Julio 28 del 2016

Presidencia de la Republica

Ley 1799 de 2016.

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBEN LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS ESTETICOS PARA MENORES DE EDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00108 00 de 2016.

LOS DELITOS QUE AFECTAN DERECHOS DE MENORES DE EDAD NO PUEDEN SER CONOCIDOS POR LAS JURISDICCIONES ESPECIALES QUE CONTEMPLA LA LEY. Dentro del proceso penal adelantado en contra del miembro de una comunidad indígena, se pudo comprobar que afectó derechos fundamentales de una menor de edad y tal como lo señala la Sala, en este caso no es posible determinar la competencia a favor de la jurisdicción especial indígena ya que se trata de un delito que no fue cometido dentro del ámbito de la comunidad, es decir que transgrede derechos y leyes de superior categoría y en estos casos el Estado ha determinado que la competencia para investigar los delitos, corresponde a la jurisdicción ordinaria penal. Confirma. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Derechos. Competencia. Menores de edad.

Expediente 11001 01 02 000 2015 04027 00 de 2016.

EL RECLAMO RESPECTO DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SANCIÓN MORATORIA POR CONCEPTO DE CESANTÍAS ES COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL. Tal como lo demuestra el análisis efectuado por la Sala Disciplinaria, el conflicto negativo de competencias debe ser resuelto asignando el asunto al juez laboral, ya que si bien se pretende demandar un acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de sanción moratoria por consignación extemporánea de cesantías, este cumple con los requisitos para que el conflicto sea conocido por el juez laboral ya que se trata de un título ejecutivo, con una obligación expresa, clara y exigible y constituye plena prueba en contra del deudor, además de tratarse de un reclamo respecto al pago de acreencias laborales a cargo del empleador. Asigna. M.P. María Rocío Cortés Vargas. . Temas: Título ejecutivo. Acreencias laborales. Competencia.

Expediente 11001 01 02 000 2015 04099 00 de 2016.

SI EL DEMANDANTE PRETENDE EXIGIR EL PAGO DE SUS PRESTACIONES SOCIALES QUE FUERON NEGADAS POR LA ENTIDAD, DEBE ACUDIR ANTE EL JUEZ LABORAL COMPETENTE. Anteriormente la jurisprudencia consideraba que cualquier controversia suscitada por actos administrativos ejecutoriados, debía ser conocida de manera exclusiva por la jurisdicción administrativa al tratarse de conflictos en contra del Estado; no obstante dicha posición se ha flexibilizado ya que cuando se trata de un acto administrativo que niega el pago de prestaciones sociales al empleado, este se constituye en un título ejecutivo con todas las características que le permiten al demandante, acudir ante el juez laboral para que decrete el pago de los dineros a los cuales tiene derecho el trabajador. Asigna. M.P. María Rocío Cortés Vargas. Temas: Prestaciones sociales. Juez laboral. Título ejecutivo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 08001 31 03 006 2009 00022 01

RESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA: HIZO CASO OMISO A LA SITUACIÓN QUE OCURRÍA PESE A OÍRLA Y VERLA CON CLARIDAD. Vano resulta aseverar que una decisión deliberada o temeraria del occiso concurrió a la producción del hecho dañoso, porque él, pese a ver y oír lo que estaba aconteciendo a su alrededor, prefirió hacer caso omiso y seguir el camino. Razón por la cual no hay lugar para que se endilgue responsabilidad a persona diferente.No Casa. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Víctima. Responsabilidad. Producción.

Expediente 23001 22 14 000 2016 00068 01 de 2016.

LOS CIUDADANOS NO PUEDEN ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Tal como lo señaló la sentencia de primera instancia, es procedente fallar favorablemente la tutela interpuesta ya que con la demora u omisión de las entidades demandadas, se ha vulnerado el derecho a una vivienda digna del demandante y no son de recibo las reiteradas excusas presentadas respecto a la demora en la ejecución del proyecto de vivienda al cual se inscribió el ciudadano; lo anterior obedece al hecho de que los administrados no se encuentran en la obligación de cargar con las consecuencias, siempre que no sean imputables a ellos, de las actuaciones u omisiones que generen las autoridades administrativas para garantizar los derechos de cada persona. Modifica. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. . Temas: Consecuencias. Negligencia. Autoridades administrativas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 43430 de 2016

APLICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA NO ES AUTOMÁTICA NI INEXORABLE. En cada asunto a juzgar el sentenciador debe analizar si la conducta remisa del empleador estuvo o no justificada con argumentos que pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, si puedan considerarse atendibles, en la medida que razonablemente lo hubiese llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales, lo cual de acreditarse conlleva a ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe, motivo por el que no procedería la sanción. Niega. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas . Temas: Indemnización moratoria. Buena fe. Conducta. Empleador. Salarios.

Expediente 43453 de 2016

INEFICACIA DEL DESPIDO COLECTIVO POR FALTA DE PERMISO. No es necesario obtener la autorización previa del Ministerio de Trabajo para realizar un despido colectivo en tratándose de trabajadores oficiales, en atención a que la norma que exigía tal autorización, esto es, el artículo 37 del Decreto 1469 de 1978, reglamentario del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, fue declarado nulo parcialmente por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de julio de 1985, en la parte que contenía la expresión «trabajadores oficiales», tal como lo adoctrinó la Corte en sentencia CSJ SL13279-2014, en la que reiteró lo dicho en las sentencias de esta Sala de fechas 22 de abril de 2008, Radicado 29105 y 17 de mayo de 2006, Radicado 26067. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Despido colectivo. Autorización. Ineficacia. Trabajadores oficiales.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 85966 de 2016

BAJO LAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS SE ENCUENTRA LA DE SALVAGUARDAR EL TRASLADO DE PROCESOS. En el presente caso al parecer el proceso del accionante aún se encuentra en el distrito judicial de Bogotá, pues los argumentos del Juez 29 Ejecutor de esta ciudad dan cuenta que, luego de abstenerse de conocer del mismo, lo devolvió a San Gil, pero no se tiene registro de su salida oficial, pues así lo corrobora el sistema de consulta de procesos. Bajo ese entendido, la Sala accederá a la solicitud de amparo y ordenará al Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Mediadas de Seguridad de Bogotá, para que en el término de la distancia ubique el expediente adelantado contra el demandante. Concede. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Registro. Procesos. Traslado.

Expediente 86007 de 2016

QUIENES SE ENCUENTREN EN DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BAJO EL RÉGIMEN DE LEY 600 PODRÁN SER DESTINATARIOS DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA. Cuando el condenado no pueda sufragar el costo del mecanismo de seguridad electrónica que le sustituirá la pena privativa de la libertad, el Estado dentro de sus límites presupuestales lo hará. En esta oportunidad el actor no había manifestado su imposibilidad económica para hacerlo, por lo que la materialización del beneficio que depreca depende exclusivamente de él. Así las cosas, no le quedó más a la Sala que negar las pretensiones de la demanda. Niega.M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Seguridad Electrónica. Costo. Beneficio.

 

 

Corte Constitucional

Sentencia T 244 de 2016

DESISTIMIENTO NO PUEDE SER ACEPTADO COMO FORMA DE TERMINACIÓN DEL PROCESO EN LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Proceso de restitución. La Corte concluye que no se puede hacer una interpretación analógica de la figura del desistimiento consagrada en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil al proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011. En efecto, el desistimiento en el proceso civil implica la renuncia de las pretensiones de la demanda y en consecuencia la terminación del proceso, con efectos de sentencia absolutoria y de cosa juzgada. Para la Sala esta forma de terminación del proceso no puede ser aceptada en la restitución de tierras debido a su carácter excepcional y de interés público. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. . Temas: Desistimiento. Restitución de tierras. Interés público. Carácter excepcional.

Sentencia T 275 de 2016

AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD. Toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con urgencia, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado. Revoca. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Temas: Servicios de salud. Gastos de transporte. Autorización. Capacidad económica.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 25000 23 24 000 2011 00249 01

EN LA OBLIGACIÓN FORZOSA DEL 1% NO SE PUEDEN INCLUIR LOS DEBERES QUE NACIERON DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  OTORGADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. La actora se limita a expresar que la inversión que realizó dentro del Plan de Manejo Ambiental debe ser contabilizada para demostrar el cumplimiento del 1% de la inversión de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que debe ser proporcional a la tasa por el uso de aguas de que trata el mismo artículo, lo que, como ya se ha dicho en las mencionadas providencias es desacertado, motivo por el cual, en este sentido, la Sala confirmará el fallo apelado. Confirma. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Obligación. Inversión. Motivación.

Expediente 25000 23 24 000 2001 00471 01 de 2016

EL ÚNICO COMENTARIO SOMERAMENTE EFECTUADO POR EL APELANTE EN TORNO AL FONDO DEL ASUNTO FUE EL PLANTEADO EN EL PRIMER ESCRITO DE APELACIÓN En vista de que los argumentos de la apelación, no lograron restarle mérito a la decisión del a quo según la cual, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, existen fundamentos que no desvirtuaron la presunción de legalidad de la Resolución 758 del 14 de febrero de 2001 expedida por el Ministro de Transporte de la época, el fallo apelado fue confirmado, tal y como así se dispuso en la parte resolutiva de esta providencia. Confirma. M.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Temas: Fundamentos. Argumentos. Desvirtuación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 23001 23 33 000 2015 00506 01 de 2016

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE. El buen nombre es uno de los bienes jurídicos más importantes que integran el patrimonio moral de una persona. Su protección, específicamente en materia de manejo de la información crediticia y financiera, se circunscribe a la veracidad y certeza de la misma, pues la transmisión de información errónea en este contexto no solo afecta la buena imagen que una persona ha construido en sociedad sino que también genera un impacto negativo en la esfera económica. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Buen nombre. Hábeas data. Bienes jurídicos. Patrimonio moral. Información crediticia y financiera.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00630 00 de 2016

POSICIÓN DE LA SALA EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES. La tesis actual del Consejo de Estado consiste en la improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa norma en virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición normativa vigente en el momento de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional. Niega. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Régimen general de pensiones. Aplicación retrospectiva. Situaciones consolidadas. Favorabilidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 54001 23 31 000 2002 01809 01 de 2016

QUE AL CIERRE DEL DAS, LOS PROCESOS Y DEMÁS RECLAMACIONES EN CURSO SERÍAN ENTREGADOS A LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA. Si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la retención ilegal de la que fue objeto elaccionante, la cual se presentó en virtud de las labores de inteligencia realizadas por agentes del suprimido DAS que lo daban como presunto responsable del delito de rebelión, entendiéndose que se trasladaría esa función en competencia de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Deja sin Efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Reclamaciones. Reparación. Procesos.

Expediente 25000 23 26 000 2006 02204 01 de 2016

DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS AL LIQUIDADO DAS. Teniendo en cuenta que el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, encuentra esta Sala que le corresponde a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado suceder al DAS en el presente proceso. Deja sin Efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: DAS. Conocimiento. Procesos.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 17001 23 33 000 2015 00191 01 (22106) de 2016.

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS QUE CONTIENEN OBLIGACIONES DE HACER, ES PROCEDENTE QUE EL JUEZ ORDENE LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO. Cuando la controversia se trata de un título ejecutivo, el cual tiene una obligación de hacer mas no de dar sumas de dinero, si dicho documento cumple con los requisitos exigidos por la ley es decir que sea expreso, claro y exigible, el juez debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 433 del Código General del Proceso librando el correspondiente mandamiento de pago, ordenando al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librando ejecución por perjuicios moratorios cuando haya lugar a ello.Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Mandamiento de pago. Obligaciones de hacer. Ejecución.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00283 01 (21702) de 2016.

NO ES POSIBLE SOMETER A LOS CONTRIBUYENTES A DOBLE TRIBUTACIÓN POR UN MISMO HECHO ECONÓMICO. Al realizar el procedimiento de cobro en contra del contribuyente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solo fundamentó su decisión tomando como base gravable lo pagado por concepto de otros tributos, e inclusive la misma contribución efectuada el periodo gravable anterior, de manera que se configura la doble tributación por un mismo hecho económico y esto va en contravía del artículo 363 de la Constitución Política, ya que desconoce los principios de equidad y progresividad en materia tributaria; por lo anterior se configura la nulidad de los actos administrativos demandados al ser manifiestamente contrarios a la ley y las normas constitucionales. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Doble tributación. Hecho económico. Nulidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 25000 23 36 000 2016 00608 01 de 2016

LOS GASTOS MÉDICOS QUE LA ENFERMEDAD DE UN MENOR PUEDA CAUSAR DEBEN SER CUBIERTOS POR LA AUTORIDAD ACCIONADA CUANDO LA FAMILIA CAREZCA DEL INSUMO PARA HACERLO. La Sala considera que la decisión que lleva consigo la protección de los derechos fundamentes alegados es la de ordenar que la Dirección de Sanidad Naval suministre el servicio de transporte no medicalizado al menor, toda vez que no es claro que los recursos familiares son suficientes para seguir asumiendo el traslado del menor a las citas con especialistas y a las terapias necesarias para el manejo de su enfermedad. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.Temas: Insumo. Autoridad. Gastos.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

Expediente 11001 31 03 023 2012 00267 01 de 2016.

HABRÍA LUGAR A SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN EN LA FORMA DISPUESTA EN EL MANDAMIENTO DE PAGO AL EXISTIR LOS TÍTULOS BASE DEL COACTIVO. Al existir los títulos base del coactivo, habría lugar a seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago, pero como el ejecutante ha manifestado que solo se le adeudan las facturas BOC 216 por la suma de $896.292., y BOG 80500 por la cantidad de $2.262.787., sobre estos guarismos hubo que seguir adelante la ejecución, con intereses en la forma dispuesta en el mandamiento de pago. En razón a ello, concurren los requisitos echados de menos, conclusión a la que se habría llegado si el juzgador hubiera tenido en cuenta que el actor pretende la ejecución forzosa de la obligación en calidad de acreedor originario y por la totalidad del derecho incorporado, supuesto destacado por el ejecutante en el hecho 4, en donde expresó que las obligaciones cambiarias no habían sido canceladas. Revoca. M.P. Luis Roberto Suárez González. Temas: Mandamiento de Pago. Coactivo. Títulos.

Expediente 026 2015 00309 02 de 2016

IMPLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS. La calificación de la pérdida de la capacidad laboral es un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al construir el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que por este medio se permite establecer a que tipo de prestaciones tiene derecho quien es afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Revoca. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez.Temas: Protección. Pérdida. Implicaciones.

Expediente 11001 31 03 026 2012 00654 01

SI NO SE HA ACREDITADO LA CAUSACIÓN DEL DAÑO INDEMNIZABLE, NO PUEDE EL JUZGADOR ENTRAR A SEÑALAR EN QUÉ CONSISTE ESTE. No hay lugar a decretar, oficiosamente, pruebas que permitan la cuantificación del perjuicio, en aplicación del artículo 307 adjetivo, pues ante la ausencia de demostración de la entidad del perjuicio causado, se frustra su reconocimiento, puesto que el citado precepto exige, para su operancia, que previamente se haya demostrado la existencia del perjuicio y la falta de elemento probatorio Revoca. M.P. Luis Roberto Suarez González. Temas: Cuantificación. Perjuicios. Causación.

 

Corte Constitucional

Comunicado de Prensa 26 de 2016

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD NO ES APLICABLE A LAS INVESTIGACIONES DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. Se declaran inexequibles los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015. De manera expresa, el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, en concordancia con lo previsto en el artículo 221 superior, excluye de la competencia de la Fiscalía General para ejercer la acción penal e investigar las conductas punibles de las que tengan conocimiento, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, que se confirió por el constituyente a la jurisdicción penal militar, como también, está excluida la posibilidad de que se aplique por esta justicia especializada, el principio de oportunidad concebido como uno de los elementos que caracterizan el sistema procesal penal ordinario en Colombia. Temas: Principio de oportunidad. Investigaciones. Jurisdicción penal militar.