Julio 25 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 20001 11 02 000 2013 00661 01 de 2016.

AL NO EXISTIR ACUERDO RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS EL JUEZ PUEDE DETERMINAR EL VALOR DE LAS MISMAS. No hay lugar a decretar la responsabilidad disciplinaria de la jueza investigada, ya que el pago de los honorarios del abogado acordados con el cliente solo fuero correspondiente al 10% del valor total del dinero recibido, sin hacer ninguna precisión respecto a la liquidación de las costas del proceso, este vacío facultaba a la funcionaria para que de acuerdo con el procedimiento que disponen las normas, estableciera el valor de dichas costas y ordenara su respectivo pago, lo cual en ningún momento constituye una extralimitación de sus funciones. Revoca.M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Costas. Liquidación. Funciones.

Expediente 76001 11 02 000 2015 02221 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA CUANDO LOS HECHOS QUE LE DIERON ORIGEN YA FUERON SUPERADOS. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones el carácter transitorio y subsidiario de la tutela para defender derechos fundamentales, por lo tanto es necesaria la permanencia en el tiempo de los sucesos que dieron origen a la vulneración de las garantías constitucionales para que se pueda interponer el recurso de amparo; de acuerdo con lo anterior al desaparecer dichos sucesos se configura el fenómeno de la carencia de actual de objeto por hecho superado, es decir que como ya no existen los hechos que dieron origen a la acción de tutela, el juez debe declararse inhibido para decidir de fondo sobre el litigio planteado. Confirma. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Hecho superado. Acción de tutela. Derechos fundamentales.

Expediente 63001 11 02 000 2011 00328 02 de 2016.

LA ERRADA FORMULACIÓN DE CARGOS AL INVESTIGADO IMPLICA LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DEL MISMO. El recurso de apelación presentado por la sancionada está llamado a prosperar, ya que al ser juez de paz no era posible iniciar el procedimiento disciplinario de acuerdo a la Ley 734 de 2002, debido a que la jurisdicción especial de paz cuenta con un régimen especial consagrado en la Ley 497 de 1999 y cualquier falta cometida debe ser investigada de acuerdo a esta norma, siendo imposible aplicar cualquier otro régimen disciplinario para el caso investigado; debido a esto se hizo una errada motivación legal al momento de formular cargos lo cual desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la disciplinada, siendo necesario subsanar la nulidad por parte del juez competente. Decreta. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. . Temas: Formulación de cargos. Debido proceso. Jurisdicción especial de paz.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00357 01 (10953 26) de 2016.

AL EVIDENCIAR NULIDADES EN EL PROCEDIMIENTO, ES DEBER DEL JUEZ PROCEDER AL SANEAMIENTO DE LAS MISMAS. Es necesario que al momento de iniciar el respectivo procedimiento de investigación disciplinaria, se analice la condición del cargo desempeñado por la persona investigada ya que así será posible determinar el régimen disciplinario aplicable, lo cual implica realizar el trámite respetando el debido proceso y la defensa del investigado; el desconocimiento de lo anterior tiene como consecuencia el irrespeto de los derechos fundamentales del acusado, y la configuración de nulidades en el procedimiento adelantado, siendo necesario decretar que sean subsanadas e iniciar nuevamente la investigación para que se ajuste a las leyes. Decreta. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Procedimiento. Régimen disciplinario. Derechos fundamentales. Nulidades.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 04 000 2016 00345 01 de 2016.

EL USO DE LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE IMPLICAR EL DESCONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ. El desacuerdo con las sentencias que negaron el Hábeas Corpus invocado por el accionante, no tiene justificación alguna ya que analizadas las decisiones judiciales estas se encuentran debidamente motivadas y se profirieron conforme a la ley; aquellas sentencias que si cumplen con las normas colombianas y no vulneran ningún derecho fundamental, no pueden ser controvertidas mediante la acción de tutela ya que no hay irrespeto a las garantías constitucionales del accionante, y tampoco se puede pretender desconocer la autonomía que tiene el juez para proferir sus decisiones de acuerdo a las leyes. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Acción de tutela. Autonomía del juez. Decisiones.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 47922 de 2016

LA CAUSACIÓN DE UN DERECHO NO DEPENDE DE QUE SU TITULAR LO SOLICITE DURANTE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE LO CONSAGRÓ. El derecho ya consolidado no se pierde porque su titular no lo hubiera pedido en el lapso en que rigió la disposición que sirvió de fundamento para su causación y sólo venga a reclamarlo cuando esa norma haya sido derogada o sustituida, puesto que la desaparición de la ley por virtud de su derogatoria no permite en forma alguna el desconocimiento de los derechos válidamente adquiridos bajo su imperio. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz Temas: Pensión de vejez. Derechos adquiridos. Derogatoria de norma. Ultractividad.

Expediente 48244 de 2016

EL REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA PENSIONAL DEBE SER INAPLICADO BAJO EL AMPARO DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009. La inaplicación de dicha exigencia debe hacerse por el juzgador de instancia, no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la particular circunstancia de la patente contradicción que implica la exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional de progresividad. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Temas: Pensión de sobrevivientes. Fidelidad. Excepción de inconstitucionalidad.

Expediente 48254 de 2016

OTORGAR VALOR PROBATORIO A ALGUNAS COPIAS SIMPLES NO AUTORIZA QUE SE OBVIEN LAS EXIGENCIAS LEGALES REFERIDAS A LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS. El parágrafo del artículo 24 de la Ley 712 de 2001, que modificó el 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que en todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes, con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros. Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Valor probatorio. Documentos. Copias simples. Autenticidad.

Expediente 52777 de 2016

PARA EFECTOS DE LA JUBILACIÓN POR APORTES ES VIABLE ACUMULAR TIEMPO DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO SIN COTIZACIONES A UNA CAJA DE PREVISIÓN O AL ISS. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social. Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. . Temas: Pensión. Jubilación por aportes. Tiempo de servicios. Acumulación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 41427 de 2016

POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN LA POSTULACIÓN DEL ATAQUE NO HABRÁ LUGAR A OTORGAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Ante la falta de fundamento y de razón en la postulación de los ataques, en total discrepancia con el concepto de la Procuradora Delegada por las razones que se expresaron, la Corte no tiene más alternativa que disponer no casar la sentencia recurrida. Lo anterior, teniendo en cuenta que este mismo reparo fue objeto de análisis por parte de la Sala cuando se ocupó de dar respuesta al segundo cargo incluido en la demanda presentada, para declarar la improsperidad de la censura. No Casa. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Temas: Postulación. Improsperidad. Análisis.

Expediente 46061 de 2016.

LA SALA ANULARÁ EN FORMA PARCIAL EL FALLO, EXCLUSIVAMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DECISIÓN DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, A EFECTOS DE QUE EL TRIBUNAL REHAGA LA DECISIÓN.La Sala se abstuvo de estudiar los casos puntuales planteados por los apoderados de víctimas porque al invalidarse parcialmente el fallo respecto a la decisión del incidente de reparación integral, el Tribunal debió reexaminar todas las pretensiones resarcitorias oportunamente formuladas a efectos de enmendar los yerros detectados, decidir acorde con los parámetros sustanciales y probatorios decantados por la jurisprudencia, corregir los nombres e identidades que los impugnantes han develado equivocados, individualizar, en los términos previstos en la normatividad transicional, a las personas respecto de las cuales ordena reparación, precisando la cuantía asignada a cada víctima. Declara. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. . Temas: Víctimas. Reparación Integral. Asignación.

Auto 47521 de 2016

CUANDO NO SE EVIDENCIAN VULNERACIONES EN GARANTÍAS PROCESALES NO SERÁ PROCEDENTE LA CASACIÓN. Atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición de los impugnantes dentro del proceso e índole de la controversia, no se encontró violación de garantías de incidencia sustancial ni procesal que debieran ser protegidas oficiosamente y que condujeran a superar los defectos de las demandas, por lo que se impuso su definitiva inadmisión. Inadmite. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Procedencia. Garantías. Protección.

Auto 47714 de 2016

ASIGNACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN SEGUNDA INSTANCIA. La presente actuación debe ser asignada a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, como así se dispuso en la parte resolutiva de esta providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Lo anterior, teniendo en cuenta que hasta tanto se creen las salas de extinción de dominio en los demás tribunales superiores del país, la segunda instancia en los procesos de esa naturaleza debe recaer en la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Asigna. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Conocimiento. Resolución. Actuación.

 

Corte Constitucional

Sentencia C 233 de 2016

EL LEGISLADOR CUENTA CON UN AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 459, 472 y 478 (parciales) de la Ley 906 de 2004. Esta Corporación declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, luego de concluir que respecto de los mismos no se configura una omisión legislativa relativa por haber excluido a las víctimas del injusto penal de intervenir en la fase ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Omisión Legislativa. Ejecución de la Sentencia. Pena Privativa de la Libertad.

Sentencia SU 288 de 2016

LA INCURSIÓN EN DEFECTOS SUSTANTIVOS DEMERITA LA PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA. La Sala concederá la tutela solicitada y revocará las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por la Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, se dejará sin efecto parcialmente la sentencia de casación adoptada el 18 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en lo correspondiente con la dosificación de la pena impuesta a las sindicadas y se ordenará que se profiera una nueva sentencia de conformidad con lo establecido en las consideraciones de esta providencia, en lo relacionado con el principio de legalidad en materia penal y la tasación de la pena. Levanta. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Temas: Consideraciones. Dosificación. Tasación.

Sentencia T 243 de 2016

DERECHO A LA SALUD SE VULNERA CUANDO SE IMPIDE U OBSTACULIZA EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE MANERA OPORTUNA Y SIN BARRERAS ADMINISTRATIVAS INJUSTIFICADAS. El Legislador extraordinario reguló el deber de las Entidades Prestadoras de Salud, de suministrar de manera oportuna y completa los medicamentos ordenados por los médicos tratantes a sus afiliados. Por tal razón, consagró las obligaciones de entrega excepcional de medicinas en el lugar del domicilio o de trabajo del usuario, como mecanismo para materializar los deberes constitucionales y legales derivados de los principios de eficiencia, continuidad e integralidad. Revoca M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado Temas: Sistema de salud. Entrega de medicamentos. EPS.

Sentencia T 246 de 2016

LOS DERECHOS COMO PADRES NO SURGEN SIMPLEMENTE DE LA DENOMINACIÓN RECIBIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA CONCEPCIÓN BIOLÓGICA. La Corte ha indicado que estos derechos nacen a partir de garantizarle al hijo sus derechos básicos, el amor y el cuidado propio del ser indefenso que es, es decir, las prerrogativas como padres no pueden soportarse exclusivamente en un proceso de la naturaleza, sino que la calidad de padre o madre debe reafirmarse con el cumplimiento de los deberes que ello comporta. Confirma M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Temas: Interés superior del menor. Derechos básicos. Cumplimiento de deberes.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 24 000 2013 00381 00 de 2016.

SE RECHAZA DE PLANO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EL ASUNTO NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL. De conformidad al numeral 3 del Artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se estableció el rechazo de la Demanda Administrativa cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. Por lo anterior, es preciso señalar que esta causal en principio hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de las funciones jurisdiccionales y las decisiones disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, adicionalmente la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que no son asuntos susceptibles de control los actos preparatorios y de trámite, y los de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional, y ha sido enfático en señalar que sólo los actos que deciden directa o indirectamente el fondo de un determinado asunto o hagan imposible continuar la actuación son objeto de análisis de la legalidad por la jurisdicción. Rechaza. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Privación Injusta de la Libertad por el Delito de lavado de activos. Carga Probatoria. Vacío en Dictamen Pericial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2003 00235 01 (32126) de 2016.

LOS VACÍOS EN EL DICTAMEN PERICIAL NO PUEDE SER CALIFICADO COMO ERROR GRAVE. En las Acciones de Reparación Directa todas las pruebas solicitadas por las partes y de oficio deben ser practicadas en su totalidad, sin embargo cuando se presenta un vacío en el dictamen pericial mediante el cual se pretendía la liquidación de los perjuicios materiales ocasionados por el daño antijurídico, el mismo resta mérito probatorio pero no trae como consecuencia un error grave atribuible al operador judicial, teniendo en cuenta que la carga probatoria está en cabeza de la parte demandante. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad por el Delito de lavado de activos. Carga Probatoria. Vacío en Dictamen Pericial.

Expediente 25000 23 26 000 2012 01057 01 (53342) de 2016.

EL RECURSO DE SÚPLICA PROCEDE SOLO CONTRA LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS PROFERIDOS POR EL PONENTE. El recurso de súplica procede contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, al cual se le dará el trámite consagrado en la Ley 1437 de 2011 que exige que el mismo sea interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, dirigido a la Sala de la que hace parte el ponente, con la expresión de los motivos de inconformidad. El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. . Temas: Recurso de Súplica contra Actos Administrativos.

Expediente 47001 23 31 000 1995 04635 01 (35399) de 2016.

ELEMENTOS PROBATORIOS PARA CONSTITUIR UNA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. La Sentencia Penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de Cosa Juzgada en la Acción de Reparación Directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este Proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la Responsabilidad Estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la Acción de Reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al Juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. . Temas: Recurso de Apelación. Sentencia Penal como Prueba para Acción de Reparación Directa.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 28 000 2016 00010 00 de 2016

LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES FRENTE A CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DEBEN ESTAR ACREDITADOS. Si en alguno de los casos que pretendan la nulidad por la causal tercera del artículo 275 del CPACA, pues de ser así es menester que acredite el cumplimiento del requisito de procedibilidad señalado en el artículo 161 de la misma normativa, en cada caso concreto. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda se refiere a las causales de nulidad electoral de violencia y al parecer apocrificidad, Aclara. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Requisitos. Nulidad. Procedibilidad.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 08001 23 33 000 2015 00028 01 de 2016.

LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN INTERRUMPE EL TÉRMINO DE CADUCIDAD. Es evidente que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación y es el interesado en acudir a la Administración de Justicia, quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar demandas por fuera de los términos legalmente establecidos. Revoca. C.P. María Elizabeth García González. . Temas: Recurso de Apelación. Excepción de Caducidad. Solicitud de Conciliación Prejudicial.

Expediente 41001 23 33 000 2014 00263 01 de 2016.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) dentro de sus novedades procesales, reiteró la Conciliación Extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito de procedibilidad para incoar Acciones Judiciales ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Por lo anterior, una vez radicada la solicitud de conciliación, se entiende interrumpida la caducidad de la acción por 3 meses, la cual se reanuda con la expedición del acta de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001. Por lo anterior, todas las acciones que se instauren fuera de los lineamientos de la Ley 1437 de 2011 y Ley 640 de 2001, operará la Excepción de Caducidad. Confirma. C.P. María Elizabeth García González. . Temas: Recurso de Apelación. Sentencia Penal como Prueba para Acción de Reparación Directa.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

Expediente 11001 03 06 000 2016 00035 00 de 2016

COMPETENCIA DE LA UGPP Y COLPENSIONES PARA EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2196 de 2009, en virtud de la liquidación de Cajanal y la orden de traslado masivo de sus afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales es competente para atender las solicitudes de reconocimiento pensional de las personas que hayan cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1 de julio de 2009, mientras que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, es competente para resolver las solicitudes de personas que adquieran el estatus de pensionado con posterioridad a esa fecha.Declara. C.P. Germán Alberto Bula Escobar Temas: Reconocimiento pensional. Competencia.

 

Superintendencia Nacional de Salud

Circular Externa 11 de 2016

INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES HUÉRFANAS. Dada la importancia de reglamentar las enfermedades huérfanas como de especial interés y adoptar las normas tendientes a garantizar la protección del Estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores, expide la Ley 1392 de 2010, y dispuso un mecanismo de aseguramiento diferente al de las enfermedades generales y unos procesos de atención altamente especializados con el fin de mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes dándole un enfoque integral al abordaje y manejo de las patologías. Temas: Instrucciones. Enfermedades. Atención.