Octubre 10 del 2016

Corte Constitucional

Sentencia T 331 de 2016

CASOS EN QUE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD DEBEN BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE. La Corte ha establecido que dicha obligación se da cuando ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y cuando de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Esta Corporación no solo ha previsto la necesidad de reconocer el servicio transporte para el usuario sino también para un acompañante en la medida en que el POS no contempla esa posibilidad. Para tal fin, se debe corroborar que el paciente dependa totalmente de un tercero para su movilización, necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y, ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el transporte del tercero. Revoca parcialmente. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Seguridad social. Salud. Servicios médicos. Servicio de transporte. EPS.

Sentencia C 285 de 2016

CORTE SEÑALA QUE EL ESQUEMA INTRODUCIDO EN EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 DESBORDÓ EL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL CON EL QUE CUENTA EL CONGRESO PORQUE SUPRIMIÓ EL PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. El Acto Legislativo 02 de 2015 institucionaliza un sistema de interferencias en el gobierno y administración del poder judicial, tanto por parte de actores externos a la Rama Judicial, como instancias gubernamentales, el Fiscal General de la Nación y representantes de abogados y de la academia, como por parte de quienes integran la función jurisdiccional misma. En un escenario como este, este tipo de mediaciones e intervenciones tienen como efecto que el control sobre la dirección de la Rama Judicial y del sistema de justicia se traslade a estas instancias externas, y que por tanto, se anule el autogobierno judicial, como manifestación del principio de separación de poderes y del principio de independencia judicial. Declara inexequible M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Temas: Competencia. Reforma constitucional. Autonomía. Independencia judicial. Autogobierno.

Sentencia C 474 de 2016

EXISTE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA RESPECTO DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007, PUES EN LA SENTENCIA C-439 SE DECLARÓ SU INEXEQUIBILIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. La Corte encuentra que existe identidad de objeto entre la presente demanda y la estudiada en el expediente D-11213 resuelto mediante sentencia C-439 de 2016, al demandarse en ambos casos el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera en relación con los cargos planteados, pues observa la Sala que la demanda que culminó con la sentencia antes referida alegaba vulneración a los artículos 1, 2 y 150 de la Constitución, por cuanto la norma demandada establece una prevalencia de las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sobre disposiciones de la misma naturaleza; y vulneración de los mismos artículos por considerar que existe una limitación de la competencia del Congreso de la República para la creación de las leyes, aspectos que fueron alegados también en la demanda que aquí se estudia, razón por la que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-439 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Cosa juzgada constitucional. Declaratoria de inexequibilidad. Contratación púbica.

Sentencia T 268 de 2016

EVENTOS EN LOS QUE SE AMENAZA EL DERECHO AL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE UN MENOR CUANDO SE CANCELA SU APADRINAMIENTO. Considera la Corte que ello ocurre cuando al menor no se le hace partícipe del proceso y se le separa intempestivamente de sus padrinos, en el sentido que ello afecta el estado de ánimo del menor. Así las cosas, se debe propender porque a la familia se le permita despedirse del niño y explicarle, desde su punto de vista, las razones de la separación y la cancelación del apadrinamiento; al niño se le permita despedirse de la familia, dándole la oportunidad de expresar sus sentimientos con respecto a la separación; y se haga seguimiento al estado de salud mental del niño para determinar si ha asumido sanamente la separación de la familia padrina, o por el contrario, establecer si de algún modo ese hecho ha afectado su bienestar. Confirma parcialmente M.P. María Victoria Calle Correa

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 44878 de 2016

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO PENSIONAL Y DE LA ACCIÓN PARA RECLAMARLO. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades que el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, dado su carácter vitalicio por lo que se puede hacer en cualquier tiempo. Así, en sentencia CSJ SL, del 6 de febrero de 1996, radicado 8188, indicó que la acción que se dirija a reclamar esa prestación (pensión de jubilación) puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario, bajo el entendido que del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción. No Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Pensión de jubilación. Imprescriptibilidad. Acción. Reclamación del derecho.

Expediente 53370 de 2016

COMPARTIBILIDAD PENSIONAL ES APLICABLE INCLUSO EN TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO. El hecho de la afiliación de un trabajador oficial al entonces Instituto de los Seguros Sociales, no significa la pérdida del derecho a pensionarse, para el caso, bajo el régimen del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, según el cual, el reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, se encuentra a cargo del empleador oficial, quien deberá cubrir la jubilación hasta cuando el ISS, conforme sus reglamentos reconozca la pensión de vejez, en cuyo caso y bajo el amparo del artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, este sólo estaría obligado a asumir el mayor valor entre ambas pensiones en aplicación de la figura de la compartibilidad.   Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga.. Temas: Pensión restringida de jubilación. Retiro voluntario. Compartibilidad pensional.

Expediente 43788 de 2016

SE DESNATURALIZA LA SUBSIDIARIDAD DE LA SOLICITUD DE AMPARO, SI SO PRETEXTO DE RESOLVER UN CONFLICTO PARA PROTEGER DERECHOS SUPERIORES SE OMITE SU DISCUSIÓN EN EL ESPACIO PROCESAL PERTINENTE. De manera que, en principio, y así lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previo a interponer la acción de tutela, las partes agoten las herramientas jurídicas ordinarias con las que cuentan para obtener la protección de sus derechos, y luego de ello, si estiman que persiste la vulneración, expongan la controversia ante el Juez Constitucional para que la decida. Niega M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Medios ordinarios. Protección de derechos.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Auto 11001 02 03 000 2016 02336 00 de 2016

CONFORME LO ESTABLECE EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EL RECURSO DE CASACIÓN PROCEDE SIEMPRE QUE LAS PRETENSIONES ECONÓMICAS SEAN SUPERIORES A 1000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. El inciso 1 del artículo 338 del Código General del Proceso dispone que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como lo ha indicado la Sala, por la naturaleza de la casación el interés para acceder a ella debe determinarse para la fecha en que fue proferida la sentencia impugnada, no para la de iniciación del pleito, puesto que el propósito con el que fue concebida no es el de recrear nuevamente el proceso. Declara M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo  Temas: Recurso extraordinario. Casación. Procedencia. Pretensiones económicas. Interés para acceder.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 47660 del 2016.

EL FUNCIONARIO JUDICIAL NO PUEDE OTORGAR PERMISOS DE TRABAJO O ESTUDIO DE MODO ABIERTO AL CONDENADO, YA QUE ELLO IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO. Respecto a la imposición de condenas por parte del juez, este debe tener en cuenta que las personas privadas de la libertad en prisión domiciliaria tienen las mismas garantías de trabajo que los internos de las cárceles, sin que haya distinciones entre la labor material e intelectual a desempeñar por parte del recluso, pero la Ley 1709 de 2014 en ningún momento faculta al funcionario judicial a conceder mediante una providencia carente de motivación, permisos al condenado para realizar diligencias indeterminadas fuera del domicilio, es decir que en su auto el juez debe expresar en qué consiste el permiso otorgado y las razones por las cuales lo decide. Confirma. M.P. Carlos Enrique Malo Fernández. . Temas: Condenas. Juez. Permisos. Providencia. Motivación.

Auto 45608 de 2016

SALA PENAL PRECISA LOS EVENTOS BAJO LOS CUALES NO ES POSIBLE ADMITIR LA DEMANDA DE CASACIÓN. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la demanda de casación no será admitida cuando el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, circunstancia esta última que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder los planteamientos del demandante sin acudir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación. No Admite. M.P. Eugenio Fernández Carlier . Temas: Recurso extraordinario. Casación. Admisión.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 52001 11 02 000 2011 00818 01 de 2016.

LAS CONDUCTAS OMISIVAS DEL ABOGADO RESPECTO A SU CLIENTE CONSTITUYEN UNA FALTA DISCIPLINARIA. A pesar de que el disciplinado asumió el deber de adelantar las gestiones necesarias para obtener el pago de un título valor a favor de su cliente, le comunicó hechos falsos al afirmar que había interpuesto la demanda y se estaban decretando las medidas cautelares pertinentes en el despacho, y tal como lo manifiesta el quejoso dejó de rendir cuentas de su gestión además de haberse comprobado que nunca inició la demanda mencionada anteriormente; esto indica que de manera dolosa el abogado sancionado dejó de cumplir las obligaciones a su cargo e incurriendo en falta a la lealtad con su representado. Modifica. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros. .Temas: Conductas omisivas. Falta disciplinaria. Lealtad.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00491 00 de 2016.

LA EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO LABORAL EN CONTRA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA, SOLO PUEDE SER EJERCIDA ANTE EL JUEZ DEL TRABAJO. Respecto a la controversia surgida por el conflicto negativo de competencias surgido entre las jurisdicciones laboral y contencioso administrativa, sobre la demanda que pretende reclamar el pago de la sanción moratoria por consignación extemporánea de cesantías de la entidad pública demandada, el Consejo Superior de la Judicatura ha señalado de manera constante que si bien se trata de un acto administrativo este tiene origen en una controversia de origen laboral, así mismo se trata de una decisión que niega el pago de acreencias laborales y se constituye en un título ejecutivo que contiene una obligación expresa, clara y exigible además de provenir del deudor y constituir plena prueba contra el mismo; razón por la cual la competencia debe ser asignada a la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Camilo Montoya Reyes.Temas: Título ejecutivo. Acreencias laborales. Controversias.

Expediente 76001 11 02 000 2011 00095 01 de 2016.

NO ES POSIBLE DECRETAR LA EXISTENCIA DE ACOSO LABORAL CON BASE EN VALORACIONES SUBJETIVAS DEL DEMANDANTE. La decisión de primera instancia que decretó la responsabilidad del funcionario disciplinado al considerar la existencia de un acoso laboral hacia el quejoso, no tuvo en cuenta una apreciación adecuada de los elementos probatorios existentes, ya que más allá de comprobar el acoso denunciado lo que existe es un desacuerdo del quejoso respecto a la carga laboral que le asignaba su superior, sin que se analizara de manera detallada si al compararse con otros cargos de su mismo nivel había una injustificada asignación de funciones que contribuyera a una excesiva carga laboral. Deniega. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Temas: Acoso laboral. Valoraciones subjetivas. Carga laboral.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 25000 23 24 000 2003 00840 01 de 2016

LA CORPORACIÓN EN FORMA COINCIDENTE HA SOSTENIDO QUE EL RECURSO DE APELACIÓN DEBE CONTENER PLANTEAMIENTOS QUE CONTRADIGAN EL FALLO QUE SE RECURRE. El presupuesto indispensable de la sustentación del recurso de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada. Confirma M.P. María Claudia Rojas Lasso 2016 Temas: Recurso de apelación. Sustentación. Planteamientos. Argumentos.

Expediente 11001 03 24 000 2008 00107 00 de 2016

ACTO ADMINISTRATIVO NO TENÍA LA FACULTAD PARA DEFINIR LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO INFRACCIONES DE TRÁNSITO. Declarada nulidad sobre algunos aparte del Decreto Reglamentario 3366 “Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos”, toda vez, que si bien la ley ha señalado los sujetos que en materia de transporte público son sancionables y las sanciones que se pueden imponer, no ha tipificado o descrito las conductas consagradas como sancionables de este modo, al no encontrarse tipificadas en el capítulo IX de la Ley 336 de 1996 las conductas de que tratan los artículos demandados, habrá de decretarse su nulidad, máxime cuando ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas. Declaró. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Tránsito. Nulidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 19001 23 31 000 2002 08000 01 (0412 2010) de 2016

EL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 3135 DE 1968 NO AUTORIZA EL RETIRO AUTOMÁTICO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO EN RAZÓN DE SU INCAPACIDAD LABORAL CUANDO ESTA EXCEDE DE 360 DÍAS. Toda vez que el contexto constitucional y legal vigente, desarrollado en las Leyes 100 de 1993, 361 de 1997, y en el Decreto 2463 de 2001, brinda una serie de garantías y prestaciones económicas y asistenciales al empleado incapacitado, con el fin de asegurar su estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de vulnerabilidad, mientras que se resuelve, en forma definitiva, su estado de invalidez y el reconocimiento de la pensión de invalidez. Confirma C.P. César Palomino Cortés. Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Acto administrativo. Retiro del servicio. Incapacidad médica. Debilidad manifiesta. Invalidez.

Expediente 13001 23 31 000 2012 00206 01 (4269 2014) de 2016

EN SENTENCIA DE 26 DE AGOSTO DE 1997, LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO PRECISÓ EL ALCANCE DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA PENSIÓN GRACIA. En aquella oportunidad la Corporación determinó lo siguiente: no existe derecho alguno a esta pensión para los maestros nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos pedagogos territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; conclusión de dicho beneficio para los profesores territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; y la excepción referida a que la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional (pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación) en virtud de la Ley 91 de 1989, limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberían reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio. Revoca. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Régimen de transición. Pensión gracia. Requisitos. Beneficiario. Tiempos de servicio. Calidad de vinculación.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 19001 23 31 000 2006 00028 01 (41 575) de 2016

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. En varias oportunidades esta Corporación ha indicado que el Estado es patrimonialmente responsable por los daños causados por la privación injusta de una persona cuando se ordena la preclusión de la investigación penal debido a que el sindicado no cometió la conducta punible que se le imputa. De esta manera, en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada, lo último que ocurra. Confirma M.P. Hernán Andrade Rincón Temas: Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Reparación directa. Preclusión. Investigación.

Expediente 19001 23 31 000 2010 00441 01 (54 927) de 2016

PRESUPUESTOS GENERALES PARA QUE LA PRUEBA TRASLADADA SEA VALORADA A INSTANCIAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La prueba trasladada en los eventos en que no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser apreciada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, actual artículo 270 del Código General del Proceso, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquél en que haya sido aportada en audiencia o diligencia; salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal. Igualmente, podrán ser tenidas en cuenta en aquellos casos en que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal.  Modifica. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Acción de repetición. Elementos de procedibilidad. Valor probatorio. Prueba trasladada.

Expediente 25000 23 26 000 2009 00624 01 (41643) de 2016.

ES NECESARIO QUE LA PARTE DEMANDANTE DEMUESTRE QUE LAS ACTUACIONES ESTATALES LE CAUSARON UN DAÑO, PARA QUE EL JUEZ PUEDA DECRETAR LA RESPONSABILIDAD Y EL PAGO DE INDEMNIZACIONES AL AFECTADO. Señala el Consejo de Estado para el caso estudiado que existen algunas contradicciones en la declaración del demandante, al relatar la manera cómo sucedieron los hechos que dieron lugar a su detención por parte de la autoridad competente, lo cual permite inferir que su detención y posterior investigación penal si bien dio como resultado decretar su inocencia respecto del crimen investigado también es necesario señalar, que el procedimiento de detención se dio por culpa exclusiva de la víctima y en este caso no es posible predicar que el daño fue causado por la actuación de agentes estatales. Confirmar. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Culpa exclusiva de la víctima. Agentes estatales. Detención.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2012 00277 01 (20603) de 2016.

EN LOS PROCESOS DE ESCISIÓN EMPRESARIAL EL EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA SOLO PUEDE TOMARSE EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE PATRIMONIAL TRANSFERIDO.Las normas tributarias, señala el Consejo de Estado, han sido claras al hacer referencia respecto del tratamiento de los excesos de renta presuntiva en los procesos de fusión o escisión empresarial, y dicha condición no fue tenida en cuenta por la sociedad escindida ya que decidió tomar el cien por ciento (100%) del exceso de renta presuntiva existente, cuando la ley es clara al señalar que en la escisión solo puede tomarse como exceso de renta presuntiva el equivalente a la parte patrimonial transferida; esto es razón suficiente para que la Autoridad Tributaria negara tal beneficio en el impuesto sobre la renta. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Temas: Exceso. Escisión empresarial. Parte patrimonial transferida.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 76001 23 33 004 2016 00193 01 de 2016.

LOS REQUISITOS PARA SER ALCALDE NO SON APLICABLES A AQUEL QUE HA SIDO DESIGNADO PARA CUBRIR LA VACANCIA TEMPORAL POR VENCIMIENTO DEL PERIODO INSTITUCIONAL. La designación provisional efectuada por la Gobernadora del Valle del Cauca, para proveer el cargo de alcalde del municipio de Guadalajara de Buga sí fue conforme a la ley, señala el Consejo de Estado, ya que al no enmarcarse dentro de los eventos contemplados por la ley tampoco es posible que cumpla con los requisitos del artículo 86 de la Ley 136 de 1994, relacionados con haber nacido en el municipio o acreditar (en su defecto) que residió en el mismo durante el año anterior a la inscripción o durante un periodo de tres años consecutivos en cualquier época, debido a que tales requisitos solo son exigibles a la persona que se somete a elección popular. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno RubioTemas: Alcalde. Requisitos. Elección popular.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00088 01

LA DIAN NO PUEDE EFECTUAR LA COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CUANDO NO SE DEN LOS SUPUESTOS LEGALES QUE AUTORICEN TAL OPERACIÓN. Dentro de la discusión surgida entre la empresa demandante y la DIAN señala el Consejo de estado que la compensación del saldo a favor de la parte actora por concepto de impuestos no era procedente, por cuanto la empresa contribuyente durante el año 2010 efectuó un abono a la deuda por una cuantía de $975 millones, lo cual implicaba que sí existía un saldo a favor de la empresa que debía ser devuelto por ser un valor superior a la tarifa de impuesto sobre las ventas que esta tuvo que pagar. Confirma. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Saldo a favor. Compensación. Empresa.

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda

 

Expediente 2012 00113 01 de 2016

PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE CUALQUIER ORDEN SE LIQUIDAN NO SOLO SOBRE LOS FACTORES ENLISTADOS EN LA LEY SINO SOBRE AQUELLOS RESPECTO DE LOS CUALES SE HAYA EFECTUADO LOS APORTES AL SISTEMA. La Jurisprudencia Unificada de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado ha definido que en la liquidación o reliquidación pensional deberá incluirse la totalidad de los factores de salarios devengados en el último año de servicios, equivalente al 75% del salario mensual. Como quiera que esas cotizaciones a la seguridad social (pensiones) que hacen los empleados del servicio público o privado son las que conforman la base económica y financiera de todo el sistema pensional, deberá entonces disponerse que hecha la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicio, se hagan las respectivas deducciones de aquellos factores sobre los cuales no se aportó con destino a pensiones durante la vida laboral del empleado, debidamente indexados, en los porcentajes que hubiera aplicado durante las distintas épocas; atendiendo que no siempre ha correspondido en el mismo monto, esos porcentajes han sido aumentados progresivamente por el Gobierno Nacional, precisamente para atender la solidez de la base económica del sistema pensional. Confirma M.P. José María Armenta Fuentes Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación. Pensión de jubilación. Factores salariales. Aportes a pensión.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10580 de 2016

SE SEGREGA EL MUNICIPIO DE FLANDES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ESPINAL, DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ Y SE ADSCRIBE AL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA. Dicha modificación al mapa judicial del Distrito Judicial de Ibagué se hizo efectiva a partir del 10 de octubre de 2016. En ese sentido, el Circuito Judicial de Girardot, con cabecera en dicho municipio queda conformado por los municipios de Girardot, Agua de Dios, Flandes, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima y Viotá; mientras que el Circuito Judicial de Espinal, por los municipios de Espinal, Coello y Suárez. Temas: Modificación. Mapa judicial. Distrito judicial. Circuito judicial. Municipios.

 

Senado de la República

AGENDA LEGISLATIVA OCTUBRE 10 AL 14 DEL 2016

 

Congreso de la Republica

AGENDA LEGISLATIVA OCTUBRE 10 AL 14 DEL 2016

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