11 julio, 2024

Sentencia Su 297 de 2023

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DERECHO AL DEBDO PROCESO Y A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-MORA JUDICIAL

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La actora aduce que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación, por la falta de trámite y esclarecimiento en la investigación adelantada por la desaparición de su hijo, la cual ocurrió en el año 1989 mientras ejercía sus labores como agente de policía en la estación 5 de Siloé en la ciudad de Cali. La accionante alega que, 34 años después de los hechos, no se ha esclarecido la verdad de lo ocurrido, ni el paradero de la víctima, ni la identidad de los presuntos responsables para que éstos sean juzgados y sancionados.

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Para resolver el asunto la Sala tuvo en cuenta una perspectiva de género porque la peticionaria, además de ser una mujer víctima de la desaparición forzada, ha tenido que enfrentar múltiples circunstancias que la han puesto en una especial situación de vulnerabilidad e indefensión. Se analizó temática relacionada con: 1º. Los derechos de las víctimas de desaparición forzada. 2º. Los efectos diferenciados que pueden padecer las mujeres víctimas de ese delito y la obligación de los funcionarios judiciales de efectuar las acciones afirmativas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, así como de administrar justicia con perspectiva de género. 3º. Las funciones que cumple la Fiscalía General de la Nación como órgano integrante de la Rama Judicial del Poder Público.

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Al encontrar que el órgano investigador trasgredió garantías constitucionales, decidió la Corte CONCEDER el amparo invocado, adoptar una serie de medidas dirigidas a superar la mora judicial advertida y a garantizar los derechos de los actores al debido proceso y a la administración de justicia. Se compulsan copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a los fiscales y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que pudieron haber incurrido en las acciones y omisiones que fueron objeto de análisis en esta providencia.

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