Julio 4 – 8 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 68001 11 02 000 2012 00466 01 de 2016.

EL JUEZ NO INDICÓ DE MANERA CLARA AL INVESTIGADO LOS CARGOS POR LOS CUALES SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. La falencia presentada en la investigación, al pretender el juez variar el pliego de cargos para tratar de enmendar un error presentado al inicio del procedimiento, no es conforme a las normas que regulan esta clase de actuaciones ya que es necesario indicarle al investigado la ley que desconoció, garantizando así que pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa frente a las responsabilidades que le adjudican, lo cual también se relaciona con el debido proceso que no fue respetado en el procedimiento disciplinario, es decir que el pliego de cargos en el cual le señalaban la comisión de conductas contrarias a la ley, no se hizo de manera correcta y afectó derechos fundamentales del sancionado. Niega. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Cargos. Procedimiento disciplinario. Debido proceso. Derecho a la defensa.

Expediente 11001 11 02 000 2013 00993 01 (11449 27) de 2016.

EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR EL FUNCIONARIO INVESTIGADO SÍ FUE CONFORME A LAS NORMAS NACIONALES. Revisada la investigación disciplinaria, que tuvo origen en el cumplimiento de un fallo de tutela y el posterior incidente de desacato, la Sala Disciplinaria señala que no hubo ninguna omisión en la vigilancia de la aplicación del recurso de amparo, ya que contrario a lo manifestado por los accionantes que señalaban el desinterés del juez para iniciar incidente de desacato, el funcionario adelantó las actuaciones pertinentes conforme llegaban las solicitudes de los afectados; el investigado procedió a consultar a la entidad accionada sobre la evolución del cumplimiento del fallo de tutela, informando la situación a los accionantes y posteriormente profirió decisión de acuerdo a las normas, por lo tanto no hay ningún incumplimiento legal. Niega. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Sala Disciplinaria. Recurso de amparo. Desinterés.

Expediente 68001 11 02 000 2010 00082 01 de 2016.

AL REALIZAR EL REMATE DE UN BIEN EL JUEZ DEBE RESPETAR LAS NORMAS QUE REGULEN ESTA CLASE DE PROCEDIMIENTOS. La omisión en el cumplimiento de los requisitos legales para adelantar el procedimiento de remate por parte de la juez investigada, fue realizada de manera dolosa ya que por la naturaleza del cargo y la profesión desempeñada, tiene el deber de estar permanentemente actualizada en cuanto a los conocimientos de la abogacía; esta clase de conductas son clasificables dentro del delito de prevaricato por omisión, ya que la funcionaria dejó de hacer las actuaciones propias de su cargo. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Remate. Prevaricato por omisión. Actuaciones. Cargo.

Expediente 73001 11 02 000 2014 00764 01 de 2016.

EL PAZ Y SALVO DEL ANTERIOR APODERADO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA QUE EL ABOGADO PUEDA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE SU CLIENTE. Si bien el poderdante no puede quedar al arbitrio de su apoderado, existiendo la facultad de revocar el poder en caso de que sus intereses se vean lesionados, en el procedimiento de investigación fue posible determinar que a pesar de haber revocado el poder, no se hizo de manera justificada debiendo el abogado presentar un incidente de regulación de honorarios, de modo que era deber del nuevo defensor legal verificar la existencia del paz y salvo emitido por su anterior colega, debido a la ausencia de este requisito el sancionado incurrió en falta a la honradez y lealtad con los colegas, ya que aceptó la gestión profesional sin que existiera renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o alguna situación que justificara la sustitución del poder. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Paz y salvo. Honradez. Lealtad. Colegas. Falta. Gestión profesional.

Expediente 52001 11 02 000 2012 00129 01 de 2016.

EL ABOGADO NO PUEDE REPRESENTAR DE MODO SIMULTÁNEO O SUCESIVO A QUIENES TENGAN INTERESES CONTRAPUESTOS. Durante el procedimiento disciplinario fue posible determinar que el abogado sancionado, procedió a asesorar de modo sucesivo tanto al demandante como al demandado, lo cual se configura como una lealtad contra el cliente ya que la Ley 1123 de 2007 prohíbe hacer tal tipo de actuaciones; no son de recibo los argumentos del sancionado al manifestar que tal conducta fue realizada por considerarlo un deber moral, ya que primero debe observar y respetar el deber de lealtad con su cliente inicial. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Abogado. Intereses contrapuestos. Asesorar. Representar.

Expediente 27001 11 02 000 2012 00057 01 de 2016.

LA FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS DEBE CONTENER UNA ADECUADA JUSTIFICACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA. El procedimiento disciplinario adelantado en contra del juez no se hizo de manera correcta, ya que de acuerdo al Código Disciplinario Único, tanto el pliego de cargos como el fallo deben ser motivados y contener una serie de requisitos que se exigen entre ellos el análisis de las explicaciones del acusado, condiciones que no cumplen las decisiones proferidas por el juez disciplinario y que hacen nula cualquier actuación realizada con posterioridad; el incumplimiento de los procedimientos legales hace necesario decretar la nulidad de todo lo actuado y subsanar los errores cometidos. Decreta. M.P. María Rocío Cortés Vargas. Temas: Pliego de cargos. Análisis. Fallo. Motivados.

Expediente 76001 11 02 000 2011 00877 01 (3405) de 2016.

AL SUSCRIBIR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL ABOGADO SE OBLIGA A EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU CLIENTE. El abogado sancionado no cumplió con sus deberes profesionales, ya que abandonó un trámite de sucesión ante notaria que había solicitado su cliente, a pesar de haber recibido el pago de honorarios y el otorgamiento del respectivo poder; esta omisión del disciplinado se constituye en una falta a la debida diligencia profesional, ya que dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de su encargo y no mostró interés en enmendar el daño causado con su conducta. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Contrato. Honorarios. Omisión. Diligencias.

Expediente 05001 11 02 000 2012 01550 01 (9907 21) de 2016.

LA DUDA RAZONABLE, CAUSAL DE EXONERACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS. Por existir una duda razonable acerca de la comisión de las faltas inculcadas al abogado BERNARDO DAVID QUINTERO HERRERA como presunto responsable de las faltas previstas en el Artículo 35, numeral 6 y Artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, decidió absolver al investigado de los cargos imputados. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Sanción Disciplinaria Abogado. Recurso de Consulta.

Expediente 44001 11 02 000 2011 00230 01 (11586 28) de 2016

LA DILACIÓN DEL PROCESO DEBE SER UN ÍTEM PROBADO PARA PODER SER FALLADO. Además de lo examinado, la Sala no encuentra a su vez que en las sesiones de audiencia de juicio oral celebradas el 28 de marzo y 5 de mayo de 2011 existan elementos de prueba que permitan deducir que el investigado haya incurrido en abusos de vías del derecho con fines de dilatar una actuación. En tal sentido esta Superioridad absolvió del cargo formulado al disciplinado, se itera, por insuficiencia probatoria y acorde a las premisas señaladas. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas:Audiencia. Pruebas. Absolución.

Expediente 11001 11 02 000 2013 00584 01 de 2016.

ES NECESARIO RENDIR AL CLIENTE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN EL MANDATO PROFESIONAL ENCOMENDADO. No son de recibo las justificaciones presentadas por el sancionado, relacionadas con la presunta existencia de un error al momento de elaborar el otorgamiento del poder, ya que al asumir el encargo profesional de su cliente se obligaba a rendir informes constantes sobre la evolución del litigio, debía entregar toda la documentación que recibía y ejercer todos los recursos legales permitidos para proteger los intereses de su mandante; pero contrario a los deberes del profesional del derecho no interpuso el recurso de apelación en contra del fallo, y tampoco informó a su cliente sobre tal situación negándole la posibilidad de conocer la evolución del litigio. Confirma. M.P. Martha Patricia Zea RamosTemas: Mandato profesional. Sancionado. Cliente. Intereses.

Expediente 17001 11 02 000 2011 00364 01 de 2016.

LA ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL ABOGADO SE CONSTITUYE EN UNA FALTA AL DEBER PROFESIONAL. El abogado investigado falsificó un poder y la presentación personal para adelantar un trámite de divorcio ante notaría, conducta que fue plenamente demostrada en el procedimiento disciplinario adelantado por la autoridad competente, y que constituye una falta contra la recta administración de justicia y el deber profesional del abogado; la conducta reprochable fue cometida por el abogado teniendo pleno conocimiento de la ilegalidad de la misma, pero persistió en intentar llevarla a cabo sin importar la transgresión de las normas. Confirma. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Documentos. Alteración. Deber profesional. Recta administración de justicia.

Expediente 20001 11 02 000 2012 00336 01 (11198 27) de 2016.

DURANTE EL LITIGIO EL PROFESIONAL DEL DERECHO DEBE HACER USO DE LOS RECURSOS LEGALES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE SU PODERDANTE. Aunque la sentencia de primera instancia fue desfavorable a los intereses del quejoso, quien suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado sancionado, nunca se presentó el respectivo recurso de apelación por parte del apoderado, existiendo la obligación legal de hacerlo ya que en el contrato quedó establecida tal eventualidad; el incumplimiento de los compromisos profesionales por parte del abogado se constituye en una falta a la debida diligencia, ya que es necesario defender los intereses de su cliente haciendo uso de los mecanismos que la ley le permita. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Profesional del derecho. Recurso de apelación. Falta a la debida diligencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 68001 22 13 000 2016 00113 01 de 2016

SE DENIEGA LA PROTECCIÓN SI LA DEMANDA VERSA SOBRE LOS MISMOS HECHOS Y DERECHOS QUE FUERON MATERIA DE DEBATE EN UNA ANTERIOR TUTELA. No es procedente reparar en la alegación de derechos fundamentales presuntamente diferentes a los invocados otrora o en giros argumentativos distintos a aquéllos esbozados, porque esas circunstancias, en palabras de la Corte, no justifican otro amparo, pues, esto sólo ocurriría si “la repetición de este obedece a un motivo justificado, como sería, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variación de la situación fáctica inicial”, lo cual no ocurre en el caso de autos.Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Protección. Denegación. Giros Argumentativos.

Auto 05001 31 03 003 2007 00261 01 de 2016

EL DAÑO, EL DEFECTO DEL PRODUCTO Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD. No obstante los defectos de técnica enrostrados en el ámbito legal, en el cargo no obró, ni se advirtió reproche, mucho menos la trascendencia, de alguna falta superlativa que compela un análisis desde el punto de vista constitucional, como requisito esencial para adelantar en su momento un estudio oficioso. Declara. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Defectos. Análisis. Requisitos.

Expediente 41001 22 14 000 2015 00496 02 de 2016

EL QUEJOSO DEBE ESPERAR QUE LA AUTORIDAD CUESTIONADA PROFIERA LA RESPECTIVA DETERMINACIÓN ANTES DE INTERPONER LA TUTELA. De entrada la acción constitucional bajo estudio deviene presurosa, como quiera que, tal y como lo advirtió el a quo, el reclamante interpuso los recursos ordinarios para cuestionar la decisión que lo pone a cargo del interdicto, encontrándose el recurso de apelación actualmente en trámite ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por lo que el interesado deberá aguardar dicha resolución, pues no es este el escenario para adoptar pronunciamientos sobre aspectos que debe zanjar el administrador de justicia a quien por competencia le corresponde pronunciarse, ya que al juez constitucional le está vedado actuar paralelamente con el juez natural de la causa. confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo . Temas: Competencia. Pronunciamientos. Trámite.

Expediente 76001 22 03 000 2016 00099 01 de 2016.

LA NEGATIVA DE LA IPS PARA EL TRASLADO A OTRO HOSPITAL NO IMPLICA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE LA DEMANDANTE. A pesar de manifestar el inconformismo con la decisión de primera instancia, la Corte Suprema de la Justicia señala que la entidad de salud requerida no ha sido negligente en la atención médica de la demandante, ya que el hospital cuenta con todas las tecnologías y plataformas necesarias para brindar los medicamentos que requiere, de manera que no es posible efectuar el traslado a otra clínica por el simple hecho de que no se ajuste a las preferencias de la accionante; al no existir una evidente vulneración del derecho a la salud no es posible fallar favorablemente la acción de tutela interpuesta. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Derecho a la salud. Vulneración. Accionante. Clínica.

Expediente 15693 22 08 000 2016 00047 01 de 2016

SI CONSIDERAN QUE LA CONDUCTA DEL JUZGADOR PODRÍA SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, ES MENESTER PRECISAR QUE LES INCUMBE PONER ESE ASUNTO EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. Si el convocante estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias. De esta manera, en relación a la petición de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villanoba. Temas: Investigación. Conocimiento. Elementos.

Expediente 11001 31 03 034 2005 00301 01 de 2016.

LOS DICTÁMENES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ SON DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL. El recurso de casación presentado por la parte demandante no está llamado a prosperar, toda vez que las pruebas objetadas sí fueron aclaradas y complementadas, pero no permitieron disipar las inquietudes para efectuar la responsabilidad de los demandados por mala práctica médica; señala la Corte Suprema de Justicia que si existen controversias respecto de los dictámenes emitidos por la Junta de Calificación de Invalidez, al no tratarse de actos administrativos emitidos por autoridad pública, estas deben ser discutidas en la jurisdicción laboral tal como lo dispone el artículo 44 del Decreto 1352 de 2003. No casa. M.P. Margarita Cabello Blanco.Temas: Dictámenes. Juntas de Calificación de Invalidez. Controversias.

Expediente 47001 22 13 000 2016 00028 01 de 2016

LOS FALLOS EMITIDOS BAJO NORMATIVIDAD DEROGADA VULNERARÁN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AFECTADOS. Es claro que la sede judicial accionada omitió la exigencia de fundamentar su providencia con base en las normas vigentes, pertinentes y adecuadas para la situación fáctica concreta, interpretadas de forma sistemática, y sin contrariar el ordenamiento jurídico, lo que conllevó la vulneración de los derechos fundamentales del niño tutelante. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Ordenamiento Jurídica. Exigencias. Vulneración.

Auto 11001 02 03 000 2016 00995 00

LAS PROVIDENCIAS AJUSTADAS A DERECHO NO PUEDEN SER OBJETO DE IMPUGNACIÓN. La providencia recurrida en queja se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el monto del agravio económico hipotéticamente causado a la actora con el fallo de segundo grado, no alcanza el tope mínimo legalmente establecido para entender satisfecho el señalado requisito, todo lo cual ha de conducir a declarar bien denegada la impugnación extraordinaria.Declara. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Impugnación. Alcance. Requisitos.

Expediente 13001 22 13 000 2015 00413 01 de 2016

EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS ES DEBER DEL JUEZ REVISAR LOS TÉRMINOS INTERLOCUTORIOS DEL MANDAMIENTO DE PAGO. Es evidente el fracaso de la protección deprecada, porque el tópico motivo de queja puede ser reestudiado en la sentencia, aún no dictada, momento procesal oportuno para revisar de nuevo si el instrumento objeto de cobro coactivo en realidad reúne los requisitos previstos por la ley civil y/o comercial para ser tenido como tal. Confirma. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Requisitos. Revisión. Reestudio.

Expediente 11001 22 10 000 2015 00848 01 de 2016

SE QUEBRANTA EL DEBIDO PROCESO DEL PETICIONARIO CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL NO INDICA EL VALOR DEMOSTRATIVO DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE LOS CUALES DERIVÓ SUS CONCLUSIONES. Sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Por tanto, si en la decisión censurada no se incorporaron las consideraciones correspondientes en torno a los temas memorados, se corrobora el quebranto del derecho fundamental previsto por el artículo 29 de la Constitución Política. Modifica M.P. Luis Armando Tolosa Villabona Temas: Debido proceso. Autoridad judicial. Motivación insuficiente.

Expediente 13001 31 03 008 2006 00022 01 de 2016

PRESUPUESTOS QUE SE DEBEN DEMOSTRAR PARA LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO. Además de la acreditación fehaciente de la detentación con ánimo de señor y dueño por el tiempo establecido en la ley, es indispensable que esa posesión recaiga sobre un bien susceptible de adquirirse por ese modo, es decir, un bien corporal, raíz o mueble que esté en el comercio humano, como expresamente lo consagra el artículo 2518 del Código Civil.No Casa M.P. Margarita Cabello Blanco Temas: Prescripción adquisitiva. Posesión. Bienes.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 46623 de 2016

INDEXACIÓN PENSIONAL NO ES PROCEDENTE CUANDO NO HAY DESMEJORA APRECIABLE EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Es precisamente a partir de la finalidad de la corrección monetaria de las pensiones, que puede sostenerse que no en todos los casos se deberá aplicar de manera automática e inexorable la figura de la indexación, toda vez que habrá que determinar si en el asunto concreto el objetivo de aquélla se materializa, al existir una desmejora real del valor del Ingreso base de liquidación que justifique la procedencia de la misma o si, por el contrario, al no verificarse la depreciación de la base salarial no tendría cabida, como por ejemplo en los eventos en que entre el momento de la terminación del contrato y el del reconocimiento prestacional, transcurre sólo un día. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Pensión de jubilación. Indexación. IBL. Procedencia.

Expediente 47713 de 2016

LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA ES UN FENÓMENO QUE AFECTA A TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES POR IGUAL. De forma reiterada ha indicado la Sala que la devaluación monetaria por el transcurso del tiempo, es un fenómeno económico que afecta a todas las pensiones, no solo a las configuradas bajo los parámetros de ley sino también a las voluntarias o convencionales incluso, sin interesar la fecha de su causación y exigibilidad. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán . Temas: Pensión. Indexación. Reajuste. Devaluación monetaria.

Expediente 66025 de 2016

TÉRMINO PARA RESOLVER UN INCIDENTE DE DESACATO. Aun cuando la norma que regula el trámite incidental, no establece un término determinado o determinable para decidirlo, la Corte Constitucional concluyó que “Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura”. Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Tutela. Incidente. Desacato. Término.

Expediente 52192 de 2016

DESCONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA CONVENCIONAL DE LA PENSIÓN. No se encuentra fundamento alguno para que tratándose de una pensión convencional se indexen unos valores por coincidir con factores legales, más no las sumas arrojadas por los factores extralegales que por mandato convencional deben ser integrantes en la liquidación de la prestación, pues ello equivaldría a sostener que unas sumas de dinero sufrieron la depreciación monetaria y otras no, conclusión que resulta irrazonable. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Sistema pensional. Indexación. Factores.

Expediente 65125 de 2016

EVENTOS EN QUE DEBE INAPLICARSE LA REGLA GENERAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FUERZAS MILITARES. Deviene lógico que sea necesario brindarle la protección necesaria a quien, como el interesado, se encuentra en condiciones de disminución física, pues como consecuencia del retiro, quedaría desvinculado y por fuera de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así las cosas, debe decirse que por regla general, la obligación de afiliar o de prestar directamente los servicios médicos y asistenciales, perdura mientras el subordinado, en este caso un militar, se encuentre ligado contractualmente con el empleador; sin embargo, ello excepcionalmente puede ir más allá de la relación laboral, cuando se trata de recuperar la salud del trabajador, afectada con ocasión del ejercicio de sus funciones y cuya deficiencia provoca la ruptura del vínculo. Revoca M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Sistema de salud. Fuerzas Militares. Atención medica. Protección.

Expediente 66079 de 2016

SUPERSOCIEDADES SE EQUIVOCA AL REFERIR QUE CONTRA LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN ESA SEDE JURISDICCIONAL NO PROCEDE LA TUTELA. La Corte Constitucional ha afirmado que la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de la función jurisdiccional, debe garantizar dentro del trámite que la misma ley le estableció, el respeto de los derechos fundamentales y en especial el debido proceso. Así las cosas, las decisiones que dicte deben estar ajustadas a los principios y derechos de origen constitucional so pena de que sea procedente contra ellas la acción de tutela en aras de salvaguardar dichos fundamentos superiores. Adiciona M.P. Fernando Castillo Temas: Tutela. Procedencia. Supersociedades. Función jurisdiccional.

Expediente 44987 de 2016

DIFERENCIAS ENTRE CAUSACIÓN Y DISFRUTE DEL DERECHO PENSIONAL. El artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 precisa que se trata de aspectos distintos: la causación del derecho en el caso de las pensiones de vejez, salvo contadas excepciones como las pensiones restringidas de jubilación, opera una vez el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicios o número de cotizaciones; y el disfrute es el momento a partir del cual se puede comenzar a devengar la respectiva mesada, que en la hipótesis que aquí interesa es decir, en las pensiones concedidas bajo los reglamentos del Instituto hoy Colpensiones, y en concreto el Acuerdo 049 de 1990, está condicionado al retiro del sistema. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz Temas: Pensión de vejez. Retiro del sistema. Causación. Disfrute.

Expediente 42549 de 2016

PRESCRIPCIÓN NO PUEDE SER DECLARADA DE OFICIO. Esta excepción debe ser planteada en la contestación de la demanda, en los términos del artículo 2513 del Código Civil, artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral, que menciona que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla en cuanto al juez le está prohibido declararla de oficio. Modifica M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Prescripción. Declaratoria de oficio. Contestación de demanda.

Expediente 43234 de 2016

EN LA DECISIÓN CUESTIONADA SE DESCARTA LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN JUDICIAL. El Tribunal Superior de Bogotá formó su convencimiento respetando las reglas de la sana crítica, según el artículo 61 del C. P. del T. y de la S.S., la sentencia de 30 de octubre de 2015, no puede ser catalogada de absurda, antojadiza o manifiestamente ilegal, y contrario a lo indicado por la parte actora, no vulnera en manera alguna el derecho de asociación sindical, pues precisamente encontró acreditados los presupuestos para beneficiar a los demandantes del fuero circunstancial. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Sana Crítica. Arbitrariedad. Presupuestos.

Expediente 65949 de 2016

TUTELA PROCEDE CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES SÓLO CUANDO CON ELLAS RESULTEN VIOLADOS, EN FORMA EVIDENTE, DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. La acción de tutela no constituye otra instancia en la que las partes tengan la posibilidad de hacer valer las posiciones jurídicas desatendidas en el trámite legal, máxime cuando estas fueron analizadas con criterios mínimos de razonabilidad, de allí que al advertirse la falta de arbitrariedad en la misma, no exista por tanto conculcación de garantías constitucionales. Confirma M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Tutela. Providencia judicial. Vía de hecho.

Expediente 66017 de 2016

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Conforma la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta vía sólo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial o, existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual evidencia su carácter eminentemente excepcional y subsidiario. Confirma M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Tutela. Providencia judicial. Vía de hecho.

Expediente 43222 de 2016

COSA JUZGADA EN LAS ACCIONES DE TUTELA. Cuando se ha resuelto definitivamente o interpuesto una tutela no puede decidirse el fondo de otra con las mismas partes, los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la promoción de esta segunda tutela debe declararse improcedente pues el asunto ya fue decidido por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, pero si se desvirtúa debidamente la presunción de buena fe del actor, habría lugar además, a declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las consecuencias establecidas en la ley. Niega M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Acción de tutela. Cosa juzgada. Improcedencia. Buena fe. Temeridad.

Expediente 54216 de 2016

PARA QUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SEA APLICADO ES INDISPENSABLE TENER UNA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE OBTENER LA PRESTACIÓN CON EL SISTEMA PENSIONAL ANTERIOR. Es posible acceder al derecho pensional con amparo en régimen de transición siempre y cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira obtener la prestación, ya que no es admisible hacer deriva un derecho de una calidad que nunca se tuvo. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Régimen de transición. Expectativa legítima. Condición de afiliado.

Expediente 64949 de 2016

NO ES POSIBLE ATACAR UN ACUERDO CONCILIATORIO MEDIANTE TUTELA. Las controversias sobre la conciliación laboral encuentran en el ordenamiento jurídico claros mecanismos de solución ante la jurisdicción ordinaria que son suficientemente eficaces para proteger los derechos de los trabajadores, los cuales además cuentan con la protección del juez o inspector de trabajo que presencia, revisa y aprueba la suscripción de las actas de conciliación en las que se consignan los acuerdos a que llegan empleador y trabajador para solucionar sus diferencias surgidas del desarrollo o la terminación del contrato de trabajo. Confirma. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz Temas: Tutela. Acuerdo conciliatorio. Jurisdicción ordinaria.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 45905 de 2016

LA AUSENCIA DEL REQUISITO OBJETIVO DEMERITA LA PRISIÓN DOMICILIARIA. No procede el reconocimiento de la prisión domiciliaria regulada en el artículo 38 del Código Penal por ausencia del requisito objetivo y, de otro lado, el Tribunal no era competente para pronunciarse en la sentencia sobre la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, de conformidad con el artículo 461 de la Ley 906 de 2004; por tanto, se revocará la parte resolutiva del fallo impugnado. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Regulación. Sustitución. Reconocimiento.

Auto 46112 de 2016

EL CARGO NO TIENE LA APTITUD PARA SU ESTUDIO DE FONDO POR PARTE DE LA SALA. Los dineros que recibía el ISS por concepto de aportes parafiscales se constituían como bienes estatales, razón por la que no resulta de recibo el planteamiento que en tal sentido realiza la recurrente, puesto que si bien los cheques girados por Carbones del Caribe, Gracetales, Primera Cadena Radial Colombiana y Panamco S.A. o Embotelladora Román, que contenían los montos para el pago de dichas obligaciones no fueron consignados en las cuentas del ISS, lo cierto es que ello se produjo en razón de la utilización fraudulenta de los mismos para la constitución de los RENTACAFÉS que generaron rendimientos, los cuales fueron apropiados ilegalmente por terceros, tal como obra en el sumario de la Fiscalía General de la Nación. Inadmite. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Estudio. Cargos. Rendimientos.

Expediente 85808 de 2016

DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL ES EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A QUIEN PODRÁ SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA EN FIRME. La Sala encuentra que no es de su competencia considerar las inconformidades planteadas en el amparo constitucional, pues ello sería tanto como conocer el fondo del asunto y asumir funciones ajenas que no le están permitidas conocer; y es allí, ante el juez natural, donde los sindicados en su condición de Director del Hospital San Juan de Dios, del Retiro –Antioquia- pueden plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente al incumplimiento de la sentencia. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Inconformidades. Amparo. Incumplimiento.

Expediente 46110 de 2016

SE DECLARÓ  LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN EN RELACIÓN CON EL DELITO DE HURTO AGRAVADO. Conforme a lo establecido en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, a partir de la formulación de la imputación el término prescriptivo empieza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del máximo previsto en la respectiva disposición penal. Teniendo en cuenta lo anterior, es de aclarar que dicho término ya se superó en el presente evento, pues la imputación se formuló el 29 de marzo de 2012, es decir, los 3 años se cumplieron el 29 de marzo de 2015, apenas tres días después de proferirse la sentencia de segundo grado que queda comprendida dentro de la invalidación que decretará la Corte. Casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Prescripción. Extinción. Disposición Penal.

Auto 45712 de 2016

COMO QUIERA QUE LA DEMANDA INCUMPLE LOS REQUISITOS QUE PARA SU ADMISIÓN ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 194 DE  LA LEY 906 DE 2004, LA DECISIÓN QUE SE IMPONE FUE LA DE INADMITIR. Como quiera que el instituto de la revisión lo que busca es remediar una injusticia y no corregir presuntos errores judiciales que debieron ser alegados al interior del proceso; los argumentos esbozados por el defensor no se compadecen con los presupuestos exigidos para la procedencia del mecanismo mediante el cual pretende remover la intangibilidad de la cosa juzgada que le asiste a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cali. Inadmite. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. : Compadecencia. Mecanismos. Intangibilidad.

Expediente 45905 de 2016

EN EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA NO CABE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO DE LOS JUECES DE INSTANCIA SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN INTRAMURAL. No procede el reconocimiento de la prisión domiciliaria regulada en el artículo 38 del Código Penal por ausencia del requisito objetivo y, de otro lado, el Tribunal no era competente para pronunciarse en la sentencia sobre la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, de conformidad con el artículo 461 de la Ley 906 de 2004; por tanto, se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.. Temas: Prisión. Pronunciamiento. Competencia

Expediente 86131 de 2016

EL ALEGATO DE PROTECCIÓN A LAS GARANTÍAS PROCESALES DEBE HACERSE DURANTE EL TRÁMITE LITIGIOSO . Mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales. Niega. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Garantías. Revisión. Solicitud.

Auto 47340 de 2016

LA SALA NO PUEDE DECIDIR EN EL ESTUDIO DEL RECURSO SI LA DECISIÓN DE LA MAGISTRADA CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS SE APARTÓ DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Ninguna trascendencia mostró la tesis del recurrente al señalar que la Fiscalía no haya demostrado que los campesinos fundadores de la cooperativa fueran miembros de la organización paramilitar, ni que se les haya investigado por el delito de testaferrato, pues fue la víctima quien aseguró que los colonos no pertenecían al grupo armado y que inicialmente fueron reacios a participar en la configuración de la cooperativa, razón por la cual se debió acudir al alcalde del municipio del Dorado para que los convenciera de participar sin tener que aportar dinero alguno dado que el capital pertenecía al grupo armado. Confirma. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Recursos. Organizaciones. Testaferrato.

Expediente 85722 de 2016

SI EXISTIENDO EL MEDIO JUDICIAL, EL INTERESADO DEJA DE ACUDIR A ÉL PERMITE QUE SU ACCIÓN CADUQUE. Tal que como los accionantes desecharon la oportunidad representada por el recurso extraordinario previsto a su favor, no pueden pretender ahora suplirlo por vía del amparo constitucional, que no fue instituido con tal finalidad, o, lo que es igual, no procede la solicitud de protección constitucional para subsanar el descuido propio. Confirma. M.P. José Luis Barcelo CamachoTemas: Protección. Caducidad. Protección.

Auto 46922 de 2016

HASTA TANTO NO SE DIRIMAN CONFLICTOS PREVIOS NO HABRÁ COMO DAR POR TERMINADOS PROCESOS ESTUDIADOS. El elemento de convicción presentado con la demanda, no tiene la capacidad demostrativa que la acción de revisión exige, razón por la cual, ante la defectuosa postulación del libelo, la decisión que se impone en torno a la «prueba nueva» allegada por el libelista, no puede ser otra distinta a la de inadmitir la demanda. Razón por la cual estará sometida al fallo que se emita con relación al auto CSJ AP270 – 2014. Estarse a lo resuelto. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Capacidad. Postulación. Pruebas.

Expediente 50001 22 13 000 2015 00174 01 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO ESTÁ PREVISTA PARA ATACAR PROVIDENCIAS JUDICIALES CON APOYO EN LA DIFERENCIA DE OPINIÓN DE AQUELLOS A QUIENES FUERON ADVERSAS. La sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. Confirma M.P. Luis Armando Tolosa Villabona Temas: Tutela. Providencias judiciales.

Expediente 42880 de 2016

NULIDAD POR FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DEL PROCESADO A IMPUGNAR LA SENTENCIA DE CONTENIDO ADVERSO. La Sala se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la trascendencia de esta garantía consagrada expresamente en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política como en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia. Cuando se afecta el derecho a la impugnación, de la forma como ocurrió en el caso que aquí se analiza, debe decretarse la nulidad para que la actuación se rehaga con pleno respeto de las garantías del procesado. Casa M.P. Patricia Salazar Cuéllar Temas: Impugnación. Debido proceso. Nulidad.

Expediente 44179 de 2016.

EN EL CASO DE DELITOS INVESTIGABLES DE OFICIO NO ES NECESARIO INTERPONER LA QUERELLA. El recurso de casación interpuesto por los condenados no es procedente, ya que el delito objeto de acusación no requiere de una querella para que se inicie el procedimiento penal, de modo que la sentencia proferida por el juez competente no es contraria a las normas legales que regulen la materia; al no ser necesario radicar la querella el delito puede ser investigado de oficio por parte de la Fiscalía, y por lo tanto se torna irrelevante el hecho de que los afectados con el delito hayan formulado o no la respectiva denuncia dentro del plazo legal correspondiente. No casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. . Temas: Normas legales. Querella. Denuncia. Investigable. Delito.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 194 de 2016

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN POR VÍA DE TUTELA. Cuando la reclamación pensional se concreta en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que se trata de un derecho fundamental en sí mismo, susceptible de protección por vía del amparo constitucional. La protección constitucional es procedente atendiendo la calidad del sujeto que la reclama, pues es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros; en segundo lugar, porque la importancia de tal reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas. Revoca M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub . Temas: Tutela. Pensión de invalidez. Protección constitucional.

Comunicado de Prensa 25 de 2016

LA VIOLENCIA QUE ORIGINA EL DELITO DE FEMINICIDIO ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE LO DIFERENCIA DEL HOMICIDIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2 parcial de la Ley 1761 de 2015.La Corte encontró que el literal acusado actúa como un hecho contextual para establecer el móvil del delito, pero no puede entenderse de pleno derecho como la intención de matar por el hecho de ser mujer. Así las cosas, previó la necesidad de declarar la exequibilidad condicionada del aparte demandado, de tal forma que se garantice el respeto del principio de legalidad y precise el elemento diferenciador del delito de homicidio. Temas: Feminicidio. Homicidio. Móvil. Violencia de género.

Sentencia T 173 de 2016

EL TRABAJADOR NO DEBE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPLEADOR, ASÍ COMO LA CORRELATIVA OMISIÓN DE LA AFP EN SU COBRO. En los eventos en que se ha materializado la omisión del empleador de realizar el pago de los dineros de la seguridad social de su trabajador y la Administradora de Fondos de Pensiones no ha hecho uso de los diversos mecanismos que la ley le ha otorgado para conseguir el pago efectivo de lo que le es adeudado, resulta desproporcionado trasladar las consecuencias de dichas omisiones al trabajador, quien, por esos hechos, no deberá verse afectado en manera alguna y a quien, por ese motivo, se deberá contabilizar la totalidad de semanas que efectivamente haya laborado, con independencia de si éstas han sido pagadas o se encuentran en mora. Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos. Temas: AFP. Sistema pensional. Pago de aportes. Seguridad social. Cotizaciones. Omisión. Mora.

Sentencia T 189 de 2016

TUTELA ES PROCEDENTE PARA SOLICITAR LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, POR CUANTO LA JURISPRUDENCIA LO CONSIDERA UN DERECHO FUNDAMENTAL EN SÍ MISMO. A partir de la sentencia C-936 de 2003, la Corte reconoce que el artículo 51 de la Carta Política si bien establece la existencia del derecho a la vivienda digna y fija algunos deberes estatales en relación con este, no comprende los elementos que permitan caracterizar de forma completa su contenido. La Corte recurre al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, precepto a partir del cual reconoce el derecho a una vivienda adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último instrumento internacional se ha convertido en un referente interpretativo para dilucidar el contenido del derecho a la vivienda digna, pues describe siete condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, a saber: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; lugar y adecuación cultural. Revoca. M.P. María Victoria Calle Correa Temas: Vivienda digna. Derecho fundamental. Protección constitucional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 05001 23 31 000 2005 00902 01 (3147 2014) de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE EL CONTRATO REALIDAD. La Corporación ha señalado en varias decisiones la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten fehacientemente los tres elementos que le son propios: la prestación personal del servicio, la remuneración, y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. En los eventos en que se pretenda demostrar la existencia de un contrato de trabajo, el supuesto contratista debe acreditar que desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega, no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito. Confirma. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Primacía de la realidad. Actividad probatoria. Elementos contrato de trabajo.

Expediente 11001 03 25 000 2012 00371 00 (1424 2012) de 2016.

CONTROL DE LEGALIDAD Y DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ACTOS DISCIPLINARIOS. El Consejo de Estado ha sido contundente en señalar que los Actos de Control Disciplinario adoptados por cualquier entidad estatal en alguno de sus ámbitos – interno o externo, expedidos en ejercicio del Ius Puniendi, constituyen ejercicio de la Función Administrativa y por lo tanto son Actos Administrativos sujetos al pleno Control de Legalidad y Constitucionalidad por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, toda vez que aquellos no son Actos que manifiesten el ejercicio de la Función Jurisdiccional, a diferencia de las decisiones disciplinarias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura que no son susceptibles de Control Judicial. Asimismo es necesario precisar, que el Control de Legalidad y de Constitucionalidad sobre las decisiones Disciplinarias de los Actos de la Administración confiadas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia, dado que el Control Judicial implica una especialidad y depuración del debate. Niega. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Control de Legalidad y de Constitucionalidad. Actos Disciplinarios.

Expediente 08001 23 31 000 2011 01141 01 (4029 2014) de 2016

REQUISITOS PARA EL TRASLADO DE RÉGIMEN RETROACTIVO AL ANUALIZADO DE CESANTÍAS DE SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES. Como quiera que el Decreto 1582 de 1998 prevé que el régimen contemplado en la Ley 344 de 1996 es para los servidores que iniciaron su relación a partir del 31 de diciembre de 1996, y además que su aplicación para quienes se vincularon con anterioridad a esta fecha sólo tiene validez para quienes decidan acogerse al mismo, debe precisarse que para que opere el cambio de régimen retroactivo de cesantías al anualizado es necesario que el servidor territorial vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, manifieste expresamente a la administración dicha determinación. De no ser así, su afiliación a un fondo creado en virtud de la Ley 50 de 1990 tan sólo implica el cambio de administrador de dichos recursos. Confirma. C.P. Gabriel Valbuena Hernández . Temas: Régimen de cesantías. Retroactividad. Traslado. Servidores públicos territoriales.

Expediente 11001 03 25 000 2014 01102 00 de 2016

TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. El artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuya vigencia inició el 2 de julio del año 2012, al referirse al término para instaurar el recurso extraordinario de revisión indica que éste podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, so pena de ser rechazado por extemporáneo. Rechaza C.P. Gerardo Arenas Monsalve Temas: Recurso extraordinario. Revisión. Caducidad. Ejecutoria sentencia. Extemporaneidad.

Expediente 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845 15) de 2016.

UNIFICAN JURISPRUDENCIA POR TRASCENDENCIA ECONÓMICA, PARA QUE SEAN INCLUIDOS LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN Y LA PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS, PERCIBIDA POR ALTOS FUNCIONARIOS DE VARIAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO. Por considerarse superados los supuestos y requisitos de orden legal, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta el criterio de trascendencia económica por las constantes negativas a llevar a cabo la liquidación de las Prestaciones Sociales y Salariales de conformidad con el Decreto 610 de 1998, lo cual representa un elevado costo económico para el Estado por desconocer la Ley 4ª de 1992, la cual estableció que bajo el Derecho a la Igualdad salarial de los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los Fiscales del Consejo de Estado, se respete de igual forma la remuneración (Prestaciones Sociales y demás Derechos Laborales) de otros funcionarios que ocupan cargos semejantes. Unifica Jurisprudencia. C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta. . Temas: Recurso de Apelación. Nulidad Contractual.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 19001 23 31 000 2008 00086 01 (40824) de 2016.

RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR NO EXISTIR PRUEBAS QUE INCRIMINARAN A PRESUNTO GUERRILLERO Y COMANDANTE DE UNO DE LOS FRENTES DE LAS FARC. Valorado el material probatorio, se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el Demandante fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 30 de diciembre de 2004 y el 25 de enero de 2006, fecha en la que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán decidió absolverlo, aludiendo a que no existía material probatorio suficiente para imputar al señor Túquerres Zúñiga la comisión del delito de rebelión. Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante no tuvo como fundamento la aplicación del in dubio pro reo, sino la inexistencia de pruebas que permitieran concluir que el sindicado cometió el punible investigado, por lo que se configuró una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad. En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del actor configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que no fue cometido por el sindicado toda vez que no existían pruebas que lo incriminaran, por lo que se comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.Declara. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad por el Delito de Rebelión.

Expediente 27001 23 31 000 2006 00576 01 (36373) de 2016.

POR FALTA DE COMPETENCIA, DECLARAN NULIDAD EN LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE OBRA. En el presente asunto observa la Sala que a pesar de que el 2 de noviembre de 2005 se había liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. 083 de 2004, la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional procedió a liquidarlo de nuevo, esta vez unilateralmente a través de las Resoluciones 1136 y 14241 de fecha 11 de noviembre de 2005 y 7 de diciembre de 2005 respectivamente, desconociendo no sólo el acuerdo al que llegaron las partes en el acta de liquidación bilateral, sino que, además, en ese momento el Fondo ya había perdido la competencia para liquidar de manera unilateral el contrato por las razones expuestas anteriormente. En ese orden de ideas, comoquiera que el Fondo ya no tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato No. 083 de 2004, en tanto que las partes ya lo habían liquidado de mutuo acuerdo, el Consejo de Estado procedió a declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Acción Contractual. Declaran Nulidad en terminación unilateral de Contrato.

Expediente 76001 23 31 000 2008 01034 01 (39207) de 2016.

PRELACIÓN DEL FALLO EN LOS QUE SE IMPARTE UNA JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA Y REITERADA. La Sección Tercera del Consejo de Estado siempre ha respetado el orden cronológico en que los procesos ingresan al despacho para dictar el respectivo fallo que en derecho corresponde, pero este método ha cambiado con la aplicación de la jurisprudencia consolidada y reiterada que la sala sostiene respecto de la Privación Injusta de la Libertad, por lo que se encuentra habilitado resolver el presente asunto de manera anticipada, siempre y cuando se encuentren los requisitos mínimos. Modifica. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad. Concierto para Delinquir, Hurto Agravado, Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas.

Expediente 23001 23 31 000 2005 01089 01 (37944) de 2016.

EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SE DEBE PROBAR EL NEXO DE CASUALIDAD ENTRE LA PRESUNTA ACTUACIÓN DEL ENTE DEMANDADO Y EL DAÑO QUE ORIGINÓ LA ACCIÓN. Para el caso en estudio, el máximo tribunal administrativo concluyó que el accidente fue producto del actuar imprudente de aquél, al incumplir las normas de tránsito que deben observarse cuando se realice una actividad riesgosa como lo es conducir una motocicleta, pues de haberlo hecho, posiblemente el resultado del accidente habría sido distinto. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la Sala encontró que no es posible inferir la relación de causalidad entre el daño que originó la presente acción y conducta alguna realizada por la entidad demandada que hubiese generado dicho daño; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad y/o de imputación que permita vincular conducta alguna o comportamiento de la Administración pública demandada para con los actos o hechos desencadenantes del daño, criterio que resulta indispensable para iniciar un examen de causalidad tendiente a la declaratoria de responsabilidad solicitada en la demanda. Por tanto, a juicio de la Sala, en el caso que ahora se examina se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones. A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el aludido hecho al ente público demandado. Confirma. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Recurso de Apelación. Muerte en Accidente de Tránsito ocasionada por persecusión Policial. Mototaxismo. Omisión de Socorro.

Expediente 73001 23 31 000 2000 00678 02 de 2016.

LA DUDA RAZONADA SE EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD MÉDICA AL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. Si bien es cierto, el Instituto del Seguro Social prestó los servicios médicos a una paciente, lo cierto es que no se demostró la falla en el procedimiento médico, y mucho menos que con la presunta falla hubiese causado el deceso de la paciente. Por lo anterior, se tiene que la línea jurisprudencial ha precisado que ante la falta de prueba que precise la supuesta negligencia de los servicios médicos, se debe negar las pretensiones de la demanda. Confirma. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Muerte posterior a intervención quirúrgica.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00655 01 (55135) de 2016.

DECLARAN INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN. Si lo que ocurre es que con ocasión de las controversias suscitadas en la ejecución de un determinado contrato estatal una de las partes contratante presenta una demanda solicitando que se declare el incumplimiento contractual con la consecuente condena a la indemnización de los perjuicios ocasionados y presenta como causa o fundamento de dichas pretensiones la expedición de unos actos administrativos a través de los cuales se decretó la terminación unilateral y se ordenó la liquidación del contrato suscrito pero no demanda su nulidad, es evidente que en ésta hipótesis se configura una inepta demanda, pues la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos dichos actos y en los cuales el actor funda sus pretensiones impiden que el juez contencioso administrativo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Revoca. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Recurso de Apelación. Nulidad Contractual.

Expediente 54001 23 31 000 1996 77777 01 (77777) de 2016.

EXONERAN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL MUNICIPIO DE CÚCUTA. El Consejo de Estado consideró que el Municipio de Cúcuta no tiene ninguna responsabilidad patrimonial en el accidente de tránsito ocurrido en esa jurisdicción, en el cual se vio involucrado la humanidad (perdida extremidad inferior izquierda) de un menor de edad que se encontraba montando bicicleta. Lo anterior obedece a que la parte demandante no logró acreditar que el daño fue el resultado mismo de una conducta contraria a los deberes legales de la administración, y por el contrario señaló que la responsabilidad se le atribuye a la Empresa Transguasimales, por desempeño irregular en la prestación del servicio público de transporte. Confirma. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Ruta de Transporte Público. Accidente de Tránsito. Vías públicas no aptas para el tránsito de buses para servicio público.

Expediente 11001 03 26 000 2015 00141 00 (55307) de 2016.

¿CUÁNDO ESTAMOS FRENTE A UN FALLO EN CONCIENCIA?. Frente a solicitud de Anulación de los Laudos Arbitrales proferidos para dirimir controversias en torno a los Contratos Estatales, debemos tener en cuenta las causales establecidas en el Artículo 41 de la Ley 1563 del 2012. Centrándonos en la causal establecida en el numeral 7º ibídem, -Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, debemos precisar que, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver dejaron de lado, de manera ostensible, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Sólo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del cual se debe decidir, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el Juez o Árbitro resuelve fundado en el Ordenamiento Jurídico, con base en el análisis del material probatorio allegado oportunamente al Proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en Derecho. Declara. C.P. Danilo Rojas Betancourth. .

Expediente 68001 23 31 000 2009 00266 01 (40217) de 2016.

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA FRENTE A LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el Artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la Privación Injusta de la Libertad de una persona durante su vigencia, la Sala Tercera del Consejo Superior de la Judicatura ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, la permite decidir, sin sujeción al Orden Cronológico de turno, los Procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia. Revoca. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad. Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal.

Expediente 85001 23 31 000 2005 00330 01 (37937) de 2016.

CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE POR OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ESTABLECER LA REAL Y VERDADERA EXISTENCIA DEL DAÑO. Resulta claro que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 Articulo 188) permite la Condena en Costas, para el caso en estudio se observa claramente que la conducta del actor riñe con la recta administración de justicia, toda vez que la demanda instaurada carece de fundamento legal, habida cuenta que inició el proceso de la referencia en procura de obtener la reparación de los perjuicios causados por el Hurto de ganado vacuno y, sin embargo, ocultó información relevante para establecer la real y verdadera existencia del daño, pues solo argumentó una falla en la prestación del servicio, por cuanto la Policía Nacional no brindó vigilancia y seguridad a los bienes de su propiedad (privada), pese a que se realizaron varios llamados de protección y ayuda. Lo que llama la atención es que la parte demandante ocultó la recuperación del ganado que presuntamente fue hurtado, es decir, omitió información relevante para el proceso, particularmente lo referido a dicha recuperación, conducta con la cual puso en evidencia la temeridad con la que actuó o, cuando menos, la deslealtad procesal que la caracterizó en el asunto de la referencia; en consecuencia, además de negar las pretensiones, condenó en costas a la demandante. confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Recurso de Apelación. Hurto de Ganado atribuido a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 37 000 2012 00320 01 de 2016.

EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO NO ERA SUSCEPTIBLE DE SER SOMETIDO A CONTROL JUDICIAL. Las normas en materia contencioso administrativa disponen que solo son demandables ante el juez competente, los actos administrativos que crean, extinguen o modifican derechos y no aquellos que solo tiene el carácter de actos de trámite; por lo tanto el acto administrativo que fue demandado no tenía la condición anteriormente mencionada, de modo que no era susceptible de ser demandado mediante la nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto es necesario dar por finalizado el litigio surgido entre las partes. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.. Temas: Actos de trámite. Juez competente. Derechos.

Expediente 25000 23 31 000 2010 00147 01 de 2016.

AL FIRMAR EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA LA ENTIDAD FINANCIERA NO ESTABA OBLIGADA A PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. El Banco Colpatria fue beneficiado con la exención en el pago del gravamen a los movimientos financieros, al haber suscrito con el Estado un contrato de estabilidad jurídica que le otorgaba una serie de incentivos tributarios; no obstante la negativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la devolución de las sumas de dinero con los intereses a que haya lugar, es necesario señalar que tal situación es contraria a las normas ya que la devolución debe efectuarse con indexación, debido a la pérdida del poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo; también es necesario reconocer los intereses moratorios sobre el capital que falta ser devuelto, ya que así lo dispone el artículo 884 del Código de Comercio. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Contrato de estabilidad jurídica. Devolución. Indexación. Incentivos tributarios.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00013 01 de 2016.

LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO SON APLICABLES AL COBRO COACTIVO DE APORTES PARAFISCALES. El Consejo de Estado señala que para obtener el pago por vía coactiva de los aportes parafiscales, el Instituto del Seguro Social debió dar aplicación a lo dispuesto en el Estatuto Tributario, incluyendo el término que este otorga a la Administración para obtener el cobro de deudas, el cual es de cinco (5) años contados a partir del día en que se hizo exigible el pago del correspondiente aporte, por lo tanto si la relación patronal surgió en 1998 la entidad demandada podía ejercer las acciones de cobro hasta el 2003, pero la liquidación oficial fue proferida en febrero de 2007 transcurriendo más de cinco años y haciendo imposible continuar con el cobro. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Aportes parafiscales. Relación patronal. Vía coactiva.

Expediente 05001 23 31 000 2008 00968 01 (20574) de 2016.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE COBRO FUERO BRINDADAS TODAS LAS GARANTÍAS PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. No son de recibo los alegatos expresados por la parte demandante al manifestar que nunca tuvo los espacios necesarios, para ejercer su derecho a la defensa en contra de los actos administrativos que discutían la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta para el año 2004; la notificación de la liquidación oficial de revisión fue efectuada mediante diario de amplia circulación, al haber sido imposible la notificación por correo certificado al contribuyente, adicionalmente señala el Consejo de Estado que en esos casos el Estatuto Tributario no impide notificar simultáneamente la liquidación, teniendo en cuenta que el contribuyente tuvo conocimiento del proceso de cobro y ejerció los recursos legales para controvertir los actos proferidos por la Administración de Impuestos. Confirma.C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Procedimiento de cobro. Defensa. Liquidación oficial de revisión.

Expediente 25000 23 27 000 2011 00217 01 (20658) de 2016.

EL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO NO PUEDE ADELANTARSE SIN LA EXISTENCIA DE UN TÍTULO EJECUTIVO. El juez de primera instancia, de manera correcta, señaló la inexistencia de un título ejecutivo que sirviera de base para iniciar el proceso de cobro coactivo, por lo tanto se configuraba la excepción propuesta por el contribuyente; lo anterior se debe al hecho de que las resoluciones mediante las cuales se determinó el cobro de la deuda a favor del municipio, no se encontraban debidamente ejecutoriadas tal como lo exige el artículo 829 del Estatuto Tributario. Confirma. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Temas: Título ejecutivo. Ejecutoriado. Cobro coactivo.

Expediente 20001 23 33 000 2013 00292 01 (21862) de 2016.

LA VINCULACIÓN DE LA DIAN AL LITIGIO NO IMPLICA QUE SE LE IMPONGA ALGÚN TIPO DE OBLIGACIÓN. El Decreto 4048 de 2008, en su artículo 1º, dispone que le compete a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la administración de impuestos del orden nacional, cuando su competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, de manera que en el impuesto social a los explosivos al no estar a cargo de INDUMIL (quien solo actúa como liquidador y recaudador), puede la entidad vinculada tener algún interés en el proceso pero no obstante, tal como lo manifiesta el juez, la vinculación no implica que se le esté imponiendo algún tipo de obligación, o se le otorgue competencia en el tributo discutido o que se le asigne como sujeto pasivo del mismo. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Tributo. Competencia. Orden nacional. Vinculación.

Expediente 11001 03 15 000 2015 01573 00 de 2016.

LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA NO INCLUYE EL DERECHO A RETIRAR LAS TESIS ALEGADAS EN EL LITIGIO. Frente al recurso de amparo presentado por el municipio de Popayán, el Consejo de Estado señala que no es posible acceder las pretensiones del mismo, ya que la procedencia de una acción de tutela contra providencias judiciales no comprende el derecho a retirar las tesis alegadas y que fueron defendidas, para posteriormente interponer por parte del accionante, mediante la tutela, otras totalmente opuestas; de modo que si su interés coincidía con la contraparte podía coadyuvar el recurso de súplica presentado por el contratista demandante. Deniega. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Acción de tutela. Tesis. Opuestas. Contraparte.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2016 00367 00 de 2016.

MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA, CONCEDEN RELIQUIDACIÓN PENSIONAL A UN ADULTO MAYOR. Resulta evidente que el tutelante, por su avanzada edad, precario estado de salud y lamentables condiciones económicas, se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad y situación de debilidad manifiesta, que lo convierten en sujeto de especial protección constitucional. Siendo así, es apenas lógico concluir que sería desproporcionado someterlo al desgaste de un procedimiento ordinario, lo cual conduce a la Sala a descartar la viabilidad de un examen sobre los defectos endilgados a los autos que rechazaron la demanda ejecutiva en cuestión, comoquiera que, en el mejor de los casos, de hallarse probado alguno, la condigna implicación jurídica sería dejarlas sin efecto para que se siga adelante con las actuaciones propias de la ejecución, cuyo trámite, como se explicó, resultaría nefasto de cara a las expectativas del actor. Ampara. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.  Temas: Impugnación. Reliquidación Pensión Vejez. Adulto Mayor. Régimen Especial.

Expediente 63001 23 33 000 2016 00053 01 de 2016

SE CONFIRMÓ EL AUTO RECURRIDO RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO DE ELECCIÓN DE LA PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA. La Sala considera que en el caso objeto de estudio no se respetó el principio de transparencia y mérito que debieron regir el concurso para la elección del personero municipal de Armenia, toda vez que el orden establecido mediante la lista de elegibles no fue el resultado directo del mérito demostrado por los aspirantes. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Recurso. Elegibles. Aspirantes.

Expediente 11001 03 15 000 2015 02205 01 de 2016.

LA SALA DEJARÁ SIN EFECTOS LA SENTENCIA CENSURADA Y LE ORDENARÁ A LA AUTORIDAD TUTELADA QUE PROFIERA UNA NUEVA DONDE SE TENGAN EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DE ESTA PROVIDENCIA.En el presente caso se han configurado las causales especiales de defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, motivo por el cual, revocó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 12 de noviembre de 2015, con la que negó la acción de tutela impetrada y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Revoca. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Temas: Causales. Tutela. Debido Proceso.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03294 00 de 2016

LOS DEFECTOS DE INSUFICIENCIA DE MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA SUCESIÓN PROCESAL DECLARADA Y POR EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE HAN PROSPERADO. Para la Sala, se afectó el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, al no haber explicado las razones para condenarlo en calidad de sucesor procesal de la ESE Francisco de Paula Santander y desconocer el precedente la Sección Segunda de esta Corporación. Como consecuencia, la Sala dejó sin efectos el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho proferido el 29 de mayo de 2015, en segunda instancia, por dicha autoridad judicial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Amparo. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. .Temas: Consecuencias. Nulidad. Autoridad Judicial.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03495 00 de 2016

MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA NO SE PODRÁN REABRIR DEBATES DE INSTANCIA. Para la Sala lo pretendido por la Sociedad Industrias Metalmecánicas de Colombia, a través de su representante legal, es reabrir el debate de instancia y revivir interpretaciones que son propias del juez natural; competencias que escapan al de tutela, por cuanto este último no puede establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia y, aún más, si aquel es el llamado a servir como parámetro de decisión de la controversia. Niega. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Tutela. Controversias. Parámetros.

Expediente 50001 23 33 000 2015 00666 01 de 2016

NO SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO DE SOMETER A EXAMEN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL CORRESPONDIENTE LA PRESUNTA IRREGULARIDAD OCURRIDA DURANTE EL ESCRUTINIO. Procedió la Sala a revocar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, decisión que únicamente afecta el cargo relacionado con la falsedad de documentos electorales, dejando incólume los demás cargos que no requieren de este presupuesto procesal, como sería los hechos constitutivos de reclamación, no sin antes advertir que todas las actuaciones surtidas por el Tribunal de Instancia posteriores a la ejecutoria de la decisión que concedió el recurso de apelación, que se vean afectadas por esta decisión carecen de validez. Revoca. M.P. Rocío Araujo Oñate. Temas: Escrutinio. Presupuesto procesal. Irregularidades.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03216 00 de 2016

LAS TRANSGRESIONES QUE AFECTEN LOS FALLOS DE INSTANCIA AFECTARÁN EL DEBIDO PROCESO. Esta Sección ha considerado que cuando la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, resulta necesario amparar los derechos fundamentales involucrados en la demanda y tal situación ocurre indudablemente cuando se aplican en forma inadecuada e irrazonable las normas sustantivas que regulan el caso concreto sometido a consideración del operador judicial, como acaeció en el sub lite. Ampara. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Debido proceso. Regulación. Transgresión.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 25000 23 27 000 2002 01500 01 de 2016

FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE ADUANAS. El análisis sistemático de las normas contenidas en los artículos 32, 61, 62 y 95 del Decreto 1909 de 1992, deja claro que la declaración de aduanas en lo relativo a la liquidación de los gravámenes y sanciones, solo adquiere firmeza al cabo de cinco años contados a partir de la fecha de su presentación, así como la facultad para el cobro de las liquidaciones oficiales y actos administrativos que contengan obligaciones pecuniarias a cargo del importador, prescriben en el término de cinco años contados a partir del acto administrativo correspondiente. Pero la facultad de verificar la legalidad de la operación no tiene término de prescripción alguno, pues es permanente. Revoca C.P. María Claudia Rojas Lasso  Temas: Declaración de aduanas. Firmeza. Gravámenes. Sanciones. Importador.

Expediente 08001 23 31 000 2010 00545 01 de 2016.

APRUEBAN LA SANCIÓN APLICADA QUE APLICÓ LA DIAN A LA EMPRESA M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA. Así lo consideró la Sección Primera del Consejo de Estado, quien precisó que la sanción monetaria se debe a que la empresa M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA no entregó la mercancía a la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales, razón por la cual no cabe duda que se debía proceder a sancionarla con multa de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($200.975.640). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, una vez verificó los supuestos de su procedencia, esto es, la existencia de una causal de aprehensión y la no entrega de la mercancía. En este orden de ideas, se encuentra plenamente justificada la sanción impuesta por la DIAN a la empresa M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues se verificó la existencia de dos facturas, de distinto número, fecha y valor, expedidas sobre la misma mercancía declarada. Ello de paso, permite constatar que la DIAN no violó el debido proceso de M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues con base en documentación que obra en el expediente, oportuna y legalmente allegada al proceso, expidió los actos acusados. Revoca. C.P. María Claudia Rojas Lasso. . Temas: Recurso de Apelación. Sanción – Multa. Incumplimiento de Contrato

Expediente 11001 03 24 000 2009 00172 00 de 2016.

NIEGAN SOLICITUD DE NULIDAD DE RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES LA SIC CONCEDIÓ EL REGISTRO DE UNA MARCA. El Consejo de Estado manifestó que no es posible declarar la nulidad de las resoluciones números 30285 de 25 de agosto de 2008, 36419 de 29 de septiembre de 2008 y 44893 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto no es posible realizar el cotejo solicitado en la medida en que las mismas no se encuentran registradas y es precisamente el registro ante la oficina nacional competente, el que confiere, de un lado, el Derecho al uso exclusivo de una marca y, de otro lado, el Derecho a su Titular, de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, como también a usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Niega. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Registro de marcas.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10529 de 2016.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ADOPTÓ MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Mediante el Acuerdo No. PSAA16-10529 de 2016, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso implementar una serie de medidas, destinadas a descongestionar la Jurisdicción Contencioso Administrativa ordenando la remisión a otros despachos de procesos del sistema escrito, siempre que se encuentren para fallo, que están siendo tramitados por Tribunales y Juzgados Administrativos en varios departamentos del país. Temas: Jurisdicción contencioso administrativa. Descongestión. Sistema escrito. Fallo.

Comunicado de Prensa 103 de 2016

IMPLICACIONES DE LA APROBACIÓN DE LEY DE HORAS EXTRAS. La iniciativa de los representantes busca borrar los cambios que se dieron con la Ley 789 de 2002 que fijó las 10:00 pm como el horario en el que termina el horario diurno, y que solo obliga a los empleadores a pagar el 75% de la remuneración diaria a los trabajadores que laboren en domingos y festivos. De esta manera de ser aprobado fijaría el horario de las horas extras de 6 pm a 6 am, y obligaría a los empresarios a pagar el 100% de la remuneración diaria a los trabajadores que trabajen los domingos y festivos. Temas: Ley. Horas extras. Horario diurno. Remuneración.

 

Ministerio de Salud

Comunicado de Prensa 16 de 2016

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN PORTARÍA GENES MUTADOS QUE CAUSAN ENFERMEDADES HEREDITARIAS. Un 56 % de la población es portadora de mutaciones genéticas susceptibles de originar las principales enfermedades hereditarias, según un estudio de investigadores de un centro español, publicado en la revista Human Mutation. La investigación, que ha sido premiada por la Sociedad Española de Fertilidad, propone que se ofrezcan, de forma sistemática, pruebas de cribado genético para mutaciones recesivas en las unidades de medicina reproductiva. 2016 Temas: Genes. Enfermedades hereditarias. Investigación

Congreso de la República

Comunicado de Prensa 87 de 2016

EN ESTA TANDA LEGISLATIVA EL PROYECTO DE LICORES YA NO ALCANZARÍA A PASAR El proyecto que en materia tributaria, propone un impuesto específico de 220 pesos por grado alcoholimétrico para botellas de 750 centímetros cúbicos, tanto nacionales como importadas y que busca igualar las cargas impositivas para los licores nacionales e importados tuvo un nuevo tropiezo en el Congreso. Temas: Impuestos. Licores. Tropiezo.

 

Presidencia de la Republica

ESTOS SON LOS ACUERDOS SOBRE PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA ACORDADOS CON LAS FARC.

LEY 1787 DE 2016.

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009. La presente ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano.

Ley 1788 de 2016

POR EL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO PRESTACIONAL DE PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DOMÉSTICOS. la presente ley tiene como objeto garantizar y reconocer el acceso en ‘,1 condiciones de universalidad el derecho prestacional de pago de prima de servicios para las 1I trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Ley 1792 de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LOS DECRETOS LEY 1790 Y 1791 DE 2000, MODIFICADOS POR LA LEY 1405 DE 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

 

 

 

 

 

 

1 comentario en “Julio 4 – 8 del 2016

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