Expediente 02108

APELACIÓN SANCIÓN CONDENATORIA / falta a Honradez del Abogado / dignidad de la profesión
Patrocinio del ejercicio Ilegal de la Profesión
Los abogados que presten su concurso profesional, encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión; se ha establecido que el ejercicio ilegal de la profesión es una falta dolosa, es decir, que debe ejecutarse con la convicción de que se están trasgrediendo preceptos éticos de la profesión y a pesar de ello se ejecutan.
Falta Honradez del Abogado / No entregó dinero a su mandante.
Corresponde a los abogados entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional confiada.

 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., seis (06) de noviembre de dos mil catorce (2014)

Magistrada Ponente Doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Radicado No. 110011102000201202108-01 (8911-17)

Aprobado Según Acta de Sala No. 93

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se sancionó con SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, como autora responsable de las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 30 numeral 6º y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Mediante escrito radicado el 23 de abril de 2012, el señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ presentó queja disciplinaria contra los abogados GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN y ALFONSO CORREDOR refiriendo haber contratado sus servicios profesionales para el cobro de unas letras de cambio, y pese a los pagos efectuados por su acreedora a tal obligación, los denunciados no le entregaron la totalidad de los dineros recaudados.

Afirmó haber preacordado con su deudora, el valor total de la obligación en $60’000.000, suma sobre la cual, ésta realizó abonos por $54’000.000, de los cuáles, los encartados sólo le devolvieron la cantidad de $36’000.000, quedándose con el dinero restante.

Agregó no haber recibido respuesta de los querellados a sus múltiples requerimientos, además se enteró que el señor ALFONSO CORREDOR no ostentaba la calidad de abogado, por lo cual, el 15 de febrero de 2012 revocó el mandato conferido (fls. 1 a 7 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

Finalmente, aportó pruebas documentales obrantes a folios 8 a 124 del cuaderno original No. 1 de 1ª instancia.

2.- La Magistrada de Instancia acreditó la calidad de abogada de la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN mediante certificado No. 05774-2012 conforme al certificado N° 04575-2012 expedido por el Director del Registro Nacional de Abogados, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 41.543.360 y tarjeta profesional No. 77753 vigente (fl. 128 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

3.- Mediante auto de 25 de mayo de 2012, la Magistrada Instructora dispuso la apertura de proceso disciplinario contra los querellados y fijó fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional (fl. 129 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

4.- El 10 de septiembre de 2012, la Magistrada de Conocimiento dio inicio a la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional a la que asistió el quejoso y su apoderado, la abogada disciplinable y su defensor de confianza, quien fungió también como apoderado del querellado ALFONSO CORREDOR, diligencia en la cual se adelantaron las siguientes actuaciones:

4.1.- El señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ en su calidad de quejoso, ratificó lo dicho en su escrito, refiriendo que suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con los abogados GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN y ALFONSO CORREDOR a fin de tramitar proceso ejecutivo contra la empresa SITRAMAR S.A por el cobro de unas letras de cambio; se pactaron honorarios del 20% si se surtía todo el proceso judicial y del 10% si se conciliaba previamente con la contraparte.

Agregó que los abogados presentaron la demanda ejecutiva, sin embargo se llegó a un acuerdo extrajudicial con su acreedora quien se comprometió a pagar 10 cuotas mensuales de $6’000.000 cada una, por intermedio de sus apoderados, quienes debían devolver tales sumas.

Tiempo después se enteró que la demandada, venía cumpliendo con los pagos, los cuales hasta ese momento ascendían a $54’000.000, de acuerdo con las copias de las consignaciones efectuadas por ésta a la cuenta de la abogada denunciada, sin embargo su mandataria sólo le devolvió la suma de $36’000.000, argumentando que su acreedora no había realizado más pagos y tales consignaciones eran falsas.

4.2.- La Directora de la Audiencia otorgó la palabra a la abogada disciplinable GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN para rendir su versión libre, quien prefirió guardar silencio.

4.3.- El abogado de confianza de los denunciados, manifestó que su prohijado ALFONSO CORREDOR no es abogado titulado y no participó directamente en el proceso, pues quien actuó en tal calidad fue su representada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN.

4.4.- La Magistrada de Instancia procedió a incorporar los documentos allegados por el quejoso y decretó de oficio las pruebas que consideró pertinentes; finalmente, fijó fecha y hora para continuar con las diligencias.

5.- Mediante escrito G.G. 0052-2012 de 10 de octubre de 2012, la Gerente General de la Compañía SITRAMAR S.A. informó sobre el acuerdo transaccional celebrado con el señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ, así como del pago de las cuotas convenidas en el mismo y anexó los correspondientes soportes (fls. 167 a 175 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia).

6.- El Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, mediante Oficio No. 2089 del 10 de octubre de 2012, remitió las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo de NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ contra PAULINA RAVELO LOVERA Y SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL MAR SITRAMAR S.A., radicado No. 11001-40-03-017-2010-00218-01, cuyas copias obran en cuaderno anexo No. 1, que consta de 96 folios (fl. 176 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia).

7.- La Fiscal Segunda Seccional de Funza, allegó por medio de oficio F2 No. 605 de 11 de octubre de 2012, copia de la carpeta correspondiente a la investigación penal 252866000377201000136 seguida contra la señora PAULINA RAVELO LOVERA por el delito de estafa, obran copias en cuaderno anexo No. 2, con 34 folios y 1 cd (fl. 177 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

8.- En oficio No. 513 de 3 de octubre de 2012, la Secretaría del Tribunal Superior Judicial de Cundinamarca, informó que revisados los libros radicadores, esa Corporación no había expedido licencia temporal a nombre del señor ALFONSO CORREDOR (fl. 178 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia).

9.- El 4 de diciembre de 2012, la Magistrada Instructora continuó con la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, con la asistencia del defensor de confianza de los investigados, el quejoso y su apoderado, diligencia que se desarrolló así:

9.1.- La Directora de la Audiencia escuchó en testimonio a la señora CARMEN AMANDA PULIDO, Gerente General de la empresa SITRAMAR S.A., quien confirmó el contenido del escrito emitido por ella, y explicó tener conocimiento de los hechos que originaron la presente denuncia porque al requerir al señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ con el fin de levantar las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso ejecutivo, él desconocía que sólamente restaba el pago de una cuota, por ello procedió a enviarle copia de los soportes correspondientes, luego se enteró que éste revocó el poder a la doctora CORREDOR QUECÁN, por lo cual la última cuota del acuerdo transaccional se la pagó al nuevo apoderado.

9.2.- La Magistrada de Instancia procedió a incorporar las pruebas decretadas en la sesión anterior y allegadas al cartulario y corrió traslado a las partes de las mismas.

9.3.- Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el plenario, la Magistrada A quo dispuso la terminación de las actuaciones adelantadas contra el señor ALFONSO CORREDOR, toda vez que no ostentaba la calidad de abogado, y por lo tanto no era destinatario del régimen disciplinario contenido en la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia esa Magistratura carecía de competencia para examinar su conducta.

Así mismo determinó compulsar copias ante la Inspección de Policía de Bogotá (Reparto) a fin de que se investigue la conducta del señor ALFONSO CORREDOR, por el presunto ejercicio ilegal de la abogacía.

Tales decisiones fueron notificadas en estrados y teniendo en cuenta que las mismas no fueron impugnadas, la operadora judicial de instancia, fijó nueva fecha para proseguir con la actuación.

10.- El 22 de mayo de 2013, la Magistrada instructora, continuó con la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, con la asistencia de la abogada disciplinable y su defensor de confianza, el quejoso y su apoderado, diligencia que se desarrolló así:

10.1.- Ante el silencio guardado por la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, la Directora de la Audiencia procedió a hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el presente asunto, así mismo relacionó las pruebas allegadas al investigativo y luego de analizar en su conjunto el material probatorio obrante en el cartulario, procedió a calificar la actuación, así:

10.1.1.- Formuló cargos a la disciplinada por su presunta incursión en falta a la honradez del abogado, consagrada en el artículo 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, imputada a título de dolo; al considerar demostrado que la abogada encartada ha mantenido retenida de su cliente la suma de $18’000.000, sin justificación aparente, máxime porque en el contrato suscrito entre el quejoso y la disciplinada no se autorizó a ésta última a deducir, ni retener, valor alguno, por lo cual, lo procedente era la entrega inmediata al querellante de los dineros abonados por su acreedora y efectuar el cobro de sus honorarios directamente a su poderdante.

10.1.2.- De otra parte, la A quo consideró que existía mérito para endilgarle cargos a la abogada inculpada, por su probable incursión en la falta contra la dignidad de la profesión descrita en el artículo 30 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, referida a patrocinar el ejercicio ilegal de la profesión, como quiera que la gestión encomendada por el quejoso fue asumida conjuntamente por la profesional investigada y por el señor ALFONSO CORREDOR, bajo la denominación de “abogados”, sin tener éste último tal calidad.

10.2.- Notificadas en estrados la anterior determinación, la Magistrada instructora incorporó al cartulario pruebas documentales (copia del registro civil de nacimiento del señor ALFONSO CORREDOR QUECÁN y de la abogada disciplinada) allegadas por el abogado de confianza de la encartada, decretó las pruebas solicitadas por éste, y procedió a fijar fecha para realizar la Audiencia de Juzgamiento.

11.- El Juzgado Penal del Circuito de Funza, mediante Oficio No. 735 de 14 de mayo de 2013, remitió el expediente correspondiente al proceso número 2012-068 seguido contra PAULINA RAVELO LOVERA, por el delito de estafa, cuyas copias obran en cuaderno anexo No. 2 en folios del 35 a 61 (fl. 214 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia).

12.- Mediante Oficios Nos. 1792 y 1793 de 21 de junio de 2013, el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, remitió copia de los títulos ejecutivos base del proceso ejecutivo No. 2010-00218 e informó que no era posible allegar copia de la liquidación del crédito al interior del mismo, pues tal actuación no se llegó a surtir, en razón del pago total de la obligación (fls. 233 a 238 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia).

13.- El Juzgado Civil Municipal de Mosquera, allegó por medio de oficio No. 1498 de 21 de junio de 2013, el expediente correspondiente al proceso ejecutivo número 2010-168 de JULIÁN ANDRÉS BELLO ARÉVALO contra SITRAMAR S.A., cuyas copias obran en cuaderno anexo No. 3, en folios del 62 a 110 (fl. 241 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

14.- El 20 de junio de 2013, mediante oficio No. 1345, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, remitió el expediente correspondiente al proceso ejecutivo número 2010-137 de RICARDO GUEVARA ACOSTA contra PAULINA RAVELO LOVERA y SITRAMAR S.A., cuyas copias obran en cuaderno anexo No. 3, en folios del 1 a 61 (fl. 242 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

15.- Mediante memorial radicado el 17 de julio de 2013, el doctor JAVIER ANTONIO ROMERO TORRES renunció al poder otorgado por el quejoso para representarlo en las presentes diligencias (fl. 242 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

16.- El 26 de septiembre de 2013, el Magistrado de instancia llevó a cabo la Audiencia de Juzgamiento, con la asistencia de la abogada disciplinada y su defensor de confianza, la cual se desarrolló de la siguiente manera:

16.1.- La Directora de la Audiencia otorgó la palabra al apoderado de la investigada para que presentara sus alegatos de conclusión, quien presentó prueba documental (liquidación del crédito correspondiente al proceso ejecutivo encomendado a su prohijada), la cual fue incorporada a las actuaciones por la Magistratura de instancia en aras de garantizar el derecho a la defensa de la disciplinada.

Seguidamente, solicitó se profiriera sentencia absolutoria teniendo en cuenta que la prueba documental obrante en el cartulario, evidenciaba que el proceso ejecutivo terminó por pago de la obligación y con base en la liquidación de crédito aportada, los honorarios de su representada en el asunto encomendado serían equivalentes al 20% de tal liquidación, es decir la suma de $24’000.000, por lo cual, en virtud la legislación civil, el mandatario está facultado para retener los bienes del mandante, hasta tanto no se le paguen sus honorarios.

Frente al cargo imputado por el presunto patrocinio ilegal de la profesión, el defensor de la investigada señaló que tal falta no existió, pues no obran pruebas en las cuales se demuestre que el señor ALFONSO CORREDOR, quien es hermano de la disciplinada, haya actuado como abogado o haya realizado trámite alguno dentro del proceso ejecutivo; no obstante al haber suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales los dos, se trató de una sociedad de hecho, la cual está permitida por la legislación civil y comercial, en donde el señor CORREDOR era el encargado del manejo de la oficina, circunstancia que no implicaba un patrocino ilegal de la profesión por parte de su representada.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en sentencia proferida el 3 de octubre de 2013, sancionó con SUSPENSION DE DOCE (12) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, a la abogada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, tras hallarla responsable de las faltas contempladas en los contempladas en los artículos 30 numeral 6º y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, imputadas a título de dolo.

La Sala A quo fundamentó su decisión sancionatoria en el hecho de haberse acreditado en primer lugar, que la abogada disciplinada recibió de manos de la empresa SITRAMAR S.A., la suma de $54.000.000, de los cuales ha mantenido en su poder $18’000.000, sin justificación, ni autorización; desconociendo así, el deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la abogacía.

De otro lado, consideró materializada la falta contra la dignidad de la profesión por parte de la inculpada, al permitir que su hermano, se anunciara como abogado ante su cliente y de manera conjunta se comprometieran en su nombre y representación a gestionar el cobro de los títulos valores, suscribiendo el contrato de servicios profesionales; lo anterior, pese a tener pleno conocimiento que no tenía la condición de abogado titulado y en ejercicio; con ese desconociendo así, el deber contenido en artículo 28 numeral 5º del Código Disciplinario del Abogado.

Finalmente, impuso como sanción, la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de doce (12) meses, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta la imputación de las faltas endilgadas a título de dolo, así como las características del asunto, de trascendencia social, de daño a los intereses del quejoso y de la administración de justicia, sin dejar de lado, los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de tal disposición. (fls. 287 a 325 c.o. No. 2 de 1ª. Instancia)

DE LA APELACIÓN

El defensor de confianza de la disciplinada presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013, centrando los motivos de su disenso, así:

i) a juicio del apelante, el juzgador incurrió en “falso juicio de identidad”, pues tergiversó el hecho revelado por la prueba documental, toda vez que el proceso ejecutivo tramitado por su prohijada, concluyó por pago total de la obligación y no por acuerdo transaccional entre las partes, lo cual desdibujó su apreciación en estimar el valor de los honorarios de su prohijada en $6’000.000, máxime por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por parte del quejoso, quien revocó el poder a su mandataria, sin justificación alguna y sin que ella le expidiera el paz y salvo correspondiente, lo cual conlleva al pago total de los honorarios pactados, es decir el 20% sobre el valor de la obligación ejecutada a la fecha de terminación del proceso, el cual superaba los $124’000.000.

ii) Reprochó que la Sala de primera instancia hubiese desconocido una prueba válida, como lo fue la declaración del quejoso, quien indicó haber autorizado a la disciplinada para descontar sus honorarios del dinero recaudado, los cuales superaban los $22’000.000 cuando el proceso ejecutivo culminó por pago de la obligación, de lo anterior, concluyó que tal conducta es atípica, antijurídica y carente de responsabilidad disciplinaria.

iii) Cuestionó, respecto de la conducta relacionada con el patrocinio del ejercicio ilegal de la profesión, que no existían los elementos para ser calificada como falta disciplinaria, pues el hecho que su prohijada y su hermano hayan suscrito el contrato de prestación de servicios, es un acto lícito realizado por una sociedad comercial de hecho conformada entre ellos.

Finalmente solicitó el petente se revoque la sentencia apelada, y en su lugar se profiera un fallo absolutorio en favor de su representada (fls. 332 a 342 c.o. No. 2 de 1ª. Instancia).

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

1.- Mediante proveído de fecha 3 de diciembre de 2013, la Magistrada Ponente avocó el conocimiento del asunto y además ordenó, correr traslado al Ministerio Público por el término de 5 días para que rindiera su concepto, fijar en lista, allegar los antecedentes disciplinarios de la disciplinada e informar si en su contra cursan otras investigaciones en esta Superioridad y comunicar a la abogada investigada (fl. 4 c. 2ª instancia).

2.- El 5 de diciembre de 2013, la Secretaría Judicial de esta Corporación, surtió notificación a la disciplinada (fls. 5 y 6 c.o. 2ª Instancia), a su defensor de confianza (fl. 7 c.o. 2ª Instancia) y al Agente del Ministerio Público (fl. 8 c.o. 2ª Instancia).

3.- Del 16 al 22 de enero de 2014, la Secretaría Judicial de esta Sala fijó en lista el proceso para que la investigada presentara sus alegatos, quien guardó silencio (fl. 11 c.o. 2ª Instancia).

4.- La Secretaría Judicial de esta Corporación, el 22 de enero de 2014, allegó certificado de antecedentes disciplinarios No. 15023 de la abogada encartada, expedido por la misma secretaría, en el cual da cuenta que no registra sanciones disciplinarias (fl. 12 c. o. 2ª Instancia). Igualmente, mediante Constancia No. SJ LECC 45625, acreditó que contra la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN cursa otra investigación, ante esta Superioridad bajo el Radicado No. 201204602-01, M.P. MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA (fl. 13 c.o. 2ª Instancia)

5.- El 15 de enero de 2014, la Viceprocuradora General de la Nación rindió concepto, señalando que en el asunto sub examine, existe certeza de la comisión de las faltas por parte de la abogada disciplinada, quien recibió dineros por valor de $54’000.000 por cuenta del crédito cuyo cobro realizaba a nombre de su cliente, devolviéndole a éste la suma de $18’000.000, sin contar con autorización para retener cantidad alguna como pago de sus honorarios, no obstante, lo tomado excedería en suma lo que le correspondería por sus estipendios profesionales.

Como segundo aspecto, frente a la falta contra la dignidad de la profesión, se acreditó la responsabilidad de la abogada al permitir que el señor ALFONSO CORREDOR se anunciara como profesional del derecho, sin ostentar tal calidad.

Por lo anterior, solicitó se confirmara la sentencia recurrida (fls. 14 a 16 c.o. 2ª. Instancia)

CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3° de la Constitución Política, 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

2.- De la Calidad de la inculpada.

El Registro Nacional de Abogados certificó que la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 41.543.360, se encuentra inscrita como abogada y es titular de la tarjeta profesional No. 77753 (fl. 128 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

3.- De la Legitimación de los intervinientes para apelar y de la Apelación

Al tenor de lo reglado en el artículo 66 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, los intervinientes en la actuación disciplinaria están legitimados para apelar la sentencia, disponiendo la referida norma:

“Artículo 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…)

2. Interponer los recursos de ley.”

De lo anterior se colige que el abogado de confianza de la disciplinada se encuentra plenamente facultado para interponer recurso de apelación contra la sentencia sancionatoria del 3 de octubre de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

En tal virtud, procede esta Corporación a resolver el recurso de alzada formulado contra dicha providencia, circunscribiéndose el presente pronunciamiento a lo inescindiblemente vinculado al objeto de la apelación, atendiendo el mandato del parágrafo del artículo 171 del CDU, al cual se llega por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

4.- Del caso en concreto

Sea lo primero indicar, que las faltas por las cuales fue sancionada en primera instancia la abogada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, están contenidas en los artículos 30 numeral 6º y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, dichas normas disponen:

“ARTÍCULO 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía.

(…)”

ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

(…)

En aras de desatar el recurso de apelación incoado por el apoderado de la litigante sancionada, se aviene necesario analizar cada uno de los argumentos centrales del mismo, así:

I) En el presente asunto, los cuestionamientos del recurrente, respecto a la falta contra la honradez del abogado, se centran en la valoración probatoria del fallador de primera instancia, pues, de una parte, el proceso ejecutivo que originó el presente asunto, terminó por pago de la obligación, y no, por acuerdo transaccional entre las partes, toda vez que el mismo no existió; y en segundo lugar, porque desconoció la declaración del quejoso, quien autorizó a su mandatario deducir del dinero recaudado, el monto de sus honorarios profesionales.

En tal sentido, una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente, para esta Sala resultó evidente la existencia de un acuerdo de pago entre el acreedor (aquí quejoso) y la compañía deudora (Sitramar S.A.), para dar por finalizado el litigio referido, tal afirmación encuentra sustento, en primer lugar, con la manifestación del denunciante en su escrito de queja, la cual fue ratificada en Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, quien indicó, haber establecido la obligación en la suma de $60’000.000, la cual se pagaría en 10 cuotas mensuales de $6’000.000 cada una.

Tal declaración resultó coincidente, con el recibo de pago emitido por la abogada disciplinada a la Representante Legal de SITRAMAR S.A., el 28 de abril de 2011, y en el cual indicó: “GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECAN, recibí la suma de Seis Millones de Pesos Mcte ($6.000.000.oo), de SITRAMAR S.A., a través de su Representante Legal la Dra. AMANDA PULIDO ROJAS, como pago de la primera cuota de las Diez pactadas, hasta completar el total $60.000.000.oo, cuotas que serán pagadas los días 28 de cada mes, cuotas de seis millones cada una, quedando pendiente nueve cuotas del valor establecido, para dar cumplimiento al acuerdo realizado en el proceso Ejecutivo Singular 2010-0218 que cursa en el Juzgado 17 Civil Municipal Bogota D.C.” (fl. 12 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

Aunado a lo anterior, se tiene el escrito allegado por la Gerente General de la Sociedad SITRAMAR S.A., quien da cuenta del acuerdo transaccional realizado con su demandante, en febrero de 2011 y en cumplimiento del mismo, aportó copia de 7 recibos de consignación correspondiente a los pagos efectuados en la cuenta de la disciplinada (fls. 167, 168, 170 y 171 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

En ese orden de ideas, no existe duda para esta Colegiatura que la obligación origen del proceso ejecutivo tantas veces referido, se satisfizo mediante el acuerdo extraprocesal celebrado entre las partes, el cual era plenamente conocido, tanto por el señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ, por la abogada disciplinada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN y por la deudora de la obligación, de ahí que, resulta entendible la solicitud elevada ante el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, por la nueva apoderada del demandante aquí quejoso, en el sentido de dar por terminado el proceso ejecutivo, levantar las medidas cautelares decretadas en el mismo y proceder a su archivo, tal como lo decretó el despacho judicial, en proveído del 2 de marzo de 2012 (fls. 71 y 72 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia)

Así las cosas, contrario a lo expuesto por el recurrente, la prueba documental analizada, da cuenta de la existencia del acuerdo transaccional entre las partes, no obstante, el hecho de no reposar copia de éste en el infolio, ello no desvirtúa per se la existencia de tal convenio, pues quedó demostrado el pleno conocimiento que las partes interesadas en el pago de esa obligación, tenían del mismo, y al cual dieron cumplimiento en los términos pactados.

II) Ahora bien, frente al argumento esgrimido por el recurrente, en lo relacionado al monto de los honorarios y la presunta autorización que tenía su prohijada para deducir los mismos del dinero recibido, no encuentra la Sala sustento en tal apreciación, pues lo cierto es, que en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre quejoso y disciplinada, claramente se estableció, entre otros, el objeto, el monto de los honorarios, la forma de pago de los mismos y demás términos que regían tal relación contractual.

En tal efecto, los honorarios se pactaron a cuota litis y dado el acuerdo conciliatorio existente entre las partes, éstos correspondían en un porcentaje equivalente al 10%, situación conocida por la encartada, quien desde el 28 de abril de 2011 -fecha en la cual recibió el primer pago convenido- era consciente de la suma acordada de la obligación ($60’000.000) y con base en la misma, resultaba fácilmente establecer el valor de sus estipendios profesionales.

Luego, encuentra esta Colegiatura reprochable a todas luces, la justificación puesta de presente por el apelante al indicar que el valor no devuelto por la abogada sancionada ($18.000.000), recaía como parte de sus honorarios, toda vez que tal suma resulta muy superior a lo que -de acuerdo con el contrato suscrito por su mandante-, le correspondía por ese concepto.

Ahora bien, en lo referente a los perjuicios -aducidos por el recurrente- sufridos por la abogada sancionada, con ocasión de la revocatoria injustificada del poder, lo cual, en su concepto, implicaría el pago total de los honorarios pactados; tal afirmación no está llamada a prosperar, pues la decisión adoptada por el quejoso, corresponde al ejercicio legítimo del derecho a la revocatoria del acto de apoderamiento, sin implicar, que el profesional del derecho deba percibir la totalidad de los honorarios pactados inicialmente.

En este punto, encuentra la Sala que en el contrato de prestación de servicios ya referido, en la cláusula sexta, estableció que ante la revocatoria del mandato encomendado, los honorarios se pactarían de común acuerdo, pero no menos del 50% de los honorarios pactados (fl. 9 c.o. No. 1 de 1ª. Instancia); así mismo, la misma ley prevé que dentro del mismo proceso y mediante trámite incidental el abogado afectado con la decisión de su poderdante, pueda solicitar al juez la determinación o regulación de honorarios.

III) De otra parte, el tercer punto de cuestionamiento del apelante, es la atipicidad en cuanto a la falta prevista en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, y este aspecto desde ya advierte la Sala que la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la abogada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, se demuestra con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario, como son, la copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por el señor ALFONSO CORREDOR y la encartada en donde se anuncian como ABOGADOS y la declaración del quejoso, quien manifestó que tiempo después a suscribir el contrato con los doctores CORREDOR, se enteró que el señor ALFONSO CORREDOR no ostentaba tal calidad.

En efecto, como lo sostuvo la Sala de instancia, aparece plenamente demostrado el patrocinio del ejercicio ilegal de la profesión por parte de la abogada implicada, quien a sabiendas que su hermano ALFONSO CORREDOR QUECÁN, no tenía la calidad de ABOGADO, y en consecuencia, no podía asumir el compromiso de prestar una asesoría jurídica, ni en nombre y representación de su cliente tramitar el proceso ejecutivo encomendado, decidió suscribir el referido contrato, manteniendo oculta tal situación a su cliente, quien por sus propios medios, tiempo después lo descubrió.

En ese orden de ideas, considera la Sala que se encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada, pues es evidente el desconocimiento de las normas que regulan la profesión de abogado por parte de la investigada, pues su conducta se enmarca dentro de la descripción típica del numeral 6 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto legal es del siguiente tenor: “Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: (…) 6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía”.

Ejercen ilegalmente la profesión del abogado:

§ Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados.

§ Quienes habiendo obtenido el Título de Abogado de la República, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla.

§ Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de la suspensión.

§ Los abogados que presten su concurso profesional, encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión.

Sobre el tema, doctrinariamente se ha establecido que el ejercicio ilegal de la profesión es una falta dolosa, es decir, que debe ejecutarse con la convicción de estarse trasgrediendo preceptos éticos de la profesión y a pesar de ello se ejecutan, Comentarios al Nuevo Código Disciplinario del Abogado – Luis Enrique Restrepo Méndez, Primera Edición – 2008.

En el presente asunto, conforme con la prueba documental (contrato de prestación de servicios profesionales) y testimonial (declaración del señor NELSON SANTAMARÍA TÉLLEZ aquí quejoso) recaudadas, permiten colegir a esta Corporación la incursión de la abogada implicada en la falta endilgada, pues conociendo a su hermano, él no podía ejercer la profesión, y pese a ello, se anunciaron e hicieron creer a su cliente su calidad de abogados, lo cual indefectiblemente constituye patrocinio ilegal de la profesión.

Para la Sala, no resultan admisibles los argumentos del recurrente, en que se trató de una sociedad comercial de hecho, pues lo cierto es que el contrato de prestación lo suscribieron, dos personas naturales, ALFONSO CORREDOR QUECÁN y GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, quienes se anunciaron y denominaron ABOGADOS.

Así las cosas, comparte esta Colegiatura, los argumentos expuestos por la Sala de Primera Instancia, así como los del Representante del Ministerio Público, en el sentido, que en el presente asunto quedó demostrado el injustificado incumplimiento por parte de la doctora GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, conducta que deviene en la materialidad de las faltas endilgadas, y en ese sentido se torna imperativo para esta Sala CONFIRMAR la sentencia apelada acorde con la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN a la abogada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.543.360 y portadora de la Tarjeta Profesional 77753, como autora responsable de las faltas disciplinarias contempladas en los artículos 30 numeral 6º y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

TERCERO: Por secretaría judicial de la Sala notifíquese a la investigada lo aquí resuelto, conforme lo previsto para tal efecto en la ley, una vez cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Seccional de origen, para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidenta Vicepresidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

ANGELINO LIZCANO RIVERA NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Magistrado Magistrado

WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto de siempre, la suscrita advierte la necesidad de aclarar el voto en el asunto de la referencia, al considerar que las sanciones impuestas a los profesionales del derecho deben tasarse conforme a los límites previstos en las normas que les son aplicables, tarea para la cual se han previsto criterios de graduación se deben tener en cuenta por el Juez disciplinario cuando de elegir la consecuencia jurídica respectiva se trata; tales como la gravedad de la falta, las modalidades y circunstancias de la misma, los motivos determinantes, así como, la existencia de antecedentes disciplinarios.

Lo anterior por cuanto la decisión aprobada se limita simplemente a enunciar que el fallo sancionatorio debía ser confirmado en todas sus partes, por cuanto, la abogada GLORIA CHIQUINQUIRÁ CORREDOR QUECÁN, fue declarada responsable de las faltas previstas en los numerales 6 del artículo 30 y 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, sin pronunciarse de manera puntual respecto a las razones por las cuales a su comportamiento le correspondía la imposición de una sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía por el término de 12 meses.

Precisamente esa es la mecánica orientada a que en la praxis, el operador disciplinario analice si en realidad la sanción impuesta al sujeto disciplinado en primera instancia se aviene con los presupuestos establecidos en la norma, pues esas valoraciones no pueden adoptarse en forma aislada con desconocimiento de circunstancias exógenas que puedan afectar en algún grado la conducta humana.

Al respecto vale decir que, si bien la suscrita está de acuerdo con la declaratoria de responsabilidad y su consecuencial sanción, debido a que sin duda reviste trascendental preocupación para los miembros de la sociedad, la afectación al deber de honradez y la dignidad de la profesión, cuando por ejemplo se incurre en las falta de los numerales 4° del artículo 35 y 6° del artículo 30 de la ley 1123 de 2007, en detrimento de los intereses de su mandante como en el caso que hoy ocupa la atención de la Sala.

Respecto a la motivación de la sanción, el actual Código del abogado expresamente señala los principios que se deben tener en cuenta para la graduación de la misma en su artículo 13 de la Ley 1123 sancionada en el 2007[1], de cuya lectura se deduce que la labor de imponer consecuencias jurídicas de manera correlativa a la comisión de una falta disciplinaria, no es una tarea librada al azar, todo lo contrario, demanda del administrador de justicia un análisis de la situación fáctica a partir de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la misma, no en vano la misma Ley en su artículo 46[2] exige dentro del contenido de las sentencias desfavorables a los profesionales del derecho una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción, de donde deviene claro que el sujeto disciplinado tiene derecho a conocer las razones jurídicas por las cuales en un eventual caso se le impone una sanción y no otra.

Lo anterior aunado al hecho según el cual, también el legislador se encargó de señalar los criterios generales, de atenuación y de agravación que demarcan el campo de movilidad del Juez disciplinario en su tarea sancionadora. Sumado a que claramente la dosificación de la sanción es un aspecto inescindible al recurso de apelación, sustentado en argumentos relacionados con la no comisión de una falta.

Luego entonces, lo reglado en torno a la dosificación de las sanciones disciplinarias corresponde a formas normativas de amparar las garantías procesales de los sujetos disciplinables frente a los eventuales excesos o “bandazos” que pudieran tener los operadores judiciales quienes no pueden desconocerlas.

Quedan así expuestas las razones por las cuales aun estando de acuerdo con la providencia decidí aclarar el sentido de mi voto, pues el profesional del derecho actuó de manera dolosa, se configuró un concurso heterogéneo de faltas, no hizo nada para resarcir los perjuicios económicos de su cliente, además de la trascendencia social de la conducta, dada la afectación que para la imagen de la abogacía representan éste tipo de comportamientos antiéticos de los abogados, y la no configuración de alguna causal de atenuación, son las razones por las cuales la suscrita considera que la sanción a imponer no podía disminuirse.

En consecuencia, teniendo en cuenta que esta clase de sanción, tiene un límite mínimo de 2 meses y un máximo de 3 años, sumado al respeto que esta Superioridad debe tener por el principio de la no reformatio in pejus, por tratarse de una sentencia apelada, el término de 12 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión debía –como se hizo-, ser confirmado.

De los Honorables Magistrados,

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA
Magistrada

498 comentarios en “Expediente 02108

Los comentarios están cerrados.