Julio 25 – 29 Sala Penal

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 41427 de 2016

POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN LA POSTULACIÓN DEL ATAQUE NO HABRÁ LUGAR A OTORGAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Ante la falta de fundamento y de razón en la postulación de los ataques, en total discrepancia con el concepto de la Procuradora Delegada por las razones que se expresaron, la Corte no tiene más alternativa que disponer no casar la sentencia recurrida. Lo anterior, teniendo en cuenta que este mismo reparo fue objeto de análisis por parte de la Sala cuando se ocupó de dar respuesta al segundo cargo incluido en la demanda presentada, para declarar la improsperidad de la censura. No Casa. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Temas: Postulación. Improsperidad. Análisis.

Expediente 46061 de 2016.

LA SALA ANULARÁ EN FORMA PARCIAL EL FALLO, EXCLUSIVAMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DECISIÓN DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, A EFECTOS DE QUE EL TRIBUNAL REHAGA LA DECISIÓN.La Sala se abstuvo de estudiar los casos puntuales planteados por los apoderados de víctimas porque al invalidarse parcialmente el fallo respecto a la decisión del incidente de reparación integral, el Tribunal debió reexaminar todas las pretensiones resarcitorias oportunamente formuladas a efectos de enmendar los yerros detectados, decidir acorde con los parámetros sustanciales y probatorios decantados por la jurisprudencia, corregir los nombres e identidades que los impugnantes han develado equivocados, individualizar, en los términos previstos en la normatividad transicional, a las personas respecto de las cuales ordena reparación, precisando la cuantía asignada a cada víctima. Declara. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. . Temas: Víctimas. Reparación Integral. Asignación.

Auto 47521 de 2016

CUANDO NO SE EVIDENCIAN VULNERACIONES EN GARANTÍAS PROCESALES NO SERÁ PROCEDENTE LA CASACIÓN. Atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición de los impugnantes dentro del proceso e índole de la controversia, no se encontró violación de garantías de incidencia sustancial ni procesal que debieran ser protegidas oficiosamente y que condujeran a superar los defectos de las demandas, por lo que se impuso su definitiva inadmisión. Inadmite. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Procedencia. Garantías. Protección.

Auto 47714 de 2016

ASIGNACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN SEGUNDA INSTANCIA. La presente actuación debe ser asignada a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, como así se dispuso en la parte resolutiva de esta providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Lo anterior, teniendo en cuenta que hasta tanto se creen las salas de extinción de dominio en los demás tribunales superiores del país, la segunda instancia en los procesos de esa naturaleza debe recaer en la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Asigna. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Conocimiento. Resolución. Actuación.

Expediente 35520 de 2016

AL NO PROBARSE LA INOCENCIA DE LA PROCESADA NO HAY LUGAR A DECLARAR LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE REVISIÓN. No hay lugar a desdecir de las conclusiones que con fundamento en el estudio integral de la actuación surtida realizaron los jueces en primera y segunda instancia, concluyendo que los hechos objeto del procesamiento configuraron la conducta punible de lavado de activos y sus responsables coautores fueron otros. Por consiguiente, las pretensiones de la demanda de revisión no están llamadas a la prosperidad dado que no se demuestra la inocencia de la sindicada por el influjo de la prueba nueva, ni hay lugar a la estructuración de distintas consideraciones y conclusiones sobre la materialidad y la responsabilidad, en especial, que en su respecto fueron declaradas judicialmente. Declara. M.P. Fernando Alberto Castro Caicedo. Temas: Revisión. Procedencia. Inocencia.

Expediente 38999 de 2016

PARA LA IMPOSICIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD EL JUEZ DEBERÁ EMITIR SU FALLO TENIENDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DEL ASUNTO Y LOS CUARTOS PUNITIVOS. Teniendo en cuenta los cuartos de movilidad y como quiera que la primera instancia partió de la cifra menor de los cuartos medios, el mismo criterio deberá ser tenido en cuenta en esta oportunidad por la Sala, por lo tanto habrá de partirse de 400 meses que corresponde al monto menor del rango mínimo ahora seleccionado. Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Penas. Valoración. Movilidad.

Expediente 45804 de 2016

LE ASISTE LA RAZÓN AL DEMANDANTE CUANDO AFIRMAN QUE COMO LEASING BOLÍVAR SE DESPRENDIÓ COMPLETAMENTE DE LA “EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN” DEL BIEN CON EL CUAL SE CAUSÓ EL DAÑO EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA DEL TRÁFICO AUTOMOTOR, NO ESTÁ OBLIGADA A RESPONDER CIVILMENTE. No obstante el libelista alegó otro error de hecho, esta vez por falso juicio de existencia por suposición de la prueba según el cual, el Tribunal dio por demostrado sin estarlo que Leasing Bolívar había sido llamada en garantía como una compañía de seguros; es del caso recordar que al abordar el análisis del litigio se precisó que el Juzgador de segundo grado en modo alguno arribó a tal conclusión, pues tal cuestionamiento se basó en la lectura insular que hizo el censor del fallo impugnado. Casa Parcialmente. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Falso Juicio. Actividad Peligrosa. Exclusión.

Expediente 85966 de 2016

BAJO LAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS SE ENCUENTRA LA DE SALVAGUARDAR EL TRASLADO DE PROCESOS. En el presente caso al parecer el proceso del accionante aún se encuentra en el distrito judicial de Bogotá, pues los argumentos del Juez 29 Ejecutor de esta ciudad dan cuenta que, luego de abstenerse de conocer del mismo, lo devolvió a San Gil, pero no se tiene registro de su salida oficial, pues así lo corrobora el sistema de consulta de procesos. Bajo ese entendido, la Sala accederá a la solicitud de amparo y ordenará al Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Mediadas de Seguridad de Bogotá, para que en el término de la distancia ubique el expediente adelantado contra el demandante. Concede. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Registro. Procesos. Traslado.

Expediente 86007 de 2016

QUIENES SE ENCUENTREN EN DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BAJO EL RÉGIMEN DE LEY 600 PODRÁN SER DESTINATARIOS DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA. Cuando el condenado no pueda sufragar el costo del mecanismo de seguridad electrónica que le sustituirá la pena privativa de la libertad, el Estado dentro de sus límites presupuestales lo hará. En esta oportunidad el actor no había manifestado su imposibilidad económica para hacerlo, por lo que la materialización del beneficio que depreca depende exclusivamente de él. Así las cosas, no le quedó más a la Sala que negar las pretensiones de la demanda. Niega.M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Seguridad Electrónica. Costo. Beneficio.

Expediente 86085 de 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA NO SE TORNA COMO UNA INSTANCIA ADICIONAL EN UN PROCESO JUDICIAL. La acción de tutela no es una herramienta jurídica complementaria, que en este evento, se convertiría prácticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursión en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad de las providencias emitidas por los accionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no así ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como instancia adicional de la justicia ordinaria laboral. Confirma. M.P. Eyder Patiño Cabrera.Temas: Exclusividad. Procedibilidad. Adición.

Expediente 86245 de 2016

LA INACTIVIDAD PROCESAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE PROBADA. Como quiera que la parte actora no adujo motivos justificativos de la inactividad, solo desidia y desatención pueden predicarse de su actuar, razón por la cual palmaria se evidencia la ruptura con el principio aludido que gobierna el ejercicio de la acción de tutela y que es especialmente exigible cuando se impetra en contra de providencias judiciales. Declara. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Inactividad. Acción de Tutela. Justificación.

Expediente 46000 de 2016

APLICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, cuando es privativa de la libertad, sin que en ningún caso sea inferior a cinco años ni superior a veinte, salvo las excepciones previstas en la ley, teniendo en cuenta que la misma se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada. De este modo vuelve a correr, por un lapso igual a la mitad del señalado en aquel precepto. Esto es, en razón de la pena máxima prevista para el delito imputado sería de tres años, pero como en ningún caso puede ser inferior a cinco. No Casó.M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Prescripción. Acción Penal.