al actor la pensión proporcional de jubilación establecida en convención colectiva. Al determinar que la desvinculación del mismo fue producto de liquidación de la empresa, modo legal para la terminación del contrato de trabajo, pero no una justa causa, para negar el derecho pensional, dado que reúne los requisitos exigidos en la convención colectiva, que determinó que tendrían derecho a una pensión proporcional al tiempo de servicio, teniendo en cuenta los factores del último sueldo y el promedio de las prestaciones. Casó Parcialmente. M.P. Jorge Prada Sánchez.

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 31 10 008 2009 00034 01 (4751) de 2018

DECLARADA NULIDAD DEL TESTAMENTO AL DETERMINAR QUE AL MOMENTO DE DISPONERSE EL MISMO, NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE PRESENCIA DE LOS TESTIGOS. Dejada en firme sentencia que deprecó la nulidad absoluta del testamento abierto, al determinar que en el trámite notarial no se cumplió con el requisito de la presencia de testigos, dado que si la ley exige la presencia de los testigos instrumentales en el acto de otorgamiento del testamento, en todas sus partes, es decir, in integrum, hasta cuando termine, constituye una solemnidad que el artículo 11 de la Ley 95 de 1890, no permite que se omita, dado que su presencia es fundamental, a fin de que escuchen las disposiciones del testador y puedan dar fe de ellas en el futuro, en caso de controversia sobre su contenido y alcance o acerca de las formalidades en su celebración. De este modo, no se estructura error de hecho denunciado por el casacionista y menos con el carácter de manifiesto, pues la necesidad de que el testamento sea leído estando el testador a la vista de los testigos, está encaminada a que estos puedan establecer fehacientemente que las disposiciones que están escuchando corresponden realmente a la última voluntad, para con su presencia en el acto, así la corroboren. No Casó. M.P. Margarita Cabello Blanco.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 51551 de 2018

INCURRIÓ EN ERROR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE IMPONER LA MÁXIMA PENA, IGNORANDO LA REPARACIÓN EFECTUADA POR EL INVESTIGADO. La sala procedió a modificar parcialmente la sentencia que declaró al investigado como responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, al determinar que incurrió en error al momento de determinar la pena a imponer dado que no era procedente imponer la máxima, ignorando el juzgador el reconocimiento de beneficios a favor del condenado que procedió a efectuar reparación integral del agravio y colaboro con la solución eficaz del proceso con su declaratoria de responsabilidad, de este modo, se procedió a disminuir la inicialmente impuesta de 62 meses a 50 meses de prisión, como consecuencia de la reparación. Casó parcialmente. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

Auto 52776 (5012) de 2018

JUECES PENALES NO PUEDEN ADELANTAR ACTIVIDADES DE DECOMISO DE BIENES. La Sala se abstuvo de emitir decisión de fondo respecto de la homologación de la orden final de decomiso emitida por el Tribunal de Distrito de Nueva York en contra del investigado, al determinar que la actividad de decomiso de bienes u otros está en cabeza de la Fiscalía y los jueces de extinción de dominio. Se Abstuvo. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 27001 11 02 000 2015 00349 01 de 2018

SANCIONADO EX-FISCAL SECCIONAL POR EL DEFICIENTE USO DE SU INVESTIDURA PARA INVESTIGAR LA VERDAD DENTRO DE UN PROCESO QUE AFECTABA LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CHOCÓ. Sancionado togada que para la época de los hechos ejercía el cargo de fiscal seccional, con la suspensión e inhabilidad por un periodo de un mes, al determinar que el mismo incurrió en una conducta diligente para dinamizar el trámite procesal que tenía a su cargo, mediante una conducta absolutamente pasiva frente al asunto, que dígase, revestía importante connotación pues se trataba de presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Salud del Chocó. Ignorando, el ejercicico eficiente y eficaz del poder investigativo en cabeza del Estado, de tal forma que no hizo uso adecuado de su investidura como funcionario instructor, pues en modo alguno

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 25000 23 42 000 2012 00729 01 (4398-16) de 2018

EN LO REFERENTE AL RÉGIMEN PRESTACIONAL, LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL QUE SE HUBIEREN VINCULADO CON ANTERIORIDAD A LA LEY 100 DE 1993, SE BENEFICIAN DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEY 1214 DE 1990.  Dado que la demandante se incorporó a la Dirección General de Sanidad Militar en el año 2001, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994, el régimen salarial aplicable a su situación particular era el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, en los términos del artículo 88 del referido decreto, sin que sea procedente la aplicación del régimen salarial y prestacional determinado en el Decreto 1214 de 1990, ni el consecuente reconocimiento de la prima de actividad.  Confirma. C.P. William Hernández Gómez
Expediente 05001 23 31 000 2003 02262 01 de 2018

DECISIÓN DE RETIRAR DEL SERVICIO EL ACTOR FUE FUNDADA EN CONCEPTOS DE LA DEBIDA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Negadas las súplicas del actor dirigidas a que se declarara la nulidad de la resolución por la cual fue retirado del servicio en forma absoluta, al determinar que los actos demandados se realizaron conforme a las leyes prexistentes, que se efectuaron de acuerdo con el debido proceso, que fueron proferidos por la presunción del buen servicio, puesto que lo mismo se hizo de conformidad con la recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores, de este modo, los actos expedidos en ejercicio de la facultad discrecional están amparados por la presunción de legalidad, y por cuanto fueron proferidos en aras del buen servicio. También se insistió en que quien considere que se profirieron actos con desviación de poder, o con falsa motivación, esto es, que se inspiraron en razones ajenas o distintas al querer del legislador, corre en principio, con la carga de la prueba. Confirmó. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 68001 23 33 000 2013 00171 01 (57649) de 2018

ES AJENA A LA LEALTAD PROCESAL LA CONDUCTA DE INSISTIR EN QUE SE EFECTUÉ PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE UN ASUNTO QUE FUE DEFINIDO Y SUPERADO. Para la Sala en el presente caso se configuró una ineptitud de la demanda, en lo relacionado con la pretensión de incumplimiento contractual derivado de la equivocada aplicación de la fórmula de reajuste de precios para la vigencia de 2010, la falta de reconocimiento de los intereses ocasionados por la indebida retención en la fuente efectuada por Ecopetrol S.A. y al no pago de los sobrecostos generados por los deterioros causados en las geomembranas, originada en el hecho del acto de liquidación unilateral, no obstante ser plenamente conocido por el libelista desde la fecha de su expedición, no fue demandado, lo que convierte en improcedente cualquier análisis en relación con los cargos aludidos.
Expediente 05001 23 31 000 1997 02686 01 (59530)  de 2018

RECUERDAN COMO OPERA LA CONDENA PARA INDEMNIZAR DAÑOS CAUSADOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL. Si bien en el Derecho Romano el régimen de responsabilidad precontractual tuvo sus orígenes en las nociones de dolo y la violencia como delitos, antes de que estos se erigieran como tipos de vicios de consentimiento, posteriormente se estructuró sobre dos consideraciones, recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado, al analizar la esencia del Derecho Privado. La primera de ellas se estructuró tras considerar como injusto que en la etapa de tratativas preliminares, o negociaciones previas al contrato proyectado, uno de los negociadores decidiera romper injustificadamente con estas. O, también, por asumir un comportamiento desleal o incorrecto, capaz de generar un daño al otro, sin asumir responsabilidad alguna por ello. Y la segunda se edificó en la diferenciación entre la libertad de los extremos contractuales para romper las negociaciones justificadamente y de hacerlo culposamente causando un daño. De esta forma se entendía, y ahora se entiende, que en la etapa de negociaciones las partes asumen una obligación de “diligentia in contrahendo” o de actuar de forma correcta y leal. Por consiguiente, si alguna de ellas no cumple con ese deber o rompe injustificadamente las negociaciones estará obligado a responder por los daños que con su actuación haya podido ocasionar en el negociante que confió legítimamente en que el negocio proyectado se iba a celebrar y en la actuación desplegada por aquel en esa fase del contrato.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2018 03596 00

RÉGIMEN PENSIONAL DOCENTE ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993. Solicitan mediante acción de tutela se amparen los derechos de igualdad, y seguridad social, para que se dé cumplimiento a la obligatoriedad del precedente, pues se considera que se vulneraron con la sentencia que revocó la decisión que concedió la reliquidación pensional con todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del status pensional. Ante la solicitud de amparo, considera el despacho que se debe acceder al mismo pues en la decisión del Tribunal se desconoció el precedente del Consejo de Estado en cuanto a las normas aplicables para determinar el IBL para la liquidación de pensiones de jubilación para los docentes excluidos de la aplicación del régimen pensional de la Ley 100 de 1993. Amparan el derecho fundamental del debido proceso de la accionante. C.P: Rocío Araújo Oñate

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda

 

Expediente 25000 23 42 000 2014 02860 00 de 2018

INCURRIÓ EN ERROR EL JUZGADOR AL CONDENAR POR CASOS EN LOS QUE NO SE INICIO PLIEGO DE CARGOS. La Sala procedió a declarar la nulidad parcial de la resolución sancionatoria emitida en contra del actor en su calidad de Rector de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá, en el sentido de determinar la sanción de suspensión en 2 meses, al determinar que existió un error entre el pliego de cargos y la sanción disciplinaria, dado que si bien el recurrente fue condenado por solicitar dineros ajenos a los costos académicos, dicha conducta solamente fue endilgada respecto a un estudiante, por lo cual no era procedente como lo hizo la Sala sancionar por la misma conducta, cuando no se levantaron cargos, es decir, queda mal visto que el juzgador entre a sancionar por casos en los que no se impusieron cargos al actor. Nulidad Parcial. M.P. Samuel José Ramírez Poveda.

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera

 

Expediente 11001 33 36 036 2013 00474 02 de 2018.

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA OMISIÓN EN EL DEBER DE CONTROL Y VIGILANCIA AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Del material probatorio se tiene plena certeza del accidente ocurrido y de las consecuencias del mismo en relación con los demandantes en el caso concreto, la muerte del menor Brayan Ferney Bohórquez González. Igualmente, del material probatorio practicado y recaudado se concluye que, en efecto, existió una conducta omisiva frente a los deberes de control y vigilancia de la actividad de transporte de servicio escolar, actividad que recaía en cabeza de la administración municipal, lo cual resulta definido por el contenido de los artículos 55 y 56 del Decreto 174 de 2001, aplicable para la fecha de los hechos. De acuerdo a la ley corresponde al Municipio de Pasca el control y vigilancia de las condiciones adecuadas de transporte y el control del buen estado mecánico de los vehículos que prestan el servicio, así como la selección y determinación de los vehículos que prestarían dicho servicio, omisión que no puede atribuirse a los padres de familia, ya que ello constituiría una clara omisión al deber del municipio. Modifica la sentencia apelada y en su lugar condenan al Municipio de Pasca Cundinamarca a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales causados con ocasión del accidente de tránsito. M.P: Carlos Alberto Vargas Bautista

 

Departamento Administrativo de la Función Pública – 4 diciembre mio

 

Concepto 00010 de 2018

¿DEBEN SER LOS VIÁTICOS INCLUIDOS COMO FACTOR SALARIAL PARA LIQUIDAR LOS APORTES PARAFISCALES?. De conformidad con la jurisprudencia los viáticos corresponden a factor salarial y hacen parte de la nómina mensual como base para calcular aportes parafiscales; no obstante, el pago que se efectúe por este concepto debe corresponder a una retribución de carácter habitual y periódico. Por ello, los viáticos son factor para liquidar aportes parafiscales siempre y cuando se hayan percibido por un término no inferior a 180 días en el último año de servicio.