14 febrero, 2023

Febrero 13 del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 464 de 2022

FCF Y DIMAYOR DEBEN GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES Y ABSTENERSE DE EJERCER FACULTADES DISCIPLINARIAS QUE DESESTIMULEN LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La Corte Constitucional instó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF o Colfútbol) y por su conducto a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) para que, (i) cuando establezcan las reglas para el funcionamiento del fútbol profesional y adopten decisiones que involucren a los jugadores, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales y avancen en la configuración de una estructura asociativa que dignifique el ejercicio de este deporte; y (ii) en adelante, se abstengan de dar apertura a investigaciones disciplinarias y/o sancionar a clubes y jugadores por el hecho de ejercer la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales que aquellos consideren vulnerados. Así lo concluyó la Sala Tercera de Revisión al estudiar las tutelas que presentaron cinco jugadores de fútbol, integrantes del Atlético Nacional (ATN), que alegaron la vulneración de sus derechos debido a que la FCF y la DIMAYOR negaron al club deportivo su inscripción como futbolistas para participar en los torneos “Liga Betplay DIMAYOR II 2021” y “Torneo Betplay DIMAYOR II 2021”. Dicha situación se presentó debido a una disputa legal entre el ATN y Cortuluá por la transferencia de los derechos económicos de un jugador en el 2014, que llevó al último club a reclamar lo adeudado por dicha transferencia. Sin embargo, en agosto de 2021 el club ATN allegó a la DIMAYOR copia del certificado de paz y salvo por la suma adeudada al Cortuluá. Como consecuencia de ello, ese mismo día, el área de inscripciones de la DIMAYOR procedió con la inscripción formal de los accionantes a la “Liga BetPlay DIMAYOR II 2021”. En ese sentido, la Sala declaró la carencia actual de objeto por hecho superado cal concluir que las conductas que generaban la supuesta violación de los derechos invocados por los accionantes se modificaron completamente en el curso de la revisión de los expedientes. En primer lugar, los jugadores fueron inscritos y participaron en el torneo, incluso fueron campeones de la “Copa BetPlay DIMAYOR 2021”. En segundo lugar, fueron desvinculados de la investigación disciplinaria que la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR había abierto en contra de los futbolistas por la interposición de las acciones de tutela objeto de revisión. No obstante, la Sala decidió hacer un pronunciamiento ante el carácter novedoso y relevante de los asuntos analizados.

 

Sentencia C 161 de 2022

ES INCONSTITUCIONAL LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO

Correspondió a la Corte estudiar una demanda contra el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Tras analizar la ausencia de cosa juzgada constitucional, así como la aptitud de los cargos formulados, la Sala emprendió el estudio de constitucionalidad para determinar si (i) ¿el Legislador desconoció el principio de unidad de materia (artículo 158 superior) al prever en el Plan Nacional de Desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial para laudos de contenido económico?; y si (ii) ¿se desconoce la tipología tributaria a la que se refiere el artículo 338 de la Constitución, cuando se impone el pago de una contribución especial a los usuarios del arbitraje, pero los recursos del tributo se destinan al fortalecimiento de la Rama Judicial? En primer lugar, en relación con el presunto desconocimiento del principio de unidad de materia, indicó que la disposición demandada vulnera dicho principio, en la medida en que no se pudo evidenciar una conexidad directa e inmediata, así: (i) no existe ninguna justificación sobre la necesidad de incorporar una disposición de carácter tributario; y (ii) se trata de una disposición permanente, respecto de la cual no se evidencia de manera específica y directa, su función planificadora y de impulso al cumplimiento del Plan para el correspondiente periodo presidencial.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 3272 de 2022

BONO TIPO T: SU SURGIMIENTO NO IMPONE AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE ORIGEN EXTRALEGAL Y, MUCHO MENOS, SU RELIQUIDACIÓN

le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error jurídico al no admitir que la obligación de reajustar la pensión de jubilación bajo disposiciones convencionales a cargo del empleador, en este caso, el SENA, se trasladó a Colpensiones en virtud del surgimiento del bono especial tipo T. Por medio del Decreto 4937 de 2009 que el recurrente echa de menos en la definición del litigio en segunda instancia, se dictaron normas para la liquidación, reconocimiento y pago de unos bonos especiales de financiamiento para el ISS. Su fundamento fue, precisamente, contar con un mecanismo de financiación por parte del Estado para que el ISS, hoy Colpensiones, pueda reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, antes de la fecha prevista en los acuerdos del ISS, cuyas pensiones no se cubren con bonos tipo B. Así, el artículo 1 de este decreto estableció: Y en su artículo 2 se previó: Así las cosas, es evidente que la finalidad del bono tipo T es obtener los recursos requeridos para que la administradora de pensiones demandada pueda reconocer las pensiones de origen legal, bajo el régimen de transición, a que puedan tener derecho los servidores públicos afiliados a ella. Sin que las normas antes mencionadas previeran que este bono respalde el otorgamiento de una pensión convencional por parte del sistema general de pensiones, como lo sugiere el censor.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 0041 de 2022

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE EMBARGADO: NULIDAD POR OBJETO ILÍCITO

No se presenta nulidad absoluta por objeto ilícito, cuando en la escritura de compraventa se dispone que, al momento de llevarse a cabo la tradición -mediante su registro- se procederá a inscribir las órdenes de levantamiento de la cautela.  Los contratantes pueden convenir la venta del bien mientras se encuentra embargado, siempre que se fije un plazo o modo para que dicha limitación se levante antes efectuarse su tradición; o se pacte la condición de conseguir la autorización del juez o el acreedor.  Interpretación de la expresión «salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello», del numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil.  En la hipótesis de faltar el referido consentimiento, la Corte -en diversas épocas- ha proferido determinaciones encontradas acerca de acoger o no la nulidad de la venta de cosas embargadas, en particular, de los inmuebles.  La posición imperante es la de negarse admitir la validez de la venta de cosas embargadas por tratarse de objeto ilícito, surgida a partir de la sentencia de 14 de diciembre de 1976.

 

Expediente 0042 de 2022

RESPONSABILIDAD MÉDICA: POR FALLECIMIENTO DE PERSONA CON DIAGNÓSTICO TARDÍO DE APENDICITIS AGUDA, TRAS DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO, EN SUS DIFERENTES FASES

El riesgo inherente a las complicaciones que pueden presentarse como consecuencia de una apendicitis tardíamente diagnosticada y al desarrollo de una peritonitis como consecuencia de ello.  Apreciación probatoria: en casos en los que se evalúan actividades profesionales o técnicas, la apreciación probatoria exige del juez, en la mayoría de las veces, confrontar el contenido de los elementos de juicio con el conocimiento científico relacionado con el arte u oficio sobre el que versa el proceso, en procura de comprender su genuino sentido.  La sentencia SC13925-2016 no fue traída como prueba, sino como referente científico contentivo de una regla de la experiencia o, si se quiere, de una “regla de la sana crítica”.  No pudiéndose confundir las pruebas y las reglas de la sana crítica, impropio es tener la literatura médica referida por el sentenciador de instancia como un medio de convicción, propiamente dicho.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 13705 de 2022

ACCIÓN DE TUTELA – LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – AGENCIA OFICIOSA

Procedencia excepcional de la acción para proteger derechos fundamentales de la persona fallecida, cuando éstos se proyectan más allá de su existencia. / Falta de legitimación de la accionante para agenciar el derecho al debido proceso de su padre fallecido, presuntamente vulnerado con la sentencia emitida en el proceso ordinario laboral por aquél instaurado, en contra de Electricaribe, al no demostrarse las consecuencias desfavorables que se le generan con la transgresión y el riesgo inminente para sus derechos

 

Expediente 51015 de 2022

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – SE CONFIGURA: MEDIANTE MALTRATO PSICOLÓGICO A LOS HIJOS

El menor, al ser expuesto forzosamente por su padre para que observe directamente los ultrajes contra su progenitora, genera la concreción de un maltrato psicológico. Al resolver las demandas de casación presentadas por la Fiscalía –primer cargo– y el defensor de CEDR, contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la cual confirmó la proferida por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Cajicá, que condenó al antes mencionado como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, abordó el tema de la violencia psicológica contra los menores de edad, que se produce en el marco del maltrato físico y moral contra las madres, cuando estos son obligados a presenciarlo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 02862 de 2022

SECCION SEGUNCA RECUERDA MOMENTOS DEL DEFECTO MATERIAL

[E]sta Sala de Subsección advierte que los argumentos expuestos por la UGPP no expresan, de manera concreta, su inconformidad frente al fallo de primera instancia, por cuanto se centra en señalar de manera genérica los motivos por los cuales considera que la presente acción de tutela es improcedente y la caducidad de ninguna forma puede ser interrumpida. (…) No obstante, no realizó pronunciamiento alguno sobre la posición acogida por la Sección Tercera en el fallo de primera instancia en la que estableció, de conformidad con la normativa y jurisprudencia que consideró aplicable, que al entrar en liquidación CAJANAL, los términos para la contabilización de la caducidad quedaron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013. (…) Así las cosas, esta Sala de Subsección considera, como lo ha hecho en otras oportunidades9 , que, si bien en la acción de tutela no se exigen formalismos excesivos, sí es necesario un mínimo de argumentación que le permita al juez constitucional definir los motivos de inconformidad de la parte impugnante frente al fallo de primera instancia. (…) En ese orden de ideas, al no observarse un desacuerdo específico frente al fallo de primera instancia del 27 de julio de 2022 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó el derecho al debido proceso de la señora Dueñes Gastelbondo, dejó sin efecto el auto del 17 de marzo de 2022 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le ordenó proferir una providencia de remplazo, este será confirmado por la Sala de Subsección.

 

Expediente 13001 23 33 000 2014 00217 de 2022.

CONSEJO DE ESTADO RECUERDA COMO OPERA EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A EMPLEADO DE CARRERA DESVINCULADO ILEGALMENTE.

[L]a tesis que sostiene esta Sección consiste en que de la condena de restablecimiento del derecho a favor del empleado de carrera administrativa desvinculado del servicio por causa de una supresión que es declarada ilegal, solamente proceden los descuentos de que trata el artículo 128 de la Carta Política y no de aquellas sumas de dinero que este haya devengado por su trabajo dependiente o independiente en el sector privado. Sin perjuicio de las deducciones de lo reconocido por indemnización por supresión de cargo y por los demás conceptos derivados del retiro del servicio. (…) La parte activa tiene derecho a ser reintegrada sin solución de continuidad a la plaza que desempeñaba antes de su desvinculación, o a una de igual o similar categoría, así como al pago de los conceptos laborales dejados de abonar desde ese mismo momento, pero con el descuento de las remuneraciones que hubiese devengado por nexos laborales con el sector público, no así por relaciones de trabajo privadas o como independiente según lo expuesto en la sentencia SU-354 de 2017, de la cual se realiza un apartamiento parcial frente este último concepto, por considerar que en observancia de principios superiores, solo es procedente descontar los haberes que expresamente consagra como incompatibles el artículo 128 constitucional. Asimismo, se advierte que en el presente caso no resulta aplicable los criterios de limitación temporal entre 6 y 24 meses para el restablecimiento del derecho previstos en la sentencia SU-556 de 2014 emitida por la Corte Constitucional, habida cuenta de que dicha providencia contempla un supuesto fáctico que se refiere solo a los empleados públicos que hubiesen sido nombrados en provisionalidad, no así para aquellos servidores con derechos de carrera administrativa como la demandante, quien tiene una perspectiva de estabilidad laboral muy diferente a la de los primeros.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 2001 00749 02 de 2022

EL DAÑO NO ES IMPUTABLE CUANDO LA EXTRACCIÓN DE UN ÓRGANO OBEDECE A UNA SITUACIÓN PROPIA DE LA VÍCTIMA

La Sala confirmará la decisión de primera instancia. No se discute que el ISS incurrió en múltiples demoras para la autorización de la práctica de exámenes y de la cirugía ordenados por los médicos; que María Camila Acosta Mona había sido diagnosticada con hidronefrosis por estenosis pieloureteral desde antes de su nacimiento, y que el riñón derecho le fue extraído cuando tenía quince meses de edad. Sin embargo, como lo señaló el tribunal, los dictámenes periciales concluyeron que la malformación del riñón de la niña era congénita y que, incluso si la entidad hubiese practicado los exámenes y la cirugía a tiempo, la extracción del riñón era el tratamiento indicado y necesario. (…) Ahora bien, el Consejo de Estado ha señalado que el daño no es imputable a la entidad cuando la extracción de un órgano, en este caso, del riñón, obedece a una situación propia de la víctima y no a la tardanza de la entidad en la práctica de exámenes de diagnóstico o cirugías. Así, en la sentencia del 18 de febrero de 2010, esta Corporación absolvió a la entidad demandada porque el demandante también padecía de una hidronefrosis congénita (…) Igualmente, en sentencia del 26 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado negó las pretensiones porque el daño, a saber, la extracción del riñón, se debió a un tumor y no a las demoras de la entidad en hacer la cirugía, pese a que ello estuvo probado.

 

Expediente 25000 23 36 000 2016 00498 01 de 2022

PELIGROS INHERENTES A ACTIVIDAD ECONÓMICA DE EMPRESA NO TRASLADA EL RIESGO AL ESTADO

[E]stá probado que el 14 de diciembre de 2013 un carrotanque que transportaba crudo (…) fue interceptado por las Farc. Asimismo, que el crudo fue derramado, el vehículo incinerado, y la zona descontaminada por la Fundación Ecológica del Putumayo, contratada por el demandante para ese propósito. Así, está demostrado que la parte demandante sí sufrió un daño. (…) Sin embargo, el daño no es atribuible al Estado. En primer lugar, porque no se demostró que la fuerza pública hubiera omitido actuar frente a alguna solicitud de protección, lo hubiera hecho tardía o defectuosamente, o que, aun sin mediar una petición, conociera que el ataque se iba a producir y no hubiera hecho nada para repelerlo. Conviene precisar que la manifestación del demandante sobre los peligros inherentes a su actividad económica no traslada el riesgo al Estado, pues, se insiste, debe haber elementos concretos en conocimiento de la fuerza pública para que le sea exigible determinada conducta. (…) En segundo lugar, el daño no es atribuible a título de riesgo excepcional, porque no se probó que fuera causado como consecuencia de un ataque contra un elemento representativo del Estado o hubiera sido consecuencia de un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y un grupo al margen de la ley. En otras palabras, no fue consecuencia de un riesgo creado. (…) Por lo dicho hasta aquí, por no estar acreditados los elementos que permitirían a la atribución de responsabilidad al Estado, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.