Febrero 8 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia T 008 de 2019

ACUMULACIÓN PROCESAL DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS QUE VERSEN SOBRE EL MISMO PREDIO.  La Corte Constitucional resolvió amparar los derechos fundamentales de los accionantes, como quiera que el Tribual Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, incurrió en defecto procedimental absoluto al decretar la ruptura procesal y fallar únicamente el proceso 2015-00048, omitiendo su deber de acumular las solicitudes de restitución que versaban sobre el predio “La Esperanza”, vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, aunado a que abrió la puerta a la posibilidad de que en una misma jurisdicción existan fallos contradictorios, incluso, respecto del mismo predio. Revocar. M.P: Cristina Pardo Schlesinger
Sentencia T 460 de 2018

AMPARAN DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO Y AL MÍNIMO VITAL Y POR TANTO, SE ORDENA REINTEGRO DE FUNCIONARIA. Parala Corte la accionante acreditó, con la historia clínica y la comunicación remitida al Hospital San Jorge, las razones por las cuales no pudo cumplir con las funciones propias del cargo, de ahí que pueda considerarse que informó, de manera suficiente y anticipada al proceso administrativo en su contra, la situación particular por la cual estaba atravesando y que le impedía reintegrarse a su cargo. De modo que, en virtud del debido proceso administrativo que consagra garantías sustanciales y procesales mínimas, no podía la accionada declararla insubsistente por abandono del cargo, pues, al contrario, se advertía una justificación clara que la eximía de responsabilidad. Revocan la sentencia, que confirmó la decisión que negó la acción de tutela formulada por Kelly Carolina Zapata Pinto, y en su lugar, conceden el amparo de los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, y se deja sin efectos la resolución mediante la cual se declaró el abandono del cargo y en consecuencia, se ordena a la Empresa Social del Estado- Hospital Universitario San Jorge de Pereira que, reintegre a la accionante. M.P: Luis Guillermo Guerrero Perez

Sentencia T 010 de 2019

EL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES DE EDAD NO SE REDUCE ÚNICAMENTE A ASPECTOS FUNCIONALES. En aras de su protección, a la familia, a la sociedad y, en particular, al Estado, les compete llevar a cabo las acciones que corresponda para garantizarles a estos sujetos una vida digna y de calidad, ajena a los abusos, a los maltratos y a las arbitrariedades. El medio que enfrentan los niños en su familia, en el barrio y en el colegio muchas veces se presenta bajo sus aspectos más hostiles. Cualquier detalle que sobresalga y se distinga de lo que es considerado “normal” tiende a calificarse de manera negativa y a reprocharse bien sea en forma de agresión directa o indirecta, de burlas y de mofas. Esto ocasiona el aislamiento de los niños y genera en ellos sensaciones de tristeza, impotencia, aislamiento, depresión y agresividad. Revocar. MP Cristina Pardo Schlesinger

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 03 000 2014 00691 00 de 2018

DEFICIENCIAS GRAVES DE MOTIVACIÓN CONTINÚAN ORIGINANDO NULIDAD COMO CAUSAL DE REVISIÓN. Una de las causales que la ley ha contemplado para que proceda la revisión de una sentencia es la existencia de una nulidad originada en el fallo que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.  Ahora bien, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha permitido que proceda ante la presencia de “deficiencias graves de motivación”, lo cual constituye, aun en la actualidad, doctrina probable de la corporación.  Precisamente, en el 2008, la Corte abordó el estudio de esa causal de revisión, consagrada en el numeral 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, y concluyó que el deber de motivación de las sentencias judiciales es un elemento integrante del debido proceso. Esa tesis se reiteró posteriormente en sucesivos fallos de revisión al  momento de referir la jurisprudencia imperante en la materia, en los que se aseguraba que el cuestionamiento a la providencia por “deficiencias graves de motivación” no puede obedecer a un replanteamiento de la cuestión litigiosa o un disentimiento de la valoración probatoria del fallador, sino a la demostración de que la fundamentación que este brinda es ficticia o supuesta en relación con el tema que se somete a su estudio, por ser ajena al mismo o abiertamente contraria. Sin embargo, más adelante la Sala fue dejando de lado la citación de esta línea jurisprudencial y retomó referencias anteriores al fallo del 2008. En esa dirección, en el segmento de consideraciones jurídicas de la Sentencia SC-144272016 (20130283900), dictada en sede de revisión, solo aludió de manera parcial a ese precedente, obviando mencionar los defectos de motivación como causal de nulidad de la sentencia.

Expediente 66001 31 03 002 2010 00059 01 de 2018

EL SUICIDIO ES UN ACTO ASEGURABLE. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia realizó importantes precisiones sobre el suicidio y su incidencia en la configuración del contrato de seguros al estudiar el caso de un tomador que, un año después de contratar con la aseguradora, se quitó la vida.  La aseguradora negó lo que en derecho correspondía a los beneficiarios de la póliza argumentando una cláusula de exclusión de cobertura en un documento anexo, donde estipuló que si el asegurado, estando o no en sano juicio, se quitaba la vida antes de haber transcurrido un año desde la fecha de perfeccionamiento o de solemnización de su última rehabilitación quedaría liberada de toda obligación, salvo en el pago de los valores de cesión.  La Sala indicó que el suicidio, al ser un acto que no depende de la autonomía o libre elección de un sujeto (pues es una patología neocortical que se manifiesta como trastorno de los procesos cognitivos y demás) es un riesgo asegurable que se encuentra en el mismo nivel de cualquier otro factor ajeno a la exclusiva voluntad o mera potestad de la persona.  Es decir, es un riesgo asimilable al accidente o enfermedad que no haya sido declarada como preexistente, por lo que una cláusula de carencia que tenga como fin práctico presumir la mala fe o intención de defraudar a la aseguradora (eximiéndola de la carga de probar ese hecho) iría en contra de los principios que rigen el derecho de contratos y anularía los principios de eficacia o efectividad de la relación asegurativa. Sin embargo, la aseguradora se puede eximir de responsabilidad siempre y cuando demuestre por cualquier medio la reticencia o la intención fraudulenta del tomador, del asegurado o del beneficiario. Pero, se reitera, esta es su carga probatoria y no puede delegarla al usuario de seguros ni siquiera por un periodo determinado, a través de la inclusión de cláusulas abusivas. Por tal razón, la corporación llegó a la conclusión de que, si el suicidio se comete después de que haya vencido el periodo de indisputabilidad o incontestabilidad dispuesto en el contrato, quedará cubierto por el seguro de vida que haya incluido ese riesgo, sin que la aseguradora pueda negar el pago con sustento en la existencia de vicios, reticencias o inexactitudes en la declaración de asegurabilidad. Es bueno precisar que la aseguradora tiene libertad y autonomía para excluir totalmente el riesgo de suicidio.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 54301 de 2018

DECLARAN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO ADELANTADO CONTRA EL EX REPRESENTANTE LEGAL DE FIDUPACÍFICO JORGE ALBERTO LORREDA GARCÉS. Para la Sala cuando se produjo la variación de la calificación jurídica provisional, esto es el 13 de junio de 2017 el Estado ya había perdido la potestad para continuar adelantado el ejercicio de la acción penal y, por tanto, la actuación realizada para proseguir con ella deviene ineficaz; por lo anterior se casa el fallo impugnado en el sentido de disponer la cesación del procedimiento al haberse producido la extinción de la acción penal por prescripción. Casa el fallo impugnado. M.P: José Luis Barcelo

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 61618 de 2018

TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO LAS COPIAS SIMPLES DE ACUERDOS EXTRALEGALES APORTADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 712 DE 2001. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le dio pleno valor probatorio a las copias simples aportadas al plenario tanto de los acuerdos extralegales como la certificación de afiliación del demandante, como quiera que la demanda con la que se dio inicio al proceso fue presentada ante el juez del conocimiento el 26 de enero de 2000, el auto admisorio de la demanda fue proferido el 14 de febrero de 2000 y la audiencia de conciliación y/o de trámite se realizó el 11 de julio de 2001, luego, las anteriores diligencias acaecieron antes de entrar a regir el artículo 24 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 54A del CPTSS, que ocurrió el 8 de junio de 2002, de tal suerte que las reglas dispuestas en el estatuto procesal civil, que la censura consideró infringidas, fueron morigeradas inicialmente por el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 y luego por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, aplicables a los juicios del trabajo, normas vigentes para cuando los documentos en cuestión fueron aportados al expediente.   

Expediente 65194  de 2018

El Ingreso Base de Liquidación de aquellas personas beneficiarias del régimen de transición se calcula como lo dispone la Ley 100 de 1993. En la sentencia en comento la Sala de Casación de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el régimen de transición pensional garantiza la aplicación a sus beneficiarios de las disposiciones legales anteriores a la Ley 100 de 1993 en lo que respecta a; edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la prestación. Contrario al ingreso base de liquidación, el cual necesariamente se debe regir por el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, normativa especial que regula la forma de calcular el Ingreso Base de Liquidación de aquellas personas beneficiarias del régimen de transición. En consideración de lo anterior, la Corporación resolvió NO casar la sentencia. No Casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 52001 11 02 000 2013 00291 01 de 2018

IMPONEN SANCIÓN A JUEZ QUE ORDENÓ CAPTURAR A PROCESADO A PESAR DE ESTAR PRESCRITA LA PENA impuesta. En el presente asunto se investiga la conducta del juez promiscuo de el Tablón de Gómez al ordenar captura de procesado y posterior traslado a la cárcel pese a encontrarse prescrita la pena impuesta, lo cual llevó al procesado a interponer una acción de habeas corpus. Para la Sala la conducta del actor se enmarca dentro de la tipicidad contenida en artículo 153 de la Ley 270 de 1996, que se integran normativamente con los artículos 89 del Código Penal y 2 y 138 del Código de Procedimiento Penal y con ello incurrir en la falta consagrada en el artículo 48 numeral 14 del Código Disciplinario Único, toda vez que su falta al omitir su deber de cuidado frente a los asuntos a que estaba obligado, es de aquellas que afecta el orden social preestablecido. Confirma la sentencia consultada. M.P: Camilo Montoya Reyes.

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 47001 23 33 000 2014 00147 01 (3531-15) de 2019

NO ES PROCEDENTE UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA EXCEPCIÓN COSA JUZGADA, TODA VEZ QUE FUE DECIDIDA EN LA AUDIENCIA INICIAL Y LA MISMA NO FUE OBJETO DE RECURSO. La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que las decisiones tomadas en la audiencia inicial y en general, en la parte oral del proceso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 tienen la misma validez y efectos de las providencias proferidas por escrito. Por ello, tanto el juez, como las partes, deben respetar el debido proceso, en la medida que las providencias dictadas en audiencia, se contradicen en esa etapa procesal y si las partes guardan silencio, se entiende que están conformes. De allí que no sea posible un nuevo estudio posterior de dicho medio exceptivo, porque se entiende que ya fue resuelto mediante providencia debidamente ejecutoriada, contra la cual no se presentaron recursos. Revoca. M.P. William Hernández Góm

Expediente 11001 03 15 000 2018 04657 00  de 2019

ASÍ SE DECIDIÓ TUTELA QUE BUSCABA EXCLUIR VARIAS PREGUNTAS DE LA CONVOCATORIA 27.  Un ciudadano, coadyuvado por varios abogados, presentó recientemente una acción de tutela en contra de la Convocatoria 27, que busca proveer cargos de jueces y magistrados de tribunales en todo el país. Manifestó que presentó la prueba de conocimiento y que durante su desarrollo advirtió que a partir de la pregunta 85 se cambió la identificación de las opciones de respuesta de números (pregunta tipo 2) a letras (pregunta tipo 1), sin que en el cuadernillo se hubiese enunciado de manera clara dicha variación. En su concepto, esta situación generó confusión y dio lugar a interpretaciones y suposiciones que no deben darse en este tipo de pruebas.  “Esto afectó la calificación y el resultado de las pruebas, máxime cuando algunos de los jefes de salón o supervisores lograron informar sobre la inconsistencia, en tanto que otros guardaron silencio al respecto o indujeron al error”, agrega el escrito.  El accionante buscaba el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, solicitó dejar firme el examen de la Convocatoria 27 hasta la pregunta 84, y sin valor las preguntas 85 y subsiguientes. Pero también que se ordenara a las entidades accionadas replantear las preguntas o que fueran sustituidas por otras nuevas.   La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que los accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable que permita flexibilizar la exigencia del requisito de subsidiariedad de la tutela, “mucho más cuando les asiste otro medio de defensa judicial que resulta idóneo para proteger los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.  En palabras de la Sección Segunda, el acuerdo que reglamenta la convocatoria les da a los peticionarios la posibilidad de interponer el recurso de reposición, en el cual pueden manifestar todas las irregularidades descritas.

Expediente 08001 23 31 000 2003 02874 01 (1599-15) de 2018

LOS DERECHOS ADQUIRIDOS COMPRENDEN AQUELLAS SITUACIONES INDIVIDUALES Y SUBJETIVAS QUE SE HAN CONSOLIDADO Y DEFINIDO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY. Estos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones. El artículo 58 de la Constitución Política protege expresamente los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función. Confirmar. MP William Hernández Gómez

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 20001 23 33 002 2014 00114 00 (56679) de 2018

ES POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO LEGAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE UN CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO SE FIJE EN UN TÉRMINO CIERTO QUE NO DEPENDA DE UN EVENTO O CONDICIÓN CONTRACTUAL. En el presente caso debe la Sala determinar si la caducidad de la acción puede iniciarse a partir del acta de entrega de la obra y no de la fecha de terminación del contrato invocada como un pacto contractual. Por lo anterior el despacho considera que, si se fija un plazo a partir de la terminación para efectos de la entrega de la obra, ese plazo puede adicionarse para efectos de ampliar el de la liquidación y, en tal caso, resulta idóneo para ser incluido en el cómputo de la caducidad de la acción, pues la ley procesal establece que los contratos sometidos a liquidación el término de la caducidad se inicia una vez vencido el término de la liquidación. No obstante, si no existe plazo para la entrega de la obra, se entiende que debe realizarse a más tardar en la fecha de terminación del contrato. Como consecuencia, la entrega extemporánea de la obra no extiende ni revive el término de caducidad de la acción.

Expediente 25000 23 26 000 2006 00845 01 (36862) de 2018

LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ESTATAL PUEDE VERSE ALTERADO POR ACTOS Y HECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN O POR FACTORES EXTERNOS A LAS PARTES INVOLUCRADAS. La ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional es decir, la correlación y equivalencia en las prestaciones pactadas al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles, por razones no imputables a las partes.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2018 04260 de 2019

LOS BENEFICIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA SON IRRENUNCIABLES. Actor no estaba obligado a agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad teniendo en cuenta que se han considerado que uno de los beneficios irrenunciables que ostentan los trabajadores es el salario y en esa medida se constituye como un derecho adquirido, lo que a su vez implica que el servidor público o el trabajador no pueden negociar, transigir, desistir o renunciar a un derecho que la ley laboral establezca como mínimo e irrenunciable. Amparar los derechos fundamentales. MP Rocío Araújo Oñate

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil 

Expediente 003 2017 00177 01 de 2018

MIENTRAS UNA PERSONA NO SEA DECLARADA INVÁLIDA SE ENTIENDE QUE TODAVÍA PRESERVA SU CAPACIDAD LABORAL. En relación con el momento que se determina el monto que debe ser pagado el seguro, se ha señalado que debe ser el año en que se estructuró la incapacidad y no cuando se emitió el dictamen, comporta resaltar que no existe equivocación en tener este último como generador de la obligación de pagar, porque el riesgo amparado no se hace patente con la simple y llana estructuración de la enfermedad, requiriéndose, entonces, la declaración de la incapacidad total y permanente que establece y la prueba el siniestro, en la medida que si bien es cierto que la pérdida de capacidad puede presentarse de manera inmediata; sin embargo, existen situaciones en las que la fecha de incapacidad para trabajar no coincide con la de estructuración, posibilidad prevista y resuelta por el artículo 3 del decreto 917 de 1999, que puntualiza que aquella puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. Confirma la sentencia impugnada. M.P: Luis Roberto Suárez González.

 

Colombia Compra Eficiente

Concepto 5808 de 2018

Contratación mediante prestación de servicios con entidades sin ánimo de lucro. La Entidad Estatal contratante es autónoma para adelantar sus procesos de contratación y determinar las condiciones que debe acreditar el contratista, siempre que sean adecuadas y proporcionales a la futura contratación. En la modalidad de contratación directa, la Entidad Estatal debe revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato.