26 junio, 2024

Sentencia T 311

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PENSIÓN DE INVALIDEZ PUEDE OTORGARSE CON BASE EN UNA NORMA POSTERIOR, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

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La Corte aplicó la ley laboral de forma retrospectiva. Reconoció el derecho a la pensión de invalidez de una mujer con una pérdida de capacidad laboral del 93,40%. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida digna de la señora Rosa. En 2001, aquella se desempeñaba como patinadora profesional e instructora de ese deporte. Sin embargo, con apenas 22 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral y sometida a una cirugía para su extracción. A partir de ese momento, se generó su pérdida de capacidad laboral, que fue determinada en el 93,40% por una valoración de expertos llevada a cabo en 2022.

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En ese momento, Laura pidió que se reconociera la pensión de invalidez en favor de su hermana Rosa. Sin embargo, el fondo de pensiones negó esta solicitud por considerar que la afiliada no cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores al momento en que se estructuró la invalidez (1° de marzo de 2001). Ante esa respuesta, Laura presentó una acción de tutela en nombre de Rosa para reclamar la protección de los derechos de su hermana, debido a que su salud estaba cada vez más deteriorada.

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La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas consideró que debía concederse la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de favorabilidad previsto en la Constitución. En la sentencia, la Corte explicó que la retrospectividad permite aplicar una norma a situaciones que, si bien ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca se consolidaron definitivamente.

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La Corte evidenció que las cotizaciones de Rosa al sistema pensional se realizaron cuando estaba vigente la versión original de la Ley 100 de 1993. Aquella exigía haber aportado 26 semanas en el año anterior al momento de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Este Tribunal estimó que, en principio, los requisitos que la accionante debía cumplir eran los previstos en aquella regulación.

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