16 marzo, 2023

Marzo 16 del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 469 de 2022

PERIODOS LABORADOS Y NO COTIZADOS AL SEGURO SOCIAL NO SON COMPUTABLES PARA RECONOCER LA PRESTACIÓN.

La Corte Constitucional no tiene estructurada una regla general que regule el deber de aprovisionamiento que tenían los empleadores antes de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993 y, en particular, antes del 1º de enero de 1967, fecha en el que el Instituto de Seguros Sociales hizo el llamamiento a los empleadores para que coticen al sistema de seguridad social y por consiguiente, se inició la cobertura por parte del ISS de los riesgos de invalidez, vejez y muerte en los distintos departamentos, en los que estaba el lugar donde trabajó el accionante. Sin embargo, al realizar una lectura de los pronunciamientos de Sala Plena sobre la exequibilidad del artículo 33 de la citada ley, consultar la necesidad de proteger la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social ordenada por la constitución y distinguir entre las situaciones jurídicas consolidadas y las meras expectativas, esta Sala considera que, por regla general, no es posible afirmar que los empleadores tuviesen una obligación legal de cotizar antes del llamamiento por parte del Instituto de Seguros Sociales a hacerlo.

 

Sentencia T 458 de 2022

EMPLEADOR DEBE DESVIRTUAR PRESUNCIÓN DE QUE EL DESPIDO DE TRABAJADORA FUE POR ESTAR EMBARAZADA.

Si una mujer presenta una acción de tutela señalando que fue desvinculada de una empresa mientras estaba embarazada y mientras transcurría dicho periodo, corresponderá al juez constitucional identificar: (i) si el  periodo de prueba estipulado es válido, por haber seguido los presupuestos señalados en el Código Sustantivo del Trabajo; (ii) si “la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador durante la vigencia del periodo de prueba [se fundó] en la comprobación objetiva de la falta de las competencias mínimas para el ejercicio de la labor por parte [de la trabajadora]”; y (iii) si el empleador conocía el estado de embarazo de la accionante, y si acudió o no ante la autoridad del trabajo para que aquella validara la justa causa invocada en el despido

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 93287 de 2023

PENSIÓN DE INVALIDEZ, LEY 860 DE 2003 > NORMAS APLICABLES > EXCEPCIÓN.

Por regla general para el reconocimiento de la pensión de invalidez la normativa que rige es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez; sin embargo, considerando las condiciones de especial protección que merecen determinadas personas, como las que padecen afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales resulta válido acudir a i) la fecha en que se profiere el dictamen de calificación de la invalidez, ii) la data en que se presenta la reclamación de la pensión de invalidez, o iii) la calenda del último periodo de cotización, previo análisis de la situación particular. / SEMANAS DE COTIZACIÓN – El cambio de fecha para efectos de contabilizar las semanas a fin de obtener la pensión de invalidez, en el caso de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, no es aplicable de manera automática, sino que, es indispensable que se acredite que las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez se hicieron en ejercicio de una real capacidad ocupacional

 

Expediente 91928 (082) de 2023

CONTRATO DE TRABAJO > DURACIÓN DEL CONTRATO, EXTREMOS TEMPORALES > ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que la relación laboral finalizó en octubre de 1997, pues las probanzas obrantes en el plenario indican que lo que se dio con posterioridad a esa fecha fue una relación de índole comercial referido a la operación de un parque automotor./  PRESUNCIÓN – Acreditada la prestación personal del servicio se presume la existencia de la subordinación laboral; por lo tanto, corresponde al empleador desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 01297 de 2023

CONTRATO ATÍPICO

En sentencia anticipada se declara probada la excepción mixta de prescripción extintiva.

 

Expediente 02671 de 2023

RECURSO DE CASACIÓN / INOBSERVANCIA DE REGLAS TÉCNICAS.

1) en el primer embate se rebatieron los hechos que el ad quem estimó acreditados, pese a haber invocado el desconocimiento directo de disposiciones sustanciales, lo cual erige una equivocada forma de sustentar el recurso. El cargo también carecería de prosperidad si se encausara por el desconocimiento mediato de disposiciones sustanciales, pues no plantea verdaderos errores de hecho. 2) el embiste tampoco sustenta el desconocimiento recto de disposiciones sustanciales ni se compadece con el verdadero contenido del artículo 206 del Código General del Proceso, pues los recurrentes pretendieron atribuirle un contenido diverso al que realmente tiene esa norma. 3) el segundo cargo carece de vocación de prosperidad por resultar incompleto y ser inexistente el error de hecho invocado.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 56993 de 2022

¿CÓMO SE INCORPORAN LAS DECLARACIONES RENDIDAS POR LA VÍCTIMA ANTES DEL JUICIO ORAL?.

Declaraciones rendidas antes del juicio: entrevistas, menor víctima de delitos sexuales (art. 206A), es un elemento material probatorio. como medio de prueba, eventos de admisión excepcional, facilitar el interrogatorio cruzado (refrescar la memoria o impugnar la credibilidad) o como medio de prueba (prueba de referencia, prueba anticipada o declaraciones anteriores inconsistentes con lo declarado en juicio)», del menor víctima, herramientas para utilizarlas, como prueba»

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

 Expediente 15001 23 33 000 2016 00615 01 de 2023.

¿ES TÍPICA LA CONDUCTA QUE MOTIVÓ LA SANCIÓN DISCIPLINARIA IMPUESTA A LA COMISARIA TERCERA DE FAMILIA DE TUNJA CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE DICTAR MEDIDA DE PROTECCIÓN EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA VÍCTIMA DE AGRESIONES FÍSICAS, VERBALES Y PSICOLÓGICAS PROVENIENTES DE SU CÓNYUGE Y A CAUSA DE LAS QUE FALLECIÓ 2 DÍAS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN, TODA VEZ QUE FALTO A SU DEBER FUNCIONAL DE GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y SANCIONAR SU VULNERACIÓN?.

En criterio de la Sala, revisado el procedimiento y sin inmiscuirse en la potestad valorativa que tiene el investigador disciplinario, siempre y cuando esté dentro de un grado de razonabilidad, encuentra que evidentemente la actuación de la demandante fue ligera en relación con el asunto que se le puso en conocimiento, pues, como mínimo, en entrevista privada con la víctima debió indagar sobre los antecedentes de maltrato que padeció y, en todo caso, no es razonable que ante las visitas recurrentes a esas comisarías territoriales no hubiese indagado sobre ellas, máxime cuando la víctima, en su escrito de «SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN, LEY 575 DE 2000, LEY 294 DE 1996», expresamente manifestó «ES UNA PERSONA MUY AGRESIVA, TENGO EVIDENCIAS ANTERIORES» (las mayúsculas de ambas frases son del texto original). Ahora bien, la autoridad disciplinaria observó el debido proceso y valoró las situaciones que vuelve a aducir en esta instancia de control judicial, como son la insuficiencia de recursos logísticos y estructurales, la inexistencia de una red informática con los antecedentes de los agresores y su autonomía funcional como comisaria de familia, además de las ya indicadas, sin embargo, estas circunstancias resultan fútiles ante el catastrófico desenlace ocurrido en la humanidad de la señora (…). Pero lo que suena aún más ilógico, por decir lo menos, es que la demandante aduzca que el homicidio lo ocasionó la víctima por llegar a altas horas de la noche, cuando soslayó «las recomendaciones de convivencia», con lo que denota un evidente sesgo exculpatorio e indolente ante la evidente negligencia en su actuar. En otras palabras, como los servidores públicos son responsables por acción, omisión o extralimitación en sus funciones, para la Sala no existe duda de que la actora omitió «dar aplicación a las medidas definitivas de protección establecidas en el artículo 5º. de la Ley 294 de 1996, tendientes a impedir la posibilidad de nuevas agresiones a la víctima de violencia intrafamiliar», pues, se insiste, la misma solicitante puso en antecedentes a la demandante y con la entrevista, si se hubiese interesado en proteger a la víctima y si en la correspondiente entrevista se hubiese interesado en proteger a la víctima y no en dar credibilidad a la versión del mitómano agresor de la hoy occisa, hubiese cumplido su función de manera adecuada. No se puede vaticinar que se le salvara la vida a la señora (…) (q. e. p. d.), pero sí que el Estado hubiese brindado una atención oportuna, pertinente y eficaz ante su situación de vulnerabilidad.(…)

 

 

Expediente 11001 03 25 000 2020 00995 de 2023

EMITEN NUEVA SENTENCIA SOBRE LA ACCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS SOBRE PENSIONES

[E]n el sublite, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen de transición al que alude el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme a la interpretación literal según la cual se garantiza el acceso a la prestación con la edad regulada en la norma anterior; o por el contrario, se debe emplear el régimen anterior en su integridad, en virtud del principio de inescindibilidad. Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada en la primera parte del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con 20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio (…).(…) Teniendo en cuenta que el señor (…) laboró para el Ministerio de Defensa Nacional desde el 16 de agosto de 1969 hasta el 9 de agosto de 1971 y para el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, desde el 20 de agosto de 1971 hasta el 25 de agosto de 1990, se aplicará en el sub examine el Decreto 3135 de 1968 en cuanto a la edad requerida por el trabajador para acceder a la pensión de jubilación, en armonía con las reglas de unificación previstas en la sentencia del 28 de agosto de 2018. (…) Si bien el demandado estaba cobijado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, también es cierto que consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no antes. Por ende, la liquidación de la prestación debía atender la normativa vigente para ese momento, en los términos del artículo 36 ibidem. En consecuencia, esta situación no lo excluye del ámbito de aplicación de la mencionada Ley 100 de 1993 en las condiciones indicadas por la jurisprudencia vinculante y vigente para la época, que para el caso del Consejo de Estado era la sentencia del 28 de agosto de 2018, notificada el 12 de septiembre del mismo año y que ya se encontraba ejecutoriada para la fecha en la que se emitió la providencia objeto de revisión. En ese orden, el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir la sentencia del 6 de diciembre de 2019, que definió la segunda instancia dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor (…) contra la UGPP, debió aplicar dicho precedente, sin embargo, no lo hizo. (…) Por las razones expuestas, es plausible concluir que se configura la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 

Expediente 23001 23 31 000 2008 00193 02 de 2023

¿EL ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO ES INCOMPATIBLE CON EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL?

Esta sala no comparte las afirmaciones de la sentencia acerca de que el rompimiento del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual. (…) Según el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tienen derecho, «previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato». (…) Si la entidad demandante incumple el deber que le impone esta norma de restablecer el equilibrio económico del contrato cuando se configuran los presupuestos para ello, incurre en un incumplimiento contractual.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 5 NUMERAL 1

 

Expediente 50001 23 31 000 2010 053401 de 2023

REVOCAN SENTENCIA QUE CONDENABA A EJÉRCITO NACIONAL POR MUERTE DE DESMOVILIZADA E INFORMANTE.

l Estado, como garante de los derechos fundamentales de las personas, no le son aplicables de forma idéntica las normas que rigen la responsabilidad civil entre los particulares. Es engañoso afirmar que sus obligaciones legales y constitucionales son “solo de medio” y no de resultado, como demuestro con ejemplos. El Estado tiene obligaciones de resultado respecto de las personas que están sometidas a una relación de sujeción especial. Preservar la integridad física y la vida de los conscriptos y los internos es un ejemplo. Lo mismo puede afirmarse respecto de las actividades y las cosas peligrosas. En estos eventos, causado un daño, la diligencia o cuidado en la actuación no lo liberan de la obligación de reparar. Además de ser falsa, la consideración es inconveniente, ya que podría exculpar la violación sostenida en el tiempo de derechos fundamentales cuando el Estado no adecúa su conducta para superar una supuesta imposibilidad. Dos ejemplos: el Estado no puede eximirse de la responsabilidad derivada del hacinamiento carcelario con la prueba de que no tiene suficientes instalaciones en relación con el número de internos. Algo similar ocurre cuando se presenta un ataque en contra de un elemento representativo del Estado, y particulares alrededor sufren daños: la obligación de reparar surge, aunque le haya sido imposible al Estado conocer y evitar (omnisciencia y omnipotencia) el hecho. El proyecto pudo limitarse a exponer la falta de prueba del nexo causal. El obiter dictum del que me aparto, como es frecuente, no resiste el contraste con ejemplos. Las decisiones judiciales deben centrarse en el caso concreto y evitar la reproducción mecánica de consideraciones que no resisten análisis.