Julio 11 – 15 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 08001 11 02 000 2011 00919 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE OBRAR CON LEALTAD Y HONRADEZ EN LAS RELACIONES PROFESIONALES CON SUS CLIENTES Y OTROS COLEGAS. Durante el procedimiento sancionatorio adelantado el disciplinado tuvo pleno conocimiento de sus conductas contrarias a la ley, ya que confesó haber retenido de manera indebida los dineros que pertenecían a su cliente y a la fecha del inicio de la investigación no los había devuelto; esta conducta se torna contraria a los deberes profesionales del abogado y a la lealtad con el cliente ya que no respetó la honradez ni las obligaciones con su poderdante, y es necesario imponer la respectiva sanción al no observar los preceptos de la Ley 1123 de 2007. Confirma. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. Temas: Lealtad. Dineros. Sanción.

Expediente 08001 11 02 000 2010 01303 01 de 2016.

AL ASUMIR EL ENCARGO PROFESIONAL EL ABOGADO DEBE RENDIR INFORMES DE LA GESTIÓN REALIZADA. El recurso de apelación presentado por el sancionado no puede ser fallado de manera favorable, ya que las pruebas recaudadas durante la investigación permitieron determinar la responsabilidad del abogado al no haber informado a su cliente sobre el pago de la deuda por parte de los demandados, tampoco efectuó la entrega de los dineros recibidos y no rindió ante su cliente y el juzgado donde se tramitaba la demanda, los respectivos informes o reportes sobre los abonos de las deudas que estaban siendo cobradas judicialmente, conductas que son contrarias a la debida diligencia profesional y la honradez del abogado. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Encargo profesional. Informes. Responsabilidad.

Expediente 11001 11 02 000 2012 04026 01 de 2016.

EL PROFESIONAL DEL DERECHO DEBE ATENDER CON CELOSA DILIGENCIA LOS ENCARGOS PROFESIONALES DE SU CLIENTE. El abogado sancionado incurrió en falta al deber profesional al no haber adelantado las gestiones en comendadas por su cliente, ya que a pesar de haber iniciado la demanda y demás trámites abandonó la gestión del proceso sin dar alguna explicación a su poderdante, adicionalmente aceptó la recepción de una suma de dinero por concepto de honorarios pero no rindió los correspondientes informes a su cliente hasta el punto de negar cualquier contacto con el mismo. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Diligencia. Encargos profesionales. Gestión.

Expediente 47001 11 02 000 2016 00003 01 (11766 28) de 2016.

LAS SENTENCIAS PROFERIDAS CON BASE EN NULIDADES INSUBSANABLES CARECEN DE EFECTO ALGUNO. En la acción de tutela estudiada es evidente la existencia de una distribución e interpretación caprichosa de la ley por parte de las corporaciones judiciales, al realizar un reparto equivocado de la acción de tutela teniendo en cuenta que la misma se dirigía contra una decisión del juez, y por lo tanto no podía ser repartida a un despacho distinto del superior funcional de quien dictó la sentencia demandada; esto plantea una nulidad insubsanable que deja sin efectos todo el procedimiento adelantado siendo necesario iniciarlo nuevamente por parte del juez que sí sea competente.Declara. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Nulidad. Reparto. Efectos.

Expediente 63001 11 02 000 2013 00037 01 de 2016.

LA SANCIONES DEBEN SER APLICADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DISCIPLINARIAS QUE REGLAMENTEN EL CARGO DEL INVESTIGADO. Aunque sea deber del juez fallar el recurso de apelación interpuesto, en el caso de existir nulidades que vulneren derechos fundamentales también se encuentra facultado para decidir sobre las mismas, de manera que el procedimiento adelantado en contra del sancionado se hizo de acuerdo al Código Disciplinario Único, sin tener en cuenta que era juez de paz y no un funcionario público, por lo tanto era necesario imponer la sanción conforme a la Ley 497 de 1999 (que regula los jueces de paz), lo cual genera una nulidad que desconoce el debido proceso y el derecho a la defensa del sancionado, siendo deber subsanar tal error por parte del juez. Decreta. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Investigado. Normas disciplinarias. Sanción.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00359 01 de 2016.

LOS RECURSOS PRESENTADOS EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES DEBEN SER DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR PARTE DEL IMPUGNANTE. El recurso de queja en contra de sentencias judiciales es permitido, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siempre que exista un evidente desconocimiento de garantías fundamentales por parte de la autoridad que profirió la decisión impugnada; no obstante el recurso de queja presentado por el disciplinado carece de argumentos o fundamentos normativos que permitan inferir la existencia de vulneración de derechos constitucionales, lo cual impide que el juez entre a analizar un recurso que no cumple con los mínimos requisitos legales para su estudio. Niega. M.P. María Rocío Cortés Vargas. . Temas: Recurso. Requisitos legales. Argumentos.

Expediente 13001 11 02 000 2015 00866 01 de 2016.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD NO PUEDE NEGARSE SI LA MORA EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO ES RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO. Los reclamos presentados por la E.P.S. SANITAS S.A. frente al recurso de tutela interpuesto no son de recibo, ya que si bien argumenta haber dado aplicación al Decreto 806 de 1998 sobre suspensión del servicio en caso de mora en el pago de cotizaciones a seguridad social, también es cierto que se trata de un hecho cuya responsabilidad recae en el empleador quien efectuó las retenciones pero no pagó el aporte a salud del trabajador, y sobre esta clase de situaciones se ha pronunciado la Corte Constitucional al manifestar que si no es responsable el trabajador por la omisión en el pago de cotización al servicio de salud, tampoco es posible suspenderlo ya que implica un desconocimiento de derechos fundamentales. Revoca. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Servicio de salud. Mora. Responsabilidad. Empleador.

Expediente 41001 11 02 000 2013 01016 01 (11650 28) de 2016.

LA MORA JUDICIAL JUSTIFICADA NO PUEDE GENERAR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PARA EL FUNCIONARIO. El investigado, en su calidad de Juez Primero de Familia de Neiva, pudo demostrar que actuó de manera diligente en la continuación del proceso a su cargo si bien no pudo hacerlo dentro del término legal establecido, debido a la alta carga laboral presente en su despacho y que se dio por causas ajenas a su responsabilidad; de manera que la mora judicial que no sea imputable a la negligencia del juez tampoco puede generar sanción por parte de la autoridad competente, siempre que se demuestre el esfuerzo y la debida diligencia del funcionario por realizar los trámites que la ley le ordene. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Mora judicial. Responsabilidad disciplinaria. Negligencia.

Expediente 11001 01 02 000 2015 03772 00 (11646 28) de 2016.

LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA NO PUEDE INVESTIGAR DELITOS QUE VULNEREN DERECHOS FUNDAMENTALES. La existencia de fueros o jurisdicciones especiales para determinados grupos que reconocen la ley y la Constitución, no implica que todos los delitos cometidos por los miembros de estas comunidades sean competencia exclusiva de dichas jurisdicciones, ya que tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional se hace necesario hacer una ponderación entre el delito cometido y la lesión de derechos fundamentales que salgan de la esfera de influencia de la jurisdicción especial que la ley le asigne; de manera que las conductas delictivas en las cuales se desconozcan garantías constitucionales de menores de edad, deben ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. .Temas: Jurisdicciones especiales. Menores de edad. Conductas delictivas. Garantías constitucionales.

Expediente 25000 11 02 000 2014 01105 01 de 2016.

AL ASUMIR EL ENCARGO PROFESIONAL, EL ABOGADO DEBE ACTUAR DE MANERA DILIGENTE Y LEAL A LOS INTERESES DE SU CLIENTE. A pesar de las aseveraciones manifestadas por los sancionados, es evidente no cumplieron con el encargo encomendado por su cliente y generaron una lesión a los intereses del mismo, teniendo pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta; era deber de los profesionales del derecho que en caso de no obtener lo solicitado por su cliente, efectuaran la devolución de los dineros recibidos de manera inmediata pero al no hacerlo, incurrieron en falta a la honradez del abogado establecida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. emas: Encargo profesional. Dineros. Cliente.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 20001 31 03 001 2007 00071 01 de 2016

DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS. El juez tiene el deber de decretar oficiosamente pruebas cuando existe un mandato imperativo que se lo ordena, hipótesis en la cual podrá alegarse la causal quinta de casación. También cuando sean necesarias para establecer hechos relacionados con las alegaciones de las partes o para impedir fallos inhibitorios y evitar nulidades, y adicionalmente, cuando después de la demanda sobreviene un suceso que altera o extingue la pretensión inicial y es demostrado con una prueba idónea que no fue legal y oportunamente aportada al proceso, o si existen elementos de juicio suficientes que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la decisión, de suerte que solo falte completar las pruebas que lo insinúan o incorporar legalmente las que obrando en el expediente, no fueron aportadas oportunamente o con el cumplimiento de los requisitos de ley, eventos en los cuales, la omisión es denunciable bajo la causal primera por error de derecho. No Casa. M.P. Ariel Salazar Ramírez. . Temas: Decreto oficioso. Pruebas. Deber judicial. Causales de casación.

Expediente 25286 31 03 001 2010 00075 01 de 2016

NO SE TIENE CERTEZA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE APLICAN COMO MATERIAL PROBATORIO. De procederse a valorar el contenido material probatorio, se deduce que su poder demostrativo en el presente caso, frente al punto de la existencia del negocio jurídico pretendido por la actora es insuficiente, dado que a pesar de aludir al interés de la remitente del mensaje en procurar un arreglo con la destinataria del mismo acerca de un crédito, la información allí contenida no precisa la fuente de la obligación, y tampoco coincide con los montos señalados en la demanda, ya que en esta se habló de un acuerdo, y en aquel se menciona un arreglo inicial entre las partes por otro valor; además, en la impugnación no se profundiza en el análisis de la probanza para evidenciar su repercusión en el aspecto probatorio del caso, a fin de evidenciar el error, con el carácter ostensible, atribuido al juzgador de segunda instancia. No Casa. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Aplicación. Material Probatorio. Relación Contractual.

Expediente 11001 02 04 000 2016 00415 01 de 2015

NO PUEDE COLEGIRSE EL MENOSCABO DE LA PRERROGATIVA ENUNCIADA, PUES EL PEDIMENTO DEL SUPLICANTE ENTRAÑA UN ASPECTO DE CARÁCTER PURAMENTE JURISDICCIONAL. No se halla por parte de la autoridad convocada irregularidad alguna lesiva de las garantías del promotor, pues, revisado el informe rendido por esta, se encuentra que el 12 de febrero de 2016, emitió auto por medio del cual requirió al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, para que informara la situación jurídica del tutelante en aras de resolver la solicitud de cancelación de la orden de captura. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.Temas: Irregularidad. Situación Jurídica. Cancelación.

Auto 11001 02 03 000 2015 01800 00 de 2016

TRÁMITE DE IMPUGNACIÓN AL PLANTEAR CENSURAS EXCEPCIONALES. Al formular los actos genitores de las censuras excepcionales deberá dar cumplimiento a las exigencias legales especiales consagradas en los cánones 379, 381 y 382 del Código de Procedimiento Civil, así como las generales señaladas en los artículos 75, 76 y 77 ibídem, pues sólo así se hace posible el regular y ordenado desenvolvimiento del trámite de la impugnación. Inadmite. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Censuras. Impugnación. Regulación.

Expediente 66001 31 03 003 2010 00207 01 de 2016

LOS GASTOS RECONOCIDOS EN PROVIDENCIAS NO PUEDEN SER COBRADOS CON POSTERIORIDAD. No hay lugar a reconocer de forma separada al convocado suma alguna por concepto de expensas para la producción, ya que esos gastos se consideraron y dedujeron en el dictamen que sirvió de soporte a la determinación de primer grado. Así las cosas, como del 30 de mayo de 2012 a la fecha de expedición de esta sentencia han transcurrido más de cuatro anualidades, los frutos totalizados por el a-quo serán quintuplicados, para concretarlos hasta el 30 de mayo de 2016. Confirma. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. . Temas: Cobros. Reconocimiento. Dictamen.

Expediente 11001 31 03 017 2010 00587 01 de 2016

LOS FALLOS DEBEN SER SUSTENTADOS EN TODO SENTIDO Y TENIENDO EN CUENTA EL MATERIAL PROBATORIO RESPECTIVO. El fallador no puede resolver una pretensión fincado únicamente en su tenor literal y desconociendo los hechos que le sirven de sustento. Por el contrario, esos acápites deben ser interpretados con armonía, como ha tenido oportunidad de exponerlo la Sala, precisamente, entre otros, en un caso en el cual el funcionario decidió un litigio al margen de las circunstancias relatadas donde lo adujo. No Casa. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. . Temas: Pretensiones. Oportunidad. Circunstancias.

Expediente 11001 02 03 000 2015 01712 00 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA APROBÓ EXEQUÁTUR CONCERNIENTE A UNA RESOLUCIÓN DE DIVORCIO. En el presente caso se otorgará efecto jurídico a la resolución de divorcio, y, en cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordenó la inscripción de ese proveído y de la presente sentencia, tanto en el correspondiente registro civil de matrimonio, como en el de nacimiento del connacional, para los efectos previstos en los artículos 6, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970. Concede. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. . Temas: Aprobación. Matrimonio. Cumplimiento.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 66475 de 2016

NO LE ES DABLE AL JUEZ CONSTITUCIONAL, MODIFICAR PROCEDIMIENTOS O DESCONOCER LOS QUE DE MANERA LEGAL Y PARA LOS CASOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS HAN DETERMINADO LAS ENTIDADES.No se observa una mora injustificada, ni un comportamiento indiferente, negligente o desinteresado por parte de la entidad accionada, cuando las autoridades cuestionadas han actuado dentro del marco de su competencia dando estricto cumplimiento a las normas que rigieron el concurso, las cuales fueron comunicadas y aceptadas por los participantes. Revoca. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Tutela. Concurso de méritos. Procedimientos.

Expediente 46306 de 2016

PRUEBA TESTIMONIAL Y DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS POR TERCEROS NO SON PRUEBA CALIFICADA EN CASACIÓN LABORAL. Como no se acreditó con prueba apta en casación laboral, documento auténtico, confesión o inspección judicial, los yerros fácticos enrostrados por la censura, no es posible que la Sala se adentre en el estudio y critica que el ataque le hizo a la prueba no calificada dentro del recurso de casación. No Casa.M.P. Gerardo Botero ZuluagaTemas: Prueba calificada. Casación laboral.

Expediente 43466 de 2016

CASACIÓN ES EL RECURSO APROPIADO PARA ATACAR SENTENCIA PROFERIDA POR UN TRIBUNAL, MÁXIME CUANDO LO QUE SE CUESTIONA ES LA VALORACIÓN PROBATORIA REALIZADA POR EL JUZGADOR DE INSTANCIA. El accionante ha debido acudir al recurso extraordinario de casación para formular allí sus inconformidades respecto de la decisión adoptada en segunda instancia, a efectos de que fuera el juez natural quien definiera, sobre la discrepancia en torno a la existencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues tal litigio no puede resolverse en sede constitucional, cuando lo que se reprocha es la valoración probatoria, aspectos que debieron ventilarse al interior del proceso ordinario. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Recurso de casación. Valoración probatoria. Improcedencia tutela.

Expediente 66495 de 2016

NO EXISTE VULNERACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN CUANDO SE EMITE UNA RESPUESTA, ASÍ ESTA SE EFECTÚE A TRAVÉS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL. No encuentra la Sala transgresión alguna al derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, toda vez que el motivo de la consulta del accionante fue resuelto por la entidad, junto con todas las peticiones que oportunamente fueron presentadas, a través de acto administrativo debidamente notificado, advirtiendo que la elevada por el actor fue posterior al pronunciamiento de la entidad, pero en todo caso pudo haber encontrado allí la respuesta a su inconformidad. Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Derecho de petición. Tutela. Acto administrativo.

Expediente 66595 de 2016

TUTELA NO ESTÁ LLAMADA A DESCONOCER LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES CUANDO NO SE ADVIERTE EL QUEBRANTAMIENTO DE DERECHOS DE RANGO SUPERIOR. En innumerables pronunciamientos la Corte ha señalado que la acción de tutela tiene por objeto enmendar evidentes yerros que conduzcan a la vulneración de derechos constitucionales, pero que no es admisible su concesión cuando las partes lo que exteriorizan es una divergencia de criterio, o una particular apreciación probatoria. Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Tutela. Providencias judiciales. Procedencia. Vía de hecho.

Expediente 45050 de 2016

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO AL REAJUSTE PENSIONAL POR INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES SALARIALES. La seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado Social de Derecho. Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. . Temas: Imprescriptibilidad. Reajuste pensional. Inclusión. Factores salariales.

Expediente 66663 de 2016

NO ES POSIBLE QUE MEDIANTE LA TUTELA SE ESTUDIEN ASPECTOS ACAECIDOS EN OTRO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. No es procedente el uso de la acción de tutela cuando se trata de controvertir decisiones proferidas dentro de una acción de hábeas corpus, mucho menos cuando los hechos, fundamentos y pretensiones de ésta son los mismos que se invocan como sustento de la acción de amparo, situación que no permite que a través de la figura consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política se realice un nuevo estudio de la situación fáctica planteada y de la normatividad aplicable. Confirma M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Hábeas corpus.

Expediente 46636 de 2016

COMO REGLA GENERAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO LOS ÚNICOS ACUERDOS QUE DEBEN SER DEPOSITADOS SON LOS QUE EMANAN DE UN CONFLICTO COLECTIVO. Un convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, quieran regular algunas condiciones laborales, no contraviene las relaciones obrero patronales siempre que no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores. Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Acuerdos extraconvencionales. Depósito. Autonomía de la voluntad. Condiciones laborales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 46243 de 2016

INAPLICABILIDAD DEL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA. Si bien el numeral primero del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 prevé como requisito para conceder la prisión domiciliaria, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho años de prisión o menos, en este caso no procede la concesión de la prisión domiciliaria al amparo de dicho ordenamiento, teniendo en cuenta que el numeral segundo del mismo precepto dispone que este instituto se aplica siempre y cuando no se trate de enriquecimiento ilícito de servidor público. Declara. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Requisitos. Enriquecimiento Ilícito. Inaplicabilidad.

Expediente 84774 de 2016

LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO RESPECTO DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO ES DEL RESORTE DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, MIENTRAS QUE LA CANCELACIÓN ESTÁ ATRIBUIDA AL JUEZ DE CONOCIMIENTO. No se accede al pedimento de la juez accionada atinente con la revocatoria del numeral cuarto del fallo que dispuso la compulsa de copia para que se investigara una eventual falta disciplinaria, sencillamente porque se trata de un asunto no susceptible de recursos. De esta manera, suficientes se muestran los argumentos señalados para concluir que el fallo recurrido tuvo que ser confirmado. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Revocatoria. Recursos. Argumentos.

Expediente 86093 de 2016

ADENTRARSE LA CORTE EN EL FONDO DEL ASUNTO SERÍA INMISCUIRSE INDEBIDAMENTE EN LA COMPETENCIA DE LOS JUECES NATURALES Y SOBRE EL CUAL EXISTEN OTROS MEDIOS DE DEFENSA. En el evento de persistir una determinación contraria a sus intereses, esto es, una sanción disciplinaria, el libelista cuenta con la posibilidad de deprecar la nulidad de este acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, vías judiciales eficaces que desplazan la acción de amparo, incluso como dispositivo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Confirma. M.P. Gustavo Enrique Malo FernándezTemas: Intereses. Jurisdicción. Competencia.

Expediente 86225 de 2016

SE HACE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO: EL JUEZ DE TUTELA NO PUEDE DESCONOCER LAS INSTANCIAS PROPIAS DEL JUEZ NATURAL. En el presente caso, la tutela es improcedente, ya que según lo informado por las partes accionadas, el proceso está en trámite, por lo cual el actor tiene como escenario natural las diligencias penales, dentro de la cual podrá interponer los recursos ordinario previstos en la ley, pues se observa que está pendiente de ser resuelto el recurso de apelación que interpuso su apoderado contra la decisión del Juzgado, que precluyó la investigación contra las personas que denunció por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Niega. M.P. Eyder Patiño Cabrera. . Temas: Improcedencia. Preclusión. Fraude Procesal.

Expediente 86032 de 2016

PUEDE DIRIGIRSE EL LIBELISTA ANTE EL JUEZ DISCIPLINARIO DEL FUNCIONARIO, Y PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE QUEJA CON EL FIN DE QUE SEAN TOMADOS LOS CORRECTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. La ley otorga mecanismos al peticionario para que pueda hacer cumplir los plazos dentro de la actuación, con la finalidad de resguardar el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, luego surge diáfana la imposibilidad de tomar la vía de la tutela para eventos como el presente, al no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad inherente a este mecanismo. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salaar Otero.  Temas: Dilaciones. Subsidiariedad. Imposibilidad.

Expediente 86033 de 2016

LA SITUACIÓN QUE DIO LUGAR A LA INTERPOSICIÓN DE LA PETICIÓN DE AMPARO SE ORIGINÓ DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA ACCIONANTE PARA EFECTUAR LOS REGISTROS DE LAS ESCRITURAS. Cotejadas la demanda y las pruebas allegadas al expediente, no obran razones suficientes para modificar o derruir el fallo de primera instancia conforme lo pretende el recurrente, debiéndose en consecuencia, desestimar sus argumentos al no ostentar la entidad suficiente para emitir una decisión de acuerdo con sus intereses. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Pruebas. Registros. Argumentos.

Expediente 86146 de 2016

NO PROMOVIÓ EL CORRESPONDIENTE INCIDENTE DE NULIDAD, ESCENARIO IDÓNEO PARA DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE LAS ACTUACIONES QUE SE CUESTIONAN ESTÁN VICIADAS. Es deber del recurrente exponer los argumentos por los cuales estima equivocada la determinación y a su vez obligación del funcionario analizarlos y luego de ello dictar la que en derecho corresponda, que bien puede acoger lo expresado por el recurrente y nulitar la actuación o en últimas impartirle legalidad. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Determinaciones. Funcionarios. Nulidad.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 287 de 2016

DERECHO A LA SALUD NO PUEDE SUSPENDERSE O RESTRINGIRSE COMO CONSECUENCIA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. En la medida en que el derecho a la salud de los internos no puede limitarse como consecuencia de la reclusión y que esta circunstancia tampoco puede generar discriminaciones respecto a la calidad y alcance de la atención médica, la prestación del servicio de salud en los establecimientos carcelarios también se rige por el principio de integralidad, de acuerdo con el cual el servicio comprende: “ todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la paciente”. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. . Temas: Derecho a la salud. Privación de la libertad. Internos. Prestación de servicios.

Sentencia T 294 de 2016

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO E INCORPORACIÓN AL SERVICIO MILITAR. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el consentimiento informado no consiste únicamente en la entrega de folletos informativos y formatos contentivos de datos que, en algunas ocasiones, los aspirantes a prestar el servicio militar pueden no comprender. En este sentido, no es suficiente que la información se brinde de forma mecánica o procedimental, sino que el funcionario a cargo debe evaluar el grado de comprensión y percepción del aspirante, lo que solo se presenta a través de una interacción abierta que reduzca las barreras de la comunicación que se presentan en los diferentes niveles educativos, culturales y socioeconómicos. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Consentimiento informado. Procedimientos de reclutamiento. Incorporación. Servicio militar.

Sentencia T 245 de 2016

EL DERECHO A GOZAR DE UN RECURSO NATURAL TIENE LÍMITES FIJADOS POR LA CONSERVACIÓN DEL MISMO Y EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE.  Dado que no se satisface cabalmente el elemento de disponibilidad entendido como sostenibilidad del agua, la Sala considera necesario dar algunas órdenes para que se garantice la dimensión de sostenibilidad del agua. Además, bajo el entendido del concepto amplio de la tutela, la Sala estima adecuado emitir algunas órdenes de protección de los derechos y los recursos naturales. Confirma. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Órdenes. Sostenibilidad. Satisfacción.

Sentencia T 266 de 2016

ESTADO DEBE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD POR SU RELACIÓN DE ESPECIAL SUJECIÓN. El derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la misma connotación de fundamental y genera la misma obligación Estatal de satisfacción, no sólo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación especial de sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.. Temas: Derecho a la salud. Personas privadas de la libertad. Especial sujeción. Estado.

Sentencia T 277 de 2016

LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA AFECTA EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. La Sala ordenó a la Universidad del Cauca que incluya en su reglamento medidas que le permitan a otros estudiantes que se encuentran en una situación similar a la del actor, solicitar la reliquidación del valor de la matrícula cuando por circunstancias posteriores a la fijación de ella, se compruebe con una prueba clara y fehaciente que sus condiciones sociales se han modificado al punto tal que de no reconsiderarse tal valor, la consecuencia necesaria sería su deserción de la Universidad. Revoca. M.P. Alejandro Linares Cantillo. . Temas: Restricción. Reglamento. Fijaciones.

Sentencia C 192 de 2016

LAS PRERROGATIVAS DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE USOS DE SUELO SE TORNA INCONSTITUCIONAL. En criterio de la Corte el legislador no podía consagrar la intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, frente a los cambios que se introduzcan respecto al uso del suelo por parte de los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución y la protección y defensa del interés general por encima de intereses particulares. Inexequible. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. . Temas: Prerrogativas. Uso del Suelo. Intangibilidad

Sentencia C 202 de 2016

NO SE CUMPLIÓ DE MANERA OPORTUNA CON EL TRÁMITE FINAL DE UNA LEY, CON LA GRAVE CONSECUENCIA DE QUE DEBE SER EXCLUIDA DEL ORDENAMIENTO POR LA VIOLACIÓN CLARA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Proyecto de ley que adoptaba el Código de Ética de la profesión de bibliotecología y modificaba la ley 11 de 1979. La Sala comprobó que el trámite del texto rehecho de conformidad con las objeciones gubernamentales y la sentencia de la Corte Constitucional superó el plazo de dos legislaturas, consagrado en el artículo 162 de la Carta Política, lo cual genera un claro vicio de inconstitucionalidad por motivos de procedimiento legislativo. Declara inexequible. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  Temas: Objeciones. Plazo. Procedimiento.

Sentencia T 143 del 2016

PARÁMETROS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO DEBEN SER APLICADOS A LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. La garantía del debido proceso no puede contraerse solamente a las actuaciones de las autoridades, sino que también se predican de los particulares cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos. En estos casos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. Revoca parcialmente M.P. Alejandro Linares Castillo Temas: Tutela. Debido proceso. Relaciones entre particulares. Garantías. Proceso sancionatorio.

Sentencia T 168 de 2016

DESCUENTOS SOBRE EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES SON PERMITIDOS SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS MÁXIMOS LEGALES. Ello a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, especialmente al mínimo vital y a la vida digna. Le asiste al empleador una obligación legal, clara y ligada indisolublemente al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, y es la de priorizar y computar los descuentos que le aplicará a los salarios de los trabajadores, por una parte, los que tienen origen en una orden judicial según las reglas de prelación de créditos que se señale en el oficio de embargo y, por otra parte, los autorizados expresamente por el trabajador.Revoca. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Descuentos. Salario. Máximos legales.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 08001 23 33 004 2015 00028 01 de 2016

LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DEMERITA EL ESTUDIO DE OTRO TIPO DE PRETENSIÓN. Teniendo en cuenta que se encuentra demostrado que la demanda incoada por la actora caducó y ello trae como consecuencia la terminación anticipada del proceso, no será necesario resolver lo referente a la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la recurrente. En consecuencia y como quiera que la demanda se presentó el 2 de febrero de 2011, es claro que para ese momento la acción ya había caducado. Revoca. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Caducidad. Legitimación. Pretensión.

Expediente 25000 23 41 000 2012 00304 01 de 2016

EL RÉGIMEN DE CÁLCULO DE LA OBLIGACIÓN DEL 1% DE LA INVERSIÓN FORZOSA TIENE FUNDAMENTO EN EL PROYECTO A DESARROLLAR Y NO EN EL VOLUMEN DEL AGUA QUE UTILICE. La actora en su recurso se limitó a expresar que la inversión que realizó como parte del Plan de Manejo Ambiental que fue demostrado por los peritos contable y de medio ambiente, debió ser contabilizada para probar el cumplimiento del 1% de la inversión de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, lo cual, fue desacertado, motivo por el cual, en este sentido, la Sala confirmó el fallo apelado. Confirma. M.P. María Elizabeth García González. Temas: Inversión. Contabilización. Manejo.

Expediente 08001 23 31 000 2010 00626 01 de 2016

CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA POR HABER SIDO CONSUMIDA, DESTRUIDA, TRANSFORMADA O PORQUE NO SE HAYA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA, PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN. Se encuentra plenamente justificada la sanción impuesta por la DIAN a M.V. AUTOMÓVILES & CIA LTDA, pues se verificó la existencia de dos facturas, de distinto número, fecha y valor, expedidas sobre la misma mercancía declarada. Ello de paso, permite constatar que la DIAN no violó el debido proceso de M.V. AUTOMÓVILES & CIA LTDA, pues con base en documentación que obró en el expediente, oportuna y legalmente allegada al proceso, expidió los actos acusados. Revoca. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.  Temas: Sanción. Debido Proceso. Mercancía.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00029 00 de 2016

AL TRATARSE DE UNA ACCIÓN DE NULIDAD EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE CINCO AÑOS SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ EL REGISTRO MARCARIO.Cuando a la fecha de presentación de la demanda se excede el término de caducidad de cinco años, pues en esos casos debe mirarse cuando se deben entender por notificados los terceros en general del acto que se acusa, ya que para unos será la notificación y para otros la publicación de la concesión del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial; resultaría un rigorismo excesivo exigir la certificación de notificación y ejecutoria de las resoluciones demandadas, que para este caso no resulta relevante. Revoca. M.P. María elizabeth García González.  Temas: Términos. Caducidad. Concesión.

Expediente 11001 03 24 000 2006 00226 00 de 2016

LA SOCIEDAD DEMANDANTE DEMOSTRÓ QUE SOLICITÓ EL REGISTRO MARCARIO CON ANTELACIÓN LO CUAL NO DEJA DUDA RESPECTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD. Teniendo en cuenta que la consecuencia del desconocimiento del principio de prioridad en materia de propiedad industrial, constituye causal de irregistrabilidad, al haberse presentado una solicitud posterior de registro como marca de un signo similar a otro cuyo registro ya había sido solicitado, para productos o servicios de la clase 9 internacional que por su relación pueden causar confusión en el público, hay lugar a declarar la nulidad de la resolución acusada que dispuso el registro de la marca PRIME (mixta) de la clase 9 internacional, a Pinturas Prime S.A. Declara. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. . Temas: Prioridad. Registro. Confusión.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 15 000 2016 00387 00 de 2016

NO ES NECESARIO EXPRESAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE DESVINCULA A UN OFICIAL DE LA POLICÍA BAJO LA CAUSAL DE LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. Sin embargo, ello no puede conducir a que esa figura se utilice como una herramienta de discriminación o persecución, hipótesis que configuraría una desviación de poder que afectaría la validez del acto administrativo de retiro el cual sería, entonces, susceptible de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta Corporación ha indicado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses. De igual manera, por regla general se ha sostenido que el ordenamiento jurídico no impone la obligación de motivar el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, ya que se presume expedido con la finalidad modificar la planta de personal de la Institución en aras de efectivizar sus funciones. Tutela C.P. Gerardo Arenas Monsalve Temas: Desvinculación. Llamamiento a calificar servicios. Acto administrativo.

Expediente 00133 33 010 2013 00134 01 (3828 4) de 2016

SE UNIFICA JURISPRUDENCIA EN TORNO AL RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA DE SERVICIOS A LOS DOCENTES OFICIALES. En aplicación de la Ley 91 de 1989, artículo 15, los docentes oficiales nacionalizados, antes territoriales, que venían devengando la prima de servicios porque la entidad territorial a la cual estaban adscritos la creó, a través de una norma de carácter territorial vigente a la fecha de expedición de la citada ley, y en todo caso, expedida de acuerdo al respectivo marco de competencias constitucional y legal, la seguirán percibiendo, pues la voluntad del legislador plasmada en dicha norma, consistió en respetar los derechos adquiridos de los maestros públicos que estuvieran en la situación descrita. Unifica. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Prima de servicios. Docentes oficiales. Factor salarial. Unificación de jurisprudencia.

Expediente 47001 23 33 000 2012 00017 01 (2932 13) de 2016

SANCIÓN MORATORIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS ANUALIZADAS. Su reconocimiento es procedente así el empleado público se encuentre retirado del servicio y en relación al último año de servicio se aplica las normas de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Revoca C.P. Luis Rafael Vergara Quintero Temas: Cesantías anualizadas. Sanción moratoria. Empleado público. Retiro del servicio. Cesantías definitivas.

Expediente 19001 23 31 000 2010 00200 01 (3988 13) de 2016

SANCIÓN MORATORIA NO ES APLICABLE A LA DEMORA EN QUE INCURRA LA ADMINISTRACIÓN, CON OCASIÓN DEL PAGO DE CESANTÍAS ORDENADAS POR SENTENCIA JUDICIAL. La Ley 244 de 1995 es precisa en fijar los términos con que cuenta el empleador para expedir el acto administrativo y pagar las cesantías definitivas a sus trabajadores cuando termina la relación laboral, pero en modo alguno esa disposición puede hacerse extensiva a las cesantías que se ordenan pagar en una sentencia judicial, pues aunque tal decisión haya prolongado en el tiempo la relación laboral y, en casos como el del actor, modifique la fecha de finalización de la misma, los valores que surgen del cumplimiento de la sentencia están sometidos a la norma contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo. Revoca. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.. Temas: Sanción moratoria. Pago de cesantías. Condena judicial. Administración.

Expediente 19001 23 33 000 2012 00605 01 (1948 14) de 2016

ÚNICAMENTE LOS DOCENTES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ORDEN TERRITORIAL O NACIONALIZADAS VINCULADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980, TIENEN DERECHO A LA PENSIÓN GRACIA. Ello conforme lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, siempre que en todo caso acrediten los requisitos exigidos señalados en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, es decir, que en el empleo se hayan desempeñado con honradez y consagración, que no hayan recibido ni reciban actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, y que acrediten 20 años de servicio en planteles educativos del orden municipal o departamental. Confirma.C.P. Gerardo Arenas Monsalve. . Temas: Pensión gracia. Docentes. Requisitos.

Expediente 11001 03 25 000 2014 00794 00 (2480 14) de 2016

CRITERIO FRENTE A LA COSA JUZGADA CUANDO EL ASUNTO SE CONTRAE A UNA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL. Por tratarse del derecho pensional, el cual por su naturaleza es considerado como una prestación periódica, bien puede el titular de la prestación solicitar que se le reliquide su mesada cuantas veces quiera, ante la administración y la jurisdicción contenciosa administrativa, previo agotamiento de los recursos correspondientes. Revoca. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Temas: Cosa juzgada. Reliquidación pensional. Factores salariales.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 52001 23 31 000 2008 00451 01 (40603) de 2016

SUCESIÓN PROCESAL EN RAZÓN DE LA SUPRESIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Teniendo en cuenta que el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesa, le corresponderá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado asumir la sucesión del DAS, en los casos residuales donde no competa en razón de las funciones asumirla a las demás entidades de la Rama Ejecutiva. Reconoce y exhorta. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Sucesión procesal. Supresión DAS. Competencia. Procesos. Reclamaciones.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00079 01 (40303) de 2016

DE LA INCORPORACIÓN LABORAL AL CULMINAR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La incorporación laboral de una persona que ha estado privada de la libertad no se da de inmediato a su salida, circunstancia esta que ha llevado al Consejo de Estado, con apoyo en datos de econometría laboral, a considerar por vía de presunción un margen razonable de tiempo, que se agrega al reconocimiento de lucro cesante. Revoca. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.Temas: Incorporación. Presunción. Econometría.

Expediente 13001 23 31 000 2001 00506 01 de 2016

EL DAÑO SOLO SE HA DE RECONOCER A FAVOR DE LA VÍCTIMA DIRECTA. Tratándose del daño producido como consecuencia de la afectación específica al derecho al acceso a la administración de justicia cuando se ve afectado por la prescripción extintiva, se ha estimado que la indemnización corresponda a 40 salarios mínimos legales mensuales, por lo que se considera justo y equitativo aplicar ese mismo criterio a casos similares. Modifica. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Temas: Afectación. Prescripción. Indemnización.

Expediente 73001 23 31 000 2006 01944 01 de 2016

CON EL VALOR SMLMV PARA LA ÉPOCA DE LO OCURRIDO SE REALIZARÁ EL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE. Comoquiera que en el proceso no obra elemento de prueba que permita establecer el monto mensual que devengaban los demandantes, se acudirá a la presunción de que las referidas actividades productivas les generaban como ganancia un salario mínimo legal mensual, el cual, para la época de la detención -año 2004-, equivalía a $ 358.000, monto por el cual se hará el reconocimiento del lucro cesante. Revoca. M.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Presunción. Reconocimiento. Ganancia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 37 000 2013 00041 01 (21681) de 2016.

EL COBRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOLO PUEDE HACERSE SI EL CONTRIBUYENTE EJERCE ACTIVIDADES GRAVADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. Tal como lo manifestó la parte demandante, tenía registrado en el municipio de Cota (Cundinamarca) un establecimiento en el cual se efectuaban las ventas a los clientes que se desplazaban desde la ciudad de Bogotá, por lo tanto no hay lugar al cobro del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital ya que no se ejercen actividades gravadas en el territorio de la ciudad; adicionalmente y de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la presencia de personal de la empresa demandante que contacta a los clientes de la ciudad no implica la existencia de actividades comerciales, ya que tanto las condiciones de compra como el precio eran fijados en el municipio antes mencionado. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Actividades gravadas. Jurisdicción. Entidad territorial.

Expediente 25000 23 37 000 2015 00309 01 (21980) de 2016.

LA INTERPOSICIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS MEDIOS DE CONTROL EN CONTRA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERA EL RECHAZO PARTE DEL JUEZ. Contra los actos administrativos de carácter particular procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que así lo dispone la Ley 1437 de 2011, y contrario a lo que reclama la parte demandante el medio de nulidad simple no era el idóneo para atacar las decisiones de la entidad administrativa demandada; adicionalmente no se interpuso la respectiva nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación o notificación del acto administrativo, lo cual genera que el juez decrete el rechazo de plano de cualquier demanda por ser extemporánea. Confirma. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Extemporánea. Rechazo de plano. Medio de control.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00065 01 (20351) de 2016.

NO SE PUEDE NEGAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS CUANDO EL CONTRATO FUE DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Respecto del impuesto sobre la renta y los gastos en que incurrió la sociedad demandante, que inicialmente fueron desconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es necesario aclarar que el contrato de franquicia objeto de discusión fue registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aunque haya sido de manera extemporánea; a pesar de lo anterior no hay un término obligatorio para efectuar la renovación del registro y las normas fiscales no contemplan, que como consecuencia del no registro el contribuyente pierda el derecho a deducir los gastos incurridos. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Contrato de franquicia. Registro. Gastos. Desconocidos.

Expediente 13001 23 31 000 2012 00369 01 (21688) de 2016.

LAS AUTORIDADES ESTATALES NO PUEDEN EXIGIR A LOS CONTRIBUYENTES NINGÚN TRÁMITE ADICIONAL QUE LA LEY NO CONTEMPLE. Respecto de la discusión sobre la firmeza de las declaraciones del impuesto de industria y comercio entre las partes, señala el Consejo de Estado que en la ciudad de Bogotá no existe la obligación de presentar anualmente el tributo antes mencionado, y otorga la posibilidad de presentarlo en declaraciones bimestrales con el incentivo de poder descontar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el modo que indiquen las normas distritales, opción a la cual se acogió a la parte demandante y a la cual tenía pleno derecho de modo que la Administración Distrital, al exigir la corrección y presentación anual del impuesto, está desconociendo las normas bajo las cuales deben regir sus actuaciones. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Contribuyentes. Trámite. Actuaciones.

Expediente 25000 23 27 000 2009 00076 01 (19819) de 2016.

LOS ACTOS DE TRÁMITE NO SON SUSCEPTIBLES DE CONTROL JURISDICCIONAL POR PARTE DEL JUEZ ADMINISTRATIVO. La nulidad del acto que pretende la parte demandante no cumple con los requisitos exigidos por las normas tributarias y contencioso administrativas, ya que se trata de un acto que concede un recurso de apelación y por lo tanto se trata de una decisión de trámite, más no de fondo como señala el apelante, razón por la cual no es susceptible de demanda ante el juez contencioso administrativo ya que no crea ni modifica situaciones adversas al deudor. Modifica. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Actos de trámite. Control jurisdiccional. Apelación.

Expediente 25000 23 27 000 2010 00142 01 (19499) de 2016.

SI EL CONTRIBUYENTE ASUME LA CANCELACIÓN DE TRIBUTOS QUE NO DEBÍA PAGAR, PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO A LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. La suscripción del régimen de estabilidad jurídica por parte de la entidad financiera demandante le otorgaba el beneficio, de no ser obligado a pagar el gravamen a los movimientos financieros durante la duración del contrato celebrado entre las partes y que fue reconocido en sentencia judicial anterior, por lo tanto al asumir el pago de lo no debido es procedente solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad encargada del recaudo y administración del tributo, la devolución de las sumas de dinero debidamente indexadas debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Tributos. Pago de lo no debido. Régimen de estabilidad jurídica.

Expediente 08001 23 33 000 2013 00167 01 (21040) de 2016.

LOS ERRORES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRIBUYENTE. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al adelantar el proceso sancionatorio por no presentar información exógena, desde la respuesta al pliego de cargos por parte la empresa requerida, tenía conocimiento de que la información solicitada fue presentada en debida forma y por lo tanto se atendieron los requerimientos de la entidad estatal; de manera que no había lugar a proseguir con el trámite al no configurarse el hecho sancionable, máxime cuando al inicio del procedimiento se tenía pleno conocimiento de que no se trataba de omisión en la presentación de información, sino de errores en la misma lo cual permitía subsanarla en debida forma. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. . Temas: Pliego de cargos. Información. Errores.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 05001 23 33 000 2015 01690 00 de 2016

EL DESACATO INJUSTIFICADO DERIVA EN UNA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. Dado que aún persiste su responsabilidad subjetiva por el desacato injustificado a las órdenes de amparo, la Sala confirmó la sanción impuesta al comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional. Por lo tanto, considera la Sala ajustada la sanción impuesta por cuanto existió responsabilidad subjetiva del funcionario encargado del cumplimiento del fallo de tutela proferido por esta Sección, al no acreditar su acatamiento dentro del término otorgado, ni presentó justificación admisible para tal conducta omisiva. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.. Temas: Desacato. Responsabilidad. Acatamiento.

Expediente 11001 03 28 000 2014 00117 00 de 2016

LA ILEGALIDAD DEL ESCRUTINIO AMERITA INVESTIGACIONES DE TIPO PENAL. En el presente caso la Consejera determinó que, por Secretaría de la Sección, se oficie a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía, a la PGN y al CNE, para que certificar si alguno o algunos de los computadores utilizados durante la jornada de escrutinios en las elecciones de Congreso de la República, 2014-2018, fueron incautados, retenido o afectados de alguna manera, en caso afirmativo, se facilite su inspección y revisión por parte de los peritos del CTI, de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se requiere a la RNEC, para que, por su intermedio, los contratistas encargados de la ejecución del contrato de escrutinios certifiquen sobre los hechos antes mencionados. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. . Temas: Escrutinio. Certificación. Investigación.

Expediente 11001 03 15 000 2015 01366 01 de 2016

LA INCURSIÓN EN EL DEFECTO PROCEDIMENTAL CONFIGURA LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. Se ampararán los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, por cuanto está demostrado que la providencia cuestionada del Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto procedimental al abstenerse de condenar a la Sociedad Cardiovascular del Caribe y negar las pretensiones de la demanda, so pretexto de no tener competencia para ello, cuando ciertamente sí la tenía como resultado de la apelación del Hospital demandado que señaló que el daño fue causado por la referida Sociedad. Revoca. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Resultado. Incursión. Defecto.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 11001 03 15 000 2001 01040 01 de 2016

ES IMPROCEDENTE ACTIVAR DE MANERA EXCEPCIONAL LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SOMETER A EXAMEN CUESTIONES Y DOCUMENTOS QUE DEBIERON SER APORTADOS CON LA DILIGENCIA INICIAL.Para la Sala es claro que la causal 2 del artículo 188 del C.C.A, en el presente asunto no se configuró, en tanto que el documento mencionado por el recurrente no cumple la connotación de prueba recobrada, no se encontraba refundido o extraviado, y no se presentó una imposibilidad de aportarlo por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. En consecuencia, la Sala desestimó el recurso extraordinario de revisión. Desestima. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Examen. Revisión. Imposibilidad.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

Expediente 001 2015 0015 02 de 2016

LA APELABILIDAD DE PROVIDENCIAS DEBE HACERSE BAJO LOS CRITERIOS NORMATIVOS QUE LA REGULA. Toda sentencia judicial podrá ser apelada salvo las excepciones que consagre la Ley, luego toda duda de interpretación debe resolverse en favor de ese postulado, que hace parte cardinal del debido proceso. Por ende, si la apelabilidad de las sentencias es la regla, no puede el intérprete deducir la inapelabilidad por vía interpretativa, menos aún para ensanchar una excepción. Admite. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. . Temas: Interpretación. Excepción. Inapenabilidad.

Expediente 11001 31 03 040 2002 00063 02

LA FALTA DE JURISDICCIÓN INHABILITA EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS QUE FRENTE A LAS PROVIDENCIAS SE IMPONGAN. No resulta viable entrar a estudiar los medios exceptivos formulados por los demandados, por la falta de jurisdicción frente a las pretensiones dirigidas contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, lo que conduce a una inhibición parcial, como a la sazón lo dispuso el juez de primera instancia. Razón por la cual hubo que negarse la solicitud de nulidad formulada por la parte demandante. Niega. M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora. Temas: Providencias. Solicitud. Inhibición.

Expediente 008 2016 00086 01 de 2016

EL DERECHO DE AMPARO SÓLO PROCEDE PARA DETENER O IMPEDIR LA VIOLACIÓN O AMENAZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Aunque no aparece probado que la secretaria le hubiere remitido a la previsora el acto administrativo, con la constancia de ejecutoria, no puede perderse de vista que ese envío sólo puede darse tras la firmeza de la resolución, sin que, además, la tutela sirva al propósito de materializar el pago de la prestación. Razón suficiente para declarar que no existió vulneración al debido proceso. Confirma. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. Temas: Materialización. Constancia. Propósito.

 

Congreso de la República

Ley 1796 de 2016

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DEL COMPRADOR DE VIVIENDA. El incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y registro y se dicta otras disposiciones.

Ley 1797 de 2016

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 Ley 1793 de 2016

Sancionada ley que permite a usuarios disponer de todo el dinero que tengan en cuentas de ahorros.

Ley 1786 de 2016

MEDIDAS DE DETENCIÓN PREVENTIVA CAMBIARÁN. Congreso de la República modificó el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, el cual no podrá exceder de un año. Sin embargo, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse. Temas: Cambio. Prevención. Detención.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10537 de 2016

SE CREAN UNOS CARGOS CON CARÁCTER TRANSITORIO. Consejo superior de la Judicatura ordenó crear con carácter transitorio, a partir del 5 de julio y hasta el 19 de diciembre de 2016, en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, los cargos que se enuncian en el presente documento. Temas: Creación. Cargos. Aprobación.

Acuerdo 10538 de 2016

CREACIÓN DE CARGOS EN LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Consejo Superior de la Judicatura ordenó crear con carácter transitorio, a partir del 5 de julio y hasta el 19 de diciembre de 2016, 2 cargos de Sustanciador en la Presidencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Temas: Cargos. Creación. Orden.

Procuraduría General de la Nación

Concepto 6130 de 2016

DEL ANÁLISIS DE EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO CIVIL. Caracterización de los hijos legítimos y matrimoniales. Teniendo en cuenta que la confusión puede radicar no tanto en la posibilidad de referirse a distintos tipos de hijos, sino más bien en el vocablo “legítimos”, en la medida en la que efectivamente no existen los hijos legítimos, una expresión que podría ajustarse mejor a los cánones constitucionales sería hablar de hijos “matrimoniales”, motivo por el cual, como pretensión subsidiaria se solicitó que se declarara la expresión “legítimo” y fuera sustituida por el término “matrimonial”. Temas: Confusión. Análisis. Exequibilidad.

 

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas

Resolución 1356 de 2016

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS PARA EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN. Agencia colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas consideró necesario armonizar las condiciones, características, montos, requisitos, obligaciones y límites para el otorgamiento de los beneficios socioeco­nómicos conforme al enfoque multidimensional de la ruta de reintegración y a los criterios que rigen el proceso de reintegración que diseña y ejecuta la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Temas: Obligaciones. Reintegración. Beneficios.

 

Ministerio de Trabajo

Concepto 84267 de 2016

CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL EMPLEADOR. En estos eventos el empleador no solo se hace acreedor a las sanciones por la inspección, vigilancia y control, realizada por las autoridades del Ministerio de Trabajo, sino que debe responder por las prestaciones económicas y asistenciales que de haber afiliado al trabajador, respondería el sistema a través de la Administradora de Riesgos Laborales. Temas: Afiliación. Sistema de seguridad social. Omisión. Sanciones. Prestaciones económicas y asistenciales. ARL.

Concepto 93081 de 2016

PENSIONADOS COTIZANTES NO TIENEN DERECHO A LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL. La EPS no tiene la obligación de pagar la incapacidad médica a una persona que ya goza de su pensión, pues el objeto de la misma es que el trabajador tenga un auxilio durante el tiempo en el cual no pueda laborar, es por esto que al estar pensionado se presume que no trabaja y que por medio de su mesada pensional, suple de manera segura sus necesidades.  Temas: Pensionados cotizantes. Prestaciones económicas. Incapacidad.

 

Ministerio de Defensa Nacional

Comunicado de Prensa 8 de 2016.

EL CONSEJO DE ESTADO CONDENÓ A LA NACIÓN POR ABUSO DE AUTORIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. Debido a hechos presentados el 11 de marzo de 1999, en el cual unos agentes de Policía de Dosquebradas (Risaralda) golpearon y retuvieron de manera indebida a un ciudadano por no respetar el horario de circulación de motocicletas, el Consejo de Estado decidió condenar a la Nación por los perjuicios causados pero redujo la condena ya que el afectado presentó una actitud retadora a los integrantes de la Policía, si bien esto no constituye un eximente de responsabilidad para el Estado. Temas: Consejo de Estado. Perjuicios. Condena. Agentes de Policía.