Octubre 3 al 7 del 2016

Consejo Superior De la Judicatura

Convocatoria 22 del 2016

PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL CURSO DE JUECES Y MAGISTRADOS. El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, como Unidad de Apoyo Técnico para la Formación Judicial y responsable de la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial”, el cual tendrá lugar en la vigencia 2016-2017,

Corte Constitucional

Sentencia T 324 de 2016

NO EXISTE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE HERMANOS EXTRAMATRIMONIALES, NI ENTRE HERMANOS LEGÍTIMOS A FAVOR DE SU HERMANO EXTRAMATRIMONIAL O VICEVERSA. En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales. Ello fue avalado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-105 de 1994, ratificada por la sentencia C-156 de 2003, al considerar que sería opuesto a la equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos exigida por el numeral 9 del artículo 411 del Código Civil, en la medida en que los hijos extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre o madre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia. Confirma. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. . Temas: Obligación alimentaria. Hermanos extramatrimoniales. Hermanos legítimos.

Sentencia T 355 de 2016

NO TODO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIEN COLABORÓ CON LA JUSTICIA PUEDE CONDUCIR NECESARIAMENTE A SU EXPULSIÓN DEL PROGRAMA CUANDO EL RIESGO PERSISTE. La Oficina de Protección y Asistencia de la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación, encargada del “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía” no está facultada para disponer la exclusión del programa a priori, sino que en su lugar debe tender a mantener la protección si las condiciones de riesgo no han variado. Por tanto, en primera medida corresponde adoptar las medidas necesarias para remediar y prevenir nuevas infracciones y como último recurso disponer el retiro. Confirma. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Protección a testigos. Víctimas. Programa. Riesgo. Condiciones. Retiro.

Sentencia T 252 de 2016

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO PUEDE PRESENTARSE POR OCURRENCIA DEL HECHO SUPERADO Y DEL DAÑO CONSUMADO. La primera hipótesis se presenta cuando, por la acción u omisión del obligado, se supera la afectación de tal manera que carece de objeto el pronunciamiento del juez; mientras que el daño consumado supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela. El fenómeno de la carencia actual de objeto consiste en que, de proferirse una orden judicial la misma no tendría efecto alguno, lo que conduce a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, lo anterior no impide un pronunciamiento de fondo acerca de si la acción u omisión de la parte accionada vulneró los derechos fundamentales alegados, por cuanto ello permite prevenir a las autoridades accionadas para que no vuelvan a incurrir en dicha conducta, y de este modo propender por la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, permitiendo asimismo, decantar criterios interpretativos de las normas jurídicas para establecer subreglas y el alcance de los derechos fundamentales para futuros casos. Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos Temas: Tutela. Carencia actual de objeto. Hecho superado. Daño consumado.

Sentencia SU 442 de 2016

SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL UNIFICÓ LOS CRITERIOS DE PROCEDENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. El magistrado Alejandro Linares Cantillo se apartó de la decisión por considerar que la Corte había flexibilizado el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela frente a la línea jurisprudencial trazada. El caso radicó en que al accionante, pese a que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, reunió 359 semanas de cotización y cumplió entonces con el requisito exigido para pensión en el Decreto 758 de 1990, se le negó la pensión de invalidez. La Corte consideró que con dicha decisión, al actor evidentemente se le vulneró su derecho a la seguridad social, por no aplicar el principio constitucional de la condición más beneficiosa en la determinación de las normas aplicables a su pensión, y determinó que por haber reunido más de 300 semanas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, momento para el cual su situación estaba gobernada por el Decreto 758 de 1990, se forjó entonces para el accionante una expectativa legítima de que en lo pertinente, este requisito le sería respetado. Unifica. M.P. María Victoria Calle Correa. . Temas: Tutela. Condición más beneficiosa. Régimen de transición. Pensión de invalidez. Semanas de cotización. Expectativa legítima.

Sentencia T 412 de 2016

EN CASOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES DEBEN TENER EN CUENTA LA FECHA EN QUE LA PERSONA PIERDE DEFINITIVAMENTE SU CAPACIDAD LABORAL. Ya que es a partir de allí que el afiliado no puede laborar y cotizar al sistema de seguridad social. Además, que en términos de la Seguridad Social deben prevalecer los principios de favorabilidad y progresividad consagrados en la Constitución Política, por lo que dichas administradoras tienen el deber de garantizar los derechos de los asegurados, sin que al respecto se les impongan trabas que impliquen cargas administrativas susceptibles de ser resueltas por las mismas, más no por el trabajador. Revoca M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Tutela. Pensión de invalidez. Reconocimiento. Acto administrativo. Revocatoria

Sentencia T 413 de 2016

EL TIEMPO Y LAS SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBEN ACUMULARSE AL TIEMPO COTIZADO EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 que establece que las personas que hayan prestado el servicio militar obligatorio tienen derecho a que dicho tiempo les sea computado para efectos pensionales, entre otras prestaciones económicas, disposición cuenta con fundamento constitucional en el artículo 216 de la Carta. Revoca. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Pensión de invalidez. Devolución de saldos. Tiempo. Prestación. Servicio militar.

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 53150 de 2016

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL ESTAR REGIDOS POR UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA Y NO POR UN CONTRATO DE TRABAJO, NO PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. Los servidores que pasaron a ser empleados de las Empresas Sociales del Estado, se rigen por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicarles el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de los Seguros Sociales. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Convención colectiva. Beneficios convencionales. Empleados públicos. Trabajadores oficiales. ISS. ESE.

Expediente 40048 de 2016

LIBERTAD PROBATORIA PARA DEMOSTRAR EL TRASLADO DEL RÉGIMEN DE CESANTÍAS. El escrito presentado ante notario del que habla el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, no constituye un requisito para la validez del cambio de régimen, toda vez que ello no lo dice la norma en mención, ni hay lugar a desprenderlo por la naturaleza de la exigencia y, en ese contexto, tampoco la ley sustantiva o adjetiva precisa determinado elemento de juicio para la acreditación del traslado. No Casa. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Libertad probatoria. Acreditación. Traslado. Régimen de cesantías.

Expediente 53260 de 2016

JUZGADORES DEBEN ABSTENERSE DE APLICAR LA EXIGENCIA DE LA FIDELIDAD AL SISTEMA PENSIONAL POR SER INCOMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009. La inaplicación de esta exigencia, se debe hacer no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la particular circunstancia de la evidente contradicción que implica la exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional de progresividad. Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Sistema pensional. Pensión de sobrevivientes. Fidelidad.

Expediente 49362 de 2016

ACUERDOS CONCILIATORIOS SURTEN LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. No es posible desconocer los efectos de cosa juzgada de los acuerdos a los que llegan empresa y trabajadores cuando se demuestra que estos últimos suscribieron las actas plenamente conscientes, es decir, cuando no se acredita la presencia de alguno de los vicios del consentimiento. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas  Temas: Conciliación. Acuerdo. Cosa juzgada. Validez. Vicios del consentimiento.

Expediente 51831 de 2016

CUANDO EL CAUSANTE NO CUMPLE EL NÚMERO MÍNIMO DE SEMANAS EXIGIDO EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, NO HAY LUGAR A RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A SUS CAUSAHABIENTES. En efecto, el causante en toda su vida laboral acumuló 859 semanas, y el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, exigía como mínimo 1.000 semanas; tampoco está demostrado que fuera beneficiario del régimen de transición para pensión de vejez previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el 1 de abril de 1994 cuando entró en vigor el Sistema General de Pensiones, tenía 34 años de edad, pues nació el 6 de abril de 1959, y no reunía 15 años de servicios o de cotizaciones, toda vez que como se afirmó en la demanda, para ese entonces registraba 558,28 semanas de aportes. En ese sentido, la pensión de vejez del causante al no ser beneficiario del régimen de transición, estaba regulada por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que para el año 2008 exigía 1125 semanas de cotización, y el difunto sufragó únicamente 859 semanas en toda la vida laboral. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz Temas: Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Semanas de cotización. Pensión de jubilación. Régimen de transición.

Expediente 53529 de 2016

DEMANDA DE CASACIÓN EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE UNOS REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA QUE LA CORTE SUPREMA PUEDA ESTUDIARLA. La labor de la Corte Suprema, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el Tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. No Casa M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas Temas: Demanda. Recurso extraordinario. Casación.

Expediente 13273 de 2016

CONDICIONES DE CONVIVENCIA PARA ASPIRAR A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE. la sala laboral  recalco que  la convivencia que debe demostrar quien aspire a ocupar el lugar del pensionado en la recepción de la prestación es la que exhiba condiciones de responsabilidad en el propósito de conformar una familia,  brindar acompañamiento espiritual, apoyo
económico y vida en común, aun en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias,como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, debe existir vocación de convivencia.

Expediente 48245 de 2016

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 100 DE 1993 Y NO POR EL RÉGIMEN ANTERIOR. El IBL se calcula conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior. Para quienes a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones les hiciera falta 10 o más años para consolidar el derecho pensional, la forma de determinar el ingreso base de liquidación es la contemplada en el artículo 21 ibídem, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio de los ingresos de toda la vida laboral, cuando el afiliado haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. No Casa M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Sistema pensional. IBL. Régimen de transición.

Expediente 47840 de 2016

QUIENES TRANSPORTAN PERSONAS, EQUIPOS Y MÁQUINAS A LOS FRENTES DE OBRA DONDE SE EJECUTAN LABORES DE PAVIMENTACIÓN, OSTENTAN LA CALIDAD DE TRABAJADORES OFICIALES. Ello en tanto dichas funciones tienen que ver directa e inmediatamente con la construcción y sostenimiento de obras públicas, por lo que los servidores que desempeñan empleos tales como de ingeniero de obras de infraestructura, técnico de pavimentos, ingeniero analista de pavimentos, cocinera de campamento, entre otros, son trabajadores oficiales. Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Trabajadores oficiales. Sostenimiento y mantenimiento. Obras públicas.

Expediente 43200 de 2016

ES OBLIGACIÓN QUE LOS TRABAJADORES EN SU CALIDAD DE INDEPENDIENTES EFECTÚEN LAS COTIZACIONES AL SISTEMA PENSIONAL. Si la demandante no realizó los aportes correspondientes a tales períodos, surge como consecuencia necesaria el hecho de que no se pueden tomar como semanas cotizadas las aludidas en esos interregnos, en tanto que en relación con este contingente de servidores, no resulta posible contabilizar los aportes no efectuados, en la medida en que esa es una obligación de la exclusiva responsabilidad del afiliado por no estar subordinado a ningún empleador. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. . Temas: Régimen de transición. Beneficiarios. Edad. Semanas de cotización.

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 86944 del 2016.

PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE TUTELA EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES. Aunque generalmente no se admite la tutela como mecanismo o una “tercera instancia” en contra de decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han manifestado la posibilidad de acudir a tal recurso siempre que la decisión judicial que es objeto de discusión desconozca derechos fundamentales, lo cual implica que el accionante identifique de forma razonable, los errores de la autoridad judicial que generan una violación de garantías constitucionales y legales, que estos sean alegados con suficiencia y la debida motivación e indicar las pruebas pertinentes. Revoca. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Procedencia. Tutela. Decisiones judiciales.

Expediente 45872 del 2016

REVISIÓN FUE FUNDADA AL ENCONTRARSE PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL AL MOMENTO DE QUEDAR EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Fundado el argumento de revisión incoado por parte del recurrente al determinar que la sentencia de segunda instancia fue dictada el 22 de agosto de 2013 y quedó ejecutoriada el 9 de septiembre del mismo año, esto es, después de la materialización de la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta la interrupción de 80 meses dentro del proceso, llevó a que la acción penal prescribiera el 30 de noviembre de 2012.Fundada. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Revisión. Prescripción.

Expediente 48262 de 2016
JUICIO DE TIPICIDAD DEL DELITO DE PREVARICATO POR OMISIÓN. La Corte de tiempo atrás ha venido reiterando que para su acometimiento es necesario establecer primero qué norma asigna al sujeto la función y el término para su cumplimiento, luego, verificar si el funcionario conociendo el precepto, deliberadamente omitió, rehusó, retardó o denegó el acto propio de la función, y finalmente si el comportamiento se encuentra o no justificado. Confirma M.P. Patricia Salazar Temas: Delito. Peculado por apropiación. Juicio de tipicidad. Prevaricato por omisión.

Expediente 87702 de 2016

QUIEN PRETENDE LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE UN DERECHO FUNDAMENTAL DEBE DEMOSTRAR LOS SUPUESTOS FÁCTICOS EN QUE SE FUNDA SU PRETENSIÓN. Para la procedencia de la acción de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de protección. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Requisitos. Supuestos fácticos. Agravio. Pretensión

Auto 48848 de 2016

SALA PENAL HA INSISTIDO QUE LA CAUSAL DE IMPEDIMENTO CONSISTENTE EN QUE EL FUNCIONARIO JUDICIAL HAYA EMITIDO UNA OPINIÓN SOBRE EL ASUNTO MATERIA DEL PROCESO REQUIERE QUE ELLA TENGA RELACIÓN DIRECTA CON ASPECTOS FUNDAMENTALES DEBATIDOS. No toda opinión, así esta tenga algunos nexos con cuestiones que posteriormente atraen el examen judicial, puede implicar un anticipada visión del caso o una apreciación que resta libertad de análisis. Se ha reiterado que no basta para su configuración que el funcionario la enuncie vaga, genérica y abstractamente, no es suficiente que se limite a manifestar que expresó su opinión o que dio su parecer respecto de la cuestión debatida o haga cualquier otra análoga aseveración. Es necesario, por lo menos, que precise en qué consistió dicha opinión y sobre qué materia versó, pues ella se materializa excepcionalmente, sólo cuando la opinión previa configura en sí misma un juicio adelantado sobre la nueva decisión que debe adoptar. Declara infundado M.P. Patricia Salazar Cuéllar Temas: Impedimento. Causal. Manifestación. Opinión.

Expediente 48236 de 2016

CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE SURTE EN ESTRADOS, LA REPOSICIÓN SE INTERPONE, SUSTENTA Y RESUELVE EN LA MISMA DILIGENCIA. Pero cuando se acude al mecanismo de comunicación excepcional, el legislador procesal penal no previó el trámite, debiéndose, en virtud del principio de integración, acudir al Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo 348 determina que el recurso de reposición debe interponerse y sustentarse dentro de los 3 días que sigan a la última notificación, como en idénticos términos lo establece el artículo 318 del Código General del Proceso. Confirma. M.P. Jorge Luis Barceló Camacho. Temas: Notificación. Estrados. Comunicación excepcional. Recurso de reposición. Término.

 

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 04 000 2016 00956 01 de 2016.

LA OBLIGACIÓN DE DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NO IMPLICA QUE ESTA DEBA SER FAVORABLE A LOS INTERESES DEL SOLICITANTE. Si bien las normas son claras al establecer el plazo legal para contestar derechos de petición por parte de entidades públicas y privadas, y la posibilidad de acudir al mecanismo de tutela para defender este derecho en caso de que sea desconocido por las entidades consultadas, también es cierto que el derecho de petición a pesar de que deba ser contestado de manera pronta, brindando respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y notificar tal decisión al interesado, esto no implica que se deba dar una respuesta favorable a las pretensiones del peticionario. Confirma. M.P. Araldo Wilson Quiroz Monsalvo. Temas: Derecho de petición. Respuesta. Intereses. Solicitante.

Expediente 76111 22 13 000 2016 00172 01 de 2016.

CUANDO EL DEMANDANTE CUENTA CON OTROS MEDIOS DE DEFENSA, LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE PARA ACUDIR A LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. La Corte Constitucional ha manifestado en reiterados pronunciamientos la necesidad de que sean agotados todos los recursos que permite la ley, antes de acudir a la tutela para reclamar la protección de derechos vulnerados, dicha situación ha sido conocida como el requisito de subsidiariedad lo cual hace que la tutela sea considerada como la última herramienta existente, cuando el demandante no cuenta con más recurso o ya los ha ejercido previamente; la acción de tutela no puede considerarse como un mecanismo alternativo o adicional para reemplazar trámites establecidos en la ley, destinados a la protección de derechos del ciudadano. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez.  Temas: Mecanismo alternativo. Trámites. Reemplazar.

Expediente 11001 02 03 000 2015 01165 00 de 2016.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONCEDE SOLICITUD DE EXEQUÁTUR REALIZADA POR UN CIUDADANO COLOMBIANO. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar la solicitud de exequátur presentada por la parte demandante, para dar aplicación a los efectos de una sentencia proferida por un despacho judicial de la Confederación Suiza que decretó el divorcio del matrimonio contraído entre las partes; la Corte determinó la procedencia de la solicitud teniendo en cuenta que se trataba de una decisión judicial proferida por una autoridad competente, se encontraba debidamente ejecutoriada y la aplicación de sus efectos no era contraria a las normas colombianas. Concede. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Divorcio. Matrimonio. Efectos. Aplicación. Sentencia.

Expediente 11001 02 03 000 2012 01064 00 de 2016
CUANDO LA SENTENCIA ES CONGRUENTE CON LAS PRUEBAS VALORADAS Y LA EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES, ES IMPROCEDENTE DECRETAR POR PARTE DEL JUEZ SUPERIOR LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA MISMA. El recurso de casación presentado por la entidad financiera demandada en contra de la sentencia que decretó su responsabilidad, al ocasionar perjuicios al demandante debido a errores causados por parte del banco en el procedimiento del giro de los cheques, carece de las suficientes razones para ser resuelto favorablemente, debido a que la sentencia impugnada no posee los errores que la parte recurrente dice tener en el sentido de poseer falencias que no tuvieron en cuenta las pruebas practicadas, cuando es evidente que el Tribunal de segunda instancia mencionó la valoración dada a cada una de las mismas y los fundamentos legales de su decisión, sin que existiera ninguna causal de revocación de la sentencia que reconocen las normas de procedimiento civil.Declara. M.P. Margarita Cabello Blanco. . Temas: Revocación. Sentencia. Pruebas. Fundamentos legales.

 

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 17001 11 02 000 2016 00233 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA REEMPLAZAR O TRATAR DE ACELERAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SI NO EXISTEN DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. Los argumentos presentados en la acción de tutela por parte del demandante carecen de pruebas que demuestren el desconocimiento de derechos fundamentales, ya que la entidad demandada sí ha cumplido con la prestación del servicio de salud del paciente e inclusive ha brindado una serie de alternativas para tratar de garantizar la adecuada atención médica; lo anterior permite inferir que el accionante pretende usar la tutela para tratar de reemplazar los trámites al interior de la entidad, lo cual no es el objetivo de este mecanismo de protección ya que es deber del interesado agotar las respectivas diligencias relacionadas con la asignación de citas. Confirma. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. .Temas Diligencias. Citas. Trámites. Reemplazar.

Expediente 41001 11 02 000 2012 00584 01 (11190 27) de 2016.

EL PROFESIONAL DEL DERECHO NO PUEDE APODERARSE DE LOS BIENES QUE SON OBJETO DE LITIGIO ENTRE LAS PARTES. Las actuaciones realizadas por el abogado investigado son contrarias a la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), en el sentido de que decidió retener de manera injustificada el vehículo que había sido sometido a la medida cautelar de secuestro, sin hacer la devolución del mismo al juzgado en donde se tramitaba el proceso; las pruebas recolectadas indicaron el pleno conocimiento del sancionado sobre la ilicitud de su conducta, ya que impidieron el normal funcionamiento de la administración de justicia. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Bienes. Apoderarse. Profesional del derecho.

Expediente 76001 11 02000 2012 00904 01 de 2016.

LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DINEROS POR PARTE DEL ABOGADO, ACARREA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. El recurso de apelación presentado por el defensor de oficio de la sancionada no se encuentra llamado a prosperar, toda vez que las pruebas permitieron demostrar la existencia de una conducta ilícita y efectuada de manera dolosa por la disciplinada, ya que a pesar de haber representado a su cliente en el proceso adelantado en contra del INPEC no entregó los dineros que recibió por concepto de indemnización de perjuicios, apoderándose de ellos de manera injustificada e incurriendo en falta a la lealtad con el cliente, ya que es deber del profesional del derecho entregar a su poderdante todos documentos y sumas de dinero que sean propiedad de este. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Dineros. Retención. Sanciones disciplinarias.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00968 00 de 2016.

LOS DELITOS QUE COMETAN LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE DESCONOZCAN DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS AFECTADOS DEBEN SER INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA ORDINARIA PENAL. El reconocimiento del denominado “fuero militar” en el cual los delitos de integrantes de fuerzas militares solo pueden ser investigados por la Justicia Penal Militar, solo procede cuando la conducta fue cometida con ocasión del servicio activo y se relaciona con el mismo, fue proporcional y no afectó otras normas de superior categoría, ya que cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales de ña ciudadanía, el Estado debe iniciar las acciones necesarias para sancionar tal conducta mediante la jurisdicción penal ordinaria, la cual será la competente para conocer y juzgar esta clase de delitos. Define. M.P. Camilo Montoya Reyes. . Temas: Derechos fundamentales. Fuero militar. Servicio activo.

Expediente 52001 11 02 000 2016 00084 01 de 2016.

LA CIUDADANÍA NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS OMISIONES EN QUE INCURREN LAS ENTIDADES ESTATALES. El recurso de amparo presentado por la parte demandante se encuentra debidamente justificado, ya que al ser el menor de edad un beneficiario del programa “Ser Pilo Paga 2” tal calidad fue certificada por la universidad a la cual decidió postularse para estudiar su carrera profesional, por lo tanto no era admisible el argumento del ICETEX al afirmar que no conocía ni había registrado al aspirante en su base de datos de instituciones de educación superior, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la parte actor. Confirma. M.P. Camilo Montoya Reyes. . Temas: Omisiones. Entidades estatales. Consecuencias.

Expediente 20001 1102 000 2015 00014 01 (11767 28) de 2016.

LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA NO SE PREDICA EN AQUELLAS SOLICITUDES SIN CONTESTAR RESPECTO DE LAS CUALES EL FUNCIONARIO CARECE DE COMPETENCIA PARA EMITIR ALGÚN PRONUNCIAMIENTO. La decisión de primera instancia que determino archivar a favor del disciplinado la investigación sancionatoria, no es contraria a las normas ya que el escrito de nulidad que fue presentado ante la Dirección Seccional de Fiscalías y asignado al Fiscal investigado, si bien debía ser contestado en debida forma contenía una solicitud que en la cual no tenía competencia el funcionario para contestar pues esto correspondía al Juez Penal de Control de Garantías; por lo tanto no es posible imputar la responsabilidad del funcionario en la omisión de contestar peticiones, cuando son asuntos que no se encuentran dentro de los asuntos para los cuales es competente. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Solicitudes. Competencia. Responsabilidad disciplinaria.

Expediente 19001 11 02 000 2016 00141 01 de 2016.

CUANDO LOS MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD SEAN REQUERIDOS CON NECESIDAD LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (EPS) NO PUEDEN NEGAR SU SUMINISTRO AL PACIENTE. La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa al considerar que en relación con el derecho a la salud, no se puede negar el acceso de los medicamentos al paciente cuando los requiere con extrema necesidad inclusive cuando se relacionen con tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), ello implica que la Entidad Prestadora de Salud (EPS) tiene el deber constitucional de proporcionar el tratamiento sin que sea de recibo esgrimir como impedimento la no inclusión en el POS o cualquier otro trámite de índole administrativa. Modifica. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán CarvajalTemas: Medicamentos. POS. EPS.

Expediente 05001 11 02 000 2014 00716 01 (10505 24) de 2016.

EL USO ADECUADO, PROPORCIONAL Y RAZONABLE DE LOS RECURSOS QUE PERMITE LA LEY NO PUEDE GENERAR UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA AL ABOGADO QUE LOS INTERPONE. Contrario a lo expresado por el Tribunal de primera instancia que decidió sancionar al profesional del derecho, por el posible uso indebido de recursos legales con el objetivo de dilatar el proceso ejecutivo en contra de su cliente e impedir el normal funcionamiento de la administración de justicia, las pruebas permiten demostrar que el abogado tenía derecho a interponer los recursos señalados en el expediente, ya que ese era su deber al haberse comprometido a defender los intereses de su cliente sin que ello implicara una presunta intención de prolongar más de lo debido el procedimiento, ni que impidiera al despacho judicial adelantar otros procesos igual de urgentes ya que estaba en la obligación de contestar tales recursos. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Recursos. Adecuado. Proporcional. Razonable. Uso. Abogado.

Expediente 54001 11 02 000 2016 00229 01 de 2016.

PARA RECLAMAR LA PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN SOLO BASTA CON QUE EL DEMANDANTE ACREDITE DE MANERA SUMARIA LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA. Es necesario revocar la decisión de primera instancia que negó el amparo del derecho fundamental a la petición señalado por la parte demandante, pues no tiene en cuenta que la actora demostró haber radicado una solicitud en la página web del Ministerio de Vivienda para efectuar una consulta, sin que hasta la fecha le hayan dado respuesta satisfactoria a la misma; por lo tanto siempre que el demandante acredite al menos de manera sumaria que presentó la petición, el juez debe tener en cuenta tal prueba para efectos de proferir una decisión de fondo. Revoca. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Temas: Prueba. Sumaria. Petición.

Expediente 05001 11 02 000 2012 00386 01 de 2016.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IMPUSO SANCIÓN A EX FUNCIONARIA JUDICIAL POR NO PROFERIR SENTENCIA DE TUTELA DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL EXIGIDO. Teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió imponer sanción a una ex funcionaria judicial investigada, debido a que profirió sentencia de tutela (que tramitaba su despacho) 18 días hábiles después de su interposición sin haber respetado el mandato legal que establece los 10 días hábiles para dar trámite a este mecanismo constitucional; adicionalmente la demora sucedió sin que la disciplinada presentara las respectivas justificaciones por proferir sentencia fuera del término de ley. Revoca. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Temas: Tutela. Término. Trámite.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2007 00125 00 de 2016

PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO SE ESTABLECE CUANDO EXISTA UNA CIRCUNSTANCIA QUE ATAQUE SU EXISTENCIA. El decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza ejecutoria por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho exige como causa para su configuración,  una circunstancia sobreviniente que atente contra su existencia e impida  su contenido. un error de  por ésta en otro acto, no configura su pérdida de fuerza ejecutoria, la solución es la revocatoria con o sin el consentimiento del administrado. De este modo, en el caso concreto, no se encontró evidencia alguna que desvirtuara la existencia del referido sindicato, ello no es óbice para que la autoridad administrativa competente en aplicación de las reglas establecidas para los procedimientos administrativos en la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, y demás normas especiales aplicables, someta a verificación y evaluación esos requisitos, presupuestos y demás factores de conformidad con la nueva realidad que pudo o no haber emergido de dicha relación jurídico sindical. Declaró. M.P. María Elizabeth García González.. Temas: Acto Administrativo. Pérdida Fuerza Ejecutoria.

Expediente 11001 03 24 000 2009 00329 00 de 2016

INDEBIDA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATACADOS HACEN IMPROCEDENTE LA DEMANDA. La Sala considero necesario declarar inhibida para emitir pronunciamiento alguno por ineptitud sustantiva de la demanda por falta de individualización de los actos administrativos atacados, toda vez, que el artículo 138 del código contencioso administrativo, establece que se debe demandar la totalidad de los actos administrativos, so pena de sentencia inhibitoria. Seguido a esto, se entiende, que la autonomía universitaria es un principio constitucional que no riñe con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos que deben acatarse a cabalidad para poder obtener la autorización de una ratificación estatutaria en orden a ofrecer programas académicos hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos. Inhibida. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Actos Administrativos. Administración de Justicia.

Expediente 25000 2324 000 2012 00641 01 de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE NO SON SUSCEPTIBLES DE CONTROL ANTE EL JUEZ COMPETENTE. Las normas en materia contencioso administrativa siempre han sido claras al señalar que los actos de trámite no son susceptibles de control jurisdiccional, es decir que no pueden ser demandados ante el juez administrativo ya que solo aquellos actos de carácter definitivo los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas pueden ser demandados mediante cualquiera de los medios de control que define la ley para cada caso. Declara. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Actos administrativos. Trámite. Carácter definitivo.

Expediente 25000 23 41 000 2014 01514 01 de 2016.

LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES SUSPENDE EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL MEDIO DE CONTROL EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO. En reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha señalado que la Ley 1437 de 2011 es bastante precisa al establecer los eventos en los cuales se suspende el término para demandar un acto administrativo, de modo que en los casos en que el interesado presente solicitud de conciliación el último día del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho día se entenderá suspendido y se puede instaurar la respectiva demanda al día siguiente de la expedición y entrega de la constancia de no conciliación por parte de la autoridad competente. Confirma. C.P. María Elizabeth García González.. Temas: Caducidad. Nulidad. Acto administrativo. Suspende.

Expediente 15001 23 33 000 2012 00144 01 de 2016.

LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN LOS HECHOS CONTINUADOS NO ES LA MISMA EXIGIDA PARA LOS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA. El reclamo presentado por la empresa sancionada al afirmar que la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio había caducado, no es procedente toda vez que las normas en materia de sanciones son claras al establecer una diferenciación entre los hechos instantáneos y aquellos de tracto sucesivo o ejecución continuada, ya que mientras en los primeros el término cuenta a partir del día en que sucedió el hecho en los de ejecución continuada no es posible afirmar lo mismo, pues el término solo empieza a contar desde el día en que cesó la conducta sancionable; por lo tanto la entidad pública demandada sí tenía facultad para imponer la multa correspondiente. Confirma. M.P. Guillermo Vargas Ayala.  Temas: Caducidad. Facultad sancionatoria. Hechos. Ejecución continuada.

Expediente 11001 03 24 000 2008 00160 00 de 2016

ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. El artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señala: que si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada. Niega C.P. María Claudia Rojas Lasso  Temas: Requisitos. Solicitud. Patente de invención. Abandono.

Expediente 11001 03 24 000 2016 00079 00 de 2016.

DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN EN LOS PROCESOS DE NATURALEZA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. El artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 establece la capacidad para comparecer al proceso por parte de entidades las cuales estarán representadas por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o la persona de mayor jerarquía en la entidad que expide el acto o produjo el hecho demandado; en cuanto a la Rama Legislativa la representación está en cabeza del Presidente del Senado y a nivel judicial lo hará el Director Ejecutivo de Administración Judicial, a menos que se trate de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación. Confirma. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Representación. Nación. Contencioso administrativa.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2013 01532 00 (3922 2013) de 2016

CONDICIONES QUE HACEN PROCEDENTE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. La extensión de jurisprudencia procede en en que; exista una sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, la que reconozca un derecho o una situación jurídica de ventaja a un particular, cuya situación fáctica y jurídica servirá de patrón de referencia o término de comparación para el caso concreto, la acción a través de la cual se pueda someter el asunto al Juez Contencioso Administrativo no haya caducado, cuando el interesado presente la solicitud ante la autoridad competente para reconocer el derecho, que dentro de la petición elevada el interesado cumpla con la carga de motivación que le impone la Ley, en virtud de la cual debe indicar la sentencia de unificación cuyos efectos solicita le sean extendidos y justificar razonadamente que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se reconoció el derecho en el fallo al que se reconoce fuerza de precedente, que el interesado suministre las pruebas que tenga en su poder o indique el lugar donde estas se encuentran y las que haría valer en caso de ir a juicio, que el interesado acompañe a su solicitud los demás elementos jurídicos que regulan el fondo de la petición específica que se formula y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente. Rechazó. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Extensión de Jurisprudencia. Administración de Justicia.

Expediente 15001 23 31 000 2012 00134 01 (1759 15) de 2016

REQUISITOS PARA QUE UN HERMANO DEL CAUSANTE SEA BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El hermano que pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes deberá acreditar la ausencia de otros beneficiarios, el parentesco con el causante, la calidad jurídica de inválido y la dependencia económica respecto del fallecido. Confirma C.P. William Hernández Vega Temas: Pensión de sobrevivientes. Beneficiario. Hermano inválido.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00641 00 (1950 2015) de 2016

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE LIMITA A AQUELLOS CASOS QUE CARECEN DE CUANTÍA.Además que el acto objeto de impugnación se hubiese expedido por una autoridad del orden nacional. Significa, entonces, que el punto relacionado con la competencia para conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por los Tribunales y Juzgados Administrativos se concreta en un aspecto objetivo, esto es, la cuantía de las pretensiones de la demanda, que en el caso de los Tribunales se presenta cuando ellas superan los 50 salarios mínimos, en tanto para los Juzgados cuando ellas no superan dicha cantidad. Declara. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Competencia. Consejo de Estado. Juzgados Administrativos. Tribunales Administrativos. Cuantía.

Expediente 25000 23 42 000 2013 01486 01 de 2016

ES VIABLE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA PARA DEMANDAR ÚNICAMENTE EL ACTO QUE NEGÓ EL RECONOCIMIENTO DEL REAJUSTE O RELIQUIDACIÓN PENSIONAL, SIN NECESIDAD DE DEMANDAR EL ACTO INICIAL O DE RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. Por tanto tampoco es exigible el recurso de apelación frente a este último. Si bien es cierto el acto de reliquidación de la pensión depende de la existencia del acto de reconocimiento pensional, este no constituye una unidad de objeto o contenido propiamente dicha con aquel; ello, en razón a que ambos por sí solos producen diferentes efectos jurídicos, en tanto su finalidad es distinta e individualmente considerados tienen identidad de acto administrativo. Revoca. C.P. William Hernández Gómez . Temas: Demanda. Acto. Reajuste o reliquidación pensional. Acto inicial. Reconocimiento prestacional. Recurso de apelación.

Expediente 27001 23 33 000 2013 00109 01 de 2016

AL DERECHO AL PAGO DE LAS CESANTÍAS NO LE ES APLICABLE LA PRESCRIPCIÓN TRIENAL. Las mismas son un ahorro a favor del trabajador cuya finalidad está encaminada a suplir las necesidades de este cuando quede cesante. El derecho al pago de las cesantías es de orden público, irrenunciable e imprescriptible, pues las normas que lo consagran no establecen un término en que se extinga la obligación para hacerlo efectivo y, al ser la prescripción un fenómeno de orden público que extingue derechos, su consagración debe ser taxativa. Confirma. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Temas: Cesantías. Pago. Imprescriptibilidad. Orden público. Irrenunciabilidad.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 1999 00987 01 (36932) de 2016

IMPRUDENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE CARRETERA, HACE RESPONSABLE A LA ADMINISTRACIÓN DEL ACCIDENTE. Se comprueba la responsabilidad de la entidad accionada respecto del accidente sufrido por los accionantes, dado que los mismos se impactaron contra una caneca metálica (debiendo ser plástica) que fue imposible ver dado que no se encontraba iluminada ni tenía pintura anaranjada reflectiva, así como tampoco habían señales de tránsito que advirtieran sobre la proximidad a una vía cerrada y/o en construcción, seguido a esto, destaca que aun en el evento en que las canecas hubieran estado pintadas como lo exige la normatividad y que se hubieran instalado señales de tránsito preventivas, lo cual se insiste, no se probó, lo cierto es que no había iluminación en la vía que permitiera advertir su presencia, circunstancia que habría impedido el impacto. Por lo anterior y, teniendo en cuenta que el mencionado manual de señalización establece que la función de la señalización en etapas de construcción y conservación de carreteras, hace que el accidente sea responsabilidad de la administración. Modificó. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Accidente de Tránsito. Responsabilidad.

Expediente 680012 33 31 000 1999 00920 01 (39808) de 2016.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN PENAL NO ES POSIBLE VOLVER A CAPTURAR A PRESUNTOS RESPONSABLES PARA QUE RINDAN SU VERSIÓN DE LOS HECHOS. La actuación de la Fiscalía General de la Nación al decretar la detención de la persona demandante, para escuchar su versión libre en la indagatoria efectuada, no era procedente ya que contrario a lo que expresó la entidad demandada el trámite no era conforme a la ley, pues se trataba de una investigación precluida y por lo tanto no era posible volver a realizar averiguaciones sobre un proceso ya finalizado; de modo que se presentó una indebida detención del ciudadano que generó la vulneración de derechos por parte de la autoridad competente. Confirma. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Investigación penal. Precluida. Indagatoria. Detención.

Expediente 13001 23 33 000 2014 00220 01 (57534) de 2016.

LA INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO PUEDE TENER LUGAR A PARTIR DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Para el caso en estudio señala el Consejo de Estado que no son de recibo los argumentos expresados por las entidades demandadas, ya que se encuentra debidamente probado el agotamiento del requisito de procedibilidad antes de interponer la demanda de reparación directa; adicionalmente también señala la Alta Corporación que la integración del litisconsorte necesario puede integrarse a partir de la admisión de la demanda o antes de proferirse sentencia de primera instancia, tal como lo dispone la Ley 1437 de 2011. Confirma. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Litisconsorte necesario. Demanda. Requisito de procedibilidad.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2001 00081 01 (19817) de 2016.

CUANDO SE INCUMPLEN LAS NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL, LAS ENTIDADES COMPETENTES SE ENCUENTRAN FACULTADAS PARA IMPONER LAS SANCIONES NECESARIAS. Respecto de la discusión surgida entre las partes sobre la imposición de la sanción por parte de la autoridad demandada, el Consejo de Estado señala que en materia financiera los bancos deben observar ciertas reglas para su adecuado funcionamiento, y en caso de no cumplirlas (como un mantenimiento adecuado de liquidez y correctas gestiones administrativas), el Gobierno Nacional en cabeza de su entidad competente debe tomar las acciones sancionatorias necesarias, y así garantizar un comportamiento económico razonable de las instituciones financieras. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Funcionamiento empresarial. Sanciones. Instituciones financieras.

Expediente 25000 23 37 000 2013 00135 01 (21716) de 2016.

PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA, ES NECESARIO QUE EL CONTRIBUYENTE ACREDITE EL PAGO DE LA MISMA. La imposición de sanción al contribuyente por no enviar información solicitada por la DIAN, no desconoció las normas tributarias ya que el sancionado no tenía derecho a la reducción de la sanción, ya que si bien manifestó su intención de acogerse a ese beneficio y subsanó la omisión presentada, nunca acreditó el pago del valor impuesto ya que pago una suma inferior a la exigida; de modo que la DIAN no puede otorgar beneficios a quienes no cumplen con la totalidad de los requisitos que en materia sancionatoria define el Estatuto Tributario. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Beneficio de reducción. Sanción. Pago. Acredite.

Expediente 05001 23 31 000 2001 00751 01 de 2016.

EN EL LITIGIO ADMINISTRATIVO NO ES POSIBLE DISCUTIR ASUNTOS QUE NUNCA FUERON SEÑALADOS EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA ANTE LA ENTIDAD DEMANDADA. El litigio surgido entre las partes respecto del cobro de impuesto al consumo por producción de tabaco tipo chicote, señala el Consejo de Estado que las apreciaciones del Tribunal de primera instancia son correctas al haber negado el pago de intereses respecto del impuesto cancelado por la parte demandante, debido a que esta solamente discutió en vía gubernativa la improcedencia de gravar con impuestos la producción artesanal de tabaco y nunca solicitó devolución con intereses; de modo que al haber ejercido los recursos correspondientes ante la entidad no discutió el derecho a devolución de lo pagado sino la calidad de excluido del chicote de tabaco de producción artesanal. Confirma. M.P: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Asuntos. Instancia administrativa. Chicote de tabaco.

Expediente 05001 23 31 000 2005 03187 01 de 2016.

CUANDO SE EFECTÚA UNA INDEBIDA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS AL CONTRIBUYENTE, ESTE TAMBIÉN SE ENCUENTRA OBLIGADO A REINTEGRAR LAS SUMAS DE DINERO RECIBIDAS Y RECONOCER EL INTERÉS CORRESPONDIENTE. El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha definido que cuando se condena a la Nación y demás entidades públicas al pago de sumas de dinero, hay lugar al reconocimiento de intereses sobre dicha obligación definida por el juez competente, situación que también es aplicable a los contribuyentes que son condenados a reintegrar las sumas de dinero por concepto de impuestos devueltas que recibieron de manera improcedente; dichos intereses tienen lugar al vencimiento de los 30 días a los cuales alude el artículo 176 del antiguo Código Contencioso Administrativo. Confirma. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Impuesto. Reintegro. Interés.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00458 02 (21870) de 2016.

LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY SON EXPRESAS AL DETERMINAR LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA. El proceso de cobro de la participación en plusvalía iniciado por el municipio de Chía en contra de la empresa demandante, no respetó la prohibición establecida a nivel constitucional y legal de aplicar el principio de retroactividad en materia de impuestos, debido a que la determinación del tributo a pagar y el sustento normativo tuvieron en cuenta las normas municipales del anterior régimen y no en las nuevas, lo cual a todas luces representa una actuación contraria a derecho por parte de la entidad municipal.Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Principio de retroactividad. Prohibición. Impuestos.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00091 01 de 2016.

EN EL PROCESO DE COBRO DE APORTES PARAFISCALES, LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA NO PUEDE INTEGRAR A LA BASE GRAVABLE LA TOTALIDAD DE LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR CUANDO SE TRATE DE SALARIO INTEGRAL. Debido a que el artículo 49 de la Ley 789 de 2002 no hizo una mención expresa a la liquidación del aporte parafiscal de las vacaciones del trabajador con salario integral, era necesario que la entidad demandada hiciera una interpretación armónica de las demás normas en materia laboral tal como lo ha exigido la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cual implica que cuando se trate de remuneración o remuneraciones en la modalidad de salario integral, los aportes parafiscales se deben calcular sobre el 70% del valor del salario o de las vacaciones pagadas según corresponda, y no sobre el 100% del salario percibido ya que esto implica una indebida aplicación de la ley por parte de la autoridad estatal encargada de la administración y cobro del aporte parafiscal.Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Salario integral. Aporte parafiscal. Factor prestacional.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00174 01 (20486) de 2016.

EN LOS PROCESOS QUE SE VENTILEN ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO NO ES PROCEDENTE DECRETAR LA CONDENA EN COSTAS. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece frente a la condena en costas, la imposibilidad de que se ordene la liquidación y ejecución de las mismas en los asuntos en que se ventile un interés público, es decir que no hay lugar a condena en costas en acciones públicas; además si alguna de las partes solicita el pago de costas (gastos o expensas del proceso y agencias del derecho), el juez debe verificar que las mismas se encuentren debidamente probadas ya que en caso contrario no puede decretar la condena respectiva. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. . Temas: Interés público. Condena en costas. Probadas.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 23001 23 33 004 2015 00519 01 de 2016

VICIOS DE NULIDAD DENTRO DE UNA ELECCIÓN POPULAR SE TIENE QUE PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO DECLARATORIO, PARA CUMPLIRSE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. Dentro de los procesos en los que se cuestione la legalidad de las elecciones populares aquellos vicios de nulidad relacionados con irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, deben haber sido propuestos ante la correspondiente autoridad administrativa electoral antes de que se expida el acto de elección, ya por el mismo demandante ya por cualquier persona. Es decir, tal requisito de procedibilidad, sólo se entiende satisfecho si las irregularidades que se traen en la demanda fueron puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección. Dicha exigencia no se observa en el caso objeto de estudio, pues las pruebas que obran en el expediente demuestran que el demandante intentó agotar el requisito de procedibilidad cuando ya se había declarado la elección del concejo municipal de Lorica. Confirmó. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.Temas: Nulidad Electoral. Requisito de Procedibilidad.

Expediente 50001 23 33 000 2015 00647 01 de 2016.

PARA QUE SE CONFIGURE LA INHABILIDAD ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA. A pesar de los señalamientos expresados en la demanda sobre la presunta inhabilidad del diputado para ejercer su cargo, por haber participado en un proceso de contratación estatal y laborado en cargos públicos hasta antes del proceso de elecciones y posesión, no había ninguna constancia de que fuera parte activa del proceso de contratación a excepción de haber sido la persona que extrajo la balota ganadora, lo cual de por sí no implica la existencia de la inhabilidad señalada ya que las normas establecen, que para ello es necesario cumplir con todos los requisitos exigidos para que el juez pueda decretar tal situación. Confirma. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Temas: Inhabilidad. Requisitos. Cargo.

Expediente 25000 23 41 000 2016 00140 01 de 2016.

CUANDO LA ENTIDAD HA PARTICIPADO DE MANERA ACTIVA EN LOS HECHOS QUE SON OBJETO DE LITIGIO, NO ES PROCEDENTE QUE SOLICITE SU EXCLUSIÓN DEL MISMO. El recurso de apelación presentado por el apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil no se encuentra llamado a prosperar, ya que las pruebas permitieron demostrar que durante el proceso de elección de ediles que fue demandado, la entidad tuvo una participación activa dentro del mismo e inclusive lo admitió al inicio del litigio, de modo que no puede afirmar que su participación fue secundaria y posteriormente señalar que en virtud de la economía y celeridad procesal, debe ser excluida del litigio al considerar que no hace parte de él. Confirma. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Economía. Celeridad. Litigio. Excluida.

Expediente 19001 23 33 000 2015 00611 02 de 2016.

CONSEJO DE ESTADO DECLARA NULA LA ELECCIÓN DE DIPUTADA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA POR HABER INCURRIDO EN CONTRATACIÓN DENTRO DEL AÑO ANTERIOR A LAS ELECCIONES. Mediante sentencia que confirma la decisión de primera instancia, el Consejo de Estado decidió declarar nula la elección de una diputada del Valle del Cauca debido a que no observó el régimen de inhabilidades contemplado por el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, la cual define la prohibición dentro del año anterior a la elección de celebrar contrato con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, además el contrato fue ejercido dentro de la jurisdicción del departamento y por lo tanto no era procedente su postulación como candidata a la Asamblea Departamental. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Nulidad. Diputada. Valle del Cauca.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

 

Expediente 11001 31 09 001 20154 00290 01 de 2016

NO PUEDEN TENERSE COMO CAUSALES DE NULIDAD SINO AQUELLAS TAXATIVAMENTE REGULADAS EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ACTUAL 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. Por fuera de las enumeradas, no existen otras causas que hagan nulo el proceso, pues allí están contempladas absolutamente todos los hechos y circunstancias que atentan contra los superiores principios del debido proceso, del derecho de defensa y de la organización judicial. Las normas procesales son de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento, y si la misma codificación desautoriza la proposición y trámite de nulidades no involucradas en la respectiva norma, mal haría el funcionario judicial en habilitar esos procedimientos. Confirma M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. Temas: Nulidades. Causales. Taxatividad.

Expediente 11001 31 03 009 2016 00221 01 de 2016

EL EXAMEN QUE HACE EL JUEZ DE TUTELA ES DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL Y EN NINGÚN EVENTO PUEDE CONVERTIRSE EN JUEZ DE PLENA JURISDICCIÓN. La excepcional procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales no habilita la posibilidad de cuestionar por este camino la interpretación que el Juez haya hecho de la ley para adoptar su decisión, pues ello es propio de su fuero, como tampoco resulta viable efectuar una valoración de las pruebas, asunto del resorte del juez que conoce del proceso. Confirma. M.P. Ruth Elena Vargas Vergara. Temas: Acción de tutela. Providencias judiciales. Competencia. Juez de tutela.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogota D.C Sala Laboral

 

Expediente 11001 31 05 012 2010 00415 01 de 2016

LA PERSONA QUE PRETENDE SER RECONOCIDA COMO BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEBE DEMOSTRAR LA CONVIVENCIA CON EL CAUSANTE DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A SU FALLECIMIENTO. Frente al requisito de la prueba del requisito de convivencia, la jurisprudencia laboral ha considerado que las normas procesales garantizan la libertad probatoria a efectos de demostrar la calidad de compañero (a) permanente, así como el término de convivencia, concretamente conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En otras palabras, el estado civil de compañero (a) permanente, mal llamado condición, no se adquiere por una declaración formal ante un notario, ni por ninguna otra ritualidad, sino por el devenir cotidiano de la pareja que comparte su vida con la intención de conformar una familia por la sencilla voluntad responsable de hacerlo. Confirma M.P. Martha Ruth Ospina Gaitán. Temas: Pensión de sobrevivientes. Beneficiario. Convivencia simultánea. Parejas del mismo sexo. Libertad probatoria.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

Expediente 11001 600 0102 2012 00283 01 de 2016

DOSIFICACIÓN DE LAS PENAS EN EL CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. Antes de determinar cuál es la pena que corresponde al conjunto de delitos concursales, es necesario dosificar en forma independiente cada una de ellas, cual si se tratara de un delito único, para seleccionar cuál resulta ser el más grave, según la pena imponible. En ese ejercicio de dosificación individual, que sólo busca determinar cuál es el delito más grave, se tienen en cuenta todas las circunstancias de la conducta, que incidan en los mínimos y los máximos de la pena imponible. Vale decir, se aplican también las variaciones derivadas de la actitud procesal del implicado (reparación integral, allanamiento a cargos y preacuerdos). La sanción imponible por el concurso, no podrá ser superior a la suma aritmética de las penas dosificadas individualmente, derivadas de todos los factores de la conducta punible. Dicha sanción tampoco podrá exceder a la pena que corresponda al delito más grave, derivada de todos los factores de la conducta punible, aumentada hasta en otro tanto. Una vez se verifique cuál es la pena atinente al delito más grave, en el sentido antes expuesto, se determinará cuál es el aumento concreto que se hace por cada uno de los delitos concursales. Modifica. M.P. Guillermo José Martínez Ceballos. . Temas: Pena. Dosificación punitiva. Concurso de conductas punibles.

Expediente 11001 60 00017 2014 05482 02 de 2016

MANIFESTACIÓN DE RETRACTACIÓN DEBE PROVENIR DEL PROPIO IMPUTADO Y PROCEDE SIEMPRE QUE SE ACREDITE VICIO DE CONSENTIMIENTO O VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Si la retractación se presenta luego de haber sido aprobada por el juez de garantías (cuando ha habido allanamiento a cargos en la audiencia de imputación), o por el juez de conocimiento (en caso de preacuerdos o aceptación de cargos en la etapa de juzgamiento), ella procede cuando con elementos probatorios se demuestre el vicio de consentimiento o la violación de garantías, y no por su simple manifestación. Confirma. M.P. Guillermo José Martínez Ceballos. Temas: Retractación. Aceptación de cargos. Imputado. Vicio de consentimiento. Violación de garantías.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda

 

Expediente 1100 1333 5011 2013 00437 01 de 2016

EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL DEBE RECLAMARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES. Es decir, dentro de los tres años siguientes a su causación, atendiendo a los dispuesto en los artículos 41 del decreto 3135 de 1968 y 102 del decreto reglamentario 1848 de 1969. Si la reclamación por el pago de acreencias derivadas de la existencia de una relación laboral encubierta en un contrato de prestación de servicios, no se eleva ante la administración en el término de tres años contados desde la terminación del último contrato, se configura el fenómeno de la prescripción extintiva. Confirma M.P. Carlos Alberto Orlando Jaiquel Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Pago de prestaciones.

 

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera

Expediente 25000 23 36 000 2014 00781 00 de 2016.

REUNIDOS LOS REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN DEL CIUDADANO POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, ES IMPROCEDENTE DECRETAR LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD QUE ORDENA LA CAPTURA SI LAS PRUEBAS PERMITEN DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADO. Los reclamos presentados por el demandante debido a lo que considera una privación injusta de su libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación, no encuentran justificación alguna para el Tribunal debido a que la detención del presunto afectado se hizo respetando los procedimientos legales que regulan esta clase de trámites, además teniendo en cuenta las circunstancias que rodean el proceso penal adelantado en contra del demandante señalan un posible grado de responsabilidad en la comisión del delito, aunque no se encuentre en firme la decisión por no desvirtuar en modo definitivo la presunción de inocencia. Niega. M.P. Alfonso Sarmiento Castro. Temas: Detención. Ciudadano. Responsabilidad.

 

 

Consejo de Justicia -Secretaria Distrital de Gobierno

 

Resolución 183 de 2016

SILENCIO ADMINISTRATIVO HACE IMPOSIBLE PRONUNCIARSE SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN. Ante la ocurrencia del silencio administrativo positivo por virtud de la ley, es improcedente para el consejo de justicia emitir un pronunciamiento frente el recurso de apelación incoado por la recurrente que por medio de resolución fue obligada a cerrar el establecimiento de comercio de su propiedad. Temas: Silencio Administrativo. Administración de Justicia.

 

Superintendencia de Salud

Sentencia S2016-800

SOLICITAR CERTIFICACION DE  VINCULACION A OTRA EPS PARA DESAFILIAR A UNA PERSONA ES IMPROCEDENTE.

Ministerio de Justicia y del Derecho

Resolución 270 de 2016

AL NO APORTAR NUEVO ELEMENTOS DE JUICIO ES IMPROCEDENTE MODIFICAR LA DECISIÓN FAVORABLE A LA EXTRADICIÓN. Confirmada Resolución Ejecutiva número 138 del 27 de mayo de 2016, por medio de la cual se decidió sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gennie Alberto Moreno Valencia, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciudadano se ha cumplido con ple­na observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial. Temas: Extradición. Justicia.