Octubre 12 del 2016

Corte Constitucional

COMUNICADO # 42 

COMUNICADO # 42 – C 537

EL SANEAMIENTO DE LA NULIDAD POR CAUSA DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NO CONFIGURA UNA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA, COMO LO HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – LO ULTIMO EN MATERIA DE NULIDADES PROCESALES EN EL CGP.

COMUNICADO # 42 – SU 542

LA CORTE DETERMINÓ QUE EL DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA SE PREDICA TAMBIÉN DE LAS PENSIONES DE SOBREVINIENTES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. LA PRESCRIPCIÓN SE SUSPENDE DESDE LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN DE DICHA INDEXACIÓN

 

Sentencia T 415 de 2016

NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO GENERAL TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. En la medida en que esa circunstancia constituye el camino que permite restablecer el ordenamiento jurídico que haya resultado vulnerado por causa de la vigencia del acto expulsado. De acuerdo con ello, se excluyen de tales efectos, las situaciones jurídicas consolidadas siempre y cuando las mismas constituyan un beneficio para el destinatario del respectivo acto administrativo. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva . Temas: Debido proceso. Nulidad. Acto administrativo. Contenido general. Efectos retroactivos.

Sentencia T 420 de 2016

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA NO SE CONCRETA ÚNICAMENTE CON LA ENTREGA DE UN INMUEBLE, SINO QUE IMPLICA QUE EL MISMO SEA ADECUADO PARA LA HABITACIÓN DE QUIEN ES SU TITULAR, GARANTIZANDO SU GOCE REAL Y EFECTIVO. Tratándose de población en situación en discapacidad beneficiaria de subsidios de vivienda, la entidad gubernamental ejecutora de la política pública de vivienda, no culmina su labor con la entrega física y jurídica del inmueble asignado, sino que tiene el compromiso de velar porque la solución habitacional satisfaga unos estándares suficientes de accesibilidad física que hagan realidad la materialización del derecho a la vivienda digna. En tal sentido, esta Corporación frente al déficit de accesibilidad física a unidades habitacionales entregadas vía subsidio de vivienda a población en situación de discapacidad, ha ordenado: reubicar en un primer piso del proyecto de vivienda asignado o en otro de condiciones similares, a quienes solicitan remover obstáculos y demuestran la situación de discapacidad; y realizar las adecuaciones y modificaciones arquitectónicas de la unidad habitacional cuando se afecte el desplazamiento y movilidad de personas con discapacidad, siendo irrelevante si la situación de discapacidad surgió antes o después de la asignación del subsidio de vivienda. Concede M.P. María Victoria Calle Correa  Temas: Acción de tutela. Derecho. Vivienda digna. Enfoque diferencial. Discapacidad.

Demanda 11641 del 2016.

INTERPONEN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY 1564 DE 2012. Mediante acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual reglamenta la cuantía a partir de la cual se pueden interponer recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia; los demandantes consideran que limitar la interposición del recurso al hecho de que se exceda de una cuantía previamente determinada, lesiona los derechos de igualdad (formal y material) y el acceso a la justicia de los ciudadanos al imponer de manera injustificada una condición económica para recurrir decisiones judiciales.. Temas: Recurso de casación. Cuantía. Demanda de inconstitucionalidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 47354 de 2016

EL TIEMPO DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE SER COMPUTADO PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ, SOBREVIVENCIA E INVALIDEZ. En el entendido que la protección en pensiones que ofrece la Ley 100 de 1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidez y muerte, de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad. En estos casos, la Nación debe concurrir a la financiación de la pensión, mediante un bono pensional por el tiempo de servicio militar obligatorio. Así lo prevé el literal b del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 al señalar que tendrán derecho a un bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad, hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Servicio militar obligatorio. Dependencia económica. Convivencia.

Expediente 67481 de 2016

FORMA PARA DEMOSTRAR EL PARENTESCO EN LOS CASOS ADELANTADOS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE JUSTICIA ES MENOS FORMAL Y MÁS FLEXIBLE QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO. La prueba de parentesco no se encuentra ligada a la tarifa legal del derecho interno, por cuanto se ha establecido que para estos casos especiales dada la condición de vulnerabilidad de los familiares de las víctimas, se debe apreciar el sistema probatorio con una flexibilidad de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que no es permitido que el Estado someta a tales víctimas a procedimientos adicionales para demostrar su parentesco. Modifica M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Indemnización. Víctimas. Parentesco. Acreditación. Sistema probatorio. Sistema interamericano de justicia. CIDH.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 144262016 (0007901) de 2016

LA SALA CIVIL SEÑALO LAS DIVERSAS OPCIONES QUE TIENE EL ADQUIRENTE PARA RECLAMAR Y EXIGIR SUS DERECHOS ANTES LOS DIVERSOS INCONVENIENTES QUE PUEDA TENER EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

 

Expediente 11001 03 06 000 2016 00059 00 de 2016

EL DECRETO 2011 DE 2012 ASIGNÓ COMPETENCIA EXPRESA A COLPENSIONES PARA CONOCER DE LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO PRESENTADAS ANTE CAPRECOM. La anterior regla de competencia tiene una excepción contenida en el artículo 5 ibídem que consiste en que aquellas pensiones que hayan sido causadas antes de la entrada en vigencia del decreto (28 de septiembre de 2012) deben ser reconocidas por Caprecom, hasta que la UGPP asuma esa competencia. Declara. C.P. Óscar Darío Amaya Navas. . Temas: Conflicto de competencias. Colpensiones. UGPP. Reconocimiento pensional.

Expediente 11001 03 06 000 2016 00092 00 de 2016

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL NO PUEDE PRONUNCIARSE EN ASUNTOS QUE VERSEN SOBRE LA MISMA MATERIA, O UNA SUSTANCIALMENTE CONEXA, A AQUELLAS QUE ESTÁN SOMETIDAS A UNA DECISIÓN JUDICIAL. Pues la controversia debe resolverse mediante sentencia que habrá de cumplirse con efectos de cosa juzgada. Tal es el caso, de la existencia de un recurso extraordinario de casación en curso, el cual tendrá incidencia en el derecho pensional reclamado. Cuando el conocimiento del asunto se encuentra bajo autoridad judicial, la Sala ha sido enfática en señalar que no se está ya en presencia de una actuación de carácter administrativo sino judicial, lo cual escapa de su conocimiento. Se declara inhibida C.P. Édgar González López Temas: Sala de consulta y servicio civil. Conflicto de competencias administrativas. Solicitud pensional. Recurso de casación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 46076 del 2016.

AL INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN, LA PARTE ACTORA SE ENCUENTRA OBLIGADA A SUSTENTAR DEBIDAMENTE EL MISMO. Teniendo en cuenta los requisitos dispuestos por el artículo 212-3 de la Ley 600 de 2000, como elemento fundamental para poder admitir el recurso de casación en contra de la sentencia es necesario sustentarlo debidamente, ello implica que el censor se encuentra obligado a especificar de manera clara y precisa tanto las causales invocadas como los fundamentos de las mismas; en caso de que no se cumplan con tales exigencias el juez se encuentra facultado para inadmitir el recurso, con el objetivo de que los errores sean subsanados en el término legal establecido. Inadmitir. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Recurso de casación. Sustentar. Inadmitir.

Expediente 42477 del 2016.

CUANDO SE CONFIGURA EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN EL JUEZ PUEDE DECRETARLA RESPECTO DE AQUELLOS DELITOS CON LOS CUALES SE RELACIONE Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN CON LOS DEMÁS. Aunque las partes no lo soliciten directamente el juez puede de oficio decretar la prescripción de la acción penal cuando se haya cumplido el plazo legal definido sin emitir sentencia condenatoria, pero ello no impide que se deba continuar el trámite respecto de los otros delitos cometidos ya que el término de prescripción opera de manera individual para cada delito, debido a que las normas establecen de manera específica para cada uno el término con el cual cuenta el Estado para poder condenar al investigado en caso de resultar culpable. Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.  Temas: Prescripción. Delitos. Investigación.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 11001 11 02 000 2016 01366 01 de 2016.

LA ENTIDAD PÚBLICA NO PUEDE OPONERSE A LA RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO SI EL MISMO ES APORTADO DENTRO EN EL MOMENTO PROCESAL ESTABLECIDO. La Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró el derecho al debido proceso y la igualdad de la accionante, toda vez que en el concurso de méritos adelantado aunque esta no aportó el documento que acreditaba su calidad de profesional en psicología al principio de la convocatoria, sí lo hizo con la presentación del recurso de reposición en contra de la decisión administrativa que la expulsó del proceso de selección; por lo tanto no había lugar a decretar la inadmisión de la prueba inclusive cuando la accionante la presentó en el momento en que la entidad lo solicitó. Revoca. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Entidad pública. Prueba. Concurso de méritos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00818 00 de 2016.

LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE MIEMBROS DE FUERZAS MILITARES EN CONTRA DE PERSONAS PROTEGIDAS, NO PUEDE SER COBIJADA POR EL FUERO PENAL MILITAR QUE DEFINE LA LEY. Las inconsistencias presentadas en el operativo militar adelantado permiten inferir que los actos no fueron desarrollados con ocasión del servicio activo del militar investigado, debido a que presuntamente se trata de delitos cometidos en contra de personas protegidas lo cual excede la proporcionalidad, conexidad y razonabilidad respecto de la misión de combate que se encontraba ejecutando el miembro de la Fuerza Pública; al presentarse esta situación no es procedente que la investigación sea asignada a la Justicia Penal Militar, debido a que excede de las competencias definidas por la ley para esta clase de jurisdicción.Asigna. M.P. Camilo Montoya Reyes.  Temas: Fuerza Pública. Delito. Persona protegida.

Expediente 11001 11 02 000 2016 00927 00 de 2016

CONTROVERSIAS PROPIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEBEN SER CONOCIDAS POR LA JUSTICIA ORDINARIA LABORAL. Dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Dirime. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros 2016 Temas: Conflicto de competencias. Justicia ordinaria laboral. Sistema de seguridad social integral.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 2012 00425 01 del 2016.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES ESTATALES. Respecto de la solicitud de medidas cautelares (suspensión provisional) en contra de los actos administrativos es necesario cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, entre los cuales están que la demanda sea fundada razonablemente en derecho, demostrar por parte del demandante sin importar si es en modo sumario la titularidad de los derechos invocados, presentar fundamentos y pruebas en los que se indique que sería más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, que al no ser otorgada se cause un perjuicio irremediable y que hayan serios motivos para considerar que de no otorgarla los efectos de la sentencia serían nugatorios. Decreta. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Derechos. Medida cautelar. Actos administrativos.

Expediente 2012 00508 01 de 2016

LA INNOVACIÓN MÁS RELEVANTE DE LA LEY 1437 DE 2011 RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ES EL ANÁLISIS INICIAL DE LEGALIDAD QUE DEBE EFECTUAR EL JUEZ. Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2ºÇ del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final. Decreta C.P. María Claudia Rojas Lasso Temas: Medida cautelar. Suspensión provisional. Actos administrativos. Análisis inicial.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00567 00 de 2016.

CONSEJO DE ESTADO NIEGA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN CONTRA DE ACTO QUE PERMITE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSCRIBIR LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO EN EL RUNT. En cuanto a la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, el Consejo de Estado señaló que no era procedente suspender el acto demandado debido a que el hecho de que el Ministerio de Transporte sea quien inscriba al sistema RUNT la información de conductores, registro automotor, licencias de tránsito y todo lo demás que pueda relacionarse, tal actuación no implica una vulneración al derecho del hábeas data pues la información registrada en el RUNT no es de aquella considerad como personal o íntima, que desconozca el derecho a la intimidad de las personas. Deniega. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Medida cautelar. Ministerio de Transporte. Hábeas data.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25000 23 25 00 2010 00373 01 (2830 2013) de 2016

PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ES ESPECIALMENTE NECESARIO PROBAR QUE EL SUPUESTO CONTRATISTA DESEMPEÑÓ UNA FUNCIÓN EN LAS MISMAS CONDICIONES DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA QUE SUJETARÍAN A CUALQUIER OTRO SERVIDOR PÚBLICO. Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra, que esa relación laboral que se ocultó bajo el manto solapado de un contrato estatal; ello, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental. Con lo que se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. Confirma parcialmente. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Contrato de prestación de servicios. Contrato realidad. Reconocimiento. Prestaciones sociales.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 2012 00169 01 (52851) de 2016.

LA APLICACIÓN DE LAS NULIDADES SE HACE DE MANERA TAXATIVA Y NO SON SUSCEPTIBLES DEL CRITERIO DE ANALOGÍA. Manifiesta el Consejo de Estado que en relación con la nulidad planteada por el Ministerio Público, la declaratoria de nulidad por parte del juez solo sucede por los principios de taxatividad y especificidad lo cual quiere decir que solo son aplicables las nulidades, siempre que sean mencionadas de manera expresa y concreta por la norma procesal que rige el procedimiento adelantado sin que sea posible extenderlas a eventos distintos de aquellos planteados por la ley; por lo tanto no es procedente considerar la aplicación análoga de nulidades ya que como se dijo previamente solo hay lugar a ello cuando la norma lo contemple. Niega. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Nulidades. Procedimiento. Analogía.

Expediente 54001 23 31 000 2004 00296 01 (40505) de 2016.

AUNQUE LA DETENCIÓN CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, SI SE DECRETA LA INOCENCIA DEL INVESTIGADO ES POSIBLE CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UNA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL ESTADO. La sentencia de primera instancia que exoneró de responsabilidad a la entidad demandada desconoció el precedente judicial existente, que ha establecido de manera clara y constante la necesidad de declarar la falla en el servicio por parte del Estado, para aquellos casos en los cuales se realiza la detención del ciudadano pero posteriormente la autoridad judicial decreta su inocencia respecto de la investigación adelantada en su contra, pues aunque se ejecute la detención con el cumplimiento de las normas legales la declaratoria de inocencia evidencia que el Estado no realizó de manera correcta la valoración de las pruebas, causando al afectado un perjuicio que no estaba obligado a soportar. Revoca. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Detención. Requerimientos legales. Falla en el servicio.

Expediente 25000 23 26 000 2000 01778 01 (29204) de 2016

EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN SE IDENTIFICAN NORMALMENTE CUATRO TIPOS DE RIESGOS QUE DEBEN CONTEMPLARSE EN LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS, Y QUE CABEN EN PRINCIPIO DENTRO DEL ÁREA NORMAL DE ESTA CLASE DE CONTRATOS. Deben por lo tanto ser asumidos por el concesionario, quien los tuvo que haber estudiado y evaluado al presentar su oferta. Tales riesgos, son: el riesgo proyecto, constituido por el grado de dificultad de la construcción y operación de la obra; el riesgo mercado, propio de la etapa de operación del proyecto y que corresponde al grado de utilización de la obra por parte de los usuarios de la misma; riesgo financiero, relacionado con las fluctuaciones inflacionarias y cambiarias durante todo el proyecto y el riesgo tiempo, que tiene que ver con los cambios en el retorno de la inversión, cuando éste se produce en diferentes tiempos . Revoca C.P. Danilo Rojas Betancourth Temas: Acción. Controversias contractuales. Contrato de concesión. Paralización de obra. Incumplimiento. Falta de recursos. Financiación. Riesgos.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2011 00003 00 de 2016.

EL ESTADO DEBE MANTENER LAS CONDICIONES INICIALES BAJO LAS CUALES CELEBRÓ EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA CON LOS CONTRIBUYENTES. El mecanismo de estabilidad jurídica de la Ley 963 fue implementado como herramienta para fomentar nuevas inversiones y ampliar las existentes, en el marco de un escenario jurídico estable para el contribuyente que consistía (en los términos del artículo 1º de la ley citada), en protegerlo frente a cualquier variación normativa adversa en materia de tributos lo cual incluye normas reglamentarias, e inclusive el cambio de interpretación vinculante que fije la Administración como lo es el caso de la DIAN; por lo tanto no es posible expedir una ley que prorrogara la vigencia del impuesto al patrimonio, argumentando que se trataba de un nuevo impuesto que podía ser cobrado ya que esto va en contravía de la finalidad de la estabilidad jurídica. Anular. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Variación normativa. Impuesto al patrimonio. Estabilidad jurídica.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00226 01 (20281) de 2016.

CUANDO NO SE HAYA CUMPLIDO EL TÉRMINO DE FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA, LA DIAN SE ENCUENTRA EN LA CAPACIDAD DE EFECTUAR LAS MODIFICACIONES A DICHA DECLARACIÓN SI ES NECESARIO. Los argumentos expresados por la parte demandante en los cuales alega la falta de competencia de los funcionarios de la DIAN para modificar la declaración privada, no están llamados a prosperar toda vez que el término de firmeza de la misma (si fue presentada dentro del plazo legal) es de dos años y ese es el tiempo con el cual cuenta la DIAN para efectuar modificaciones, si así lo estima necesario, por lo tanto es evidente que sí existía competencia para iniciar el correspondiente proceso de fiscalización en contra del contribuyente por las inconsistencias detectadas. Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.  Temas: Firmeza. Declaración privada. Proceso de fiscalización. Competencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2015 00041 00 de 2016.

LA AUSENCIA DE ARGUMENTACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO GENERA EL RECHAZO DEL MISMO POR PARTE DEL JUEZ. El magistrado ponente, en la decisión impugnada, decretó negar la práctica de la prueba debido a que se presentó la solicitud de manera extemporánea y era impertinente para demostrar lo que buscaba la parte demandante, de modo que al haber interpuesto la apelación el impugnante solo hizo referencia a la impertinencia que señaló el magistrado, sin mencionar de manera expresa la razón por las cuales consideraba que no era extemporánea la solicitud presentada; al existir tal inconsistencia (ausencia de argumentación respecto de la extemporaneidad) el superior jerárquico no puede discutir cuestiones que el recurrente no señale expresamente. Confirma. C.P. Alberto Yepes Barreiro. . Temas: Extemporaneidad. Impertinencia. Prueba.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

Expediente 11001 22 03 000 2016 01441 00 de 2016

COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL FRENTE A ACCIONES DE AMPARO DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO SE ENCUENTRA LIMITADA. No está facultado para revisar la decisión original de amparar el derecho ni cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de tutela cuyo desacato se analiza, ya que con relación a éstas opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Por manera que al conocer acciones de tutela frente a decisiones emitidas en el curso de un desacato, el juez constitucional debe limitar su examen a tres puntos esenciales, a saber: si la autoridad judicial que resolvió el incidente procedió de acuerdo con la decisión de tutela objeto de análisis; si se garantizó el debido proceso de los intervinientes; y si la sanción impuesta no fue arbitraria.Concede M.P. Hernando Vargas Cipamocha Temas: Acción de tutela. Incidente de desacato. Competencia. Juez constitucional.

Expediente 11001 22 03 000 2016 01512 00 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO TIENE CABIDA FRENTE A DECISIONES JUDICIALES, SALVO QUE PUEDAN SER CALIFICADAS COMO VÍAS DE HECHO. Esto es, como actos de poder caprichosos, antojadizos o arbitrarios que responden a la mera voluntad del juzgador que las profiere y que, en adición, no pudieron ser cuestionadas eficazmente a través de los medios ordinarios de defensa judicial. Desde esta perspectiva, si la actuación judicial cuestionada tiene soporte en una norma jurídica y, además, existen medios de defensa judicial, no es posible conceder un amparo que, por definición constitucional, tiene naturaleza subsidiaria, por lo que no puede ser utilizado como una instancia adicional que le permite a un juez de una jurisdicción distinta socavar la autonomía que tiene todo juzgador. Niega. M.P. Hernando Vargas Cipamocha. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Providencias judiciales. Vía de hecho.