Junio 27 – Julio 1 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 20001 11 02 000 2015 00507 01 de 2016.

EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA ADMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA TUTELA. El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que es necesaria la subsidiariedad al momento de presentar la acción de tutela, es decir que esta no procede en caso de existir otros recursos o medios de defensa judicial, a menos que sea usada como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables; el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos por el test de procedibilidad impide que el juez pueda someter a estudio el recurso de amparo. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Requisito de subsidiariedad. Tutela. Perjuicios irremediables.

Expediente 08001 11 02 000 2015 01339 01 de 2016.

AL DAR RESPUESTA DE FONDO AL DERECHO DE PETICIÓN IMPETRADO NO SE PUEDE PRETENDER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS POR VÍA DE TUTELA. La posición jurisprudencial que ha definido la Corte Constitucional en la actualidad, acepta que en los casos en los cuales se evidencie que los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de derechos, fueron superados o no existen, bien sea por la subsanación del error por parte de la entidad demandada, no es posible que el juez pueda pronunciarse de fondo respecto al litigio ya que el mismo se ha extinguido, y por lo tanto se torna inocuo cualquier tipo de mecanismo judicial para la protección de derechos fundamentales.Revoca. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Derecho de petición. Respuesta de fondo. Hechos.

Expediente 11001 11 02 000 2013 03611 01 (11715 28) de 2016.

LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN QUE IMPIDA EJERCER LA PROFESIÓN DEL DERECHO IMPLICA QUE EL ABOGADO DEBE RENUNCIAR O SUSTITUIR LOS PODERES RECIBIDOS. El profesional del derecho investigado no respetó el régimen de inhabilidades establecido en la Ley 1123 de 2006, ya que era conocedor de una sanción anterior que le impedía ejercer la abogacía, aunque no interpuso ninguna clase de recursos en el litigio civil esto no lo exime de responsabilidad, ya que al conocer el impedimento antes mencionado debía renunciar al poder que le había conferido su cliente, no obstante decidió continuar con el encargo lo cual constituye una falta al deber profesional de abogado. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Deber profesional. Encargo. Renuncia. Inhabilidades.

Expediente 05001 11 02 000 2011 00965 01 de 2016.

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN IMPLICA LA PÉRDIDA DEL ESTADO PARA CONTINUAR CON SU POTESTAD SANCIONATORIA. En materia disciplinaria se ha establecido legalmente el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de comisión de la conducta sancionable, para realizar el procedimiento de investigación correspondiente, de manera que si el plazo antes mencionado se cumple sin que haya lugar a la imposición de una sanción, el Estado pierde la capacidad para ejercer su potestad sancionatoria frente a la conducta reprochable, y es necesario decretar la terminación del proceso en contra del investigado. Declara. M.P. Rafael Alberto Adarve García. Temas: Prescripción. Potestad sancionatoria. Investigación.

Expediente 76001 11 02 000 2015 02288 01 de 2016.

EL JUEZ CONSTITUCIONAL NO HIZO UNA ADECUADA VINCULACIÓN AL PROCESO DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS. En el procedimiento de tutela adelantado señala la Sala Disciplinaria que hay existencia de nulidad, desde la admisión a trámite del recurso de amparo, ya que si bien el Ministerio de Transporte fue la entidad requerida para brindar respuesta al derecho de petición, este dio traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte por ser la consulta un asunto de su competencia e informó tal situación a la parte demandante; no obstante al iniciar la acción de tutela esta Superintendencia no fue vinculada al proceso y por lo tanto hay nulidad en el procedimiento adelantado, siendo necesario ejercer las acciones pertinentes para subsanar tal error. Declara. M.P. Rafael Alberto Adarve García. . Temas: Nulidad. Vinculada. Proceso. Competencia. Consulta.

Expediente 54001 11 02 000 2015 00970 01 de 2016.

EL FUERO DE MATERNIDAD DEBE SER RESPETADO INCLUSIVE EN LAS MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL. Si bien las medidas de descongestión que implementa el Estado, respecto de la Rama Judicial, tienen un carácter temporal y ello puede explicar la supresión de una serie de cargos, no por ello es posible desconocer la protección legal que se otorga al fuero de maternidad; de modo que si no se puede efectuar el reintegro de la demandante hay lugar al pago de indemnización, en los términos que señale el numeral 5º del artículo 51 de la Ley 909 de 2004, ya que es necesario garantizar la afiliación a la seguridad social de la accionante hasta tres (3) meses después del parto. Modifica. M.P. María Rocío Cortés Vargas. Temas: Fuero de maternidad. Seguridad social. Protección legal.

Expediente 11001 11 02 000 2013 01365 01 de 2016.

EL RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE A LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA ES EL ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. El procedimiento de investigación adelantado en contra del auxiliar de la justicia, tuvo como fundamento normativo la Ley 1123 de 2007, que solo contempla las faltas disciplinarias cometidas por los abogados, por lo tanto hay nulidad en el trámite ya que el régimen para auxiliares de la justicia es la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), siendo imposible establecer la analogía entre dichas normas; es necesario tener en cuenta que el cargo de la persona investigada corresponde a un particular con funciones administrativas, por expreso mandato de la ley. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Régimen sancionatorio. Auxiliares de la justicia. Nulidad. Analogía.

Expediente 15001 11 02 000 2010 00991 01 (11223 27) de 2016.

LA PRESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA IMPIDE CONTINUAR CON EL PROCESO DISCIPLINARIO. El límite que establece la Ley 1123 de 2007 para investigar las conductas de tipo disciplinario, es de cinco años contados a partir de la ejecución de las mismas en el caso de las faltas instantáneas, pero para el caso planteado es evidente que dicho plazo ya se cumplió debido a que los hechos objeto de investigación sucedieron en 2010, de manera que el error cometido por el funcionario no puede ser sancionado por el Estado, ya que la prescripción implica la pérdida de la potestad gubernamental para imponer sanciones. Ordena. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Prescripción. Potestad. Conductas. Disciplinario.

Expediente 11001 11 02 000 2016 00003 01 de 2016.

LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA ES APLICABLE PARA LOS CARGOS EN PROVISIONALIDAD. Los derechos fundamentales que reclama la accionante deben ser protegidos, ya que el amparo especial del cual goza la mujer en estado de embarazo tiene prevalencia sobre otra serie de situaciones, de modo que la estabilidad laboral reforzada derivada por el fuero de maternidad no puede ser desconocido, a pesar el cargo en provisionalidad fue suprimido sin tener en cuenta la licencia de maternidad de la cual gozaba la demandante; por lo tanto no es justificable la negativa del demandado a reintegrar en el cargo a la funcionaria judicial. Revoca. M.P. José Ovidio Claros Polanco Temas: Estabilidad laboral reforzada. Cargos en provisionalidad. Reintegrar.

Expediente 41001 11 02 000 2011 00734 01 de 2016.

EN CASO DE VERSE VULNERADO EL DERECHO A LA DEFENSA ES POSIBLE REALIZAR SUSTITUCIÓN DEL PODER SIN NECESIDAD DE OBTENER PAZ Y SALVO DEL ABOGADO ANTERIOR. La Sentencia C-1178 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, hizo mención al hecho de que la participación en el proceso no queda exclusivamente en manos del representante legal, ya que aún permanece en cabeza del poderdante y por lo tanto este puede tomar las acciones necesarias para garantizar que se respete su derecho a la defensa; de manera que el profesional del derecho investigado no incurrió en ninguna sanción al Estatuto del Abogado al aceptar el poder sin existir paz y salvo del anterior apoderado, ya que lo que estaba tratando de obtener el cliente era una adecuada representación profesional que no lesionara sus intereses, habiendo ya cancelado los honorarios del representante anterior. Revoca.M.P. Rafael Alberto García Adarve. . Temas: Participación. Intereses. Representación profesional.

Expediente 11001 11 02 000 2014 04851 01 (11174 27) de 2016.

EL JUEZ DEBE HACER UN ANÁLISIS INTENSIVO DE LAS PRUEBAS PARA LOGRAR UNA ADECUADA CULMINACIÓN DEL LITIGIO. Señala la Sala Disciplinaria que aunque tiene razón el juez de primera instancia, al determinar que era difícil establecer las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos por la ausencia de varias pruebas, también es deber del juez buscar otros medios probatorios que permitan demostrar la verdad o falsedad de la queja interpuesta; la terminación de un proceso no puede ser decretada por el funcionario judicial si hay otras opciones que permitan indagar aún más sobre los hechos. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de GómezTemas: Pruebas. Litigio. Análisis. Opciones.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Auto 11001 02 03 000 2013 02862 00 de 2016

LA COMPETENCIA DE LOS TRÁMITES LIQUIDATORIOS RADICARÁ EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. Sobre el valor de convicción de las pruebas bajo el lente de la nueva regulación se corrobora en el artículo 624 del Código General del Proceso, que toca directamente a las probanzas decretadas y practicadas a las que se aplica el C. de P. C., pero no a su mérito, que, siguiendo dicha doctrina, se rige por la novísima legislación. Por todo lo expuesto, se asignó el trámite liquidatorio a la autoridad judicial de Cali, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 624 in fine, se anuló lo actuado en el otro despacho, salvo las cautelas en firme. Declara. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez Temas: Liquidación. Aplicación. Competencia.

Expediente 76001 22 03 000 2016 00114 01 de 2016

SE CONFIRMARÁ LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, TRAS RESULTAR EVIDENTE EN EL PRESENTE ASUNTO, LA CONCULCACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL DEL TUTELANTE. Para establecer si una situación de incumplimiento en el pago de la pensión de sobreviviente constituye la transgresión al mínimo vital, se deben analizar diferentes tesituras. Lo anterior, teniendo en cuenta que resulta distinta la condición de una persona a quien se le adeuda una o dos mesadas pensionales y puede sobrevivir con sus ahorros, en caso de contar con ellos, respecto de otra que carece de recursos para atender sus necesidades básicas, tales como los servicios públicos domiciliarios u otras obligaciones contraídas con anterioridad. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Carencias. Incumplimiento. Impugnación.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00917 00 de 2016

TUTELA PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. La acción de amparo se encuentra limitada a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley. El descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria. Niega M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo Temas: Tutela. Providencias judiciales. Procedencia. Vía de hecho.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00926 00 de 2016

LA MOTIVACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES CONSTITUYE IMPERATIVO QUE SURGE DEL DEBIDO PROCESO. La sentencia como acto procesal que es, debe ser motivada de manera breve y precisa, pero necesariamente fundamentada en el examen crítico de las pruebas y en los razonamientos legales. Su finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual ésta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente el asunto sometido a su consideración. Concede. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Providencias judiciales. Motivación. Debido proceso.

Auto 11001 31 03 029 2010 00177 01 de 2016

LAS INCONGRUENCIAS ENTRE FALLOS PROPUGNA PARA LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.Por el carácter dispositivo de este recurso extraordinario el recurrente fija los límites por donde ha de transitar la Corte a efectos de decidirlo, razón por la cual la precisión y claridad, así como la autonomía de los cargos y de las causales de casación, exigen que la aducción de estas se haga en cargos separados. En este caso, se aprecia al romper una inadmisible mixtura entre las causales de casación primera y segunda, pues a pesar de anunciar que el cargo va dirigido a demostrar la incongruencia en la sentencia, asunto propio de la causal segunda, invade la órbita de la primera; razón suficiente para inadmitir los cargos del recurso. Inadmite. M.P. Margarita Cabello Blanco. . Temas: Límites. Inadmisibilidad. Mixtura.

Expediente 08001 22 13 000 2016 00085 01 de 2016

LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPARO TIENEN EFECTOS INTER PARTES. Los fallos de tutela producen efectos inter partes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al determinar que ‘la tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a título individual y la decisión que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relación con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situación. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia, confirmó la sentencia objeto de impugnación. Confirma. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. Temas: Reconocimiento. Mecanismo. Impugnación.

Expediente 08001 22 13 000 2016 00093 01 de 2016

LE ESTÁ VEDADO A ESTA JURISDICCIÓN ANTICIPARSE EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE ASPECTOS QUE LE CORRESPONDE ZANJAR AL JUZGADOR NATURAL. Es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, según la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso.Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas:

Expediente 11001 02 03 000 2016 00906 00 de 2016.

LA TARDANZA DEL TRIBUNAL PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN NO VULNERÓ DERECHOS DEL ACCIONANTE. Respecto a la mora judicial, es necesario distinguir dos escenarios: el primero consiste en una mora injustificada lo cual constituye un desconocimiento y posible afectación de derechos fundamentales, el segundo comprende aquellos eventos como fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra causa justa de modo que en este evento no hay vulneración de garantías constitucionales; es necesario que se honren las órdenes de precedencia, es decir que se garantice el derecho a la igualdad en el sentido de resolver cada solicitud respetando el turno de radicación, para lograr mejor organización judicial y respetar los términos que impone la ley en materia procesal. Niega. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Mora judicial. Justificada. Garantías constitucionales.

Expediente 76111 22 13 000 2016 00066 01 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO FUE PREVISTA POR EL LEGISLADOR PARA DAR IMPULSO A LOS TRÁMITES JUDICIALES. Si el interesado desperdició las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por la vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela. Confirma M.P. Álvaro Fernando García Restrepo Temas: Tutela. Procedencia. Finalidad.

Expediente 76111 22 13 000 2016 00068 01 de 2016.

RESALTADO EL HECHO QUE LAS DECISIONES DEL JUEZ NO FUERON ARBITRARIAS SE HARÁ PROCEDENTE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO. Rescatando como soporte válido que la decisión del juez convocado no es de aquellas caprichosas o arbitrarias que ameriten la intervención del juez constitucional, sino que comporta una interpretación jurídica razonable que puede ser revisada dentro de la dinámica propia del proceso judicial ordinario, la Corte confirmará el fallo denegatorio de la tutela. Confirma. M.P. Luis alonso Rico Puerta. . Temas: Dinámica. Interpretación. Soporte.

Expediente 18001 22 08 000 2016 00045 01 de 2016

AL JUEZ DE TUTELA LE ESTÁ VEDADO INMISCUIRSE EN LA ACTIVIDAD QUE LE ES PROPIA A CADA JURISDICCIÓN. El juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Tutela. Providencia judicial. Procedencia.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00924 00 de 2016

EL CAMPO EN DONDE FLUYE LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ CON MAYOR VIGOR, ES EN CUANTO A LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. El Juez Constitucional sólo interviene en la esfera probatoria, cuando el «error en el juicio valorativo» sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposición, lo cual no ocurrió en el caso que se estudió.Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica. Deniega. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. Temas:Valoración. Proceso. Juicio Valorativo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 47713 de 2016

PRIMERA MESADA PENSIONAL DEBE ACTUALIZARSE INDEPENDIENTEMENTE DE SU NATURALEZA JURÍDICA. De forma reiterada ha indicado la Sala que la devaluación monetaria por el transcurso del tiempo, es un fenómeno económico que afecta a todas las pensiones, no solo a las configuradas bajo los parámetros de ley sino también a las voluntarias o convencionales incluso, sin interesar la fecha de su causación y exigibilidad. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Sistema pensional. Indexación. Primera mesada.

Expediente 49987 de 2016

PARA QUE PROCEDA LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA ES PRESUPUESTO INDISPENSABLE QUE HAYA FENECIMIENTO DEL VÍNCULO LABORAL. Cuando se da el paso del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición del Decreto Ley 1750 de 2003. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos . Temas: Indemnización moratoria. Prestaciones sociales. Terminación contrato.

Expediente 50526 de 2016

NO SE VULNERAN LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN CUANDO AL TRABAJADOR SE LE BRINDAN GARANTÍAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. No hay lugar a condenar a la empresa en el evento en que ella no sólo se limita a asumir un comportamiento garantista en favor de su trabajador sino que, en virtud al fuero sindical que lo amparaba y en acatamiento al reglamento interno de trabajo, adelanta ante la jurisdicción ordinaria el proceso para levantar la señalada garantía foral y conseguir la autorización de su despido. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. . Temas: Defensa. Contradicción. Proceso disciplinario. Descargos.

Expediente 69458 de 2016

JUZGADOR DEBE ABSTENERSE DE APLICAR DISPOSICIONES REGRESIVAS AÚN FRENTE A SITUACIONES CONSOLIDADAS. En consonancia con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social, cuando se está frente a normas que constituyen un obstáculo para la realización de la garantía pensional, máxime en casos como la pensión de invalidez, en que se trata de proteger a una población en circunstancias de vulnerabilidad y que amerita especial protección, debe dejarse de lado la aplicación exegética de las mismas, quedando obligado el juzgador a asumir una visión amplia de la norma con el fin de materializar los principios mínimos fundamentales plasmados en la Constitución. Revoca M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo  Temas: Sistema pensional. Disposiciones regresivas. Progresividad. Seguridad social.

Expediente 43240 de 2016

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DEL AMPARO CONSTITUCIONAL PARA CUESTIONAR DECISIONES PROFERIDAS EN EL CURSO DE UN INCIDENTE DE DESACATO. La Corte ha establecido que si se desconoce de manera flagrante la garantía constitucional al debido proceso de los intervinientes, como lo es por ejemplo cuando se invoca la ausencia de notificación del accionado, el amparo procede, al constituir ello una vía de hecho. Niega M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Tutela. Procedencia excepcional. Incidente de desacato. Vía de hecho.

Expediente 59042 de 2016

EFECTOS QUE DEBE SURTIR LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DE UNA DISPOSICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE IMPONE UN REQUISITO ABIERTAMENTE REGRESIVO. No se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social. Ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y en consonancia con los valores de un Estado Social de Derecho, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz  Temas: Declaratoria de inexequibilidad. Efectos. Seguridad Social. Garantía pensional. Fidelidad.

Expediente 66001 de 2016

EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL NO PUEDE ANTICIPARSE A LAS DECISIONES QUE SON DEL RESORTE EXCLUSIVO DEL JUEZ NATURAL. El cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la suspensión del proceso ha sido declarada como imposición necesaria ante la unidad de jurisdicción, dado que no puede reprocharse al Juzgador que su criterio comporta un desatino, al ser fruto de una interpretación respetable del orden jurídico en la que no cabe la interferencia, dada la autonomía e independencia propia de los jueces. Confirma M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Tutela. Juez constitucional. Juez natural. Autonomía. Independencia.

Expediente 66195 de 2016

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL ES PROCEDENTE CUANDO RESULTEN VIOLADOS, EN FORMA EVIDENTE, DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. De ahí que, aun cuando para la resolución de determinada controversia se puedan admitir diferentes criterios jurídicos, si el acogido por el Juzgador se ajusta a la orientación que razonablemente se extrae del ordenamiento, no es predicable colegir una violación constitucional por el hecho de que no se imponga la de alguna de las partes en la providencia, pues por regla superior el Juez tiene libertad y autonomía judicial. Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Tutela. Providencia judicial. Libertad. Autonomía judicial.

Expediente 66097 de 2016

NO ES POSIBLE DEDUCIR UNA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO EL CRITERIO ACOGIDO POR EL JUZGADOR SE AJUSTA A LA ORIENTACIÓN QUE RAZONABLEMENTE EXTRAE DEL ORDENAMIENTO. Por regla superior el juez tiene libertad y autonomía, por lo tanto avalar que cualquier situación que admitiera más de una interpretación de como resultado una vía de hecho para el vencido en juicio, no tiene asidero legal, ni menos constitucional, pues precisamente los jueces son los arbitradores de las situaciones puestas en su conocimiento y soportan sus conclusiones en las reglas legales, en el alcance que frente a ellas ha realizado la jurisprudencia, así como en las pruebas que los llevan a la convicción final que se traduce en providencia judicial, de manera que no puede en esos eventos argüirse una conducta caprichosa, sino ajustada al ordenamiento. Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Tutela. Providencia judicial. Procedencia. Vía de hecho.

Expediente 66207 de 2016

ACCIÓN CONSTITUCIONAL NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA INSTANCIA ADICIONAL EN LA QUE LAS PARTES INCONFORMES CON LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL BUSQUEN UNA DETERMINACIÓN DIVERSA.Resulta improcedente fundamentar la acción constitucional en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia más y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciación, el análisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración.Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Tutela. Providencia judicial. Procedencia.

Expediente 43190 de 2016

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UN FALLO DE LA MISMA NATURALEZA. La jurisprudencia ha sido reiterada y pacífica respecto a que conforme con el debido proceso y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, la acción de tutela no es procedente ya que no se puede pretender que a través de una nueva acción constitucional el juez reexamine el criterio expuesto en otra acción de la misma naturaleza. Niega M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Fallo. Cosa juzgada. Debido proceso. Seguridad jurídica.

Expediente 49315 de 2016

LA DECISIÓN DE LA ESE DEMANDADA DE EFECTUAR EL PAGO EN MENCIÓN, NO VINCULA AL JUEZ EN LA INTERPRETACIÓN EN ABSTRACTO QUE HACE DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El juez de apelaciones para confirmar la decisión de primer grado, estimó que no les asistía el derecho a los actores al reconocimiento de la pensión contemplada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, por cuanto «ninguno de los servidores cumple con el requisito de los 20 años continuos o discontinuos al servicio del ISS», siendo necesario que dicho requisito fuera «cumplido exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales antes de operar la escisión». No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.  Temas: Servidores. Requisitos. Reconocimiento.

Expediente 49662 de 2016

NO YERRA EL AD QUEM CUANDO AL ESTABLECER LA AUSENCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE 1999, EN EL CONJUNTO PROBATORIO DEL PROCESO, DECIDE REVOCAR LA DETERMINACIÓN DE PRIMER GRADO. Como lo afirmó el impugnante que la demandada hubiese, a través de su apoderado judicial y al contestar la demanda, confesado que en el mencionado acuerdo colectivo se consagraren los derechos al incremento pensional pretendido, que es en últimas lo que la censura indica, por el contrario, el propio procurador judicial de la accionada, como aquí se reseñó. Por tal razón, al acordar las partes que los pensionados se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la ley 4 de 1976 sin consideración a su vigencia, se refiere a los derechos ya mencionados-auxilios gastos de sepelio, servicios médicos, odontológicos, disfrute de sustitución pensional, auxilios para estudios universitarios, pero no se refiere al incremento pensional, por lo cual no se casó la sentencia. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Reconocimiento. Acuerdos. Impugnación

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 47601 de 2016

HASTA TANTO SE CREEN LAS SALAS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN LOS DEMÁS TRIBUNALES SUPERIORES DEL PAÍS, LA SEGUNDA INSTANCIA EN LOS PROCESOS DE ESA NATURALEZA DEBE RECAER EN LA SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. En aras de prevenir que la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por vía de lo dispuesto en el Acuerdo resulte congestionada en razón de una eventual sobrecarga laboral, se dispondrá exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para crear las correspondientes Salas de Extinción de Dominio en los tribunales del país. Asigna. M.P. Patricia Salazar CuéllarTemas: Competencias. Congestión. Sobrecarga.

Expediente 85743 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA UNA OPCIÓN DE CONTROVERTIR LAS DECISIONES JUDICIALES. La potestad de controvertir las decisiones de los jueces a través de la acción de tutela tiene un alcance excepcional y restringido, como bien lo precisaron la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 y la propia jurisprudencia pacífica de esta Sala; todo ello por virtud de un cabal respeto de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial. La razón de una tal postura no es distinta a evitar que la misma se convierta en un instrumento adicional para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando su esencia, que no es otra que denunciar la violación y obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales; sin embargo, no resulta absoluto, porque en el evento en que no existan motivos que impidan promover la acción, ésta procederá contra las decisiones judiciales en la medida que carezcan de fundamento objetivo, por lo cual son improcedentes aquellas demandas en donde las consideraciones personales o subjetivas del accionante se anteponen a las argumentaciones del funcionario que las profiere, toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad que acredite la existencia de una causal de procedibilidad de la acción constitucional.Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Impugnación. Improcedencia de la Acción de Tutela. Vulneración de su Derecho Fundamental al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y al Principio de la Cosa juzgada, al Desconocimiento del Precedente Judicial y a la Confianza legítima. Proceso Ejecutivo Laboral.

Auto 46628 de 2016

NO ERA FACTIBLE INTERPONER EL RECURSO EN UN PROCESO QUE SE HALLABA ARCHIVADO EN VIRTUD DE UNA IRREGULAR NOTIFICACIÓN PERSONAL. Como única posibilidad de protección del orden jurídico, la Sala encontró necesario retrotraer la actuación, como lo dispuso el juez de conocimiento. Para dar cumplimiento al amparo, se dispuso dejar sin efecto la constancia de ejecutoria y el auto emitidos por el Secretario y Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, respectivamente, ordenando que al día siguiente del recibo del expediente en esa secretaría, se empiecen a contar los tres días de ejecutoria de la sentencia. Modifica. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Amparo. Irregularidades. Notificación.

Expediente 85683 de 2016

A PESAR DEL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD POR PARTE DE LA DEMANDANTE SE CONCLUYÓ QUE LA MISMA NO SE TORNA ARBITRARIA. Los reparos expuestos por la recurrente, no demuestran la configuración de defectos sustanciales que haga indispensable la mediación del juez de tutela y por lo mismo el amparo deprecado se torna abiertamente improcedente. De esta manera, de admitirse la discusión propuesta en la demanda, sería desconocer los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeción exclusiva a la ley previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, así como los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el artículo 29 de la Norma Superior. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Subsidariedad. Arbitrariedad. Incumplimiento.

Expediente 47594 de 2016.

REQUISITOS PARA OTORGAR LA EXTRADICIÓN DE CIUDADANOS COLOMBIANOS. Para la extradición de ciudadanos colombianos a autoridades judiciales de otro país, se hace necesario observar una serie de reglas para que el trámite se ajuste a las normas legales, entre los cuales está el cumplimiento del principio de la doble incriminación, es decir que se debe confrontar el cargo penal que se le adjudica en el país solicitante, con las conductas establecidas en el Código Penal colombiano y determinar si la sanción penal mínima es igual o superior a cuatro (4) años de prisión; también es necesario que en el país solicitante sea juzgado únicamente por las conductas delictivas que originaron la petición, no pueden ser vulnerados los derechos fundamentales que la ley colombiana le reconoce y se deben ofrecer garantías para la protección de los mismos. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero . Temas: Extradición. Derechos fundamentales. Protección.

Expediente 85675 de 2016.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS PENALES POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN. La Acción de Tutela como mecanismo protector de los Derechos Fundamentales, no se puede incoar alegando una violación del Derecho al Debido Proceso por la supuesta no notificación de las diligencias dentro del proceso. Ni siquiera cuando al inicio de un proceso se presente un yerro procesal penal, pues al momento de la audiencia de formulación de imputación la Fiscalía confirma la dirección de las partes vinculadas al proceso, situación que corroborada por el juzgado con función de control de garantías y de conocimiento, lo que concluye que al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponde, el denunciado no puede alegar una confusión en la dirección de notificación. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Impugnación. Improcedencia de la Acción de Tutela. Vulneración de su Derecho Fundamental al Debido Proceso.

Auto 44337 de 2016

EN NADA VARIARON LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES QUE FUERON IMPUTADOS AL PROCESADO EN EL MARCO DE SU ACUSACIÓN JURÍDICA. Como una especie de apéndice al cargo formulado, el demandante ofrece su desacuerdo por la deducción de la circunstancia de agravación punitiva del numeral 2 del artículo 211 del Código Penal, alusiva a que el responsable de la conducta punible ostentaba una condición personal sobre la víctima que la impulsó a depositar en él su confianza. Desatinado planteamiento que en nada se corresponde con la censura alusiva a la congruencia jurídica que pretende desarrollar en la sustentación del cargo, pues aparte de no ajustar reproche alguno en torno a la consonancia de la calificación jurídica del acusador con la plasmada en el fallo de condena, desliza una crítica inconexa para sostener que no fue probada la circunstancia de agravación punitiva, sin que en ello se logre identificar un sentido de yerro que justifique algún pronunciamiento sobre ese aspecto en particular. Inadmite. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Acusación. Deducción. Tipos Penales.

Expediente 40961 de 2016

LA PENA DEBE CALCULARSE DENTRO DEL CUARTO MÍNIMO, PORQUE NO CONCURREN CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PERO SÍ UNA DE MENOR PUNIBILIDAD. No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, tal y como lo resolvió el Tribunal, porque la pena, incluso después de la deducción inherente a la supresión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, es superior a cuatro años, lo que supera el tope previsto por el legislador en el artículo 63, bien según el texto vigente para cuando ocurrieron los hechos, ora según la reforma introducida por la Ley 1709 de 2014 (4 años), a lo que debe sumarse la prohibición de conceder subrogados penales para el delito de concierto para delinquir agravado. Casa. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Punibilidad. Ejecución. supresión.

Auto 47601 de 2016

LA SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ CONOCERÁ LOS PROCESOS DE SEGUNDA INSTANCIA DE ESTA NATURALEZA. Se concluye que hasta tanto se creen las salas de extinción de dominio en los demás tribunales superiores del país, la segunda instancia en los procesos de esa naturaleza debe recaer en la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, como así se dispuso en la parte resolutiva de esta providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Asigna. M.P. Patricia Salazar Cuellar. . Temas: Conocimiento. Extinción de dominio. Instancias.

Expediente 47435 de 2016

LA SOLICITUD DE HÁBEAS CORPUS SÓLO PROCEDERÁ CUANDO EL SINDICADO CUMPLA LOS REQUISITOS. Siendo absolutamente claro que la privación de la libertad del sindicado no se ha prolongado de manera ilegal, es suficiente lo dicho para impartir, como se hizo, la confirmación a la providencia mediante la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, negó la acción de hábeas corpus objeto de examen. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuellar.Temas: Hábeas Corpus. Requisitos. Prolongación.

Expediente 48025 de 2016

NO EXISTIÓ EL VICIO OBJETIVO DE TERGIVERSACIÓN RELACIONADO POR EL DEMANDANTE. Como la Sala no observa, del examen realizado a los fallos y al trámite procesal, algún tipo de violación de garantías que reclame su intervención oficiosa, y evidente se observa la impropiedad de lo alegado por el recurrente, para lo cual necesaria se alza la inadmisión de la demanda. Inadmite. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Temas: Intervención. Inadmisión. Garantías.

Expediente 47689 de 2016.

CONCEPTO DESFAVORABLE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN. Por no encontrarse acreditadas las exigencias legales, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable respecto de la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de España a través de su Embajada en nuestro país, del ciudadano colombiano CHRISTIAN LEANDRO RUBIANO ARANA por los Delitos contra la Salud Pública atribuidos por una Corte del Reino de España. La anterior precisión se fundamenta en operó la Prescripción de la Pena y de la Acción Penal, de conformidad al Convenio Internacional de 23 de julio de 1892. Concepto Desfavorable.C.P. Eugenio Fernández Carlier. . Temas: Concepto Solicitud de Extradición por los Delitos contra la Salud Pública.

Expediente 46038 de 2016

EL VALOR PROBATORIO DETERMINARÁ LA CONCESIÓN DEL LA SUSPENSIÓN DE LA PENA. Para conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba de 7 meses (tiempo que le falta para el cumplimiento total de la condena), se presentaron pruebas, que previa suscripción de diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal y pago de caución equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, se declararon sin valor parcial. Declara. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Cumplimiento. Pena Privativa. Pruebas.

Expediente 47079 de 2016

APLICANDO LOS MISMOS CRITERIOS DEL A QUO SE ESTABLECIÓ LA PENA DE PRISIÓN. Aquí se seleccionó como tipo base el de homicidio agravado tentado cuyo margen de punibilidad fue equivocadamente fijado por el a quo, sin que el Tribunal advirtiera el error, en 200 a 540 meses de prisión, siendo lo correcto 200 a 450 meses; en tal medida, la pena se calculó dentro del primer cuarto que dentro de ese margen oscila entre 200 y 285 meses de prisión, imponiéndose finalmente la sanción de 220 meses de prisión. Casa parcialmente. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Penas. Criterios. Punibilidad.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 030 de 2016

TUTELA ES EL MECANISMO IDÓNEO PARA PERSEGUIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Las diferentes Salas de Revisión han establecido reiteradamente que las tutelas interpuestas con este objetivo resultan procedentes, con base en dos argumentos: las medidas cautelares decretadas por la CIDH y la acción de tutela son complementarias, porque tienen similares características y persiguen el mismo propósito, cual es el goce efectivo de los derechos humanos establecidos en la Convención, y fundamentales previstos en la Carta Política, y la acción de tutela es el mecanismo principal para la defensa del derecho fundamental al debido proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado desacata una medida cautelar porque la priva de sus efectos materiales. Revoca M.P. María Victoria Calle Correa Temas: Tutela. Medidas cautelares. Cumplimiento. CIDH.

Comunicado de Prensa 26 de 2016

FUNCIONARIOS QUE CONSUMAN DROGAS SERÁN SANCIONADOS. La Corte Constitucional declaró parcialmente fundada la objeción presentada por el Gobierno frente a tres artículos del proyecto de ley 055 por medio de la cual se busca reformar el Código Único Disciplinario, Al declarar parcialmente fundada la objeción presentada por el Gobierno frente al artículo 58 de la ley 055. Temas: Objeción. Consumo. Drogas.

Sentencia T 162 de 2016

CUANDO LA VÍA ORDINARIA NO BRINDE LOS MEDIOS PARA RESARCIR DERECHOS DEBERÁ ACUDIRSE A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El amparo constitucional es procedente, ya que el medio ordinario no resulta idóneo para brindar una solución integral frente a los derechos comprometidos, si se tiene en cuenta que la discusión gira en torno a la supuesta falta de cobertura del servicio de salud en el municipio en el que reside el menor de 8 años, a favor de quien se promueve el amparo, generando una situación de riesgo que amenaza sus derechos fundamentales a la vida y a la salud. En este escenario, según se alega, la accionante se ha visto obligada a sufragar en varias oportunidades la atención médica que el niño requiere, incluyendo costos de traslado a la ciudad de Bogotá, a pesar de no contar con los recursos económicos necesarios para tal fin. Confirma. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.. Temas: Riesgo. Idoneidad. Recursos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 26 000 2004 00055 00 (0038 13) de 2016

LA DEROGATORIA DE UNA NORMA NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS, MIENTRAS QUE LA DECLARATORIA DE NULIDAD SÍ. Es posible efectuar el control de legalidad de un acto administrativo derogado a través de la acción de simple nulidad, por el tiempo en que tuvo efectos, en razón de las situaciones jurídicas particulares que se pudieron consolidar. El Consejo de Estado reiteradamente ha sostenido que la derogatoria de un acto administrativo o su decaimiento no significan que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa pierda la competencia para decidir sobre su legalidad y declarar su nulidad, si es del caso. Durante la vigencia los actos administrativos de carácter general producen efectos, crean situaciones particulares y concretas y es posible que aún no estén consolidadas, por lo cual si con ese acto se vulneró el orden jurídico la única forma de restablecerlo a plenitud es con la declaratoria de nulidad, porque los efectos de tal declaración se remontan al momento de su entrada en vigencia, mientras que la derogatoria surte efectos hacia el futuro. Decreta la nulidad. C.P. Gerardo Arenas Monsalve Temas: Nulidad. Derogatoria. Norma. Acto Administrativo. Efectos.

Expediente 11 001 03 25 000 2013 01227 00 de 2016.

EXIGENCIAS EN LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. En el trámite de extensión de jurisprudencia no se incluye precepto alguno que determine la procedencia del Recurso de Apelación contra las decisiones que en él se profieran. Por tal razón, el auto que niega la solicitud de extensión de jurisprudencia se encuentra subsumido en el artículo 242 del estatuto procesal administrativo y por ende contra este solo procede el recurso de reposición, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 318 del CGP, deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto. En este orden de ideas y para el caso en estudio, se rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto contra la decisión que negó la extensión de Jurisprudencia. Rechaza. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Recurso Ordinario de Súplica. Solicitud de Extensión de la Jurisprudencia.

Expediente 68001 23 33 000 2013 00230 02 de 2016

CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN PROFERIDOS EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA. Frente a los actos de ejecución expedidos en virtud de un fallo de tutela, se deben examinar en cada caso particular los elementos que sean vinculantes a la producción del acto, es decir, si creó, modificó o extinguió una situación no debatida en la acción constitucional; determinar si la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez; si la decisión de tutela fue de carácter transitoria o definitiva y si su objeto ha sido objeto o no de control de legalidad por parte de su juez natural. Confirma. C.P. William Hernández Gómez . Temas: Actos administrativos. Control jurisdiccional. Fallo de tutela.

Expediente 68001 23 33 000 2013 00491 01 de 2016

LA DEMANDA QUE SE DIRIJA CONTRA ACTOS QUE RECONOZCAN O NIEGUEN TOTAL O PARCIALMENTE PRESTACIONES PERIÓDICAS, PUEDE SER PRESENTADA EN CUALQUIER TIEMPO. Así lo dispone el numeral 1 literal c) del artículo 164 del CPACA, por tanto, cuando lo que se pretende es la declaratoria de nulidad de los actos proferidos por una entidad, mediante los cuales se niega el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, prestación cuya naturaleza es periódica, es posible que el interesado provoque el pronunciamiento de la administración en cualquier tiempo. Revoca C.P. Gerardo Arenas Monsalve Temas: Demanda. Nulidad. Actos administrativos. Prestaciones periódicas.

Expediente 25000 23 42 000 2015 00455 01 de 2016.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. Mediante la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Superior, se dejó sin efectos el Auto 630-000581 del 10 de junio de 2015 mediante el cual la Superintendencia de Sociedades adelantó un Proceso de Liquidación Judicial de una Persona Natural Comerciante, sin tener en cuenta que contra esa persona cursaba un Proceso Ejecutivo de Alimentos, afectando directamente los Derechos Fundamentales de los Menores de edad. Por lo anterior, el Consejo de Estado además de dejar sin efectos el Acto Administrativo cuestionado, ordenó que para efectos de realizar el proyecto de graduación y calificación de créditos debía tener las obligaciones contenidas en el acta de conciliación de alimentos, que se causaron con posterioridad al inicio del proceso de liquidación judicial. Asimismo ordenó que en el evento de que se hayan adelantado actuaciones posteriores al Auto debatido que impliquen el desconocimiento de los Derechos de los menores, las mismas se dejen sin efectos. Revoca. C.P. William Hernández Gómez. . Temas: Impugnación. Procedencia de la Acción de Tutela. Prevalencia Derechos Fundamentales de los menores.

Expediente 23001 23 33 000 2015 00506 01 de 2016

ORDENAN LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA DE LAS ACCIONANTES. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Constitución Política y del numeral 7 del Artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, que impone como deber a los operadores de los Bancos de Datos, realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente Ley, configurándose una flagrante vulneración a los Derechos a la información y al Habeas Data de los accionantes, todos integrantes del mismo núcleo familiar. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Temas: Impugnación. Violación a los Derechos Fundamentales al buen nombre y al Habeas Data.

Expediente 41001 23 33 000 2013 00022 01 de 2016

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Conforme lo dispone el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho, cuenta con el término de cuatro meses contados desde el día siguiente de la publicación, notificación o ejecución del acto, para solicitar ante la jurisdicción, que se declare la nulidad del acto administrativo que presuntamente le cause un perjuicio, con el fin de que se le restablezca en su derecho. Confirma C.P. Gerardo Arenas Monsalve . Temas: Medio de control. Nulidad y restablecimiento. Caducidad.

Expediente 11001 03 25 000 2013 00811 00 (1651 2013) de 2016.

TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS POR LAS PARTES, DEBEN SER VALORADAS AL MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN EN DERECHO. Mediante Recurso de Súplica se logró revocar un auto de trámite, el cual había negado la práctica de una prueba por encontrarse dentro del material probatorio. Por lo anterior, el Consejo de Estado precisó que las pruebas se pueden aportar al proceso con la demanda, su contestación y en la etapa probatoria se deben decretar tanto las allegadas por las partes y los terceros como aquellas que se soliciten y serán valoradas en la oportunidad que señala la ley. En este orden de ideas, el Juez debe Decretar, Practicar y tener a favor de las partes las pruebas aportadas y solicitadas por ellos. Asimismo, se deberá Decretar y Practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente en cualquiera de las instancias podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Significa lo anterior que para efectos de tomar la decisión que el juez profiera al decidir las pretensiones del demandante se tendrán en cuenta todas las pruebas que legal y oportunamente se alleguen al proceso y en las etapas previstas para tal fin. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Impugnación. Procedencia de la Acción de Tutela. Prevalencia Derechos Fundamentales de los menores. Prueba y forma de solicitarla.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 85001 23 31 000 2008 00371 01 (39395) de 2016

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Ha dicho esta Corporación que, sin desconocer la autonomía e independencia que rige esta actividad, el error judicial se configura únicamente en los casos en los cuales las providencias que se consideren como causantes del daño no tengan justificación fáctica o jurídica, al carecer de razonamientos válidos, aceptables y coherentes. Confirma C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera  Temas: Responsabilidad estatal. Administración de justicia. Error judicial.

Expediente 05001 23 31 000 2002 04835 01 (47570) de 2016

LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE DE LA INVESTIGADA SE VIERON AFECTADOS CON EL DESPLIEGUE MEDIÁTICO QUE RODEÓ SU VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL. Al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta a la hoy actora, se entiende claramente configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, no obstante, dada la ostensible gravedad de la afectación sufrida por la actora, la Sala considera que para el presente caso, además de la medida no pecuniaria, resulta pertinente disponer el reconocimiento a la víctima directa del daño, de la suma equivalente a cien SMLMV, toda vez que la magnitud del perjuicio causado a sus bienes constitucionalmente protegidos implica que una medida restaurativa no sea suficiente en cuanto a la aplicación del principio de reparación integral que pregona el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por lo que el alcance de tal medida debe complementarse con la aludida indemnización. Modifica. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Vinculación. Protección. Reconocimiento.

Expediente 68001 23 31 000 2012 00389 01 (54295) de 2016.

JUEZ ADMINISTRATIVO COMO GARANTE DE LA CORRECCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES. Si bien es cierto, las causales de nulidad son taxativas, no es menos cierto que el Juez debe velar por todas las garantías del debido proceso, teniendo en cuenta que está bajo su criterio la toma de una decisión en el proceso, por lo tanto si se evidencia una novedad procesal que puede ir en contra de los intereses de alguna de las partes y no se encuentra plenamente identificada en la Ley, el Juez está en la obligación de efectuar el saneamiento mediante la nulidad de la irregularidad procesal. Declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Solicitud de Nulidad Procesal.

Expediente 63001 23 31 000 2003 00463 01 (33948) de 2016.

PRELACIÓN DE LOS FALLOS POR COMISIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Las partes tienen derecho a que los Jueces profieran las Sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, y a que la alteración de dicho orden se realice, excepcionalmente, por razones de seguridad nacional; para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; en caso de graves violaciones de los Derechos Humanos o de crímenes de lesa humanidad; cuando se trate de asuntos de especial trascendencia social o cuando por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva; en Procesos cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de Jurisprudencia, y por la determinación de un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Solicitud de Nulidad Procesal.

Expediente 25000 23 26 000 2001 00866 01 de 2016.

LAS INCONGRUENCIAS ESGRIMIDAS EN UN FALLO PUEDEN SER CORREGIDAS POR EL JUEZ QUE LA PROFIRIÓ. En razón al Principio de Seguridad Jurídica, las Sentencias son Inmutables por el Juez que las profirió, no obstante lo anterior, el Código General del Proceso prevé de manera excepcional, para los casos expresamente determinados, la posibilidad de corregir los errores puramente aritméticos en que se haya incurrido en cualquier providencia, por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, y dispone que tal corrección también procede en los casos de “error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. Modifica. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Solicitud de Modificatoria de fallo.

Expediente 85001 23 31 000 2008 00371 01 de 2016.

ESTADO INDEMNIZA EL PERJUICIO MORAL Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO POR UN ERROR JUDICIAL. Por el perjuicio moral causado al abogado Luis Orlando Vega Vega y el daño patrimonial representado por dos elementos: la pérdida del valor relativo del importe de la caución prendaria (daño emergente) y los intereses que dejó de producir esa suma de dinero durante el tiempo en que estuvo a disposición de las autoridades judiciales (lucro cesante), la nación representada en este caso por la Fiscalía General de la Nación, deberá indemnizar al Demandante, por acreditarse que fue vinculado a un Proceso Penal que concluyó con sentencia absolutoria a su favor, por considerar el juez de esa absolución que los criterios de imputación eran débiles y, además, por encontrar que la conducta del sindicado resultó atípica frente a los cargos formulados por el ente acusador. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad (caución prendaria). fraude procesal, falso testimonio y prevaricato por omisión.

Expediente 73001 23 31 000 2004 00001 01 de 2016

NIEGAN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA UNIFORMADO POR NO ENCONTRARSE QUE SU ACTUAR SE DESPLEGÓ CON DOLO NI CON CULPA GRAVE. Atendiendo el material probatorio obrante en el proceso interpuesto mediante Acción de Repetición, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo negó las pretensiones del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la muerte del señor Filiberto Quiceno Cardona se produjo cuando el Agente Quezada Orozco desarrollaba operativo policial para dar con su captura, sin poderse asegurar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave, consistente en el exceso de fuerza y una actuación desproporcionada frente a los hechos, pues no se demostró tal aseveración en el plenario por parte del Mindedensa; sino que por el contrario, se probó que el occiso no sólo opuso resistencia a los uniformados que lo requirieron durante un procedimiento policial, sino que, además, atacó con un machete al Agente Quezada Orozco, quien se vio obligado a utilizar su arma de dotación, a fin de salvaguardar su integridad personal. Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado precisó que, la parte actora no probó que haya efectuado el pago objeto de la Acción de Repetición, pues si bien es cierto, se allegaron al proceso copias de la sentencia condenatoria y de la Resolución que ordenó a la Policía Nacional pagar los daños y perjuicios causados a los Beneficiarios, mas no se demostró que el beneficiario del mismo lo hubiera recibido. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Recurso de Apelación. Improcedencia de la Acción de Repetición por falta de Pruebas. (actuación con dolo o con culpa grave – Pago indemnización objeto de la Acción de Repetición).

Expediente 05001 23 31 000 2002 01017 01 de 2016.

INDEMNIZAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON LA MUERTE DE UN MILITAR POR FALLA EN EL SERVICIO. Revisado el prontuario se tiene que el soldado Jarava Romero recibió una orden incompleta e imprudente por parte de sus superiores, consistente en trasladar una antena de monitoreo dentro de la Base Militar de Yarumal (Antioquia) sin la supervisión requerida para dicha actividad, por lo que resulta un hecho imputable al Ejército Nacional, quien debió tomar las medidas de seguridad y protección respectivas para el transporte de la mencionada antena, y que pudieron haber evitado el deceso del occiso. Por lo anterior, no se puede predicar culpa alguna del soldado Jarava Romero, pues no aparece demostrado en el expediente que él tuviera el conocimiento técnico para el manejo de antenas de monitoreo empleadas en labores de inteligencia, ni mucho menos que conociera sobre el desmonte de la misma, por el contrario, eran sus superiores los directamente llamados a conocer y aplicar las normas de seguridad pertinentes en las ordenes que impartían a sus subalternos. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Muerte de un Militar por Cables de Alta Tensión.

Expediente 19001 23 31 000 2002 00545 01 (35499) de 2016.

EXONERAN DE RESPONSABILIDAD AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POR DESCUIDO DE LA PACIENTE FRENTE A SU PROPIA SALUD. Con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el Proceso y a los que ya se hizo referencia, no es posible establecer el Hospital Universitario San José de Popayán que le prestó el servicio médico hubiese incurrido en falla alguna del servicio o, incluso, que hubieren restado probabilidades u oportunidades de curación a la paciente, pues lo cierto es que la paciente recibió durante todo el tiempo de su hospitalización una atención adecuada, oportuna e ininterrumpida para la complejidad de su cuadro clínico y como quedó visto, a la paciente se le dio de alta en el mes de abril de 2000, luego de haber estabilizado su cuadro clínico y bajo precisas instrucciones de regresar el día 11 de mayo, para evaluar los resultados de los exámenes y determinar el procedimiento médico a seguir, lo cual no fue cumplido por la paciente, hecho imputable exclusivamente a ella. Así pues, se impone concluir que la causa de la amputación de las extremidades de la paciente fue consecuencia directa de una complicación derivada de su cuadro clínico de insuficiencia renal y obstrucción renal por cálculos renales, agravado por el propio descuido de la paciente frente a su propia salud. Respecto del hecho de la víctima, importa establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del mismo, es decir, que la entidad estatal podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad. En otros términos, no es la voluntariedad del hecho de la víctima lo que determina la causa del daño, por lo tanto, ésta puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace, su actuación se puede explicar por el descuido de quien tenía su guarda y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa eficiente del daño exonerará de responsabilidad a la demandada. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Negligencia Médica. Amputación de Extremidades.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 27 000 2011 00318 01 de 2016.

EN LA CONSTITUCIÓN DE FIDUCIAS, EL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA QUEDA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE. El proceso de cobro adelantado por el Distrito Capital en contra de la Fiduciaria de Occidente, para obtener el pago del impuesto de delineación urbana, no fue adelantado de acuerdo a las normas distritales, ya que estas consagran la responsabilidad en el pago de este tributo por cuenta del fideicomitente y no la fiduciaria; en mayo de 2005 el fideicomitente presentó la declaración cuyo pago el Distrito pretendía obtener por vía coactiva, de manera que la obligación de declarar y pagar el impuesto se entendió satisfecha y no había lugar a iniciar un proceso ejecutivo. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Docum. Temas: Fiducias. Fideicomitente. Declaración.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00106 01 de 2016.

LA CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE NO SE REALIZARON EN EL TÉRMINO LEGAL. La negativa de la DIAN de acceder a la solicitud de corrección presentada por el contribuyente, respecto de las declaraciones de los años gravables 2007-2009, fue realizada en debida forma ya que el plazo para hacerlo es de un año, tal como lo manifestó el Consejo de Estado en el sentido de señalar que el procedimiento de corrección de errores en las declaraciones (artículo 43 de la Ley 962 de 2005), se rige por lo establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario a pesar de no existir una norma expresa que así lo establezca; de modo que una vez vencido el término de corrección, el contribuyente pierde la facultad para solicitar la modificación de la declaración tributaria, inclusive cuando el plazo de firmeza especial no haya terminado. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Declaraciones. Corrección. Término legal.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00072 01 (20329) de 2016.

LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN FUE REALIZADA DE ACUERDO A LAS NORMAS TRIBUTARIAS. En el proceso de determinación de la sanción a imponer por no enviar la información requerida, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) actuó de manera adecuada, ya que si bien hubo un aporte de información por parte del contribuyente requerido, también es cierto que dicho evento sucedió después de que expirara la oportunidad para dictar el requerimiento especial, siendo procedente por lo tanto imponer la tarifa máxima del cinco por ciento (5%). Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Información. Sanción. Requerimiento especial. Tarifa máxima.

Expediente 73001 23 31 000 2007 00647 01 (20292) de 2016.

AL ENCONTRARSE EJECUTORIADA LA LIQUIDACIÓN OFICIAL NO ES POSIBLE SOLICITAR LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. Respecto de la discusión surgida entre las partes sobre la determinación del impuesto sobre la renta, el Consejo de Estado señala que si bien es posible demandar los actos que resuelvan solicitudes de revocatoria directa, siempre que creen nuevas situaciones de carácter particular y concreto, para el litigio analizado no sucedió este hecho y por lo tanto no era procedente acudir a la demanda ante el juez administrativo, teniendo en cuenta que la determinación del tributo y la decisión que negó la terminación por mutuo acuerdo del cobro se encontraban debidamente ejecutoriados, expirando el plazo legal para que el contribuyente pudiera efectuar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos proferidos por la DIAN. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Ejecutoriada. Tributo. Terminación. Mutuo acuerdo.

Expediente 68001 23 31 000 2012 00065 01 (21689) de 2016.

EL MUNICIPIO DEMANDADO HIZO UNA INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS LEYES TRIBUTARIAS. El Acuerdo 44 de 2008 del municipio de Bucaramanga hizo modificaciones sustanciales al sistema de determinación del impuesto de industria y comercio, pero estas disposiciones solo entraron en vigencia a partir del año 2009, de manera que no podía dar aplicación de este acuerdo ni usarlo como fundamento del cobro coactivo adelantado contra la electrificadora, ya que no cumple con la prohibición constitucional de otorgar carácter retroactivo a las normas tributarias. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Industria y comercio. Retroactivo. Normas tributarias.

Expediente 05001 23 31 000 2011 01436 01 (21943) de 2016.

LA CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE NO DEBIÓ SER PROFERIDA POR EL TRIBUNAL, YA QUE EL DESISTIMIENTO SE HIZO POR EXPRESO MANDATO LEGAL. Para poder acceder al beneficio tributario otorgado por la Ley 1607 de 2012, el contribuyente aceptó desistir de la demanda y proceder al cumplimiento de los requisitos legales del citado beneficio, entre ellos informar a la DIAN del desistimiento de la demanda; esto evidencia el deseo de las partes para terminar por mutuo acuerdo el litigio surgido y por lo tanto no había lugar a la condena en costas, ya que como lo señala la pate demandante tal desistimiento tuvo lugar en cumplimiento de un mandato legal.Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Beneficio tributario. Desistimiento. Condena en costas.

Expediente 08001 23 31 000 2007 00110 02 (20792) de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO SEAN PROFERIDOS POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE SON NULOS. El proceso mediante el cual se determinó el valor a pagar por concepto de alumbrado público a cargo de la empresa demandante, no respetó las normas locales ya que tanto el acto que determinó el valor a pagar como el recurso de reconsideración en contra del mismo, fueron proferidos por un funcionario que no era competente ya que las leyes del municipio asignan dichas funciones a otro empleado público, de manera que al carecer de competencia no hay lugar a saneamiento de los actos demandados, ya que se atenta contra el debido proceso del contribuyente.Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Actos administrativos. Competencia. Nulos. Saneamiento.

Expediente 25000 23 27 000 2010 00146 01 (19262) de 2016.

LA DEVOLUCIÓN DE SUMAS DE DINERO POR PARTE DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DEBE INCLUIR LA INDEXACIÓN CORRESPONDIENTE. Debido a que la parte demandante fue beneficiaria de un contrato de estabilidad jurídica, esta tenía derecho a no pagar una serie de impuestos que no obstante procedió a su cancelación, configurándose un pago de lo no debido y siendo procedente solicitar su devolución a la DIAN; aunque la Autoridad Tributaria reconoció la validez de la devolución solo lo hizo respecto de la suma de dinero inicialmente pagada, decisión contraria a las leyes ya que es necesario reconocer la indexación al capital debido a la devaluación que sufre con el paso del tiempo. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Indexación. Sumas de dinero. Devolución.

Expediente 13001 23 33 000 2013 00402 01 de 2016.

LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO LEGAL NO PUEDE GENERAR SU RECHAZO POR PARTE DEL JUEZ. Los argumentos presentados por la parte demandante en su recurso de apelación están llamados a prosperar, ya que el acto administrativo fue notificado de manera personal el 14 de agosto de 2012, siendo este el día a partir del cual empieza a correr el término de cuatro (4) meses para ejercer la nulidad y establecimiento del derecho, el contribuyente presentó la respectiva demanda dentro del plazo antes señalado y por lo tanto no había lugar a decretar el rechazo de la misma, siendo necesario que el juez examine el cumplimiento de los demás requisitos para iniciar la apertura del litigio. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Demanda. Rechazo. Plazo legal.

Expediente 13001 23 33 000 2012 00039 01 (20479) de 2016.

LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR NO ENVIAR INFORMACIÓN DEBE ATENDER A LOS PRINCIPIOS DE GRADUALIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Aunque la ley permite que la DIAN imponga la sanción hasta un cinco por ciento (5%) sobre el valor que se debía declarar, es necesario observar que no en todos los eventos es posible la aplicación de la tarifa máxima, ya que el demandante manifestó su deseo de enmendar la situación proporcionando la información requerida, aunque de modo extemporáneo, razón por la cual no había lugar a aplicar la sanción más alta. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Sanciones. Gradualidad. Proporcionalidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 05001 23 33 000 2016 00254 01

LA PROCEDENCIA DEL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN SE DECLARARÁ CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO AMERITE HACERLO. Lo discurrido por la Sala permite colegir que procede el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado, toda vez que del acervo probatorio allegado y de los argumentos expuestos por el impugnante para tal fin, se demostró el mérito para ello. De esta manera, la Sala se abstuvo de pronunciarse sobre los demás reparos que expuso la parte actora en la apelación, debido a que se hizo innecesario el estudio de los mismos por cuanto dichos argumentos no variarían el sentido de la decisión que adopta esta Sala. Revoca. M.P. Rocío Araújo Oñate. Temas: Suspensión. Medida Cautelar. Argumentación.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00056 00 de 2016

DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN POR ESCRITO. El Consejero señaló que daría aplicación al último inciso del artículo 181 del CPACA relacionado con la presentación de alegatos de conclusión por escrito, de manera que las partes y el Ministerio Público dispondrían del término conjunto de 10 días para presentar, por escrito, sus alegatos de conclusión. Para lo cual precisó que dicho término empezaría a correr a partir del día siguiente a la realización de esta audiencia. Fija. M.P. Alberto Yepes Barreiro.Temas: Alegatos. Aplicación. Notificaciones.

Expediente 66001 23 33 000 2015 00569 01 de 2016

DE ACUERDO A LA LITIS PLANTEADA POR EL ACTOR NO PUEDE AFIRMARSE QUE EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDE SE DERIVE UN INTERÉS GENERAL, PARA DAR POR SUPERADA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN INDICADA. Para acreditar la legitimación en la causa por activa dentro de la presente acción, el accionante debió aportar el documento idóneo que lo acreditara como propietario o arrendatario de uno de los inmuebles ubicados en al menos uno de los conjuntos a los que la Superintendencia ordenó hacer la mencionada devolución o constancia de la Empresa de Energía de Pereira que indicara que este es su usuario, pero dicha prueba no se aportó en el proceso, motivo por el cual, no se documentó que el accionante fuera uno de los usuarios beneficiados con la devolución. Revoca. M.P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez. Temas: Cumplimiento. Legitimación. Litigio.

Expediente 20001 23 39 001 2015 00593 01 de 2016

DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. Como bien lo puso de presente el demandante, en el asunto objeto de estudio, se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad que prevé el artículo 277 constitucional y el numeral 6 del artículo 161 del CPACA, toda vez que, reitera la Sala, la presentación del respectivo escrito se hizo ante la autoridad electoral competente para declarar los candidatos electos y, en especial, se radicó antes de que dicha elección tuviera lugar. Revoca. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Candidatos. Autoridad Electoral. Requisitos.

Expediente 76001 23 33 010 2015 01586 01 de 2016.

ES NECESARIO NOTIFICAR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA A LAS PARTES, ANTES DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO. La declaratoria de abandono del proceso decretada por el Tribunal de primera instancia no es procedente, ya que no hay evidencia de la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, siendo necesario también proporcionarle copia de la demanda y la providencia notificada, debido a lo anterior es necesario dar a conocer el litigio al demandado ya que no ha actuado de ninguna manera en el proceso, y puede presumirse que no está enterado de la existencia del mismo; el Tribunal debe, previo a estudiar el abandono del proceso, efectuar las notificaciones correspondientes. Revoca. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Abandono. Proceso. Notificación. Auto admisorio de la demanda.

Expediente 68001 23 33 000 2016 00131 01 de 2016

LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ESTÁ SUJETA A LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS DIRECTO EN EL RESULTADO DE LA SENTENCIA. Si bien la indebida acumulación de pretensiones está probada como lo sostuvo el a quo, lo cierto es que dicha excepción se configura no por la imposibilidad de acumular censuras de naturaleza objetiva y subjetiva, sino porque las pretensiones 3ª, 4ª y 5ª corresponden a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para el cual, el legislador ha previsto un trámite distinto al electoral. Confirma. M.P. Alberto Yepes Barreiro. .Temas: Medios de Control. Resultado. Procedencia.

Expediente 63001 23 33 000 2016 00042 02 de 2016

SI BIEN ES CIERTO LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES NO CUENTAN CON PERSONERÍA JURÍDICA, SÍ SE ENCUENTRAN FACULTADAS PARA INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL. Habiendo claridad sobre la capacidad de ser sujeto procesal de la Asamblea Departamental de Quindío en el presente asunto, requisito sine qua non para poder intervenir de manera directa en las diferentes etapas del proceso, no encontró la Sala razones para que el Tribunal Administrativo de instancia no le diera trámite al recurso de apelación presentado, pues la Duma Departamental no requiere hacerlo a través del ente territorial correspondiente por ostentar capacidad para hacerlo por sí misma. Estima. M.P. Rocío Araújo Oñate. Temas: Capacidad. Requisito. Intervención.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00002 00 de 2016

LA DECLARATORIA DE NULIDAD IMPLICA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA CITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN EN LA QUE SE ELIGIÓ AL RECTOR DE LA UPTC. Si bien resulta viable en sede de nulidad electoral que se revisen actos intermedios que puedan viciar el acto final de elección, tal circunstancia no se presentó en el caso concreto en el cual los Acuerdos Nos. 039, 040 y 041 no se examinaron, toda vez que la ilegalidad del acto final de elección surgió de la calidad de rector candidato del elegido y no del procedimiento adelantado. Niega. M.P. Rocío Araujo Oñate. Temas: Realización. Ilegalidad. Nulidad electoral.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 25000 23 24 000 2005 00029 01 de 2016

LA RESPONSABILIDAD FISCAL ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Es compartida por la Sala la motivación de la Contraloría para declarar responsable fiscal al actor, por cuanto en ningún momento la actuación desplegada por el ente de control, implicó que se inmiscuyera en las labores propias de la entidad que soportaba el detrimento patrimonial en este caso de la ETB, sino que en cumplimiento de su función constitucional y legal, estaba en la obligación de procurar recuperar el faltante de los dineros obtenidos por el contratista a costa de los dineros del erario distrital, en vista de que la propia entidad perjudicada patrimonialmente no lo había hecho. Confirma. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Responsabilidad fiscal. Responsabilidad administrativa. Liquidación contrato.

Expediente 11001 03 24 000 2013 00575 00 de 2016.

SE DECLARA LA EXCEPCIÓN DE ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE CONTROL JUDICIAL, RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR. El municipio de Neiva, en ejercicio del medio de control de nulidad, presentó demanda contra las Resoluciones 41-001-0246-2007 de 2007 de 21 de diciembre de 2007, por la cual se ordenan unos cambios en el catastro de ese municipio y 41-001-0170-2009 de 22 de octubre de 2009, por la cual se ordenan unos cambios en el catastro de la misma circunscripción, expedidas por la Dirección Territorial Huila del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Del anterior escenario, el Consejo de Estado precisó que estos actos administrativos se constituyen mediante un procedimiento administrativo especial y que no está sujeto a los procedimientos administrativos ordinarios que regula la Ley 1437 de 2011 salvo en lo no contemplado en ella y siempre y cuando resulte compatible. Niega. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Actos No Susceptibles de Control Judicial.

Expediente 08001 23 31 000 2010 00510 01 de 2016

UNA VEZ SE VERIFICÓ LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA, ESTO ES, LA EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE APREHENSIÓN Y LA NO ENTREGA DE LA MERCANCÍA SE EVIDENCIÓ QUE NO SE VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO. Se encuentra plenamente justificada la sanción impuesta por la DIAN a M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues se verificó la existencia de dos facturas, de distinto número, fecha y valor, expedidas sobre la misma mercancía declarada. Ello de paso, permite constatar que la DIAN no violó el debido proceso de M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues con base en documentación que obra en el expediente, oportuna y legalmente allegada al proceso, expidió los actos acusados. Revoca. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Mercancías. Declaración. Proceso.

Expediente 11001 03 25 000 2014 00643 00 de 2016.

NIEGAN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ARTÍCULO 24 DE LA RESOLUCIÓN 2509 DE 2010, QUE TRATA LOS COSTOS DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR MEDICIONES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES. Así lo consideró el Consejo de Estado, luego de precisar que dentro del Proceso de Nulidad interpuesto por el Señor Nicolás Arango Vélez, tanto la solicitud de suspensión provisional como la disposición demandada con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, no se encontró razones de legalidad que hagan necesario decretar la medida cautelar para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Asimismo, se concluyó el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente para decretar la suspensión provisional de actuaciones administrativas. Niega. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Documento disponible al público en junio 2016. Temas: Suspensión Provisional de Acto Administrativo.

 

Presidencia de la República

Ley 1786 de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1760 DE 2015

 

Ministerio de Salud

Comunicado de Prensa 14 de 2016

NUEVA HERRAMIENTA PARA FACILITAR EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER. Minsalud enseñó la nueva herramienta desarrollada por la compañía hispano alemana SYGNIS y presentada este lunes en Madrid permite detectar el cáncer de forma precoz a través de una pequeña prueba de sangre que detecta el ADN resultante de la muerte celular. Temas: Herramienta. Cáncer. Pruebas.

Comunicado de Prensa 15 de 2016

PRIMERA LICENCIA DE CANNABIS MEDICINAL. Minsalud otorgará permiso a empresa especializada en el comercio de extractos de aceites cannábicos, para ello oficializará en próximas horas el otorgamiento de la primera licencia para producir, fabricar y exportar marihuana medicinal y sus derivados. Temas: Licencia. Otorgamiento. Producción.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

Concepto 830671 de 2016

REGLAS PARA DETERMINAR EL VALOR A PAGAR DE LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS SIN COBERTURA EN EL POS. Si el precio del servicio o la tecnología sin cobertura en el POS a cobrar ha sido regulado por la autoridad competente, el valor a reconocer por dicho servicio o tecnología será como máximo la diferencia entre el precio regulado y el valor calculado para la o las tecnologías incluidas en el POS del mismo grupo terapéutico que lo reemplaza o sustituya o el monto del comparador administrativo que señale el listado de comparadores administrativos adoptado por la dirección de administración de fondos de la protección social si lo hubiere y las cuotas de recuperación.. Temas: Cobertura. Reemplazo. Tecnologías.

Comunicado de Prensa 3 de 2016

LAS PARADOJAS DE LA ADOPCIÓN EN COLOMBIA. A pesar de las garantías del proceso, la adopción afronta serios problemas, como la morosidad para declarar la adoptabilidad de un menor y proponerlo en adopción, la inseguridad jurídica y la larguísima espera que padecen los adoptantes. Temas: Adopción. Proceso. Menores.

 

Ministerio de Justicia

Comunicado de Prensa 41 de 2016.

LA POBREZA ES UNO DE LOS IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA EN COLOMBIA. De acuerdo a un informe realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), a mayor nivel de pobreza de los habitantes menores serán las posibilidades de acceder a la justicia, lo anterior obedece al hecho de que pocas personas deciden poner en conocimiento de las autoridades algún conflicto que haya sucedido, adicionalmente los ciudadanos en nivel de pobreza aseguraron no conocer sus derechos ni la manera de defenderlos. Temas: Pobreza. Justicia. Derechos.

Congreso de la República

Comunicado de Prensa 89 de 2016

ADMITEN DEMANDA CONTRA LA REORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD. Un nuevo capítulo sumó la discusión por las reformas que el alcalde Enrique Peñalosa pretende adelantar en materia de salud en Bogotá. Un juzgado aceptó una acción popular que radicó el concejal Hollman Morris (Progresistas) con la que busca tumbar el acuerdo que aprobó en marzo pasado el Concejo Distrital, que le otorgó facultades al mandatario para reorganizar el sector, entre otras, agrupando los centros asistenciales en cuatro redes especializadas que garanticen la prestación del servicio. Temas: Reorganización. Garantías. Acción Popular.