Julio 18 – 22 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00188 00 de 2016.

LOS DELITOS COMETIDOS FUERA DEL SERVICIO POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES SON COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PENAL. La Constitución y la ley reconocen la existencia de un fuero militar en el cual, las faltas cometidas con ocasión del servicio por miembros de la Fuerza Pública son investigados por la jurisdicción penal militar, no obstante esto debe atender a criterios de proporcionalidad y que las conductas investigadas sean realizadas durante el normal desarrollo de las actividades, ya que al existir desconocimiento de garantías fundamentales esto excede los límites legales de dicha jurisdicción especial, por lo tanto la investigación de esta clase de delitos corresponde a la jurisdicción penal ordinaria. Dirimir. M.P. Rafael Alberto García Adarve. . Temas: delitos. Fuero militar. Jurisdicción penal ordinaria.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00261 00 de 2016.

LA EXISTENCIA DE DELITOS COMUNES COMETIDOS POR MILITARES EN SERVICIO ACTIVO QUE SEAN AJENOS A SU ACTIVIDAD, NO PUEDEN SER COBIJADOS POR EL FUERO MILITAR. Teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales frente al caso investigado, es procedente que la Fiscalía inicie las labores de indagación correspondientes al existir serias fallas y vacíos en relación con la identificación de la persona fallecida, ya que inicialmente en la jurisdicción penal militar no se realizaron investigaciones exhaustivas para determinar la responsabilidad de los militares implicados en el hecho, ello sin perjuicio de que les sea respetado el principio de presunción de inocencia al cual tienen derecho. Dirimir. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. . Temas: Delitos comunes. Presunción de inocencia. Fuero militar.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00123 00 (11758 28) de 2016.

CUANDO LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA EXCEDAN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, LA COMPETENCIA PARA INICIAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LA JUSTICIA ORDINARIA PENAL. De acuerdo con las normas y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el fuero militar no puede ser aplicado en todas las ocasiones ya que se hace necesario un estudio minucioso de la conducta, para saber si es posible su investigación exclusiva por parte de la jurisdicción penal militar, no obstante si la acción fue cometida fuera del servicio activo, no tiene relación con el mismo o este se usó para enmascarar un delito que vulneró garantías constitucionales la investigación deberá ser asumida por el juez ordinario penal. Asigna. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Fuerza Pública. Justicia ordinaria penal. Servicio activo.

Expediente 25000 11 02 000 2014 01105 01 de 2016.

SI UN ACTO CUMPLE LA FINALIDAD PARA LA CUAL ESTABA DESTINADO RESPETANDO EL DERECHO A LA DEFENSA, NO PUEDE SER DECLARADO NULO. El reproche efectuado en el recurso de apelación por parte de la abogada sancionada no tiene fundamento legal, ya que tal como lo expresa el artículo 101 de la Ley 1123 de 2007 no es posible declarar nulo un acto que cumplió con el objetivo asignado siempre que no desconozca el derecho a la defensa, adicionalmente en la apelación no se indicaron o demostraron de manera efectiva los motivos por los cuales la decisión de primera instancia era considerada como irregular, ya que las pruebas aportadas permitieron demostrar que la sancionada actuó en calidad de apoderada de la quejosa y no cumplió con el encargo asignado, efectuando una retención indebida de considerables sumas de dinero. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Nulidad. Decisión de primera instancia. Sumas de dinero.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00247 00 de 2016.

LA JURISDICCIÓN INDÍGENA NO PUEDE CONOCER DELITOS QUE HAYAN SIDO COMETIDOS FUERA DE SU COMPETENCIA. Aunque la Constitución colombiana reconoce la existencia de una jurisdicción indígena plenamente competente para conocer los delitos cometidos por sus miembros, esta facultad no es ilimitada ya que tal como se ha reiterado por parte de la Corte Constitucional esta jurisdicción especial solo puede ser ejercida según los usos y costumbres de la comunidad, siempre que se respeten las leyes que protegen valores constitucionales superiores; por lo tanto aquellos delitos que escapan a la órbita de competencia de la jurisdicción indígena deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. Martha Patricia Zea Ramos.  Temas: Jurisdicción especial. Competencia. Jurisdicción ordinaria penal.

Expediente 11001 11 02 000 2014 02174 01 de 2016.

AL ASUMIR EL ENCARGO PROFESIONAL EL ABOGADO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU CLIENTE. Entre los deberes del abogado se encuentra atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, y por lo tanto debe efectuar las acciones que permitan llevar a buen término el encargo encomendado por su cliente rindiendo los respectivos informes de su gestión; a pesar de lo anterior el profesional del derecho sancionado no hizo los trámites necesarios para obtener el reconocimiento de la pensión de su cliente ni cumplió con el objeto del contrato de prestación de servicios firmado entre las partes, lo cual representa un desconocimiento de la debida diligencia profesional. Confirma. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. Temas: Encargo profesional. Gestiones. Deberes.

Expediente 11001 01 02 000 2015 02800 00 de 2016.

EL FUERO MILITAR SOLO ES APLICABLE A DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN DEL SERVICIO DE INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA. Para que la Justicia Penal Militar sea competente es necesario que la persona juzgada pertenezca a la Fuerza Pública, que se encontrara en servicio activo al momento de realizar la conducta investigada y que dicho delito tenga relación con el servicio, no obstante pierde su competencia en favor del juez penal ordinario cuando el agente investigado tiene un propósito criminal y lo enmascara en la prestación del servicio militar, el delito investigado desconoce el principio de dignidad humana y afecta derechos fundamentales y que la conducta investigada no se relacione directamente con el servicio desempeñado por el agente. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Fuero Militar. Delitos. Servicio.

Expediente 11001 11 02 000 2011 03288 01 de 2016.

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE COMPROMETAN LA DIGNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PUEDE ACARREAR SANCIONES DISCIPLINARIAS AL FUNCIONARIO IMPLICADO. Dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley 290 de 1996, se encuentra la imposibilidad de que funcionarios y empleados de la Rama Judicial realicen en el servicio o su vida social, actividades que puedan afectar la confianza del público o generar una situación en la cual se comprometa la dignidad de la administración de justicia; de manera que el reiterado incumplimiento de las obligaciones civiles por parte del funcionario investigado, las cuales le llevaban intencionalmente a una situación de insolvencia, no reflejan el decoro y la rectitud con la cual deben actuar los integrantes de la Rama judicial y se configuran en hechos sancionables por parte de la autoridad competente. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Administración de justicia. Dignidad. Actividades.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00136 00 de 2016.

EL FUERO MILITAR NO ES APLICABLE A LA EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES POR PARTE DEL INTEGRANTE DE LA FUERZA PÚBLICA. Es necesario al momento de analizar la competencia de la Jurisdicción Penal Militar, que la acción u omisión investigada sea generada como consecuencia del servicio prestado por el integrante de las Fuerzas Militares, que se trate de una conducta propia de sus funciones y que no vulnere garantías fundamentales, ya que en caso contrario la ley establece que la competencia para investigar la conducta punible corresponde a la jurisdicción ordinaria penal. Definir. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Fuero militar. Fuerza pública. Funciones. Extralimitación.

Expediente 11001 01 02 000 2012 04603 01 de 2016.

AL EMITIR EL FALLO DEFINITIVO, EL JUEZ NO PUEDE FUNDAMENTAR SU DECISIÓN EN SIMPLES AFIRMACIONES CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. La determinación de archivar el procedimiento disciplinario en contra del secuestre por parte del juez de primera instancia, no contó con las pruebas suficientes que le permitieran tomar tal decisión favorable al disciplinado, ya que como señala la Sala de segunda instancia se trató de una decisión judicial basada en simples afirmaciones; cuando era necesario que el juez analizara las pruebas que fueran conducentes, pertinentes y procedentes ya que existían fundamentos suficientes, para determinar que sí existía una presunta responsabilidad por parte de la disciplinada, debido a que el hecho investigado nunca fue desvirtuado. Revoca. M.P. María Rocío Cortés Vargas. 2016. Temas: Pruebas. Decisión. Afirmaciones.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 30 000 2016 00062 00 de 2016.

LA TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA REVOCAR UNA SENTENCIA QUE REVOCÓ PREVIAMENTE UN RECURSO DE LA MISMA NATURALEZA. La revocación del rechazo del recurso de amparo que pretende el interesado mediante una nueva acción de tutela, no es procedente toda vez que desconoce los principios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627/2015, la cual fijó la regla de que no es posible la tutela contra tutela y señaló que esto no admite ninguna excepción, cuando la sentencia haya sido proferida por la Corte Constitucional bien sea por mediante Sala Plena o a través de sus Salas de Revisión de Tutela, siendo posible solamente interponer el incidente de nulidad. Niega. M.P. Felipe Navia Arroyo. Temas: Tutela. Incidente de nulidad. Interesado.

Expediente 05001 31 03 010 2007 00072 01 de 2016

AL DEMOSTRARSE LA CUANTÍA DEL SINIESTRO CON OCASIÓN DEL PROCESO, LOS INTERESES MORATORIOS SE DEBEN PAGAR DESDE LA FECHA DE LO OCURRIDO. Si bien para el Ad-quem el hecho surgió el 27 de mayo de 2005 y así lo avala la sociedad demandante al solicitar tales créditos desde esa fecha, el punto ha decaído como consecuencia de la sentencia de casación, al resultar incompatible con lo decidido, en cuanto si el siniestro se estructuró el día anterior, nada pudo precederle. El estudio de la excepción, así como el análisis acerca de la fecha de la mora, por lo tanto, resultaba procedente. Casa. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Siniestro. Intereses. Análisis.

Expediente 05000 22 13 000 2016 00059 01 de 2016.

AL INCURRIR EN MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA, ES POSIBLE QUE SE CONFIGURE UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia T-030 de 2005, los ciudadanos tienen derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, aunque sea necesario tener en cuenta la complejidad de los procesos y una posible congestión de los despachos judiciales, no obstante cuando la demora en el trámite de un litigio sucede de manera injustificada es posible demandar dicha situación mediante la acción de tutela, ya que eventualmente puede significar el desconocimiento del derecho de acceso a la justicia y el irrespeto por el debido proceso del afectado. Confirma. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Mora judicial injustificada. Derechos fundamentales. Debido proceso.

Expediente 15001 31 03 001 2008 00043 01 de 2016

INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES NO SIEMPRE CONDUCE A UN FALLO INHIBITORIO. La Sala ha precisado que ello no obsta una decisión de mérito como tampoco afecta el presupuesto procesal de demanda en forma, cuando el defecto existente es perfectamente superable. Subsistiendo la incompatibilidad al momento de dictar sentencia, se debe propender por salvar la irregularidad con criterios de proporcionalidad, en el sentido de no sacrificar el fondo por la forma, y de eficacia, en cuanto cupiere la aplicación del principio de economía procesal, fin último del instituto de la acumulación de pretensiones. No Casa. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Indebida acumulación de pretensiones. Sentencia inhibitoria. Proporcionalidad. Economía procesal.

Expediente 11001 31 03 014 2006 00390 01 de 2016.

EL RECURSO DE CASACIÓN NO PUEDE LIMITARSE A MANIFESTAR EL DESACUERDO CON LA SENTENCIA IMPUGNADA. A pesar de la inconformidad manifestada por el demandante con la sentencia, la Corte Suprema de Justicia señala que los cargos señalados en el recurso de casación no son correctos, ya que la valoración probatoria efectuada por el juez fue realizada de manera correcta, teniendo en cuenta que al celebrar la transacción en ningún momento se trató de efectuar una simulación, debido a que dicho acuerdo fue protocolizado correctamente en la oficina de registro de instrumentos públicos y evidencia el deseo de las partes de terminar el litigio de manera amistosa, sin que medie la decisión del juez y evitando el desgaste que esto conlleva, facultad que la ley les permite al tratarse de un mecanismo anticipado para dar fin a controversias. No casa. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Temas: Transacción. Controversias. Mecanismo anticipado.

Auto 73268 31 03 001 2010 00065 01 de 2016

DADO QUE LA ACUSACIÓN NO SE ALLANÓ A LOS REQUISITOS FORMALES EL REPROCHE FUE INADMITIDO. A pesar de que el libelista esboza en el inicio del cargo un error de hecho, discurre por los cauces del de derecho; por tanto, se confundieron los dos tipos de incorrección, máxime cuando, se invocó que no se haya valorado integralmente el caudal de medios de convicción, supuesto que implica el desconocimiento de las prescripciones legales para evaluarlos. Inadmite. M.P. Margarita Cabello Blanco.  Temas: Acusación. Inadmisión. Prescripciones.

Expediente 52001 22 13 000 2016 00071 01 de 2016

LA RATIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SE DA EN VIRTUD A LA CONCESIÓN DEL RESGUARDO DE TUTELA. La orden adoptada por el Tribunal en el numeral segundo del fallo, debió darse como consecuencia directa de la vulneración de los derechos de la niña base de la acción, pues vista de la manera subsidiaria en que se plantea, parecería ser una medida propia de la tutela como mecanismo transitorio, lo cual es incongruente frente a la denegación de la prerrogativa. Revoca. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Vulneración. Consecuencia. Tutela.

Expediente 76111 22 13 000 2016 00130 01 de 2016

A PARTIR DE LA PUBLICIDAD DEL ACTO ES QUE SE ABRE LA POSIBILIDAD PARA HACER USO DE LOS DERECHOS DE DEFENSA. Por tratarse de una sentencia dictada en un proceso verbal sumario tramitado en única instancia, al proceso de reglamentación de visitas puede acudirse tantas veces el cambio de las circunstancias lo amerite. Por consiguiente, la inconformidad frente a la regulación y la eventual variación de lo allí decidido, sólo puede suscitarse acudiendo de nuevo al juez para que, de encontrar fundada la pretensión, modifique o extinga el régimen de visitas allí contenido. Confirma. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. Temas: Publicidad. Posibilidad. Inconformidad.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00706 01 de 2016

DEVIENE IMPROCEDENTE LA TUTELA EN LA MEDIDA EN QUE NO SE CUMPLE EL REQUISITO DE LA INMEDIATEZ, POR CUANTO ESTA ACCIÓN FUE PRESENTADA A REPARTO CUANDO YA SE HABÍA CULMINADO EL TÉRMINO. En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental. Confirma. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. . Temas: Términos. Acción Pública. Improcedencia.

Expediente 25899 31 84 001 2011 00208 01 de 2016

TRATÁNDOSE DE NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA, AL PROFERIRSE DESCONOCIENDO LA SOLICITUD OPORTUNA DE LA AUDIENCIA, LA PARTE LEGITIMADA PODRÁ INVOCARLA MEDIANTE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Como el ad quem pretirió la audiencia de alegaciones prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento y que, de esta manera, vició de nulidad la sentencia que profirió, la cual, por ende, habrá de invalidarse, para que, en su defecto, se adopten los correctivos correspondientes, se declaró nula la sentencia dictada por el Tribunal y, en consecuencia, ordenó a esa autoridad renovar la actuación invalidada. Declara. M.P. Álvaro Fernando Restrepo. . Temas: Alegaciones. Nulidad. Alegaciones.

Expediente 11001 02 03 000 2015 00300 00 de 2016

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES NO HABRÁ A DESCONOCER EL EXEQUÁTUR. No obra el menor rastro indicativo de que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio de la solicitante. Si bien el divorcio fue concedido por estar los cónyuges de acuerdo, cierto es, dentro del respectivo trámite la demandada, acá actora, tuvo la ocasión de intervenir para hacer valer su legítimo derecho de defensa, y lo ejerció de modo activo, como lo muestra la propia resolución en cuestión. Por tal motivo, la corte determinó conceder el exequátur a la sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Municipal de Ludwigshafen del Rhin (Alemania). Concede. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Providencia. Derecho de Defensa. Concesión.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 66327 de 2016.

EL DERECHO DE PETICIÓN DEBIDAMENTE CONTESTADO NO PUEDE SER PROTEGIDO POR VÍA DE TUTELA. El recurso de amparo presentado por la parte demandante no puede ser fallado de manera favorable, ya que la parte demandada demostró que se dio efectiva respuesta de fondo al derecho de petición presentado, adicionalmente y tal como lo manifestó el tribunal de primera instancia sí se respetaron los derechos fundamentales del accionante, de manera que no hay lugar a reclamar mediante acción de tutela la protección de derechos que nunca fueron vulnerados. Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Derecho de petición. Acción de tutela. Respuesta de fondo.

Expediente 66561 de 2016.

LA EXISTENCIA DE UN HECHO SUPERADO IMPIDE QUE EL JUEZ FALLE DE FONDO EN LA ACCIÓN DE TUTELA. Considera la Corte Suprema de Justicia la conveniencia de dar por terminado el procedimiento, ya que los hechos que dieron origen a la acción de tutela desaparecieron y por lo tanto se tornaba inocuo por parte del juez emitir un pronunciamiento; la resolución de fondo del derecho de petición por parte de la entidad accionada, no daba lugar a la vulneración de derechos del reclamante y tampoco lo habilitaba para reclamar la protección de garantías constitucionales. Revoca. M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Hecho superado. Acción de tutela. Pronunciamiento.

Expediente 66737 de 2016.

LAS DECISIONES JUDICIALES NO PUEDEN SER ATACADAS MEDIANTE EL RECURSO DE AMPARO, SI ESTAS NO VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES. La Corte Constitucional ha insistido en que la naturaleza de la tutela no procede contra sentencias o actuaciones judiciales, a menos que se trate de una arbitrariedad manifiesta que por su propia ilegalidad cause el quebranto de derechos fundamentales del accionante, y siempre que no exista otro mecanismo efectivo de protección judicial que requiera la intervención del juez constitucional; de manera que la acción de tutela solo se limita a presentar su desacuerdo con las decisiones contrarias a los intereses del accionante, sin indicar las razones por las cuales considera que sí hubo desconocimiento de garantías fundamentales. Confirma. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Decisiones judiciales. Derechos fundamentales. Arbitrariedad manifiesta.

Expediente 43504 de 2016

PROCEDENCIA DE LA TUTELA TIENE CABIDA SÓLO CUANDO EL TITULAR DEL DERECHO FUNDAMENTAL HA AGOTADO TODOS LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE EL LEGISLADOR HA PUESTO A SU DISPOSICIÓN. Ello conforme a que dicho mecanismo constitucional tiene un carácter eminentemente residual, es decir que cuando la persona presuntamente lesionada señala que el origen de la vulneración de sus prerrogativas constitucionales, deriva de las irregularidades en las que presuntamente ha incurrido una autoridad judicial, debe, antes de optar por la interposición del instrumento tuitivo, alegar su inconformidad ante el mismo juez natural de la controversia, con el fin de que, en el escenario judicial y previa la observancia de las formas propias de cada juicio, se decida el asunto que ha sido objeto de reparo o cuestionamiento. Deniega. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Acción de tutela. Carácter residual. Procedencia. Agotamiento recursos ordinarios.

Expediente 66679 de 2016

OMISIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE EN LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA HACE QUE EL RESGUARDO CONSTITUCIONAL SE TORNE IMPROCEDENTE. La Sala reitera que la acción de tutela no puede ser utilizada con el fin de sustituir las acciones y los procedimientos legalmente establecidos, ni para revivir términos vencidos, dado su carácter residual y subsidiario, es decir que este mecanismo debe ser utilizado de manera razonable, con el objeto de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia y la pluralidad de pronunciamientos sobre una misma situación fáctica y jurídica. Confirma M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.  Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Medios ordinarios de defensa.

Expediente 43422 de 2016

PROVIDENCIA DEBE MANTENERSE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUANDO NO SE ADVIERTE LA EXISTENCIA DE UNA POSTURA JUDICIAL ARBITRARIA O ABSURDA. Mal haría el juez de tutela en desconocer el contenido de una sentencia que apoyó su decisión en supuestos fácticos y jurídicos respetables, pues independientemente que la Sala comparta o no tales razonamientos, ello no tiene el efecto de generar el quiebre de la providencia cuestionada, toda vez que fue el resultado de la aplicación del criterio jurídico del funcionario judicial. Niega. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Tutela. Providencia judicial. Improcedencia.

Expediente 66313 de 2016

TUTELA ES IMPROCEDENTE CUANDO DE FORMA PARALELA SE HACE USO DE MECANISMOS ORDINARIOS. Ello por cuanto el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que no es de recibo que se acuda a la acción constitucional para pretermitir las etapas propias de los trámites ordinarios, como si se tratara de un mecanismo sustitutivo de aquellos. Confirma. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas . Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Mecanismos ordinarios.

Expediente 66335 de 2016

GOBIERNO, INPEC Y ENTIDADES TERRITORIALES DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR AL CUERPO DE CUSTODIA EL DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS. Es obligación de las entidades accionadas implementar lo pertinente para superar la escasez de funcionarios, en relación con las condiciones de hacinamiento, que garanticen el cumplimiento de la jornada máxima laboral del cuerpo de custodia y vigilancia, así como mejorar las condiciones de habitabilidad, sanitarias y mantenimiento de las instalaciones de los complejos carcelarios y penitenciarios. Confirma M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas Temas: Derecho al trabajo. Cuerpo de custodia y vigilancia. Condiciones de hacinamiento. Jornada laboral.

Expediente 44109 de 2016

IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA POR INTERESES MORATORIOS. En cuanto a los intereses moratorios impuestos sobre las mesadas pensionales, en pacífico y reiterado criterio de la Corte, se ha dicho que estos no son viables respecto de prestaciones que no se gobiernan por las normas de la Ley 100 de 1993, salvo las que se encuentran cobijadas por el régimen de transición y, que por ende, deban ser dirimidas a la luz de los acuerdos del extinto Instituto de Seguros Sociales. Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Intereses moratorios. Sistema general de pensiones. Régimen de transición.

Expediente 46426 de 2016

PRESUPUESTO FUNDAMENTAL PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Cuando el fallecimiento del causante ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, conforme lo dispone su artículo 12, se exige como condición para el reconocimiento y pago de la prestación que éste hubiese cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al deceso. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Pensión de sobrevivientes. Semanas de cotización. Fallecimiento causante.

Expediente 49532 de 2016

NO ES POSIBLE ACUDIR A NORMATIVIDADES PRECEDENTES A LA LEY 100 DE 1993 PARA OBTENER EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Esta Sala de la Corte ha sostenido con insistencia que el régimen de transición garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 tan sólo en tres puntuales aspectos: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación, entendido este último como el porcentaje que se aplica a la base salarial. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.  Temas: Ingreso base de liquidación. Régimen de transición.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 45359 de 2016

CUANDO SE TRATA DE DEMOSTRAR ERRORES FÁCTICOS EN TORNO A LAS PRUEBAS, ACORDE CON EL DESARROLLO COMPLETO DEL CARGO ES MENESTER DESQUICIAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FUNDAMENTOS PROBATORIOS. No demostró la libelista debilidad del nexo inferencial del Tribunal o lo irrazonable del mismo el cual sirvió de apoyo a las manifestaciones de la víctima acerca de la constricción de que fue objeto por parte de la funcionaria de la DIAN para no perjudicarla con el cierre de la agencia de aduanas, tras la visita de orden fiscal que se le practicaba. No Admite. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Debilidad. Vista Fiscal. Perjuicio.

Expediente 85928 de 2016

NO ES POSIBLE INVOCAR EL AMPARO CONSTITUCIONAL COMO UNA ALTERNATIVA EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y EN PROCESOS QUE AÚN SE HALLAN EN TRÁMITE Y QUE BRINDAN OPORTUNIDADES Y ESCENARIOS APTOS PARA PROPENDER POR LOS DERECHOS DE LAS PARTES. Frente al alegado no suministro de una adecuada atención en salud al interior del Complejo Penitenciario “El Pedregal”, del cual no obra prueba alguna en el presente diligenciamiento, el mismo actor refiere que el mismo ha sido ordenado por el juez constitucional en diversas oportunidades, de manera que para hacer cumplir dicho mandato, debe promover bien solicitud de cumplimiento de los fallos de tutela respectivos, o incidente de desacato. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salaza Otero. . Temas: Oportunidades. Solicitudes. Diligenciamiento.

Expediente 86186 de 2016

EL MECANISMO CONSTITUCIONAL HA SIDO INSTITUIDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES, PERO NO ES UNA TERCERA INSTANCIA ADICIONAL. La Sala descarta la existencia de un daño irreversible o un perjuicio que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y específica los derechos fundamentales del actor, motivo por el cual el mecanismo de amparo tampoco resulta viable en forma transitoria. Niega. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Perjuicios. Existencia. Virtualidad.

Expediente 86221 de 2016

SI EL DEMANDANTE RENUNCIÓ DE FORMA VOLUNTARIA AL EJERCICIO DE LOS INSTRUMENTOS JUDICIALES PROCEDENTES NO PUEDE ACUDIR EN SEDE DE TUTELA. En la medida que el demandante no justificó de ninguna forma el interregno pues no informa sobre el momento en que tuvo conocimiento de la condena en su disfavor y de la revocatoria de la privación de la libertad en modalidad domiciliaria, así como los motivos por los cuales dejó desde entonces de acudir a la acción de tutela; sólo desidia y desatención pueden predicarse de su proceder, motivo por el cual se ofrece palmaria la ruptura con el principio de inmediatez que gobierna el ejercicio de la acción de tutela.Declara. M.P. Luis Guillermo Salazar OteoTemas: Instrumentos Judiciales. Renuncia. Privación de la Libertad.

Expediente 86064 de 2016

LA INCURIA DEL ACCIONANTE NO PUEDE SUBSANARSE POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. El principio general del derecho según el cual Nadie puede obtener provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de que los hechos que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor. Confirma. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Subsanación. Incuria. Ordenamiento Jurídico.

Expediente 86038 de 2016

AUN CUANDO SE FIJÓ LA DILIGENCIA DE DESALOJO LA MISMA SE SUSPENDIÓ DEBIDO A UN PRINCIPIO DE ACUERDO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES, RAZÓN POR LA CUAL CUALQUIER ORDEN QUE SE DIERA EN ESTE SENTIDO RESULTARÍA INANE. Adentrarse la Corte en el fondo del asunto sería inmiscuirse indebidamente en la competencia de los jueces naturales, existiendo otros medios de defensa, entre los cuales se encuentra la posibilidad de hacerse parte como tercera de buena fe y oponerse a las determinaciones dictadas dentro de ese diligenciamiento. De esta manera, se revocará la decisión impugnada, conforme lo pretendido por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. (SAE), por no vulneración del derecho de petición, no haciéndose pronunciamiento en torno a la impugnación por carencia de objeto. Revoca. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Temas: Impugnación. Competencia. Pronunciamiento.

Expediente 85993 de 2016

NO OBRA ELEMENTO PROBATORIO ALGUNO INDICATIVO DE QUE LUEGO DE DICTADO EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA LA DIRECCIÓN O LA OFICINA JURÍDICA DEL CENTRO PENITENCIARIO HUBIESEN EMITIDO PRONUNCIAMIENTO SOBRE DICHA SOLICITUD. El derecho fundamental previsto en el artículo 23 Superior ha sido conculcado al no haberse dado respuesta a la solicitud de visita domiciliaria que en su momento deprecó el accionante, motivo por el cual el fallo impugnado fue revocado y en su lugar se amparó dicha garantía. Corolario de ello se ordenó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva que en el término máximo de 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión se pronunciara respecto de la precitada petición. Revoca. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Solicitud. Oficina Jurídica. Pronunciamiento.

Expediente 86152 de 2016

LA IMPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA NO GOZA DE TÉRMINO ALGUNO DE CADUCIDAD. A pesar de que no existe un término de caducidad establecido para ejercer la acción de tutela, lo cierto es que ella debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, en el sentido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga y manifieste al juez constitucional en forma inmediata o rápidamente. Niega. M.P. Eyder Patiño Cabrera. . Temas: Caducidad. Términos. Amenaza.

Expediente 42720 de 2016

SOLO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PODRÁN DETERMINAR LAS SANCIONES PENALES QUE LA COMISIÓN DEL DELITO AMERITE. Dada la concurrencia de normas sustanciales que regulan el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un lado el artículo 63 del C. P., resulta aplicable al caso concreto en acatamiento del principio de favorabilidad de la Ley penal dada su laxitud ante las exigencias fijadas en la Ley 1709 de 2014. En este orden de ideas, el canon 63 del Código Penal, sin las modificaciones hechas, se impone frente a la nueva regulación por resultar favorable a los intereses del procesado y con base en él la Sala tomó la decisión de declarar penalmente responsable al sindicado, de condiciones civiles y personales conocidas, como autor de la conducta punible de abuso de función pública. Declara. M.P. Eugenio Fernández Calier.  Temas: Laxitud. Regulación. Normatividad.

Expediente 45381 de 2016

CUANDO LA PRESCRIPCIÓN OCURRE ANTES DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL FENÓMENO NO SE DISCUTE EN SEDE DE CASACIÓN, CORRESPONDE A LA SALA ANALIZAR EL FENÓMENO EXTINTIVO Y CASAR DE OFICIO. Como el juez plural no declaró la prescripción de la acción penal, correspondió a la Sala casar oficiosamente el fallo impugnado a fin de anularlo parcialmente en relación con el delito de fraude a resolución judicial. En consecuencia, declaró la extinción de la acción penal de este injusto y dispuso la preclusión de investigación, a favor de los sindicados. Casa. M.P. Eyder Patiño cabrera. .Temas: Relación. Investigación. Preclusión.

Expediente 46970 de 2016

EL YERRO ANALIZADO NO AFECTA LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL CONDENADO, POR CUANTO LA SANCIÓN PECUNIARIA QUE TERMINÓ IMPONIENDO ES AMPLIAMENTE INFERIOR A LA QUE LEGALMENTE CORRESPONDE. El desatino advertido por la Sala no es pasible de ser corregido en sede del recurso de casación, so pena de vulnerar la garantía que prohíbe reformar en peor la situación jurídica del procesado, cuando este es el único impugnante, como acontece en el asunto de la especie. De esta manera, el juez colegiado, al momento de individualizar la pena prevista para el delito base aplicó el sistema de cuartos solo en relación con la prisión, pero no hizo lo propio en punto de la multa, que también contempla la conducta, desconociendo lo normado en el artículo 61 del Estatuto Punitivo y, en su lugar, la fijó arbitrariamente. Casa. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.  Temas: Recursos. Garantías. Multas.

 

Corte Constitucional

Sentencia C 177 de 2016

LA INDETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN “LOS ANCIANOS”, RESULTA IDÓNEA PARA LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LA LEY, LA CUAL NO ES OTRA QUE CREAR CONCIENCIA EN LA CIUDADANÍA SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. En cuanto al supuesto trato diferenciado que se hace de “los ancianos” frente a los demás peatones que no se encuentran incluidos en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, no se encontró tampoco ningún elemento de discriminación, por cuanto la norma no establece ninguna restricción a sus derechos, pues no es sancionatoria ni prohibitiva, y la norma desarrolla el deber de solidaridad que se encuentra inserto en la Carta constitucional y que constituye uno de los principios del Estado Social de Derecho. Declara Exequible. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Temas: Restricciones. Constitucionalidad. Peatones.

Sentencia T 074 de 2016

ADJUDICACIÓN DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL A LOS HIJOS. Los hijos de crianza por asunción solidaria de la paternidad son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que lo son los hijos biológicos y adoptivos y de crianza simple, toda vez que el derecho debe ajustarse a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones en donde las personas no se encuentran unidas únicamente por vínculos jurídicos o naturales.Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos. . Temas: Asunción. Pensión Adjudicación.

Sentencia T 147 de 2016

LA CORTE ENCONTRÓ QUE NINGUNOS DE LOS CASOS RESEÑADOS SUPERARON EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado ya que, o los accionantes desistieron expresamente de la tutela en el curso de la revisión, o la UGPP restauró los pagos pensionales y solo efectúa los descuentos legales correspondientes a los pagos de seguridad social. Por otro lado, en otro, se corroboró que se trataba de una actuación temeraria. Declara. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. . Temas: Análisis. Procedencia. Revisión.

Sentencia T 171 de 2016

LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEBE SER CUALITATIVA Y NO CUANTITATIVA; DE MANERA QUE SE DEBE ANALIZAR EL CONCRETO. El IBC referido por la EPS no basta para demostrar que el agenciado cuenta con la capacidad económica suficiente para asumir el costo del transporte por su propia cuenta. De manera que ante la falta de certeza sobre este requisito tiene aplicación el principio pro persona y la Sala adoptará la decisión que resulte más favorable para la garantía efectiva de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. . Temas: Capacidad. Análisis. Transporte.

Sentencia C 260 de 2016

LA DEMANDA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CERTEZA Y PERTINENCIA, TODA VEZ QUE LOS ARGUMENTOS SE BASAN EN UNA PREMISA EQUIVOCADA. Al haberse incumplido con la carga de especificidad, suficiencia, certeza y pertinencia, en los términos previamente señalados, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Lo anterior teniendo en cuenta que es indispensable que cuando se demande la inconstitucionalidad de una disposición legal por haber infringido la reserva de ley estatutaria en materia de administración de justicia, el ciudadano indique de manera clara, expresa, cierta, específica y suficiente, porqué cada una de las disposiciones legales que impugna tienen la categoría estatutaria y por tanto requería someterse al procedimiento especial. Declara Inhibida. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Pronunciamiento. Especificidad. Requisitos.

Sentencia T 200 de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN CUANTO A LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS. Para que resulte procedente la orden de suministrar un tratamiento, insumo y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, será preciso comprobar que la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere, que el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre en el plan obligatorio, que el interesado no pueda costearlo directamente, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no pueda acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie, así como que el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad, requisito que admite excepciones con el fin de garantizar los derechos a la salud y a la vida de los afiliados, permitiendo la posibilidad de que el juez de tutela autorice el suministro o la realización de los mismos cuando existe una orden médica de un profesional de la salud que no se encuentre adscrito a la entidad o cuando a pesar de no existir orden médica alguna, sea evidente la necesidad del paciente. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Tutela. Derecho a la salud. Servicios médicos. Autorización. No POS.

Sentencia T 227 de 2016

DERECHO AL ACCESO EFECTIVO, OPORTUNO Y CLARO A LA INFORMACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SEGURO. El ordenamiento jurídico colombiano consagra que las entidades vigiladas que conforman el sistema financiero tienen la obligación de suministrar la información necesaria a los consumidores, para que puedan escoger la mejor de las opciones ofrecidas de acuerdo con sus intereses y necesidades. Además, las personas tienen derecho a ser protegidas en su calidad de usuarios de este mercado, lo que se logra mediante el suministro y acceso efectivo a la información. De esta manera, se tiene que la parte que tiene a su cargo la redacción del contrato debe hacerlo de manera clara y sin que el mismo genere confusión, toda vez que de no hacerlo, las condiciones del convenio se interpretarán a favor de la parte que por dicha falta se vio afectada. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  Temas: Tutela. Contrato de seguro. Protección del consumidor. Acceso a la información. Condiciones.

Sentencia T 282 de 2016

ES OBLIGACIÓN DE LAS ASEGURADORAS INDICAR DE FORMA CLARA Y TAXATIVA TODAS LAS EXCLUSIONES Y REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO. En aquellos casos en que la aseguradora incumple sus obligaciones mínimas, ésta no podrá objetar el pago de la indemnización bajo el argumento de la configuración del fenómeno de la reticencia. De esta forma, la aseguradora deberá probar suficientemente el elemento subjetivo de la mala fe del tomador, es decir, su intención deliberada de ocultar su condición médica, así como el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condición médica que dio origen al siniestro. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado Temas: Contrato de seguro. Reticencia. Preexistencias. Indemnización.

Sentencia T 283 de 2016

LA PROTECCIÓN DE LOS RECLUSOS ESTARÁ EN CABEZA DEL GOBIERNO. Debido a las dificultades de adaptación al medio carcelario que en un principio presentó el accionante y el intento de suicido, la segunda orden está dirigida al Director General del establecimiento carcelario (La Picota) para que se realice una valoración integral al recluido a través de un equipo interdisciplinario conformado por lo menos por un médico, un psicólogo y un trabajador social. De forma conjunta, este equipo diseñará un programa de atención completo, integral e inmediato, el cual deberá ser debidamente informado al accionante para que este decida libremente si desea acogerse al mismo. Levanta.M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Protección. Reclusión. Atención.

Sentencia T 211 de 2016

REGLAS APLICABLES AL TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-130 de 2013, estableció que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994. Revoca. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Temas: Traslado. Regímenes pensionales. Régimen de transición.

Sentencia T 237 de 2016

DERECHOS DE PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL. La Sentencia SU-975 de 2003, hizo una interpretación de los artículos 19 del Decreto 656 de 1994, 4º de la Ley 700 de 2001, 6º y 33 del Código Contencioso Administrativo, señalando que las autoridades deben tener en cuenta tres términos que corren transversalmente, cuyo incumplimiento acarrea una transgresión al derecho de petición. Los plazos con los que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones elevadas por servidores o ex servidores públicos son los siguientes: 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional, incluidas las de reajustes; 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; y 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. Declara. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Temas: Sistema pensional. Derecho de petición. Plazos. Reconocimiento y pago. Mesadas pensionales.

Sentencia C 300 de 2016

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMO LA VASECTOMÍA Y LA LIGADURA DE TROMPAS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) de la Ley 1412 de 2010. En la sentencia C-182 de 2016 se concluyó que la disposición que se acusa debía ser condicionada, so pena de desconocer los artículos 13, 16 y 42 de la Carta Constitución, el bloque de constitucionalidad, particularmente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los derechos sexuales y reproductivos de grupo poblacional.Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-182 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Realización de procedimientos. Consentimiento. Discapacidad mental. Paternidad y maternidad responsable.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 25000 23 24 000 2011 00145 01 de 2016

LAS INVERSIONES DEL 1% SE REALIZARÁN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA QUE SE ENCUENTRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OBJETO DE LICENCIA AMBIENTAL. La ordenación de las cuencas hidrográficas, de conformidad con la legislación vigente para la fecha en que se expidieron los actos acusados, si bien se considera como un instrumento dirigido a prevenir el deterioro y lograr la recuperación de la cuenca, la existencia de un plan sobre el particular no constituía un requisito de cumplimiento de la obligación, por lo tanto no existía justificación para la no ejecución de la inversión del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, ni limitaba la realización de actividades de protección y conservación de la cuenca de la cual se usó el recurso hídrico. Confirma. M.P. María Elizabeth García González. Temas: Influencia. Cuenca Hidrográfica. Protección.

Expediente 11001 03 24 000 2012 00321 00 de 2016

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS CARGOS IMPIDE A LA SALA ENTRAR A EXAMINARLOS. La Corporación ha advertido que para que se configure un cargo apto, las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, como obligación mínima de argumentación que la parte actora debe exponer. Deniega. C.P. María Elizabeth García González. Temas: Formulación de cargos. Fundamentación. Inconstitucionalidad. Ilegalidad.

Expediente 11001 03 24 000 2010 00311 00 de 2016

EL LEMA OBJETO DE CONTROVERSIA CUENTA CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS FRENTE A LA MARCA. Al no estar la referida palabra acompañada de otros elementos, pasa a ser un elemento gramatical, que tiene un significado más amplio y puede ser empleado respecto de cualquier producto o servicio que conforma el mercado. De lo anterior se tiene que, en este caso, el lema cuestionado “TU CAMINO AL ÉXITO”, que acompaña la gráfica de un águila registrada con anterioridad, tiene suficiente distintividad frente a la marca y lema de la sociedad actora cuya fuerza está en la marca “YANBAL” que permite determinar su origen empresarial y la frase que la acompaña “La Escalera del Éxito” es una frase accesoria de menor tamaño, que no se ve afectada por el lema cuestionado. Deniega. M.P. María Elizabeth García González. Temas: Lema. Marca. Cuestionamiento.

Expediente 11001 03 24 000 2013 00369 00 de 2016

LA DEMANDA CONTRA EL APARTE NORMATIVO ACUSADO NO VIOLARON LAS NORMAS LEGALES. Nulidad del último inciso del artículo séptimo del Acuerdo PSAAA 12-9800 de 28 de diciembre de 2012. La Sala considera que no se violaron las normas legales, invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la presunción de legalidad que ampara el inciso acusado, razón potísima para que no se acceda a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispuso en la parte resolutiva de esta providencia. De manera que, en el sub lite, cuando el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso, a través del inciso acusado, que la Sala Administrativa Seccional “pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la pérdida de competencia por vencimiento de términos”, no desconoció la competencia expresamente asignada por la Constitución Política al Consejo Superior o Consejos Seccionales de la Judicatura. Deniega. M.P. María Elizabeth García Gonzáles. . Temas: Normas Legales. Súplicas. Competencia.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00252 00 de 2016

RECHAZAR POR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA AL NO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA TAL FIN. No es procedente tramitar la presente solicitud de extensión de jurisprudencia, toda vez que la providencia cuyos efectos se pretende sean extendidos, no cumple con el requisito de ser una sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el Consejo de Estado, en tanto que se trata de una sentencia que, si bien es cierto fue proferida por la Sección Primera de la Corporación, lo cierto es que no ostenta la naturaleza de sentencia de unificación. Rechaza. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Rechazo. Unificación. Extensión.

Expediente 11001 03 24 000 2014 00291 00 de 2016

UNA VEZ EL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD NO HABRÁ LUGAR A CONTINUAR CON EL LITIGIO. En el presente caso como la demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 27 de febrero de 2014, es decir, un día antes de que operara el fenómeno de caducidad, y fue resuelta el 24 de abril del mismo año, se concluye que el término para interponer la demanda se extendió un día, esto es, hasta el 25 de abril de 2014. Como la demanda fue presentada el 28 de abril, se concluye que fue presentada extemporáneamente y que, por ende, operó la caducidad del medio de control. Confirma. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. . Temas: Litigio. Control. Término.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 08001 23 31 000 2002 00181 01 (2357 15) de 2016.

¿CUÁL ES EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE DEBE DEMANDAR CUANDO RETIRAN DEL SERVICIO A UN SERVIDOR PÚBLICO?. En asuntos en los que se debate el retiro de los Servidores Públicos con ocasión de la reestructuración administrativa, la Sección Segunda de esta Corporación, a través de sus Subsecciones ha indicado que el interesado debe Demandar el Acto que contiene en forma individual su retiro del servicio, es decir, se debe atacar el acto administrativo por medio del cual se retiró del servicio al demandante, ya que en esa medida, fue el que produjo efectos jurídicos directos en relación con su desvinculación laboral. Revoca. C.P. William Hernández Gómez.Temas: Recurso de Apelación. Supresión del Cargo de Carrera Administrativa.

Expediente 11001 03 25 000 2016 00019 00 (0034 16) de 2016.

LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBE SER ACOMPAÑADA DE LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL INTERESADO. En la demanda de nulidad del Decreto 2552 de 2015 por medio del cual se decretó el aumento del salario mínimo en Colombia, fue presentada una solicitud de medidas cautelares en contra del acto administrativo demandado pero tal como señalan las entidades demandadas o intervinientes, el solicitante se limita a expresar su desacuerdo con la norma demandada sin indicar de manera expresa las razones por las cuales considera que se debe suspender su efecto por parte del juez; la carencia de suficientes justificaciones impide que el juez competente decida favorablemente. Deniega. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Suspensión provisional. Salario mínimo. Aumento.

Expediente 25000 23 25 000 2007 00962 02 (2390 11) de 2016

RECURSO DE SÚPLICA NO ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS DICTADOS POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA. De acuerdo con el artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, es condición o requisito sine qua non que el auto suplicado sea proferido por el Magistrado Ponente, esto quiere decir, entonces, que si la providencia impugnada fue expedida o suscrita por los integrantes de la Sala, no tiene vocación de ser controvertida a través del recurso de súplica, pues, la norma solo previó como susceptibles de este recurso a los autos interlocutorios que fuesen proferidos por el ponente. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. .Temas: Recurso de súplica. Procedencia. Ponente. Auto interlocutorio.

Expediente 11001 03 25 000 2010 00023 00 (0148 10) de 2016

VACÍO NORMATIVO EN VIGENCIA DE LA LEY 200 DE 1995 SE PUEDE SUPLIR CON LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. Debido a que el legislador no consagró un procedimiento que regule el trámite y la forma de presentar los alegatos de conclusión de que trata el artículo 92 numeral 8 de la Ley 734 de 2002, antes del fallo de primera o única instancia, dicho vacío jurídico debe ser suplido por el operador disciplinario acudiendo al principio de integración normativa regulado por el artículo 21 del Código Disciplinario Único, siempre y cuando no se contravenga la naturaleza del derecho disciplinario y se respete el debido proceso y derecho de defensa contenido por el artículo 29 Superior. Declara y deniega. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. . Temas: Procedimiento disciplinario. Vacío jurídico. Integración normativa.

Expediente 05001 23 31 000 2003 01739 01 (1634 13) de 2016

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL INFERIOR AL 75% DETERMINADA POR EL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO. Dicho acto es demandable directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en la medida en que impide seguir adelante con el trámite para acceder a la pensión de invalidez, independientemente de que dicha valoración hubiere sido proferida con ocasión o no de un examen médico de retiro, pues tal circunstancia en nada afecta, la calidad del acto demandado. Revoca. C.P. William Hernández Gómez.  Temas: Pérdida capacidad laboral. Acto definitivo. Acto demandable. Jurisdicción contenciosa.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 54001 23 31 000 1996 09346 01 (31716) de 2016.

LUEGO DE VARIOS AÑOS, REPARAN LOS DAÑOS A UN MENOR DE EDAD QUE MONTABA SU BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA. Así lo confirmó el alto tribunal de lo contencioso administrativo en su pronunciamiento judicial, pues se comprobó que los hechos que ocasionaron las lesiones personales a un menor de edad mientras practicaba en su bicicleta, fueron atribuidos al Municipio de Cúcuta, bajo el argumento que las calles no estaban preparadas para adjudicar una ruta de transporte de servicio público, máxime por disponer de unas vías angostas y andenes bajos inhabilitados para el tránsito de los buses de transporte público. Confirma. M.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 76001 23 31 000 2004 02011 01 (35902) de 2016

CONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES BAJO LA FIGURA DE LA SUCESIÓN PROCESAL. Vistas las consideraciones conceptuales pertinentes, se encuentra que los insumos teóricos brindan suficiente apoyo como para considerar que a la luz de la normativa legal se atribuirá el encargo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Por todo lo antepuesto, se dispuso RECONOCER COMO SUCESOR PROCESAL a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y, en consecuencia, ordenar que se le notifique este proveído a dicha Entidad, a fin de que tenga conocimiento de lo acá decidido y asuma la representación judicial del DAS, como su sucesor procesal. Reconoce. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Sucesión. Conocimiento. Insumos.

Expediente 76001 23 31 000 2005 04656 01 (42223) de 2016

EL LUCRO CESANTE ES UN FACTOR QUE SE DEBE PROBAR PREVIO RECONOCIMIENTO EN LA PROVIDENCIA. No existe certeza sobre la actividad que desarrollaba el sindicado antes de que fuera privado de su libertad, pues las declaraciones obrantes en el plenario presentan algunas inconsistencias en lo que hace a este punto, en tanto sostuvieron, por un lado, que se desempeñaba como “vendedor de frutas” y, por otro, como “vendedor ambulante”; y que además, recibía por dicha labor entre “40000 y 50000” pesos. Revoca. M.P. Hernán Andrade Rincón.  Temas: Declaraciones. Inconsistencias. Declaraciones.

Expediente 25000 23 26 000 2009 00147 01 (40778) de 2016

LA TASACIÓN DEL TIEMPO EN PRISIÓN VERSUS LA PRISIÓN DOMICILIARIA DEBERÁ TENERSE EN CUENTA PARA CALCULAR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. Como el sindicado estuvo privado de su libertad mediante detención física -en centro carcelario- y domiciliaria, deberá reducirse en un 50% el monto indemnizatorio por perjuicios morales en el lapso que duró su privación jurídica. En ese sentido, la parte actora deberá acreditar, en debida forma, cual fue el tiempo que duró la privación física de la libertad, tanto en centro penitenciario, como en detención domiciliaria. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. . Temas: Perjuicios. Reducción. Monto.

Expediente 63001 23 31 000 2005 01826 01 (40115) de 2016

EL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS POR LA AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE ACREDITADO DENTRO DEL PROCESO SU CONCRECIÓN. No obra en el expediente medio de prueba alguno con el cual se logre establecer la vulneración de derechos de arraigo constitucional, de los cuales se pueda derivar una afectación a los bienes constitucionalmente protegidos o de “daño a la vida de relación”, razón por la cual la Sala negó el reconocimiento de dicho perjuicio. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Vulneración. Protección. Concreción.

Expediente 25000 23 36 000 2015 02332 01 (56904) de 2016

A MENOS QUE LA SENTENCIA QUE IMPONE LA CONDENA SEÑALE UN PLAZO PARA EL PAGO LOS INTERESES MORATORIOS SE CAUSAN A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA RESPECTIVA SENTENCIA. Ya que la parte demandante allegó en debida forma el título ejecutivo judicial complejo, y que este, respecto de los intereses moratorios reclamados tiene una expresa regulación, como así mismo de manera expresa y clara dispuso la sentencia condenatoria, en dar aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, se reitera, que la solicitud de los intereses moratorios es procedente por esta vía por lo que se libró mandamiento de pago. Revoca.M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Intereses. Reclamación. Títulos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 76001 23 33 000 2013 00599 01 (21676) de 2016.

EL JUEZ NO PUEDE CONDENAR EN COSTAS SI NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE PROBADAS. Aunque las normas de procedimiento establecen la posibilidad de condenar en costas cuando hay lugar al desistimiento de la demanda, el juez puede abstenerse de proferir dicha condena cunado las partes así lo convengan, en caso de que el desistimiento se trate de un recurso ante el juez que lo haya concedido, que se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada, y que el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios; de manera complementaria a las anteriores condiciones solo es posible decretar el pago de las costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida en que se encuentren comprobadas. Acepta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Costas. Condenar. Comprobadas.

Expediente 76001 23 33 000 2015 01473 01 de 2016.

LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA TAMBIÉN COMPRENDE A LAS PERSONAS EN SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Teniendo en cuenta que la tutela es un mecanismo para la defensa de derechos fundamentales, asiste razón a la demandante al reclamar que la protección legal de la cual gozaba por su estado de embarazo fue desconocida por la entidad demandada, a pesar de que esta alegó en su defensa la terminación del periodo de servicio social obligatorio de la trabajadora para decidir la no continuación de la misma, no obstante es necesario resaltar que en reiterada jurisprudencia se ha señalado que la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo también incluye los cargos de servicio social obligatorio, sin que exista ninguna facultad legal de la entidad demandada para desconocer tal derecho. Confirma. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Estabilidad laboral reforzada. Servicio social obligatorio. Derecho.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00097 01 (20276) de 2016.

AL PROFERIR LA LIQUIDACIÓN OFICIAL LA AUTORIDAD TRIBUTARIA NO TUVO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS FISCALES PARA EFECTUAR EL NUEVO CÁLCULO. Señala el Consejo de Estado que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no observó las disposiciones fiscales para modificar la liquidación privada de la parte demandante, es decir que los cálculos matemáticos de la Autoridad de Impuestos carecen de sustento legal ya que al momento de restar los ingresos operacionales, la DIAN también hizo lo mismo con los intereses presuntivos al considerar que no estaban asociados al pago o abono en cuenta de la sociedad y no había derecho a deducción, lo cual es contrario al artículo 35 del Estatuto Tributario ya que los intereses presuntivos constituyen ingreso y por ende deben adicionarse a los ingresos netos para determinar la renta líquida. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Intereses presuntivos. Ingreso. Liquidación oficial.

Expediente 13001 23 31 000 2011 00442 01 (20306) de 2016.

LA DETERMINACIÓN DEL SUJETO GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PARTE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA NO EXCEDE LA AUTONOMÍA QUE LE OTORGA LA LEY. El Consejo de Estado señala que no concuerda con los argumentos expresados por la parte demandante, ya que al gravar los rendimientos financieros con el impuesto de industria y comercio la Administración de Cartagena en ningún momento decidió extender o ampliar el gravamen a hechos que la ley no contemple, adicionalmente en las normas demandadas se establecen mecanismos que impiden efectuar la retención por concepto del impuesto antes mencionado, a personas naturales y jurídicas que no estén gravadas o sean exentas del pago del impuesto; por lo tanto la norma no puede ser declarada nula siempre que se considere, que los rendimientos financieros gravados sean generados por actividades industriales o comerciales. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Sujeto gravable. Agentes de retención. Actividades industriales o comerciales.

Expediente 66001 23 31 000 2012 00242 01 (19805) de 2016.

LAS ENTIDADES TERRITORIALES NO PUEDEN EJERCER SU AUTONOMÍA MÁS ALLÁ DE LO QUE LES PERMITA LA LEY. El Concejo de Pereira al decretar la presentación bimestral del impuesto de industria y comercio, excedió sus competencias administrativas ya que hay normas de superior categoría que establecen la obligatoriedad de la presentación anual de este tributo, por lo tanto las normas municipales representan un claro desconocimiento del principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que las entidades territoriales solo pueden ejercer sus funciones fiscales en el marco y los límites que les permita la ley; por lo tanto es procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos hasta que se decida de fondo el asunto por parte del juez competente. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Entidades territoriales. Límites. Funciones fiscales.

Expediente 11001 03 27 000 2011 00024 00 de 2016.

AL CARECER LA DEMANDA DE ARGUMENTOS QUE RESPALDEN LAS PRETENSIONES, EL JUEZ NO PUEDE DECIDIR FAVORABLEMENTE AL DEMANDANTE. El acto administrativo proferido por la entidad que fue demandada, no se trata de un concepto jurídico con carácter vinculante ni obligatorio, sino que se trató de un oficio que expresó una opinión sobre la contribución especial de los contratos, es decir que se trató de un criterio orientador que no tiene el carácter de acto administrativo normativo, ya que no genera efectos generales y abstractos como tampoco puede ser oponible ni a la administración o los contribuyentes; señala el Consejo de Estado que la demanda interpuesta no ofrece argumentos puntuales ni respaldos normativos, debido a que se limita a señalar el posible desconocimiento de las leyes por parte de la entidad demandada, situación que no permite emitir pronunciamiento de fondo. Declara. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Argumentos. Demanda. Acto administrativo.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00221 01 (20610) de 2016.

EN LA LIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES NO ES POSIBLE INCLUIR AQUELLOS PAGOS QUE NO HACEN PARTE DEL SALARIO DEL TRABAJADOR. Tal como lo manifiesta la sociedad demandante, no era procedente por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) proferir la liquidación en la cual se determinaba el aporte parafiscal a cargo de la empresa, ya que tuvo en cuenta pagos que no eran parte del salario de los trabajadores y cuya salvedad había quedado especificada en los respectivos contratos; de manera que las bonificaciones habituales extralegales no son constitutivas de salario si así lo pactan expresamente el trabajador y el empleador, y por lo tanto no harán parte de la base gravable del aporte parafiscal que se deba pagar. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Aportes parafiscales. Salario. Bonificaciones. Extralegales.

Expediente 76001 23 31 000 2010 01444 01 de 2016.

LA CONTROVERSIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBE SER REALIZADA EN EL PLAZO QUE DETERMINE LA LEY, SO PENA DEL RECHAZO DE PLANO POR PARTE DEL JUEZ COMPETENTE. Cuando se pretenden demandar ante el juez administrativo los actos proferidos por alguna autoridad estatal, es necesario tener en cuenta que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solo puede ser ejercida dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria, comunicación o notificación del acto; dicho plazo no fue respetado por el demandante y a pesar de eso pretendió generar un nuevo acto de la administración, que pudiera demandar nuevamente y le permitiera reabrir un debate que ya había sido previamente decidido en vía gubernativa. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Actos administrativos. Plazo. Demanda.

Expediente 05001 23 31 000 2003 04499 01 de 2016.

LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS NO PUEDEN GRAVAR HECHOS ECONÓMICOS QUE LA LEY NO HA CONTEMPLADO. El artículo 365 de la Constitución establece que el Estado puede prestar servicios públicos, de manera que los servicios aeronáuticos y aeroportuarios realizados por la Aeronáutica Civil corresponden a funciones asignadas por la ley y las normas constitucionales, siendo imposible por parte de la Administración Municipal demandada pretender gravar dichos servicios como generadores del impuesto de industria y comercio, ya que no se trata de actividades mercantiles o industriales a pesar de que generan una contraprestación a la Aeronáutica Civil; es decir que las autoridades no pueden gravar con impuestos aquellas actividades que la ley ha establecido como funciones públicas. Confirma. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Funciones públicas. Servicios. Actividades.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 76001 23 33 000 2016 00356 01 de 2016

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES EN ESTADO DE DISCAPACIDAD DEBE SER PROTEGIDO EN TODOS LOS ESTADIOS. En el presente caso resulta claro que la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, desconoce el derecho fundamental a la educación de la menor, tal y como quedó expuesto a lo largo de este proveído. Visto así el asunto, no puede escudarse la entidad territorial en las directrices del Ministerio de Educación que, según este, impiden brindar los auxilios alimenticios a los estudiantes que no hacen parte de un plantel oficial, pues como se dejó dicho, el derecho a la educación de los niños en situación de discapacidad debe garantizarse en sus estadios de acceso y permanencia. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Protección. Menores. Garantías.

Expediente 25000 23 42 000 2016 01656 01 de 2016

CON BASE EN LA COMPETENCIA DADA POR LA NORMA SE REMITIRÁ EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS. Aún cuando existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. La Sala ordenará la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, con fundamento en la competencia a prevención, avoque de manera inmediata el conocimiento, y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Dirime. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. . Temas: Competencia. Conocimiento. Decisión.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10540 de 2016

MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN EN MATERIA PENAL FUERON PRORROGADAS. Por medio del presente acuerdo se pretende prorrogar la medida de descongestión adoptada por el Acuerdo PSAA08-4959 de julio 11 de 2008 hasta el 30 de junio de 2017, asignando la competencia solo al Juzgado 10 Penal de Circuito Especializado de Bogotá del conocimiento exclusivo del trámite y fallo de los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Temas: Homicidios. Descongestión. Procesos.

 

Tribunal Superior de Bogotá DC Sala Civil

Expediente 007 2011 00603 01 de 2016.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO SOLO PUEDE DEDUCIRSE A PARTIR DE LA CULPA DEBIDAMENTE PROBADA. La jurisprudencia colombiana ha señalado de manera reiterada que al asumir un compromiso, el médico generalmente adquiere una obligación de medios y no de resultados, es decir que no garantiza el cumplimiento de un objetivo de modo pleno pero sí se compromete a emplear todas las herramientas para hacerlo; por lo tanto en caso de una falla por parte del profesional de la salud, para probar su responsabilidad es necesario que exista la culpa probada, en la cual se demuestre que efectivamente no hizo los esfuerzos necesarios que su oficio le exige, para garantizar que se protegiera la vida del paciente. Confirma. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. . Temas: Médico. Responsabilidad. Obligaciones de medios. Resultados.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

Expediente 000 2016 00211 00 de 2016.

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO PUEDEN NEGAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIERA LA CIUDADANÍA. No son de recibo los reclamos presentados por la entidad de salud accionada, al argumentar que ha prestado la atención básica necesaria para atender las dolencias del accionante, ya que no hay constancia de que se hayan expedido las correspondientes autorizaciones por parte de la Entidad Promotora de Salud (EPS) para que se inicie el tratamiento de la fractura sufrida por la parte demandante; esta actuación evidencia una omisión por parte de la entidad y niega de manera injustificada el efectivo goce del derecho de acceso a los servicios de salud. Concede.M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez. . Temas: Autoridades administrativas. Servicios de salud. Derecho.

Expediente 07 2007 00255 01 de 2016

LAS DECLARACIONES EXTRAPROCESO PROTOCOLIZADAS EN ESCRITURA PÚBLICA SIGUEN PRESERVANDO SU NATURALEZA PROCESAL. La tolerancia inicial que justifica la tenencia de la demandante y la falta de alegación y prueba de la interversión del título, obsta el triunfo de la prescripción, circunstancia, que provoca que la sentencia de primer grado se mantenga; razones por las que la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado. Confirma. M.P. Luis Alberto Suárez González Temas: Alegación. Tenencia. Declaraciones.

Expediente 36 2011 0416 01 de 2016

LA SENTENCIA DE NULIDAD PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS Y, POR ENDE, CADA PARTE TIENE QUE DEVOLVER A LA OTRA LO QUE HA RECIBIDO COMO PRESTACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO ANULADO. Dado que la promesa de contrato en la que no concurren las condiciones existenciales señaladas en el artículo 1611, “no produce obligación alguna”, y que las partes acordaron anonadar tales efectos por la “renuncia justificada”, como forma válida de resolver las consecuencias del negocio frustrado, el reconocimiento judicial de esta especie de ineficacia, debe, por igual, intentar que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban con antelación a la fallida celebración o ejecución del mismo. Revoca. M.P. Luis Alberto Suárez González. Temas: Nulidad. Retroactividad. Consecuencias.

Expediente 11001 31 03 018 2012 00049 01 de 2016

LA PARTE DEMANDANTE NO SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA INVOCAR LA ACCIÓN IMPETRADA. Para dilucidar lo referente a la responsabilidad que pueda derivarse de los actos indebidos que ejecute el representante legal o administrador, fueron establecidos por el legislador otros expedientes, verbi gratia, incoar la acción social de responsabilidad, o la de impugnación de los actas o decisiones de las asambleas, en las que se presentaron y aprobaron las cuentas. Confirma. M.P. Julia María Botero Larrate. Temas: Legitimación. Responsabilidad. Aprobación.

Expediente 2015 01930 01 de 2016

NO RESULTA PROCEDENTE EL RECHAZO DE PLANO, COMO QUIERA QUE DEBÍA INSTARSE LA POSIBILIDAD DE QUE FUERA ENMENDADA LA DEMANDA. Dentro de las funciones del operador judicial no se encuentra el laborío reclamado por la censora, consistente en “informar la manera” en la cual se pueda adelantar el trámite pretendido, pues las pautas sobre el particular se encuentran establecidas en las normas de procedimiento civil. Por tal motivo, se confirmó la decisión censurada, sin perjuicio de que la interesada adelante, conjunta o separadamente el procedimiento correspondiente, para hacer valer los pedimentos frente a una y otra sociedad, teniendo en cuenta las reglas de competencia ampliamente plasmadas en el ordenamiento jurídico. Confirma. M.P. Luis Roberto Suárez González. Temas: Trámite. Competencias. Perjuicios.

Expediente 2004 53843 02 de 2016

LA INCERTIDUMBRE DEL DAÑO ES UN OBSTÁCULO INSALVABLE PARA QUE EL JUEZ LOGRE CONSIDERARLO COMO TANGIBLE. La decisión cuestionada y que se confirmó, se justificó por la infertilidad demostrativa respecto del quantum sobre los perjuicios y de la relación de causalidad de la disminución de ventas y el acto anticompetitivo censurado y, por el contrario, queda en pie que tales efectos desfavorables para los incidentantes, provinieron de factores externos, sin que se tuviera por cierto que fue colofón directo o indirecto, de la publicación de la información que, previamente, en el trámite declarativo, fue reprochada. Confirma. M.P. Luis Roberto Suarez González.Temas: Causalidad. Infertilidad. Desfavorable.

Expediente 012 2015 00637 01 de 2016

EL APREMIO SOLICITADO RESULTA IMPROCEDENTE, PUES DICHA FALENCIA CONLLEVA, DIRECTAMENTE, LA INEXISTENCIA DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR POR VÍA COMPULSIVA LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL PLEXO NEGOCIAL. En el presente caso hay que advertir que la solicitud referente al “reintegro de dineros pagados a título de precio y anticipos”, obedece a un factor propio de la resolución del negocio y las restituciones mutuas que de ello se derivan, habida cuenta que en el instrumento objeto de recaudo no se plasmó ninguna cláusula que diera lugar a una devolución automática de valores pagados por el demandante, tanto más si se tiene en cuenta que, como se indicó, no se acredita en debida forma el acatamiento pleno de las obligaciones a su cargo contempladas en el contrato de promesa de permuta. Confirma. M.P. Luis Roberto Suárez González. Temas: Devolución. Reintegro. Restituciones.

Expediente 2015 02262 de 2016.

LA EXIGENCIA DE RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NO IMPLICA QUE EL ACCIONADO DEBA CONTESTAR FAVORABLEMENTE LA CONSULTA REALIZADA. Respecto al incidente de desacato presentado por la parte afectada, es evidente que existió respuesta al derecho de petición cuya protección se invocó mediante la acción de tutela, tal como obra en las pruebas aportadas por la parte demandada, al desaparecer los hechos que dieron origen a la acción de tutela no se torna procedente continuar con el procedimiento para la protección de derechos, y tal como lo señala el Tribunal lo que se persigue es que la entidad accionada de una efectiva respuesta de fondo al derecho de petición presentado, lo cual no implica que se deba contestar favorablemente a las pretensiones del peticionario. Declara. M.P: Luis Roberto Suárez González. . Temas: Derecho de petición. Pretensiones. Protección.

 

Congreso de la República

Comunicado de Prensa 105 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS HIJASTROS. El tribunal estableció que aunque pueden existir diferencias jurídicas según el tipo de familia, esas diferencias no se pueden aplicar a los hijos. La Corte Constitucional resolvió una tutela a favor de dos hombres a los que las empresas donde trabajaban, y por medio de las cuales estaban afiliados al sistema de seguridad social, les habían negado a sus hijastros los beneficios de salud y educación por no ser hijos biológicos. La Corte resalta que ello constituye un trato discriminatorio, pues afirma que los hijastros se encuentran en igualdad de condiciones que los biológicos y adoptivos. Temas: Protección. Derechos de hijastros. Beneficios de salud y educación. Trato discriminatorio.

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Resolución 5667 de 2016

SE MODIFICA EL LINEAMIENTO TÉCNICO DE SERVICIOS PARA MEDIDAS Y SANCIONES DEL PROCESO JUDICIAL. Por medio del presente documento el ICBF ordeno aprobar las modificaciones realizadas al Lineamiento Técnico de Servicios para Medidas y Sanciones del Proceso Judicial – SRPA, las cuales se encuentran contenidas en dicho lineamiento. . Temas: Servicios. Lineamientos. Aprobación.

Resolución 5668 de 2016

LINEAMIENTO TÉCNICO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL. Se modifica el lineamiento adoptado mediante Resolución 1522 de 2016, con el fin de facilitar su aplicación en la prestación de los servicios en las distintas modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  Temas: Lineamiento técnico. Responsabilidad penal. Adolescentes y jóvenes en conflicto.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

Decreto 1051 de 2016

COMPETENCIA PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS DERIVADAS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES A CARGO DEL EXTINTO ISS. Modifica el Decreto 541 de 2016. Será competencia del Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del liquidado Instituto de los Seguros Sociales. El trámite de pago, podrá hacerlo el Ministerio directamente o a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido por el liquidador del extinto ISS, u otro que se determine para tal efecto. Temas: Competencia. Pago. Sentencias. Obligaciones contractuales y extracontractuales. ISS.

 

Ministerio de Trabajo

Concepto 16933 de 2016.

EL TRASLADO DE EMPLEADOS AMPARADOS CON EL FUERO SINDICAL REQUIERE DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL. El fuero sindical consagrado en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo establece una garantía legal especial para los trabajadores, que comprende a los miembros de la juta directiva y subdirectiva de toda organización sindical de trabajadores, sin pasar de cinco principales y cinco suplentes, durante su mandato y seis (6) meses más, de no ser desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. . Temas: Empleados. Fuero sindical. Traslado.

Concepto 43676 de 2016.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS RECOLECTADOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. Dentro del ámbito privado las personas pueden hacer lo que la ley no es prohíba expresamente, y por lo tanto no hay ninguna norma que impida la recolección de información privada en el desarrollo de una visita domiciliaria dentro de un proceso de selección, de manera que la empresa contratante queda en libre disposición de obtener dichos datos siempre que los use exclusivamente para la contratación, que se respete el derecho a la dignidad humana, la intimidad personal y la libertad de conciencia de los aspirantes. . Temas: Datos. Procesos de selección. Recolección.