24 julio, 2023

Julio 21 del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 177 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE MUJER QUE, EN DESARROLLO DE SU CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL, CUMPLIÓ LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR INVALIDEZ

El alto tribunal recordó que, para el caso de enfermedades congénitas, degenerativas y crónica, la pérdida de capacidad laboral debe identificarse desde que el trabajador pierde de manera definitiva la facultad de ejercer sus labores. La Sala Quinta de Revisión amparó el derecho a la seguridad social invocado por una mujer a quien Protección S.A. le negó la pensión por invalidez. La ciudadana padecía artritis juvenil y fibromialgia, patologías degenerativas y crónicas por las que fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 65%, estructurada en 2011, antes del inicio de su relación laboral. La negativa para adquirir la mesada se basó en que no acreditó la cotización de 50 semanas tres años previos a la estructuración de la enfermedad. Si bien la accionante cotizó alrededor de 230 semanas posterior a la fecha de la estructuración de su enfermedad, la entidad pensional se negó a otorgar el pago de su pensión por cuenta de las incapacidades que se registraron en ese marco de tiempo y pese al deterioro en su estado de salud. La accionante presentó una tutela en la que pedía el amparo de los derechos a la vida digna, seguridad social, mínimo vital e igualdad, pues consideró que se desconoció su capacidad laboral resid ual. El expediente conocido por el despacho del magistrado Alejandro Linares Cantillo relata que, si bien la enfermedad de la mujer se empezó a presentar desde 2011, ella con sus patologías siguió laborando con la capacidad laboral residual de la que aún gozaba y alcanzó a cotizar 230 semanas de pensión entre octubre 2015 y marzo de 2020, hasta cuando la EPS la calificó con un porcentaje mayor y no pudo continuar con sus labores. En primera y segunda instancia, la accionante no recibió amparo de sus derechos porque los jueces de tutela consideraron que la sola discapacidad laboral no era suficiente para obviar los requisitos de procedibilidad que impone la tutela y porque existían otros mecanismos judiciales para acceder al amparo. La Sala, en su análisis, consideró que sí hubo vulneración de derechos. Reiteró que, a pesar de que en muchas ocasiones se merma la capacidad física de un trabajador, en escenarios de enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas, este puede seguir haciendo parte del mundo laboral en un escenario de integración, pese a la discapacidad.

 

Sentencia T 219 de 2023

COMISARÍA DE COTA, CUNDINAMARCA, DEBE UTILIZAR PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Comisaría de Cota, Cundinamarca, debe utilizar perspectiva de género para garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia a mujeres y menores víctimas de violencia. La Corte estudió la tutela de una mujer, quien acudió a la Comisaría en protección suya y la de su hija por violencia intrafamiliar por parte de su expareja y padre de la menor, pero no recibió las medidas de protección necesarias. Con base en el análisis, la Corte también insta al Ministerio de Justicia para que, de acuerdo con su función, exija la asistencia obligatoria de todo el personal que labora en comisarías de familia a la formación y actualización periódica de información en situaciones relacionadas con violencias en el contexto familiar, perspectiva de género y prevención de la violencia institucional. La determinación de la Sala Octava de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, obedece al análisis del caso de tutela de una mujer radicada en Cota, Cundinamarca, quien se acercó a la Comisaría del municipio solicitando medidas de protección para ella y su hija toda vez que eran víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y padre de la menor. Pese a que la mujer asistió en varias ocasiones a la Comisaría con testimonios que daban cuenta del maltrato que ejercía el hombre sobre ella, la determinación inicial fue tomar medidas de protección solo sobre la menor. La mujer impugnó la decisión y un juzgado de Funza modificó las directrices y le ordenó al hombre cesar todo acto de violencia, agresión, maltrato o amenaza en contra de ambas. Y, estableció que, en caso de incumplimiento, se debía someter a una serie de sanciones. Pese a que la mujer y la menor, tenían medidas de protección, los actos de violencia continuaron sin que la Comisaría actuara generando con ello “violencia institucional”. La accionante aclaró que en medio del proceso sostuvieron varias audiencias en las que, la Comisaría pudo compulsar copias a la Fiscalía General para iniciar investigaciones contra su expareja, pero la entidad estatal no lo hizo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 001140 de 2023

 CULPA PATRONAL » INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

El hecho de que el empleador adopte medidas de prevención y protección en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual contempla un plan estratégico de seguridad vial y desarrolla un procedimiento de tránsito y colegio virtual de motos y autos, no desvirtúa la culpa patronal, a lo sumo demuestra alguna capacitación o medida en lo concerniente a la gestión del riesgo tránsito, el cual involucra peligros y agentes distintos al riesgo público asociado a la muerte del trabajador -transporte de grandes sumas de dinero en vías públicas. ANÁLISIS DE PRUEBAS Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar acreditada la culpa del empleador en el accidente que derivó en el fallecimiento del trabajador, toda vez que las probanzas obrantes en el plenario indicaban que aquel era conocedor de los peligros que acarreaba la actividad que desarrollaba su empleado y que este además se lo había manifestado, sin que la empresa adoptara las medidas de prevención y protección, ni medidas especiales para garantizar la seguridad de su colaborador contra los distintos agentes de riesgo público que generaba el hecho de trasladar elevadas sumas de dinero por vías públicas -riesgo previsible-  DOCUMENTO » INFORME DEL ACCIDENTE DE TRABAJO . Cuando el informe del accidente de trabajo que elabora la administradora de riesgos laborales es representativo de lo que esta registra sobre aquel, no es un documento declarativo o asimilable a una prueba testimonial, pues dicho carácter no configura una declaración personal de conocimiento sobre determinados hechos, edificada a partir de los recuerdos de la memoria, además si no se solicita su ratificación o es tachado de falso oportunamente, resulta ser prueba hábil en casación

 

Expediente 90786 de 2023

PRECISAN POR QUÉ INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE MESADAS PENSIONALES SE DA POR UNA SOLA VEZ.

La pensión es una obligación de tracto sucesivo compuesta por una pluralidad de mesadas que al adquirir la connotación de exigibles prescriben al vencimiento del término trienal cuando dentro de éste no se ha perseguido su pago. Los artículos 488, 489 del CST y 151 del CPTSS establecen un término de tres años para que el acreedor reclame, contado a partir del momento de exigibilidad de la obligación.  Basta con presentar reclamación por escrito al empleador u obligado, con lo cual comienza de nuevo el término de los tres años para reclamar, por una sola vez

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00167 de 2023

 NULIDAD RELATIVA: RETICENCIA EN LA DECLARACIÓN SINCERA DEL ESTADO DEL RIESGO

️ Ocultamiento del tomador de la enfermedad de diabetes mellitus y obesidad mórbida que padecía desde antes de la suscripción de los contratos de seguro de vida y bancaseguros.  Deducción del conocimiento presunto del asegurador: las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondrán, si el asegurador -antes de celebrar el contrato- ha conocido o debido conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaración.   Aplicación del inciso final del artículo 1058 del Código de Comercio.  La aseguradora tiene la carga de investigar adecuadamente el estado del riesgo, en un inicio a través de una indagación pertinente enderezada a procurar del tomador su sincera declaración, que, de no ser realizada, a pesar de poder hacerlo, le impedirá aducir que el tomador incurrió en reticencia.

 

Expediente 00217 de 2023

ACCIÓN REIVINDICATORIA: PREDIOS RURALES

️ Es presupuesto para la prosperidad de la acción que el convocante tenga la calidad de propietario actual de los bienes que pretende reivindicar.   El certificado de tradición es un documento público, que muestra la situación jurídica del inmueble para la fecha y hora de su expedición, y en virtud del principio de legitimación se presume que la inscripción es válida, no obstante, admite prueba en contrario.   No es exigible a quien adquiere un bien raíz con fundamento en lo que aparece inscrito en el certificado de tradición, que deba hacer una verificación de la legalidad de los mismos.   Al haberse revocado la sentencia que accedía a la pertenencia por parte del juez ad quem, tal decisión en los términos del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época de los hechos, no tenía efectos erga omnes, sino de inoponibilidad.   Del Decreto 1250 de 1970 así como de la Ley 1579 de 2012 se pueden deducir, entre otros, como principios registrales los de la inscripción, la rogación, la legalidad, legitimación y publicidad.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 61806 de 2023

RECUERDAN LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE CONCUSIÓN.

Concepto /  Elementos /  Sujeto activo calificado: servidor público /  Elementos: verbos rectores /  Abuso del cargo o de la función. Apreciación probatoria: omisión, se configura

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 24 000 2010 00371 00 de 2023

 RECUERDAN LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD Y LAS REGLAS DE COTEJO MARCARIO.

La Sala, teniendo en cuenta lo anterior, procede al cotejo de las marcas en conflicto «TAMPICO CITRUS PUNCH» y «TANGELO CITRUS PUNCH», con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes determinar si la expresión “CITRUS PUNCH” es descriptiva y de uso común en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, si deben ser excluidas del análisis, de conformidad con las directrices impartidas por el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial rendida en el interior del presente proceso. Al respecto, la Sala corrobora que, en efecto, la expresión “CITRUS PUNCH” es un componente de uso común, débil e inapropiable en exclusiva por un empresario, pues es utilizada por varias sociedades para identificar productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, y dado que también describe una característica esencial de los mismos, […] Cabe resaltar que, al realizarse el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas y de uso generalizado, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla consistente en que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. La Sala de Decisión, al efectuar el análisis de confundibilidad, pone de relieve que en un asunto de similares supuestos fácticos y jurídicos, en el cual se compararon los signos «CITRUS PUNCH SOL» (nominativo) VS «AGUA FRESCA EL SOL» (nominativo) y «SOL» (mixto), todos ellos concedidos para amparar productos de la clase 32 del nomenclátor internacional de Niza, se concluyó que el registro de la marca solicitada: «[…] no le confería a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios del uso de las palabras CITRUS y PUNCH, antes referidas, expresiones que continúan siendo de libre disposición para informar las calidades y características de productos o servicios […]». En síntesis, la Sección constató que la expresión CITRUS PUNCH es de carácter descriptivo de los productos de la clase 32 del nomenclátor internacional

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 Expediente 05001 23 33 000 2021 01495 01 de 2023

PRUEBA POR INFORME ES UN MEDIO IMPROCEDENTE PARA OBTENCIÓN INFORMACIÓN DE QUIENES SON PARTE DEL PROCESO.

Sobre el argumento esbozado por la recurrente relacionado con que en la demanda no se manifestó si el medio de prueba solicitado era el contemplado en el artículo 275 o en el 195 del CGP, se debe indicar que al revisar la demanda en su acápite VIII denominado pruebas, en su numeral tercero, se manifiesta claramente que lo solicitado es el medio de convicción descrito en el precitado artículo 275. La anterior afirmación obedece a la expresión que utiliza la demandante al referirse al medio de prueba, la cual guarda relación con la denominación que realizó el legislador para tal medio probatorio, esto es, «prueba por informe». Ahora bien, no se manifestó en momento alguno por la parte actora que al no valer la confesión del representante de la entidad demandada se solicitaba que este rindiera informe sobre los hechos debatidos que le concernieran, por lo cual en efecto como lo indicó el a quo, no cabe duda de que la prueba solicitada se trata de la prevista en el artículo 275 del CGP.(…)Si bien la finalidad de la prueba es llevar al juez a la certeza o conocimiento de los hechos y su objetivo es soportar los argumentos esbozados por las partes, lo cierto es que, pese a la importancia de algunos documentos o testimonios, su decreto y práctica no es automática, toda vez que, previamente, el juez tiene que analizar si estas son conducentes, pertinentes y útiles para definir el fondo del asunto. Lo anterior, al tenor del artículo 168 del CGP que establece que se deben rechazar aquellos medios que no satisfagan las citadas características.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 23001 23 33 000 2013 00186 01 de 2023

¿SI LA VÍCTIMA PRETENDE LA REPARACIÓN TOTAL DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, DEBE DEMOSTRAR QUE AUN UTILIZANDO LAS MEDIDAS QUE LE ERAN RAZONABLEMENTE EXIGIBLES NO PUDO CONTENER SU AGRAVACIÓN?

[A]nte la ocurrencia de un daño, la víctima adquiere la carga fundada en el principio de buena de fe de mitigar el daño, la cual consiste en adoptar todas las medidas razonables para evitar o aminorar los efectos del resultado lesivo, cuya no realización puede dar lugar a que se reduzca la indemnización en proporción a la incidencia de su omisión, de allí que, si aquella pretende la reparación total de los perjuicios causados, debe demostrar que aun utilizando las medidas que le eran razonablemente exigibles no pudo contener su agravación. [E]stá en manos del interesado evitar el daño, pues de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquélla, pues tal comportamiento no sólo resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se deben regir todas las relaciones entre el Estado y los administrados, sino que también contraría el principio de derecho según el cual nadie puede sacar provecho de su propia desidia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el comportamiento de la víctima fundado en el principio de buena de fe, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de julio de 2016, rad. 41491. C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

 

Expediente  13001 23 31 000 2010 00793 de 2023.

¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS DEL CONTRATO DE DERECHOS LITIGIOSOS?

El contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial –cedente–, transmite a un tercero –cesionario–, en virtud de un contrato, a título onerosos o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes. En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, dicho negocio jurídico se confirma con la sola entrega del título (documento privado o público) hecha por el cedente al cesionario; no obstante, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, han sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que ésta última se pronuncie respecto de la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere presentar. Una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (art. 761 del C. Civil), puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente.