25 enero, 2023

Enero 25 del 2023

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 426 de 2022

CORTE EXPLICA LAS REGLAS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR FUERO DE MATERNIDAD.

El alto tribunal constitucional recordó así las reglas de estabilidad laboral reforzada por embarazo en contratos por obra o labor y contratos a término fijo inferior a un año y las reglas sobre la obligación del empleador de cobrar y pagar la licencia de maternidad de acuerdo con el precedente vigente de la Corte. La Corte Constitucional explicó en dos casos recientes de tutelas que revisó que, a través de la Sentencia SU-075 de 2018, unificó su precedente respecto a la estabilidad laboral reforzada derivada del embarazo en los casos de contrato de obra o labor contratada. Frente a aquellos casos donde el empleador conoce de manera previa al despido la condición de embarazo de su empleada, señaló que siempre se debe acudir al inspector de trabajo para que sea este funcionario quien determine si subsisten o no las causas o el objeto por las que se contrató a la persona. Si el inspector considera que las causas se mantienen le debe ordenar al empleador que extienda el contrato durante el periodo del embarazo y por los tres meses siguientes al parto. En el caso en que encuentre que el objeto del contrato ya no está vigente el inspector puede autorizar el despido, pero en todo caso el empleador debe realizar las cotizaciones necesarias al sistema de seguridad social para asegurar el pago de la licencia de maternidad de la empleada.

 

 

Sentencia T 424 de 2022

CORTE PROTEGE DE FORMA TRANSITORIA DERECHOS DE TRABAJADORA DESPEDIDA POR UNA ENTIDAD BANCARIA, PESE A PADECER UN TRASTORNO DE ANSIEDAD.

Una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa, sin tener en cuenta su afección de salud y sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo. La Corte Constitucional otorgó 48 horas a Bancolombia S.A. para que reintegre a una trabajadora al cargo que venía ocupando o a uno de igual jerarquía, que se ajuste a su condición de salud mental actual. La vinculación solo podrá terminarse previa autorización del Ministerio de Trabajo o por decisión de autoridad competente. La decisión fue adoptada al estudiar el caso de una trabajadora que fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad en el 2017, circunstancia que afectó su desempeño laboral. En agosto de 2021, la entidad decidió terminar su contrato a término indefinido, sin consideración a su estado de salud y luego de adelantar un proceso disciplinario por supuestas faltas graves cometidas por la trabajadora. La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, explicó que una empresa vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al despedir a una trabajadora diagnosticada con trastorno de ansiedad, cuando termina unilateralmente el vínculo laboral aduciendo una justa causa sin tener en cuenta la enfermedad mental diagnosticada, ni obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo para el efecto.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 87165 de 2022

ORDENAN PAGAR PENSIÓN POR DEFICIENCIA FÍSICA A MUJER QUE DURANTE EL PROCESO CUMPLIÓ REQUISITOS

Se encuentra acreditado que la actora cuenta con una deficiencia del 34.40 %, que cotizó 1049.71 semanas y que tiene la edad de 59 años, por lo que reúne las condiciones para obtener la pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial de la Ley 797 de 2003, a partir de la observancia del último de esos requisitos, este es, el cumplimiento de los 55 años, ocurrido el 28 de mayo de 2017 -solo es posible exigir un porcentaje que oscile entre el 25 % y 50 %.  / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA – Es deber del juez interpretar la demanda cuando el petitum, o la causa petendi que lo soportan, o los dos, no ofrecen la claridad y precisión debidas para evitar el desmedro del derecho sustancial, máxime cuando están de por medio reglas y derechos de rango constitucional fundamental que garantizan el acceso a la seguridad social y, en particular, a la pensión de una persona de especial protección -ante la improcedencia de la pensión de invalidez solicitada, se estudia el cumplimiento de los requisitos de la pensión especial de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial-

 

Expediente 1024 de 2022

MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO Y MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPEDIR LA DESCAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL

la Corte, en esencia, debe dilucidar dos problemas jurídicos, a saber: (i) definir si el Tribunal se equivocó al considerar que la demandante tiene derecho al reajuste de su pensión anticipada de vejez en la modalidad de retiro programado, con la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y (ii) en caso de que se aplique tal incremento anual, establecer si la cuenta de ahorro individual del pensionado se descapitalizaría y se afectarían las mesadas pensionales futuras. En ese mismo orden la Sala abordará el estudio de la acusación. 1. Reajuste periódico de las pensiones

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 3900 de 2022

DERECHO PROCESAL / PROCESO EJECUTIVO / EJECUCIÓN POR PERJUICIOS.

Perjuicios compensatorios: facultad del acreedor de exigir por vía ejecutiva, el pago de los perjuicios compensatorios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones de hacer (de suscribir una escritura pública y la entrega del respectivo inmueble)

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 52672 de 2022

SECUESTRO SIMPLE – CONSUMACIÓN: ES SUFICIENTE CON REDUCIR O COARTAR LA AUTONOMÍA DE LOCOMOCIÓN

La Corte decidió la impugnación especial presentada por el abogado defensor contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a sus prohijados como coautores de los delitos de secuestro simple agravado y extorsión agravada en grado de tentativa, para lo cual estudió las características y elementos de los referidos tipos penales, decidiendo confirmar el Fallo de segunda instancia. Para ello, analizó las diferencias existentes entre la prescripción de la pena y la prescripción de la acción penal, aclarando que, sobre la primera, ninguna competencia le asiste a la Sala para pronunciarse, en cuanto esa materia es del resorte del juez de primera instancia siempre que la sentencia del Tribunal no se halle ejecutoriada y, en este último caso, al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

 

Expediente 60207 de 2022

CASACIÓN OFICIOSA – DOSIFICACIÓN PUNITIVA: FAVORABILIDAD

Al resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Yopal, la Sala de Casación Penal, de oficio, casó parcialmente la decisión, en el sentido de redosificar la pena definitiva, al considerar que, al tener en cuenta la ley vigente al momento de los hechos, sin atender los desarrollos y las modificaciones legales en torno a la conducta punible de extorsión, los jueces de instancia trasgredieron de manera directa la ley, por falta de aplicación de la preceptiva benéfica al acusado e indebida aplicación de aquella que hacía más gravosa su situación. De igual manera, en relación con el delito de tentativa de extorsión agravada, consideró que, por favorabilidad, procedía adecuar el comportamiento del acusado a los artículos 244 y 245 de la Ley 599 de 2000, modificados por los artículos 5° y 6° de la Ley 733 de 2002 y, en forma adicional, los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, teniendo en cuenta que la acción penal por el delito referido prescribió antes de la ejecutoria de la resolución de acusación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00232 de 2022

GOBIERNO PUEDE DETERMINAR IBC DE VACACIONES, INCAPACIDADES, LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PERMISOS REMUNERADOS

El artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, esta corporación ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los asociados».15 A pesar de que la norma parcialmente acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de su derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, conforme se explicó en la audiencia inicial celebrada dentro del presente proceso. En efecto, el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener el imperio del orden jurídico.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 08001 23 33 000 2016 01402 de 2022

EXPLICAN CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA AL NO INTENTARSE TUTELA POR DESCONOCIMIENTO DE REGLA JURISPRUDENCIAL VIGENTE

Existió culpa de la víctima porque no instauró una tutela para la protección de su derecho fundamental al debido proceso violado porque, en su comprensión, le desconoció una regla jurisprudencial. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que proceda el error judicial, por regla general, deben interponerse los recursos de ley. De igual forma, de acuerdo con el artículo 70 de esa ley, se configura una culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o no haya interpuesto los recursos de ley. La no interposición de la tutela no puede constituir una culpa exclusiva de la víctima porque, en primer lugar, la tutela no es un recurso de ley sino una acción de carácter residual y extraordinaria. En segundo lugar, justamente, dado su carácter residual y facultativo su no interposición no puede calificarse como una culpa grave, en el sentido de asumir que fue una actuación absolutamente negligente dentro del proceso no haber agotado la aludida acción constitucional

 

Expediente 05001 23 31 000 2006 01278 de 2022

DECLARAN RESPONSABLE AL EJÉRCITO NACIONAL POR MUERTE DE SECUESTRADO EN OPERACIÓN MILITAR DE RESCATE

El hecho de que el soldado hubiese muerto por un disparo de sus captores no puede considerarse como una causa exclusiva y determinante de un tercero para que el Estado sea exonerado, puesto que se trataba de una circunstancia absolutamente previsible para las autoridades públicas, pues fue una respuesta directa a la operación de rescate adelantada por el Ejército Nacional. Al ejecutar una operación bélica de rescate se asumía el riesgo claro y evidente de que los subversivos dieran muerte a los secuestrados para evitar que la autoridad militar cumpliera con su objetivo. Es posible considerar que el tercero que lo causó materialmente debería responder también y de manera solidaria a la reparación; y esa solidaridad legal surgida de lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil es lo que no permite que la entidad demanda sea parcialmente condenada cuando se demuestra la concurrencia de un tercero en la producción del daño, pues la víctima puede reclamar la indemnización total de cualquiera de los causantes.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad solidaria en la reparación del daño, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de octubre de 1992, expediente 3446, M. P. Carlos Esteban Jaramillo Scholls.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 02631 de 2022

SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS RURALES ALEJADAS DEL CASCO URBANO, EN ESPECIAL DE LA MUJER CAMPESINA, CUANDO SE OMITE SUFRAGAR EL AUXILIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA ACUDIR A LAS CITAS MÉDICAS, ANTE EL CIERRE DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL.

 

Se presenta acción de tutela contra la Presidencia de la República, entre otras autoridades, por la presunta vulneración de los derechos a la salud y de petición, en tanto que, dentro del municipio de Anolaima no existe un centro de salud al que puedan acudir las personas que viven en zonas rurales, en particular la accionante quien es una mujer campesina adulto mayor y que goza de especial protección constitucional. El juez de segunda instancia decide revocar el ordinal cuarto de la providencia de primera instancia, para en su lugar amparar los derechos fundamentales de la tutelante y, en consecuencia, ordenar a las entidades accionadas adelantar las gestiones pertinentes para garantizar el acceso a las citas médicas, en atención a su situación especial y desde un enfoque de género.