Septiembre 12 – 16 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 52001 11 02 000 2011 00235 03 (11839 28) de 2016.

AUNQUE EL JUEZ SE ENCUENTRA OBLIGADO A DECIDIR LOS RECURSOS PRESENTADOS, PUEDE DECRETAR OTRAS DECISIONES CUANDO EXISTEN CAUSAS QUE IMPIDEN CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO. En materia procesal las leyes obligan al juez, por regla general, a limitarse a decidir el fondo del asunto sin que por ello pueda abordar cuestiones que nunca se trataron en el litigio o no fueron solicitadas por las partes, pero ello no impide que si el funcionario judicial evidencia situaciones o factores que pueden afectar los derechos fundamentales del investigado pueda decidir sobre estas, como el caso de la prescripción ya que al configurarse este fenómeno jurídico no es procedente continuar con el procedimiento disciplinario. Ordena. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Procedimiento disciplinario. Prescripción. Litigio.

Expediente 05001 11 02 000 2009 00392 02 de 2016.

CUANDO SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA LA PRESCRIPCIÓN, ES DEBER DEL JUEZ ARCHIVAR LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL ACUSADO.Las normas disciplinarias colombianas establecen que la potestad sancionatoria del Estado no es indefinida en el tiempo, ya que desde la comisión de la conducta la entidad competente cuenta con cinco (5) años para ejercer las medidas disciplinarias correspondientes, dicho término se contará por separado cuando sean varios los hechos investigados y de los cuales se hace responsable al investigado; de modo que cuando vence el término legal ya señalado el juez debe decretar la terminación del procedimiento a favor del investigado, y continuar con los procesos que aún no han cumplido con el plazo de prescripción definido por la norma. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Prescripción. Investigación. Acusado.

Expediente 68001 11 02 000 2016 00200 01 (11829 28) de 2016.

LAS AUTORIDADES NO PUEDEN NEGAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. La acción de tutela interpuesta por el demandante está llamada a prosperar, debido a que tal como lo señala en su recurso presentó un derecho de petición ante las entidades accionadas, las cuales hasta la fecha en que el juez profirió sentencia de primera instancia no habían resuelto de manera satisfactoria y ello implica negar de manera injustificada, el servicio de salud al cual tiene el accionante y que la Constitución le garantiza, por lo tanto es necesario que los organismos demandados den efectiva respuesta al derecho de petición y de ser procedente realicen los exámenes de retiro y prestar el servicio médico que requiera. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Exámenes de retiro. Servicio médico. Grupos sociales. Vulnerabilidad.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00003 00 de 2016.

LA AUTONOMÍA DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS NO PUEDE COMPRENDER ASUNTOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN QUE LA LEY LE ASIGNE. El reconocimiento por parte de la Constitución y la ley de la autonomía de las comunidades indígenas, comprende también el juzgamiento de conductas que sean contrarias a sus buenas costumbres, pero ello implica un límite ya que cualquier delito cometido por un miembro de dicha comunidad que afecte garantías fundamentales, no puede ser investigado por la jurisdicción especial indígena ya que las normas son claras al definir el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual la competencia para investigar y sancionar delitos que lesionen normas de superior categoría, corresponde a la jurisdicción ordinaria penal. Asigna. M.P. María Rocío Cortés Vargas. Temas: Resguardos indígenas. Autonomía. Derechos fundamentales. Proteger.

Expediente 52001 11 02 000 2013 00110 01 de 2016.

EL ABANDONO DEL PROCESO POR PARTE DEL ABOGADO SE CONSTITUYE EN UNA FALTA A LOS DEBERES PROFESIONALES. De acuerdo a las pruebas recaudadas durante el procedimiento, se pudo comprobar que el abogado sancionado a pesar de haber suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales con el quejoso, y comprometerse a realizar todas las acciones necesarias para defender los intereses su representado, la actuación procesal se limitó a aportar ante el despacho una serie de memoriales sin proponer excepciones o tratar de apelar las decisiones desfavorables a su cliente, hasta el punto de que este tuvo que revocarle el poder por haber abandonado el proceso. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Abandono. Proceso. Deberes profesionales.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00495 01 (5055 15) de 2016

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBEN PROFERIR SUS DECISIONES CON LA RESPECTIVA MOTIVACIÓN, SO PENA DE SER RESPONSABLES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. La sanción de primera instancia debe confirmarse, ya que contrario a los argumentos presentados en el recurso de apelación por parte del disciplinado, las pruebas demuestran que las personas afectadas con la decisión del funcionario judicial tuvieron que interponer tutelas para obtener su revocación, ya que dichas providencias fueron dictadas sin la debida motivación tal como lo exigen las normas colombianas, y es deber de los funcionarios cumplir con las obligaciones que les impone la ley. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Funcionarios públicos. Decisiones. Motivación.

Expediente 70001 11 02 000 2014 00474 01 (11697 28) de 2016

IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y PROTECCIÓN DE ACCEDER A ELLA, RESULTAN VACÍOS E INÚTILES, SI NO SE GARANTIZA DE IGUAL MANERA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES. Sólo son susceptibles de acción disciplinaria las providencias judiciales donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico. Los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: Recurso de apelación. Autonomía. Independencia judicial. Investigación disciplinaria.

Expediente 11001 11 02 000 2013 01766 01 de 2016.

LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL CLIENTE, OBLIGA AL ABOGADO A EJERCER TODAS LAS ACCIONES LEGALES ACORDADAS. A pesar de los señalamientos efectuados por el sancionado en su recurso de apelación, la Sala Disciplinaria de segunda instancia señala que se encuentra debidamente probada la relación abogado – cliente al haber suscrito un acuerdo, en el cual el profesional del derecho se comprometía a iniciar un proceso de pertenencia y recibiendo una suma de dinero por concepto de honorarios, no obstante el deber adquirido el sancionado dejó de hacer de manera injustificada las gestiones encomendadas, causando una lesión a los intereses de su cliente e incurriendo en falta a la debida diligencia profesional, contemplada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. Confirma. M.P. María Rocío Cortés Vargas.  Temas: Intereses. Cliente. Compromiso. Debida diligencia profesional.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00489 00 de 2016.

LAS CONDENAS IMPUESTAS POR LA JURISDICCIÓN PENAL EN CONTRA DEL ESTADO NO PUEDEN SER DEMANDADAS MEDIANTE VÍA ADMINISTRATIVA. La obligación que es objeto de cobro por parte del demandante tiene como origen, una sentencia condenatoria decretada por la jurisdicción penal en contra del Estado cuyo pago no puede ser exigido o demandado a través de la demanda ante el juez administrativo, ya que no se cumplen con los requisitos contemplados por el numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 en materia de procesos ejecutivos administrativos; de modo que al no configurarse en alguno de los presupuestos considerados por la norma previamente mencionada la competencia debe ser asignada al juez civil. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Vía administrativa. Condenas impuestas. Jurisdicción penal.

Expediente 41001 11 02 000 2016 00022 01 de 2016.

EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL LA ENTIDAD CONTRATANTE NO PUEDE IMPONER CONDICIONES QUE VULNEREN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ASPIRANTES. Los argumentos expresados en la sentencia de primera instancia, al negar el recurso de amparo interpuesto, son errados ya que el accionante pretende exigir el reclamo de sus derechos y no la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, ya que la entidad accionada en el proceso de selección hizo una serie de exigencias supuestamente médicas sin dar una justificación suficiente de las mismas, a pesar de lo cual el accionante decidió cumplirlas y que desconocían los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de escoger un oficio o trabajo. Revoca. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Libre desarrollo de la personalidad. Libertad. Oficio. Trabajo.

Expediente 11001 01 02 000 2015 03553 00 (11580 28) de 2016.

AL TENER LA CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO, EL DEMANDANTE DEBE DIRIMIR SU CONFLICTO CON LA ENTIDAD PÚBLICA ANTE EL JUEZ ADMINISTRATIVO. El Decreto 1214 de 1990, régimen aplicable al demandante, establece la definición y requisitos para ser empleado público en el Ministerio de Defensa, esta norma permite determinar el juez competente para conocer la controversia surgida entre las partes respecto del auxilio de cesantías, ya que al haberse determinado la naturaleza del cargo y al ser un conflicto con una entidad pública que persigue la nulidad de un acto administrativo, la competencia recae sobre el la jurisdicción contencioso administrativa tal como lo establece la Ley 1437 de 2011. Dirimir. C.P. Julia Emma Garzón de Gómez.Temas: controversia. Nulidad. Acto administrativo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 31 03 007 2007 00606 01 de 2016

EXISTIÓ ERROR POR PARTE DEL TRIBUNAL AL INTRODUCIR UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER JUDICIAL COMO ES LA RESOLUCIÓN DE UN CONTRATO, A UN TRÁMITE DE REESTRUCTURACIÓN. La Sala determinó que Textiles Konkord S.A. incumplió el contrato de compraventa celebrado con Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., sobre un bien inmueble, determinando de este modo que el Tribunal cometió errores de derecho manifiestos y trascendentes al aplicar al caso sub judice una norma que no estaba llamada a regirlo, y al dejar de aplicar los efectos de la condición resolutoria tácita prevista en los artículos 1930 del Código Civil y 870 del Código de Comercio; lo que de suyo apareja el quiebre de la sentencia de segunda instancia. De igual manera, aplicó indebidamente la aludida disposición porque los efectos vinculantes del acuerdo de reestructuración no se extienden al vendedor que ejercitó la acción resolutoria antes de la publicación de la celebración de ese arreglo, que es el momento a partir del cual el empresario y sus acreedores quedan vinculados por sus términos. Declaró. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Civil. Reestruturación. Contratos.

Expediente 11001 31 03 012 1999 00311 01 de 2016

CONDICIONES LAS CUALES DEFINEN LA EXISTENCIA DE UNA AGENCIA COMERCIAL. Se entiende como los elementos estructurales de toda agencia comercial, en primer lugar, que el comerciante intermediario actúe por cuenta ajena, esto es, del empresario que le efectúa el encargo, premisa de la que se sigue que todos los efectos económicos que se deriven de la gestión realizada por aquél, positivos y negativos, deben trasladarse al último y, por ende, reflejarse en su patrimonio; y, en segundo término, que el agente, como contraprestación de su actividad, perciba una remuneración, requisito que guarda íntima conexión con el anterior. Entonces, entendiendo que en la relación de los accionantes, se estipuló como obligación suya, pagar a la aquí demandada regalías, previsiones contractuales que en la práctica tuvieron cabal desarrollo, de este modo la sala, no incurrió en ningún desatino y mucho menos, en uno mayúsculo, cuando infirió que el negocio jurídico que existió entre las litigantes, no fue de agencia comercial. No Casó. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.  Temas: Agencia Comercial. Casación. Civil.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01622 00 de 2016

LA PROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN ORDENADA POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO EN APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL DESISTIMIENTO TÁCITO ERA APLICABLE. Las apreciaciones tanto del a quo como del ad quem para concluir la procedibilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito, excluyen la posible ocurrencia de causal que permita la procedencia excepcional del amparo, y dejan sin piso las acusaciones de los gestores, así la conclusión eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra línea interpretativa admisible o con elementos de persuasión distintos a los que les sirvió al funcionario judicial querellado de apoyo para la formación de su convencimiento sobre el punto objeto de cuestionamiento, pues como en la materia reiteradamente ha pregonado la Sala. Niega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Aplicación. Procedencia. Conclusión

Expediente 11001 31 03 029 2010 00235 01 de 2016.

EN LAS EXCEPCIONES FORMULADAS CONTRA LA DEMANDA DE SIMULACIÓN, ES NECESARIO PROBAR QUE SÍ SE EFECTUÓ EL PAGO DEL BIEN QUE ADQUIRIÓ EL COMPRADOR.La ley colombiana permite a través de los medios de prueba previamente establecidos, probar la existencia de la simulación en los contratos de compraventa ya que si bien es bastante complicado demostrar esto, el juez puede llegar a la conclusión de que sí sucedió siempre que las pruebas le permitan “inferirlo”; uno de los elementos que permite o no desvirtuar la existencia de la simulación es que se acredite el pago del bien supuestamente vendido, pero ante la ausencia de tal hecho y si las demás pruebas documentales no son suficientes, es procedente que el juez profiera sentencia declarando la simulación alegada por la parte demandante. No casa. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Demanda de simulación. Pago. Probar.

Expediente 110001 02 03 000 2015 01561 00 de 2016.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN EN COLOMBIA DE SENTENCIAS O LAUDOS PROFERIDOS POR AUTORIDADES JUDICIALES EXTRANJERAS. Para poder efectuar la aplicación de una sentencia proferida por un organismo o funcionario judicial de otro país, es necesario que entre Colombia y dicha nación exista un tratado de reciprocidad, adicionalmente la solicitud (exequátur) que se presente ante la Corte Suprema de Justicia debe ir acompañada de pruebas que demuestren, que la sentencia de la cual se solicita su aplicación en Colombia haya sido proferida por funcionario competente, que se encuentre debidamente ejecutoriada y en firme, no comprometa el orden público y no sea contraria a las normas nacionales. Concede. M.P. Ariel Salazar Ramírez Temas: Sentencias. Laudos. Autoridades judiciales. Extranjeras.

Expediente 110001 02 03 000 2014 02901 00 de 2016

APROBADO EXEQUÁTUR SOBRE SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA EN JUZGADOS DE ESPAÑA. Aprobada solicitud de exequátur sobre las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia No. 29 de Madrid, España, mediante las cuales se decretó la separación y posteriormente el divorcio del matrimonio del accionante y su ex-pareja, dado que sobre la sentencia que se inició la acción, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues las decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio. Adicional a lo anterior, consta que los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso. Concedió.M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Exequátur. Civil. Divorcio.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00843 01 de 2016

LA MERA INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE NO SIRVE AL PROPÓSITO DE ESTRUCTURAR CAUSAL DE PROCEDENCIA DEL AMPARO TUTELAR. Al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal, máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteado. Confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Amparo. Inconformidad. Interpretación.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01612 00 de 2016

EL JUZGADOR DE SEGUNDA INSTANCIA PUEDE EN EL FALLO VOLVER A EXAMINAR EL TÍTULO EJECUTIVO ADOSADO, A EFECTOS DE CORROBORAR LA IDONEIDAD DEL MISMO PARA SERVIR DE BÁCULO DE LA EJECUCIÓN. El artículo 497 del Código de Procedimiento Civil dispone: “los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago sin perjuicio del control oficioso de legalidad”. De lo anterior se colige que el legislador autoriza expresamente al juez, sin distinguir su instancia, para revisar de nuevo la idoneidad de dicho instrumento, y sin que ello signifique aniquilar el principio de la reformatio in peius, por cuanto este, como el de legalidad, apuntalan teleológicamente los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia, bastiones del Estado constitucional y democrático. Niega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo Temas: Requisitos. Distinción. Báculo.

Expediente 05001 22 10 000 2016 00149 02 de 2016.

NO ES PROCEDENTE EL EMPLEO DE LA TUTELA PARA OBTENER DECISIONES FAVORABLES RELACIONADAS CON EL DERECHO DE PETICIÓN QUE HAYA RADICADO EL CIUDADANO. Es deber de las entidades públicas atender las peticiones respetuosas que efectúen los ciudadanos y contestarlas dentro del término legal establecido, pero en cuanto al litigio estudiado no se evidencia la existencia de vulneración de derechos fundamentales del accionante, toda vez que su actuación en la tutela se encuentra dirigida a que sea contestada de manera favorable su petición y demuestra que se le haya desconocido ese derecho; tal situación se aleja de la finalidad para la cual fue instituida la tutela en la ley colombiana. Revoca. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Tutela. Decisiones favorables. Petición.

Expediente 41001 22 14 000 2016 00133 01 de 2016.

EL MECANISMO DE TUTELA NO PUEDE SER USADO PARA TRATAR DE ENMENDAR ERRORES DEL ACCIONANTE NI REVOCAR SENTENCIAS QUE SÍ CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES. La acción de tutela presentada por los accionantes fue denegada en debida forma por el juez de primera instancia, ya que al señalar la vulneración de sus derechos fundamentales debido a la abstención del juez de decretar una serie de pruebas solicitadas, esta actuación en ningún momento implicó el desconocimiento de garantías constitucionales toda vez que las pruebas solo pueden ser solicitadas y practicadas en determinados momentos procesales, pero las mismas fueron invocadas por la accionante durante la etapa de alegados de conclusión lo cual no era procedente, de modo que la decisión negativa proferida por el juez sí se hizo de acuerdo a las normas de procedimiento. Confirma. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. . Temas. Decisión. Pruebas. Momentos procesales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 72597 de 2016

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO NO LOS OBLIGA A ACEPTAR O NEGAR LOS PUNTOS DEL PLIEGO DE PETICIONES EN LOS ESTRICTOS TÉRMINOS QUE ALLÍ HUBIEREN SIDO CONCEBIDOS. Ello por cuanto actuando como amigables componedores que son, pueden, según la equidad se los aconseje, inclinarse por aceptar en su integridad la petición sindical o rechazarla totalmente, como igualmente pueden conceder de manera parcial la solicitud contenida en el pliego de peticiones o, inclusive, sustituirla adoptando en cambio una fórmula que les parezca más equitativa por consultar no sólo los intereses de los trabajadores sino también los del patrono. No anula. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas y Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Recurso de anulación. Laudo arbitral. Conflicto colectivo. Pliego de peticiones. Competencia árbitros.

Expediente 49262 de 2016

PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES SE DEBE TENER EN CUENTA EL TIEMPO LABORADO EN ENTIDADES OFICIALES, ASÍ NO HAYA SIDO OBJETO DE APORTES A ENTIDADES DE PREVISIÓN O DE SEGURIDAD SOCIAL. El régimen de jubilación por aportes, no desconoció, ni antes ni después de la Constitución de 1991, que el derecho fundamental e irrenunciable a la pensión no puede verse truncado por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado aportes a una caja de previsión social, máxime si se tiene en cuenta que la afiliación a la seguridad social para los servidores públicos no era obligatoria sino facultativa, de modo que la ausencia de cotización no puede imputársele a ellos, y menos, puede afectar sus derechos pensionales que en todo caso se encontraban amparados por las disposiciones del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 que garantizaban el reconocimiento pensional a cargo de la entidad de previsión a la cual estuvieran afiliados o, en su defecto, a cargo directo de la entidad o empresa oficial empleadora por el tiempo de servicios. Casa. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Pensión de jubilación por aportes. Semanas de cotización. Pensión de sobrevivientes.

Expediente 45997 de 2016

JUEZ DE INSTANCIA NO INCURRE EN ERROR ALGUNO CUANDO DA POR DEMOSTRADA LA CULPA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DE LA ENFERMEDAD DE SU TRABAJADOR, SIN CONDENARLO A LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La razón no está de lado del recurrente, en tanto que el juez de segunda instancia, en este caso, sí tuvo justificación para no aplicar los efectos del artículo 216 del CST, puesto que los elementos fácticos extraídos del acervo probatorio para efectos de establecer la enfermedad laboral sufrida por la actora y la culpa del empleador en su ocurrencia no son suficientes para calcular el lucro cesante, toda vez que, sin perjuicio de que el juez colegiado hubiese tomado como fecha de estructuración de la enfermedad profesional la establecida por la EPS SALUDCOOP, 7 de marzo de 2005, en el concepto emitido el 18 de agosto de 2005, lo cierto es que, en dicha oportunidad, esa entidad no cuantificó la pérdida de capacidad de trabajo, pues, como lo dijo el mismo juzgador de segundo grado, esta solo fue determinada por la ARP SURATEP, en un 14.24%, pero con fecha de estructuración 24 de mayo de 2007. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. . Temas: Enfermedad laboral. Culpa. Empleador. Indemnización. Perjuicios. Pérdida capacidad laboral. Fecha de estructuración. Lucro cesante.

Expediente 45771 de 2016

TRANSICIÓN PENSIONAL PRESERVA TAN SOLO DEL RÉGIMEN ANTERIOR LA EDAD, EL TIEMPO DE SERVICIOS O SEMANAS COTIZADAS, Y EL MONTO DE LA PENSIÓN. Esta Sala de la Corte, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha considerado de forma reiterada, uniforme y pacífica (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad 44238, CSJ SL 17 abr. 2012, rad. 53037, CSJ SL 570-2013, CSJ SL4649-2014, CSJ SL17476-2014, CSJ SL2982-2015, entre otras), que el régimen de transición únicamente preserva los tres aspectos mencionados, de suerte que, los demás aspectos de la prestación, tales como el ingreso base de liquidación, son los consagrados en la Ley 100 de 1993. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán  Temas: Pensión de jubilación. Régimen de transición. IBL.

 Expediente 50008 de 2016

CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE CASACIÓN. Se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia y no propiamente la composición del litigio. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.  Temas: Recurso de casación. Carácter excepcional.

Expediente 49078 de 2016

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, SE RIGE EN PRINCIPIO POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 100 DE 1993. La Corporación tiene establecido el criterio relativo a que el régimen de transición garantiza a sus beneficiarios de cara a la prestación por vejez o jubilación, y en relación con la normatividad que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto por el legislador en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y que sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Pensión de jubilación. Beneficiarios. Régimen de transición. IBL.

Expediente 50088 del 2016

LOS INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES POR SALUD SE HACEN UNA SOLA VEZ. No comporta una revalorización del ingreso del pensionado, sino una compensación por la depreciación surgida como consecuencia del incremento en el monto de la cotización para salud. En el caso concreto, no prosperó la demanda ya que no se cumplió con el requisito viendo que el alcance de la impugnación no demostró que la controversia que se plantea estuviera en consonancia con lo esbozado en el recurso de apelación. Finalmente los desatinos fácticos al no dar por probado, «que el incremento en las mesadas pensionales…, debería estar en equilibrio con el descuento que se hiciera, por el descuento para el cubrimiento en salud; o, de otra manera: «No dar por demostrado, estándolo, que el incremento de la pensión, se efectuaba por un lapso hasta llegar a un equilibrio, con el descuento que se hiciera para el aporte en salud; para indicar, en el orden señalado, « No dar por demostrado, estándolo, que el paso del tiempo extingue las obligaciones laborales.». No casa. M.P. Jorge Mauricio Gómez Ruiz. .Incrementos o reajustes pensionales. Requisitos Casación.

 

Expediente 45777 de 2016

TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SON EMPLEADOS PÚBLICOS Y SOLO POR EXCEPCIÓN TRABAJADORES OFICIALES, CUANDO DESARROLLEN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE OBRAS. Es la ley la que determina quiénes tienen la condición de trabajadores oficiales, de manera que la existencia de unos contratos de trabajo y el reconocimiento de unos beneficios convencionales no determinan la calidad de trabajador oficial, cuando por la naturaleza de la entidad el servidor tiene la condición de empleado público. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. . Temas: Empleados públicos. Trabajadores oficiales. Establecimientos. Construcción. Sostenimiento. Obras públicas.

Expediente 48056 de 2016

DEMANDA DE CASACIÓN ESTÁ SOMETIDA A UN CONJUNTO DE FORMALIDADES PORQUE SU FINALIDAD BÁSICA ES LA UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. Este recurso extraordinario no constituye una tercera instancia que permita alegaciones desordenadas. Uno de los presupuestos para que el recurso pueda ser estudiado por la Corte es el que establece el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme al cual el recurrente tiene la carga procesal de indicar la norma sustancial que se estime violada, entendiéndose por tal norma sustancial la que por su contenido crea, modifica o extingue derechos. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.  Temas: Recurso extraordinario. Casación. Formalidades. Presupuestos. Unificación jurisprudencial.

Expediente 49982 de 2016

ALCANCES DE LA NORMA CONVENCIONAL QUE ESTABLECE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR RIESGOS DE SALUD. La Corte ha indicado que la interpretación de la cláusula que fija esta clase de pensión no es unívoca, dado que se trata de una prestación por riesgos de salud, es decir que lo que se protege no es solamente la patología adquirida en determinados oficios, sino el riesgo que entraña ese tipo de actividades. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Temas: Norma convencional. Interpretación. Pensión de jubilación. Riesgos de salud.

Expediente 46542 de 2016

INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN ES VIABLE FRENTE A TODAS LAS PENSIONES. La Sala Laboral de la Corte Suprema ha señalado que la actualización de las mesadas pensionales es procedente sin importar que la prestación se hubiese causado antes o después de la vigencia de la Constitución Política de 1991. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Pensión. Mesadas. Indexación. IBL.

Expediente 49850 de 2016

ACTUALIZACIÓN PENSIONAL NO PROCEDE CUANDO SE RECONOCE LA PRESTACIÓN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE TERMINA EL VÍNCULO LABORAL. En estos eventos se infiere la inexistencia de un lapso entre la fecha de retiro y aquella en la que se empieza a disfrutar de la pensión, por lo que no es posible considerar la hipótesis de una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas Temas: Pensión. Indexación. Reconocimiento de la prestación. Finalización vínculo laboral.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 48050 del 2016

SENTENCIA CONDENATORIA FUE CASADA AL RECAER LA PRESCRIPCIÓN SOBRE UN TIPO PENAL SOBRE EL CUAL SE IMPUSO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Sala consideró necesario casar la sentencia respecto a los delitos de omisión del agente recaudador o recaudador, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado, por cuanto, en relación con la última ilicitud operó el fenómeno jurídico de la prescripción cuando transcurría el término para que el censor presentara la demanda de casación, no ocurriendo lo mismo respecto del delito contra la administración pública. Es decir, las mismas prescribieron antes de que arribara el asunto a la Corte, de este modo solo procede emitir condena respecto del delito de omisión del agente retenedor o recaudador, en concurso homogéneo y sucesivo. Casó Parcialmente. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Temas: Casación. Concurso de Delitos. Prescripción.

Expediente 47906 del 2016

INDIVIDUALIZACIÓN REALIZADA POR LA SALA CORRESPONDIÓ AL CUARTO MÁXIMO APLICABLE. Cuando se quiera conocer el monto impuesto en el concurso por cada uno de los delitos, primero es necesario saber a cuánto habrían ascendido las penas si el juzgador las hubiera individualizado antes de concursarlas, teniendo en cuenta para el efecto que por el homicidio base tasó el máximo del tercer cuarto. Así, por cada uno de los tres homicidios agravados restantes la pena habría de ser igual a la del punible base. De este modo, como la pena de cada uno de los restantes delitos concursantes no podía tasarse en el máximo del tercer cuarto sino, se insiste, en el máximo del primer cuarto porque no cabía la circunstancia de obrar en coparticipación criminal, la individualización correcta para cada uno de los homicidios agravados imputados. Inadmitió. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Individualización de Pena. Casación. Penal.

Expediente 43482 de 2016

LAS GLOSAS A LA PRUEBA DE CARGO FUNDADAS EN ERRÓNEOS JUICIOS CONTRARIOS A PRINCIPIOS LÓGICOS Y REGLAS DE LA EXPERIENCIA CONDUJERON A REVOCAR UN FALLO. Incólume emerge la versión de la menor frente a los cuestionamientos derivados de la actitud de su madre, por no denunciar oportunamente ante las autoridades los hechos conocidos o la posible exigencia dineraria al acusado para no hacerlo, en cuanto estos motivos afectan exclusivamente su versión de referencia y no la de la niña, a quien no se le podía exigir denunciarlos dada su edad para la época. En este asunto el Tribunal no tuvo en cuenta que la denunciante no es la víctima. Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Denuncia. Principios Lógicos. Referencia.

Expediente 43304 del 2016

LA TOTALIDAD DE LAS SUMAS RECONOCIDAS POR EL ACUSADO A TRAVÉS DEL IRREGULAR PROCEDIMIENTO, CONSTITUYEN UNA ILÍCITA APROPIACIÓN DE DINEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Ante la imposibilidad de considerar la existencia de un título ejecutivo que sirviera de base al mandamiento de pago librado, no puede más que concluirse que la decisión del doctor Mena Castillo de librar mandamiento de pago y aprobar la correspondiente liquidación del crédito, es notoria u ostensiblemente opuesta al orden jurídico, toda vez que cuando de las actuaciones de las partes se desprenda una notoria injusticia o, por lo menos, la posibilidad de transgresión a la ley, corresponde al Juez como representante del Estado encargado de administrar justicia con arreglo a la normatividad imperante, entrar a remediar dicha situación, pues si bien las partes son encargadas de señalarle el camino a seguir, éste no puede estar sujeto a la arbitrariedad particular, sino al imperio de la ley, y por consiguiente, el Juez acusado no podía ser invitado de piedra en el proceso en cuestión, y no podía haber dejado en manos de las partes el trámite del mismo. Confirma. M.P. Luis Guillermo Salazar Delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

Expediente 42654 de 2016

ANTE LA CARENCIA DE TIPICIDAD DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL PROCESADO, ES IMPROCEDENTE PRONUNCIARSE SOBRE LA ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD. El auto del 5 de abril de 2010, al margen del grado de acierto que contenga, no es ostensiblemente contrario a derecho; la controversia que pueda generar su expedición encuentra explicación en distintas condiciones que rodearon la decisión como son la ambigüedad que presentaba el título valor en torno a la efectividad del endoso y la plena referencia al demandado. En conclusión, la ausencia del elemento normativo del tipo penal objeto de la acusación, esto es la calidad de manifiestamente contrario a derecho, desvirtúa la tipicidad objetiva y obliga a la revocatoria de la sentencia condenatoria impugnada, y proceder en su lugar a la absolución del acusado. Revoca. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Antijuridicidad. Atribución. Culpabilidad.

Expediente 46110 de 2016

TÉRMINOS PARA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Conforme a lo establecido en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, a partir de la formulación de la imputación el término prescriptivo empieza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del máximo previsto en la respectiva disposición penal. Por tanto, los 63 establecidos referidos deben disminuirse en la mitad, operación aritmética que arroja como resultado 31 meses y 15 días, cantidad inferior a 3 años. Casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Términos. Lapsos. Operación.

Expediente 86594 del 2016

ACUDIR A LA TUTELA EXISTIENDO MEDIOS ORDINARIOS ES DESNATURALIZAR LA ESENCIA DE LA MISMA. Confirmada decisión que negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia, ante la existencia de procedimientos normales expeditos frente a las presuntas irregularidades que dice se presentaron en el proceso ejecutivo laboral que se adelanta, siendo la tutela un medio a utilizar cuando se carece de mecanismos ordinarios. Igualmente, tiene dicho que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes Confirmó. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Tutela. Debido Proceso. Acceso a la Justicia.

Expediente 86107 del 2016

INEXISTENCIA DE PETICIÓN ANTERIOR A LA TUTELA, LA HACE IMPROCEDENTE AL NO EXISTIR PRONUNCIAMIENTO NEGATIVO O VULNERATORIO DE DERECHOS. Negada la protección de los derechos a la salud y dignidad humana del actor recluido en centro penitenciario, al determinar que la acción de tutela como tal solo presenta insinuaciones sobre la negativa a ésta de manera injustificada, pero no aporta elemento de juicio que así lo permita verificar; sin que le sea dable, analizar los antecedentes que por otras solicitudes haya impetrado, sobre el traslado carcelario efectuado. Luego, no se advierte que de parte de la autoridad competente haya existido una negativa frente a la petición de la actora, injustificada o que desconozca los derechos prevalentes del accionante y, por consiguiente se descarta la alegada vulneración de garantías fundamentales. Confirmó. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. DocuTemas: Petición. Tutela.

 

 

Corte Constitucional

 

Sentencia T 385 de 2016

TUTELA EN MATERIA DE COMPARTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD PENSIONAL SOLO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL ANTE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE YA QUE EL MECANISMO ORDINARIO ES IDÓNEO. Toda vez que para los casos donde exista una controversia alrededor de la aplicación de la regla de compartibilidad o compatibilidad el mecanismo principal es el proceso laboral ordinario, la tutela solo procederá en caso de que se verifique la existencia de un perjuicio irremediable, que en este caso por tratarse del pago de una mesada pensional de la que depende el acceso a los bienes y servicios para la subsistencia, se encuentra circunscrito a la afectación del mínimo vital. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado Temas: Acción de tutela. Proceso laboral ordinario. Compartibilidad pensional. Compatibilidad pensional. Perjuicio irremediable. Mínimo vital.

Sentencia T 279 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO ES, POR REGLA GENERAL, EL MECANISMO IDÓNEO PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SUSCITADAS EN TORNO A LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Así, el amparo constitucional es improcedente para solicitar, entre otros, el reintegro y el pago de los emolumentos a que haya lugar, como quiera que existen acciones judiciales especiales para tal fin, cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la vinculación del servidor y la naturaleza del empleador, salvo que se trate de circunstancias excepcionales, como lo es el hecho de que el interesado se encuentre en situación de debilidad manifiesta o sea un sujeto protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Confirma M.P. María Victoria Calle Correa Temas: Tutela. Controversias. Contrato de prestación de servicios. Reintegro. Pago de emolumentos. Debilidad manifiesta. Estabilidad laboral reforzada.

Sentencia C 329 del 2016

EL SEGMENTO NORMATIVO DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA DEBE DECLARARSE INEXEQUIBLE. Dado que la norma no exige habilitar una oportunidad para que la persona sujeta a la retención sea oída, la interferencia en el ejercicio del sufragio puede no ser del todo cierta. Por el contrario, una retención es una afectación cierta de la libertad personal, y si se da sin orden de juez es además evidente la interferencia en la reserva judicial sobre la materia. La medida es entonces desproporcionada porque interfiere de forma innecesaria, grave y cierta en la libertad personal, en aras de una defensa incierta, intermedia y susceptible de lograrse por otras vías del ejercicio del sufragio. Declara Inexequible. M.P. María Victoria Calle Correa. Temas: Segmentos. Disposición. Sufragio.

Sentencia T 236 de 2016

PRESUNCIÓN DE VULNERACIÓN AL MÍNIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR EL NO PAGO DE MESADAS PENSIONALES. En reiterada jurisprudencia la Corte ha señalado que el derecho a la seguridad social puede adquirir el carácter de fundamental cuando el no pago de las mesadas pensionales transgrede o amenaza vulnerar derechos fundamentales, como los derechos a la vida o a la salud. Ello ocurre en los casos en los que la ausencia de pago de las pensiones pone en peligro el mínimo vital de los jubilados, situación muy común en aquellos que ya pertenecen a la tercera edad, puesto que ya no se encuentran en condiciones de poder ingresar al mercado del trabajo y que, generalmente, derivan su sustento de manera exclusiva de la mesada. Por lo tanto, esta Corporación ha determinado que en estos casos procede la acción de tutela, a pesar de que exista una acción judicial propia para exigir el pago de las obligaciones pensionales, cual es la acción ejecutiva laboral. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Temas: Tutela. Procedencia. Mínimo vital. Salud. Jubilados. Tercera edad.

Sentencia T 311 de 2016

SUBSIDIOS DE VIVIENDA FAMILIAR COMO MECANISMO PARA EL LOGRO PROGRESIVO DE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A CONTAR CON UNA VIVIENDA DIGNA. Los subsidios de vivienda familiar se consideran jurisprudencialmente un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, especialmente, cuando se trata de personas de bajos recursos. En cuanto a su efectividad, el derecho a la vivienda digna no se realiza solamente en la adquisición del dominio sobre el inmueble, sino, también, en la tenencia de un bien que posibilite su goce efectivo, esto es, que permita el acceso real y estable a un lugar adecuado en donde una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Subsidios de vivienda. Efectividad del derecho. Goce efectivo. Personas de bajos recursos.

Sentencia T 395 de 2016

RESPECTO DEL CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% POR CÓNYUGE A CARGO, NO EXISTE UNA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, NI UNA LÍNEA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE PARA LOS JUECES DE TUTELA. Ante la divergencia de pronunciamientos sobre la prescripción del incremento del 14% de la mesada pensional por cónyuge o compañero permanente a cargo, el operador jurídico vinculado por la jurisprudencia dictada en sede de tutela por la Corte Constitucional, y respaldado por el principio de la independencia judicial, puede optar por seguir una u otra de las posiciones que defienden las Salas de Revisión, eso sí teniendo en cuenta que su decisión debe atender al principio de favorabilidad laboral.Revoca M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Incremento pensional. Cónyuge a cargo. Imprescriptibilidad. Principio de favorabilidad.

Sentencia C 326 del 2016.

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INEXEQUIBLE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR. Como consecuencia de la demanda presentada ante la Corte Constitucional, este organismo decidió declarar inexequibles los artículos 30, 111, 112, y 113 al 120 de la Ley 1765 de 2015 que reestructura la Justicia Penal Militar y se implementa la Fiscalía General Penal Militar, ya que dichas normas son contrarias al artículo 250 de la Constitución Política debido a que la aplicación y manejo del principio de oportunidad en procesos penales se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, sin que fuera posible para el Congreso mediante una ley ordinaria regular tal tipo de situaciones y hacerlas extensibles a los procesos penales militares, ya que para ello se requiere de una reforma constitucional que autorice este tipo de beneficios. Inexequible. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Temas: Principio de oportunidad. Ley ordinaria. Justicia penal militar. Fiscalía General de la Nación.

Sentencia C 337 del 2016

EN CASO DE INASISTENCIA DEL APELANTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ANTES DE RESOLVER LA CONCESIÓN DEL RECURSO, SE DECLARARÁ DESIERTO EL RECURSO.Artículo 92 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para el demandante, la norma acusada al establecer la exigencia de asistir a una audiencia de conciliación como requisito para la concesión del recurso de apelación en lo contencioso administrativo, so pena de declararlo desierto, vulnera los derechos al debido proceso, a la doble instancia y al acceso a la administración de justicia de los apelantes. Considera, que el legislador excedió la libertad de configuración legislativa, introduciendo una carga procesal que resulta irrazonable y desproporcionada. Para la Corte, la consecuencia de declarar desierto el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, cuando el apelante no asiste a la audiencia de conciliación, constituye una medida razonable. Exequible. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Apelación del fallo administrativo condenatorio.

Sentencia C 338 del 2016

LA CORTE CONCLUYE QUE EL JUEZ PENAL MILITAR DE CONOCIMIENTO AL DECIDIR EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA EL ORDEN EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO DE CORTE MARCIAL, NO COMPROMETE SU IMPARCIALIDAD INSTITUCIONAL. Esta Corporación declaró exequible la expresión “el juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba” contenida en el artículo 503 de la Ley 1407 de 2010, por encontrar que no vulnera los derechos al debido proceso y a la administración de justicia. Lo anterior porque el Juez Penal Militar de conocimiento al fijar la secuencia probatoria que se seguirá en el juicio de Corte Marcial para la práctica e introducción de las pruebas, no compromete su imparcialidad institucional, ni afecta la estrategia planteada por las partes. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Imparcialidad. Compromiso. Conocimiento.

Sentencia T 265 de 2016

EXCEPCIONALMENTE ES POSIBLE PERMITIR QUE UNA PERSONA VÍCTIMA DE UNA FALTA DISCIPLINARIA ACTÚE COMO SUJETO PROCESAL EN ESA CLASE DE PROCESO. Ello en la medida en que cuando de la infracción al deber funcional surge una vulneración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, esas víctimas o perjudicados pueden entonces intervenir en el proceso disciplinario, no como meros interesados sino como verdaderos sujetos procesales con un interés legítimo y directo en las resultas de ese proceso. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Tutela. Víctima. Falta disciplinaria. Sujeto procesal.

Sentencia T 281 del 2016

LA POLÍTICA PARA EVITAR EL BULLYING O CYBERBULLYING DEBE SER OBLIGATORIA EN LAS ENTIDADES ESCOLARES. El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Tolimense no atendió la gravedad de los hechos puestos en conocimiento sobre el Cyber Bullying del que fuera víctima una de sus estudiantes. Ello por cuanto postergó la ejecución del programa de intervención grupal para la formación en derechos humanos y el uso adecuado de las redes sociales en el Colegio e incumplió el deber de desarrollar acciones preventivas para mitigar la violencia escolar, pues contempló la creación de dicho programa luego de presentarse los hechos de intimidación escolar por parte del joven. Declara. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Bullying. Intimidación. Política Escolar.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 63001 23 31 000 2004 00595 01 de 2016

ERRADO DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, DADO QUE LAS PRETENSIONES ERAN ACUMULABLES. Confirmada decisión que declaró la nulidad del acto por medio del cual se dijo que el actor incumplió el permiso de vertimiento de aguas residuales, condicionado a un plan de cumplimiento y ordenó restituir dineros a la entidad, siendo cierto que los actos acusados tienen identidad de causa, relativa al incumplimiento del permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CRQ al municipio de Armenia y a las Empresas Públicas de Armenia EPA ESP, condicionado al Plan de Cumplimiento, luego las pretensiones podían ser acumuladas, al existir identidad de partes y en la medida en que el Tribunal Administrativo del Quindío tenía competencia para conocer de la legalidad de todas estas actuaciones; además, los procesos se debían adelantar por el mismo procedimiento, y las pretensiones no son excluyentes. Confirmó. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. . Temas: Servicios Públicos. Nulidad. Acumulación de Pretensiones.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00091 00 de 2016

LA INDEBIDA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA DEMERITA EL ESTUDIO DEL LITIGIO. La demanda no se subsanó en debida forma y tampoco reunió los requisitos de ley, esto, por cuanto la demandante no aportó, en su totalidad, las constancias de notificación de los actos demandados cuando le fueron requeridas. De otro lado, si bien es cierto que la norma permite que cuando las constancias de notificación son negadas por la entidad que profirió los actos, se pueda solicitar al juez o magistrado que se requiera a la entidad para que las allegue, también lo es que la oportunidad procesal para hacerlo es con la presentación de la demanda y no con el escrito de corrección, como ocurrió en el caso. Confirma. M.P. Roberto Augusto Serrato Vadés.  Temas: Litigio. Subsanación. Constancias.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 00153 00 de 2016

PARA LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA NO ES REQUISITO LA COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DIERON CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES JUDICIALES. Cuando se trata de actos administrativos de ejecución o expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena. En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba de quien alega el pago, es de quien se pretende beneficiar con la declaratoria del mismo. Deja sin efectos M.P. William Hernández Gómez.  Temas: Actos administrativos. Ejecución. Cumplimiento. Órdenes judiciales. Carga de la prueba.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00356 00 de 2016

CAMBIOS JURISPRUDENCIALES NO PERMITEN QUEBRANTAR LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. Se debe tener en cuenta que éstos no constituyen una nueva situación, pues la cosa juzgada lo que busca es otorgar a las sentencias un carácter definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a los jueces decidir sobre una discusión ya resuelta, para garantizar de esta manera la seguridad jurídica al ordenamiento, así como a las partes o a la comunidad en general, según el caso. Niega. C.P. William Hernández Gómez. . Temas: Cambios jurisprudenciales. Cosa juzgada. Seguridad jurídica.

Expediente 54001 23 31 00 2006 00003 01 (2590 14) de 2016

CUANDO EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO NO SE FORMULAN PRETENSIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, LA LABOR DE INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEBE DESARROLLARSE DENTRO DE UN MARCO DE ACCIÓN RESTRICTIVO. No sería aceptable de ninguna manera que en aras de salvaguardar el derecho a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal de quien ha errado en la formulación de sus pretensiones, se sacrifique el derecho de defensa que le asiste a la parte demandada, quien en virtud de la falta de claridad de la demanda no ha conocido con exactitud el contenido del petitum, lo que de suyo genera un impacto en sus posibilidades y estrategias de defensa dentro del proceso. Confirma C.P. William Hernández Gómez. . Temas: Acción. Nulidad y restablecimiento del derecho. Pretensiones. Interpretación judicial.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00791 00 (2659 15) de 2016

DESCONOCIMIENTO DE DECISIONES DEL CONSEJO DE ESTADO EN ASUNTOS DE DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS. Cuando un juez se aparta de lo que el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa ha fijado en materia de competencia, ello implica no solo una vulneración de la ley sino también una transgresión al principio de igualdad de los usuarios de la administración de justicia, pues asuntos de similares condiciones fácticas y jurídicas llegarían a ser resueltos en segunda instancia, en algunos eventos por Tribunales Administrativos, y en otros por el Consejo de Estado, sin que exista una razón jurídica válida para tal diferenciación en cuanto al componente del debido proceso relacionado con el juez natural. Remite. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Desconocimiento. Precedente. Consejo de Estado. Determinación de competencias.

Expediente 11001 33 31 019 2008 00084 01 (1848 12) de 2016

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. La procedencia de este recurso se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica. El recurso de revisión no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones consagradas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Declara. C.P. Temas: Revisión. Recurso extraordinario. Causales. Justicia. Cosa juzgada. Presunción de legalidad.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01504 00 de 2016

EXCESO RITUAL MANIFIESTO POR LA PREVALENCIA DE REQUISITOS PURAMENTE FORMALES. Fue a partir de la Sentencia T-1306 de 2001, que la Corte Constitucional consideró que el defecto procedimental no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un exceso ritual manifiesto, producto de una indebida preferencia por las formas procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales. Tutela. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Defecto procedimental. Exceso ritual manifiesto. Prevalencia formalidades. Tutela. Providencia judicial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 73001 23 31 000 2007 00003 01 (39934) de 2016

TESIS ACTUAL QUE MANEJA EL CONSEJO DE ESTADO EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. No se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio. Se puede derivar cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado. Confirma C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa  Temas: Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta. Libertad. Proceso penal. Sentencia absolutoria. Preclusión.

Expediente 81001 23 31 000 2009 00046 01 (41710) de 2016

CUANDO EL PRIVADO DE LA LIBERTAD ES EXONERADO MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL, EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR. Declarada responsable la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del accionante, al establecer que cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, el estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga. De conformidad con lo anterior, esta Corporación insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación. Declaró. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Penal. Administración de Justicia. Responsabilidad del Estado.

Expediente 76001 23 31 000 2004 04636 01 (37392) de 2016

LAS PROVIDENCIAS  NO CONTENÍAN LA DECISIÓN QUE AHORA SE REPROCHA CONSISTENTE EN EL COBRO EJECUTIVO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO. La petición de suspensión no se formuló con fundamento en la demanda declarativa que cursaba entre Hyundai Marine & Fire Insurance Company Ltd., y Contenedores y Servicios S.A., tal como se expuso en los hechos de la demanda, sino con base en la acción de tutela que Colseguros S.A. había interpuesto y en un proceso penal en contra del representante legal de la empresa depositaria que se benefició con la póliza de seguros, por su posible responsabilidad en el delito de estafa y fraude procesal. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Cobro. Suspensión. Beneficio.

Expediente 76001 23 31 000 2005 04037 01 (38994) de 2016

IMPROCEDENTE INDEMNIZACIÓN CUANDO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL DONDE SE EXCLUYÓ AL IMPUTADO NO EXISTIÓ PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Negadas pretensiones incoadas con el fin de declarar la responsabilidad administrativa de la a Fiscalía General de la Nación, en consecuencia de una privación injusta de la libertad, la decisión fue fundamentada en el sentido en que la investigación penal que se le precluyó a la actora no hubo privación; y en aquella donde si existió la medida aseguramiento no se acreditó de qué manera concluyo la misma. Se niega, además, la indemnización por perjuicios derivados del prolongado término de la investigación por cuanto al tratarse de un delito de lesa humanidad no puede hablarse de prolongación injustificada de la investigación. De este modo, es claro que no existe derecho a indemnización puesto que el mismo nace de la privación de la libertad del investigado, y no por el término de duración de la investigación penal. Confirmó. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Indemnización. Responsabilidad Administrativa. Privación Injusta de la Libertad.

Expediente 76001 23 31 000 2006 01742 01 (41491) de 2016

ACTUAR NEGLIGENTE DEL ABOGADO DEFENSOR NO PUEDE SER TRASLADADO AL ESTADO EN BUSCA DE UNA INDEMNIZACIÓN. Dentro de la ejecución del aparato judicial es deber de la persona y del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; hecho que no ocurrió en el caso en concreto, dado que al darse por perdido un memorial, la abogada no se acompasó con ese mandato constitucional, pues, pues la misma debía colaborar con la administración de justicia, presentando nuevamente la sustitución del poder ante el Juzgado. De este modo, se percibió una conducta negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquélla. Confirmó. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Debido Proceso. Responsabilidad. Indemnización.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 68001 23 33 000 2012 00049 01 (20134) de 2016.

EN MATERIA TRIBUTARIA NO ES ADMISIBLE LA PRUEBA TESTIMONIAL, CUANDO HAY SITUACIONES QUE POR SU NATURALEZA SUPONEN LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS. En la controversia surgida entre el demandante y la DIAN respecto de la información con relevancia tributaria que no fue aportada en debido tiempo, el Consejo de Estado manifiesta que la actuación de la entidad estatal demandada en ningún momento desconoció derechos fundamentales del sancionado, ya que era procedente negar la práctica de pruebas testimoniales para comprobar los hechos objeto de discusión toda vez que de acuerdo con el artículo 752 del Estatuto Tributario, la autoridad tributaria puede negar la prueba testimonial para aclarar situaciones que por sus características permiten suponer la existencia de documentos. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Pruebas testimoniales. Documentos. Negar.

Expediente 50001 23 31 000 2003 40136 01 de 2016.

LOS CONCEJOS MUNICIPALES SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA DEFINIR TRIBUTOS A NIVEL LOCAL, SIEMPRE QUE RECONOZCAN LOS LIMITES IMPUESTOS POR NORMAS DE SUPERIOR CATEGORÍA. El acuerdo proferido por el Concejo de Cumaral (Meta) en el cual se fijó una tarifa del cuatro por ciento (4%) para empresas que posean cables aéreos o subterráneos en la jurisdicción del municipio, inicialmente no se encuentra en contradicción con las normas nacionales ya que es potestad del municipio fijar las tarifas por concepto del cobro del impuesto de industria y comercio; pero la legalidad de la norma queda condicionada al hecho de que esa tarifa del cuatro por ciento (4%) se entienda que no excede las tarifas fijadas por las leyes nacionales, las cuales mencionan tarifas en miles. Modifica. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  Temas: Tributos. Nivel local. Límites. Normas nacionales.

Expediente 08001 23 31 000 2002 02858 01 (20834) de 2016.

VALOR PROBATORIO EN MATERIA DE IMPUESTOS, DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS QUE REALICE EL CONTRIBUYENTE. Respecto de la discusión surgida entre las partes sobre la firmeza de la declaración de IVA del año 1998 y la legalidad de las actuaciones administrativas, el Consejo de Estado manifiesta que las decisiones proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deben ser declaradas nulas, ya que si bien se generó una duda en cuanto a la reclasificación de cuentas contables efectuada por el contribuyente y que originó la apertura del proceso administrativo de cobro, los valores de las operaciones económicas sí fueron debidamente registrados por la empresa requerida y por lo tanto la contabilidad fue llevada en debida forma, de modo que esta constituía prueba a favor del contribuyente en los términos que señala el Estatuto Tributario. Revoca. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Contabilidad. Operaciones económicas. Contribuyente. Prueba.

Expediente 08001 23 33 000 2014 00306 01 (21889) de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE NO PUEDEN SER SOMETIDOS A CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo a las normas tributarias, administrativas y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible someter a control jurisdiccional los actos de trámite, es decir que no pueden ser demandados ante el juez contencioso administrativo a través de los medios de control contemplados por la ley; no obstante la resolución que resuelve las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago, sí puede ser controvertida ante el juez administrativo ya que se trata de un acto que decide cuestiones definitivas en el proceso. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Actos administrativos. Control jurisdiccional. Trámite.

Expediente 15001 23 31 000 2004 01111 01 de 2016.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO PUEDE SER REALIZADA TENIENDO EN CUENTA EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL IMPUESTO DE RENTA. La sanción impuesta por la entidad demandada tuvo en cuenta el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional, lo cual implica imponer el 20% del valor de los ingresos brutos del periodo gravable objeto de fiscalización, pero al tratarse del impuesto de industria y comercio la base gravable de la empresa demandante, generadora de energía eléctrica, estaba constituida por $5 de acuerdo a cada kilovatio (kv) generado, lo cual demuestra que no existe proporcionalidad en la imposición de la sanción ya que debió ser calculada de modo diferente, es decir de acuerdo al artículo 7 de la Ley 56 de 1981. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Sanción. Industria y comercio. Impuesto de renta. Proporcionalidad.

Expediente 05001 23 31 000 2004 05123 01 de 2016.

LAS AUTORIDADES TERRITORIALES SOLO PUEDEN COBRAR LOS TRIBUTOS QUE SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE CONSAGRADOS EN LAS LEYES. Frente a la discusión sobre la calidad de sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio por parte del demandante, el Consejo de Estado señala que la decisión de primera instancia debe ser revocada ya que los cargos en contra del municipio de Sabaneta no tuvieron en cuenta, que el Acuerdo 038 de 1991 gravó con el impuesto de industria y comercio aquellas actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad, entre las cuales se incluye el servicio de alumbrado público, de modo que la actuación administrativa sí se hizo de acuerdo a leyes vigentes y era posible reclamar el pago del respectivo tributo, ya que se trataba de una actividad gravada. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Tributos. Leyes. Actividad gravada.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 27001 23 33 000 2016 00003 01 de 2016.

EN MATERIA ELECTORAL CUANDO EL DEMANDANTE NO ACREDITE NI APORTE LAS PRUEBAS PARA SOPORTAR SUS ARGUMENTOS, EL JUEZ PUEDE DECRETAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO. El numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 dispone la obligación del demandante de aportar las pruebas que considere pertinentes para acompañar su demanda electoral, y en caso de que el demandante no acredite las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso que previene la ley, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, el juez se encuentra facultado para decretar la terminación del proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. Confirma. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. . Temas: Electoral. Demanda. Pruebas. Abandono. Terminación. Proceso.

Expediente 25000 23 41 000 2015 02418 01 de 2016.

LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NO PUEDE SER INCLUIDA COMO PARTE DEMANDADA EN LOS PROCESOS DE NULIDAD ELECTORAL. En las demandas de nulidad electoral el Consejo de Estado ha señalado en su jurisprudencia, que cuando se trata de litigios relacionados con doble militancia no es procedente incluir a la Registraduría Nacional del Estado Civil como entidad demandada ya que no hace parte de las competencias otorgadas por la ley a este organismo, el determinar si un candidato a cargos de elección pública está cumpliendo con las normas electorales que hacen referencia a la militancia en partidos políticos; por lo tanto la decisión del tribunal de primera instancia que negó la excepción propuesta por la entidad demandada debe ser revocada, por tratarse de asuntos que no son de su competencia. Revoca. C.P. Rocío Araujo Oñate. . Temas: Excepción. Doble militancia. Elección pública.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03146 01 de 2016

NO SE PUEDE ACEPTAR QUE EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, SE DESCONOZCA EL CARÁCTER SISTEMÁTICO DEL PRECEDENTE. El precedente es obligatorio porque proviene de los Altos Tribunales u órganos de cierre en Alto Tribunal como para los jueces de inferior jerarquía, quienes conociendo el precedente vertical están obligados a su aplicación. El carácter vinculante de estas reglas o subrreglas de derecho, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez; las funciones asignadas a este por la norma superior y, por supuesto, en la salvaguardia de los principios a la igualdad y la seguridad jurídica, así como en la coherencia del ordenamiento jurídico. Revoca. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Aplicación. Conocimiento. Coherencia.

Expediente 11001 03 28 000 2016 00008 00 de 2016

TÉRMINO DE CADUCIDAD EN MATERIA DE NULIDAD ELECTORAL SE CONTABILIZARA SOLAMENTE EN LOS DÍAS HÁBILES. Negadas pretensiones de nulidad incoadas contra la elección de la señora Liliana Milena Quiroz Aguas como Directora General de CORPOMOJANA, teniendo en cuenta, que la caducidad se contara en días hábiles y no corrientes, de forma que el juez al momento de estudiar la caducidad de la acción electoral no puede computar los días inhábiles ni la vacancia judicial. De modo que, no es de recibo la tesis según la cual sí el término de caducidad feneció en días no hábiles o en vacancia judicial aquel se extiende solo al primer día hábil, toda vez que dicha teoría solo es aplicable cuando el medio de control contempla una caducidad de meses o años y no en días como es el caso de la nulidad electoral, pues en este preciso evento los días que se computan para contar la caducidad son solo los hábiles y por ello, jamás, la caducidad electoral se materializará en época de vacancia judicial. Negó. M.P. Alberto Yepes Barreiro. . Temas: Nulidad Electoral. Administración de Justicia.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00054 00 de 2016

LOS TESTIMONIOS QUE FUERON NEGADOS NO PODRÍAN DEMOSTRAR HECHOS DISTINTOS O ADICIONALES A AQUELLOS QUE SE PROBARON A TRAVÉS DE LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA. Los hechos que se pretenden demostrar a través de la solicitud de testimonios negada en la decisión recurrida, los cuales se reitera versan sobre el trámite de la elección demandada y de las recusaciones presentadas durante ésta, coinciden con la finalidad de las demás pruebas decretadas durante la audiencia inicial. Por lo tanto, los testimonios negados en la decisión recurrida no podrían demostrar hechos distintos o adicionales a aquellos que se pretenden probar a través de los demás medios de prueba ya obrantes en el expediente y aquellos ya decretados a solicitud de las partes, razón por la cual los demás integrantes de la Sala coinciden en sostener que éstos son innecesarias o inútiles, por lo que se confirmará la decisión recurrida. Confirma. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Testimonios. Pruebas. Audiencias.

Expediente 11001 03 28 000 2016 00038 00 de 2016

LA MEDIDA CAUTELAR EN CUESTIÓN SE MIDE EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS DEL ACTO DE ELECCIÓN CENSURADO. Independientemente de que con la renuncia aludida por los recurrentes hubieran cesado los efectos, ello no implica que con anterioridad a esta circunstancia no se hubieran producido y que su avenencia o desavenencia que el ordenamiento jurídico hubiese cambiado por el hecho de la renuncia, pues esta es posterior al acto electoral que se enjuicia. Niega. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Elección. Efectos. Ordenamiento Jurídico.

Expediente 76001 23 33 000 2016 00359 01 de 2016

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEBE SER PRESTADO DE MANERA PERMANENTE POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Las entidades territoriales están obligadas no solo a reconocer el servicio público de la educación, las mismas deben en todo momento, es decir su permanencia a través de mecanismos como la alimentación escolar que evitan la deserción estudiantil, deber que atenderán con los recursos que reciben del Sistema General de Participaciones o de regalías. De este modo, es claro que la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, desconoce el derecho fundamental a la educación, del accionante, y de los demás estudiantes de la institución educativa donde se encuentran con matrícula subsidiada por el municipio de Santiago de Cali, al negar el almuerzo estudiantil y poniendo en riesgo la educación de los mismos. Confirmó. M.P. Alberto Yepes Barreiro.  Temas: Salud. Educación. Tutela.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 60 00 028 2015 00356 01 de 2016

EL ENTE ACUSADOR, POR LA PREMURA DEL TIEMPO OMITIÓ QUE LO PROCEDENTE NO ERA IGNORAR EL PUNTO DE VISTA DEL DOLIENTE SINO QUE POR EL CONTRARIO, DEBÍA AL EXISTIR UN POSIBLE CONSENSO FRENTE A LA CONTROVERSIA. La fiscalía, como lo expresó en acta de preacuerdo y en la sustentación del recurso de apelación, consideró que los derechos de la víctima los garantizó con el simple llamado telefónico que realizó al apoderado judicial, en el que comunicó los términos del preacuerdo, sin embargo, poca importancia le otorgó a la manifestación de este interviniente que desde el inicio le hizo saber que estaba en desacuerdo con el consenso, porque en su criterio, la adecuación típica de la conducta debía ubicarse en el tipo penal que describe el homicidio agravado, sin determinar la circunstancia. Confirma. M.P. Ramiro Riaño Riaño. Temas: Controversia. Procedencia. Intervención.

Expediente 11001 31 09 010 2015 00230 01

SE REVOCÓ LA SENTENCIA PROFERIDA Y, EN SU LUGAR, SE AMPARÓ EL  DERECHO AL DEBIDO PROCESO ORDENANDO AL GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE COLPENSIONES  ESTUDIE NUEVAMENTE Y RESUELVA LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN. La negativa de COLPENSIONES a reconocer la pensión de invalidez a la quejosa vulnera el derecho fundamental del debido proceso, pues no armoniza la solución del caso concreto con los postulados del Estado Social de Derecho, que se funda en “el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran”. Se advierte, en efecto, que los actos administrativos se limitaron a estudiar, parcialmente, el contexto puesto de presente, esto es verificaron, únicamente, si le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez acorde con las previsiones normativas, sin analizar la situación presentada en el caso de la accionante y desconociendo que esta durante varios años e, incluso meses después de expedido el dictamen del Grupo Médico Laboral de la entidad, continuó cotizando al sistema Revoca. M.P. Jairo José Agudelo Parra.  Temas: Reconocimiento. Pensión. Armonía.

 

Congreso de la República

 

Proyecto de Ley 81 de 2016.

PROYECTO DE LEY PRETENDE IMPLEMENTAR EL PORTAL CENTRAL DE TRANSPARENCIA FISCAL (PCTF). A través del proyecto de ley No. 81 de 2016 se pretende derogar el artículo 239 de la Ley 1753 de 2015 e instituir el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF), el cual consistirá en un portal tecnológico que permita a las personas acceder a la información pública, en donde se concentrarán y desplegarán la información de los sistemas de planeación, presupuesto, ejecución y control de recursos públicos sin importar la fuente de origen o el nivel territorial de la entidad titular. Temas: Transparencia fiscal. Portal tecnológico. Recursos públicos.

Proyecto de Ley 83 de 2016

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL ASUME EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO FIN BRINDAR LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y FORMALIZACIÓN A LOS TRABAJADORES POR DÍAS, ESTACIONALES O DE TEMPORADA. Modifica los artículos 44 y 146 del Código Sustantivo del Trabajo. La base de cotización para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud se hará sobre el ingreso del trabajador, por los días o semanas laborales, y en todo caso, no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. En cuanto a la cotización al sistema general de pensiones, subsidio familiar y riesgos laborales, se acudirá a la cotización mínima semanal reglamentado por el Gobierno nacional. Finalmente, en lo que atañe a la solución de continuidad, debido a que la formalización del contrato de trabajo se celebra y ejecuta en razón a esta necesidad del servicio, una vez terminada la temporada y/o estación, se dará por terminado pudiendo las partes volver a celebrarlo en la próxima temporada.  Temas: Contrato de trabajo. Trabajadores por días. Estacionales. Temporada. Protección. Formalización.

Proyecto de Ley 59 Senado de 2016.

PROYECTO DE LEY BUSCA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO ONCOPEDIÁTRICO PARA PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS. En el Congreso de la República fue presentado un proyecto de ley, el cual tiene como objetivo garantizar la efectiva prestación del servicio de salud oncopediátrico para menores de 18 años, con el fin de que se pueda dar una efectiva prelación de sus derechos fundamentales y así evitar dilaciones en el tratamiento destinado a combatir el cáncer en este sector de la población. Temas: Oncopediátrico. Pacientes menores. Servicio de salud.

Proyecto de Ley 66 de 2016 Senado

RÉGIMEN DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN. El objeto del proyecto es modificar el Código de Procedimiento Penal en el sentido de que si el Fiscal General de la Nación se declara impedido o no acepta la recusación, sin importar el régimen procesal aplicable, enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano. En los casos en que prospere el impedimento o la recusación, la Corte Suprema oficiará al Presidente de la República para que en el término máximo de diez días conforme una terna en los términos del inciso segundo del artículo 249 de la Constitución Política, de la cual se elegirá en el término máximo de diez días un Fiscal ad hoc, quien se encargará de conocer del proceso en que prosperó el impedimento o la recusación.  Temas: Impedimentos. Recusaciones. Fiscal general. CPP. Corte Suprema- Terna. Fiscal ad hoc.

 

Consejo Superior de la Judicatura

 

Acuerdo 10561 de 2016

SE COMPILAN, MODIFICAN Y DELEGAN UNAS FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LOS CONSEJOS SECCIONALES Y EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. Con el fin de racionalizar y desconcentrar la actividad pública y promover la participación territorial en la gestión judicial. Los Consejos Seccionales podrán entre otras cosas conceder la autorización respecto de los contratos cuya cuantía vaya de cien a mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes y su suscripción corresponda a los Directores Seccionales de Administración Judicial, no así respecto de los contratos de compraventa y permuta de inmuebles, los de prestación de servicios de carácter científico, tecnológico, artístico y los de fiducia. Por su parte la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, autorizar la celebración de contratos con personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios o contratos de donación o comodato, que impliquen recibir inmuebles, vehículos, servicios telefónicos y bienes informáticos, así como de prestación de servicios que no generen erogación presupuestal. Temas: Funciones. Delegación. Consejo superior de la judicatura. Consejos seccionales. Dirección ejecutiva de administración judicial.

 

Ministerio de Salud

Concepto 16151 de 2016

Devolución de descuentos de aportes en salud efectuados sobre mesadas pensionales retroactivas no procede

Congreso de la República

Proyecto de Ley 70 de 2016 Senado

PROPUESTA PARA MEJORAR LA PUBLICIDAD DE LAS NORMAS QUE SE EXPIDEN, INICIA TRÁMITE LEGISLATIVO. Con la finalidad de permitir que el ciudadano pueda hacer seguimiento al ordenamiento jurídico, se establece que la promulgación de las leyes y normas del orden nacional sea promocionada dentro de los ocho días siguientes a su expedición por los noticieros nacionales, televisivos y radiales, cuando menos una vez, y que la prensa escrita publique el texto completo de la ley. Así mismo, se dispone que finalizada cada legislatura el Presidente del Congreso presente un informe al público detallando qué proyectos continúan en trámite, cuáles son archivados o retirados y cuáles pasan a sanción o revisión de la Corte Constitucional; regla que también aplica para los departamentos, distritos y municipios, y será cumplida por el Gobernador o Alcalde según corresponda. Temas: Publicidad. Expedición de normas. Seguimiento. Promulgación.

 

Superintendencia Financiera de Colombia

Carta Circular 57 de 2016

VARIACIONES PARA PORTAFOLIOS DE PENSIONES DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2016. Establecida la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía. De este modo se establece la variación presentada para los mencionados portafolios para la referencia del 1 de agosto de 2016.Temas: Financiero. Pensiones.

 

Ministerio de Trabajo

Comunicado de Prensa 1 de 2016

MINTRABAJO PRESENTÓ ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO AVANCES PARA ATACAR LA INFORMALIDAD LABORAL Y TERCERIZACIÓN. Más ocupados formales en los últimos cinco años, mayor protección para los trabajadores independientes, reducción de la intermediación laboral ilegal y un mayor número de inspectores de trabajo, entre otros. A junio de 2016 el Ministerio del Trabajo ha suscrito 159 acuerdos de formalización laboral, los cuales tienen por objetivo la vinculación de los trabajadores mediante contratos laborales con vocación de permanencia, que permitieron la formalización de 4.065 trabajadores. Adicionalmente, hubo una reducción de las Cooperativas de Trabajo Asociado en los últimos siete años: mientras que en 2008 operaban 2.379, en 2015, la cifra llegó a 316. No obstante esta disminución, hay preocupación por la mutación a otras formas de intermediación laboral, que de igual forma el Ministerio del Trabajo tiene el reto de identificar y examinar si son legales o no. En relación con los avances en la aplicación de la legislación laboral, se subrayó el importante aumento del número de inspectores de trabajo, los cuales pasaron en el 2011 de 524 a 904 para el 2016, recalcando el mejoramiento de la comunicación con los trabajadores. Temas: Informalidad laboral. Tercerización. Acuerdos de formalización. Cooperativas de Trabajo Asociado. Inspectores de trabajo.

Concepto 79169 de 2016

CORRESPONDE AL JUEZ CONOCEDOR DEL EVENTUAL PROCESO ORDINARIO LABORAL, DETERMINAR EL ORIGEN DEL ACCIDENTE. Es la autoridad judicial la que debe evaluar las circunstancias fácticas que rodearon el infortunio, así como el acervo probatorio aportado al proceso para establecer si el accidente fue común o laboral, y en consecuencia señalar al encargado del pago de las prestaciones a las que haya lugar. Temas: Accidente. Determinación del origen. Autoridad judicial.

Procuraduría General de la Nación

 

Concepto 6137 de 2016

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA DEBE SER UNA GARANTÍA POR PARTE DEL GOBIERNO. El hecho de que la forma analizada no sea la de lograr la protección de todas las personas de la tercera edad y en situación de discapacidad, en todo caso no exonera al Estado de cumplir con su deber de proteger de manera especial a la personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, a efectos de asegurar la garantía de sus derechos, motivo por el cual en todo caso se solicitó a la Corte exhortar al congreso para legislar a favor de esta corporación.  Temas: Debilidad. Protección. Garantías.