Expediente 38950 de 2015


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015).

Magistrado ponente: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

STL266-2015

Radicación n.° 38950

Acta extraordinaria nº 06

Procede la Sala a pronunciarse respecto de la acción de tutela promovida por BERTHA INÉS ALZATE MEJÍA  contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA y el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE ITUANGO –ANTIOQUIA-.

Se acepta el impedimento manifestado por el Magistrado, Jorge Mauricio Burgos Ruiz.

I.       ANTECEDENTES

BERTHA INÉS ALZATE MEJÍA interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, acceso a la administración de justicia, presuntamente trasgredidos por los jueces accionados.

Como sustento de su petición de amparo señaló que promovió proceso ordinario laboral, en nombre propio y en representación de su hijo menor, en contra del Municipio de Ituango, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge; que le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango; que mediante sentencia del 10 de mayo de 2006, el juzgado de conocimiento le negó la pensión pretendida a ella, pero le concedió el derecho a su hijo menor en un porcentaje del 45% del salario base de liquidación del causante y a partir del 22 de junio de 2002; que inconforme con la decisión en lo relacionado a su derecho, interpuso recurso de alzada, no obstante, el mismo se declaró desierto, razón por la cual, se envió al Tribunal accionado a efectos de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta; que con decisión del 14 de septiembre de 2006, el juez colegiado procedió a confirmar en su integridad el fallo emitido por el juez de primer grado.

La accionante  reprocha, grosso modo, que el Tribunal incurrió en yerro al no valorar adecuadamente la probanza arrimada al plenario, dentro de esta, el registro civil de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de sus tres hijos.

Peticiona, por tanto, que tras tutelar los derechos fundamentales invocados, se dejen sin efecto, las decisiones cuestionadas y en su lugar, se les ordene a las autoridades judiciales que adopten la decisión a que hubiere lugar.

Con auto del 14 de enero de 2015, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente. Las partes guardaron silencio.

 

II.    CONSIDERACIONES

Revisada la petición de amparo así como la documental arrimada al trámite, advierte la Sala que la tutela solicitada por Bertha Inés Alzate Mejía, debe denegarse por las razones que pasan a exponerse:

1.- Falta del cumplimiento del principio de inmediatez.

Se desconoce en este caso, abiertamente, el principio de inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como un presupuesto necesario para la procedencia de la acción en contra de decisiones judiciales.

En efecto, si bien es cierto que la interposición de la acción de tutela no se encuentra sometida a un término legal, por vía jurisprudencial se ha definido que la inmediatez es un principio que debe regir su ejercicio y que, en tal orden, la petición de amparo debe presentarse dentro de un término prudente y razonable, que resulte acorde con la protección perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuya protección se requiere.

De esta manera, las dilaciones injustificadas en la interposición de la acción de tutela, la inhabilitan como un mecanismo expedito para conjurar la amenaza o violación de derechos fundamentales. Por ello, el recurso a la acción de tutela se encuentra sometido a un plazo razonable, de manera que no es posible acudir a ella en cualquier momento.

De otro lado, esta Sala de la Corte ha identificado como término prudencial y razonable el de seis (6) meses, después de proferida la providencia judicial que se cuestiona o de ocurridos los hechos que se consideran como causa de la vulneración de derechos fundamentales.

En el presente asunto, se tiene que la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, cuyos efectos pretende desconocer la actora, data del 14 de septiembre de 2006, por lo que, presentada la acción de tutela pasados más de ocho (8) años, desde que ello ocurrió, falta la misma al principio de la inmediatez, lo que descarta de plano la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor. Por ello, se debe descartar la prosperidad de la acción de tutela, así como la posibilidad de que exista un riesgo inminente sobre sus derechos que requiera de medidas urgentes del juez constitucional.

 

  1. – Existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

 

Dado el carácter residual y subsidiario que acompañan a la acción de tutela, esta Sala ha enfatizado que las irregularidades en las que presuntamente incurren los operadores judiciales y por las cuales, se argumenta la vulneración de derechos fundamentales, deben ser previamente alegadas o puestas en conocimiento de los propios jueces en virtud a que no se trata de un mecanismo alternativo que reemplace los recursos ordinarios o extraordinarios que han sido previstos por el legislador,  con igual efectividad, para la defensa de los derechos de las partes involucradas en un determinado proceso.

 

En ese sentido, improcedente resulta la acción de tutela respecto de la sentencia de segundo grado, si se tiene en cuenta que la interesada contaba con el recurso extraordinario de casación a efectos de cuestionar lo decidido por el juez de segundo grado, mecanismo que en atención a los principios de subsidiariedad y residualidad precitados, no puede pretender ahora, revivir o  pretermitir. En ese orden, se resalta que ante la desidia o el descuido de las partes en hacer uso de los mecanismos ordinarios, el juez constitucional no puede declarar procedente una solicitud de amparo, puesto que sería tanto como reconocer que su propia negligencia dio origen a un atentado contra sus derechos fundamentales, lo cual contraviene el principio general del derecho, de que nadie puede alegar la culpa propia en su favor.

 

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para negar el amparo deprecado.

 

 

III.   DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

1.-Denegar la acción de tutela impetrada.

 

2.- Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

 

3.- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de éste no se impugnare.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente de la Sala

 

 Impedido

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

   

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

  

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

  

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

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