Octubre 10 al 14 de 2016

Corte Constitucional

Sentencia T 331 de 2016

CASOS EN QUE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD DEBEN BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE. La Corte ha establecido que dicha obligación se da cuando ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y cuando de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Esta Corporación no solo ha previsto la necesidad de reconocer el servicio transporte para el usuario sino también para un acompañante en la medida en que el POS no contempla esa posibilidad. Para tal fin, se debe corroborar que el paciente dependa totalmente de un tercero para su movilización, necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y, ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el transporte del tercero. Revoca parcialmente. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Seguridad social. Salud. Servicios médicos. Servicio de transporte. EPS.

Sentencia C 285 de 2016

CORTE SEÑALA QUE EL ESQUEMA INTRODUCIDO EN EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 DESBORDÓ EL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL CON EL QUE CUENTA EL CONGRESO PORQUE SUPRIMIÓ EL PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. El Acto Legislativo 02 de 2015 institucionaliza un sistema de interferencias en el gobierno y administración del poder judicial, tanto por parte de actores externos a la Rama Judicial, como instancias gubernamentales, el Fiscal General de la Nación y representantes de abogados y de la academia, como por parte de quienes integran la función jurisdiccional misma. En un escenario como este, este tipo de mediaciones e intervenciones tienen como efecto que el control sobre la dirección de la Rama Judicial y del sistema de justicia se traslade a estas instancias externas, y que por tanto, se anule el autogobierno judicial, como manifestación del principio de separación de poderes y del principio de independencia judicial. Declara inexequible M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Temas: Competencia. Reforma constitucional. Autonomía. Independencia judicial. Autogobierno.

Sentencia C 474 de 2016

EXISTE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA RESPECTO DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007, PUES EN LA SENTENCIA C-439 SE DECLARÓ SU INEXEQUIBILIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. La Corte encuentra que existe identidad de objeto entre la presente demanda y la estudiada en el expediente D-11213 resuelto mediante sentencia C-439 de 2016, al demandarse en ambos casos el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera en relación con los cargos planteados, pues observa la Sala que la demanda que culminó con la sentencia antes referida alegaba vulneración a los artículos 1, 2 y 150 de la Constitución, por cuanto la norma demandada establece una prevalencia de las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sobre disposiciones de la misma naturaleza; y vulneración de los mismos artículos por considerar que existe una limitación de la competencia del Congreso de la República para la creación de las leyes, aspectos que fueron alegados también en la demanda que aquí se estudia, razón por la que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-439 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Cosa juzgada constitucional. Declaratoria de inexequibilidad. Contratación púbica.

Sentencia T 268 de 2016

EVENTOS EN LOS QUE SE AMENAZA EL DERECHO AL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE UN MENOR CUANDO SE CANCELA SU APADRINAMIENTO. Considera la Corte que ello ocurre cuando al menor no se le hace partícipe del proceso y se le separa intempestivamente de sus padrinos, en el sentido que ello afecta el estado de ánimo del menor. Así las cosas, se debe propender porque a la familia se le permita despedirse del niño y explicarle, desde su punto de vista, las razones de la separación y la cancelación del apadrinamiento; al niño se le permita despedirse de la familia, dándole la oportunidad de expresar sus sentimientos con respecto a la separación; y se haga seguimiento al estado de salud mental del niño para determinar si ha asumido sanamente la separación de la familia padrina, o por el contrario, establecer si de algún modo ese hecho ha afectado su bienestar. Confirma parcialmente M.P. María Victoria Calle Correa

Demanda 11600 del 2016.

FUE RADICADA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY 1730 DE 2014. Mediante acción pública de inconstitucionalidad un ciudadano solicitó a la Corte Constitucional, declarar la inexequibilidad del artículo 1º de la Ley 1730 de 2014 relacionada con la disposición por parte de la autoridad de tránsito competente de vehículos inmovilizados, al señalar que dicha norma atenta contra la propiedad privada reconocida como un derecho en la Constitución Política ya que no es posible que por vía administrativa, se decrete la pérdida de la propiedad del vehículo del infractor. Temas: Propiedad privada. Vía administrativa. Pérdida de la propiedad.

Sentencia T 320 de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR EL DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD DE UNA PERSONA. La Corte ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Es decir que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud, se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Ha reconocido también que dicha garantía también es aplicable a las relaciones laborales surgidas a partir de la suscripción de un contrato a término definido, motivo por el cual, el vencimiento de su término de duración no es razón suficiente para darlo por terminado cuando el empleado se encuentra en estado de debilidad manifiesta. Revoca M.P. Alberto Rojas Ríos Temas: Estabilidad laboral reforzada. Estado de salud. Debilidad manifiesta. Relaciones laborales. Contrato a término fijo.

Sentencia T 367 de 2016

SI BIEN LOS DENOMINADOS SEGUNDOS OCUPANTES NO SE ENCUENTRAN EN LA MISMA POSICIÓN QUE LOS OPOSITORES DE BUENA FE EXENTA DE CULPA, BAJO DETERMINADAS CONDICIONES VERIFICADAS JUDICIALMENTE, SON ACREEDORES A UNA CIERTA PROTECCIÓN POR PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme lo establece los Principios de Pinheiro, específicamente el principio 17, en los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea menoscabado de ningún otro modo. En esa medida, con posterioridad a la adopción de un fallo de restitución de tierras, en el cual se amparan los derechos de los reclamantes, con miras a proteger los derechos de quienes han probado ser segundos ocupantes, los Jueces y Magistrados preservan competencia para decretar ciertas medidas con miras a amparar a esta calidad de opositores (inclusión en programas productivos, etc). De allí que no basta con conminar a la Unidad de Restitución de Tierras para que ésta determine, discrecionalmente, la medida a favor de los segundos ocupantes. Por el contrario, en dichos casos se precisa la expedición de una orden judicial clara y expresa en la materia. Revoca M.P. Alberto Rojas Ríos . Temas: Segundo ocupante. Justicia transicional. Restitución de tierras. Reparación de víctimas.

COMUNICADO # 42 

COMUNICADO # 42 – C 537

EL SANEAMIENTO DE LA NULIDAD POR CAUSA DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NO CONFIGURA UNA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA, COMO LO HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – LO ULTIMO EN MATERIA DE NULIDADES PROCESALES EN EL CGP.

COMUNICADO # 42 – SU 542

LA CORTE DETERMINÓ QUE EL DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA SE PREDICA TAMBIÉN DE LAS PENSIONES DE SOBREVINIENTES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. LA PRESCRIPCIÓN SE SUSPENDE DESDE LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN DE DICHA INDEXACIÓN

Sentencia T 415 de 2016

NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO GENERAL TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. En la medida en que esa circunstancia constituye el camino que permite restablecer el ordenamiento jurídico que haya resultado vulnerado por causa de la vigencia del acto expulsado. De acuerdo con ello, se excluyen de tales efectos, las situaciones jurídicas consolidadas siempre y cuando las mismas constituyan un beneficio para el destinatario del respectivo acto administrativo. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva . Temas: Debido proceso. Nulidad. Acto administrativo. Contenido general. Efectos retroactivos.

Sentencia T 420 de 2016

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA NO SE CONCRETA ÚNICAMENTE CON LA ENTREGA DE UN INMUEBLE, SINO QUE IMPLICA QUE EL MISMO SEA ADECUADO PARA LA HABITACIÓN DE QUIEN ES SU TITULAR, GARANTIZANDO SU GOCE REAL Y EFECTIVO. Tratándose de población en situación en discapacidad beneficiaria de subsidios de vivienda, la entidad gubernamental ejecutora de la política pública de vivienda, no culmina su labor con la entrega física y jurídica del inmueble asignado, sino que tiene el compromiso de velar porque la solución habitacional satisfaga unos estándares suficientes de accesibilidad física que hagan realidad la materialización del derecho a la vivienda digna. En tal sentido, esta Corporación frente al déficit de accesibilidad física a unidades habitacionales entregadas vía subsidio de vivienda a población en situación de discapacidad, ha ordenado: reubicar en un primer piso del proyecto de vivienda asignado o en otro de condiciones similares, a quienes solicitan remover obstáculos y demuestran la situación de discapacidad; y realizar las adecuaciones y modificaciones arquitectónicas de la unidad habitacional cuando se afecte el desplazamiento y movilidad de personas con discapacidad, siendo irrelevante si la situación de discapacidad surgió antes o después de la asignación del subsidio de vivienda. Concede M.P. María Victoria Calle Correa  Temas: Acción de tutela. Derecho. Vivienda digna. Enfoque diferencial. Discapacidad.

Demanda 11641 del 2016.

INTERPONEN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY 1564 DE 2012. Mediante acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual reglamenta la cuantía a partir de la cual se pueden interponer recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia; los demandantes consideran que limitar la interposición del recurso al hecho de que se exceda de una cuantía previamente determinada, lesiona los derechos de igualdad (formal y material) y el acceso a la justicia de los ciudadanos al imponer de manera injustificada una condición económica para recurrir decisiones judiciales.. Temas: Recurso de casación. Cuantía. Demanda de inconstitucionalidad.

Sentencia T 462 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO EN DIFERENTES OPORTUNIDADES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CIUDADANOS PARA OBTENER LA PENSIÓN ANTICIPADA DE VEJEZ DISPUESTA EN EL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 100 DE 1993. Ha determinado que la pensión anticipada de vejez se diferencia de la ordinaria de jubilación, en la medida en que la primera exonera al solicitante de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización dispuestos en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo se pide que el solicitante tenga 55 años y exige únicamente 1000 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social. Ha establecido además que la pensión consagrada en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se diferencia de la pensión de invalidez, en la medida en que esta última requiere del conocimiento del origen de la discapacidad, mientras que para la pensión anticipada de vejez no es necesario tener conocimiento del origen de la discapacidad (simplemente que su porcentaje supere el 50), ni la cotización de un número de semanas antes de la estructuración o del hecho que la originó, sino, el probar que se tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Derecho fundamental. Seguridad social. Mínimo vital. Pensión anticipada de vejez.

Sentencia C 452 del 2016.

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1015 DE 2006 QUE REGULA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA. A través de la sentencia C-452 de 2016, la Corte Constitucional decretó que el artículo 35 (parcial) de la Ley 1015 de 2006 en la cual se expide el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, que define como faltas graves aquellas expresiones injuriosas o calumniosas proferidas en público, no es contrario a la Constitución ya que se limita a definir como falta la conducta realizada en público debido a que la autonomía de la voluntad y el ámbito privado de las personas, son zonas en las cuales el Estado no puede tener injerencia o en caso contrario incurriría en desconocimiento del derecho a la intimidad. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. . Temas: Faltas graves. Régimen disciplinario. Policía Nacional.

Sentencia C 471 del 2016.

LAS VÍCTIMAS TAMBIÉN PUEDEN SOLICITAR AL JUEZ QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL A LA CUAL HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 906 DE 2004 (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL). Respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, en la cual se dispone quiénes pueden solicitar al juez que decrete la conexidad procesal, la Corte Constitucional decretó que tanto el artículo antes mencionado como el parágrafo del mismo son considerados exequibles, en el entendido de que en la audiencia preparatoria las víctimas también puedan solicitar que se decrete la conexidad, en aras de garantizar la participación efectiva de estas en el proceso penal y los derechos a la verdad y la reparación. Exequible. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Audiencia preparatoria. Víctimas. Conexidad procesal.

Demanda 11582 del 2016.

SE INTERPONE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA EJERCER COMO JUEZ DE PAZ. A través de la acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, el cual impide ejercer como jueces de paz a quienes se les haya dictado en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atenta contra la administración pública o de justicia; los argumentos presentados por el demandante consideran que dicha norma es contraria a la Constitución, debido a que no reconoce el derecho de igualdad de las personas ante la ley, la no discriminación y la presunción de inocencia, hasta que exista sentencia debidamente ejecutoriada que declare la responsabilidad del investigado. Temas: Juez de paz. Régimen de inhabilidades. Igualdad. No discriminación. Presunción de inocencia.

Sentencia T 323 de 2016

CUANDO EL EMPLEADOR OMITE SU OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DEBE RECONOCER LA PENSIÓN SANCIÓN. La Corte Constitucional ha dispuesto el reconocimiento de la pensión sanción en los eventos en que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, según el caso, en el artículo 8 de la ley 171 de 1961, modificado por las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. Esto es: la existencia de un contrato trabajo que estuvo vigente por diez años o más, que la relación laboral finalizó por el despido sin justa causa y (que durante la vigencia de la relación laboral el empleador omitió el deber de afiliación al régimen de seguridad social en pensiones. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva : Pensión sanción. Reconocimiento. Afiliación al sistema pensional. Contrato de trabajo. Vigencia relación laboral. Despido sin justa causa.

Demanda 11588 de 2016

RADICADA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 100 DE 1993 REFERENTE AL REAJUSTE ANUAL DE LAS PENSIONES. El demandante afirma que la norma acusada infringe la obligación del Estado de mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones y proteger el derecho de quienes gozan de esta prestación a que la misma mantenga su poder adquisitivo. Aduce que el reajuste anual con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, no mantiene el poder adquisitivo de la prestación cuando éste se mide de acuerdo con la inflación porque no equivale al valor del índice acumulado, y corresponde al año inmediatamente anterior y no a la variación porcentual correspondiente a cada uno de los meses del año actual. . Temas: Sistema general de pensiones. Reajuste pensional. Mesadas. IPC. Poder adquisitivo. Principio de favorabilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 44878 de 2016

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO PENSIONAL Y DE LA ACCIÓN PARA RECLAMARLO. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades que el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, dado su carácter vitalicio por lo que se puede hacer en cualquier tiempo. Así, en sentencia CSJ SL, del 6 de febrero de 1996, radicado 8188, indicó que la acción que se dirija a reclamar esa prestación (pensión de jubilación) puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario, bajo el entendido que del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción. No Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Pensión de jubilación. Imprescriptibilidad. Acción. Reclamación del derecho.

Expediente 53370 de 2016

COMPARTIBILIDAD PENSIONAL ES APLICABLE INCLUSO EN TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO. El hecho de la afiliación de un trabajador oficial al entonces Instituto de los Seguros Sociales, no significa la pérdida del derecho a pensionarse, para el caso, bajo el régimen del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, según el cual, el reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, se encuentra a cargo del empleador oficial, quien deberá cubrir la jubilación hasta cuando el ISS, conforme sus reglamentos reconozca la pensión de vejez, en cuyo caso y bajo el amparo del artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, este sólo estaría obligado a asumir el mayor valor entre ambas pensiones en aplicación de la figura de la compartibilidad.   Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga.. Temas: Pensión restringida de jubilación. Retiro voluntario. Compartibilidad pensional.

Expediente 43788 de 2016

SE DESNATURALIZA LA SUBSIDIARIDAD DE LA SOLICITUD DE AMPARO, SI SO PRETEXTO DE RESOLVER UN CONFLICTO PARA PROTEGER DERECHOS SUPERIORES SE OMITE SU DISCUSIÓN EN EL ESPACIO PROCESAL PERTINENTE. De manera que, en principio, y así lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previo a interponer la acción de tutela, las partes agoten las herramientas jurídicas ordinarias con las que cuentan para obtener la protección de sus derechos, y luego de ello, si estiman que persiste la vulneración, expongan la controversia ante el Juez Constitucional para que la decida. Niega M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Medios ordinarios. Protección de derechos.

Expediente 43971 de 2016

CUANDO SE PRESENTA COEXISTENCIA DE CONVENCIONES COLECTIVAS POR RAZÓN DE UNA FUSIÓN DE EMPRESAS, EL TRABAJADOR SOLO TIENE DERECHO A QUE SE LE APLIQUE LA QUE LO COBIJABA ANTES DE LA FUSIÓN. No es posible crear una mixtura con lo favorable de los diferentes convenios concurrentes. Es un hecho indiscutido que la empresa Mineralco S.A. fue fusionada con la empresa Ecocarbón Ltda, dando paso a una nueva (Minercol Ltda). En las empresas fusionadas existían convenciones colectivas de trabajo, suscritas por las respectivas organizaciones sindicales de empresa. La demandante trabajó para Ecocarbón Ltda, pero nunca lo hizo para Mineralco S.A. Por lo tanto, es claro que la convención colectiva de la que se beneficiaba cuando fue trabajadora de Ecocarbón Ltda le continuó siendo aplicable cuando siguió prestando sus servicios a la nueva empresa surgida de la fusión, esto es, Minercol Ltda. Pero, por ninguna razón, podía beneficiarse de una convención colectiva vigente en una empresa a la que no le trabajó, suscrita por un sindicato del que, además, nunca formó parte, porque, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, el Decreto 904 de 1951, que sirve de sustento a las pretensiones, no es aplicable en tratándose de la fusión de sociedades. No Casa M.P. Gerardo Botero ZuluagaTemas: Organizaciones sindicales. Convención colectiva. Beneficios convencionales. Coexistencia de convenciones.

Expediente 45817 de 2016

AL VERIFICARSE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL, LOS CONTRATOS DE TRABAJO NO PUEDEN SER EXTINGUIDOS, SUSPENDIDOS O MODIFICADOS. Lo que indica que tal como lo sostuvo el juez de segunda instancia, el de la actora no sufrió solución de continuidad; de ahí que al entrar a formar parte del Banco Comercial Antioqueño S.A., se entiende que fue con este que la demandante celebró su contrato y, por tanto, pasó a ser beneficiaria de las prerrogativas convencionales que amparaban a sus trabajadores. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Convención colectiva. Pensión de jubilación. Sustitución patronal. Contratos de trabajo.

Expediente 62919 de 2016

EN EL RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL EL VALOR DE LA PRESTACIÓN SE ENCUENTRA CONFORMADO POR LA ASIGNACIÓN BÁSICA MÁS LAS DOCEAVAS PARTES DE LAS DEMÁS RETRIBUCIONES QUE SE CAUSAN POR AÑO DE SERVICIO O PROPORCIONAL A ÉSTE. Cuando se trate de integrar la base salarial para liquidar la pensión, debe tomarse su doceava parte y no su totalidad, pero no ocurre lo mismo con la prima de antigüedad, el subsidio de transporte o el subsidio de alimentación, pues estos conceptos se causan mes a mes y se cancelan precisamente por ese lapso, de ahí que como monto para conformar la base salarial, se tome el total de lo cancelado por ello en el mes correspondiente. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Régimen especial. Empleados. Funcionarios. Rama judicial. Pensión de jubilación. Doceavas.

Expediente 47354 de 2016

EL TIEMPO DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE SER COMPUTADO PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ, SOBREVIVENCIA E INVALIDEZ. En el entendido que la protección en pensiones que ofrece la Ley 100 de 1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidez y muerte, de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad. En estos casos, la Nación debe concurrir a la financiación de la pensión, mediante un bono pensional por el tiempo de servicio militar obligatorio. Así lo prevé el literal b del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 al señalar que tendrán derecho a un bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad, hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Servicio militar obligatorio. Dependencia económica. Convivencia.

Expediente 67481 de 2016

FORMA PARA DEMOSTRAR EL PARENTESCO EN LOS CASOS ADELANTADOS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE JUSTICIA ES MENOS FORMAL Y MÁS FLEXIBLE QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO. La prueba de parentesco no se encuentra ligada a la tarifa legal del derecho interno, por cuanto se ha establecido que para estos casos especiales dada la condición de vulnerabilidad de los familiares de las víctimas, se debe apreciar el sistema probatorio con una flexibilidad de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que no es permitido que el Estado someta a tales víctimas a procedimientos adicionales para demostrar su parentesco. Modifica M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Indemnización. Víctimas. Parentesco. Acreditación. Sistema probatorio. Sistema interamericano de justicia. CIDH.

Expediente 45536 de 2016

EN LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE DISCUTE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO, EL DEBER DEL JUEZ NO SE CONTRAE A OBSERVAR SOLAMENTE LA FORMA. Es necesario examinar todo el acervo probatorio, para llegar a la verdad real y encontrar, de ser el caso, el contrato realidad, en oposición a un contrato formal, tal como lo instituye el artículo 53 de la Constitución Política, que establece en forma concreta que impera la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Contrato de trabajo. Primacía de la realidad. Sanción moratoria. Mala fe.

Expediente 62865 de 2016

ÁRBITROS NO PUEDEN IMPONER A LA PARTE EMPLEADORA AUXILIOS ECONÓMICOS QUE TENGAN COMO DESTINATARIOS ESPECÍFICOS A LOS NEGOCIADORES Y ASESORES POR PARTE DEL SINDICATO. Evidentemente un beneficio de esa naturaleza no guarda relación con el interés general de los asociados de mejorar sus condiciones de trabajo a través del conflicto colectivo económico, y que quienes actuaron a nombre de los trabajadores acorde con su labor de negociadores, reciban por ese solo hecho, incentivos económicos impuestos por disposiciones de un organismo arbitral en contra de la parte a la cual enfrentan en el conflicto que, en las condiciones solicitadas en el pliego de peticiones, indiscutiblemente generaría un privilegio económico particular que en las organizaciones sindicales debe estar por debajo del interés general de los trabajadores comprometidos en la controversia. Anula M.P. Fernando Castillo Cadena

 Expediente 29927 de 2016

PRESTACIÓN PENSIONAL DEBE SER RELIQUIDADA CUANDO EL INGRESO BASE TENIDO EN CUENTA FUE INFERIOR A LOS INGRESOS REALMENTE DEVENGADOS. En los certificados de devengados y deducciones de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Antioquia, que se allegaron para mejor proveer y proferir la decisión de instancia, el causante Rubén Darío Correa Leal para los períodos del 01 de julio al 30 de diciembre de 1992 y del 01 de enero al 30 de diciembre de 1999, registró ingresos superiores al salario mínimo legal con que inicialmente fueron liquidados, los cuales corresponden a factores salariales a tener en cuenta, que al incluirlos en el promedio de lo devengado en los diez últimos años para obtener el ingreso base de liquidación, actualizados anualmente conforme a la variación del índice de precios al consumidor, arroja un IBL superior al establecido por Cajanal en cuantía de $3.662.094.81, que al aplicarla la tasa de reemplazo equivalente al 67% y que se aludió al resolverse el recurso extraordinario, se obtiene una primera mesada pensional por valor mensual de $2.453.603.52. Revoca M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Pensión de sobrevivientes. Liquidación. IBL. Beneficiarios.

Expediente 49147 de 2016

LEGALIDAD DE LA COMPARTIBILIDAD DE LA PENSIÓN ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON LA DE VEJEZ A CARGO DEL EXTINTO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Esta Sala ha resuelto en copiosas oportunidades que sí es procedente la compartibilidad entre las dos pensiones aludidas, en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, junto con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, de donde se deduce que las pensiones extralegales concedidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, como es el caso de la demandante, son compartibles con la de vejez a cargo del ISS. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz 2016 Temas: Pensión de jubilación. Compartibilidad pensional. Pensiones extralegales.

Expediente 44602 de 2016

CORTE SUPREMA REITERA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO AL REAJUSTE PENSIONAL POR INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES SALARIALES. La exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa. El derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran, si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada. Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Pensión de jubilación. Reajuste. Factores salariales. Imprescriptibilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Auto 11001 02 03 000 2016 02336 00 de 2016

CONFORME LO ESTABLECE EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EL RECURSO DE CASACIÓN PROCEDE SIEMPRE QUE LAS PRETENSIONES ECONÓMICAS SEAN SUPERIORES A 1000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. El inciso 1 del artículo 338 del Código General del Proceso dispone que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como lo ha indicado la Sala, por la naturaleza de la casación el interés para acceder a ella debe determinarse para la fecha en que fue proferida la sentencia impugnada, no para la de iniciación del pleito, puesto que el propósito con el que fue concebida no es el de recrear nuevamente el proceso. Declara M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo  Temas: Recurso extraordinario. Casación. Procedencia. Pretensiones económicas. Interés para acceder.

Expediente 05001-31-03-003-2005-00174-01 de 2016

EXPLICAN COMO IMPUTAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL DAÑO A LAS EPS, IPS Y DEMÁS. la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia casó una decisión en la que se había negado la atribución de responsabilidad civil a una entidad promotora de salud (EPS) y a sus agentes por la muerte de una paciente mal diagnosticada. Dentro de las consideraciones que hacen parte de la sentencia sustitutiva la corporación explicó la figura de la imputación del daño a las EPS, a las instituciones prestadoras del servicio (IPS) y a sus agentes.

Expediente 11001 02 03 000 2015 01058 00 de 2016

PRESUPUESTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE UNA SENTENCIA PROFERIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL EXTRANJERA TENGA EFECTOS EN COLOMBIA. Para que las providencias y/o sentencias extranjeras produzcan eficacia en nuestro ordenamiento es indispensable que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa. Así mismo, se consagran requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme. Concede M.P. Margarita Cabello Blanco. . Temas: Exequátur. Fallo extranjero. Efectos. Homologación.

Expediente 144262016 (0007901) de 2016

LA SALA CIVIL SEÑALO LAS DIVERSAS OPCIONES QUE TIENE EL ADQUIRENTE PARA RECLAMAR Y EXIGIR SUS DERECHOS ANTES LOS DIVERSOS INCONVENIENTES QUE PUEDA TENER EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION.

Expediente 11001 02 03 000 2015 00839 00 de 2016

REQUISITOS PARA QUE UN FALLO EXTRANJERO PRODUZCA EFECTOS EN COLOMBIA. Se requiere de la existencia de un tratado (reciprocidad diplomática), o en su defecto, lo previsto en la ley foránea o la práctica judicial imperante (reciprocidad legislativa y de hecho), siempre y cuando no contraríe las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. Concede. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Exequátur. Homologación. Requisitos. Sentencia extranjera.

Expediente 11001 02 03 000 2014 00157 00 de 2016

PARA CONCEDER EL EXEQUÁTUR A UN FALLO EXTRANJERO ES NECESARIO QUE SUS DISPOSICIONES NO CONTRADIGAN EL ORDEN PÚBLICO INTERNO NI COMPRENDAN ASUNTOS QUE COMPROMETAN DERECHOS REALES QUE SE HALLEN EN EL PAÍS. Como tampoco que se extiendan a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, y a aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme. De acuerdo con los artículos 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa. Concede M.P. Margarita Cabello Blanco Temas: Concesión. Exequátur. Sentencia extranjera. Requisitos.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 47660 del 2016.

EL FUNCIONARIO JUDICIAL NO PUEDE OTORGAR PERMISOS DE TRABAJO O ESTUDIO DE MODO ABIERTO AL CONDENADO, YA QUE ELLO IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO. Respecto a la imposición de condenas por parte del juez, este debe tener en cuenta que las personas privadas de la libertad en prisión domiciliaria tienen las mismas garantías de trabajo que los internos de las cárceles, sin que haya distinciones entre la labor material e intelectual a desempeñar por parte del recluso, pero la Ley 1709 de 2014 en ningún momento faculta al funcionario judicial a conceder mediante una providencia carente de motivación, permisos al condenado para realizar diligencias indeterminadas fuera del domicilio, es decir que en su auto el juez debe expresar en qué consiste el permiso otorgado y las razones por las cuales lo decide. Confirma. M.P. Carlos Enrique Malo Fernández. . Temas: Condenas. Juez. Permisos. Providencia. Motivación.

Auto 45608 de 2016

SALA PENAL PRECISA LOS EVENTOS BAJO LOS CUALES NO ES POSIBLE ADMITIR LA DEMANDA DE CASACIÓN. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la demanda de casación no será admitida cuando el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, circunstancia esta última que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder los planteamientos del demandante sin acudir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación. No Admite. M.P. Eugenio Fernández Carlier . Temas: Recurso extraordinario. Casación. Admisión.

Expediente 45175 de 2016

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS NO SE VULNERA CUANDO EL JUEZ DE SEGUNDO GRADO IMPONE AL SENTENCIADO LA PENA ACCESORIA QUE FUE OMITIDA EN PRIMERA INSTANCIA. Por cuanto esta sanción accede a una principal y no desmejora la posición del único apelante sino que obedece al cumplimiento de una imposición normativa de carácter obligatorio. En relación a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, el artículo 52 del Código Penal es claro al establecer que la pena de prisión implica las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, estableciendo una discrecionalidad del Juez en cuanto al término de la sanción, más no a la potestad de imponerla o no. Casa oficiosa y parcialmente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Pena principal. Pena accesoria. Ejercicio. Derechos y funciones públicas. No reformatio in pejus.

Expediente 86652 del 2016.
EN LAS ACCIONES DE TUTELA QUE RECLAMAN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS PENSIONALES, NO ES POSIBLE DAR APLICACIÓN AL REQUISITO DE INMEDIATEZ. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela debe ser interpuesta y analizada para cada caso concreto ya que dependiendo de cada particularidad, es posible aplicar el requisito de inmediatez consistente en que se interponga la acción de tutela dentro de los seis meses a la ocurrencia de los hechos, pero hay otros eventos en los que se concede el término de dos años para ejercer la tutela; de modo que en el reclamo de derechos pensionales no es procedente alegar la inmediatez pues no es posible interpretar tal término como una caducidad de la acción, toda vez que la Constitución en ningún momento lo establece. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Derechos pensionales. Caducidad. Requisito de inmediatez.

Auto 48682 del 2016.
APLICACIÓN DE LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS NO OPERA SOBRE LOS DELITOS QUE FUERON OBJETO DE PRÓRROGA EN LA LEY 1786 DE 2016. Manifiesta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en materia de libertad por vencimiento de términos, señalada en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, esta procede respecto de todos los procesos penales que se adelanten e inclusive sobre aquellos iniciados con anterioridad al 1º de julio de 2016, a excepción de aquellos delitos sobre los cuales operó la prórroga señalada por la Ley 1786 de 2016; lo anterior obedece a la necesidad de respetar las garantías fundamentales y de emplear la interpretación favorable más amplia posible, que permita mantener el derecho a la igualdad en el procedimiento penal. Confirma. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.Temas: Libertad. Vencimiento de términos. Prórroga.

Auto 46076 del 2016.

AL INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN, LA PARTE ACTORA SE ENCUENTRA OBLIGADA A SUSTENTAR DEBIDAMENTE EL MISMO. Teniendo en cuenta los requisitos dispuestos por el artículo 212-3 de la Ley 600 de 2000, como elemento fundamental para poder admitir el recurso de casación en contra de la sentencia es necesario sustentarlo debidamente, ello implica que el censor se encuentra obligado a especificar de manera clara y precisa tanto las causales invocadas como los fundamentos de las mismas; en caso de que no se cumplan con tales exigencias el juez se encuentra facultado para inadmitir el recurso, con el objetivo de que los errores sean subsanados en el término legal establecido. Inadmitir. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Recurso de casación. Sustentar. Inadmitir.

Expediente 42477 del 2016.

CUANDO SE CONFIGURA EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN EL JUEZ PUEDE DECRETARLA RESPECTO DE AQUELLOS DELITOS CON LOS CUALES SE RELACIONE Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN CON LOS DEMÁS. Aunque las partes no lo soliciten directamente el juez puede de oficio decretar la prescripción de la acción penal cuando se haya cumplido el plazo legal definido sin emitir sentencia condenatoria, pero ello no impide que se deba continuar el trámite respecto de los otros delitos cometidos ya que el término de prescripción opera de manera individual para cada delito, debido a que las normas establecen de manera específica para cada uno el término con el cual cuenta el Estado para poder condenar al investigado en caso de resultar culpable. Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.  Temas: Prescripción. Delitos. Investigación.

Expediente 45619 de 2016

ADMISIBILIDAD DEL REGISTRO INCIDENTAL. En la sentencia C-822 de 2005 la Corte Constitucional precisó que el registro incidental es válido siempre que se trate de una captura legítima, ordenada por un juez; se realice inmediatamente después de la captura; recaiga sobre la superficie de la persona, su indumentaria y de los enseres que lleve consigo; y no entrañe observar a la persona desnuda ni el tocamiento de órganos sexuales y senos. Casa M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Registro incidental. Admisibilidad. Captura legítima.

Auto 48573 de 2016

PETICIÓN DE NULIDAD PROCESAL ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DIRIGE CONTRA UN ACTO DE PARTE COMO ES LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. Dicha medida sólo es viable frente a las actuaciones de los funcionarios judiciales. En efecto, para los primeros (actos procesales de parte), al constituir meras postulaciones, la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad, el rechazo o la exclusión que, por regla general, no inciden en la validez del proceso. Mientras que, los actos procesales del juez, al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza de ejecutoria material, sí tienen la potencialidad de lesionar garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulación, claro está, si ello no fue posible con otros remedios como la corrección de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnación. Se abstiene. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández Temas: Petición. Nulidad. Procedencia. Actos procesales judiciales. Actos procesales de parte. Formulación de acusación.

Expediente 13729 del 2016

NUEVA SENTENCIA SOBRE PREVARICATO POR ACCIÓN. Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 413 del Código Penal, el cual dice que incurre en el delito de prevaricato por acción 

Expediente 43916 del 2016.

EL JUEZ SE ENCUENTRA FACULTADO PARA FALLAR DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, AL VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ERRORES POR PARTE DEL INFERIOR JERÁRQUICO AL MOMENTO DE HABER INTERPRETADO LA NORMA. Dentro de la investigación penal por acceso carnal en contra de menores de edad, el Tribunal de primera instancia determinó de manera errada la circunstancia de agravación punitiva definida por el artículo 211, numeral 2º del Código Penal, ya que hizo la debida apreciación probatoria del menor de edad afectado en la cuales se desvirtuaba la posible existencia de una relación laboral entre este y su abusador; por lo tanto al no haberse configurado tal causal tampoco era procedente proceder a la agravación de la pena, ya que ello implicaba una indebida interpretación de la ley que afecta derechos del investigado y esto permite que la Corte, al evidenciar tal error, pueda casar de oficio para subsanar los errores en que incurrió la decisión de primera instancia.Desestima. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado

Expediente 45585 de 2016

NINGÚN SENTIDO TIENE ANULAR EL JUICIO EN ARAS DE RESTABLECER GARANTÍAS QUE APUNTAN AL EJERCICIO PLENO DE LA DEFENSA, CUANDO ESTE TIENE COMO FINALIDAD LA DECLARATORIA DE INOCENCIA, SI LO ACTUADO HASTA ENTONCES PERMITE DECIDIR EN ESE SENTIDO. El reconocimiento de la absolución, como expresión máxima de la garantía del derecho a la defensa, implica que frente a varias propuestas debe preferirse la que imponga la absolución por encima de las que plantean la nulidad. Precluye M.P. José Luis Barceló Camacho Temas: Nulidad. Juicio. Restablecimiento. Garantías. Defensa. Declaratoria de inocencia. Absolución.

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

 

Expediente 11001 03 06 000 2016 00059 00 de 2016

EL DECRETO 2011 DE 2012 ASIGNÓ COMPETENCIA EXPRESA A COLPENSIONES PARA CONOCER DE LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO PRESENTADAS ANTE CAPRECOM. La anterior regla de competencia tiene una excepción contenida en el artículo 5 ibídem que consiste en que aquellas pensiones que hayan sido causadas antes de la entrada en vigencia del decreto (28 de septiembre de 2012) deben ser reconocidas por Caprecom, hasta que la UGPP asuma esa competencia. Declara. C.P. Óscar Darío Amaya Navas. . Temas: Conflicto de competencias. Colpensiones. UGPP. Reconocimiento pensional.

Expediente 11001 03 06 000 2016 00092 00 de 2016

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL NO PUEDE PRONUNCIARSE EN ASUNTOS QUE VERSEN SOBRE LA MISMA MATERIA, O UNA SUSTANCIALMENTE CONEXA, A AQUELLAS QUE ESTÁN SOMETIDAS A UNA DECISIÓN JUDICIAL. Pues la controversia debe resolverse mediante sentencia que habrá de cumplirse con efectos de cosa juzgada. Tal es el caso, de la existencia de un recurso extraordinario de casación en curso, el cual tendrá incidencia en el derecho pensional reclamado. Cuando el conocimiento del asunto se encuentra bajo autoridad judicial, la Sala ha sido enfática en señalar que no se está ya en presencia de una actuación de carácter administrativo sino judicial, lo cual escapa de su conocimiento. Se declara inhibida C.P. Édgar González López Temas: Sala de consulta y servicio civil. Conflicto de competencias administrativas. Solicitud pensional. Recurso de casación.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 52001 11 02 000 2011 00818 01 de 2016.

LAS CONDUCTAS OMISIVAS DEL ABOGADO RESPECTO A SU CLIENTE CONSTITUYEN UNA FALTA DISCIPLINARIA. A pesar de que el disciplinado asumió el deber de adelantar las gestiones necesarias para obtener el pago de un título valor a favor de su cliente, le comunicó hechos falsos al afirmar que había interpuesto la demanda y se estaban decretando las medidas cautelares pertinentes en el despacho, y tal como lo manifiesta el quejoso dejó de rendir cuentas de su gestión además de haberse comprobado que nunca inició la demanda mencionada anteriormente; esto indica que de manera dolosa el abogado sancionado dejó de cumplir las obligaciones a su cargo e incurriendo en falta a la lealtad con su representado. Modifica. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros. .Temas: Conductas omisivas. Falta disciplinaria. Lealtad.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00491 00 de 2016.

LA EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO LABORAL EN CONTRA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA, SOLO PUEDE SER EJERCIDA ANTE EL JUEZ DEL TRABAJO. Respecto a la controversia surgida por el conflicto negativo de competencias surgido entre las jurisdicciones laboral y contencioso administrativa, sobre la demanda que pretende reclamar el pago de la sanción moratoria por consignación extemporánea de cesantías de la entidad pública demandada, el Consejo Superior de la Judicatura ha señalado de manera constante que si bien se trata de un acto administrativo este tiene origen en una controversia de origen laboral, así mismo se trata de una decisión que niega el pago de acreencias laborales y se constituye en un título ejecutivo que contiene una obligación expresa, clara y exigible además de provenir del deudor y constituir plena prueba contra el mismo; razón por la cual la competencia debe ser asignada a la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Camilo Montoya Reyes.Temas: Título ejecutivo. Acreencias laborales. Controversias.

Expediente 76001 11 02 000 2011 00095 01 de 2016.

NO ES POSIBLE DECRETAR LA EXISTENCIA DE ACOSO LABORAL CON BASE EN VALORACIONES SUBJETIVAS DEL DEMANDANTE. La decisión de primera instancia que decretó la responsabilidad del funcionario disciplinado al considerar la existencia de un acoso laboral hacia el quejoso, no tuvo en cuenta una apreciación adecuada de los elementos probatorios existentes, ya que más allá de comprobar el acoso denunciado lo que existe es un desacuerdo del quejoso respecto a la carga laboral que le asignaba su superior, sin que se analizara de manera detallada si al compararse con otros cargos de su mismo nivel había una injustificada asignación de funciones que contribuyera a una excesiva carga laboral. Deniega. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Temas: Acoso laboral. Valoraciones subjetivas. Carga laboral.

Expediente 110010 1 02 000 2016 00789 00 (11979 29) de 2016.

LA VÍA ADECUADA PARA RECLAMAR EL PAGO DE PRESTACIONES A FAVOR DEL TRABAJADOR ES A TRAVÉS DE LA DEMANDA EJECUTIVA ANTE EL JUEZ LABORAL. Señala el Consejo Superior de la Judicatura que, en el marco del conflicto de jurisdicciones planteado entre los despachos promiscuo y laboral, la jurisprudencia de dicha entidad ha sido constante al señalar que no es procedente demandar por vía ejecutiva ante el juez administrativo, para reclamar el pago de acreencias laborales a favor del trabajador y que la entidad pública se niega a liquidar pues la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar que no es competente el juez administrativo para conocer controversias de origen laboral entre los empleados y la entidad pública debido a que para esto se ha instituido la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Prestaciones. Pago. Juez laboral. Demanda ejecutiva.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00284 00 de 2016.

LOS DELITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE COMUNIDADES ABORÍGENES QUE LESIONEN DERECHOS FUNDAMENTALES, SOLO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PENAL. El reconocimiento a nivel constitucional de una jurisdicción propia para las comunidades indígenas, implica que sus tribunales o juzgados tradicionales pueden investigar y castigar los delitos que se cometen dentro de su jurisdicción siempre que estos no excedan de los límites legales establecidos; es decir que cuando con dichos delitos se lesionan derechos fundamentales que son protegidos por normas de superior categoría, la competencia solo puede ser asignada a la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola. Temas: Delitos. Comunidades aborígenes. Jurisdicción ordinaria penal.

Expediente 13001 11 02 000 2011 01101 01 de 2016

EL FUNCIONARIO JUDICIAL INCURRE EN FALTA DISCIPLINARIA CUANDO DEJA DE RESOLVER DE MANERA INJUSTIFICADA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES DEL PROCESO. La Sala observa que ello atendió a que al momento de resolver el asunto presuntamente no se había anexado al expediente el memorial de apelación según afirmaron los empleados del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena en sus declaraciones; sin embargo para cuando el representante judicial del extinto ISS advirtió dicha situación y la manifestó como causal de nulidad mediante memorial del 24 de octubre de 2011, el juez no se refirió a la presentación y existencia del recurso y en su lugar, rechazó de plano la nulidad mediante providencia del 5 de diciembre de 2011. Fue así como continuó con la ejecución de la sentencia, sin referirse en ese momento sobre la oportuna interposición del recurso de apelación por parte del demandado, vulnerando el debido curso procesal al tramitar el proceso ejecutivo sin que la sentencia base de ejecución se encontrara en firme, ya que no se había resuelto el recurso contra la sentencia de primera instancia. Modifica M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal Temas: Acción disciplinaria. Prescripción. Falta. Sanción. Destitución. Inhabilidad general. Funcionario judicial.

Expediente 11001 11 02 000 2016 01366 01 de 2016.

LA ENTIDAD PÚBLICA NO PUEDE OPONERSE A LA RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO SI EL MISMO ES APORTADO DENTRO EN EL MOMENTO PROCESAL ESTABLECIDO. La Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró el derecho al debido proceso y la igualdad de la accionante, toda vez que en el concurso de méritos adelantado aunque esta no aportó el documento que acreditaba su calidad de profesional en psicología al principio de la convocatoria, sí lo hizo con la presentación del recurso de reposición en contra de la decisión administrativa que la expulsó del proceso de selección; por lo tanto no había lugar a decretar la inadmisión de la prueba inclusive cuando la accionante la presentó en el momento en que la entidad lo solicitó. Revoca. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Entidad pública. Prueba. Concurso de méritos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00818 00 de 2016.

LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE MIEMBROS DE FUERZAS MILITARES EN CONTRA DE PERSONAS PROTEGIDAS, NO PUEDE SER COBIJADA POR EL FUERO PENAL MILITAR QUE DEFINE LA LEY. Las inconsistencias presentadas en el operativo militar adelantado permiten inferir que los actos no fueron desarrollados con ocasión del servicio activo del militar investigado, debido a que presuntamente se trata de delitos cometidos en contra de personas protegidas lo cual excede la proporcionalidad, conexidad y razonabilidad respecto de la misión de combate que se encontraba ejecutando el miembro de la Fuerza Pública; al presentarse esta situación no es procedente que la investigación sea asignada a la Justicia Penal Militar, debido a que excede de las competencias definidas por la ley para esta clase de jurisdicción.Asigna. M.P. Camilo Montoya Reyes.  Temas: Fuerza Pública. Delito. Persona protegida.

Expediente 11001 11 02 000 2016 00927 00 de 2016

CONTROVERSIAS PROPIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEBEN SER CONOCIDAS POR LA JUSTICIA ORDINARIA LABORAL. Dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Dirime. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros 2016 Temas: Conflicto de competencias. Justicia ordinaria laboral. Sistema de seguridad social integral.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00013 00 de 2016.

NO SE PUEDE DECRETAR LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE JURISDICCIONES, CUANDO YA HAY UNA DECISIÓN DE FONDO SOBRE EL LITIGIO. Respecto a la solución del conflicto de jurisdicciones planteado inicialmente, el Consejo Superior de la Judicatura señala que no se reúnen los requisitos exigidos para poder dirimir la controversia, ya que se trata de una investigación penal que cuenta con una decisión de fondo por parte del juez competente y al evidenciar tal situación, la discusión no se centra en quién está facultado para iniciar el procedimiento de juzgamiento sino en dónde debe ser cumplida la pena (en establecimiento carcelario o en el resguardo indígena al que pertenece el condenado), por lo tanto no hay lugar a dirimir un presunto conflicto de competencias que ya fue solucionado. Abstenerse. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola. . Temas: Controversia. Pena. Conflicto de jurisdicciones.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00552 01 de 2016.

LA INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONARIO O AUXILIAR DISCIPLINADO DEBE HACERSE CONFORME A LAS LEYES QUE REGULAN LAS FUNCIONES DEL CARGO QUE DESEMPEÑE.La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura manifiesta que para el caso sometido a estudio, existe una nulidad impide continuar con el procedimiento sancionatorio y por lo tanto se hace necesario subsanar tal gravedad generada, ya que si bien se tenía conocimiento de la conducta reprochable ejecutada por el auxiliar de la justicia sancionado, en cuanto a la imputación jurídica el juez dio aplicación a la Ley 734 de 2002 sin tener en cuenta que dada la naturaleza del cargo desempeñado por el investigado, existía un régimen legal disciplinario distinto que fue el que debió tenerse en cuenta para imponer la sanción. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Régimen disciplinario. Auxiliar de la justicia. Naturaleza del cargo.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00065 00 de 2016.

EL DESCONOCIMIENTO DE NORMAS DEL ORDEN NACIONAL POR PARTE DE MIEMBROS DE COMUNIDADES ABORÍGENES NO PUEDE SER COBIJADO POR EL FUERO QUE LA CONSTITUCIÓN LES RECONOCE. Si bien la jurisdicción indígena tiene el derecho de juzgar las conductas que son contrarias a sus costumbres y sean realizadas por sus miembros, el reconocimiento de este fuero por parte de las normas colombianas no es absoluto ya que queda limitado a las competencias asignadas a dicha jurisdicción, es decir que si uno de los aborígenes comete delitos que lesionan los derechos de la sociedad mayoritaria y son contrarios a las normas nacionales, de superior categoría a las normas indígenas, la competencia para juzgar delitos corresponde a la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola.  Temas: Normas. Orden nacional. Aborígenes. Superior categoría.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00315 01 de 2016.

IMPONEN SANCIÓN A JUEZ PENAL POR OTORGAR MEDIDA SUSTITUTIVA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA SIN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió confirmar la decisión de primera instancia, en la cual se impuso sanción de un mes en el ejercicio del cargo al Juez Tercero de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, debido a que decidió otorgar a un condenado el beneficio del sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión sin cumplir con los requisitos de la Ley 1142 de 2007, y teniendo en cuenta que anteriormente una solicitud semejante había sido negada al interesado ya que no satisfacía completamente las exigencias requeridas por la ley ya mencionada. Confirma. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros.. Temas: Sistema de vigilancia electrónica. Medida sustitutiva. Sanción.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00620 00 de 2016.

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS COMPLEJOS Y LAS CONCILIACIONES NO APROBADAS POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO SOLO PUEDEN SER DEMANDADAS ANTE EL JUEZ CIVIL.Teniendo en cuenta el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, la cual regula el procedimiento administrativo colombiano, es posible determinar en materia contencioso administrativa cuáles son los documentos que se constituyen en título ejecutivo exigible ante dicha jurisdicción, pero el legislador no incluyó dentro de estas clasificaciones a los títulos ejecutivos complejos que se pretenden hacer valer, y tampoco a las conciliaciones que no fueron aprobadas por parte del juez administrativo; de modo que cualquier documento que posea estas características solo es exigible ante la jurisdicción civil. Dirimir. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros. Temas: Conciliaciones. Juez administrativo. Juez civil. Título ejecutivo complejo.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 25000 23 24 000 2003 00840 01 de 2016

LA CORPORACIÓN EN FORMA COINCIDENTE HA SOSTENIDO QUE EL RECURSO DE APELACIÓN DEBE CONTENER PLANTEAMIENTOS QUE CONTRADIGAN EL FALLO QUE SE RECURRE. El presupuesto indispensable de la sustentación del recurso de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada. Confirma M.P. María Claudia Rojas Lasso 2016 Temas: Recurso de apelación. Sustentación. Planteamientos. Argumentos.

Expediente 11001 03 24 000 2008 00107 00 de 2016

ACTO ADMINISTRATIVO NO TENÍA LA FACULTAD PARA DEFINIR LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO INFRACCIONES DE TRÁNSITO. Declarada nulidad sobre algunos aparte del Decreto Reglamentario 3366 “Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos”, toda vez, que si bien la ley ha señalado los sujetos que en materia de transporte público son sancionables y las sanciones que se pueden imponer, no ha tipificado o descrito las conductas consagradas como sancionables de este modo, al no encontrarse tipificadas en el capítulo IX de la Ley 336 de 1996 las conductas de que tratan los artículos demandados, habrá de decretarse su nulidad, máxime cuando ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas. Declaró. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Tránsito. Nulidad.

Expediente 11-001 03 24 000 2014 00650 00 de 2016

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ES EL ÓRGANO LLAMADO A ACTUAR EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y A RESPONDER PATRIMONIALMENTE POR LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS QUE PUEDAN OCASIONAR LAS DECISIONES O ACTUACIONES DEL JEFE DE ESTADO. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala que las entidades, órganos u organismos estatales estarán representados, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. Así las cosas, cuando el contrato o acto es suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejerce por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como órgano encargado de asistirlo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en su condición de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa. Confirma C.P. Roberto Augusto Serrato Valdéz2016 Temas: Departamento administrativo de la Presidencia. Representación Presidente. Procesos judiciales.

Expediente 11001 03 24 000 2016 00162 00 de 2016

REQUISITOS QUE EXIGE EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. Para la procedencia del mecanismo en cuestión deberá analizarse, además de la infracción directa de la Constitución Política, la naturaleza del acto acusado. El artículo 135 del CPACA establece un medio de control especial para aquellas normas que carecen de fuerza de ley, pero que desarrollan directamente la Constitución, y que expiden tanto el Gobierno Nacional como otras entidades u organismos, sin ley que trate previamente el tema. Se alude a los denominados reglamentos autónomos, o praeter legem, o constitucionales o independientes, cuya naturaleza es la de un reglamento no la de una ley. En esos términos, entre los requisitos exigidos se destacan los siguientes: que la norma demandada sea un reglamento autónomo o constitucional, requisito principal del medio de control, y que la confrontación o juicio de validez se haga directamente contra la Constitución Política, sin importar la autoridad que expida el acto, porque puede ser el Gobierno Nacional u otra autoridad, siempre que expidan un reglamento autónomo (por autorización de la Constitución). Admite. C.P. María Elizabeth García González Temas: Medio de control. Nulidad por inconstitucionalidad. Requisitos.

Expediente 2012 00425 01 del 2016.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES ESTATALES. Respecto de la solicitud de medidas cautelares (suspensión provisional) en contra de los actos administrativos es necesario cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, entre los cuales están que la demanda sea fundada razonablemente en derecho, demostrar por parte del demandante sin importar si es en modo sumario la titularidad de los derechos invocados, presentar fundamentos y pruebas en los que se indique que sería más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, que al no ser otorgada se cause un perjuicio irremediable y que hayan serios motivos para considerar que de no otorgarla los efectos de la sentencia serían nugatorios. Decreta. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Derechos. Medida cautelar. Actos administrativos.

Expediente 2012 00508 01 de 2016

LA INNOVACIÓN MÁS RELEVANTE DE LA LEY 1437 DE 2011 RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ES EL ANÁLISIS INICIAL DE LEGALIDAD QUE DEBE EFECTUAR EL JUEZ. Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2ºÇ del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final. Decreta C.P. María Claudia Rojas Lasso Temas: Medida cautelar. Suspensión provisional. Actos administrativos. Análisis inicial.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00567 00 de 2016.

CONSEJO DE ESTADO NIEGA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN CONTRA DE ACTO QUE PERMITE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSCRIBIR LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO EN EL RUNT. En cuanto a la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, el Consejo de Estado señaló que no era procedente suspender el acto demandado debido a que el hecho de que el Ministerio de Transporte sea quien inscriba al sistema RUNT la información de conductores, registro automotor, licencias de tránsito y todo lo demás que pueda relacionarse, tal actuación no implica una vulneración al derecho del hábeas data pues la información registrada en el RUNT no es de aquella considerad como personal o íntima, que desconozca el derecho a la intimidad de las personas. Deniega. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Medida cautelar. Ministerio de Transporte. Hábeas data.

Expediente 11001 03 24 000 2014 00011 00 de 2016

SE SUSPENDEN LOS EFECTOS DE LAS CIRCULARES 005 de 2012 y 011 de 2012 DE LA SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO EN LO CONCERNIENTE A LA REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. La decisión se tomó luego de establecer que las normas acusadas violan los artículos 1 y 13 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco aprobado mediante la Ley 1109 de 2006 así como los artículos 1, 15 y 16 de la Ley 1335 de 2009, por cuanto El artículo 13 inicialmente mencionado, impone a los Estados parte el deber conforme con los principios que rigen su Constitución, de tomar todas la medidas necesarias encaminadas a la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y en ese sentido debe entenderse que la exhibición de los productos de tabaco constituyen una forma de promoción para su consumo, circunstancia por la que se recomienda prohibir absolutamente la exhibición y visibilidad de los productos de tabaco en todo punto de venta, incluso los puntos de venta al por menor y los puestos de vendedores ambulantes. Decreta. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Medida cautelar. Suspensión provisional. Circulares. Control del tabaco. Publicidad. Promoción. Convenio marco OMS.

Expediente 25000 23 24 000 2010 00251 01 de 2016.

LA OBLIGACIÓN DE INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% DE LA LEY 99 DE 1993 DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO Y NO SOLO EL RECURSO USADO POR LA EMPRESA RESPONSABLE. Las exigencias de la empresa demandante en el sentido de afirmar que no era responsable del pago del 1% de inversión forzosa ambiental, la cual fue estipulada por la Ley 99 de 1993, no tienen sustento legal para ser falladas favorablemente debido a que tal como lo señala la norma, y no como lo pretende la parte actora, el 1% de dicha inversión debe calcularse sobre el valor total del proyecto adelantado y no de manera proporcional sobre el recurso hídrico utilizado, de modo que no hay ningún cobro indebido al ser clara la ley sobre la manera como debe liquidarse y ejecutarse tal inversión forzosa. Confirma. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Inversión forzosa. Obligación. Valor del proyecto.

Expediente 08001 23 31 000 2006 00989 01 de 2016

FACTURAS OSTENTAN LA CALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SI POR SU VIRTUD LA ENTIDAD CREA, MODIFICA O EXTINGUE UNA SITUACIÓN JURÍDICA. En ese sentido pueden ser objeto de control, ya sea en sede administrativa o jurisdiccional. Tal postura ha venido siendo reiterada por esta Jurisdicción, lo cual indica que existe una posición clara, uniforme y pacífica sobre el particular siempre que las facturas cumplan las condiciones para definirse como actos administrativos, esto es, que consistan en una declaración unilateral, que se expidan en ejercicio de la función administrativa, y que produzcan efectos jurídicos por sí mismas, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante. Declara y revoca C.P. Guillermo Vargas Ayala. . Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Caducidad. Naturaleza jurídica. Facturas. Actos administrativos.

Expediente 11001 03 24 000 2013 00507 00 de 2016.

LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN O EXPEDICIÓN DE UN CONCEPTO NO ES CAUSAL DE IMPEDIMENTO, SI EL MISMO NUNCA HIZO REFERENCIA A LAS NORMAS DEMANDADAS. Las causales de recusación o de impedimento buscan garantizar la imparcialidad y transparencia del juez en el asunto que es objeto de controversia, pero es necesario analizar cada caso de impedimento que manifieste el magistrado o consejero debido a que si bien, para el asunto que es objeto de estudio, quien manifiesta su impedimento por haber sido procurador delegado que rindió concepto sobre unas normas demandadas de una resolución está siendo analizada nuevamente, tal situación se relacionó con artículos distintos a los que fueron demandados de modo posterior y por lo tanto no se considera que haya impedimento para conocer el asunto. Declara. C.P. Guillermo Vargas AyalaTemas: Impedimento. Recusación. Resolución.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 19001 23 31 000 2002 08000 01 (0412 2010) de 2016

EL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 3135 DE 1968 NO AUTORIZA EL RETIRO AUTOMÁTICO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO EN RAZÓN DE SU INCAPACIDAD LABORAL CUANDO ESTA EXCEDE DE 360 DÍAS. Toda vez que el contexto constitucional y legal vigente, desarrollado en las Leyes 100 de 1993, 361 de 1997, y en el Decreto 2463 de 2001, brinda una serie de garantías y prestaciones económicas y asistenciales al empleado incapacitado, con el fin de asegurar su estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de vulnerabilidad, mientras que se resuelve, en forma definitiva, su estado de invalidez y el reconocimiento de la pensión de invalidez. Confirma C.P. César Palomino Cortés. Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Acto administrativo. Retiro del servicio. Incapacidad médica. Debilidad manifiesta. Invalidez.

Expediente 13001 23 31 000 2012 00206 01 (4269 2014) de 2016

EN SENTENCIA DE 26 DE AGOSTO DE 1997, LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO PRECISÓ EL ALCANCE DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA PENSIÓN GRACIA. En aquella oportunidad la Corporación determinó lo siguiente: no existe derecho alguno a esta pensión para los maestros nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos pedagogos territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; conclusión de dicho beneficio para los profesores territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; y la excepción referida a que la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional (pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación) en virtud de la Ley 91 de 1989, limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberían reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio. Revoca. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Régimen de transición. Pensión gracia. Requisitos. Beneficiario. Tiempos de servicio. Calidad de vinculación.

Expediente 17001 23 33 000 2013 00093 01 (2153 2014) de 2016

JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA HA SIDO PACÍFICA EN ACEPTAR LA SUSTITUCIÓN DE LA PENSIÓN GRACIA. Si bien la normatividad especial que regula la pensión gracia no contempló específicamente la sustitución de la misma a favor de los beneficiarios del docente luego de su deceso, lo cierto es que tampoco la prohibió, ni señaló para quienes lograron obtenerla o gozan de una expectativa válida frente a la misma por virtud del régimen de transición de la Ley 91 de 1989, causal alguna de extinción del derecho, mucho menos su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del pensionado o docente con derecho. Confirma. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Pensión gracia. Sustitución pensional. Beneficiarios.

Expediente 11001 03 25 000 2016 00499 00 (2303 2016) de 2016

PRESUPUESTOS DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. El artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció por regla general, la obligación de comparecer al proceso por conducto de apoderado, salvo que la ley permita su intervención directa; exigencia que no fue exceptuada para el mecanismo de extensión de jurisprudencia, de tal suerte que si se opta por acudir ante el Consejo de Estado en razón a que la autoridad administrativa negó la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o hubiere guardado silencio, deberá hacerlo por conducto de mandatario judicial. En cuanto a la solicitud propiamente dicha, el artículo 269 ibídem, estableció que para se extiendan los efectos de la jurisprudencia, deben concurrir los siguientes requisitos: acreditación del agotamiento del trámite previo contemplado en el artículo 102 (escrito razonado acompañado de la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente); presentación oportuna con fundamento en criterios razonados; legitimación en la causa de las partes; y que la pretensión judicial no haya caducado. Inadmite M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Solicitud. Extensión de jurisprudencia. Requisitos.

Expediente 25000 23 25 00 2010 00373 01 (2830 2013) de 2016

PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ES ESPECIALMENTE NECESARIO PROBAR QUE EL SUPUESTO CONTRATISTA DESEMPEÑÓ UNA FUNCIÓN EN LAS MISMAS CONDICIONES DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA QUE SUJETARÍAN A CUALQUIER OTRO SERVIDOR PÚBLICO. Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra, que esa relación laboral que se ocultó bajo el manto solapado de un contrato estatal; ello, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental. Con lo que se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. Confirma parcialmente. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Contrato de prestación de servicios. Contrato realidad. Reconocimiento. Prestaciones sociales.

Expediente 13001 23 31 000 2011 00332 01 (0188 2014) de 2016

SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO HA REAFIRMADO SU CRITERIO EN EL SENTIDO QUE EL MONTO DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL SECTOR OFICIAL SE DEBE DETERMINAR CON EL INGRESO SALARIAL DEL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS Y EN EL 75%. Habida cuenta que la variación interpretativa que la Corte Constitucional plantea a través de la Sentencia SU-230 de 2015 (liquidación de la pensión con el promedio de los últimos 10 años), es claro que produce una afectación al derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional, por virtud del Acto Legislativo 1 de 2005. Confirma parcialmente. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Pensión de jubilación. Reliquidación pensional. IBL. Factores devengados. Régimen de transición. Sector oficial.

Expediente 08001 23 33 000 2013 00484 01 de 2016

CONSEJO DE ESTADO SEÑALA QUE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y LA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FUERZAS MILITARES SON INCOMPATIBLES.Esta incompatibilidad no proviene de la forma en que se adquirió la prestación social por cuanto las dos tienen un origen diferente, sino por su disfrute. El artículo 175 del Decreto 1211 de 1990 establece que las asignaciones de retiro y las pensiones militares son incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público; igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez, pero el interesado puede optar por la más favorable. Confirma parcialmente C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Pensión de invalidez. Pérdida capacidad laboral. Régimen especial. Fuerzas Militares. Asignación de retiro. Incompatibilidad. Derecho de opción.

Expediente 11001032500020110017200 (058511) de 2016

LO ULTIMO EN MATERIA DE REGIMEN PENSIONAL Y ASIGNACION DE RETIRO PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA.  La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió recientemente una acción de nulidad en contra del artículo 42 del Decreto 4433 del 2004, que consagra la oscilación de la asignación de retiro y pensión de la fuerza púbica, por incurrir, presuntamente, en una omisión legislativa. La anterior previsión, en sentir del actor, generaba una desigualdad entre quienes se pensionen con posterioridad al Decreto 4433 y aquellos que se pensionaron con anterioridad a la vigencia de esa norma, pues para estos últimos el reconocimiento de sus asignaciones de retiro y pensiones atendían a lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, que preveía el cómputo de la prima de actividad en otros términos.

Expediente 11001 03 25 000 2014 00828 00 (2546 2014) de 2016

LA ACCIÓN DE REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003 ES ESPECIAL Y DIFIERE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. La acción de revisión establece una legitimación en la causa por activa calificada (la solicitud la debe hacer el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación); los actos pueden ser revisados por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso; y versa sobre providencias judiciales, así como de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudicales que reconozcan pensiones o sumas periódicas a cargo del erario, por cuanto se trata de un instrumento jurídico cuya finalidad es la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Admite C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 2016 Temas: Acción de revisión. Requisitos legales. Admisión. Reconocimiento de sumas periódicas.

Expediente 11001 03 25 000 2014 01106 00 (3493 2014) de 2016

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Para tal efecto es necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y haya sido proferida por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por los Tribunales o los Jueces Administrativos. En cuanto a su interposición, debe hacerse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo recurrido, con excepción de la causal establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. Admite C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Recurso extraordinario. Revisión. Requisitos. Procedencia.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 19001 23 31 000 2006 00028 01 (41 575) de 2016

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. En varias oportunidades esta Corporación ha indicado que el Estado es patrimonialmente responsable por los daños causados por la privación injusta de una persona cuando se ordena la preclusión de la investigación penal debido a que el sindicado no cometió la conducta punible que se le imputa. De esta manera, en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada, lo último que ocurra. Confirma M.P. Hernán Andrade Rincón Temas: Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Reparación directa. Preclusión. Investigación.

Expediente 19001 23 31 000 2010 00441 01 (54 927) de 2016

PRESUPUESTOS GENERALES PARA QUE LA PRUEBA TRASLADADA SEA VALORADA A INSTANCIAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La prueba trasladada en los eventos en que no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser apreciada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, actual artículo 270 del Código General del Proceso, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquél en que haya sido aportada en audiencia o diligencia; salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal. Igualmente, podrán ser tenidas en cuenta en aquellos casos en que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal.  Modifica. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Acción de repetición. Elementos de procedibilidad. Valor probatorio. Prueba trasladada.

Expediente 25000 23 26 000 2009 00624 01 (41643) de 2016.

ES NECESARIO QUE LA PARTE DEMANDANTE DEMUESTRE QUE LAS ACTUACIONES ESTATALES LE CAUSARON UN DAÑO, PARA QUE EL JUEZ PUEDA DECRETAR LA RESPONSABILIDAD Y EL PAGO DE INDEMNIZACIONES AL AFECTADO. Señala el Consejo de Estado para el caso estudiado que existen algunas contradicciones en la declaración del demandante, al relatar la manera cómo sucedieron los hechos que dieron lugar a su detención por parte de la autoridad competente, lo cual permite inferir que su detención y posterior investigación penal si bien dio como resultado decretar su inocencia respecto del crimen investigado también es necesario señalar, que el procedimiento de detención se dio por culpa exclusiva de la víctima y en este caso no es posible predicar que el daño fue causado por la actuación de agentes estatales. Confirmar. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Culpa exclusiva de la víctima. Agentes estatales. Detención.

Expediente 63001 23 31 000 2009 00142 01 (41608) de 2016.
EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ES POSIBLE PREDICAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CUANDO EL JUEZ DICTA SENTENCIA ABSOLUTORIA DEL DETENIDO. Aunque los trámites de detención se realicen de manera legal por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuando el juez decreta la inocencia del detenido debido a la ausencia o poca pertinencia de las pruebas que demuestren la responsabilidad del investigado, tal detención se constituye en una privación injusta de la libertad del ciudadano que no estaba en condiciones de soportar, al ser un impedimento del ejercicio de sus derechos sin que exista una razón legal para hacerlo.Modifica. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Privación injusta. Ciudadano. Derechos.
Expediente 17001 23 31 000 2006 00524 01 (37 622) de 2016.

ES RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES ESTATALES ACTUAR CON MESURA Y PROPORCIONALIDAD ANTES DE APLICAR TOMAR MEDIDAS COERCITIVAS QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LA VIDA DEL CIUDADANO. Tal como lo reconoce la entidad demandada la muerte del ciudadano fue causada por agentes adscritos a la misma, lo cual demuestra la responsabilidad de esta y la necesidad de resarcir parte del daño causado al haber operado fuera de los límites legales establecidos, ya que era necesario por parte de los integrantes del GAULA actuar con prudencia ante el ciudadano quien a pesar de estar armado nunca accionó su escopeta, es decir que debían adoptar medidas menos peligrosas y hacer los requerimientos pertinentes antes de haber abierto fuego en contra del ciudadano, al ser deber de los agentes estatales reservar el uso de la fuerza como último recurso. Modifica. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Agentes estatales. Medidas coercitivas. Último recurso. Fuerza.

Expediente 73001 23 31 000 2006 00759 01 (40747) de 2016.

LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO PUEDEN MANIFESTAR QUE CUMPLIERON CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, CUANDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PROBADA LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA. La decisión de primera instancia que decretó la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que la jurisprudencia del Consejo de Estado así como ha reconocido la exoneración en caso de culpa exclusiva de la víctima, también ha manifestado que sí hay privación injusta de la libertad de una persona en los casos en que se decreta su detención preventiva, y después de adelantar el procedimiento de investigación penal correspondiente se determina su inocencia, pues a pesar de haberse desarrollado la investigación de manera legal la detención del ciudadano no es, ya que refleja una falla en los procedimientos de la entidad que este no debía ni se encontraba en condiciones de soportar. Revoca. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  Temas: Detención. Inocencia. Investigación. Ciudadano.

Expediente 25000 23 26 000 1997 13702 01 de 2016.

LOS CONTRATOS CELEBRADOS BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO 222 DE 1983 SON SUSCEPTIBLES DE INCLUIR CLÁUSULAS COMO LA CADUCIDAD Y LA PENAL PECUNIARIA.El recurso presentado por la parte deudora en el cual pretende que no se continúe con el proceso de cobro adelantado por la autoridad administrativa, debido al incumplimiento del contrato celebrado entre las partes, no tiene en cuenta el hecho de que en otro proceso anterior se decretó que los actos administrativos proferidos conservaban la presunción de legalidad y por lo tanto era procedente hacer efectiva la cláusula penal por incumplimiento contractual, que fue acordada previamente por las partes de manera libre y sin presión, ya que el contrato celebrado bajo el régimen del Decreto 222 de 1983 podía incluir tal tipo de cláusulas. Modifica. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Temas: Contratos. Caducidad. Cláusula pena.

Expediente 41001 23 31 000 2012 00169 01 (52851) de 2016.

LA APLICACIÓN DE LAS NULIDADES SE HACE DE MANERA TAXATIVA Y NO SON SUSCEPTIBLES DEL CRITERIO DE ANALOGÍA. Manifiesta el Consejo de Estado que en relación con la nulidad planteada por el Ministerio Público, la declaratoria de nulidad por parte del juez solo sucede por los principios de taxatividad y especificidad lo cual quiere decir que solo son aplicables las nulidades, siempre que sean mencionadas de manera expresa y concreta por la norma procesal que rige el procedimiento adelantado sin que sea posible extenderlas a eventos distintos de aquellos planteados por la ley; por lo tanto no es procedente considerar la aplicación análoga de nulidades ya que como se dijo previamente solo hay lugar a ello cuando la norma lo contemple. Niega. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Nulidades. Procedimiento. Analogía.

Expediente 54001 23 31 000 2004 00296 01 (40505) de 2016.

AUNQUE LA DETENCIÓN CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, SI SE DECRETA LA INOCENCIA DEL INVESTIGADO ES POSIBLE CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UNA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL ESTADO. La sentencia de primera instancia que exoneró de responsabilidad a la entidad demandada desconoció el precedente judicial existente, que ha establecido de manera clara y constante la necesidad de declarar la falla en el servicio por parte del Estado, para aquellos casos en los cuales se realiza la detención del ciudadano pero posteriormente la autoridad judicial decreta su inocencia respecto de la investigación adelantada en su contra, pues aunque se ejecute la detención con el cumplimiento de las normas legales la declaratoria de inocencia evidencia que el Estado no realizó de manera correcta la valoración de las pruebas, causando al afectado un perjuicio que no estaba obligado a soportar. Revoca. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Detención. Requerimientos legales. Falla en el servicio.

Expediente 25000 23 26 000 2000 01778 01 (29204) de 2016

EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN SE IDENTIFICAN NORMALMENTE CUATRO TIPOS DE RIESGOS QUE DEBEN CONTEMPLARSE EN LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS, Y QUE CABEN EN PRINCIPIO DENTRO DEL ÁREA NORMAL DE ESTA CLASE DE CONTRATOS. Deben por lo tanto ser asumidos por el concesionario, quien los tuvo que haber estudiado y evaluado al presentar su oferta. Tales riesgos, son: el riesgo proyecto, constituido por el grado de dificultad de la construcción y operación de la obra; el riesgo mercado, propio de la etapa de operación del proyecto y que corresponde al grado de utilización de la obra por parte de los usuarios de la misma; riesgo financiero, relacionado con las fluctuaciones inflacionarias y cambiarias durante todo el proyecto y el riesgo tiempo, que tiene que ver con los cambios en el retorno de la inversión, cuando éste se produce en diferentes tiempos . Revoca C.P. Danilo Rojas Betancourth Temas: Acción. Controversias contractuales. Contrato de concesión. Paralización de obra. Incumplimiento. Falta de recursos. Financiación. Riesgos.

Expediente 25000 23 26 000 2008 00075 01 (40313) de 2016

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Ha pasado por las siguientes etapas: En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial. En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por error judicial comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo el hecho de que la detención preventiva dispuesta hubiese sido injusta. En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, se sostiene que la responsabilidad patrimonial del Estado se puede derivar por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.Revoca y declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Indemnización. Perjuicios.

Expediente 63001 23 33 000 2012 00004 02 (50719) de 2016

PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE SÚPLICA. Como bien lo establece el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto; de lo cual se desprende que el recurso ordinario de súplica únicamente procede contra los autos interlocutorios dictados por el ponente, en tanto y en cuanto sean naturalmente susceptibles de apelación. Rechaza C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Temas: Recurso de súplica. Procedencia. Oportunidad. Auto. Excepciones previas. Recurso de apelación.

Expediente 73001 23 31 000 2008 00582 01 (40658) de 2016

REITERACIÓN DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad. Revoca y declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Indemnización. Perjuicios morales. Tasación.

Expediente 850001 23 31 000 2009 00042 01 (40 374) de 2016

CUANDO NO SE ACREDITA NI EL DAÑO SUFRIDO POR EL ACTOR NI SU TASACIÓN ECONÓMICA NO HAY LUGAR A DECLARAR Y CONDENAR POR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La Sala considera que en la acción de reparación directa se debe demostrar el daño causado, su cuantía y el responsable del mismo, por lo que cuando obra un dictamen pericial según el cual los daños causados ascienden a una determinada suma pero aquél no cuenta con respaldo probatorio que justifique dicha cifra, y además no es posible establecer a ciencia cierta cuándo habrían sido causados tales daños, ni individualizar al responsable de los mismos, la decisión a tomar es sin duda alguna, la denegación de las pretensiones. Confirma C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera Temas: Daño. Tasación económica. Reparación directa. Indemnización de perjuicios.

Expediente 08001 33 31 009 2010 00183 01 (57 191) de 2016.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. El artículo 252 de la Ley 1437 de 2011 dispone que para poder admitir el recurso extraordinario de revisión por parte del juez, es necesario indicar las partes y sus representantes legales junto con el nombre y domicilio del recurrente, indicación de la causal de revisión que se invoca señalando razonadamente los supuestos fácticos y jurídicos en que se sustenta, junto al recurso se debe adjuntar poder especial para su interposición además de las pruebas que tenga en su poder y aquellas que pretenda hacer valer. Inadmite. C.P. Jaime Alberto Santofimio Gamboa. Temas: Recurso extraordinario de revisión. Poder. Pruebas. Supuestos fácticos. Jurídicos.

Expediente 25000 23 26 000 2008 10548 01 de 2016

EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN SI LOS HECHOS O ACTUACIONES QUE DIERON ORIGEN A LA DEMANDA Y SU POSTERIOR CONDENA SON ANTERIORES A LA LEY 678 DE 2001, LA NORMATIVIDAD APLICABLE SERÁ LA VIGENTE AL MOMENTO DE LA CONDUCTA DEL AGENTE PÚBLICO. De manera que lo relativo a la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes en la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado y que desencadenaron la responsabilidad y el ulterior pago a la víctima del daño. En cuanto refiere al ámbito procesal, por el contrario, por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato y, por lo mismo, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, conforme lo pregona el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Revoca C.P. Ramiro Pazos Guerrero Temas: Responsabilidad patrimonial. Acción de repetición. Conducta del funcionario. Dolo. Culpa grave.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2012 00277 01 (20603) de 2016.

EN LOS PROCESOS DE ESCISIÓN EMPRESARIAL EL EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA SOLO PUEDE TOMARSE EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE PATRIMONIAL TRANSFERIDO.Las normas tributarias, señala el Consejo de Estado, han sido claras al hacer referencia respecto del tratamiento de los excesos de renta presuntiva en los procesos de fusión o escisión empresarial, y dicha condición no fue tenida en cuenta por la sociedad escindida ya que decidió tomar el cien por ciento (100%) del exceso de renta presuntiva existente, cuando la ley es clara al señalar que en la escisión solo puede tomarse como exceso de renta presuntiva el equivalente a la parte patrimonial transferida; esto es razón suficiente para que la Autoridad Tributaria negara tal beneficio en el impuesto sobre la renta. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Temas: Exceso. Escisión empresarial. Parte patrimonial transferida.

Expediente 23001 23 33 000 2015 00061 01 de 2016.

RESPECTO A LAS ACREENCIAS CIERTAS Y DISCUTIBLES QUE SE DEBAN PAGAR EN LOS ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, EL PORCENTAJE A PAGAR POR LA ENTIDAD ESTATAL PUEDE SER OBJETO DE REDUCCIÓN. La fuente de la obligación a cargo de la Autoridad Administrativa para el pago de la sanción moratoria por incumplimiento o retardo en consignar las cesantías, tiene su origen en la ley y por lo tanto no es necesario un acto administrativo o sentencia que de modo expreso reconozcan el pago del derecho a una sanción; no obstante en los acuerdos de restructuración de pasivos es posible reducir el porcentaje de la sanción a pagar mas no se puede evadir la responsabilidad en la cancelación de dicha acreencia. Revoca. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Sanción moratoria. Cesantías. Ley.

Expediente 25000 23 27 000 2007 00180 01 de 2016.

ES IMPROCEDENTE QUE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA ACCEDA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE SI LAS MISMAS CARECEN DEL MEDIO PROBATORIO PERTINENTE PARA DEMOSTRAR SU EXISTENCIA. Las autoridades tributarias pueden efectuar el traslado de pruebas de otros procedimientos adelantados por entidades públicas, siempre que sean procedentes y también permitan a la entidad garantizar la comprobación de los hechos que sean materia de investigación, ya que tal clase de actuaciones son permitidas por la ley en virtud del principio de economía procesal; por lo tanto si la contribuyente pretendía hacer valer los incentivos tributarios CERT debió demostrar la existencia de las exportaciones alegadas, pues en caso contrario la entidad pública tenía la facultad de oponerse a sus pretensiones y no otorgarlas. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Autoridades tributarias. Traslado. Pruebas. Solicitudes.

Expediente 05001 23 33 000 2012 00490 01 (20508) de 2016.

EN LOS ASUNTOS QUE SE VENTILEN CONTROVERSIAS DE INTERÉS PÚBLICO, EL JUEZ NO PUEDE IMPONER LA CONDENA EN COSTAS A LA PARTE QUE PIERDE EL LITIGIO. El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que las cotas se integran por la totalidad de las expensas y gastos sufragados en el curso del proceso y por las agencias en derecho, disposición que si bien es aplicable de modo general a los procesos de naturaleza contencioso administrativa debe tenerse en cuenta que la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos en que se ventile un interés público no hay lugar a la condena en costas; adicionalmente no puede imponerse condena si no hay prueba de que alguna de las partes actuó en forma temeraria o contraria a la ley. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Costas. Agencias en derecho. Interés público. Condena.

Expediente 05001 23 33 000 2013 01113 01 (21782) de 2016.

LA REITERACIÓN EN LA INDEBIDA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PRECIOS DE TRANSFERENCIA, IMPIDE QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDA ACCEDER AL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA. La decisión de primera instancia debe ser revocada, señala el Consejo de Estado, debido a que hubo una falta de claridad en el método de precios de transferencia presentado inicialmente con el que se presentó luego de haber sido requerido el contribuyente por la autoridad tributaria; al haber dos métodos distintos para el cálculo de las transacciones efectuadas no era procedente que el requerido se acogiera al beneficio de reducción de la sanción, pues si bien aceptó los errores no los enmendó y continuó la inconsistencia ya mencionada. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.Temas: Documentos. Indebida presentación. Método.

Expediente 25000 23 27 000 2011 00083 01 de 2016.

LA FALTA DE PAGO DE LAS CUOTAS ACORDADAS POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE, NO PUEDE INVOCARSE COMO CAUSAL PARA SOLICITAR LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO. Los argumentos expresados por la parte demandante en el sentido de solicitar la ilegalidad de los actos administrativos proferidos en su contra, no pueden ser decididos de manera favorable ya que en el expediente obra la voluntad del contribuyente de haberse sometido al acuerdo de pago celebrado con la administración, lo cual implicaba que debía efectuar la cancelación oportuna de las cuotas otorgadas como medio para facilitar el pago de las retenciones en la fuente no consignadas; por lo tanto el incumplimiento de dichas cuotas es una circunstancia totalmente atribuible al contribuyente, y al ser su responsabilidad no puede usar tal situación como excusa para que el juez decrete la nulidad de los actos de la entidad demandada. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Cuotas. Acuerdo de pago. Responsabilidad. Incumplimiento.

Expediente 25000 23 27 000 2010 00149 01 (19648) de 2016.

AL FIRMAR EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS QUE NO DEBÍA ASUMIR. Dentro de la discusión surgida entre la DIAN y el Banco Colpatria respecto de la devolución del dinero pagado por la entidad financiera, por concepto del gravamen a los movimientos financieros, se encuentra debidamente probado que existió un contrato de estabilidad jurídica entre las partes que le otorgaba derecho al banco demandante, para no ser sujeto pasivo de determinados impuestos y entre ellos se incluía el gravamen ya mencionado; por lo tanto aunque la entidad decidió asumir el pago de dicho tributo no estaba en obligación de hacerlo, siendo procedente que solicitara su devolución junto con la respectiva indexación monetaria. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Tributo. Pago. Devolución. Indexación monetaria. Gravamen a los movimientos financieros.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00307 02 (21147) de 2016.

EL GARANTE ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, INCLUSIVE POR EL MONTO DE LA SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE DEVOLUCIÓN. Dentro de las pruebas que obran en el expediente es posible determinar que contrario a lo manifestado por la aseguradora, la resolución proferida por la entidad demandada no definió que la responsabilidad en el pago operara sobre la totalidad de los dineros señalados, sino que se limitó a ordenar a la empresa contribuyente requerida el reintegro de los dineros devueltos en forma improcedente; lo anterior obedece al hecho de que el Estatuto Tributario define la responsabilidad del garante de manera solidaria por las sumas de dinero garantizadas, junto con el monto de la sanción por improcedencia de la devolución. Revoca.C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Garante. Responsable. Solidariamente. Improcedencia. Devolución. Sanción.

Expediente 19001 23 31 000 2011 00592 01 (21916) de 2016.

SI EL TÍTULO EJECUTIVO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE HACER EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO.Los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario establecen las condiciones en las cuales se puede considerar ejecutoriado un título ejecutivo, pero tales exigencias no fueron reconocidas por la entidad pública demandada que inició el procedimiento de cobro del impuesto de industria y comercio, debido a que el contribuyente decidió interponer demanda en contra de la liquidación oficial lo cual implicaba que dicho título no se encontraba ejecutoriado, hasta tanto se profiriera la sentencia definitiva por parte del juez competente; debido a lo anterior la entidad pública no se encontraba facultada para iniciar el proceso de cobro coactivo. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Título ejecutivo. Administración. Exigible. Obligación. Ejecutoriado.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 76001 23 33 004 2016 00193 01 de 2016.

LOS REQUISITOS PARA SER ALCALDE NO SON APLICABLES A AQUEL QUE HA SIDO DESIGNADO PARA CUBRIR LA VACANCIA TEMPORAL POR VENCIMIENTO DEL PERIODO INSTITUCIONAL. La designación provisional efectuada por la Gobernadora del Valle del Cauca, para proveer el cargo de alcalde del municipio de Guadalajara de Buga sí fue conforme a la ley, señala el Consejo de Estado, ya que al no enmarcarse dentro de los eventos contemplados por la ley tampoco es posible que cumpla con los requisitos del artículo 86 de la Ley 136 de 1994, relacionados con haber nacido en el municipio o acreditar (en su defecto) que residió en el mismo durante el año anterior a la inscripción o durante un periodo de tres años consecutivos en cualquier época, debido a que tales requisitos solo son exigibles a la persona que se somete a elección popular. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno RubioTemas: Alcalde. Requisitos. Elección popular.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00088 01

LA DIAN NO PUEDE EFECTUAR LA COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CUANDO NO SE DEN LOS SUPUESTOS LEGALES QUE AUTORICEN TAL OPERACIÓN. Dentro de la discusión surgida entre la empresa demandante y la DIAN señala el Consejo de estado que la compensación del saldo a favor de la parte actora por concepto de impuestos no era procedente, por cuanto la empresa contribuyente durante el año 2010 efectuó un abono a la deuda por una cuantía de $975 millones, lo cual implicaba que sí existía un saldo a favor de la empresa que debía ser devuelto por ser un valor superior a la tarifa de impuesto sobre las ventas que esta tuvo que pagar. Confirma. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Saldo a favor. Compensación. Empresa.

Expediente 50001 23 33 000 2015 00653 01 de 2016.

AL NO HABERSE COMPROBADO LA EXISTENCIA DEL MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS MÁS ALLÁ DEL PRIMER PERIODO ELECTORAL, NO ES POSIBLE DETERMINAR LA DOBLE MILITANCIA DEL CANDIDATO. A pesar de manifestar en su demanda la parte actora que el demandado incurrió en doble militancia, la Sala Quinta del Consejo de Estado determinó que no hubo tal hecho ya que si bien el concejal perteneció a un movimiento significativo de ciudadanos para el periodo 2012-2015, no se demostró la existencia de dicho movimiento más allá del periodo electoral anteriormente mencionado y por lo tanto el candidato se encontraba facultado, para postularse al cargo público para el cual fue elegido con el partido o movimiento político que considerara más acorde con sus intereses. Revoca. C.P. Alberto Yepes Barreiro. . Temas: Cargo público. Doble militancia. Movimiento significativo de ciudadanos.

Expediente 11001 03 27 000 2011 00003 00 de 2016.

EL ESTADO DEBE MANTENER LAS CONDICIONES INICIALES BAJO LAS CUALES CELEBRÓ EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA CON LOS CONTRIBUYENTES. El mecanismo de estabilidad jurídica de la Ley 963 fue implementado como herramienta para fomentar nuevas inversiones y ampliar las existentes, en el marco de un escenario jurídico estable para el contribuyente que consistía (en los términos del artículo 1º de la ley citada), en protegerlo frente a cualquier variación normativa adversa en materia de tributos lo cual incluye normas reglamentarias, e inclusive el cambio de interpretación vinculante que fije la Administración como lo es el caso de la DIAN; por lo tanto no es posible expedir una ley que prorrogara la vigencia del impuesto al patrimonio, argumentando que se trataba de un nuevo impuesto que podía ser cobrado ya que esto va en contravía de la finalidad de la estabilidad jurídica. Anular. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Variación normativa. Impuesto al patrimonio. Estabilidad jurídica.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00226 01 (20281) de 2016.

CUANDO NO SE HAYA CUMPLIDO EL TÉRMINO DE FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA, LA DIAN SE ENCUENTRA EN LA CAPACIDAD DE EFECTUAR LAS MODIFICACIONES A DICHA DECLARACIÓN SI ES NECESARIO. Los argumentos expresados por la parte demandante en los cuales alega la falta de competencia de los funcionarios de la DIAN para modificar la declaración privada, no están llamados a prosperar toda vez que el término de firmeza de la misma (si fue presentada dentro del plazo legal) es de dos años y ese es el tiempo con el cual cuenta la DIAN para efectuar modificaciones, si así lo estima necesario, por lo tanto es evidente que sí existía competencia para iniciar el correspondiente proceso de fiscalización en contra del contribuyente por las inconsistencias detectadas. Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.  Temas: Firmeza. Declaración privada. Proceso de fiscalización. Competencia.

Expediente 13001 23 33 000 2015 00759 02 de 2016.

EN CASO DE INCUMPLIR EL FALLO DE TUTELA Y AGOTADOS PREVIAMENTE TODOS LOS MECANISMOS PARA TRATAR DE QUE SE REALICE, EL JUEZ PUEDE TOMAR MEDIDAS DE MODO DIRECTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 199, cuando no se cumple el fallo de tutela pasadas las 48 horas, el juez debe requerir al superior del responsable para que lo haga cumplir y abra el proceso disciplinario contra aquel, y luego de pasadas las 48 horas debe ordenar abrir proceso contra el superior que no haya atendido los requerimientos recibidos; una vez agotadas las herramientas antes mencionadas el juez se encuentra en la obligación de adoptar de modo directo, todas las medidas necesarias para poder dar efectivo cumplimiento a la sentencia hasta tanto se logre el restablecimiento del derecho vulnerado. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. . Temas: Fallo de tutela. Juez. Restablecimiento. Derecho vulnerado.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00041 00 de 2016.

LA AUSENCIA DE ARGUMENTACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO GENERA EL RECHAZO DEL MISMO POR PARTE DEL JUEZ. El magistrado ponente, en la decisión impugnada, decretó negar la práctica de la prueba debido a que se presentó la solicitud de manera extemporánea y era impertinente para demostrar lo que buscaba la parte demandante, de modo que al haber interpuesto la apelación el impugnante solo hizo referencia a la impertinencia que señaló el magistrado, sin mencionar de manera expresa la razón por las cuales consideraba que no era extemporánea la solicitud presentada; al existir tal inconsistencia (ausencia de argumentación respecto de la extemporaneidad) el superior jerárquico no puede discutir cuestiones que el recurrente no señale expresamente. Confirma. C.P. Alberto Yepes Barreiro. . Temas: Extemporaneidad. Impertinencia. Prueba.

Expediente 63001 23 33 000 2015 00377 01 de 2016

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMO ELEMENTO CONFIGURATORIO DE INHABILIDAD DE LOS CONCEJALES. El artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dispone que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. Esta sección ha determinado con fundamento en el artículo 190 de la ley 136 de 1994 que el concepto de autoridad administrativa comprende dos criterios: el orgánico consistente en el ejercicio de algunos de los cargos señalados en el precepto normativo, o el ejercicio de los máximos niveles decisorios de la respectiva dependencia o entidad; y el funcional que corresponde a la capacidad decisoria referente a los aspectos relativos al manejo del personal vinculado con la institución, ordenación del gasto, facultad para investigar faltas disciplinarias, entre otras funciones. Revoca C.P. Rocío Araújo Oñate Temas: Nulidad electoral. Concejal. Inhabilidad. Autoridad administrativa.

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda

 

Expediente 2012 00113 01 de 2016

PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE CUALQUIER ORDEN SE LIQUIDAN NO SOLO SOBRE LOS FACTORES ENLISTADOS EN LA LEY SINO SOBRE AQUELLOS RESPECTO DE LOS CUALES SE HAYA EFECTUADO LOS APORTES AL SISTEMA. La Jurisprudencia Unificada de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado ha definido que en la liquidación o reliquidación pensional deberá incluirse la totalidad de los factores de salarios devengados en el último año de servicios, equivalente al 75% del salario mensual. Como quiera que esas cotizaciones a la seguridad social (pensiones) que hacen los empleados del servicio público o privado son las que conforman la base económica y financiera de todo el sistema pensional, deberá entonces disponerse que hecha la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicio, se hagan las respectivas deducciones de aquellos factores sobre los cuales no se aportó con destino a pensiones durante la vida laboral del empleado, debidamente indexados, en los porcentajes que hubiera aplicado durante las distintas épocas; atendiendo que no siempre ha correspondido en el mismo monto, esos porcentajes han sido aumentados progresivamente por el Gobierno Nacional, precisamente para atender la solidez de la base económica del sistema pensional. Confirma M.P. José María Armenta Fuentes Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación. Pensión de jubilación. Factores salariales. Aportes a pensión.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 60 00 015 2013 09980 01 (981) de 2016.

LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER POR PARTE DEL JUEZ DEBE ATENDER A CRITERIOS DE CARÁCTER OBJETIVO TAL COMO LO EXIGE LA LEY. El artículo 269 del Código Penal dispone que, en los delitos contra el patrimonio económico, cuando el responsable de un delito restituya el bien hurtado o su valor y realice la indemnización de perjuicios ocasionados, antes de que se dicte sentencia, tiene derecho a que el juez reduzca la sanción a imponer de la mitad a las tres cuartas partes y tal reducción no puede ser realizada mediante valoraciones subjetivas tales como el motivo que llevo a la reparación, la intención, la intención de hacerlo o las circunstancias que rodean el acto indemnizatorio, ya que se trata de una situación posterior al delito que debe ser evaluada de manera objetiva. Aclara. M.P. Juan Carlos Garrido Barrientos. Temas: Restituya. Delito. Indemnización. Perjuicios.

Expediente 11001 60 00 049 2012 12915 03 de 2016

POSTURA DE LA CORTE SUPREMA RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE UNA CONDUCTA PUNIBLE. En sentencia del 16 de abril de 2015, la Corporación estableció que las exigencias se reducen a cuatro: que la nueva imputación respete el núcleo fáctico de la acusación, que se proceda por delitos del mismo género, que no implique agravación de la situación jurídica del procesado, y que no afecte los derechos fundamentales de otros sujetos intervinientes. Confirma M.P. Fernando Adolfo Pareja Reinemer  Temas: Delito. Variación. Calificación jurídica. Imputación. Acusación.

Expediente 11001 60 00 023 2014 80854 01 de 2016

NO ES POSIBLE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA NI LA PRISIÓN DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN CUANDO SE TRATA DEL DELITO DE HURTO CALIFICADO. Están proscritas la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliara como sustitutiva de la prisión, y el otorgamiento de otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva para las personas que son condenadas por los delitos enlistados en el segundo inciso del artículo 68 A del Código Penal, entre los que se encuentra el hurto calificado. Confirma M.P. Jairo José Agudelo Parra Temas: Delito. Hurto calificado. Suspensión condicional. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

 

Expediente 11001 31 03 032 2015 00683 01 de 2016.
SIN LA ENTREGA MATERIAL DEL BIEN OBJETO DE LA VENTA, ES IMPOSIBLE PARA EL JUEZ EMPEZAR A CONTAR EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. Manifiesta el Tribunal que no comparte la decisión del juez de primera instancia que declaró probada la excepción previa de prescripción, debido a que no se encuentra evidencia de que el demandante haya recibido el bien objeto de discusión pues tuvo que devolverlo al demandado para reparaciones, sin que a la fecha se demuestre algún tipo de solución para el efecto; esto demuestra que contrario a lo considerado en primera instancia no hubo una entrega material y efectiva del bien, y lo por lo tanto tampoco es posible decretar la prescripción de la acción redhibitoria. Revoca. M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora. Temas: Entrega material. Bien. Venta.

Expediente 11001 22 03 000 2016 01197 00 de 2016.

ES NECESARIO AGOTAR TODOS LOS RECURSOS LEGALES EN CONTRA DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS ANTES DE ACUDIR ANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. La jurisprudencia constitucional de las Altas Cortes ha sido enfática y constante al señalar que se debe cumplir el requisito de subsidiariedad en las acciones de tutela, pero para el caso estudiado es evidente que los recursos de reposición y apelación (interpuesto en forma subsidiaria) aún no han sido resueltos por parte de la autoridad demandada, lo cual implica que no se ha dado satisfacción al requisito antes planteado pues es necesario agotar todos los medios legales disponibles, y cumplido este requisito es posible interponer la tutela. Niega. M.P. Hernando Vargas Cipamocha. . Temas: Recursos legales. Decisiones administrativas. Requisito de subsidiariedad.

Expediente 11001 22 03 000 2016 01441 00 de 2016

COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL FRENTE A ACCIONES DE AMPARO DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO SE ENCUENTRA LIMITADA. No está facultado para revisar la decisión original de amparar el derecho ni cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de tutela cuyo desacato se analiza, ya que con relación a éstas opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Por manera que al conocer acciones de tutela frente a decisiones emitidas en el curso de un desacato, el juez constitucional debe limitar su examen a tres puntos esenciales, a saber: si la autoridad judicial que resolvió el incidente procedió de acuerdo con la decisión de tutela objeto de análisis; si se garantizó el debido proceso de los intervinientes; y si la sanción impuesta no fue arbitraria.Concede M.P. Hernando Vargas Cipamocha Temas: Acción de tutela. Incidente de desacato. Competencia. Juez constitucional.

Expediente 11001 22 03 000 2016 01512 00 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO TIENE CABIDA FRENTE A DECISIONES JUDICIALES, SALVO QUE PUEDAN SER CALIFICADAS COMO VÍAS DE HECHO. Esto es, como actos de poder caprichosos, antojadizos o arbitrarios que responden a la mera voluntad del juzgador que las profiere y que, en adición, no pudieron ser cuestionadas eficazmente a través de los medios ordinarios de defensa judicial. Desde esta perspectiva, si la actuación judicial cuestionada tiene soporte en una norma jurídica y, además, existen medios de defensa judicial, no es posible conceder un amparo que, por definición constitucional, tiene naturaleza subsidiaria, por lo que no puede ser utilizado como una instancia adicional que le permite a un juez de una jurisdicción distinta socavar la autonomía que tiene todo juzgador. Niega. M.P. Hernando Vargas Cipamocha. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Providencias judiciales. Vía de hecho.

Expediente 11001 31 03 046 2016 00069 01 de 2016.

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD (EPS) PUEDE EXIGIR EL RECOBRO AL FOSYGA DE TRATAMIENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS SIN NECESIDAD DE ORDEN JUDICIAL, YA QUE LA LEY CONTEMPLA UNA SERIE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL EFECTO. Señala el Tribunal de segunda instancia que la entidad de salud accionada no se encontraba facultada para interrumpir el tratamiento médico al cual tiene derecho la demandante, ya que además de poner en grave riesgo su vida (atendiendo al hecho de ser una persona de la tercera edad) también está negando de manera injustificada el acceso a derechos protegidos constitucionalmente; de modo que si lo pretendido por la entidad accionada es el recobro de los gastos en que incurre, por tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS, puede hacerlo ante el FOSYGA sin necesidad de que la sentencia del juez lo ordene, pues la ley contempla estos escenarios y ha fijado los trámites correspondientes. Confirma. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. Temas: Tratamiento médico. Recobros. Plan Obligatorio de Salud.

Expediente 11001 22 03 046 2016 01199 00 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA DEBE PRESENTARSE EN UN TIEMPO RAZONABLE DESDE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL. La Corte Constitucional ha estructurado este presupuesto sobre la base del carácter sumario y preferente que caracteriza la acción de tutela, que va encaminado a la necesidad de mitigar urgentemente el perjuicio que puede nacer sobre el derecho fundamental o el de prevenir la materialización de un peligro inminente. Deniega. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. . Temas: Acción de tutela. Procedencia. Inmediatez. Medios ordinarios. Juez natural.

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera

Expediente 250000 23 36 000 2012 0740 00 de 2016.

NO ES POSIBLE DECRETAR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SOBRE HECHOS O DERECHOS QUE FUERON MERA EXPECTATIVA. Los argumentos expresados por el demandante en su escrito no pueden ser fallados de modo favorable, ya que tanto las leyes como la jurisprudencia han señalado la necesidad de que en las controversias se traten hechos ciertos sobre los cuales se busca una indemnización, toda vez que la controversia surgida entre la Corte Suprema de Justicia y el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la composición de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación, no supuso una afectación para la parte actora pues a pesar de pertenecer a una de las ternas rechazadas, solo tenía una mera expectativa para ser nombrado Fiscal y por lo tanto en ningún momento le fueron generados perjuicios económicos. Niega. Temas: Controversias. Indemnización. Ternas. Mera expectativa. Fiscal General de la Nación. Temas: Controversias. Indemnización. Ternas. Mera expectativa. Fiscal General de la Nación.

Consejo Superior de la Judicatura

 

Acuerdo 10580 de 2016

SE SEGREGA EL MUNICIPIO DE FLANDES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ESPINAL, DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ Y SE ADSCRIBE AL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA. Dicha modificación al mapa judicial del Distrito Judicial de Ibagué se hizo efectiva a partir del 10 de octubre de 2016. En ese sentido, el Circuito Judicial de Girardot, con cabecera en dicho municipio queda conformado por los municipios de Girardot, Agua de Dios, Flandes, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima y Viotá; mientras que el Circuito Judicial de Espinal, por los municipios de Espinal, Coello y Suárez. Temas: Modificación. Mapa judicial. Distrito judicial. Circuito judicial. Municipios.

 

Ministerio de Salud

Concepto 201611601752741 de 2016

EPS QUE EXIGAN CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA AFILIAR A HIJOS MENORES DE 25 AÑOS PODRÍAN SER SANCIONADAS.

 

Superintendencia de Sociedades

Concepto 220 de 2016

FALTA DE RECONOCIMIENTO COMO HEREDERO IMPIDE IMPUGNAR LAS DECISIONES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL.

 

 

Ministerio de Trabajo

Decreto 1563 del 2016

SE REGLAMENTA LA AFILIACIÓN VOLUNTARIA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Senado de la República

 

AGENDA LEGISLATIVA OCTUBRE 10 AL 14 DEL 2016

 

Congreso de la Republica

Proyecto de ley 016 de 2015 Senado

APROBADO PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE ELIMINA EL COBRO POR RECONEXION Y REINSTALACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. La Ley solamente necesita sanción presidencial, que permitirá que los usuarios gocen del beneficio aprobado en el Congreso de la República.

AGENDA LEGISLATIVA OCTUBRE 10 AL 14 DEL 2016