Octubre 14 del 2016

Ministerio de Salud

Concepto 201611601752741 de 2016

EPS QUE EXIGAN CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA AFILIAR A HIJOS MENORES DE 25 AÑOS PODRÍAN SER SANCIONADAS.

Corte Constitucional

Demanda 11582 del 2016.

SE INTERPONE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA EJERCER COMO JUEZ DE PAZ. A través de la acción pública de inconstitucionalidad se interpuso una demanda en contra del literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, el cual impide ejercer como jueces de paz a quienes se les haya dictado en su contra resolución acusatoria por cualquier delito que atenta contra la administración pública o de justicia; los argumentos presentados por el demandante consideran que dicha norma es contraria a la Constitución, debido a que no reconoce el derecho de igualdad de las personas ante la ley, la no discriminación y la presunción de inocencia, hasta que exista sentencia debidamente ejecutoriada que declare la responsabilidad del investigado. Temas: Juez de paz. Régimen de inhabilidades. Igualdad. No discriminación. Presunción de inocencia.

Sentencia T 323 de 2016

CUANDO EL EMPLEADOR OMITE SU OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DEBE RECONOCER LA PENSIÓN SANCIÓN. La Corte Constitucional ha dispuesto el reconocimiento de la pensión sanción en los eventos en que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, según el caso, en el artículo 8 de la ley 171 de 1961, modificado por las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993. Esto es: la existencia de un contrato trabajo que estuvo vigente por diez años o más, que la relación laboral finalizó por el despido sin justa causa y (que durante la vigencia de la relación laboral el empleador omitió el deber de afiliación al régimen de seguridad social en pensiones. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva : Pensión sanción. Reconocimiento. Afiliación al sistema pensional. Contrato de trabajo. Vigencia relación laboral. Despido sin justa causa.

Demanda 11588 de 2016

RADICADA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 100 DE 1993 REFERENTE AL REAJUSTE ANUAL DE LAS PENSIONES. El demandante afirma que la norma acusada infringe la obligación del Estado de mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones y proteger el derecho de quienes gozan de esta prestación a que la misma mantenga su poder adquisitivo. Aduce que el reajuste anual con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, no mantiene el poder adquisitivo de la prestación cuando éste se mide de acuerdo con la inflación porque no equivale al valor del índice acumulado, y corresponde al año inmediatamente anterior y no a la variación porcentual correspondiente a cada uno de los meses del año actual. . Temas: Sistema general de pensiones. Reajuste pensional. Mesadas. IPC. Poder adquisitivo. Principio de favorabilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 49147 de 2016

LEGALIDAD DE LA COMPARTIBILIDAD DE LA PENSIÓN ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON LA DE VEJEZ A CARGO DEL EXTINTO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Esta Sala ha resuelto en copiosas oportunidades que sí es procedente la compartibilidad entre las dos pensiones aludidas, en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, junto con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, de donde se deduce que las pensiones extralegales concedidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, como es el caso de la demandante, son compartibles con la de vejez a cargo del ISS. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz 2016 Temas: Pensión de jubilación. Compartibilidad pensional. Pensiones extralegales.

Expediente 44602 de 2016

CORTE SUPREMA REITERA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO AL REAJUSTE PENSIONAL POR INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES SALARIALES. La exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa. El derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran, si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada. Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Pensión de jubilación. Reajuste. Factores salariales. Imprescriptibilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 13729 del 2016

NUEVA SENTENCIA SOBRE PREVARICATO POR ACCIÓN. Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 413 del Código Penal, el cual dice que incurre en el delito de prevaricato por acción 

Expediente 43916 del 2016.

EL JUEZ SE ENCUENTRA FACULTADO PARA FALLAR DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, AL VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ERRORES POR PARTE DEL INFERIOR JERÁRQUICO AL MOMENTO DE HABER INTERPRETADO LA NORMA. Dentro de la investigación penal por acceso carnal en contra de menores de edad, el Tribunal de primera instancia determinó de manera errada la circunstancia de agravación punitiva definida por el artículo 211, numeral 2º del Código Penal, ya que hizo la debida apreciación probatoria del menor de edad afectado en la cuales se desvirtuaba la posible existencia de una relación laboral entre este y su abusador; por lo tanto al no haberse configurado tal causal tampoco era procedente proceder a la agravación de la pena, ya que ello implicaba una indebida interpretación de la ley que afecta derechos del investigado y esto permite que la Corte, al evidenciar tal error, pueda casar de oficio para subsanar los errores en que incurrió la decisión de primera instancia.Desestima. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado. Temas: Agravación punitiva. Indebida interpretación. Ley. Derechos. Investigado

Expediente 45585 de 2016

NINGÚN SENTIDO TIENE ANULAR EL JUICIO EN ARAS DE RESTABLECER GARANTÍAS QUE APUNTAN AL EJERCICIO PLENO DE LA DEFENSA, CUANDO ESTE TIENE COMO FINALIDAD LA DECLARATORIA DE INOCENCIA, SI LO ACTUADO HASTA ENTONCES PERMITE DECIDIR EN ESE SENTIDO. El reconocimiento de la absolución, como expresión máxima de la garantía del derecho a la defensa, implica que frente a varias propuestas debe preferirse la que imponga la absolución por encima de las que plantean la nulidad. Precluye M.P. José Luis Barceló Camacho Temas: Nulidad. Juicio. Restablecimiento. Garantías. Defensa. Declaratoria de inocencia. Absolución.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 03 000 2014 00157 00 de 2016

PARA CONCEDER EL EXEQUÁTUR A UN FALLO EXTRANJERO ES NECESARIO QUE SUS DISPOSICIONES NO CONTRADIGAN EL ORDEN PÚBLICO INTERNO NI COMPRENDAN ASUNTOS QUE COMPROMETAN DERECHOS REALES QUE SE HALLEN EN EL PAÍS. Como tampoco que se extiendan a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, y a aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme. De acuerdo con los artículos 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa. Concede M.P. Margarita Cabello Blanco Temas: Concesión. Exequátur. Sentencia extranjera. Requisitos.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00065 00 de 2016.

EL DESCONOCIMIENTO DE NORMAS DEL ORDEN NACIONAL POR PARTE DE MIEMBROS DE COMUNIDADES ABORÍGENES NO PUEDE SER COBIJADO POR EL FUERO QUE LA CONSTITUCIÓN LES RECONOCE. Si bien la jurisdicción indígena tiene el derecho de juzgar las conductas que son contrarias a sus costumbres y sean realizadas por sus miembros, el reconocimiento de este fuero por parte de las normas colombianas no es absoluto ya que queda limitado a las competencias asignadas a dicha jurisdicción, es decir que si uno de los aborígenes comete delitos que lesionan los derechos de la sociedad mayoritaria y son contrarios a las normas nacionales, de superior categoría a las normas indígenas, la competencia para juzgar delitos corresponde a la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola.  Temas: Normas. Orden nacional. Aborígenes. Superior categoría.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00315 01 de 2016.

IMPONEN SANCIÓN A JUEZ PENAL POR OTORGAR MEDIDA SUSTITUTIVA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA SIN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió confirmar la decisión de primera instancia, en la cual se impuso sanción de un mes en el ejercicio del cargo al Juez Tercero de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, debido a que decidió otorgar a un condenado el beneficio del sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión sin cumplir con los requisitos de la Ley 1142 de 2007, y teniendo en cuenta que anteriormente una solicitud semejante había sido negada al interesado ya que no satisfacía completamente las exigencias requeridas por la ley ya mencionada. Confirma. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros.. Temas: Sistema de vigilancia electrónica. Medida sustitutiva. Sanción.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00620 00 de 2016.

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS COMPLEJOS Y LAS CONCILIACIONES NO APROBADAS POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO SOLO PUEDEN SER DEMANDADAS ANTE EL JUEZ CIVIL.Teniendo en cuenta el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, la cual regula el procedimiento administrativo colombiano, es posible determinar en materia contencioso administrativa cuáles son los documentos que se constituyen en título ejecutivo exigible ante dicha jurisdicción, pero el legislador no incluyó dentro de estas clasificaciones a los títulos ejecutivos complejos que se pretenden hacer valer, y tampoco a las conciliaciones que no fueron aprobadas por parte del juez administrativo; de modo que cualquier documento que posea estas características solo es exigible ante la jurisdicción civil. Dirimir. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros. Temas: Conciliaciones. Juez administrativo. Juez civil. Título ejecutivo complejo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2013 00507 00 de 2016.

LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN O EXPEDICIÓN DE UN CONCEPTO NO ES CAUSAL DE IMPEDIMENTO, SI EL MISMO NUNCA HIZO REFERENCIA A LAS NORMAS DEMANDADAS. Las causales de recusación o de impedimento buscan garantizar la imparcialidad y transparencia del juez en el asunto que es objeto de controversia, pero es necesario analizar cada caso de impedimento que manifieste el magistrado o consejero debido a que si bien, para el asunto que es objeto de estudio, quien manifiesta su impedimento por haber sido procurador delegado que rindió concepto sobre unas normas demandadas de una resolución está siendo analizada nuevamente, tal situación se relacionó con artículos distintos a los que fueron demandados de modo posterior y por lo tanto no se considera que haya impedimento para conocer el asunto. Declara. C.P. Guillermo Vargas AyalaTemas: Impedimento. Recusación. Resolución.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001032500020110017200 (058511) de 2016

LO ULTIMO EN MATERIA DE REGIMEN PENSIONAL Y ASIGNACION DE RETIRO PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA.  La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió recientemente una acción de nulidad en contra del artículo 42 del Decreto 4433 del 2004, que consagra la oscilación de la asignación de retiro y pensión de la fuerza púbica, por incurrir, presuntamente, en una omisión legislativa. La anterior previsión, en sentir del actor, generaba una desigualdad entre quienes se pensionen con posterioridad al Decreto 4433 y aquellos que se pensionaron con anterioridad a la vigencia de esa norma, pues para estos últimos el reconocimiento de sus asignaciones de retiro y pensiones atendían a lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, que preveía el cómputo de la prima de actividad en otros términos.

Expediente 11001 03 25 000 2014 00828 00 (2546 2014) de 2016

LA ACCIÓN DE REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003 ES ESPECIAL Y DIFIERE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. La acción de revisión establece una legitimación en la causa por activa calificada (la solicitud la debe hacer el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación); los actos pueden ser revisados por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso; y versa sobre providencias judiciales, así como de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudicales que reconozcan pensiones o sumas periódicas a cargo del erario, por cuanto se trata de un instrumento jurídico cuya finalidad es la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Admite C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 2016 Temas: Acción de revisión. Requisitos legales. Admisión. Reconocimiento de sumas periódicas.

Expediente 11001 03 25 000 2014 01106 00 (3493 2014) de 2016

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Para tal efecto es necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y haya sido proferida por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por los Tribunales o los Jueces Administrativos. En cuanto a su interposición, debe hacerse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo recurrido, con excepción de la causal establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. Admite C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Recurso extraordinario. Revisión. Requisitos. Procedencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 850001 23 31 000 2009 00042 01 (40 374) de 2016

CUANDO NO SE ACREDITA NI EL DAÑO SUFRIDO POR EL ACTOR NI SU TASACIÓN ECONÓMICA NO HAY LUGAR A DECLARAR Y CONDENAR POR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La Sala considera que en la acción de reparación directa se debe demostrar el daño causado, su cuantía y el responsable del mismo, por lo que cuando obra un dictamen pericial según el cual los daños causados ascienden a una determinada suma pero aquél no cuenta con respaldo probatorio que justifique dicha cifra, y además no es posible establecer a ciencia cierta cuándo habrían sido causados tales daños, ni individualizar al responsable de los mismos, la decisión a tomar es sin duda alguna, la denegación de las pretensiones. Confirma C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera Temas: Daño. Tasación económica. Reparación directa. Indemnización de perjuicios.

Expediente 08001 33 31 009 2010 00183 01 (57 191) de 2016.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. El artículo 252 de la Ley 1437 de 2011 dispone que para poder admitir el recurso extraordinario de revisión por parte del juez, es necesario indicar las partes y sus representantes legales junto con el nombre y domicilio del recurrente, indicación de la causal de revisión que se invoca señalando razonadamente los supuestos fácticos y jurídicos en que se sustenta, junto al recurso se debe adjuntar poder especial para su interposición además de las pruebas que tenga en su poder y aquellas que pretenda hacer valer. Inadmite. C.P. Jaime Alberto Santofimio Gamboa. Temas: Recurso extraordinario de revisión. Poder. Pruebas. Supuestos fácticos. Jurídicos.

Expediente 25000 23 26 000 2008 10548 01 de 2016

EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN SI LOS HECHOS O ACTUACIONES QUE DIERON ORIGEN A LA DEMANDA Y SU POSTERIOR CONDENA SON ANTERIORES A LA LEY 678 DE 2001, LA NORMATIVIDAD APLICABLE SERÁ LA VIGENTE AL MOMENTO DE LA CONDUCTA DEL AGENTE PÚBLICO. De manera que lo relativo a la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes en la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado y que desencadenaron la responsabilidad y el ulterior pago a la víctima del daño. En cuanto refiere al ámbito procesal, por el contrario, por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato y, por lo mismo, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, conforme lo pregona el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Revoca C.P. Ramiro Pazos Guerrero Temas: Responsabilidad patrimonial. Acción de repetición. Conducta del funcionario. Dolo. Culpa grave.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2011 00083 01 de 2016.

LA FALTA DE PAGO DE LAS CUOTAS ACORDADAS POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE, NO PUEDE INVOCARSE COMO CAUSAL PARA SOLICITAR LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO. Los argumentos expresados por la parte demandante en el sentido de solicitar la ilegalidad de los actos administrativos proferidos en su contra, no pueden ser decididos de manera favorable ya que en el expediente obra la voluntad del contribuyente de haberse sometido al acuerdo de pago celebrado con la administración, lo cual implicaba que debía efectuar la cancelación oportuna de las cuotas otorgadas como medio para facilitar el pago de las retenciones en la fuente no consignadas; por lo tanto el incumplimiento de dichas cuotas es una circunstancia totalmente atribuible al contribuyente, y al ser su responsabilidad no puede usar tal situación como excusa para que el juez decrete la nulidad de los actos de la entidad demandada. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Cuotas. Acuerdo de pago. Responsabilidad. Incumplimiento.

Expediente 25000 23 27 000 2010 00149 01 (19648) de 2016.

AL FIRMAR EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS QUE NO DEBÍA ASUMIR. Dentro de la discusión surgida entre la DIAN y el Banco Colpatria respecto de la devolución del dinero pagado por la entidad financiera, por concepto del gravamen a los movimientos financieros, se encuentra debidamente probado que existió un contrato de estabilidad jurídica entre las partes que le otorgaba derecho al banco demandante, para no ser sujeto pasivo de determinados impuestos y entre ellos se incluía el gravamen ya mencionado; por lo tanto aunque la entidad decidió asumir el pago de dicho tributo no estaba en obligación de hacerlo, siendo procedente que solicitara su devolución junto con la respectiva indexación monetaria. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Tributo. Pago. Devolución. Indexación monetaria. Gravamen a los movimientos financieros.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00307 02 (21147) de 2016.

EL GARANTE ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, INCLUSIVE POR EL MONTO DE LA SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE DEVOLUCIÓN. Dentro de las pruebas que obran en el expediente es posible determinar que contrario a lo manifestado por la aseguradora, la resolución proferida por la entidad demandada no definió que la responsabilidad en el pago operara sobre la totalidad de los dineros señalados, sino que se limitó a ordenar a la empresa contribuyente requerida el reintegro de los dineros devueltos en forma improcedente; lo anterior obedece al hecho de que el Estatuto Tributario define la responsabilidad del garante de manera solidaria por las sumas de dinero garantizadas, junto con el monto de la sanción por improcedencia de la devolución. Revoca.C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Garante. Responsable. Solidariamente. Improcedencia. Devolución. Sanción.

Expediente 19001 23 31 000 2011 00592 01 (21916) de 2016.

SI EL TÍTULO EJECUTIVO NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE HACER EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO.Los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario establecen las condiciones en las cuales se puede considerar ejecutoriado un título ejecutivo, pero tales exigencias no fueron reconocidas por la entidad pública demandada que inició el procedimiento de cobro del impuesto de industria y comercio, debido a que el contribuyente decidió interponer demanda en contra de la liquidación oficial lo cual implicaba que dicho título no se encontraba ejecutoriado, hasta tanto se profiriera la sentencia definitiva por parte del juez competente; debido a lo anterior la entidad pública no se encontraba facultada para iniciar el proceso de cobro coactivo. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Título ejecutivo. Administración. Exigible. Obligación. Ejecutoriado.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinto

 

Expediente 63001 23 33 000 2015 00377 01 de 2016

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMO ELEMENTO CONFIGURATORIO DE INHABILIDAD DE LOS CONCEJALES. El artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dispone que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. Esta sección ha determinado con fundamento en el artículo 190 de la ley 136 de 1994 que el concepto de autoridad administrativa comprende dos criterios: el orgánico consistente en el ejercicio de algunos de los cargos señalados en el precepto normativo, o el ejercicio de los máximos niveles decisorios de la respectiva dependencia o entidad; y el funcional que corresponde a la capacidad decisoria referente a los aspectos relativos al manejo del personal vinculado con la institución, ordenación del gasto, facultad para investigar faltas disciplinarias, entre otras funciones. Revoca C.P. Rocío Araújo Oñate Temas: Nulidad electoral. Concejal. Inhabilidad. Autoridad administrativa.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 60 00 023 2014 80854 01 de 2016

NO ES POSIBLE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA NI LA PRISIÓN DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN CUANDO SE TRATA DEL DELITO DE HURTO CALIFICADO. Están proscritas la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliara como sustitutiva de la prisión, y el otorgamiento de otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva para las personas que son condenadas por los delitos enlistados en el segundo inciso del artículo 68 A del Código Penal, entre los que se encuentra el hurto calificado. Confirma M.P. Jairo José Agudelo Parra Temas: Delito. Hurto calificado. Suspensión condicional. Ejecución de la pena. Prisión domiciliaria.

 

Superintendencia de Sociedades

Concepto 220 de 2016

FALTA DE RECONOCIMIENTO COMO HEREDERO IMPIDE IMPUGNAR LAS DECISIONES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL.