Octubre 10 – 14 Sala Penal

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 47660 del 2016.

EL FUNCIONARIO JUDICIAL NO PUEDE OTORGAR PERMISOS DE TRABAJO O ESTUDIO DE MODO ABIERTO AL CONDENADO, YA QUE ELLO IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO. Respecto a la imposición de condenas por parte del juez, este debe tener en cuenta que las personas privadas de la libertad en prisión domiciliaria tienen las mismas garantías de trabajo que los internos de las cárceles, sin que haya distinciones entre la labor material e intelectual a desempeñar por parte del recluso, pero la Ley 1709 de 2014 en ningún momento faculta al funcionario judicial a conceder mediante una providencia carente de motivación, permisos al condenado para realizar diligencias indeterminadas fuera del domicilio, es decir que en su auto el juez debe expresar en qué consiste el permiso otorgado y las razones por las cuales lo decide. Confirma. M.P. Carlos Enrique Malo Fernández. . Temas: Condenas. Juez. Permisos. Providencia. Motivación.

Auto 45608 de 2016

SALA PENAL PRECISA LOS EVENTOS BAJO LOS CUALES NO ES POSIBLE ADMITIR LA DEMANDA DE CASACIÓN. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la demanda de casación no será admitida cuando el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, circunstancia esta última que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder los planteamientos del demandante sin acudir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación. No Admite. M.P. Eugenio Fernández Carlier . Temas: Recurso extraordinario. Casación. Admisión.

Expediente 45175 de 2016

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS NO SE VULNERA CUANDO EL JUEZ DE SEGUNDO GRADO IMPONE AL SENTENCIADO LA PENA ACCESORIA QUE FUE OMITIDA EN PRIMERA INSTANCIA. Por cuanto esta sanción accede a una principal y no desmejora la posición del único apelante sino que obedece al cumplimiento de una imposición normativa de carácter obligatorio. En relación a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, el artículo 52 del Código Penal es claro al establecer que la pena de prisión implica las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, estableciendo una discrecionalidad del Juez en cuanto al término de la sanción, más no a la potestad de imponerla o no. Casa oficiosa y parcialmente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Pena principal. Pena accesoria. Ejercicio. Derechos y funciones públicas. No reformatio in pejus.

Expediente 86652 del 2016.
EN LAS ACCIONES DE TUTELA QUE RECLAMAN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS PENSIONALES, NO ES POSIBLE DAR APLICACIÓN AL REQUISITO DE INMEDIATEZ. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela debe ser interpuesta y analizada para cada caso concreto ya que dependiendo de cada particularidad, es posible aplicar el requisito de inmediatez consistente en que se interponga la acción de tutela dentro de los seis meses a la ocurrencia de los hechos, pero hay otros eventos en los que se concede el término de dos años para ejercer la tutela; de modo que en el reclamo de derechos pensionales no es procedente alegar la inmediatez pues no es posible interpretar tal término como una caducidad de la acción, toda vez que la Constitución en ningún momento lo establece. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Derechos pensionales. Caducidad. Requisito de inmediatez.

Auto 48682 del 2016.
APLICACIÓN DE LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS NO OPERA SOBRE LOS DELITOS QUE FUERON OBJETO DE PRÓRROGA EN LA LEY 1786 DE 2016. Manifiesta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en materia de libertad por vencimiento de términos, señalada en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, esta procede respecto de todos los procesos penales que se adelanten e inclusive sobre aquellos iniciados con anterioridad al 1º de julio de 2016, a excepción de aquellos delitos sobre los cuales operó la prórroga señalada por la Ley 1786 de 2016; lo anterior obedece a la necesidad de respetar las garantías fundamentales y de emplear la interpretación favorable más amplia posible, que permita mantener el derecho a la igualdad en el procedimiento penal. Confirma. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.Temas: Libertad. Vencimiento de términos. Prórroga.

Auto 46076 del 2016.

AL INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN, LA PARTE ACTORA SE ENCUENTRA OBLIGADA A SUSTENTAR DEBIDAMENTE EL MISMO. Teniendo en cuenta los requisitos dispuestos por el artículo 212-3 de la Ley 600 de 2000, como elemento fundamental para poder admitir el recurso de casación en contra de la sentencia es necesario sustentarlo debidamente, ello implica que el censor se encuentra obligado a especificar de manera clara y precisa tanto las causales invocadas como los fundamentos de las mismas; en caso de que no se cumplan con tales exigencias el juez se encuentra facultado para inadmitir el recurso, con el objetivo de que los errores sean subsanados en el término legal establecido. Inadmitir. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Recurso de casación. Sustentar. Inadmitir.

Expediente 42477 del 2016.

CUANDO SE CONFIGURA EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN EL JUEZ PUEDE DECRETARLA RESPECTO DE AQUELLOS DELITOS CON LOS CUALES SE RELACIONE Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN CON LOS DEMÁS. Aunque las partes no lo soliciten directamente el juez puede de oficio decretar la prescripción de la acción penal cuando se haya cumplido el plazo legal definido sin emitir sentencia condenatoria, pero ello no impide que se deba continuar el trámite respecto de los otros delitos cometidos ya que el término de prescripción opera de manera individual para cada delito, debido a que las normas establecen de manera específica para cada uno el término con el cual cuenta el Estado para poder condenar al investigado en caso de resultar culpable. Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.  Temas: Prescripción. Delitos. Investigación.

Expediente 45619 de 2016

ADMISIBILIDAD DEL REGISTRO INCIDENTAL. En la sentencia C-822 de 2005 la Corte Constitucional precisó que el registro incidental es válido siempre que se trate de una captura legítima, ordenada por un juez; se realice inmediatamente después de la captura; recaiga sobre la superficie de la persona, su indumentaria y de los enseres que lleve consigo; y no entrañe observar a la persona desnuda ni el tocamiento de órganos sexuales y senos. Casa M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Registro incidental. Admisibilidad. Captura legítima.

Auto 48573 de 2016

PETICIÓN DE NULIDAD PROCESAL ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DIRIGE CONTRA UN ACTO DE PARTE COMO ES LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. Dicha medida sólo es viable frente a las actuaciones de los funcionarios judiciales. En efecto, para los primeros (actos procesales de parte), al constituir meras postulaciones, la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad, el rechazo o la exclusión que, por regla general, no inciden en la validez del proceso. Mientras que, los actos procesales del juez, al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza de ejecutoria material, sí tienen la potencialidad de lesionar garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulación, claro está, si ello no fue posible con otros remedios como la corrección de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnación. Se abstiene. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández Temas: Petición. Nulidad. Procedencia. Actos procesales judiciales. Actos procesales de parte. Formulación de acusación.

Expediente 13729 del 2016

NUEVA SENTENCIA SOBRE PREVARICATO POR ACCIÓN. Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 413 del Código Penal, el cual dice que incurre en el delito de prevaricato por acción 

Expediente 43916 del 2016.

EL JUEZ SE ENCUENTRA FACULTADO PARA FALLAR DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, AL VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ERRORES POR PARTE DEL INFERIOR JERÁRQUICO AL MOMENTO DE HABER INTERPRETADO LA NORMA. Dentro de la investigación penal por acceso carnal en contra de menores de edad, el Tribunal de primera instancia determinó de manera errada la circunstancia de agravación punitiva definida por el artículo 211, numeral 2º del Código Penal, ya que hizo la debida apreciación probatoria del menor de edad afectado en la cuales se desvirtuaba la posible existencia de una relación laboral entre este y su abusador; por lo tanto al no haberse configurado tal causal tampoco era procedente proceder a la agravación de la pena, ya que ello implicaba una indebida interpretación de la ley que afecta derechos del investigado y esto permite que la Corte, al evidenciar tal error, pueda casar de oficio para subsanar los errores en que incurrió la decisión de primera instancia.Desestima. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado

Expediente 45585 de 2016

NINGÚN SENTIDO TIENE ANULAR EL JUICIO EN ARAS DE RESTABLECER GARANTÍAS QUE APUNTAN AL EJERCICIO PLENO DE LA DEFENSA, CUANDO ESTE TIENE COMO FINALIDAD LA DECLARATORIA DE INOCENCIA, SI LO ACTUADO HASTA ENTONCES PERMITE DECIDIR EN ESE SENTIDO. El reconocimiento de la absolución, como expresión máxima de la garantía del derecho a la defensa, implica que frente a varias propuestas debe preferirse la que imponga la absolución por encima de las que plantean la nulidad. Precluye M.P. José Luis Barceló Camacho Temas: Nulidad. Juicio. Restablecimiento. Garantías. Defensa. Declaratoria de inocencia. Absolución.