Julio – Consejo E. III

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 19001 23 31 000 2008 00086 01 (40824) de 2016.

RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR NO EXISTIR PRUEBAS QUE INCRIMINARAN A PRESUNTO GUERRILLERO Y COMANDANTE DE UNO DE LOS FRENTES DE LAS FARC. Valorado el material probatorio, se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el Demandante fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 30 de diciembre de 2004 y el 25 de enero de 2006, fecha en la que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán decidió absolverlo, aludiendo a que no existía material probatorio suficiente para imputar al señor Túquerres Zúñiga la comisión del delito de rebelión. Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante no tuvo como fundamento la aplicación del in dubio pro reo, sino la inexistencia de pruebas que permitieran concluir que el sindicado cometió el punible investigado, por lo que se configuró una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad. En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del actor configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que no fue cometido por el sindicado toda vez que no existían pruebas que lo incriminaran, por lo que se comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.Declara. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad por el Delito de Rebelión.

Expediente 27001 23 31 000 2006 00576 01 (36373) de 2016.

POR FALTA DE COMPETENCIA, DECLARAN NULIDAD EN LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE OBRA. En el presente asunto observa la Sala que a pesar de que el 2 de noviembre de 2005 se había liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. 083 de 2004, la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional procedió a liquidarlo de nuevo, esta vez unilateralmente a través de las Resoluciones 1136 y 14241 de fecha 11 de noviembre de 2005 y 7 de diciembre de 2005 respectivamente, desconociendo no sólo el acuerdo al que llegaron las partes en el acta de liquidación bilateral, sino que, además, en ese momento el Fondo ya había perdido la competencia para liquidar de manera unilateral el contrato por las razones expuestas anteriormente. En ese orden de ideas, comoquiera que el Fondo ya no tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato No. 083 de 2004, en tanto que las partes ya lo habían liquidado de mutuo acuerdo, el Consejo de Estado procedió a declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Acción Contractual. Declaran Nulidad en terminación unilateral de Contrato.

Expediente 76001 23 31 000 2008 01034 01 (39207) de 2016.

PRELACIÓN DEL FALLO EN LOS QUE SE IMPARTE UNA JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA Y REITERADA. La Sección Tercera del Consejo de Estado siempre ha respetado el orden cronológico en que los procesos ingresan al despacho para dictar el respectivo fallo que en derecho corresponde, pero este método ha cambiado con la aplicación de la jurisprudencia consolidada y reiterada que la sala sostiene respecto de la Privación Injusta de la Libertad, por lo que se encuentra habilitado resolver el presente asunto de manera anticipada, siempre y cuando se encuentren los requisitos mínimos. Modifica. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad. Concierto para Delinquir, Hurto Agravado, Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas.

Expediente 23001 23 31 000 2005 01089 01 (37944) de 2016.

EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SE DEBE PROBAR EL NEXO DE CASUALIDAD ENTRE LA PRESUNTA ACTUACIÓN DEL ENTE DEMANDADO Y EL DAÑO QUE ORIGINÓ LA ACCIÓN. Para el caso en estudio, el máximo tribunal administrativo concluyó que el accidente fue producto del actuar imprudente de aquél, al incumplir las normas de tránsito que deben observarse cuando se realice una actividad riesgosa como lo es conducir una motocicleta, pues de haberlo hecho, posiblemente el resultado del accidente habría sido distinto. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la Sala encontró que no es posible inferir la relación de causalidad entre el daño que originó la presente acción y conducta alguna realizada por la entidad demandada que hubiese generado dicho daño; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad y/o de imputación que permita vincular conducta alguna o comportamiento de la Administración pública demandada para con los actos o hechos desencadenantes del daño, criterio que resulta indispensable para iniciar un examen de causalidad tendiente a la declaratoria de responsabilidad solicitada en la demanda. Por tanto, a juicio de la Sala, en el caso que ahora se examina se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones. A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el aludido hecho al ente público demandado. Confirma. C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Recurso de Apelación. Muerte en Accidente de Tránsito ocasionada por persecusión Policial. Mototaxismo. Omisión de Socorro.

Expediente 73001 23 31 000 2000 00678 02 de 2016.

LA DUDA RAZONADA SE EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD MÉDICA AL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. Si bien es cierto, el Instituto del Seguro Social prestó los servicios médicos a una paciente, lo cierto es que no se demostró la falla en el procedimiento médico, y mucho menos que con la presunta falla hubiese causado el deceso de la paciente. Por lo anterior, se tiene que la línea jurisprudencial ha precisado que ante la falta de prueba que precise la supuesta negligencia de los servicios médicos, se debe negar las pretensiones de la demanda. Confirma. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Muerte posterior a intervención quirúrgica.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00655 01 (55135) de 2016.

DECLARAN INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN. Si lo que ocurre es que con ocasión de las controversias suscitadas en la ejecución de un determinado contrato estatal una de las partes contratante presenta una demanda solicitando que se declare el incumplimiento contractual con la consecuente condena a la indemnización de los perjuicios ocasionados y presenta como causa o fundamento de dichas pretensiones la expedición de unos actos administrativos a través de los cuales se decretó la terminación unilateral y se ordenó la liquidación del contrato suscrito pero no demanda su nulidad, es evidente que en ésta hipótesis se configura una inepta demanda, pues la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos dichos actos y en los cuales el actor funda sus pretensiones impiden que el juez contencioso administrativo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Revoca. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Recurso de Apelación. Nulidad Contractual.

Expediente 54001 23 31 000 1996 77777 01 (77777) de 2016.

EXONERAN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL MUNICIPIO DE CÚCUTA. El Consejo de Estado consideró que el Municipio de Cúcuta no tiene ninguna responsabilidad patrimonial en el accidente de tránsito ocurrido en esa jurisdicción, en el cual se vio involucrado la humanidad (perdida extremidad inferior izquierda) de un menor de edad que se encontraba montando bicicleta. Lo anterior obedece a que la parte demandante no logró acreditar que el daño fue el resultado mismo de una conducta contraria a los deberes legales de la administración, y por el contrario señaló que la responsabilidad se le atribuye a la Empresa Transguasimales, por desempeño irregular en la prestación del servicio público de transporte. Confirma. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Ruta de Transporte Público. Accidente de Tránsito. Vías públicas no aptas para el tránsito de buses para servicio público.

Expediente 11001 03 26 000 2015 00141 00 (55307) de 2016.

¿CUÁNDO ESTAMOS FRENTE A UN FALLO EN CONCIENCIA?. Frente a solicitud de Anulación de los Laudos Arbitrales proferidos para dirimir controversias en torno a los Contratos Estatales, debemos tener en cuenta las causales establecidas en el Artículo 41 de la Ley 1563 del 2012. Centrándonos en la causal establecida en el numeral 7º ibídem, -Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, debemos precisar que, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver dejaron de lado, de manera ostensible, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Sólo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del cual se debe decidir, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el Juez o Árbitro resuelve fundado en el Ordenamiento Jurídico, con base en el análisis del material probatorio allegado oportunamente al Proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en Derecho. Declara. C.P. Danilo Rojas Betancourth. .

Expediente 68001 23 31 000 2009 00266 01 (40217) de 2016.

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA FRENTE A LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el Artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la Privación Injusta de la Libertad de una persona durante su vigencia, la Sala Tercera del Consejo Superior de la Judicatura ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, la permite decidir, sin sujeción al Orden Cronológico de turno, los Procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia. Revoca. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad. Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal.

Expediente 85001 23 31 000 2005 00330 01 (37937) de 2016.

CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE POR OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ESTABLECER LA REAL Y VERDADERA EXISTENCIA DEL DAÑO. Resulta claro que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 Articulo 188) permite la Condena en Costas, para el caso en estudio se observa claramente que la conducta del actor riñe con la recta administración de justicia, toda vez que la demanda instaurada carece de fundamento legal, habida cuenta que inició el proceso de la referencia en procura de obtener la reparación de los perjuicios causados por el Hurto de ganado vacuno y, sin embargo, ocultó información relevante para establecer la real y verdadera existencia del daño, pues solo argumentó una falla en la prestación del servicio, por cuanto la Policía Nacional no brindó vigilancia y seguridad a los bienes de su propiedad (privada), pese a que se realizaron varios llamados de protección y ayuda. Lo que llama la atención es que la parte demandante ocultó la recuperación del ganado que presuntamente fue hurtado, es decir, omitió información relevante para el proceso, particularmente lo referido a dicha recuperación, conducta con la cual puso en evidencia la temeridad con la que actuó o, cuando menos, la deslealtad procesal que la caracterizó en el asunto de la referencia; en consecuencia, además de negar las pretensiones, condenó en costas a la demandante. confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Recurso de Apelación. Hurto de Ganado atribuido a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Expediente 52001 23 31 000 2008 00451 01 (40603) de 2016

SUCESIÓN PROCESAL EN RAZÓN DE LA SUPRESIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Teniendo en cuenta que el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesa, le corresponderá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado asumir la sucesión del DAS, en los casos residuales donde no competa en razón de las funciones asumirla a las demás entidades de la Rama Ejecutiva. Reconoce y exhorta. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Sucesión procesal. Supresión DAS. Competencia. Procesos. Reclamaciones.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00079 01 (40303) de 2016

DE LA INCORPORACIÓN LABORAL AL CULMINAR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La incorporación laboral de una persona que ha estado privada de la libertad no se da de inmediato a su salida, circunstancia esta que ha llevado al Consejo de Estado, con apoyo en datos de econometría laboral, a considerar por vía de presunción un margen razonable de tiempo, que se agrega al reconocimiento de lucro cesante. Revoca. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.Temas: Incorporación. Presunción. Econometría.

Expediente 13001 23 31 000 2001 00506 01 de 2016

EL DAÑO SOLO SE HA DE RECONOCER A FAVOR DE LA VÍCTIMA DIRECTA. Tratándose del daño producido como consecuencia de la afectación específica al derecho al acceso a la administración de justicia cuando se ve afectado por la prescripción extintiva, se ha estimado que la indemnización corresponda a 40 salarios mínimos legales mensuales, por lo que se considera justo y equitativo aplicar ese mismo criterio a casos similares. Modifica. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Temas: Afectación. Prescripción. Indemnización.

Expediente 73001 23 31 000 2006 01944 01 de 2016

CON EL VALOR SMLMV PARA LA ÉPOCA DE LO OCURRIDO SE REALIZARÁ EL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE. Comoquiera que en el proceso no obra elemento de prueba que permita establecer el monto mensual que devengaban los demandantes, se acudirá a la presunción de que las referidas actividades productivas les generaban como ganancia un salario mínimo legal mensual, el cual, para la época de la detención -año 2004-, equivalía a $ 358.000, monto por el cual se hará el reconocimiento del lucro cesante. Revoca. M.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Presunción. Reconocimiento. Ganancia.

Expediente 54001 23 31 000 1996 09346 01 (31716) de 2016.

LUEGO DE VARIOS AÑOS, REPARAN LOS DAÑOS A UN MENOR DE EDAD QUE MONTABA SU BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA. Así lo confirmó el alto tribunal de lo contencioso administrativo en su pronunciamiento judicial, pues se comprobó que los hechos que ocasionaron las lesiones personales a un menor de edad mientras practicaba en su bicicleta, fueron atribuidos al Municipio de Cúcuta, bajo el argumento que las calles no estaban preparadas para adjudicar una ruta de transporte de servicio público, máxime por disponer de unas vías angostas y andenes bajos inhabilitados para el tránsito de los buses de transporte público. Confirma. M.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 76001 23 31 000 2004 02011 01 (35902) de 2016

CONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES BAJO LA FIGURA DE LA SUCESIÓN PROCESAL. Vistas las consideraciones conceptuales pertinentes, se encuentra que los insumos teóricos brindan suficiente apoyo como para considerar que a la luz de la normativa legal se atribuirá el encargo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Por todo lo antepuesto, se dispuso RECONOCER COMO SUCESOR PROCESAL a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y, en consecuencia, ordenar que se le notifique este proveído a dicha Entidad, a fin de que tenga conocimiento de lo acá decidido y asuma la representación judicial del DAS, como su sucesor procesal. Reconoce. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Sucesión. Conocimiento. Insumos.

Expediente 76001 23 31 000 2005 04656 01 (42223) de 2016

EL LUCRO CESANTE ES UN FACTOR QUE SE DEBE PROBAR PREVIO RECONOCIMIENTO EN LA PROVIDENCIA. No existe certeza sobre la actividad que desarrollaba el sindicado antes de que fuera privado de su libertad, pues las declaraciones obrantes en el plenario presentan algunas inconsistencias en lo que hace a este punto, en tanto sostuvieron, por un lado, que se desempeñaba como “vendedor de frutas” y, por otro, como “vendedor ambulante”; y que además, recibía por dicha labor entre “40000 y 50000” pesos. Revoca. M.P. Hernán Andrade Rincón.  Temas: Declaraciones. Inconsistencias. Declaraciones.

Expediente 25000 23 26 000 2009 00147 01 (40778) de 2016

LA TASACIÓN DEL TIEMPO EN PRISIÓN VERSUS LA PRISIÓN DOMICILIARIA DEBERÁ TENERSE EN CUENTA PARA CALCULAR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. Como el sindicado estuvo privado de su libertad mediante detención física -en centro carcelario- y domiciliaria, deberá reducirse en un 50% el monto indemnizatorio por perjuicios morales en el lapso que duró su privación jurídica. En ese sentido, la parte actora deberá acreditar, en debida forma, cual fue el tiempo que duró la privación física de la libertad, tanto en centro penitenciario, como en detención domiciliaria. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. . Temas: Perjuicios. Reducción. Monto.

Expediente 63001 23 31 000 2005 01826 01 (40115) de 2016

EL RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS POR LA AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE ACREDITADO DENTRO DEL PROCESO SU CONCRECIÓN. No obra en el expediente medio de prueba alguno con el cual se logre establecer la vulneración de derechos de arraigo constitucional, de los cuales se pueda derivar una afectación a los bienes constitucionalmente protegidos o de “daño a la vida de relación”, razón por la cual la Sala negó el reconocimiento de dicho perjuicio. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Vulneración. Protección. Concreción.

Expediente 25000 23 36 000 2015 02332 01 (56904) de 2016

A MENOS QUE LA SENTENCIA QUE IMPONE LA CONDENA SEÑALE UN PLAZO PARA EL PAGO LOS INTERESES MORATORIOS SE CAUSAN A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA RESPECTIVA SENTENCIA. Ya que la parte demandante allegó en debida forma el título ejecutivo judicial complejo, y que este, respecto de los intereses moratorios reclamados tiene una expresa regulación, como así mismo de manera expresa y clara dispuso la sentencia condenatoria, en dar aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, se reitera, que la solicitud de los intereses moratorios es procedente por esta vía por lo que se libró mandamiento de pago. Revoca.M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Intereses. Reclamación. Títulos.

Expediente 25000 23 26 000 2003 00235 01 (32126) de 2016.

LOS VACÍOS EN EL DICTAMEN PERICIAL NO PUEDE SER CALIFICADO COMO ERROR GRAVE. En las Acciones de Reparación Directa todas las pruebas solicitadas por las partes y de oficio deben ser practicadas en su totalidad, sin embargo cuando se presenta un vacío en el dictamen pericial mediante el cual se pretendía la liquidación de los perjuicios materiales ocasionados por el daño antijurídico, el mismo resta mérito probatorio pero no trae como consecuencia un error grave atribuible al operador judicial, teniendo en cuenta que la carga probatoria está en cabeza de la parte demandante. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad por el Delito de lavado de activos. Carga Probatoria. Vacío en Dictamen Pericial.

Expediente 25000 23 26 000 2012 01057 01 (53342) de 2016.

EL RECURSO DE SÚPLICA PROCEDE SOLO CONTRA LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS PROFERIDOS POR EL PONENTE. El recurso de súplica procede contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, al cual se le dará el trámite consagrado en la Ley 1437 de 2011 que exige que el mismo sea interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, dirigido a la Sala de la que hace parte el ponente, con la expresión de los motivos de inconformidad. El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. . Temas: Recurso de Súplica contra Actos Administrativos.

Expediente 47001 23 31 000 1995 04635 01 (35399) de 2016.

ELEMENTOS PROBATORIOS PARA CONSTITUIR UNA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. La Sentencia Penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de Cosa Juzgada en la Acción de Reparación Directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este Proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la Responsabilidad Estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la Acción de Reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al Juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. . Temas: Recurso de Apelación. Sentencia Penal como Prueba para Acción de Reparación Directa.

Expediente 27001 23 31 000 2012 00086 01 (47539) de 2016

LA FACULTAD O COMPETENCIA DEL INTERVENTOR EN SU CONDICIÓN SE LIMITABA A LA VISITA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. En los contratos estatales como es el que dio lugar al proceso ejecutivo, las decisiones que comprometen contractualmente a la administración, tales como la suscripción del contrato, la sanción del contratista, la interpretación, modificación o terminación unilateral del negocio jurídico, la declaratoria de caducidad del mismo o su liquidación, le corresponden exclusivamente al representante legal de la entidad, por ser la persona a la que la ley ha otorgado de manera expresa la competencia para comprometerla contractualmente, salvo aquellos casos en los que lo autoriza para delegar tal función, siempre que dicha delegación se haya efectuado también en forma legal. Confirma. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Delegación. Interventoría. Contratos.

Expediente 54001 23 31 000 2002 01809 01 de 2016

QUE AL CIERRE DEL DAS, LOS PROCESOS Y DEMÁS RECLAMACIONES EN CURSO SERÍAN ENTREGADOS A LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA. Si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la retención ilegal de la que fue objeto elaccionante, la cual se presentó en virtud de las labores de inteligencia realizadas por agentes del suprimido DAS que lo daban como presunto responsable del delito de rebelión, entendiéndose que se trasladaría esa función en competencia de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Deja sin Efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Reclamaciones. Reparación. Procesos.

Expediente 25000 23 26 000 2006 02204 01 de 2016

DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS AL LIQUIDADO DAS. Teniendo en cuenta que el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, encuentra esta Sala que le corresponde a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado suceder al DAS en el presente proceso. Deja sin Efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: DAS. Conocimiento. Procesos.

Expediente 44001 23 31 000 2006 00106 01 (43868) de 2016

PROCESOS CONOCIDOS POR EL DAS A SU CIERRE, DEBEN SER REPARTIDOS DE CONFORMIDAD A SU MATERIA Y ENTIDAD ESPECIALIZADA. El artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, de este modo el proceso, le corresponde a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado suceder al DAS en el presente proceso. Máxime si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el accionante, la cual se presentó en virtud de las labores de inteligencia realizadas por agentes del suprimido DAS que lo daban como presunto responsable del delito de rebelión, entendiéndose que se trasladaría esa función en competencia de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Dejó sin efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: DAS. Administración de Justicia. Privación de la Libertad.