Octubre 10 – 14 C. Constitucional

Corte Constitucional

 

Sentencia T 331 de 2016

CASOS EN QUE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD DEBEN BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE. La Corte ha establecido que dicha obligación se da cuando ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y cuando de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Esta Corporación no solo ha previsto la necesidad de reconocer el servicio transporte para el usuario sino también para un acompañante en la medida en que el POS no contempla esa posibilidad. Para tal fin, se debe corroborar que el paciente dependa totalmente de un tercero para su movilización, necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y, ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el transporte del tercero. Revoca parcialmente. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Seguridad social. Salud. Servicios médicos. Servicio de transporte. EPS.

Sentencia C 285 de 2016

CORTE SEÑALA QUE EL ESQUEMA INTRODUCIDO EN EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 DESBORDÓ EL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL CON EL QUE CUENTA EL CONGRESO PORQUE SUPRIMIÓ EL PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. El Acto Legislativo 02 de 2015 institucionaliza un sistema de interferencias en el gobierno y administración del poder judicial, tanto por parte de actores externos a la Rama Judicial, como instancias gubernamentales, el Fiscal General de la Nación y representantes de abogados y de la academia, como por parte de quienes integran la función jurisdiccional misma. En un escenario como este, este tipo de mediaciones e intervenciones tienen como efecto que el control sobre la dirección de la Rama Judicial y del sistema de justicia se traslade a estas instancias externas, y que por tanto, se anule el autogobierno judicial, como manifestación del principio de separación de poderes y del principio de independencia judicial. Declara inexequible M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Temas: Competencia. Reforma constitucional. Autonomía. Independencia judicial. Autogobierno.

Sentencia C 474 de 2016

EXISTE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA RESPECTO DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007, PUES EN LA SENTENCIA C-439 SE DECLARÓ SU INEXEQUIBILIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. La Corte encuentra que existe identidad de objeto entre la presente demanda y la estudiada en el expediente D-11213 resuelto mediante sentencia C-439 de 2016, al demandarse en ambos casos el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera en relación con los cargos planteados, pues observa la Sala que la demanda que culminó con la sentencia antes referida alegaba vulneración a los artículos 1, 2 y 150 de la Constitución, por cuanto la norma demandada establece una prevalencia de las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sobre disposiciones de la misma naturaleza; y vulneración de los mismos artículos por considerar que existe una limitación de la competencia del Congreso de la República para la creación de las leyes, aspectos que fueron alegados también en la demanda que aquí se estudia, razón por la que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-439 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Cosa juzgada constitucional. Declaratoria de inexequibilidad. Contratación púbica.

Sentencia T 268 de 2016

EVENTOS EN LOS QUE SE AMENAZA EL DERECHO AL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE UN MENOR CUANDO SE CANCELA SU APADRINAMIENTO. Considera la Corte que ello ocurre cuando al menor no se le hace partícipe del proceso y se le separa intempestivamente de sus padrinos, en el sentido que ello afecta el estado de ánimo del menor. Así las cosas, se debe propender porque a la familia se le permita despedirse del niño y explicarle, desde su punto de vista, las razones de la separación y la cancelación del apadrinamiento; al niño se le permita despedirse de la familia, dándole la oportunidad de expresar sus sentimientos con respecto a la separación; y se haga seguimiento al estado de salud mental del niño para determinar si ha asumido sanamente la separación de la familia padrina, o por el contrario, establecer si de algún modo ese hecho ha afectado su bienestar. Confirma parcialmente M.P. María Victoria Calle Correa

Demanda 11600 del 2016.

FUE RADICADA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY 1730 DE 2014. Mediante acción pública de inconstitucionalidad un ciudadano solicitó a la Corte Constitucional, declarar la inexequibilidad del artículo 1º de la Ley 1730 de 2014 relacionada con la disposición por parte de la autoridad de tránsito competente de vehículos inmovilizados, al señalar que dicha norma atenta contra la propiedad privada reconocida como un derecho en la Constitución Política ya que no es posible que por vía administrativa, se decrete la pérdida de la propiedad del vehículo del infractor. Temas: Propiedad privada. Vía administrativa. Pérdida de la propiedad.

Sentencia T 320 de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR EL DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD DE UNA PERSONA. La Corte ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Es decir que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud, se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Ha reconocido también que dicha garantía también es aplicable a las relaciones laborales surgidas a partir de la suscripción de un contrato a término definido, motivo por el cual, el vencimiento de su término de duración no es razón suficiente para darlo por terminado cuando el empleado se encuentra en estado de debilidad manifiesta. Revoca M.P. Alberto Rojas Ríos Temas: Estabilidad laboral reforzada. Estado de salud. Debilidad manifiesta. Relaciones laborales. Contrato a término fijo.

Sentencia T 367 de 2016

SI BIEN LOS DENOMINADOS SEGUNDOS OCUPANTES NO SE ENCUENTRAN EN LA MISMA POSICIÓN QUE LOS OPOSITORES DE BUENA FE EXENTA DE CULPA, BAJO DETERMINADAS CONDICIONES VERIFICADAS JUDICIALMENTE, SON ACREEDORES A UNA CIERTA PROTECCIÓN POR PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme lo establece los Principios de Pinheiro, específicamente el principio 17, en los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea menoscabado de ningún otro modo. En esa medida, con posterioridad a la adopción de un fallo de restitución de tierras, en el cual se amparan los derechos de los reclamantes, con miras a proteger los derechos de quienes han probado ser segundos ocupantes, los Jueces y Magistrados preservan competencia para decretar ciertas medidas con miras a amparar a esta calidad de opositores (inclusión en programas productivos, etc). De allí que no basta con conminar a la Unidad de Restitución de Tierras para que ésta determine, discrecionalmente, la medida a favor de los segundos ocupantes. Por el contrario, en dichos casos se precisa la expedición de una orden judicial clara y expresa en la materia. Revoca M.P. Alberto Rojas Ríos . Temas: Segundo ocupante. Justicia transicional. Restitución de tierras. Reparación de víctimas.

COMUNICADO # 42 

COMUNICADO # 42 – C 537

EL SANEAMIENTO DE LA NULIDAD POR CAUSA DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NO CONFIGURA UNA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA, COMO LO HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – LO ULTIMO EN MATERIA DE NULIDADES PROCESALES EN EL CGP.

COMUNICADO # 42 – SU 542

LA CORTE DETERMINÓ QUE EL DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA SE PREDICA TAMBIÉN DE LAS PENSIONES DE SOBREVINIENTES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. LA PRESCRIPCIÓN SE SUSPENDE DESDE LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN DE DICHA INDEXACIÓN

Sentencia T 415 de 2016

NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO GENERAL TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. En la medida en que esa circunstancia constituye el camino que permite restablecer el ordenamiento jurídico que haya resultado vulnerado por causa de la vigencia del acto expulsado. De acuerdo con ello, se excluyen de tales efectos, las situaciones jurídicas consolidadas siempre y cuando las mismas constituyan un beneficio para el destinatario del respectivo acto administrativo. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva . Temas: Debido proceso. Nulidad. Acto administrativo. Contenido general. Efectos retroactivos.

Sentencia T 420 de 2016

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA NO SE CONCRETA ÚNICAMENTE CON LA ENTREGA DE UN INMUEBLE, SINO QUE IMPLICA QUE EL MISMO SEA ADECUADO PARA LA HABITACIÓN DE QUIEN ES SU TITULAR, GARANTIZANDO SU GOCE REAL Y EFECTIVO. Tratándose de población en situación en discapacidad beneficiaria de subsidios de vivienda, la entidad gubernamental ejecutora de la política pública de vivienda, no culmina su labor con la entrega física y jurídica del inmueble asignado, sino que tiene el compromiso de velar porque la solución habitacional satisfaga unos estándares suficientes de accesibilidad física que hagan realidad la materialización del derecho a la vivienda digna. En tal sentido, esta Corporación frente al déficit de accesibilidad física a unidades habitacionales entregadas vía subsidio de vivienda a población en situación de discapacidad, ha ordenado: reubicar en un primer piso del proyecto de vivienda asignado o en otro de condiciones similares, a quienes solicitan remover obstáculos y demuestran la situación de discapacidad; y realizar las adecuaciones y modificaciones arquitectónicas de la unidad habitacional cuando se afecte el desplazamiento y movilidad de personas con discapacidad, siendo irrelevante si la situación de discapacidad surgió antes o después de la asignación del subsidio de vivienda. Concede M.P. María Victoria Calle Correa  Temas: Acción de tutela. Derecho. Vivienda digna. Enfoque diferencial. Discapacidad.

Demanda 11641 del 2016.

INTERPONEN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY 1564 DE 2012. Mediante acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual reglamenta la cuantía a partir de la cual se pueden interponer recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia; los demandantes consideran que limitar la interposición del recurso al hecho de que se exceda de una cuantía previamente determinada, lesiona los derechos de igualdad (formal y material) y el acceso a la justicia de los ciudadanos al imponer de manera injustificada una condición económica para recurrir decisiones judiciales.. Temas: Recurso de casación. Cuantía. Demanda de inconstitucionalidad.

Sentencia T 462 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO EN DIFERENTES OPORTUNIDADES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CIUDADANOS PARA OBTENER LA PENSIÓN ANTICIPADA DE VEJEZ DISPUESTA EN EL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 100 DE 1993. Ha determinado que la pensión anticipada de vejez se diferencia de la ordinaria de jubilación, en la medida en que la primera exonera al solicitante de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización dispuestos en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo se pide que el solicitante tenga 55 años y exige únicamente 1000 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social. Ha establecido además que la pensión consagrada en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se diferencia de la pensión de invalidez, en la medida en que esta última requiere del conocimiento del origen de la discapacidad, mientras que para la pensión anticipada de vejez no es necesario tener conocimiento del origen de la discapacidad (simplemente que su porcentaje supere el 50), ni la cotización de un número de semanas antes de la estructuración o del hecho que la originó, sino, el probar que se tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Derecho fundamental. Seguridad social. Mínimo vital. Pensión anticipada de vejez.

Sentencia C 452 del 2016.

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1015 DE 2006 QUE REGULA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA. A través de la sentencia C-452 de 2016, la Corte Constitucional decretó que el artículo 35 (parcial) de la Ley 1015 de 2006 en la cual se expide el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, que define como faltas graves aquellas expresiones injuriosas o calumniosas proferidas en público, no es contrario a la Constitución ya que se limita a definir como falta la conducta realizada en público debido a que la autonomía de la voluntad y el ámbito privado de las personas, son zonas en las cuales el Estado no puede tener injerencia o en caso contrario incurriría en desconocimiento del derecho a la intimidad. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. . Temas: Faltas graves. Régimen disciplinario. Policía Nacional.

Sentencia C 471 del 2016.

LAS VÍCTIMAS TAMBIÉN PUEDEN SOLICITAR AL JUEZ QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL A LA CUAL HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 906 DE 2004 (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL). Respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, en la cual se dispone quiénes pueden solicitar al juez que decrete la conexidad procesal, la Corte Constitucional decretó que tanto el artículo antes mencionado como el parágrafo del mismo son considerados exequibles, en el entendido de que en la audiencia preparatoria las víctimas también puedan solicitar que se decrete la conexidad, en aras de garantizar la participación efectiva de estas en el proceso penal y los derechos a la verdad y la reparación. Exequible. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Audiencia preparatoria. Víctimas. Conexidad procesal.

Demanda 11582 del 2016.

SE INTERPONE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA EJERCER COMO JUEZ DE PAZ. A través de la acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, el cual impide ejercer como jueces de paz a quienes se les haya dictado en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atenta contra la administración pública o de justicia; los argumentos presentados por el demandante consideran que dicha norma es contraria a la Constitución, debido a que no reconoce el derecho de igualdad de las personas ante la ley, la no discriminación y la presunción de inocencia, hasta que exista sentencia debidamente ejecutoriada que declare la responsabilidad del investigado. Temas: Juez de paz. Régimen de inhabilidades. Igualdad. No discriminación. Presunción de inocencia.

Sentencia T 323 de 2016

CUANDO EL EMPLEADOR OMITE SU OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DEBE RECONOCER LA PENSIÓN SANCIÓN. La Corte Constitucional ha dispuesto el reconocimiento de la pensión sanción en los eventos en que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, según el caso, en el artículo 8 de la ley 171 de 1961, modificado por las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. Esto es: la existencia de un contrato trabajo que estuvo vigente por diez años o más, que la relación laboral finalizó por el despido sin justa causa y (que durante la vigencia de la relación laboral el empleador omitió el deber de afiliación al régimen de seguridad social en pensiones. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva : Pensión sanción. Reconocimiento. Afiliación al sistema pensional. Contrato de trabajo. Vigencia relación laboral. Despido sin justa causa.

Demanda 11588 de 2016

RADICADA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 100 DE 1993 REFERENTE AL REAJUSTE ANUAL DE LAS PENSIONES. El demandante afirma que la norma acusada infringe la obligación del Estado de mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones y proteger el derecho de quienes gozan de esta prestación a que la misma mantenga su poder adquisitivo. Aduce que el reajuste anual con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, no mantiene el poder adquisitivo de la prestación cuando éste se mide de acuerdo con la inflación porque no equivale al valor del índice acumulado, y corresponde al año inmediatamente anterior y no a la variación porcentual correspondiente a cada uno de los meses del año actual. . Temas: Sistema general de pensiones. Reajuste pensional. Mesadas. IPC. Poder adquisitivo. Principio de favorabilidad.

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