31 enero, 2023

Jurisprudencia Consejo Estado I 2022

CONSEJO DE ESTADO SECCION I

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 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

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Expediente 50001 23 33 000 2020 00021 01 de 2021

EL HECHO DE QUE LOS CONCEJALES ACUSADOS HAYAN SESIONADO POR FUERA DEL RECINTO; NO QUIERE DECIR QUE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA SESIÓN HAYAN CONFIGURADO UNA DESTINACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS PÚBLICOS.
Sala decide recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 24 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura de los concejales del municipio de Acacías (Meta).  En primera instancia se determinó que no se encuentra demostrado que se encuentra probado el elemento subjetivo de la culpabilidad (dolo o culpa grave), que demuestre que los concejales tenían conocimiento sobre la vulneración de la ley pues, los demandados actuaron bajo las previsiones normativas del reglamento interno de la corporación, adoptado mediante Acuerdo 427 de 2016, el que en el inciso segundo de los artículos 8 y 64 admite la celebración de sesiones fuera del recinto oficial, acto administrativo que goza de presunción de legalidad, por lo que no se deduce la mala fe de los demandados al actuar con la convicción que el reglamento permite la realización de sesiones fuera del recinto. En su apelación, el demandante resaltó que los concejales sí conocían la prohibición contenida en los artículos 23 y 24 de la Ley 136, como en el artículo 2 de la Ley 1148, esto es, que se llevaron a cabo sesiones ilegales por fuera de la sede oficial, como está probado en el punto número cinco del orden del día aprobado al inicio de la sesión de 17 de agosto y 27 de noviembre del 2018, más no así para el día 24 de agosto que no se incluyó ni siquiera en el orden del día, situación mucho más grave; y que pese a que las mismas iniciaron y se cerraron en el recinto de la corporación, la mayor parte del tiempo transcurrió fuera del recinto oficial, como lo prueban las tres actas de cada día. Para la Sala, si bien los demandados sesionaron por fuera de la sede oficial, lo hicieron en el cumplimiento verificado de las disposiciones que ordenan y regulan tales eventos, razón por la que tal situación no se erige en causa de un supuesto reconocimiento irregular de honorarios por sesiones, lo que, por demás, impide continuar con el estudio de los demás elementos configurativos de la indebida destinación de dineros públicos

Expediente 17001 23 31 000 2005 01135 01 de 2021

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
La sociedad actora carece de legitimación en la causa para pretender la referida nulidad y el seguido restablecimiento de su patrimonio, habida cuenta que no demostró que un derecho suyo haya sido lesionado por las resoluciones controvertidas o, al menos, que estuviera envuelto en estrecha relación con los efectos propios de aquellas. Se infiere que las razones consignadas en el fallo impugnado, relativas a su falta de legitimación en la causa por activa, se ajustan por completo a la verdad procesal, al ordenamiento jurídico y al tratamiento dispuesto por la Jurisprudencia de esta Corporación.

Expediente 76001 23 33 000 2020 00838 01 de 2021

A PESAR DE NO HABER TOMADO POSESIÓN COMO CONCEJAL MUNICIPAL, SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL DEMANDADO, PUES NO ACTUÓ CON DILIGENCIA PARA DEMOSTRAR QUE SU PROCEDER ERA CONTRARIO A DERECHO.
Sala decide recurso de apelación interpuesto por el Procurador Judicial II Administrativo de Cali en contra de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó la desinvestidura del señor Antonio Javier Montoya Idárraga, elegido concejal del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, para el período constitucional 2020-2023. A esta decisión se llegó tras considerar que el señor IDÁRRAGA MONTOYA pese a resultar elegido por votación popular como concejal del Municipio de El Cerrito, decidió no tomar posesión del cargo en la fecha en que se produjo la instalación del Concejo Municipal, ni dentro de los tres días siguientes a la misma, como lo establece el numeral 3º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, situación que es constitutiva de la causal de pérdida de investidura invocada, la que no logra desfigurarse con el argumento de que la renuncia fue presentada oportunamente, es decir, en la fecha anotada, ya que como se dejó definido atrás, sólo podía hacer uso de esta prerrogativa, una vez posesionado en su curul. En su apelación, el demandante señala que pese a que en la sentencia cuestionada se estableció que se configuró la causal de pérdida de investidura y que no era procedente avalar la figura de la aceptación de renuncia, toda vez que el concejal electo no se posesionó, ni se configuró la fuerza mayor, se denegó la pérdida de investidura cuando “este análisis no debe ser aislado del componente subjetivo del proceder del demandado”. Para la Sala, están reunidos la totalidad de los elementos para decretar la desinvestidura del señor Montoya Idárraga, por estar demostrado que incurrió en una conducta reprochable, ya que se postuló para el concejo y después de elegido no tomó posesión del cargo sin mediar una circunstancia de fuerza mayor debidamente comprobada; además, su conducta fue intencional, pues de manera voluntaria se abstuvo de tomar posesión del cargo, y no estuvo amparada en jurisprudencia de esta Corporación, ni en un concepto calificado, que le permitiera acreditar haber incurrido en un error invencible al desconocer la norma.

 

Expediente 11001 03 24 000 2010 00148 de 2021

INEXISTENCIA DE LA FACULTAD DEL GOBIERNO NACIONAL PARA PROHIBIR EL REEMPAQUE DE LECHE EN POLVO.

Se presentó demanda para obtener la nulidad del parágrafo 2 del artículo 47 del Decreto 616 del 28 de febrero de 2006 proferido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país”.

Expediente 54001 23 33 000 2020 00606 de 2021

SE INAPLICA POR INCONSTITUCIONAL EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 1871 DE 2017, CON EFECTOS INTER PARTES, POR TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 179 Y 299 DE LA CARTA POLÍTICA, AL HACER MENOS ESTRICTA LA INHABILIDAD PARA DIPUTADOS PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DEL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 617 DE 2000, RESPECTO DE LA MISMA QUE SE ORDENA PARA LOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA EN EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 179 CONSTITUCIONAL.

Se solicitó que se despojara de su investidura al diputado del Departamento de Norte de Santander, período constitucional 2020-2023, por considerar que incurrió en violación del régimen de inhabilidades en los términos de los artículos 48, numerales 1 y 6, y 33, numeral 5, de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, en concordancia con los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 299 de la Constitución Política, pues es padre de quien se desempeñó como Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander), a partir del 4 de enero de 2016 hasta el 8 de enero de 2019.

Expediente 25000 23 31 000 2003 008770 de 2021

LOS ACTOS EJECUTORIOS NO SON SUSCEPTIBLES DE SER CONTROLADOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, SI LO QUE SE PRETENDE ES LA ANULACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ORIGINADA EN UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE NO FUE DEMANDADO.

La sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. CZN, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda para obtener la nulidad de los actos expedidos por el Ministerio de Transporte mediante los cuales se ejecuta la Resolución 3615 de 2002 y ordena pagar por la utilización en forma temporal y exclusiva de las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas y por la ocupación y utilización de las instalaciones portuarias existentes ubicadas en la zona de uso público y/o infraestructura y se resuelve un recurso de reposición.

Expediente 73001 23 33 000 2021 00220 01 de 2021

NO SE COMPROBÓ CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL DEMANDADO, COMO DIPUTADO A LA ASAMBLEA DEL TOLIMA, TODA VEZ QUE UNA MERA SITUACIÓN PARTICULAR NO LA CONSTITUYE EN SÍ MISMA.
Sala decide recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 9 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. A esta decisión se llegó tras considerar conforme a las pruebas que obran en el proceso, que estaba acreditado, siguiendo las actas números 049 (sesión de 12 de mayo de 2020), 059 (sesión de 1 de junio de 2020) y 130 (sesión de 26 de noviembre de 2020), que el acusado asistió y participó de tales sesiones en la Asamblea Departamental del Tolima, no obstante, no fue posible establecer algún provecho, utilidad o ventaja para sus intereses, o el de sus familiares o socios, que pudiera encuadrarse dentro de la causal de pérdida de investidura atribuida al diputado. En su apelación, el demandante indicó que no era posible desligar el interés propio en cabeza del diputado acusado y el interés por revisar el programa de reestructuración de la Universidad del Tolima en tanto que esto último fue motivado precisamente por el hecho que el actor fue afectado por tal programa, lo cual originó la presentación de la acción judicial en contra de tal ente universitario, acudiendo para el efecto a la demanda presentada por el acusado en la cual este cuestionó el estudio efectuado por la Universidad del Valle producto del convenio interadministrativo celebrado entre dicha institución y la Universidad del Tolima y que recomendó el retiro de algunos servidores de libre nombramiento y remoción, entre ellos el demandado. Para la Sala, la mera presencia de una situación particular y concreta en un asunto a tratar por un miembro de una corporación pública de elección popular, no podría constituir en sí misma una violación al régimen de conflicto de intereses puesto que, la presencia de una inclinación real del diputado, concejal o miembro de una corporación pública de elección popular hacia un tema, objeto o aspecto que esté sometido a su estudio, decisión, debate, votación, censura o participación en desarrollo de sus funciones, está determinada por la materialización de un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que en el presente asunto no se evidencia, puesto que, este solo se obtendría, hipotéticamente, una vez sea decidida la acción contencioso-administrativa que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentara el demandado en contra de la Universidad del Tolima, la cual se encuentra pendiente de proferir la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo del Tolima

Expediente 05001 23 31 000 2006 03075 de 2021

NO ES NULA, POR NO VULNERAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SUPERIOR, LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA UN INMUEBLE UBICADO ALREDEDOR DE UN PROYECTO VIAL ARTERIAL CON FUNDAMENTO EN QUE AQUELLA SOLICITUD NO CONTIENE CESIONES OBLIGATORIAS PARA AQUEL PROYECTO.

 BANCOLOMBIA S.A., presentó demanda para obtener la nulidad de las Resoluciones Cl-N-789 de 14 de junio de 2005, que negó una solicitud de licencia de urbanismo para ejecutar un proyecto urbanístico en el predio ubicado entre las Carreras 43 A y 43 B de Medellín, por la no inclusión de terreno para vías obligadas; Cl-RR-789 del 16 de agosto de 2005 y 154 de 21 de octubre de 2005, que negaron los recursos de reposición y apelación. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene de forma solidaria a los accionados y se pague la totalidad de los perjuicios causados en su modalidad de daño emergente y de lucro cesante por la expedición de los actos administrativos enjuiciados, así como se declare que la solicitud de licencia urbanística presentada estaba ajustada a la normatividad.

Expediente 08001 23 31 000 2012 90245 de 2021

SON NULOS LOS APARTES DE UNA ORDENANZA CUANDO NO SE SURTEN LOS DEBATES QUE LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE SE EXIGEN PARA SU APROBACIÓN.

Se presentó demanda para obtener la nulidad de los artículos 22 y 23 de la Ordenanza número 00133 de 2011, “Por medio de la cual se determina el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal de 2012”; y los artículos 22 y 23 del Decreto número 000943 de 2011, “Por medio de la cual se determina el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal de 2012”, expedidos la Asamblea Departamental del Atlántico y el Gobernador del Departamento del Atlántico.

 

 

 

Expediente 05001 23 33 000 2019 02158 01 de 2021

CONCEJAL DEMANDADO CREÓ UNA SOCIEDAD S.A.S. CON EL OBJETO DE ELUDIR LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES POR SÍ MISMO O POR INTERPUESTA PERSONA.
Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 5 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual decretó la pérdida de investidura del concejal municipal de Sonsón (Antioquia), señor CARLOS ALBERTO CARDONA ESCOBAR. En primera instancia se determinó que el demandado es el representante legal de una sociedad por acciones simplificada (ferretería y depósito de materiales) siendo su actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados; y que, respecto de la ferretería funge como liquidadora principal la hija del demandado, y que suscribió múltiples contratos con la ferretería por más de 1.000 millones de pesos, dineros cobrados por el propio demandado; por lo cual sí recibía beneficios con ocasión de los referidos contratos de suministro celebrados, quedando establecido así que el señor CARDONA ESCOBAR cumplía con gran parte de la ejecución de estos, a pesar de permanecer inhabilitado para ello. En su apelación, el demandado indica que no existe prueba alguna que dé cuenta de la condición de beneficiario del demandado de los contratos en los términos expresados por el Tribunal y que lo único que está probado es la condición de representante legal de la ferretería y depósito de materiales no la de propietario o la relación de beneficio de los contratos que hayan sido a su favor. Resolviendo, la Sala considera que de los hechos probados, y los indicios construidos a partir de los mismos, se logra establecer que el acusado conocía el régimen de incompatibilidades previsto para los concejales y por ello pretendió, empleando una sociedad S.A.S. intermediaria eludir la prohibición impuesta por el ordenamiento a los servidores públicos de celebrar contratos estatales, -en su caso como concejal municipal-, por sí o por interpuesta persona, todo lo cual es imposible que no se hubiere conseguido mediante el despliegue de conducta abiertamente dolosa como la adelantada por el señor CARDONA ESCOBAR. Está demostrado que dicha sociedad fue creada con el único ánimo de ocultar la prohibición en comento, de forma fraudulenta, actuando así de manera consciente en la conformación de un esquema que le permitió defraudar la investidura que le fuere entregada por el electorado del municipio de Sonsón (Antioquia), en lo que se retrata como un comportamiento desleal, engañoso y ventajoso que no puede tener una consecuencia distinta a la del despojo de aquella.

Expediente 11001 03 24 000 2008 00449 de 2021

PENITENCIARIOS, POR RESPETO A LA UNIDAD FAMILIAR Y LA RESOCIALIZACIÓN COMO FIN ÚLTIMO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

 Se presentó demanda para obtener la nulidad de la Circular No 008 del 19 de mar 2008 – solo en la expresión: “sólo ingresarán a visita los menores de edad familiares de los internos. (…) [os demás familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (… [sic] e hijos de la esposa o compañera permanente legalmente constituida) ingresarán un número máximo de dos.”, expedida por el Director (encargado) del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada – Caldas, EPAMS, porque, a juicio del demandante, vulnera los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política, con fundamento en un solo hecho: la restricción del ingreso de sus hijastras menores de edad en número de dos, siendo tres. 

Expediente 11001 03 24 000 2017 00155 de 2021

LA COMBINACIÓN ENTRE MODALIDADES DE JUDICATURA NO PUEDE GENERAR PARA QUIEN ASÍ LO DETERMINE, LA CARGA DE SOPORTAR EL TIEMPO DE 9 MESES PARA EL CASO DE LA COMBINACIÓN DE MODALIDADES 6, 7 Y 9 MESES, Y DE 12 MESES PARA EL CASO DE LA COMBINACIÓN DE MODALIDADES AD HONOREM Y REMUNERADA, PORQUE GENERA UNA SITUACIÓN DESVENTAJOSA E INEQUITATIVA FRENTE A QUIENES NO OPTAN POR MEZCLAR MODALIDADES DE JUDICATURA.

 Se presentó demanda para obtener la nulidad, previa suspensión provisional, de los numerales 3 y 4 del artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-9338 de 27 de marzo de 2012, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo PSAA10-7543 por el cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar por el título de abogado”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Expediente 11001 03 24 000 2010 00529 00 de 2021

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA INCURRIÓ EN ERROR AL CONSIDERAR QUE NO SE PROBÓ EL FUNDAMENTO DE HECHO POR EL CUAL SE INICIÓ Y FALLÓ EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
Sala decide, en única instancia, demanda que promovió la Contraloría General de la República con el objeto de que se declare la nulidad del Auto 17 de 26 de abril de 2010 “por el cual se revoca de oficio unas Providencias dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 444”, y del Auto 25 de 9 de junio de 2010, “por el cual se aclara el Auto 0017 de 26 de abril de 2010 dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal señalado”, actos administrativos expedidos por el Contralor General de la República. Indica que en el proceso señalado, la Dirección de Investigaciones Fiscales, en primera instancia, y la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en segunda instancia dieron trámite a los recursos de la vía gubernativa y que, además, esta última resolvió una solicitud de revocatoria directa, garantizando los derechos de impugnación y defensa que le asistía a los investigados que fueron declarados responsables fiscales, así como a la aseguradora vinculada como garante. Indicó que, a pesar de que las dichas decisiones quedaron en firme, el Contralor General de la República, en su condición de superior jerárquico, e invocando las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, expidió los demandados Autos Nos. 17 y 25 de 2010, accediendo de oficio a la revocatoria total de los actos proferidos en la primera y segunda instancia del Proceso de Responsabilidad Fiscal 444, a manera de un recurso adicional, lo cual es prohibido por el legislador, pues, habiéndose agotado la vía administrativa, lo procedente era acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos que habían declarado la responsabilidad fiscal. Además, que esa revocatoria quitó firmeza a fallo expedido por la Dirección de Investigaciones Fiscales que declaró responsables fiscales a 2 personas naturales y a una aseguradora; acto que a su vez sirve de fundamento al cobro coactivo. En respuesta, uno de los implicados indicó que el Contralor General de la República sí tenía competencia para revocar de manera oficiosa los actos administrativos propios y los expedidos por sus subalternos, y anotó que dicha competencia no se limitó ni excluyó por el hecho de que los investigados hubieran interpuesto los recursos de reposición y apelación. Para la Sala, el Contralor General de la República hizo uso de la figura de la revocatoria directa no en ejercicio de la facultad oficiosa sino con fundamento en lo expuesto por el demandante, quien, valga resaltarlo, ya había tenido la oportunidad de hacer valer sus consideraciones al interponer los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones que le atribuyeron responsabilidad fiscal por los hechos investigados, además, había solicitado igualmente la revocatoria directa del fallo con responsabilidad fiscal, petición que fue resuelta por la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, mediante el Auto 184 de 5 de abril de 2010 , por medio del cual se accedió parcialmente a lo pedido. Lo anterior pone en evidencia que el Contralor General de la República no ejerció sus atribuciones con la finalidad de corregir actuaciones que puedan predicarse como manifiestamente lesivas de la Constitución Política o de la ley, sino que irregularmente utilizó la nueva decisión para analizar y acoger los argumentos de inconformidad expuestos por el demandante frente al fallo con responsabilidad fiscal que se había proferido en su contra

 

 

Expediente 11001 03 06 000 2020 00226 de 2021

LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PUEDEN EJERCERSE SOBRE TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE VIOLEN LA NORMATIVA DEL SECTOR TRANSPORTE, SEAN ESTAS ENTIDADES VIGILADAS POR DICHA AUTORIDAD O NO.

La Sala de Consulta y Servicio Civil determinó que la autoridad administrativa competente para ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre la sociedad Lieber Colombia S.A.S. (antes Uber Colombia S.A.S.), es la Superintendencia de Sociedades. No obstante, precisó que dicha competencia, no limita ni afecta el ejercicio de las facultades sancionatorias que le correspondan a la Superintendencia de Transporte para garantizar la prestación del servicio de transporte conforme a la ley.

Expediente 44001 23 40 000 2020 00271 01 de 2021

DEMANDANTE NO LOGRÓ DEMOSTRAR NINGÚN TIPO DE VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL ENTRE UNA FUNDACIÓN Y LOS CONCEJALES ACUSADOS, QUE IMPLICARA ALGÚN TIPO DE GESTIÓN NEGOCIAL
Sala decide recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 21 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por medio de cual se denegó la pérdida de investidura de 9 concejales del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha para el periodo constitucional 2020 2023. En primera  Instancia se determinó que los concejales no celebraron contratos o realizaron gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado, por cuanto la relación negocial de que habla el actor sí tuvo lugar, pero no entre los accionados y la fundación, sino entre esta organización, en calidad de contratista y el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, como contratante, tal como se desprende de la literalidad del contrato de suministro 062 de 31 de marzo de 2020. En su apelación, el demandante indicó que las actividades de acompañar al contratista y a las autoridades distritales a la entrega de mercados en los días previos a la celebración del contrato, configuran gestiones en favor de una persona jurídica de derecho privado, contratista de la administración pública, lo que configura el supuesto de hecho previsto en el régimen de incompatibilidades de este tipo de servidores públicos. Para la Sala, la conducta descrita por el actor en su recurso de apelación, no encaja en los presupuestos de la causal de incompatibilidad ordenada en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, sino que le resulta atípica; y si en gracia de discusión, se admitiera que en las fotografías aparecen los concejales y demás funcionarios en los términos señalados por el actor, aun así, ello no prueba la celebración de contratos ni la gestión de contratos o negocios con personas jurídicas contratistas del Distrito Especial, Turístico y Cultura de Riohacha

Expediente 05001 23 33 000 2020 00302 01 de 2021

EL HECHO DE QUE EL DEMANDANTE SOLICITARA ALGUNOS CONCEPTOS AL CONSEJO DE ESTADO, SOBRE SU INHABILIDAD; NO SUPLE EL DEBER DE DILIGENCIA Y DE DOCUMENTARSE SOBRE LOS DEBERES QUE EL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR LE IMPONE.
Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Alex Xavier Flórez Hernández en contra de la sentencia proferida el 3 de septiembre 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual le decretó la pérdida de investidura como concejal del municipio de Medellín, Antioquia, período constitucional 2020-2023. A esta decisión se llegó tras considerar que se acreditó que el demandado había intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública, ya que el Tecnológico de Antioquia es un establecimiento público del orden departamental, y estaba demostrado que no solo celebró el contrato el 7 de febrero de 2019, sino que intervino en lo que la doctrina denomina el íter contractual, es decir, en el proceso de formación del contrato y de selección del contratista, pues presentó la propuesta económica, aceptando los honorarios ofrecidos por la entidad, presentó los documentos requeridos para el contrato y suscribió el documento contentivo del mismo, contribuyendo con ello a su perfeccionamiento. En su apelación, el demandante indicó que el contrato celebrado tenía por objeto responder peticiones elevadas ante el Tecnológico de Antioquia y contestar los requerimientos que hiciera la oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional a los funcionarios de la alta dirección de la entidad. Luego, no ejecutaba ninguna labor que generara beneficios que los electores pudieran creer que eran fruto de su trabajo como contratista. Para la Sala, los argumentos expuestos por el recurrente no lograron desvirtuar la configuración del elemento subjetivo, porque su conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta Corporación y, si bien se solicitaron unos conceptos y asesorías, ellas no fueron idóneas. Cabe destacar que, en todo caso, los elementos que configuran la causal son claros, por lo que, incluso el hecho de solicitar unos conceptos, no suple la falta de diligencia, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible.

Expediente 41001 23 33 000 2021 00035 01 de 2021

DEBIDO A SU ADECUADA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL, ERA NECESARIO QUE, EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN DE SU CANDIDATURA, EL CONCEJAL ENJUICIADO CONOCIERA CUÁLES ERAN LOS REQUISITOS QUE DEBÍA ACREDITAR PARA ASPIRAR A ESA DIGNIDAD.

Sala decide recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del señor HERNÁN SOGAMOSO GUZMÁN, concejal municipal de Campoalegre (Huila), por hechos ocurridos durante el período constitucional 2020-2023. La pérdida de investidura del concejal se decretó tras determinar que se encontraba probado que este suscribió con el municipio de Campoalegre (Huila), contrato de prestación de servicios profesionales 273 de 2018, cuyo plazo establecido fue de un mes, con inicio el 26 de noviembre de 2018 y finalización el 25 de diciembre de ese año, por valor de $1.500.000; que fue elegido concejal del referido municipio por el partido Colombia Renace y, por tanto, objetivamente incurrió en la prohibición establecida en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado con el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617, pues intervino, personalmente, en la celebración del mencionado contrato del cual obtuvo un beneficio económico y se ejecutó en la circunscripción territorial del Municipio, además de que su elección se llevó a cabo dentro del término inhabilitante. En su apelación, el concejal enjuiciado indicó que no es de recibo considerar el hecho de que porque laboró en el sector privado debía conocer ‘al dedillo’ el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues actuó bajo la convicción invencible de estar obrando cobijado en la ley, criterio que no es caprichoso. Para la Sala, es evidente que la conducta censurada fue desplegada por el apelante, debiendo saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido concejal municipal de Campoalegre (Huila) y, aun así, optó por participar y ser elegido en los comicios, de forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de haber reconocido que esa actuación le impedía su aspiración electoral

Expediente 11001 03 24 000 2008 00317 00 de 2022

EL ACTO ACUSADO NO MODIFICÓ EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, DADO QUE TUVO COMO PROPÓSITO PRECISAR Y DETALLAR LA FORMA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO EN LOS CASOS DE ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS.

Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por ciudadano contra el Gobierno Nacional, para que se declare la nulidad del artículo 17 del Decreto 460 de 16 de marzo de 1995 por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. Específicamente, lo descrito en su numeral 11. En su sentir, se vulnera lo previsto en el artículo 183 de la Ley 23 de 1.982 que ordena:“Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberá ser registrado en la Oficina de Registro de Derecho de Autor, con las formalidades que se establecen en la ley”. Esta norma se aplica únicamente a la enajenación del derecho de autor y esta inscripción lleva consigo la validez o para que sea oponible la enajenación ante terceros. Adujo que la ley establece que: “Se podrán inscribir en el Registro Nacional de Derecho de Autor: a) Las obras literarias, científicas y artísticas; b) los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor y los derechos conexos; los fonogramas,” y, por lo tanto, es una facultad y no una obligación. En respuesta, la demandada indicó que la Ley 23 impone “el cumplimiento de una forma, no para dar existencia y pleno uso y goce del derecho de autor o los derechos conexos a sus titulares originarios, sino para efecto de su transmisión o transferencia de dominio a terceros también llamados causahabientes”. Para la Sala, el goce de los derechos conexos no están sujetos a ninguna formalidad, el registro está dispuesto como una posibilidad en las normas comunitarias, se pueden enajenar los derechos de autor y conexos según el artículo 182 de la Ley 23; todo acto de enajenación de derechos conexos debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario para efectos de oponibilidad ante terceros conforme a la Ley 23; el acto de registro resulta indispensable para la oponibilidad o publicidad frente a dichos terceros; la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor de los actos de enajenación de los derechos de autor o de los derechos conexos tiene como objeto la publicidad y oponibilidad; luego,  la parte demandada no modificó unilateralmente los tratados internacionales, las convenciones internacionales o las leyes nacionales, al exigir, respecto de los derechos conexos,  una copia de la escritura pública o del documento privado reconocido ante notario para poderse efectuar la inscripción en la Oficina Nacional de Registro de Derecho de Autor,

Expediente 68-001 23 33 000 2020 00624 01 de 2022

LA ADQUISICIÓN DE BENEFICIOS DENTRO DE UN CRÉDITO ADQUIRIDO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, NO SUPONE UNA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.

Dejada en firme decisión por medio de la cual se negó la pérdida de investidura del ex diputado de la asamblea departamental de Santander, señor Edgar Suárez Gutiérrez, elegido para el período constitucional 2016-2019, al determinarse que no se incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades el diputado que en esa calidad solicita unos créditos de libranza ante una entidad financiera del orden departamental y no se acredita que se haya hecho en condiciones distintas a las ofrecidas al público en general. En consecuencia, el elemento del interés directo, particular y actual no está acreditado y, de contera, ello releva a la Sala de examinar los restantes elementos para la configuración de la causal; y si, como lo afirmó el solicitante, el acusado, siendo deudor de la entidad, podía llegar a obtener condonaciones de la deuda, plazos más laxos para el pago, reducciones en las tasas de interés, así como cualquier otro beneficio que los funcionarios del Idesan consideraran procedentes como agradecimiento por su papel en las deliberaciones, tal situación debió acreditarla en el proceso, pues, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, las causales de pérdida de investidura son taxativas y de aplicación restrictiva dadas las consecuencias que conlleva, por lo que corresponde a la parte actora probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, a la luz de lo dispuesto por el artículo 167 del estatuto procesal general.

Expediente 66001 23 33 000 2020 00530 01 de 2022

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCEJAL DEMANDADO CORRESPONDÍAN AL CUMPLIMIENTO DE SU LABOR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
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Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por ciudadano contra la sentencia de 16 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia. Solicitó el ciudadano que el Concejal del Municipio de Dosquebradas (Risaralda) Felipe García, perdiera su investidura como tal. En primera instancia se negaron las pretensiones, toda vez que no concurren los elementos para la estructuración de la causal de pérdida de investidura que la parte actora aduce contra el concejal García, toda vez que su labor como presidente de la Junta de Acción Comunal no tiene la aptitud de influir en la decisión de voto del electorado, dadas las precarias condiciones de la misma y de los pocos habitantes que se benefician del mismo, es por ello que la Sala Plena de esta Corporación se mantiene incólume el bien jurídico que pretende preservar el régimen de inhabilidades de la Ley 617 de 2000, al no existir en el expediente prueba que demuestre que el concejal accionado ha incurrido en la causal esgrimida en la demanda. En su apelación, el demandante indicó que el señor García hizo parte del Comité de la obra de placa huella por autogestión, socializó la propuesta, se comprometió al pago de nómina durante el término de duración de la obra, tenía el control del almacén y se encontraba junto a las autoridades políticas del municipio al momento de su inauguración, lo cual, según señala, se acreditó con el Acta de la reunión de conformación del Comité de obra de placa huella por autogestión de 24 de octubre de 2018 y en las fotografías de inauguración de la obra de 6 de mayo de 2019, lo cual permitía concluir que realizó actividades de administración del proyecto de placa huella de la vereda donde reside. Para la Sala, efectivamente, el demandado participó en la obra de placa huella por autogestión, en su condición de miembro de la comunidad de la vereda, sin embargo, su calidad de presidente de la junta de acción comunal no implica per se, su intervención en la gestión de la obra, debido a que es necesario que se pruebe de manera específica la intervención en la gestión realizada en interés propio o de un tercero, situación que no aparece acreditada en el caso sub examine.

 

 

Expediente 76001 23 31 000 2002 04584 de 2022

SE UNIFICÓ LA JURISPRUDENCIA EN SEDE DEL MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN DE GRUPO, EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO AFECTADO Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS; EL TRATAMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN COLECTIVA PREVISTA EN LA LEY 472 DE 1998; LAS COMPETENCIAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y LOS CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS INMATERIALES EN FAVOR DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
Se resuelve la solicitud de revisión eventual de la sentencia de acción de grupo que condenó a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) por los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la apertura de compuertas y vertimiento de sedimentos al río Anchicayá. Lo anterior, dando alcance a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia SU-686 de 2015 y para unificar el criterio de esta Corporación con respecto a: i) los criterios para determinar el grupo afectado y la individualización de sus miembros, ii) el tratamiento de la indemnización colectiva prevista en la Ley 472 de 1998, iii) las competencias de la Defensoría del Pueblo en calidad de administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y iv) los criterios que permiten el reconocimiento de perjuicios morales a favor de sujetos de especial protección constitucional.

 

Expediente 25000 23 15 000 2021 00264 01 de 2022

LA VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES NO ESTÁ EXPRESAMENTE ESTABLECIDA COMO UNA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PARA LOS EDILES.

Sala procede a decidir recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia; en virtud de demanda de pérdida de investidura de la calidad de edil del señor Eduardo Tito Gómez Cerón de la Junta Administradora Local de La Candelaria (Bogotá D.C.). En primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda tras considerar que no era causal de pérdida de investidura el hecho de que el edil no haya residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad en la que fue elegido, por cuanto de la lectura del artículo 65 del Decreto 1421 de 1993 no se desprendía expresamente tal consecuencia. En su apelación, el solicitante expresa que las referencias de la hoja de vida del señor Gómez Cerón en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP no acreditan el cumplimiento de los requisitos para ser elegido edil, por cuanto no permiten establecer que haya desempeñado una actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la localidad de La Candelaria. Para la Sala, en la sentencia del 15 de diciembre de 2016 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de diciembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 05001 23-33-000-2016-00738), esta Corporación rectificó la posición, que consideraba que el régimen de inhabilidades constituía causal de pérdida de investidura para los miembros de las juntas administradoras locales y para ello, homologaba el régimen de inhabilidades de los ediles con el régimen de los concejales; y al efecto, puntualizó que el artículo 48 de la Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura para estos miembros de corporaciones públicas, por lo que no hay lugar a su aplicación extensiva.

Expediente 13001 23 33 000 2020 00573 01 de 2022

EDIL DEMANDANTE PARTICIPÓ EN LA VOTACIÓN DE SU FAMILIAR DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, COMO ALCALDE LOCAL; LO CUAL NO TENÍA PERMITIDO.

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora Ángela María Vergara González Edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte número 1 del Distrito de Cartagena de Indias, contra la sentencia de 25 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en primera instancia. En esta etapa se determinó la pérdida de investidura de la Señora Vergara González como Edil de dicha localidad, tras considerar que no manifestó su impedimento para participar en el trámite y votación para la conformación de la terna destinada a la elección de Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias, a pesar de que uno de los candidatos era su primo -Glindol Glenio Grondona Vergara-, lo cual violó los principios de moralidad y transparencia establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. En su apelación, la demandante indicó que no se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura alegada, en la medida que: Cesó el interés directo toda vez que los otros ediles no votaron por el señor Grondona Vergara. Por ello, el “voto a su favor de su primo habría sido estéril e insustancial por insuficiente”; y no se presenta un provecho, en la medida en que no actuó con un interés particular, por el contrario, la manifestación injustificada del impedimento debilitaría el quórum necesario para la conformación de la terna. Para la Sala, la señora Ángela María Vergara González, en su condición de edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte: Participó en el debate y votación de la terna para la elección del alcalde de la citada localidad, en el marco de la función legal, establecida en el artículo 39 de la Ley 1617 y que en el citado proceso de elección de la terna participó el señor Grondona Vergara, quien es su pariente en el cuarto grado de consanguinidad, lo cual constituye un interés directo, particular y concreto toda vez que, esta circunstancia le impedía a la Edil hacer parte del proceso de selección “con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”.
Expediente 11001 03 15 000 2021 06552 de 2022

CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL POR DECRETAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO AL PROSPERAR LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA RESPECTO DE UNA DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS E IMPEDIR EL ESTUDIO DE FONDO DE LAS DEMÁS.

 La parte actora solicitó que se dejen sin efecto las providencias de 5 de marzo de 2020 y 17 de junio de 2021, proferidas por la Sección Segunda, por medio de la cual se confirmó la decisión dictada por en primera instancia que, mediante auto de 21 de agosto de 2018, declaró probada la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión encaminada a obtener el reconocimiento y pago de los puntos salariales por el año 2003, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, habida cuenta que, la Sección Segunda incurrió en defecto sustantivo, toda vez que declaró la terminación del proceso pese a que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 21 de agosto de 2018 que resolvió sobre la excepción de inepta demanda, no versaba sobre todas las pretensiones de la demanda. La acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Tercera, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2021, denegó el amparo, por considerar que no se encontraba demostrado dentro del proceso que se hubiera decretado la terminación del medio de control objeto de la acción. Asimismo, sostuvo que de la lectura de las providencias objeto de la solicitud se desprendía que la terminación del proceso versaba únicamente respecto de la pretensión discutida en la decisión que resolvió sobre la excepción de inepta demanda.

 

 

Expediente 25000 23 24 000 2006 00988 de 2022
CUANDO DE FORMA PREVIA A EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO NO SE CUMPLE CON EL DEBER DE COMUNICAR AL INTERESADO EL INICIO Y EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, SE DESCONOCE EL DEBIDO PROCESO Y EL ACTO SE ESTIMA EXPEDIDO DE FORMA IRREGULAR.

ISAGEN S.A. ESP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda para obtener la nulidad de los actos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía mediante los cuales “[…] se declara una deuda a favor de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y se constituye un título ejecutivo […]”, por ser violatorios de los artículos 6º, 29 y 209 de la Constitución Política; 3º, 28, 34, 35 y 68 del Código Contencioso Administrativo; 112 de la Ley 6ª de 1992; así como de los Decretos 2174 de 1992 y 070 de 2001.

Expediente 68001 23 33 000 2021 00181 01 de 2022

CONCEJAL DEMANDADO DEBÍA CONOCER CUÁLES ERAN LAS INCOMPATIBILIDADES QUE LO GOBERNABAN Y SUS VICISITUDES, ENTRE ELLAS LA DE CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PERO, AUN ASÍ, DECIDIÓ SEGUIR ADELANTE Y GESTIONAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS ESTATALES.

Sala decide recurso de apelación interpuesto por la solicitante contra la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Barbosa (Santander), señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE, por hechos relacionados con el ejercicio del período constitucional 2020-2023. En primera instancia se decidió que la suscripción de contratos con una entidad estatal de una localidad distinta a la cual se ejerce la investidura como concejal no configura la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 45, numeral 4, de la Ley 136, por cuanto la prohibición legal allí contenida se predica respecto de aquellos contratos celebrados con personas naturales o jurídicas de derecho privado, supuesto que no encuadra en el caso concreto, toda vez que el concejal participó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios para la gestión administrativa con una entidad del Estado, esto es, el municipio de Jesús María (Santander). En su apelación, la demandante indicó que, si bien el Tribunal tiene razón al señalar que las normas que regulan el juicio sancionatorio de pérdida de investidura son de interpretación restrictiva, lo cierto es que “dado que el constituyente no realizó distinción alguna, se entiende que la violación a cualquier incompatibilidad será causal de pérdida de investidura”. Señala que los servidores públicos no pueden celebrar contratos con entidades estatales y, por ende, es una incompatibilidad en los términos del artículo 127 Constitucional, que prevé que “los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales” y del artículo 8, numeral 1, literal f), de la Ley 80. Para la Sala, el acervo probatorio es contundente al evidenciar que, en contravía de lo sostenido en su defensa, el señor YORGÍN HARVEY CELY OVALLE debía saber y tener pleno conocimiento de la naturaleza negocial de los contratos que celebró con el municipio de Jesús María (Santander) y de su prohibición bajo las circunstancias de los artículos 127 constitucional y 8, numeral 1, literal f), de la Ley 80. No es de recibo su excusa en torno a que su actuar lo llevó a cabo con la convicción de que en ningún momento estaba vulnerando normas ni principios, sino que lo hizo convencido que sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a ser elegido y a ejercer conforme al estatuto de la oposición, están amparados en la Ley 136 de 1994, siendo que en nada influye sus derechos de oponerse a la administración local actual con la celebración de negocios jurídicos con entidades públicas

Expediente 47001 23 33 000 2021 00045 01 de 2022

ACTUACIONES ADELANTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DE SUS MIEMBROS; NO PUEDEN CONSTITUIR UNA CAUSAL PARA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES.

Sala decide recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra sentencia de 21 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia. En esta instancia se negaron las súplicas del solicitante tras considerar que la solicitud de pérdida de investidura se presentó porque, en criterio del Solicitante, el Concejal demandado incurrió en violación del régimen de “inhabilidades o incompatibilidades” al votar proposiciones en más de 5 ocasiones, en sesiones de la referida Corporación, pese a ser de su conocimiento que sobre su persona pesaba una suspensión provisional de pérdida de voz y voto, decretada por el partido político que avaló su candidatura; pero que ello no constituye una violación del régimen de inhabilidades porque estas, constituyen escenarios prohibitivos, preexistentes o sobrevenidos, contemplados en la Constitución y la Ley, de tal manera que las inhabilidades deben ser de interpretación taxativa y restrictiva. En su apelación, el demandante indicó que el Concejal transgredió las normas constitucionales y legales porque, a sabiendas y con pleno conociendo que estaba inhabilitado por el partido político, con pérdida de voz y voto por el termino de 90 días, opto por seguir incumpliendo y quebrantando la suspensión que había aplicado su partido político, con lo cual, en su criterio, infringió: El numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política; y el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades. Resolviendo, la Sala considera que acceder a la interpretación propuesta por el solicitante, relativa a que dicha conducta constituye inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 37 de la Ley 734, constituiría una interpretación extensiva de las inhabilidades como causal de pérdida de investidura, lo cual se encuentra proscrito en los procesos de pérdida de investidura, en la medida en que las “inhabilidades sobrevinientes” conforme con dicha normativa, se derivan de las sanciones en firme a que se encuentran sometidos los servidores públicos, conforme con el artículo 44 de la Ley 734, cuya titularidad corresponde a los sujetos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de esa misma normativa y no a las medidas cautelares y sanciones derivadas del incumplimiento de los estatutos de los partidos políticos

Expediente 11001 03 15 000 2021 05261 de 2022

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR LA CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL AL NO TENERSE EN CUENTA LA PRUEBA DE LA SUBORDINACIÓN EN UN PROCESO DE CONTRATO REALIDAD Y LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

 La accionante laboró para el Hospital Tunjuelito, ahora Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., desde el 4 de abril de 2007 hasta el 28 de febrero de 2018, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, en el cargo de fisioterapeuta, el cual desarrolló de manera subordinada con las mismas funciones de un empleado de planta, cumpliendo horario, recibiendo órdenes de sus superiores y acatando directrices. El 15 de agosto de 2018, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia de 26 de septiembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que declaró la nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales devengadas por un servidor público con similares funciones a las suyas, teniendo en cuenta el fenómeno de la prescripción. En segunda instancia, el Tribunal en sentencia de 28 de abril de 2021, revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones al considerar que no se logró demostrar el elemento de la subordinación.

Expediente 08001 23 33 000 2021 00553 de 2022

SE REITERA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, TIENEN DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.

La accionante fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Asistente Administrativo grado 5 en la Oficina de Apoyo de los juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, el 3 de diciembre de 2015. En el mes de julio del año 2019, fue diagnosticada con “nódulo en el seno izquierdo, neoplasia de seno izquierdo”. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante la resolución núm

Expediente 617001 23 33 000 2019 00256 de 2022

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EN LA CAUSACIÓN DEL RIESGO NO CONSTITUYE UNA CAUSAL DE EXONERACIÓN PARA LAS AUTORIDADES PÚBLICAS POR HABER OMITIDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES FRENTE A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.

Distintas viviendas ubicadas en el barrio Bajo Cervantes del municipio de Manizales resultaron seriamente afectadas por cuenta de un fenómeno de remoción en masa que se presentó el 19 de abril de 2017 y que fue activado por una ola invernal. Dicho fenómeno generó la inestabilidad del terreno sobre el cual se edificaron tales viviendas. Con ocasión de dicha emergencia, la administración municipal construyó algunos anclajes pasivos. Sin embargo, estos se encuentran sumamente deteriorados, al extremo de presentar filtraciones de agua que afectan las casas aledañas. El sector, actualmente, se encuentra en una situación de riesgo de desastre, la cual no ha sido conjurada pese a las recomendaciones formuladas por la Personería Municipal de Manizales en el informe de visita del 1.º de febrero de 2019. Se interpuso acción popular para la protección de los derechos colectivos. En primera instancia, se declaró el amparo de los derechos colectivos. El municipio de Manizales inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, con sustento en que los pobladores del sector aumentan o favorecen el riesgo de desastres y participan de la producción del daño.

Expediente 25000 23 15 000 2020 00117 01 de 2022

PARA QUE SE CONFIGURE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INCURRIR EN LA INHABILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 617 DE 2000, SE DEBEN CONFIGURAR TODAS LAS CAUSALES PREVISTAS ALLÍ.

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia de 18 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia. En esta etapa del proceso se negó la pérdida de investidura del señor Alexander Mora Dionicio como concejal del Municipio de Tocancipá (Cundinamarca), tras considerar que para la configuración de la inhabilidad invocada en la solicitud de pérdida de investidura se debían reunir los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, los cuales no se cumplieron en su totalidad. En su apelación, el demandante indicó que el señor Mora Dionicio pretendía aspirar al Concejo Municipal de Tocancipá debió presentar renuncia al cargo como empleado público en la Alcaldía Municipal de Tocancipá, por lo menos doce meses antes a la fecha de la elección, y no seis meses antes, como sucedió en esta oportunidad. Para la Sala, la conducta del señor Mora Dionicio no se adecuó a la descripción del numeral 2.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, debido a que para su configuración se requería la concurrencia de los cuatro supuestos mencionados en la normativa mencionada y, en el caso sub examine, no se cumplió con el segundo supuesto referente a que el empleado público haya ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, razón por la cual no hay lugar a analizar los supuestos restantes configurativos de dicha inhabilidad.

 

Expediente 11001 03 24 000 2009 00630 de 2022

SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 DEL DECRETO 393 DE 2002, PORQUE IMPONEN UNA MAYOR CARGA O TRIBUTO, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL, A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES O ESTABLECIMIENTOS CON MENORES ACTIVOS O PATRIMONIO, FRENTE A LOS GRANDES EMPRESARIOS O ESTABLECIMIENTOS, DESCONOCIENDO EL DERECHO DE IGUALDAD Y LA LIBERTAD DE EMPRESA.

 Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, para cuestionar la legalidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002 “[…] por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil […]”, expedido por el Gobierno Nacional.

Expediente 47001 23 31 000 2012 00414 de 2022

 

 

SON NULAS POR FALSA MOTIVACIÓN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN UN ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LAS CUALES UN ENTE TERRITORIAL ESTABLECIÓ UNAS MEDIDAS DE PROHIBICIÓN DE ACOMPAÑANTES O PARRILLEROS EN MOTOCICLETAS, MOTOCARROS, MOTOTRICICLOS, MOTOCICLOS Y CUATRIMOTOS Y LAS EXCEPCIONES A ÉSTA, SI NO EXISTE MOTIVACIÓN SUFICIENTE QUE CONDUZCA A LIMITAR EL DERECHO DE LOCOMOCIÓN.

 

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra el Decreto104 del 14 de mayo de 2012, “Por medio del cual se toman medidas para el ordenamiento del tránsito de vehículos tipo motocicletas, motociclos, motocarros y cuatrimotos en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”, proferido por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

 

 Expediente 11001 03 24 000 2014 00386 de 2022

NO SON NULOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTABLECEN ESCALAS DE REMUNERACIÓN PARA LAS MADRES COMUNITARIAS ATENDIENDO EL TIEMPO DE SU SERVICIO Y EL NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS.

 Se presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra el Decreto Reglamentario número 1490 del 6 de mayo de 2008, “Por el cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 1187 de 2008, “por la cual se adiciona un parágrafo 2 al artículo 2 de la Ley 1023 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, proferido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social; y el artículo 2 de la Resolución número 1773 de 8 de mayo de 2008, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000010 de Enero 2 de 2008 mediante la cual se aprueban los Lineamientos de Programación y Ejecución, de Metas Sociales y Financieras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, proferida por el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 

 

 

 

Expediente 11001 03 15 000 2021 11465 de 2022

CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO EN LA PROVIDENCIA QUE ESTABLECIÓ UNA ANALOGÍA NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS NO APLICABLE A LA ELECCIÓN DE PERSONEROS FRENTE AL TÉRMINO DE INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA.

 La accionante instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo de Santander al haber proferido la providencia de 18 de agosto de 2021, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 6867933-33-002-2020-00038-02, que declaró la nulidad de la elección como personera del municipio de Cabrera, bajo el argumento de que existía un vacío legal respecto al plazo de inscripción en el concurso para proveer el cargo de personero municipal cuando los encargados de realizar la elección son los cabildos municipales y distritales, por lo cual ante la ausencia de norma frente al particular se debía aplicar por analogía la regla que rige los concursos de méritos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, contenida en el título 26 del capítulo 2 del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 que dispone que el término de inscripción a la convocatoria no podrá ser menor a cinco días, lo cual no ocurrió en el referido proceso de selección del personero municipal. Mediante sentencia de 17 de marzo de 2022, la Sección Segunda amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y dejó sin efectos la sentencia de 18 de agosto de 2021. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que decretó la nulidad de la elección con fundamento en una supuesta irregularidad relacionada con el plazo de inscripción a la convocatoria por ser menor a cinco días; sin embargo, dicha interpretación excedió el marco competencial del juez natural de la causa que, en sede de nulidad electoral, introdujo un requisito que la ley no estableció para el concurso de personeros.

 

Expediente 11001 03 24 000 2009 00206 de 2022

NO SON NULOS LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 27, 30, 34, Y 35 DEL DECRETO 1290 DE 2008, POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY.

 

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008, “por el cual “[…] se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley […]”, proferido por el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

 

Expediente 11001 03 24 000 2007 00092 de 2022

LOS ARTÍCULOS 2° Y 4° DEL DECRETO 4500 DE 2006 NO VULNERAN LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CULTOS.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra los artículos 2°. y 4°. del Decreto núm. 4500 de 19 de diciembre de 2006, “Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.”, expedido por el Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional.

 

Expediente 05001 23 33 000 2012 00614 de 2022

EL CONSEJO DE ESTADO ORDENÓ MEDIDAS PARA PROTEGER EL DERECHO COLECTIVO A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES, FRENTE A LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN INADECUADA DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, ANTIOQUIA.

Varios ciudadanos ejercieron la acción popular contra el departamento de Antioquia, el municipio de Copacabana (Ant.), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Devimed S.A., Corantioquia, y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, por estimar vulnerados varios derechos colectivos, debido a un movimiento en masa que se presentó el 27 de abril de 2011, en el sector de la Loma de Los Duque, Los García y la Parcelación La Aldea del municipio. Esta Corporación, en segunda instancia, consideró que fueron vulnerados los derechos colectivos deprecados, en especial, el de prevención de desastres previsibles técnicamente, e impartió medidas para el amparo de los derechos, tales como: el monitoreo del kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, la implementación de un sistema de alerta temprana que a la comunidad en caso de un nuevo deslizamiento, la reubicación de las viviendas construidas en la zona de alto riesgo, el ajuste del PBOT en cuanto al uso del suelo del sector, la adecuación del cauce de la quebrada Los Cedros y la reforestación de la zona, entre otras.

Expediente 11001 03 15 000 2022 01328 de 2022

SE INCURRE EN DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO CUANDO SE INCURRE EN NOTIFICACIÓN INDEBIDA DEL AUTO QUE CITA A LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.    

El juez de tutela consideró vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, en la medida en que se configuró un defecto procedimental absoluto por la indebida notificación del auto que convoca a la audiencia inicial dentro del trámite del medio de reparación directa. A su juicio, el juez no interpretó en debida forma lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 201 del CPACA, y, en consecuencia, debió enviar un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, con el objeto de comunicar el estado electrónico y la providencia a notificar. Por lo tanto, al no agotarse esta diligencia se consideró configurado el derecho procedimental absoluto.

Expediente 11001 03 24 000 2014 00458 de 2022

Es VÁLIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESTRINGE EL DERECHO DE DOMINIO DEL PROPIETARIO DE UN BIEN INMUEBLE INCLUIDO EN UNA ZONA FRANCA CUANDO EL MISMO NO TIENE LA CALIDAD DE USUARIO OPERADOR.

Siempre que se entienda que el carácter exclusivo de las funciones de las que es titular dicho usuario se predica respecto de los inmuebles que son de propiedad de la zona franca y no frente a aquellos que son de propiedad de terceros. ello, sin perjuicio de la intervención concurrente del usuario operador en cada transacción, para garantizar las funciones de dirección, administración, supervisión y promoción que le corresponden, de conformidad con la ley y con lo que dispongan los reglamentos.  Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra el literal d) del parágrafo segundo del artículo 38-2 de la Resolución 4240 de 2000, “Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999”, adicionado por el artículo 1º de la Resolución número 9254 del 25 de septiembre de 2008, “por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000”, expedidas por la Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

 

Expediente 73001 23 33 000 2022 00181 de 2022

SE VULNERÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS DEL CIUDADANO QUE SE ENCONTRABA EN LA LISTA DE ELEGIBLES Y A QUIÉN NO SE LE NOMBRÓ HASTA TANTO TERMINARA LA LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA SERVIDORA QUE OCUPABA EL CARGO EN PROVISIONALIDAD

 El Consejo de Estado, actuando como juez constitucional, resolvió amparar el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos del accionante, toda vez que el juzgado accionado, y a pesar de ser el primer opcionado para esa plaza dentro de la lista de elegibles, no lo nombró bajo el argumento que debía transcurrir el tiempo de la licencia de maternidad quien desempeñaba el cargo de oficial mayor en provisionalidad. Esta Corporación consideró que se debía cumplir los estándares jurisprudenciales de garantía al fuero de estabilidad por maternidad, es decir, el pago de las prestaciones de la licencia, sin que ello implique dejar de nombrar a quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles.

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00548 de 2022

SE SUSPENDEN LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 2025 DE 2011, PORQUE CON SU EXPEDICIÓN EL GOBIERNO NACIONAL DESBORDÓ LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

 Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra del artículo 3 y del inciso primero del artículo 4 del Decreto 2025 del 8 de junio de 2011, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”, proferido por el Gobierno Nacional.

Expediente 11001 03 24 000 2020 00431 de 2022

SE DECRETA DE URGENCIA LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UNOS ARTÍCULOS DEL ACTO POR MEDIO DEL CUAL LA ANLA MODIFICÓ UNA LICENCIA AMBIENTAL.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, cuestionando la legalidad de los artículos 2, 4 y 12, en lo que respecta a las especies Andinobates fulguritus, Andinobates bombetes, Oophaga histriónica, Chlorochrysa nitidissima, Rupicola peruvianus, que fueron referidas en los numerales 5, 6, 13, 23, y 24 de la tabla de localidades de la Resolución número 02370 del 3 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se modifica una licencia ambiental”, las cuales habitan en el departamento de Risaralda y son competencia de la CARDER; licencia que fue otorgada a la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S., y proferida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

Expediente 11001 03 15 000 2022 03320 de 2022

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR LA MORA EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO.

El actor presentó solicitud de tutela contra el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., porque, a su juicio, con ocasión de la mora en la que ha incurrido la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al resolver el recurso de apelación que interpuso dentro del trámite administrativo de solicitud de rompimiento de la solidaridad adelantado ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P..

Expediente 05001 23 33 000 2020 02441 de 2022

INCURRE EN CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES POR EJERCICIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DENTRO DE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES A SU ELECCIÓN COMO CONCEJAL, FUE MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EDUCATIVA.

 Se solicitó que se despojara de su investidura al concejal del municipio de Bello, Antioquia, Oscar Darío Arias Agudelo, período constitucional 2020-2023, con fundamento en la causal prevista “en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994”.

Expediente 17001 23 33 000 2019 00070 de 2022

 

SE ORDENA REUBICAR Y BRINDAR SOLUCIONES DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE RIESGO DEL BARRIO PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

Debido a las lluvias en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, los habitantes del barrio Providencia del municipio de Manizales se vieron afectados en sus viviendas, quedando en situación de riesgo por las nuevas cargas de lodo pudieran descender por la falta de obras de estabilización del cerro Sancancio del municipio. Esta Corporación, en segunda instancia, encontró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, y, en consecuencia, ordenó al municipio, entre otras : i) realizar los estudios de detalle para establecer si la zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no mitigable; ii) adelantar las gestiones pertinentes para la reubicación definitiva de las familias que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la zona; iii) efectuar un censo para determinar las características de la población beneficiaria de la medida de reubicación; iv) en caso de que los habitantes se rehúsen a abandonar el sitio, ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía; v) otorgar una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la reubicación definitiva; vi) brindar asesoría y orientación a las familias que habitan la zona de alto riesgo en la obtención de una alternativa de vivienda temporal y digna.

 

Expediente 05001 23 31 000 2009 01413 de 2022

SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NEGÓ LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LA AFECTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD AGROPECUARIA LÍCITA, OCASIONADA POR LA ASPERSIÓN CON EL HERBICIDA GLIFOSATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se declare la nulidad del: i) auto de decisión de fondo núm. 3753/ARECI-GRAQA de 6 de noviembre de 2008, por medio del cual se declara la no procedencia de una compensación económica; y ii) auto de decisión núm. 0698/ARECI-GRAQA de 12 de marzo de 2009, por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto núm. 3753/ARECI-GRAQA de 6 de noviembre de 2008, expedidos por el Jefe del “Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos” de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. También para que, como consecuencia de la nulidad, se condene, a título de restablecimiento del derecho, a la reparación del daño, ocasionado por el envenenamiento de los cultivos lícitos, por vía de la indemnización integral.

Expediente 11001 03 15 000 2022 01814 de 2022

AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE LA INOBSERVANCIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL CONTEO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

 Los accionantes presentaron demandada dentro del medio de control de reparación directa, por la desaparición y muerte del señor [L.A.F.], presuntamente a manos de efectivos del Ejército Nacional dentro de un operativo militar, hecho que fue catalogado como un posible falso positivo dentro del proceso penal; no obstante, en primera y segunda instancia se declaró la caducidad del medio de control, ya que el conteo de la misma se realizó a partir de que se tuvo conocimiento de la muerte y no desde el momento en que se estableció que se trató de una ejecución extrajudicial.

Expediente 05001 23 33 000 2018 01146 de 2022

SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL ANTE LA INEXISTENCIA DE GESTIÓN FISCAL POR CONEXIDAD PRÓXIMA Y NECESARIA

Se presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para obtener la nulidad de las resoluciones de la Contraloría General de Medellín por medio de las cuales se falló con responsabilidad fiscal, entre otros, contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, representada legalmente por el señor Armando de Jesús Montoya Baena, por haber ocasionado un detrimento patrimonial al Municipio de Medellín por la suma de $331’068,714, debidamente indexada.

Expediente 25000 23 41 000 2019 01160 de 2022

EL JUEZ, AL MOMENTO DE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, NO PUEDE EXIGIR AL DEMANDANTE SUPRIMIR SUJETOS PROCESALES, TODA VEZ QUE ES UNA FACULTAD PROPIA DE ÉSTE DEFINIR CUÁLES SON LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE, A SU JUICIO, SE ENCUENTRAN LLAMADAS A RESPONDER POR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P. -ETB S.A. E.S.P.-, invocando el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC- y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-. El magistrado conductor del proceso inadmitió la demanda porque en el libelo se señalaron como partes demandadas tanto el MinTIC como la CRC, cuando la realidad es que la CRC fue la única autoridad administrativa que expidió los actos acusados. El juez de primera instancia finalmente rechazó la demanda luego de considerar que la misma no había sido corregida conforme a lo ordenado en el auto inadmisorio de 12 de marzo de 2021, teniendo en cuenta que no se retiró al MinTIC como entidad demandada.