Octubre 3 del 2016

Consejo Superior De la Judicatura

Convocatoria 22 del 2016

PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL CURSO DE JUECES Y MAGISTRADOS. El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, como Unidad de Apoyo Técnico para la Formación Judicial y responsable de la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial”, el cual tendrá lugar en la vigencia 2016-2017,

Corte Constitucional

Sentencia T 324 de 2016

NO EXISTE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE HERMANOS EXTRAMATRIMONIALES, NI ENTRE HERMANOS LEGÍTIMOS A FAVOR DE SU HERMANO EXTRAMATRIMONIAL O VICEVERSA. En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales. Ello fue avalado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-105 de 1994, ratificada por la sentencia C-156 de 2003, al considerar que sería opuesto a la equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos exigida por el numeral 9 del artículo 411 del Código Civil, en la medida en que los hijos extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre o madre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia. Confirma. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. . Temas: Obligación alimentaria. Hermanos extramatrimoniales. Hermanos legítimos.

Sentencia T 355 de 2016

NO TODO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIEN COLABORÓ CON LA JUSTICIA PUEDE CONDUCIR NECESARIAMENTE A SU EXPULSIÓN DEL PROGRAMA CUANDO EL RIESGO PERSISTE. La Oficina de Protección y Asistencia de la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación, encargada del “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía» no está facultada para disponer la exclusión del programa a priori, sino que en su lugar debe tender a mantener la protección si las condiciones de riesgo no han variado. Por tanto, en primera medida corresponde adoptar las medidas necesarias para remediar y prevenir nuevas infracciones y como último recurso disponer el retiro. Confirma. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Protección a testigos. Víctimas. Programa. Riesgo. Condiciones. Retiro.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 53150 de 2016

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL ESTAR REGIDOS POR UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA Y NO POR UN CONTRATO DE TRABAJO, NO PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. Los servidores que pasaron a ser empleados de las Empresas Sociales del Estado, se rigen por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicarles el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de los Seguros Sociales. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Convención colectiva. Beneficios convencionales. Empleados públicos. Trabajadores oficiales. ISS. ESE.

Expediente 40048 de 2016

LIBERTAD PROBATORIA PARA DEMOSTRAR EL TRASLADO DEL RÉGIMEN DE CESANTÍAS. El escrito presentado ante notario del que habla el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, no constituye un requisito para la validez del cambio de régimen, toda vez que ello no lo dice la norma en mención, ni hay lugar a desprenderlo por la naturaleza de la exigencia y, en ese contexto, tampoco la ley sustantiva o adjetiva precisa determinado elemento de juicio para la acreditación del traslado. No Casa. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Libertad probatoria. Acreditación. Traslado. Régimen de cesantías.

Expediente 53260 de 2016

JUZGADORES DEBEN ABSTENERSE DE APLICAR LA EXIGENCIA DE LA FIDELIDAD AL SISTEMA PENSIONAL POR SER INCOMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009. La inaplicación de esta exigencia, se debe hacer no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la particular circunstancia de la evidente contradicción que implica la exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional de progresividad. Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Sistema pensional. Pensión de sobrevivientes. Fidelidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 86944 del 2016.

PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE TUTELA EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES. Aunque generalmente no se admite la tutela como mecanismo o una “tercera instancia” en contra de decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han manifestado la posibilidad de acudir a tal recurso siempre que la decisión judicial que es objeto de discusión desconozca derechos fundamentales, lo cual implica que el accionante identifique de forma razonable, los errores de la autoridad judicial que generan una violación de garantías constitucionales y legales, que estos sean alegados con suficiencia y la debida motivación e indicar las pruebas pertinentes. Revoca. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Procedencia. Tutela. Decisiones judiciales.

Expediente 45872 del 2016

REVISIÓN FUE FUNDADA AL ENCONTRARSE PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL AL MOMENTO DE QUEDAR EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Fundado el argumento de revisión incoado por parte del recurrente al determinar que la sentencia de segunda instancia fue dictada el 22 de agosto de 2013 y quedó ejecutoriada el 9 de septiembre del mismo año, esto es, después de la materialización de la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta la interrupción de 80 meses dentro del proceso, llevó a que la acción penal prescribiera el 30 de noviembre de 2012.Fundada. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Revisión. Prescripción.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 04 000 2016 00956 01 de 2016.

LA OBLIGACIÓN DE DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NO IMPLICA QUE ESTA DEBA SER FAVORABLE A LOS INTERESES DEL SOLICITANTE. Si bien las normas son claras al establecer el plazo legal para contestar derechos de petición por parte de entidades públicas y privadas, y la posibilidad de acudir al mecanismo de tutela para defender este derecho en caso de que sea desconocido por las entidades consultadas, también es cierto que el derecho de petición a pesar de que deba ser contestado de manera pronta, brindando respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y notificar tal decisión al interesado, esto no implica que se deba dar una respuesta favorable a las pretensiones del peticionario. Confirma. M.P. Araldo Wilson Quiroz Monsalvo. Temas: Derecho de petición. Respuesta. Intereses. Solicitante.

Expediente 76111 22 13 000 2016 00172 01 de 2016.

CUANDO EL DEMANDANTE CUENTA CON OTROS MEDIOS DE DEFENSA, LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE PARA ACUDIR A LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. La Corte Constitucional ha manifestado en reiterados pronunciamientos la necesidad de que sean agotados todos los recursos que permite la ley, antes de acudir a la tutela para reclamar la protección de derechos vulnerados, dicha situación ha sido conocida como el requisito de subsidiariedad lo cual hace que la tutela sea considerada como la última herramienta existente, cuando el demandante no cuenta con más recurso o ya los ha ejercido previamente; la acción de tutela no puede considerarse como un mecanismo alternativo o adicional para reemplazar trámites establecidos en la ley, destinados a la protección de derechos del ciudadano. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez.  Temas: Mecanismo alternativo. Trámites. Reemplazar.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 17001 11 02 000 2016 00233 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA REEMPLAZAR O TRATAR DE ACELERAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SI NO EXISTEN DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. Los argumentos presentados en la acción de tutela por parte del demandante carecen de pruebas que demuestren el desconocimiento de derechos fundamentales, ya que la entidad demandada sí ha cumplido con la prestación del servicio de salud del paciente e inclusive ha brindado una serie de alternativas para tratar de garantizar la adecuada atención médica; lo anterior permite inferir que el accionante pretende usar la tutela para tratar de reemplazar los trámites al interior de la entidad, lo cual no es el objetivo de este mecanismo de protección ya que es deber del interesado agotar las respectivas diligencias relacionadas con la asignación de citas. Confirma. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. .Temas Diligencias. Citas. Trámites. Reemplazar.

Expediente 41001 11 02 000 2012 00584 01 (11190 27) de 2016.

EL PROFESIONAL DEL DERECHO NO PUEDE APODERARSE DE LOS BIENES QUE SON OBJETO DE LITIGIO ENTRE LAS PARTES. Las actuaciones realizadas por el abogado investigado son contrarias a la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), en el sentido de que decidió retener de manera injustificada el vehículo que había sido sometido a la medida cautelar de secuestro, sin hacer la devolución del mismo al juzgado en donde se tramitaba el proceso; las pruebas recolectadas indicaron el pleno conocimiento del sancionado sobre la ilicitud de su conducta, ya que impidieron el normal funcionamiento de la administración de justicia. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Bienes. Apoderarse. Profesional del derecho.

Expediente 76001 11 02000 2012 00904 01 de 2016.

LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DINEROS POR PARTE DEL ABOGADO, ACARREA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. El recurso de apelación presentado por el defensor de oficio de la sancionada no se encuentra llamado a prosperar, toda vez que las pruebas permitieron demostrar la existencia de una conducta ilícita y efectuada de manera dolosa por la disciplinada, ya que a pesar de haber representado a su cliente en el proceso adelantado en contra del INPEC no entregó los dineros que recibió por concepto de indemnización de perjuicios, apoderándose de ellos de manera injustificada e incurriendo en falta a la lealtad con el cliente, ya que es deber del profesional del derecho entregar a su poderdante todos documentos y sumas de dinero que sean propiedad de este. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Dineros. Retención. Sanciones disciplinarias.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00968 00 de 2016.

LOS DELITOS QUE COMETAN LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE DESCONOZCAN DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS AFECTADOS DEBEN SER INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA ORDINARIA PENAL. El reconocimiento del denominado “fuero militar” en el cual los delitos de integrantes de fuerzas militares solo pueden ser investigados por la Justicia Penal Militar, solo procede cuando la conducta fue cometida con ocasión del servicio activo y se relaciona con el mismo, fue proporcional y no afectó otras normas de superior categoría, ya que cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales de ña ciudadanía, el Estado debe iniciar las acciones necesarias para sancionar tal conducta mediante la jurisdicción penal ordinaria, la cual será la competente para conocer y juzgar esta clase de delitos. Define. M.P. Camilo Montoya Reyes. . Temas: Derechos fundamentales. Fuero militar. Servicio activo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2007 00125 00 de 2016

PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO SE ESTABLECE CUANDO EXISTA UNA CIRCUNSTANCIA QUE ATAQUE SU EXISTENCIA. El decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza ejecutoria por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho exige como causa para su configuración,  una circunstancia sobreviniente que atente contra su existencia e impida  su contenido. un error de  por ésta en otro acto, no configura su pérdida de fuerza ejecutoria, la solución es la revocatoria con o sin el consentimiento del administrado. De este modo, en el caso concreto, no se encontró evidencia alguna que desvirtuara la existencia del referido sindicato, ello no es óbice para que la autoridad administrativa competente en aplicación de las reglas establecidas para los procedimientos administrativos en la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, y demás normas especiales aplicables, someta a verificación y evaluación esos requisitos, presupuestos y demás factores de conformidad con la nueva realidad que pudo o no haber emergido de dicha relación jurídico sindical. Declaró. M.P. María Elizabeth García González.. Temas: Acto Administrativo. Pérdida Fuerza Ejecutoria.

Expediente 11001 03 24 000 2009 00329 00 de 2016

INDEBIDA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATACADOS HACEN IMPROCEDENTE LA DEMANDA. La Sala considero necesario declarar inhibida para emitir pronunciamiento alguno por ineptitud sustantiva de la demanda por falta de individualización de los actos administrativos atacados, toda vez, que el artículo 138 del código contencioso administrativo, establece que se debe demandar la totalidad de los actos administrativos, so pena de sentencia inhibitoria. Seguido a esto, se entiende, que la autonomía universitaria es un principio constitucional que no riñe con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos que deben acatarse a cabalidad para poder obtener la autorización de una ratificación estatutaria en orden a ofrecer programas académicos hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos. Inhibida. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Actos Administrativos. Administración de Justicia.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2013 01532 00 (3922 2013) de 2016

CONDICIONES QUE HACEN PROCEDENTE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. La extensión de jurisprudencia procede en en que; exista una sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, la que reconozca un derecho o una situación jurídica de ventaja a un particular, cuya situación fáctica y jurídica servirá de patrón de referencia o término de comparación para el caso concreto, la acción a través de la cual se pueda someter el asunto al Juez Contencioso Administrativo no haya caducado, cuando el interesado presente la solicitud ante la autoridad competente para reconocer el derecho, que dentro de la petición elevada el interesado cumpla con la carga de motivación que le impone la Ley, en virtud de la cual debe indicar la sentencia de unificación cuyos efectos solicita le sean extendidos y justificar razonadamente que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se reconoció el derecho en el fallo al que se reconoce fuerza de precedente, que el interesado suministre las pruebas que tenga en su poder o indique el lugar donde estas se encuentran y las que haría valer en caso de ir a juicio, que el interesado acompañe a su solicitud los demás elementos jurídicos que regulan el fondo de la petición específica que se formula y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente. Rechazó. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Extensión de Jurisprudencia. Administración de Justicia.

Expediente 15001 23 31 000 2012 00134 01 (1759 15) de 2016

REQUISITOS PARA QUE UN HERMANO DEL CAUSANTE SEA BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El hermano que pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes deberá acreditar la ausencia de otros beneficiarios, el parentesco con el causante, la calidad jurídica de inválido y la dependencia económica respecto del fallecido. Confirma C.P. William Hernández Vega Temas: Pensión de sobrevivientes. Beneficiario. Hermano inválido.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 1999 00987 01 (36932) de 2016

IMPRUDENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE CARRETERA, HACE RESPONSABLE A LA ADMINISTRACIÓN DEL ACCIDENTE. Se comprueba la responsabilidad de la entidad accionada respecto del accidente sufrido por los accionantes, dado que los mismos se impactaron contra una caneca metálica (debiendo ser plástica) que fue imposible ver dado que no se encontraba iluminada ni tenía pintura anaranjada reflectiva, así como tampoco habían señales de tránsito que advirtieran sobre la proximidad a una vía cerrada y/o en construcción, seguido a esto, destaca que aun en el evento en que las canecas hubieran estado pintadas como lo exige la normatividad y que se hubieran instalado señales de tránsito preventivas, lo cual se insiste, no se probó, lo cierto es que no había iluminación en la vía que permitiera advertir su presencia, circunstancia que habría impedido el impacto. Por lo anterior y, teniendo en cuenta que el mencionado manual de señalización establece que la función de la señalización en etapas de construcción y conservación de carreteras, hace que el accidente sea responsabilidad de la administración. Modificó. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Accidente de Tránsito. Responsabilidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2001 00081 01 (19817) de 2016.

CUANDO SE INCUMPLEN LAS NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL, LAS ENTIDADES COMPETENTES SE ENCUENTRAN FACULTADAS PARA IMPONER LAS SANCIONES NECESARIAS. Respecto de la discusión surgida entre las partes sobre la imposición de la sanción por parte de la autoridad demandada, el Consejo de Estado señala que en materia financiera los bancos deben observar ciertas reglas para su adecuado funcionamiento, y en caso de no cumplirlas (como un mantenimiento adecuado de liquidez y correctas gestiones administrativas), el Gobierno Nacional en cabeza de su entidad competente debe tomar las acciones sancionatorias necesarias, y así garantizar un comportamiento económico razonable de las instituciones financieras. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Funcionamiento empresarial. Sanciones. Instituciones financieras.

Expediente 25000 23 37 000 2013 00135 01 (21716) de 2016.

PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA, ES NECESARIO QUE EL CONTRIBUYENTE ACREDITE EL PAGO DE LA MISMA. La imposición de sanción al contribuyente por no enviar información solicitada por la DIAN, no desconoció las normas tributarias ya que el sancionado no tenía derecho a la reducción de la sanción, ya que si bien manifestó su intención de acogerse a ese beneficio y subsanó la omisión presentada, nunca acreditó el pago del valor impuesto ya que pago una suma inferior a la exigida; de modo que la DIAN no puede otorgar beneficios a quienes no cumplen con la totalidad de los requisitos que en materia sancionatoria define el Estatuto Tributario. Modifica. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Beneficio de reducción. Sanción. Pago. Acredite.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 23001 23 33 004 2015 00519 01 de 2016

VICIOS DE NULIDAD DENTRO DE UNA ELECCIÓN POPULAR SE TIENE QUE PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO DECLARATORIO, PARA CUMPLIRSE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. Dentro de los procesos en los que se cuestione la legalidad de las elecciones populares aquellos vicios de nulidad relacionados con irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, deben haber sido propuestos ante la correspondiente autoridad administrativa electoral antes de que se expida el acto de elección, ya por el mismo demandante ya por cualquier persona. Es decir, tal requisito de procedibilidad, sólo se entiende satisfecho si las irregularidades que se traen en la demanda fueron puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección. Dicha exigencia no se observa en el caso objeto de estudio, pues las pruebas que obran en el expediente demuestran que el demandante intentó agotar el requisito de procedibilidad cuando ya se había declarado la elección del concejo municipal de Lorica. Confirmó. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.Temas: Nulidad Electoral. Requisito de Procedibilidad.

 

Consejo de Justicia -Secretaria Distrital de Gobierno

 

Resolución 183 de 2016

SILENCIO ADMINISTRATIVO HACE IMPOSIBLE PRONUNCIARSE SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN. Ante la ocurrencia del silencio administrativo positivo por virtud de la ley, es improcedente para el consejo de justicia emitir un pronunciamiento frente el recurso de apelación incoado por la recurrente que por medio de resolución fue obligada a cerrar el establecimiento de comercio de su propiedad. Temas: Silencio Administrativo. Administración de Justicia.