Julio 4 de 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 68001 11 02 000 2012 00466 01 de 2016.

EL JUEZ NO INDICÓ DE MANERA CLARA AL INVESTIGADO LOS CARGOS POR LOS CUALES SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. La falencia presentada en la investigación, al pretender el juez variar el pliego de cargos para tratar de enmendar un error presentado al inicio del procedimiento, no es conforme a las normas que regulan esta clase de actuaciones ya que es necesario indicarle al investigado la ley que desconoció, garantizando así que pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa frente a las responsabilidades que le adjudican, lo cual también se relaciona con el debido proceso que no fue respetado en el procedimiento disciplinario, es decir que el pliego de cargos en el cual le señalaban la comisión de conductas contrarias a la ley, no se hizo de manera correcta y afectó derechos fundamentales del sancionado. Niega. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Cargos. Procedimiento disciplinario. Debido proceso. Derecho a la defensa.

Expediente 11001 11 02 000 2013 00993 01 (11449 27) de 2016.

EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR EL FUNCIONARIO INVESTIGADO SÍ FUE CONFORME A LAS NORMAS NACIONALES. Revisada la investigación disciplinaria, que tuvo origen en el cumplimiento de un fallo de tutela y el posterior incidente de desacato, la Sala Disciplinaria señala que no hubo ninguna omisión en la vigilancia de la aplicación del recurso de amparo, ya que contrario a lo manifestado por los accionantes que señalaban el desinterés del juez para iniciar incidente de desacato, el funcionario adelantó las actuaciones pertinentes conforme llegaban las solicitudes de los afectados; el investigado procedió a consultar a la entidad accionada sobre la evolución del cumplimiento del fallo de tutela, informando la situación a los accionantes y posteriormente profirió decisión de acuerdo a las normas, por lo tanto no hay ningún incumplimiento legal. Niega. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Sala Disciplinaria. Recurso de amparo. Desinterés.

Expediente 68001 11 02 000 2010 00082 01 de 2016.

AL REALIZAR EL REMATE DE UN BIEN EL JUEZ DEBE RESPETAR LAS NORMAS QUE REGULEN ESTA CLASE DE PROCEDIMIENTOS. La omisión en el cumplimiento de los requisitos legales para adelantar el procedimiento de remate por parte de la juez investigada, fue realizada de manera dolosa ya que por la naturaleza del cargo y la profesión desempeñada, tiene el deber de estar permanentemente actualizada en cuanto a los conocimientos de la abogacía; esta clase de conductas son clasificables dentro del delito de prevaricato por omisión, ya que la funcionaria dejó de hacer las actuaciones propias de su cargo. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Remate. Prevaricato por omisión. Actuaciones. Cargo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 68001 22 13 000 2016 00113 01 de 2016

SE DENIEGA LA PROTECCIÓN SI LA DEMANDA VERSA SOBRE LOS MISMOS HECHOS Y DERECHOS QUE FUERON MATERIA DE DEBATE EN UNA ANTERIOR TUTELA. No es procedente reparar en la alegación de derechos fundamentales presuntamente diferentes a los invocados otrora o en giros argumentativos distintos a aquéllos esbozados, porque esas circunstancias, en palabras de la Corte, no justifican otro amparo, pues, esto sólo ocurriría si «la repetición de este obedece a un motivo justificado, como sería, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variación de la situación fáctica inicial», lo cual no ocurre en el caso de autos.Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Protección. Denegación. Giros Argumentativos.

Auto 05001 31 03 003 2007 00261 01 de 2016

EL DAÑO, EL DEFECTO DEL PRODUCTO Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD. No obstante los defectos de técnica enrostrados en el ámbito legal, en el cargo no obró, ni se advirtió reproche, mucho menos la trascendencia, de alguna falta superlativa que compela un análisis desde el punto de vista constitucional, como requisito esencial para adelantar en su momento un estudio oficioso. Declara. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Defectos. Análisis. Requisitos.

Expediente 41001 22 14 000 2015 00496 02 de 2016

EL QUEJOSO DEBE ESPERAR QUE LA AUTORIDAD CUESTIONADA PROFIERA LA RESPECTIVA DETERMINACIÓN ANTES DE INTERPONER LA TUTELA. De entrada la acción constitucional bajo estudio deviene presurosa, como quiera que, tal y como lo advirtió el a quo, el reclamante interpuso los recursos ordinarios para cuestionar la decisión que lo pone a cargo del interdicto, encontrándose el recurso de apelación actualmente en trámite ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por lo que el interesado deberá aguardar dicha resolución, pues no es este el escenario para adoptar pronunciamientos sobre aspectos que debe zanjar el administrador de justicia a quien por competencia le corresponde pronunciarse, ya que al juez constitucional le está vedado actuar paralelamente con el juez natural de la causa. confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo . Temas: Competencia. Pronunciamientos. Trámite.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 46623 de 2016

INDEXACIÓN PENSIONAL NO ES PROCEDENTE CUANDO NO HAY DESMEJORA APRECIABLE EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Es precisamente a partir de la finalidad de la corrección monetaria de las pensiones, que puede sostenerse que no en todos los casos se deberá aplicar de manera automática e inexorable la figura de la indexación, toda vez que habrá que determinar si en el asunto concreto el objetivo de aquélla se materializa, al existir una desmejora real del valor del Ingreso base de liquidación que justifique la procedencia de la misma o si, por el contrario, al no verificarse la depreciación de la base salarial no tendría cabida, como por ejemplo en los eventos en que entre el momento de la terminación del contrato y el del reconocimiento prestacional, transcurre sólo un día. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Pensión de jubilación. Indexación. IBL. Procedencia.

Expediente 47713 de 2016

LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA ES UN FENÓMENO QUE AFECTA A TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES POR IGUAL. De forma reiterada ha indicado la Sala que la devaluación monetaria por el transcurso del tiempo, es un fenómeno económico que afecta a todas las pensiones, no solo a las configuradas bajo los parámetros de ley sino también a las voluntarias o convencionales incluso, sin interesar la fecha de su causación y exigibilidad. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán . Temas: Pensión. Indexación. Reajuste. Devaluación monetaria.

Expediente 66025 de 2016

TÉRMINO PARA RESOLVER UN INCIDENTE DE DESACATO. Aun cuando la norma que regula el trámite incidental, no establece un término determinado o determinable para decidirlo, la Corte Constitucional concluyó que «Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura». Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Tutela. Incidente. Desacato. Término.

Expediente 52192 de 2016

DESCONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA CONVENCIONAL DE LA PENSIÓN. No se encuentra fundamento alguno para que tratándose de una pensión convencional se indexen unos valores por coincidir con factores legales, más no las sumas arrojadas por los factores extralegales que por mandato convencional deben ser integrantes en la liquidación de la prestación, pues ello equivaldría a sostener que unas sumas de dinero sufrieron la depreciación monetaria y otras no, conclusión que resulta irrazonable. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Sistema pensional. Indexación. Factores.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 45905 de 2016

LA AUSENCIA DEL REQUISITO OBJETIVO DEMERITA LA PRISIÓN DOMICILIARIA. No procede el reconocimiento de la prisión domiciliaria regulada en el artículo 38 del Código Penal por ausencia del requisito objetivo y, de otro lado, el Tribunal no era competente para pronunciarse en la sentencia sobre la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, de conformidad con el artículo 461 de la Ley 906 de 2004; por tanto, se revocará la parte resolutiva del fallo impugnado. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Regulación. Sustitución. Reconocimiento.

Auto 46112 de 2016

EL CARGO NO TIENE LA APTITUD PARA SU ESTUDIO DE FONDO POR PARTE DE LA SALA. Los dineros que recibía el ISS por concepto de aportes parafiscales se constituían como bienes estatales, razón por la que no resulta de recibo el planteamiento que en tal sentido realiza la recurrente, puesto que si bien los cheques girados por Carbones del Caribe, Gracetales, Primera Cadena Radial Colombiana y Panamco S.A. o Embotelladora Román, que contenían los montos para el pago de dichas obligaciones no fueron consignados en las cuentas del ISS, lo cierto es que ello se produjo en razón de la utilización fraudulenta de los mismos para la constitución de los RENTACAFÉS que generaron rendimientos, los cuales fueron apropiados ilegalmente por terceros, tal como obra en el sumario de la Fiscalía General de la Nación. Inadmite. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Estudio. Cargos. Rendimientos.

Expediente 85808 de 2016

DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL ES EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A QUIEN PODRÁ SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA EN FIRME. La Sala encuentra que no es de su competencia considerar las inconformidades planteadas en el amparo constitucional, pues ello sería tanto como conocer el fondo del asunto y asumir funciones ajenas que no le están permitidas conocer; y es allí, ante el juez natural, donde los sindicados en su condición de Director del Hospital San Juan de Dios, del Retiro –Antioquia- pueden plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente al incumplimiento de la sentencia. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Inconformidades. Amparo. Incumplimiento.

Expediente 46110 de 2016

SE DECLARÓ  LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN EN RELACIÓN CON EL DELITO DE HURTO AGRAVADO. Conforme a lo establecido en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, a partir de la formulación de la imputación el término prescriptivo empieza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del máximo previsto en la respectiva disposición penal. Teniendo en cuenta lo anterior, es de aclarar que dicho término ya se superó en el presente evento, pues la imputación se formuló el 29 de marzo de 2012, es decir, los 3 años se cumplieron el 29 de marzo de 2015, apenas tres días después de proferirse la sentencia de segundo grado que queda comprendida dentro de la invalidación que decretará la Corte. Casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Prescripción. Extinción. Disposición Penal.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 194 de 2016

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN POR VÍA DE TUTELA. Cuando la reclamación pensional se concreta en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que se trata de un derecho fundamental en sí mismo, susceptible de protección por vía del amparo constitucional. La protección constitucional es procedente atendiendo la calidad del sujeto que la reclama, pues es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros; en segundo lugar, porque la importancia de tal reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas. Revoca M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub . Temas: Tutela. Pensión de invalidez. Protección constitucional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 05001 23 31 000 2005 00902 01 (3147 2014) de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE EL CONTRATO REALIDAD. La Corporación ha señalado en varias decisiones la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten fehacientemente los tres elementos que le son propios: la prestación personal del servicio, la remuneración, y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. En los eventos en que se pretenda demostrar la existencia de un contrato de trabajo, el supuesto contratista debe acreditar que desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega, no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito. Confirma. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Primacía de la realidad. Actividad probatoria. Elementos contrato de trabajo.

Expediente 11001 03 25 000 2012 00371 00 (1424 2012) de 2016.

CONTROL DE LEGALIDAD Y DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ACTOS DISCIPLINARIOS. El Consejo de Estado ha sido contundente en señalar que los Actos de Control Disciplinario adoptados por cualquier entidad estatal en alguno de sus ámbitos – interno o externo, expedidos en ejercicio del Ius Puniendi, constituyen ejercicio de la Función Administrativa y por lo tanto son Actos Administrativos sujetos al pleno Control de Legalidad y Constitucionalidad por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, toda vez que aquellos no son Actos que manifiesten el ejercicio de la Función Jurisdiccional, a diferencia de las decisiones disciplinarias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura que no son susceptibles de Control Judicial. Asimismo es necesario precisar, que el Control de Legalidad y de Constitucionalidad sobre las decisiones Disciplinarias de los Actos de la Administración confiadas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia, dado que el Control Judicial implica una especialidad y depuración del debate. Niega. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Control de Legalidad y de Constitucionalidad. Actos Disciplinarios.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 19001 23 31 000 2008 00086 01 (40824) de 2016.

RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR NO EXISTIR PRUEBAS QUE INCRIMINARAN A PRESUNTO GUERRILLERO Y COMANDANTE DE UNO DE LOS FRENTES DE LAS FARC. Valorado el material probatorio, se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el Demandante fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 30 de diciembre de 2004 y el 25 de enero de 2006, fecha en la que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán decidió absolverlo, aludiendo a que no existía material probatorio suficiente para imputar al señor Túquerres Zúñiga la comisión del delito de rebelión. Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante no tuvo como fundamento la aplicación del in dubio pro reo, sino la inexistencia de pruebas que permitieran concluir que el sindicado cometió el punible investigado, por lo que se configuró una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad. En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del actor configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que no fue cometido por el sindicado toda vez que no existían pruebas que lo incriminaran, por lo que se comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.Declara. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad por el Delito de Rebelión.

Expediente 27001 23 31 000 2006 00576 01 (36373) de 2016.

POR FALTA DE COMPETENCIA, DECLARAN NULIDAD EN LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE OBRA. En el presente asunto observa la Sala que a pesar de que el 2 de noviembre de 2005 se había liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. 083 de 2004, la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional procedió a liquidarlo de nuevo, esta vez unilateralmente a través de las Resoluciones 1136 y 14241 de fecha 11 de noviembre de 2005 y 7 de diciembre de 2005 respectivamente, desconociendo no sólo el acuerdo al que llegaron las partes en el acta de liquidación bilateral, sino que, además, en ese momento el Fondo ya había perdido la competencia para liquidar de manera unilateral el contrato por las razones expuestas anteriormente. En ese orden de ideas, comoquiera que el Fondo ya no tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato No. 083 de 2004, en tanto que las partes ya lo habían liquidado de mutuo acuerdo, el Consejo de Estado procedió a declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Acción Contractual. Declaran Nulidad en terminación unilateral de Contrato.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 37 000 2012 00320 01 de 2016.

EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO NO ERA SUSCEPTIBLE DE SER SOMETIDO A CONTROL JUDICIAL. Las normas en materia contencioso administrativa disponen que solo son demandables ante el juez competente, los actos administrativos que crean, extinguen o modifican derechos y no aquellos que solo tiene el carácter de actos de trámite; por lo tanto el acto administrativo que fue demandado no tenía la condición anteriormente mencionada, de modo que no era susceptible de ser demandado mediante la nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto es necesario dar por finalizado el litigio surgido entre las partes. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.. Temas: Actos de trámite. Juez competente. Derechos.

Expediente 25000 23 31 000 2010 00147 01 de 2016.

AL FIRMAR EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA LA ENTIDAD FINANCIERA NO ESTABA OBLIGADA A PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. El Banco Colpatria fue beneficiado con la exención en el pago del gravamen a los movimientos financieros, al haber suscrito con el Estado un contrato de estabilidad jurídica que le otorgaba una serie de incentivos tributarios; no obstante la negativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la devolución de las sumas de dinero con los intereses a que haya lugar, es necesario señalar que tal situación es contraria a las normas ya que la devolución debe efectuarse con indexación, debido a la pérdida del poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo; también es necesario reconocer los intereses moratorios sobre el capital que falta ser devuelto, ya que así lo dispone el artículo 884 del Código de Comercio. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Contrato de estabilidad jurídica. Devolución. Indexación. Incentivos tributarios.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2016 00367 00 de 2016.

MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA, CONCEDEN RELIQUIDACIÓN PENSIONAL A UN ADULTO MAYOR. Resulta evidente que el tutelante, por su avanzada edad, precario estado de salud y lamentables condiciones económicas, se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad y situación de debilidad manifiesta, que lo convierten en sujeto de especial protección constitucional. Siendo así, es apenas lógico concluir que sería desproporcionado someterlo al desgaste de un procedimiento ordinario, lo cual conduce a la Sala a descartar la viabilidad de un examen sobre los defectos endilgados a los autos que rechazaron la demanda ejecutiva en cuestión, comoquiera que, en el mejor de los casos, de hallarse probado alguno, la condigna implicación jurídica sería dejarlas sin efecto para que se siga adelante con las actuaciones propias de la ejecución, cuyo trámite, como se explicó, resultaría nefasto de cara a las expectativas del actor. Ampara. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.  Temas: Impugnación. Reliquidación Pensión Vejez. Adulto Mayor. Régimen Especial.

Expediente 63001 23 33 000 2016 00053 01 de 2016

SE CONFIRMÓ EL AUTO RECURRIDO RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO DE ELECCIÓN DE LA PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA. La Sala considera que en el caso objeto de estudio no se respetó el principio de transparencia y mérito que debieron regir el concurso para la elección del personero municipal de Armenia, toda vez que el orden establecido mediante la lista de elegibles no fue el resultado directo del mérito demostrado por los aspirantes. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Recurso. Elegibles. Aspirantes.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 25000 23 27 000 2002 01500 01 de 2016

FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE ADUANAS. El análisis sistemático de las normas contenidas en los artículos 32, 61, 62 y 95 del Decreto 1909 de 1992, deja claro que la declaración de aduanas en lo relativo a la liquidación de los gravámenes y sanciones, solo adquiere firmeza al cabo de cinco años contados a partir de la fecha de su presentación, así como la facultad para el cobro de las liquidaciones oficiales y actos administrativos que contengan obligaciones pecuniarias a cargo del importador, prescriben en el término de cinco años contados a partir del acto administrativo correspondiente. Pero la facultad de verificar la legalidad de la operación no tiene término de prescripción alguno, pues es permanente. Revoca C.P. María Claudia Rojas Lasso  Temas: Declaración de aduanas. Firmeza. Gravámenes. Sanciones. Importador.

 

Congreso de la República

Comunicado de Prensa 87 de 2016

EN ESTA TANDA LEGISLATIVA EL PROYECTO DE LICORES YA NO ALCANZARÍA A PASAR El proyecto que en materia tributaria, propone un impuesto específico de 220 pesos por grado alcoholimétrico para botellas de 750 centímetros cúbicos, tanto nacionales como importadas y que busca igualar las cargas impositivas para los licores nacionales e importados tuvo un nuevo tropiezo en el Congreso. Temas: Impuestos. Licores. Tropiezo.