Junio 27 – Julio 1- Consejo E. III

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 85001 23 31 000 2008 00371 01 (39395) de 2016

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Ha dicho esta Corporación que, sin desconocer la autonomía e independencia que rige esta actividad, el error judicial se configura únicamente en los casos en los cuales las providencias que se consideren como causantes del daño no tengan justificación fáctica o jurídica, al carecer de razonamientos válidos, aceptables y coherentes. Confirma C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera  Temas: Responsabilidad estatal. Administración de justicia. Error judicial.

Expediente 05001 23 31 000 2002 04835 01 (47570) de 2016

LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE DE LA INVESTIGADA SE VIERON AFECTADOS CON EL DESPLIEGUE MEDIÁTICO QUE RODEÓ SU VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL. Al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta a la hoy actora, se entiende claramente configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, no obstante, dada la ostensible gravedad de la afectación sufrida por la actora, la Sala considera que para el presente caso, además de la medida no pecuniaria, resulta pertinente disponer el reconocimiento a la víctima directa del daño, de la suma equivalente a cien SMLMV, toda vez que la magnitud del perjuicio causado a sus bienes constitucionalmente protegidos implica que una medida restaurativa no sea suficiente en cuanto a la aplicación del principio de reparación integral que pregona el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por lo que el alcance de tal medida debe complementarse con la aludida indemnización. Modifica. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Vinculación. Protección. Reconocimiento.

Expediente 68001 23 31 000 2012 00389 01 (54295) de 2016.

JUEZ ADMINISTRATIVO COMO GARANTE DE LA CORRECCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES. Si bien es cierto, las causales de nulidad son taxativas, no es menos cierto que el Juez debe velar por todas las garantías del debido proceso, teniendo en cuenta que está bajo su criterio la toma de una decisión en el proceso, por lo tanto si se evidencia una novedad procesal que puede ir en contra de los intereses de alguna de las partes y no se encuentra plenamente identificada en la Ley, el Juez está en la obligación de efectuar el saneamiento mediante la nulidad de la irregularidad procesal. Declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Solicitud de Nulidad Procesal.

Expediente 63001 23 31 000 2003 00463 01 (33948) de 2016.

PRELACIÓN DE LOS FALLOS POR COMISIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Las partes tienen derecho a que los Jueces profieran las Sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, y a que la alteración de dicho orden se realice, excepcionalmente, por razones de seguridad nacional; para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; en caso de graves violaciones de los Derechos Humanos o de crímenes de lesa humanidad; cuando se trate de asuntos de especial trascendencia social o cuando por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva; en Procesos cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de Jurisprudencia, y por la determinación de un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Solicitud de Nulidad Procesal.

Expediente 25000 23 26 000 2001 00866 01 de 2016.

LAS INCONGRUENCIAS ESGRIMIDAS EN UN FALLO PUEDEN SER CORREGIDAS POR EL JUEZ QUE LA PROFIRIÓ. En razón al Principio de Seguridad Jurídica, las Sentencias son Inmutables por el Juez que las profirió, no obstante lo anterior, el Código General del Proceso prevé de manera excepcional, para los casos expresamente determinados, la posibilidad de corregir los errores puramente aritméticos en que se haya incurrido en cualquier providencia, por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, y dispone que tal corrección también procede en los casos de “error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. Modifica. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Solicitud de Modificatoria de fallo.

Expediente 85001 23 31 000 2008 00371 01 de 2016.

ESTADO INDEMNIZA EL PERJUICIO MORAL Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO POR UN ERROR JUDICIAL. Por el perjuicio moral causado al abogado Luis Orlando Vega Vega y el daño patrimonial representado por dos elementos: la pérdida del valor relativo del importe de la caución prendaria (daño emergente) y los intereses que dejó de producir esa suma de dinero durante el tiempo en que estuvo a disposición de las autoridades judiciales (lucro cesante), la nación representada en este caso por la Fiscalía General de la Nación, deberá indemnizar al Demandante, por acreditarse que fue vinculado a un Proceso Penal que concluyó con sentencia absolutoria a su favor, por considerar el juez de esa absolución que los criterios de imputación eran débiles y, además, por encontrar que la conducta del sindicado resultó atípica frente a los cargos formulados por el ente acusador. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad (caución prendaria). fraude procesal, falso testimonio y prevaricato por omisión.

Expediente 73001 23 31 000 2004 00001 01 de 2016

NIEGAN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA UNIFORMADO POR NO ENCONTRARSE QUE SU ACTUAR SE DESPLEGÓ CON DOLO NI CON CULPA GRAVE. Atendiendo el material probatorio obrante en el proceso interpuesto mediante Acción de Repetición, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo negó las pretensiones del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la muerte del señor Filiberto Quiceno Cardona se produjo cuando el Agente Quezada Orozco desarrollaba operativo policial para dar con su captura, sin poderse asegurar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave, consistente en el exceso de fuerza y una actuación desproporcionada frente a los hechos, pues no se demostró tal aseveración en el plenario por parte del Mindedensa; sino que por el contrario, se probó que el occiso no sólo opuso resistencia a los uniformados que lo requirieron durante un procedimiento policial, sino que, además, atacó con un machete al Agente Quezada Orozco, quien se vio obligado a utilizar su arma de dotación, a fin de salvaguardar su integridad personal. Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado precisó que, la parte actora no probó que haya efectuado el pago objeto de la Acción de Repetición, pues si bien es cierto, se allegaron al proceso copias de la sentencia condenatoria y de la Resolución que ordenó a la Policía Nacional pagar los daños y perjuicios causados a los Beneficiarios, mas no se demostró que el beneficiario del mismo lo hubiera recibido. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Recurso de Apelación. Improcedencia de la Acción de Repetición por falta de Pruebas. (actuación con dolo o con culpa grave – Pago indemnización objeto de la Acción de Repetición).

Expediente 05001 23 31 000 2002 01017 01 de 2016.

INDEMNIZAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON LA MUERTE DE UN MILITAR POR FALLA EN EL SERVICIO. Revisado el prontuario se tiene que el soldado Jarava Romero recibió una orden incompleta e imprudente por parte de sus superiores, consistente en trasladar una antena de monitoreo dentro de la Base Militar de Yarumal (Antioquia) sin la supervisión requerida para dicha actividad, por lo que resulta un hecho imputable al Ejército Nacional, quien debió tomar las medidas de seguridad y protección respectivas para el transporte de la mencionada antena, y que pudieron haber evitado el deceso del occiso. Por lo anterior, no se puede predicar culpa alguna del soldado Jarava Romero, pues no aparece demostrado en el expediente que él tuviera el conocimiento técnico para el manejo de antenas de monitoreo empleadas en labores de inteligencia, ni mucho menos que conociera sobre el desmonte de la misma, por el contrario, eran sus superiores los directamente llamados a conocer y aplicar las normas de seguridad pertinentes en las ordenes que impartían a sus subalternos. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Muerte de un Militar por Cables de Alta Tensión.

Expediente 19001 23 31 000 2002 00545 01 (35499) de 2016.

EXONERAN DE RESPONSABILIDAD AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POR DESCUIDO DE LA PACIENTE FRENTE A SU PROPIA SALUD. Con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el Proceso y a los que ya se hizo referencia, no es posible establecer el Hospital Universitario San José de Popayán que le prestó el servicio médico hubiese incurrido en falla alguna del servicio o, incluso, que hubieren restado probabilidades u oportunidades de curación a la paciente, pues lo cierto es que la paciente recibió durante todo el tiempo de su hospitalización una atención adecuada, oportuna e ininterrumpida para la complejidad de su cuadro clínico y como quedó visto, a la paciente se le dio de alta en el mes de abril de 2000, luego de haber estabilizado su cuadro clínico y bajo precisas instrucciones de regresar el día 11 de mayo, para evaluar los resultados de los exámenes y determinar el procedimiento médico a seguir, lo cual no fue cumplido por la paciente, hecho imputable exclusivamente a ella. Así pues, se impone concluir que la causa de la amputación de las extremidades de la paciente fue consecuencia directa de una complicación derivada de su cuadro clínico de insuficiencia renal y obstrucción renal por cálculos renales, agravado por el propio descuido de la paciente frente a su propia salud. Respecto del hecho de la víctima, importa establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del mismo, es decir, que la entidad estatal podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad. En otros términos, no es la voluntariedad del hecho de la víctima lo que determina la causa del daño, por lo tanto, ésta puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace, su actuación se puede explicar por el descuido de quien tenía su guarda y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa eficiente del daño exonerará de responsabilidad a la demandada. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Negligencia Médica. Amputación de Extremidades.

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