Septiembre 19 – 23 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 41001 11 02 000 2016 00171 01 de 2016.

LOS HECHOS YA SUPERADOS NO PUEDEN SER FALLADOS POR EL JUEZ MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. Las pretensiones del demandante expuestas en su recurso de amparo no pueden ser falladas favorablemente, debido a que el reclamo relacionado con el pago de acreencias laborales a su favor por parte de la entidad demandada ya fue decidido en sentencia debidamente ejecutoriada, la cual fue favorable a sus intereses y evidencia que el asunto reclamado en la tutela ya fue decidido por el juez laboral; de manera que al no existir hechos desconocedores de garantías fundamentales se torna improcedente e inocuo por parte del juez decidir sobre un asunto ya finalizado. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Hechos. Superados. Garantías fundamentales.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00226 01 de 2016.

LAS DEMORAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS NO PUEDEN IMPLICAR EL DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE. La Sala Disciplinaria manifiesta que la situación del accionante, quien fue participante de un concurso de méritos de la Rama Judicial, no es excepcional ya que la tendencia existente es que aquellos que quedan fuera del puntaje mínimo exigido en esa clase de convocatorias, reclamen a través del recurso de reposición que sí contestaron de manera adecuada las preguntas del examen de selección y de esta manera, tratar de acceder a la siguiente fase de la convocatoria; de manera que tal cantidad de solicitudes justifica la demora en que han incurrido las entidades accionadas para poder contestar la petición presentada. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Convocatorias. Recurso de reposición. Examen de selección.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00363 00 de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGAN EL PAGO DE ACREENCIAS AL TRABAJADOR DEBEN SER DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL. De acuerdo con la Ley 1437 de 2011 en materia contencioso administrativa el juez solo puede conocer procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción administrativa, conciliaciones aprobadas por la misma jurisdicción, laudos arbitrales en los que haya sido parte una entidad pública y los conflictos generados en contratos celebrados con entidades estatales; de modo que para el caso estudiado si bien se trata de un acto administrativo proferido por una entidad del Estado, este niega el pago de intereses moratorios de cesantías lo cual demuestra la existencia de una acreencia laboral pendiente por cancelar, cumpliendo con todas las características de un título ejecutivo cuya exigibilidad solo puede ser conocida por el juez del trabajo. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Título ejecutivo. Exigibilidad. Cesantías. Intereses moratorios.

Expediente 20001 11 02 000 2016 00048 01 (11817 28) de 2016

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA EXIGE SU INTERPOSICIÓN DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, OPORTUNO Y JUSTO. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Revoca. M.P. Julia Emma Garzín de Gómez. Temas: Acción de tutela. Procedibilidad. Inmediatez. Plazo razonable.

Expediente 68001 11 02 000 2014 00446 01 de 2016.

EL FUNCIONARIO COMPETENTE SOLO PUEDE DISPONER LA APERTURA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE CUMPLAN LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA ELLO. De acuerdo con el artículo 150 del Código Disciplinario Único, una vez finalizada la etapa de indagación preliminar, el funcionario que conoce el procedimiento disciplinario solo puede ordenar la apertura de la etapa de investigación cuando se cumplan los presupuestos legales para ello, o en caso contrario debe ordenar la terminación y archivo del expediente a favor del disciplinable, lo cual sucede cuando se demuestre que el hecho no existió, la conducta no está calificada como falta disciplinaria por la ley, el investigado no la cometió, hay una causal de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Modifica. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Responsabilidad. Indagación preliminar. Investigación.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00509 00 de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGUEN EL PAGO DE PRESTACIONES A FAVOR DEL TRABAJADOR DEBEN SER DEMANDADOS ANTE EL JUEZ LABORAL. Aunque inicialmente las controversias entre particulares y entidades públicas deben ser dirimidas por el juez de lo contencioso administrativo, en el caso de existir actos administrativos que nieguen el pago de acreencias a favor del trabajador como el caso de sanciones moratorias por el pago extemporáneo de cesantías, dichos actos cumplen con todas las características de un título ejecutivo laboral como son que se trate de una obligación expresa, clara y exigible, que se trate de un documento que proviene del deudor y constituye plena prueba contra él, de manera que la exigibilidad del pago de tales deudas debe ser conocida por el juez del trabajo. Dirimir. M.P. Camilo Montoya Reyes. Temas: Prestaciones. Trabajador. Actos administrativos. Juez del trabajo.

Expediente 20001 11 02 000 2013 00814 01 de 2016.

ES DEBER DE LOS FUNCIONARIOS OBSERVAR UNA RECTA CONDUCTA ANTE LA SOCIEDAD QUE NO COMPROMETA LA DIGNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los argumentos expresados por el apelante en su recurso no pueden ser admitidos por la Sala Disciplinaria, ya que las pruebas recaudadas permitieron demostrar la veracidad de los hechos en el sentido de comprobar la comisión de una conducta susceptible de sanción disciplinaria, debido a que presentó un comportamiento deplorable ante la comunidad en la cual vive y que no tiene en cuenta la prohibición establecida por el artículo 154 de la Ley 270 de 1996, el cual impide realizar en el servicio o en la vida social actividades que afecten la confianza del público, u observar una conducta que comprometa la dignidad de la administración de justicia. Confirma. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Administración de justicia. Dignidad. Funcionarios. Recta conducta.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00262 00 de 2016.

LA COMISIÓN DE DELITOS QUE LESIONAN INTERESES DE SOCIEDAD EN GENERAL NO PUEDEN SER JUZGADOS POR NINGUNA JURISDICCIÓN ESPECIAL. El juzgamiento del investigado por parte de la comunidad indígena a la cual pertenece no puede ser aceptado, ya que frente al posible conflicto entre la jurisdicción indígena y la ordinaria penal, esta última es quien tiene competencia para sancionar la conducta punible ya que al analizar los hechos, es evidente que no se lesionaron intereses propios de la comunidad aborigen sino que también se incumplieron normas de superior categoría, ya que fueron agredidos los agentes de Policía que gozaban de protección constitucional, razón por la cual el fuero indígena no es aplicable. Asigna. M.P. Camilo Montoya Reyes. Temas: Delitos. Sociedad. Jurisdicción especial.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00426 00 de 2016.

LAS CONTROVERSIAS Y LITIGIOS EN CONTRA DE ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN SER DECIDIDOS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Aunque el demandante solicita el reconocimiento del contrato de trabajo entre él y la entidad pública demandada, es evidente que no existen pruebas que demuestren la calidad de servidor público del municipio ni la existencia de controversias que permitan asignar la competencia al juez laboral, aunque sí hay una relación entre las partes al no haber tenido el carácter de empleado público se trata de un conflicto jurídico, el cual tal como lo estiman las normas relacionadas con esta clase de asuntos debe ser conocido por el juez administrativo. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00518 00 de 2016.

DETERMINACIÓN DEL JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER EL COBRO DE OBLIGACIONES POR VÍA EJECUTIVA. Ante el conflicto de jurisdicciones surgido entre los despachos, es necesario tener en cuenta el artículo 422 del Código General del Proceso que define las características del título ejecutivo, el cual es el documento que servirá de base para iniciar un proceso de cobro por la vía ejecutiva; de manera que los actos administrativos pueden constituirse en títulos ejecutivos cuando en ellos hay una obligación debidamente especificada, y si se trata del cobro de deudas provenientes de una relación de trabajo la competencia recae sobre la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Obligaciones. Cobro. Vía ejecutiva. Deudas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 70001 22 14 000 2016 00049 01 de 2016.

AL CONTAR CON OTROS MEDIOS DE DEFENSA IDÓNEOS, EL CIUDADANO NO PUEDE ACUDIR A LA TUTELA PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS. En el conflicto surgido entre las partes respecto a la negativa de acceder a la solicitud de homologación de alimentos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señala que no es procedente acudir a la acción de tutela para reclamar la protección de derechos de los demandantes, ya que no cumplen con el requisito de subsidiariedad el cual consiste en no contar con otros mecanismos de defensa idóneos o haberlos agotado previamente, lo anterior obedece al hecho de que los demandantes no interpusieron el recurso de reposición en contra de la decisión del juez. Confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.  Temas: Mecanismos de defensa. Requisito de subsidiariedad. Recurso de reposición.

Expediente 8001 22 13 000 2016 00236 01 de 2016.

ES DEBER DEL DEMANDANTE APORTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA VERACIDAD DE SUS ARGUMENTOS. En reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha señalado la improcedencia de las acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, a menos que exista desconocimiento de derechos fundamentales ya que en este caso la tutela procede de manera excepcional, siendo deber del accionante demostrar ante el juez los hechos que considera que lesionan sus garantías constitucionales, ya que en caso de no hacerlo el funcionario judicial debe fallar de manera desfavorable a sus pretensiones. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Pretensiones. Derechos fundamentales. Demostrar. Hechos.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00814 02 de 2016.

ES DEBER DEL JUEZ CONTESTAR DE FONDO LOS SEÑALAMIENTOS QUE HAGAN LAS PARTES DURANTE EL TRÁMITE DEL LITIGIO. La negativa del Tribunal de acceder a las peticiones presentadas en la tutela por parte del accionante, no fue correcta toda vez que los hechos señalados en el recurso de amparo se encontraban debidamente probados y si bien este no era el mecanismo para acudir a la defensa de los derechos del afectado, esto no implicaba el rechazo de la demanda ya que era evidente que el accionante había hecho una serie de reclamos al juez, el cual no los respondió en debida forma y de manera satisfactoria, y por lo tanto al no contestar de fondo impedía el libre ejercicio del derecho a la contradicción del accionante. Revoca. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Trámite. Contestar de fondo. Señalamientos.

Expediente 11001 02 03 000 2012 01029 00 de 2016.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO. Es posible dar aplicación en el territorio colombiano a sentencias o laudos arbitrales proferidos por autoridades judiciales extranjeras, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 694 del antiguo Código de Procedimiento Civil, también es necesario que la sentencia sea auténtica y se encuentre en firme, y en materia de divorcios o cesación de efectos civiles del matrimonio católico las causales existentes en el país de procedencia de la sentencia deben coincidir o ser permitidas en la ley colombiana; caso en el cual el juez puede aceptar la solicitud de exequátur que haya efectuado la parte interesada, Concede. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.Temas: Exequátur. Divorcio. Causales.

Expediente 11001 03 06 000 2016 00003 00 (2280) de 2016

¿LA CUOTA PARTE PENSIONAL Y EL REAJUSTE POR SALUD SON CONCEPTOS DIFERENTES?. En concepto de la Sala de consulta la cuota parte pensional es la suma equivalente al porcentaje con que una caja, fondo o entidad debe contribuir al pago de una pensión de jubilación o vejez, mientras que el reajuste por salud establecido por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, consiste en el derecho que tienen las personas con pensión reconocida o causada con anterioridad al 1 de enero de 1994, a que las entidades pagadoras de la pensión les incluyan en la mesada pensional, un reajuste equivalente al aumento en la cotización para salud prevista en dicha ley. Responde. M.P. Germán Alberto Bula Escobar. Temas: Cuota. Reajuste. Pensión.

Expediente 11001 31 03 001 2009 00415 01 de 2016

LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE VENTA DE LOS TÍTULOS DEPOSITADOS EN ADMINISTRACIÓN CONSTITUIRÁ UN CONTRATO DE COMISIÓN. Está plenamente demostrada la incursión del juzgador ad quem en el error fáctico que le endilgó la casacionista, porque al omitir el análisis de las pruebas señaladas en las acusaciones, arribó a la equivocada conclusión de que los actos de disposición de las acciones y liquidación del «portafolio de inversión» perteneciente a la actora, no encontraban soporte en las relaciones contractuales aludidas en la demanda, cuando aparece probado que las operaciones bursátiles fueron realizadas por la comisionista en el marco de un contrato de comisión, cuya existencia quedó corroborada con los medios de convicción. Casa. M.P. Ariel Salazar Ramírez. . Temas: Incursión. Administración. Pruebas.

Expediente 05376 31 03 001 2009 00210 01 de 2016

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN ENTRE VIVOS. Conforme lo dispuesto en el artículo 1458 del Código Civil, desde su versión original, las donaciones entre vivos, según su valor, requieren de insinuación, esto es, de previa autorización por autoridad competente, requisito que desde la vigencia del Decreto 1712 de 1989, por una parte, opera solamente cuando la cuantía del negocio supera el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales y, por otra, puede cumplirse ante los notarios del país, caso en el cual deben atenderse las previsiones de dicho ordenamiento jurídico. No Casa. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Donación. Requisitos. Nulidad. Insinuación. Notario. Cuantía.

Expediente 23001 31 03 001 2011 00324 01 de 2016

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONNATURAL A LA PROMESA DE COMPRAVENTA, EXCLUYE EN PRINCIPIO EL RECONOCIMIENTO DE DOMINIO AJENO. Ello atendiendo a que la ejecución de la obligación de hacer constituye uno de los mecanismos adicionales para procurar el dominio de los predios, sin necesidad de esperar el tiempo de posesión suficiente para adquirir el dominio por prescripción. No Casa M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Prescripción extraordinaria. Derecho de dominio. Acción reivindicatoria. Derecho de retención. Promesa de compraventa.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 44038 de 2016

INTERVENCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL SE DESCARTA DE MANERA ANTICIPADA ANTE LA EXISTENCIA DE MEDIOS IDÓNEOS DONDE SE PUEDAN EXAMINAR LAS SITUACIONES EXPUESTAS MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. La Sala de la Corte ha señalado de manera reiterada que la acción de amparo no puede suplir las competencias asignadas por la Constitución y la ley al funcionario de conocimiento, pues ello desnaturaliza el carácter residual y subsidiario del mecanismo constitucional, pues tal trámite, según expreso mandato del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, no debe ser sustituido ni soslayado por este mecanismo, salvo cuando se está frente a un perjuicio irremediable. Niega. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Temas: Acción de tutela. Medios ordinarios. Juez natural. Residualidad. Subsidiariedad. Perjuicio irremediable.

Expediente 67289 de 2016

LA ÚNICA POSIBILIDAD PARA QUE PROCEDA TUTELA CONTRA UNA DECISIÓN PROFERIDA EN IGUAL ACCIÓN CONSTITUCIONAL O CONTRA LA PROVIDENCIA EMITIDA EN EL INCIDENTE DE DESACATO, ES CUANDO SE VULNERA EN EL TRÁMITE EL DEBIDO PROCESO. Lo anterior por cuanto el debido proceso se encuentra consagrado como derecho constitucional en el artículo 29, disposición que reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las funciones tanto judiciales como administrativas, razón por la cual, deben observarse las formas propias de cada juicio y asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, integrando una serie de garantías en defensa de los asociados con el objeto de obtener una pronta y cumplida justicia. Confirma M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Procedencia. Incidente de desacato. Debido proceso.

Expediente 45141 de 2016

DICTÁMENES EMITIDOS POR LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ NO SON PRUEBA APTA PARA ESTRUCTURAR UN ERROR DE HECHO MANIFIESTO EN CASACIÓN LABORAL.En cuanto al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con el cual pretende demostrar el censor que se incurrió en un error aritmético en la sumatoria de las discapacidades y minusvalías asignadas, para precisar que el resultado correcto de la pérdida de la capacidad laboral era del 45,10% y no del 51,90%, debe destacarse que tal medio de convicción no es prueba apta e idónea para estructurar un desatino fáctico en casación, en tanto que los medios calificados para esos efectos son el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Pensión de invalidez. Calificación. Revisión. Pérdida capacidad laboral. Dictamen.

Expediente 50175 de 2016

PENSIONES CONVENCIONALES OTORGADAS CON POSTERIORIDAD AL 17 DE OCTUBRE DE 1985, SON EN PRINCIPIO Y POR REGLA GENERAL, INCOMPATIBLES CON LA DE VEJEZ.Son en su lugar, compartibles con la pensión de vejez, salvo que, expresamente las partes acuerden o el empleador voluntaria y unilateralmente se obligue bajo condiciones diferentes. No Casa.M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Pensión convencional. Pensión de vejez. Compatibilidad. Compartibilidad.

Expediente 53750 de 2016

CASACIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIO, CONTIENE EXIGENCIAS DE ORDEN LEGAL Y OTRAS PRODUCTO DE SU DESENVOLVIMIENTO JURISPRUDENCIAL, QUE DEBEN SER ACATADAS POR QUIEN ACUDE A ÉL. Entre sus requisitos está la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. Así, quien escoge como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Pensión de sobrevivientes. Compañera permanente. Convivencia.

Expediente 67279 de 2016

SOLICITUDES ANTE JUECES NO SE GOBIERNAN POR LAS REGLAS PROPIAS DEL DERECHO DE PETICIÓN. En los eventos en que se presentan peticiones ante los jueces, relacionadas con los procesos judiciales que se encuentran a su cargo, la resolución de dichas inquietudes no se encuentra sometida al término legal previamente establecido, sino que se encuentra regido por las normas procesales que regulan dichos trámites. Confirma. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Solicitudes. Autoridad judicial. Procesos. Resolución. Término legal. Normas procesales.

Expediente 86785 de 2016

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO. Cuando dentro del trámite constitucional se evidencia que la entidad accionada da respuesta a la solicitud elevada por la accionante, y a la vez, la notifica de la misma, es claro que se supera el hecho que origina el amparo, por lo que la demanda carece de objeto, en términos tales que la pretensión protectora queda a salvo, y por tanto hay lugar a declarar la improcedencia de la acción. Niega por improcedente. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Hecho superado. Carencia actual de objeto.

Expediente 43886 de 2016

AL JUEZ CONSTITUCIONAL NO LE ES DABLE ARROGARSE UNA COMPETENCIA QUE POR MANDATO SUPERIOR ESTÁ ASIGNADA AL JUEZ DE LA CAUSA. Ha dicho la Corte que tampoco le es permitido revisar pronunciamientos que han superado el debate judicial, que constituyen la definición de la litis por quien está investido de la potestad para ello. Deniega M.P. Gerardo Botero Zuluaga Temas: Acción de tutela. Procedencia. Competencia juez constitucional. Juez natural.

Expediente 67291 de 2016

CONTAR CON OTROS MECANISMOS DE DEFENSA JUDICIAL HACE QUE LA ACCIÓN DE TUTELA SE TORNE IMPROCEDENTE. Cuando lo que el actor reprocha a través del mecanismo residual y excepcional es el puntaje conferido tras el análisis de los soportes académicos y laborales, los cuales arrojaron un puntaje que a su juicio es inferior al que le corresponde, en resumidas cuentas lo que busca es que se suspenda el concurso de méritos correspondiente, por lo cual puede hacer uso de las acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico, como lo es, en este caso, acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que se revise la legalidad de los actos administrativos que considera lesivos. Confirma M.P. Gerardo Botero Zuluaga Temas: Tutela. Procedencia. Concurso de méritos. Provisión de cargos. Modificación cronograma. Resultados. Pruebas.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 86867 del 2016

TUTELA ES IMPROCEDENTE COMO TERCERA INSTANCIA O COMO MEDIO PARA DECIDIR SOBRE TEMAS DE LOS JUECES NATURALES. Entendiendo que en la tutela incoada por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, el actor busca censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado, porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma. Recordando que el juez de tutela no tiene competencia para inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el modo de éstos interpretar la ley, pues lo contrario constituye un claro atentado contra la autonomía e independencia judiciales. Negó. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.  Temas: Tutela. Debido Proceso.

Expediente 86589 del 2016

IMPROCEDENTE TUTELA PARA CORREGIR ERRORES DEL CIUDADANO AL MOMENTO DE RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS. Confirmada sentencia que negó la tutela incoada por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital, del accionante, to en cuenta que dicho amparo no fue establecido con el fin de remediar las fallas de gestión en las que incurren los ciudadanos en la defensa de sus garantías de tipo fundamental. Admitir lo contrario conllevaría a sustituir los cauces ordinarios de solución de las problemáticas y la jurisdicción constitucional abordaría el estudio de aspectos que no se compadecen con su existencia. De este modo, no se pueden por medio de tutela, reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales del afectado, situación que aquí no sucedió. Confirmó. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. . Temas: Tutela. Debido Proceso.

Expediente 86546 del 2016

BAJO EL PRECEPTO DE LAS VÍAS DE HECHO NO ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. No puede utilizarse válidamente la acción de tutela, bajo el pretexto de vías de hecho inexistentes, siendo que el accionante discrepa de la conclusión que se obtuvo frente a su pedimento, la cual en esta sede constitucional no tiene posibilidades de prosperar, pues lejos estaría de cumplirse con los requisitos de habilitación la demanda de tutela. Confirma. M.P. Eugenio Fernández Carlier Temas: Procedencia. Pedimento. Discrepancia.

Expediente 48247 del 2016

CONDICIONES DE IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN. Emitido concepto favorable a la solicitud de extradición emitida por el gobierno de los Estados Unidos contra JOSÉ MAURICIO ORTIZ BOLAÑOS por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópica, al no cumplirse ninguna causal de improcedencia de la extradición es decir, que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de el mismo año, y que el delito haya sido cometido en territorio colombiano. Por tal razón, se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero.Favorable. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Extradición. Administración de Justicia.

Expediente 45258 del 2016.

LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO DEBEN SER VALORADAS POR EL JUEZ MEDIANTE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA QUE HA ESTABLECIDO LA LEY. Los cargos presentados por el investigado en su recurso de casación no son congruentes, ya que a pesar de señalar inconsistencias en la recepción y valoración de los testimonios por parte del tribunal competente, la Corte Suprema de Justicia señala que en los casos de abuso sexual es común que las víctimas no recuerden todos los detalles de los hechos, pero ello no implica que su relato pueda variar ostensiblemente e inclusive obligue al juez a decretar la inocencia del posible autor, ya que cuando existen otras pruebas que también confirman el relato de la víctima, se debe hacer una apreciación integral de las mismas con el objetivo de tomar una decisión de fondo que cumpla con los requisitos legales. No casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Pruebas. Sana crítica. Apreciación integral.

Expediente 86494 del 2016

SIN LA CONFIGURACIÓN DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE NO SE HARÁ PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. El demandante no demostró la configuración de un perjuicio irremediable al no allegar elemento de prueba alguno que indique que sus derechos fundamentales se encuentren amenazados de forma tal, que resulte viable aplicar la excepción de procedibilidad en materia de tutela. En consecuencia, como los argumentos que tuvo en cuenta la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se encuentran ajustados a derecho, la decisión que se impone adoptar en esta sede, es su confirmación. Confirma. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Procedencias. Perjuicios. Configuración.

Expediente 86539 del 2016

LA SOLICITUD DE AMPARO ELEVADA POR EL AQUÍ ACCIONANTE ES PRETENDER ANTICIPAR EL DEBATE Y LA DECISIÓN INHERENTE EN CASO QUE DECIDA DE IMPUGNAR LA DECISIÓN. Si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente. Confirmar. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Amparo. Inherencia. Providencias.

Expediente 86863 del 2016

EN EL CÁLCULO DE LA MESADA PENSIONAL SOLO DEBEN INCLUIRSE LOS VALORES QUE HACEN PARTE DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. En reiterada jurisprudencia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado, que cuando los empleados son servidores públicos y beneficiarios del régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo es procedente incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación aquellos factores salariales que hagan parte del mismo, ya que la norma citada previamente no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado al régimen de transición, debido a que solo define los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar el monto de cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones. Niega. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Mesada pensional. Ingreso base de liquidación. Servidores públicos.

Expediente 47955 del 2016

COLOMBIANO ENTREGADO EN EXTRADICIÓN POR TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casacion Penal, emitió concepto favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Italia en relación con el ciudadano ENRICO MUZZOLINI, para que cumpla la pena impuesta por el Tribunal de Apelación del Distrito de Palermo en sentencia del 27 de junio de 2014 por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Concepto Favorable. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Tráfico. Extradición. Concepto.

 

Corte Constitucional

 

Sentencia T 365 de 2016

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO SE PRESENTA CUANDO DEJAN DE EXISTIR LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL. La Sala recuerda que se está en presencia de un hecho superado cuando antes de la presentación de la acción constitucional existe un hecho cierto y determinado que pone en riesgo o viola un derecho fundamental; que dicha situación fáctica haya cesado durante el trámite del recurso de amparo y que se hubiere satisfecho la pretensión solicitada a través de la demanda de tutela. Revoca M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto. Hecho superado.

Sentencia T 378 de 2016

DERECHO A LA SALUD DE QUIENES SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO PENA DE PRISIÓN. Comporta tres ámbitos de protección: El deber del Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno, el deber del Estado de garantizar la integridad física del recluso al interior del establecimiento carcelario, y el deber del Estado de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación, al interior del establecimiento carcelario. Declara. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Salud. Establecimientos carcelarios. Reclusos. Ámbitos de protección. Deberes.

Sentencia C 257 de 2016

LEY 1752 DE 2015 INCORPORÓ A LOS TIPOS PENALES DE DISCRIMINACIÓN Y HOSTIGAMIENTO, UNA CLÁUSULA RESIDUAL QUE COBIJA TODOS LOS POTENCIALES FACTORES DE DISCRIMINACIÓN INCLUIDA LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 58.3, 134A y 134B de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). No hay lugar a fijar con efectos vinculantes el alcance de dichos preceptos antes de la entrada en vigencia de la referida ley, pues esto implicaría la violación del principio de irretroactividad de la ley penal, con el agravante de que el condicionamiento con efectos retroactivos no tiene consecuencias restrictivas sobre los tipos penales, sino justamente la ampliación de su contenido y alcance. Declara la exequibilidad M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Temas: Delitos. Discriminación. Hostigamiento. Identidad de género. Mayor punibilidad.

Sentencia T 317 de 2016

ICBF NO DEBE EJERCER PRÁCTICAS O COMETER ACTOS QUE VAYAN EN CONTRA DE LA PROTECCIÓN QUE DEMANDAN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL. Al ICBF le corresponde prestar asistencia personal y jurídica a los individuos de cualquier edad que sufran una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, comportamiento o deterioro mental, para efectos de interponer las acciones judiciales pertinentes o tomar las medidas de restablecimiento de derechos contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuanto sean pertinentes y adecuadas a las condiciones particulares del sujeto afectado, logrando también la concurrencia y coordinación de sus acciones con los demás organismos públicos y privados competentes. Confirma. M.P. Luis Guillermo Guerrero PérezTemas: Restablecimiento de derechos.

Sentencia T 271 del 2016

GARANTIZAR EL DEBER DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL TRÁMITE E INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA DE VIOLENCIA SEXUAL ES UNA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. Con miras a garantizar el cumplimiento del deber de la debida diligencia en la investigación de la denuncia por los actos de violencia sexual que instauró la accionante ante la Policía Nacional con sede en Padilla –Cauca–, la Sala emitirá ordenes de advertencia para que esa autoridad con base en sus obligaciones legales y reglamentarias y de manera efectiva y diligente, realice todas las actuaciones correspondientes encaminadas a garantizar una efectiva justiciabilidad y administración de justicia en el caso de la referencia. Declara. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  Temas: Garantías. Violencia Sexual.

Sentencia T 290 de 2016

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVO EXPEDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS. La Corte Constitucional ha sostenido de forma reiterada que, debido al particular estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población víctima del conflicto armado interno, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, cuando su satisfacción depende de la inclusión en el Registro Único de Víctimas. Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos. . Temas: Tutela. Procedencia. Actos administrativos. UARIV. Conflicto armado. Víctimas. Registro único de víctimas.

Comunicado # 40 – C 493 – Apelación de sentencias laborales de primera instancia.

Comunicado # 40 – C 492  – Ya no se pondrá multa a abogados que no presenten demanda de casacion laboral dentro del termino legal.

Sentencia T 353 de 2016

FORMAS DE GARANTIZAR EL FUERO DE MATERNIDAD. En ciertas ocasiones cuando no es posible la medida de reintegro o renovación del contrato debido a las particularidades de la alternativa laboral y de los hechos que rodean el caso, la protección de la mujer gestante está dada por medidas sustitutas como los aportes al sistema de seguridad social y el consecuente reconocimiento de la licencia de maternidad. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 6. Temas: Estabilidad laboral reforzada. Debilidad manifiesta. Fuero especial. Maternidad. Discapacidad.

Sentencia T 310 del 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA NO SE TORNA IMPROCEDENTE, PUESTO QUE LA ENTIDAD DEMANDADA TENÍA CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO REQUERIDO POR EL AFILIADO Y NO ADELANTÓ LAS GESTIONES PERTINENTES. En casos excepcionales procede la acción de tutela cuando no existe una solicitud previa por parte del paciente o un familiar, siempre que se encuentre acreditada que las E.P.S. tienen conocimiento del tratamiento requerido por el usuario y se niegan u omiten prestar el servicio, por lo que exigirle al afiliado el agotamiento de los trámites administrativos previos configura una carga desproporcionada, más aun cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Solicitud. Requerimiento. Conocimiento.

Sentencia T 311 del 2016

EL TRASLADO DE CARGAS ADMINISTRATIVAS AFECTA LOS DERECHOS A LOS PARTICIPES DE LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. Es claro que las entidades demandadas vulneraron los derechos a la vivienda digna, a la igualdad y a la confianza legítima de los accionantes, al trasladarles cargas administrativas, técnicas y financieras que nunca debieron haber asumido según las competencias funcionales de las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y la jurisprudencia de esta Corporación. En ese sentido, se revocarán las decisiones de instancia y se concederán los amparos solicitados. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  Temas: Vivienda. Competencia. Confianza.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2010 00330 00 de 2016

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR MULTAS DE TRÁNSITO A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS, SE DA DESPUÉS DE ENTREGAR LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LES ENTIDADES DE TRÁNSITO. Improcedente el ataque de nulidad de la accionante toda vez que referente al reconocimiento de dineros con ocasión de multas de tránsito a favor de la entidad demandante, se estableció en el artículo 4 de la Resolución 000584 de 2010, que favor de la Federación Colombiana de Municipios, sería calculable una vez cancelados los rubros reconocidos por el mismo legislador a otras instancias que, como la Policía Nacional o los Centros Integrales de Atención, intervienen decisivamente en el proceso de imposición de los comparendos y cobro de las multas impuestas, sin que en ningún evento el valor reconocido pueda ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. Negó. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Transporte. Nulidad. Financiero.

Expediente 11000 03 24 000 2014 00515 00 de 2016

NINGÚN ACTO ANULADO O SUSPENDIDO PODRÁ SER REPRODUCIDO SI CONSERVA EN ESENCIA LAS MISMAS DISPOSICIONES ANULADAS O SUSPENDIDAS. Como mediante memorial radicado el 27 de mayo de 2015, la parte actora allegó al expediente copia de un proyecto de Decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por el cual se establece el listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos del sector de hidrocarburos que cuenten con Licencia Ambiental, Plan de Maneo Ambiental y/o demás Instrumentos de Manejo y Control Ambiental”6. Frente a lo anterior, basta decir que tampoco se presenta la infracción a la citada norma del C.P.A.C.A. por la expedición de un proyecto de decreto, pues no se trata de un acto administrativo existente y en vigor. Declara. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Expediente. Control. Ajustes.

Expediente 25000 23 24 000 2011 00164 02 de 2016

FALTA DE MOTIVACIÓN: LAS NORMAS ATACADAS NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS EN LA ACCIÓN. Teniendo en cuenta que los artículos demandados hacen referencia al incumplimiento de ciertos aspectos del Plan de Manejo Ambiental y demás resoluciones complementarias, y a las actividades que no pueden ser tenidas en cuenta como manifestaciones del cumplimiento de la inversión del 1% por hacer parte del PMA. No se evidencia relación entre el concepto de la violación dirigido a demostrar la configuración de la falsa motivación y el contenido de las decisiones definitivas enjuiciadas en el presente asunto, es decir la liquidación de la inversión del 1%, cuando dicha obligación ya fue plenamente cumplida por la Compañía, ni existe sustento jurídico o fáctico para pretender que el 1% se calcule, como lo hacen los autos, en relación con el valor total del proyecto y no en relación con el uso efectivo del recurso hídrico. Inhibido. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. . Temas: Nulidad. Improcedencia. Administración de Justicia.

Expediente 85001 23 33 000 2015 00001 01 de 2016

AL APLICAR DINEROS PÚBLICOS A OBJETOS, ACTIVIDADES O PROPÓSITOS PROHIBIDOS SE GENERA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA. La Sala considera que la concejal Gloria Ximena Cárdenas Pino incurrió en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, al aplicar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos prohibidos por los artículos 8 del Decreto 1737 de 1998 y 10 de la Ley 1474 de 2011, esto es, contratar la impresión de documentos con policromía o varios colores y publicar o promover su imagen y la de la entidad o de sus funcionarios, con cargo a recursos públicos. Confirma. M.P. María Claudia Rojas Lasso.  Temas: Propósitos. Aplicación. Investidura.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00351 00 de 2016

TODAS LAS PRUEBAS QUE SEAN DECRETADAS DEBEN SER VALORADAS PARA EXPEDIR LA PROVIDENCIA. Teniendo en cuenta que quienes acuden a la administración de justicia deben tener la posibilidad de controvertir las decisiones que adopten los jueces y en los casos en que ello, ya no sea posible por encontrarse ante una última instancia, saber el porqué de la solución a su caso; considera la Sala que el Tribunal accionado debió efectuar un ejercicio argumentativo y un análisis en conjunto respecto de las pruebas allegadas al trámite de la acción ordinaria; especialmente, pues no se puede desconocer que analizado de manera armónica con los demás medios probatorios arrimados al expediente constituye un indicio serio de tal circunstancia y de la falla en el servicio en la que pudo incurrir la Policía Nacional por omisión al deber de protección de los ciudadanos. Tutela. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Decreto de pruebas. Análisis. Omisión.

Expediente 76001 23 31 000 2012 00630 01 del 2016

LA PRUEBA NO OFRECE LA CLARIDAD, PRECISIÓN Y CERTEZA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LOS PERJUICIOS MATERIALES IRROGADOS POR LA ACTORA. No puede olvidarse ni pasar por alto que es al demandante a quien corresponde demostrar fehacientemente el perjuicio, del cual se derive un menoscabo patrimonial, sufrido como consecuencia de la actuación ilegal del Estado. En consecuencia, considera la Sala que este dictamen pericial no tiene el mérito suficiente, habida cuenta que el mismo no cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del C. de P.C., esto es, firmeza, precisión y calidad de su fundamentos. Confirma. M.P. María Elizabeth García Gonzalez. . Temas: Demostración. Prueba. Carga.

Expediente 76001 23 31 000 2012 00633 01 de 2016.

ES NECESARIO QUE LA PARTE ACTORA DEMUESTRE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DEMANDADO. Los presupuestos para que se entienda acreditada la causal de inhabilidad del servidor público son: que el demandado intervenga en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal, tener interés propio o de terceros y ejecutarlo en el mismo municipio; pero para el caso en estudio la demostración de causales de inhabilidad del demandado no fueron suficientemente probadas, ya que no hay comprobación de que usara su cargo público para facilitar a la Corporación de la cual fue miembro fundador la adjudicación de contratos mencionados en la demanda. Revoca. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Inhabilidad. Funcionario público. Causales.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00354 00 (0725 2015) de 2016

REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR ANTE LA AUTORIDAD PÚBLICA PARA LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. La petición deberá contener entre otras cosas, la designación de la autoridad pública respecto de la cual se solicita la extensión de los efectos de una sentencia de unificación, siempre que sea competente para reconocer el derecho reclamado; nombres y apellidos del solicitante y de su representante y apoderado; el objeto claro de la petición; las razones y justificación de que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada; las pruebas que la fundamentan; y copia o al menos la referencia de la sentencia que invoca en su favor. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Solicitud. Extensión de jurisprudencia. Sentencia de unificación.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00363 00 (0734 2015) de 2016

PARA QUE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA NO SEA RECHAZADA POR IMPROCEDENTE, SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 269 DEL CPACA. Para acudir ante esta Corporación con el fin de que se extiendan los efectos de la jurisprudencia, deben concurrir los siguientes requisitos: acreditación del agotamiento del trámite previo contemplado en el artículo 102 ibídem; presentación oportuna de la solicitud de extensión de la jurisprudencia, es decir dentro de los 30 días siguientes, con fundamento en criterios razonados; legitimación en la causa de las partes; y que la pretensión judicial no haya caducado. Rechaza M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Presupuestos. Extensión de jurisprudencia. Sentencias de unificación.

Expediente 11001 03 25 000 2014 01289 00 (4145 2014) de 2016.

EN LAS SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ES NECESARIO QUE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN INVOCADA GUARDE SEMEJANZA FÁCTICA Y JURÍDICA CON LA SITUACIÓN DEL PETICIONARIO. El Consejo de Estado ha señalado la necesidad de que en las solicitudes de extensión de jurisprudencia, la sentencia de unificación que señale el solicitante sea semejante a su situación para que así pueda hacerse la aplicación de la extensión requerida, pero para el caso en estudio no es posible ya que el demandante discute la vinculación contractual de un docente territorial, mientras que la sentencia invocada resolvió el litigio de un contratista que desempeñó labores técnico administrativas en la entidad demandada y tiene un régimen jurídico diferente, lo cual demuestra que no hay relación entre las situaciones anteriormente señaladas. Prescinde. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. .Temas: Sentencia de unificación. Situación. Peticionario.

Expediente 76001 23 33 000 2016 00294 01 de 2016

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE MÉRITOS. La Sala advierte que el medio de nulidad y restablecimiento del derecho no es el idóneo, para atacar las resoluciones a través de las cuales se consolidan los puntajes de los concursantes y se da respuesta a los derechos de reposición interpuestos, cuando no se ha proferido la lista de elegibles, y la discusión que gira en torno a la calificación tiene incidencia directa en ella. Confirma parcialmente C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Acción de tutela. Concursos de méritos. Nulidad y restablecimiento. Puntajes. Recurso de reposición. Lista de elegibles.

Expediente 11001 03 15 000 2015 02741 00 de 2016

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA PROCEDE INCLUSO PARA PROCESOS QUE HUBIEREN SIDO DECIDIDOS Y COBRADO EJECUTORIA EN VIGENCIA DE LEYES ANTERIORES A LA LEY 1437 DE 2011. La Subsección no comparte los argumentos que el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso para rechazar los recursos interpuestos por la parte actora, pues la interpretación del artículo 308 del CPACA fijada en los autos objeto de discusión, frente a la improcedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia a los procesos iniciados en vigencia del CCA, de alguna forma conlleva una limitación a la misión del Consejo de Estado de unificar la jurisprudencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como órgano de cierre. Niega. C.P. William Hernández Gómez  Temas: Recurso extraordinario. Unificación de jurisprudencia. Procesos. Vigencia CPACA.

Expediente 19001 23 33 000 2013 00138 01 (2497 14) de 2016

LA DEMANDANTE SE DESEMPEÑÓ COMO DOCENTE DEL ORDEN TERRITORIAL, LO QUE HACE VIABLE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA A SU FAVOR. La pensión gracia dejó de ser un derecho para aquellos educadores territoriales o nacionalizados que se vincularon a la administración por primera vez a partir del 1 de enero de 1981, pero a aquellos educadores territoriales o nacionalizados que hubiesen ejercido la docencia apta para acceder a la pensión gracia con anterioridad a la precitada fecha, no se les puede desconocer el derecho y en consecuencia, si a 31 de diciembre de 1980 no estaban vinculados como docentes, pero tenían experiencia anterior, se les puede adicionar el laborado con posterioridad en la misma calidad.Confirma. M.P. William Hernández Gómez. 2016 Temas: Docente. Pensión. Reconocimiento.

Expediente 73001 23 33 000 2013 00529 01 (3533 14) de 2016

TODOS LOS DOCENTES CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS PODRÁN ACCEDER A LA PENSIÓN GRACIA. Los dineros girados a las entidades territoriales provenientes del Sistema General de Participaciones, con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, hacen parte de los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual el carácter del docente nombrado y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional. Por consiguiente, como el demandante prestó sus servicios como docente con vinculación del orden territorial, sin que pueda aceptarse la calificación de docente nacional con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia deberá otorgársele el beneficio solicitado. Confirma. M.P. William Hernández Gómez. Temas: Pensión. Otorgamiento. Recursos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2016 00019 00 (56306) de 2016

LAUDO ARBITRAL EN NINGÚN MOMENTO DEFINIÓ ALGO DIFERENTE A LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO LA DECISIÓN SE CENTRA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE TRANSMILENIO SA. Improcedente anulación de laudo arbitral solicitada por Transmilenio S.A frente al laudo arbitral establecido con la Sociedad Sistemas Operativos Móviles K.S.A., al establecer que no es procedente como lo quiere decretar un vicio incongruencia por extra petita, como lo aduce la recurrente, por la simple razón de que no se le condenó por un objeto diferente del pedido en la demanda o por una causa distinta a la invocada en ésta, hipótesis estas que de acuerdo con la ley son las que configuran la incongruencia por resolver por fuera de lo pedido. Pero además, si bien es cierto que la sociedad convocante no solicitó expresamente en su demanda que se declarara que incumplió el contrato de concesión al no observar las cuotas de desintegración de buses para ser sustituidos por los vehículos requeridos para la prestación del servicio de transporte, ni mucho menos que dicho incumplimiento no era imputable a ella por la configuración de una fuerza mayor y hecho de un tercero como eximentes de su responsabilidad, lo cierto es que el Tribunal de arbitramento desplegó dicho análisis y adoptó su decisión conforme a lo solicitado en la demanda a través de la pretensión Quinta en la que la Sociedad Somos K pidió que se declarara que Transmilenio S.A. incumplió las obligaciones a su cargo. Infundado. M.P. Jaime Orlando Santofiio Gamboa. Temas: Contratación. Laudo Arbitral.

Expediente 47001 23 31 000 2005 00205 01 (40413) de 2016

ACTOR INTENTO ENGAÑAR AL APARATO JUDICIAL PARA EXIMIR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, DE ESTE MODO ES IMPROCEDENTE RESPONSABILIZAR AL ESTADO DE SU ACTUAR ILEGAL. Improcedente emitir condena en contra del estado al encontrarse acreditada culpa exclusiva de la víctima, como hecho exoneratorio de responsabilidad, teniendo en cuenta que el accionante aportó un documento falso a la Fiscalía con la finalidad de demostrar un supuesto fraude procesal cometido por aquélla, ello con el propósito no sólo de abstenerse de cumplir un fallo laboral que le ordenaba cancelarle unas prestaciones sociales que adeudaba, y seguido a esto que se le condenara por un delito a todas luces inexistente. De este modo, es impensable considerar que el mismo después de inducir documentación falsa contra su exempleada y llevar a que la misma fuera privada de la libertad, busque una indemnización. Confirmó. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Responsabilidad del Estado. Culpa Exclusiva.

Expediente 15001 23 31 000 1996 17351 01 (32279) de 2016

EXPLOTACIÓN MINERA NO SE LEGALIZA CON EL ENVÍO DE LA SOLICITUD, ES NECESARIO EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS PARA EXPEDIR LA LICENCIA. La legalización de explotaciones mineras de hecho de pequeña minería no opera de manera automática con el sólo envío de la solicitud de licencia, permiso o contrato ante la autoridad competente. Los requisitos necesarios para que sea procedente el otorgamiento de la licencia, contrato o permiso de una explotación de hecho. Diferencias existentes entre el informe de la visita técnica al área objeto de una solicitud de legalización de explotación de hecho minera y un dictamen pericial. De este modo, nunca se probó la calidad de explorador minero del accionante siendo improcedente acceder a sus solicitudes. Confirmó. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Ambiental. Minería

Expediente 15001 23 31 000 1999 00257 01 (37671) de 2016

QUIEN HAYA SIDO PRIVADO INJUSTAMENTE DE LA LIBERTAD PODRÁ DEMANDAR AL ESTADO REPARACIÓN DE PERJUICIOS. Los precedente jurisprudenciales y la normatividad misma han establecido que quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Modifica. M.P. Ramiro de Jesús Plazos Guerrero. Temas:Indemnización. Libertad. Privación.

Expediente 73001 23 31 000 2005 02702 01 de 2016

EL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO DE LA VÍCTIMA. La cuantificación de los perjuicios se traduce en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación. De esta manera, la Sala estima que dicho reconocimiento resulta procedente, en consideración a que si bien no se probó la cantidad de dinero que ganaba la referida persona como producto de la actividad agrícola y de minería, la Sala aplicará la presunción de que dicha actividad le generaba por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente para aquella época. Revoca. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Víctima. Salario. Operación Administrativa.

Expediente 11001 03 26 000 2016 00019 00 (56306) de 2016

NINGUNO DE LOS CARGOS FORMULADOS ESTÁ LLAMADO A PROSPERAR: RESULTA DEL TODO IMPROCEDENTE EN SEDE DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL.Las pretensiones de anulación del laudo arbitral se encuentra destinadas al total fracaso, pues en el laudo arbitral el juez no pudo incurrir en el vicio de incongruencia por extra petita, como lo adujo la recurrente, por la simple razón de que no se le condenó por un objeto diferente del pedido en la demanda o por una causa distinta a la invocada en esta, hipótesis estas que de acuerdo con la ley son las que configuran la incongruencia por resolver por fuera de lo pedido. Declara infundado. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Cargos. Incongruencia. Hipótesis.

Expediente 11001 03 26 000 2015 00148 00 (55 477) de 2016

HAY LUGAR A LA PÉRDIDA DE HONORARIOS RESPECTO DE LOS ARBRITOS POR OMISIÓN DE SU DEBER COMO FALLADOR. Los árbitros perderán la totalidad de los honorarios y quedarán obligados a reembolsar al presidente los ya recibidos, en los casos de falta a los deberes de información. Como ello se determinó a lo largo de este proveído respecto del árbitro disciplinado, quien faltó a su deber por omitir información relevante al momento de la aceptación de su designación y a lo largo del trámite arbitral, hubo lugar a declarar la pérdida de la totalidad de sus honorarios. Anula. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Pérdidas. Honorarios. Información.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 05001 33 31 017 2012 00380 01 de 2016.

CUANDO PUEDAN TENER INTERÉS EN EL ASUNTO OBJETO DE LITIGIO, LOS MAGISTRADOS DEBEN DECLARARSE IMPEDIDOS PARA DIRIMIR EL CONFLICTO. Debido a que el demandante reclama beneficio tributario contemplado para magistrados del cincuenta por ciento (50%) al cual hace referencia el artículo 206 del Estatuto Tributario, en el sentido de que se consideran como gastos de representación exentos del impuesto de renta en el porcentaje ya señalado, la bonificación judicial y la prima de servicios, se evidencia un impedimento para que los magistrados puedan adelantar el trámite correspondiente ya que se trata de un régimen aplicable a aquellos e implica un posible interés en el asunto. Declara. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  Temas: Conflicto. Interés. Impedimento. Magistrados.

Expediente 41001 23 31 000 2002 00702 01 de 2016.

AL INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE MODIFICAN LA DECLARACIÓN PRIVADA, NO ES DEBER DE LA ENTIDAD COMPETENTE NOTIFICAR LAS DECISIONES DE MODO EXCLUSIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. En la discusión surgida entre las partes respecto de la firmeza de la declaración del impuesto de renta presentada en el año 1997, el Consejo de Estado señala que no son correctas las apreciaciones de la empresa demandante al mencionar que era deber de la DIAN, efectuar las notificaciones a la dirección del representante legal y no a la sociedad, ya que no hay ninguna norma que establezca tal procedimiento a pesar de la especial importancia que se le otorga al representante de una empresa; por lo tanto no hay indebida notificación de los actos administrativos demandados además de existir constancia de que la empresa tuvo conocimiento del contenido de los mismos. Confirma. M.P. Hugo Fernando Bastidas BárcenasTemas: Declaración privada. Notificaciones. Dirección. Representante legal. Empresa.

Expediente 11001 03 15 000 2015 01870 01 de 2016.

AL NO SER POSIBLE EL REINTEGRO DEL DEMANDANTE, TIENE DERECHO A RECIBIR UNA COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN COMO EQUIVALENCIA. Para el caso objeto de estudio el Consejo de Estado señala que, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, al no poder ser posible el reintegro a la entidad que exige la parte demandante lo procedente por parte del Tribunal era decretar una compensación o indemnización como equivalencia, pero al haber negado tal solicitud se hace procedente exigir el reclamo de derechos fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, mediante la vía de tutela. Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. .Temas: Reintegro. Compensación. Indemnización. Administración de justicia.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00380 00 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA CUANDO SOLAMENTE HAY DIFERENCIA DE CRITERIOS DE LA PARTE ACTORA RESPECTO A LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL JUEZ. Cuando las decisiones judiciales son emitidas de acuerdo a las normas legales, con pleno cumplimiento de las mismas, teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso y exponiendo las razones que motivaron la sentencia, y no hay vulneración de derechos fundamentales la parte inconforme con dicha decisión no puede, a través de la acción de tutela, pretender reclamar la protección de derechos que no han sido desconocidos por el juez ya que este no es el objetivo del recurso de amparo. Niega. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Diferencia de criterios. Derechos fundamentales. Pruebas. Decisiones judiciales.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 01195 00 de 2016.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE SENTENCIAS QUE DECIDEN INCIDENTES DE DESACATO. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido a través de su jurisprudencia la posibilidad de acudir a la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales que resuelven incidentes de desacato, siempre que se cumplan una serie de requisitos como son: las razones del accionante en su escrito de tutela deben ser coherentes con los argumentos del incidente de desacato, que las pruebas que pretenda hacer valer ya hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa del incidente de desacato ya que la tutela no puede usarse como un remedio procesal para solucionar errores y omisiones del accionante.Concede. C.P. Rocío Araujo Oñate. Temas: Acción de tutela. Incidentes de desacato. Procedencia.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00051 00 de 2016

IMPROCEDENTE RENUNCIAR A UN CARGO DE ELECCIÓN ELECTORAL, PARA INMEDIATAMENTE PRESENTARSE A OTRA ELECCIÓN. Declarada a nulidad del acto administrativo por medio del cual salió electa a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora de La Guajira para el periodo constitucional 2016-2019, en el sentido, que es improcedente que alguien renuncie a un cargo de elección popular, para proceder a iniciar campaña para acceder a otro cargo de la misma calidad, Por tanto, afirmar que se vulnera el derecho a la igualdad de quien renunció no es acertado, en tanto el parámetro de comparación no puede ser los derechos de los otros candidatos ni el alcalde o gobernador que decide terminar el período, pues, en el primer caso, quien aspira no fue investido del mandato popular y, en el segundo caso lo está cumpliendo. Declaró. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Nulidad Electoral. Administración de Justicia.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00378 01 de 2016

LA SALA SE ABSTENDRÁ DE ANALIZAR DE FONDO LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR EL ACCIONANTE DADO EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. Como el accionante se abstuvo de recurrir dicha decisión y solo hasta ahora, mediante este mecanismo excepcional y subsidiario, pretende derivar una nulidad procesal por indebida vinculación de la sociedad Cementos Argos S.A., al considerar que para el momento en que fue llamada al proceso, su licencia de explotación minera se encontraba vencida. Visto así el asunto, es claro que la decisión judicial demandada se encontraba ajustada a derecho, sin que lograra evidenciar alguno de los defectos alegados por el actor. Confirma. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Vinculación. Evidencia. Mecanismos.

Expediente 11001 03 15 000 2015 02017 01 de 2016

EL CARGO DE DEFECTO SUSTANTIVO NO ESTÁ LLAMADO A PROSPERAR, PUES LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA REALIZÓ UNA INTERPRETACIÓN RAZONADA. Las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los defectos alegados por la actora en el escrito de tutela, por lo que no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la accionante. Así las cosas, se modificó la sentencia del 10 de marzo de 2016 mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado había declarado improcedente la demanda de tutela de la referencia, para en su lugar negarlo. Modifica. M.P. Rocío Araujo Oñate. Temas: Sustento. Defectos. Incursión.

Expediente 11001 03 28 000 2014 00107 00 de 2016

AL HABER CORREGIDO LOS VOTOS A LA CANDIDATA NO SE ALTERARON DE NINGUNA MANERA LOS RESULTADOS. Cuando es perfectamente identificable a quien le beneficia la corrección y, además como ello no afectaría a ningún candidato, por cuanto lo que ocurrió fue una exclusión de votos, no hay lugar a aplicar el sistema de distribución porcentual, que se utiliza cuando es indeterminable el beneficio y por tanto, la pérdida se realiza de manera porcentual a los candidatos que obtuvieron votos en esa mesa. Niega. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.Temas: Corrección. Elección. Pérdida.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 31 09 005 2015 05477 01 de 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA SÓLO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. La regla general en materia del amparo tutelar estima que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho, cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución. Confirma. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Trámites. Jurisdicción. Discusiones.

Expediente 1100131 09 003 2015 00144 02 de 2016

LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEBE DARSE DE MANERA INSTANTÁNEA. A pesar del tiempo transcurrido desde que el accionante solicitó el cambio de régimen, que la vulneración de sus derechos fundamentales persiste, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual, por lo que su derecho a la seguridad social debe ser protegido en esta sede, máxime cuando se advierte el transcurso de años presentando peticiones encaminadas al traslado de régimen, claramente fundamentadas en las previsiones de la Ley 797/03 y no en el régimen de transición como erradamente lo han entendido COLPENSIONES y la AFP PORVENIR en las últimas respuestas brindada. Revoca. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Solicitud. Afectación.

Expediente 11001 31 09 004 2015 00185 02 de 2016

LA CALIDAD DE COSA JUZGADA QUE ADQUIEREN LAS NORMAS OBJETO DE ESTUDIO CONSTITUCIONAL DEBEN SER INMUTABLES. Como las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna. Confirma. M.P. Jairo José Agudelo Parra.Temas: Adquisición. Traslado. Restricción.

Procuraduría General de la Nación

Concepto 6138 de 2016

¿LA ORDEN DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA FISCALÍA AFECTA LA CONSTITUCIÓN?. El legislador no incumple deber constitucional alguno al señalar que la potestad para solicitar la cancelación de la personería jurídica o el cierre de establecimientos abiertos al público recae exclusivamente en la fiscalía, pues es quien tiene el deber de perseguir el delito en forma abstracta y, a su vez, cuenta con las potestades procesales para garantiza Temas: Personería Jurídica. Establecimientos Públicos. Persecución.

Concepto 6140 de 2016

AL DECLARARSE LA INEXEQUIBILIDAD DE UN APARTE DEBERÁ HACERSE EN SU TOTALIDAD SI ESTE AFECTA EL DEBER SER DE LA NORMA. El Procurador General de la Nación solicitó a la corte Constitucional declarar inexequibles los artículos 14 y 15 del decreto Ley 780 de 2005, teniendo en cuenta que la incompetencia del órgano creado, por construir un exceso de las facultades extraordinarias otorgadas al ejecutivo y, así, un desconocimiento de la facultad otorgada por el propio artículo 130 superior a la comisión Nacional del Servicio Civil para vigilar y administrar la carrera, mal podría la corte constitucional limitarse a declarar inexequibles algunas y no todas las disposiciones que regulan la integración y señalan las funciones que cumple dicho órgano. Temas: Declaración. Totalidad.

Concepto 6147 de 2016

DE LA CONSTITUCIÓN NO SE DERIVA LA OBLIGACIÓN QUE LAS MUJERES NO TRABAJADORAS EN ESTADO DE GESTACIÓN O LACTANCIA Y SUS FAMILIAS SEAN PROTEGIDAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL FUERO DE MATERNIDAD A SUS ESPOSOS O COMPAÑEROS PERMANENTES. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 1 del artículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del Decreto 2663 de 1950. Bajo ese entendido considera que las normas del Código Sustantivo del Trabajo que ahora se acusan, se ajustan al ordenamiento superior, en tanto por la naturaleza del fuero de maternidad, no necesariamente debe ni puede ser extendido por fuera del ámbito laboral. No le corresponde por tanto, a la Corte Constitucional, sino al legislador, evaluar si ha de incluirse este supuesto, y de qué manera, dentro de la normatividad atacada.  Temas: Fuero de maternidad. Mujeres no trabajadoras. Gestación. Lactancia.

 

Superintendencia de Salud

Circular 0013 de 2016

NO SE PUEDE NEGAR SERVICIOS DE SALUD POR DEUDAS DE LAS EPS. Superintendente Nacional de Salud hizo un enérgico llamado de atención a las clínicas y hospitales por restringir servicios a los usuarios como mecanismo para exigir los pagos por parte de las EPS.

 

Ministerio de Salud

Concepto 201611601461951

Incapacidades no pueden ser superiores a 30 días, según norma del ISS que actualmente se aplica. 

 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

 

Resolución 393 de 2016

ACLARADA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE RENOVACIÓN DE DESCUENTO. Buscando evitar conflictos se procedió a modificar el numeral 5 del artículo 10 de la Resolución 345 de 2016 “Por medio de la cual se crea el Comité de Asignación o Renovación del Código interno de descuento”, en el sentido de establecer que el plazo fijado en el mismo empieza a correr a partir del de décimo día hábil siguiente a la publicación de la Resolución 345 de 2016. Temas: Seguridad Social.

Resolución 411 de 2016

REFORMADAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE COLPENSIONES. Modificado el Manual Especifico de funciones y competencia laborales de los trabajadores de Colpensiones, en lo referente al macroproceso Gestión de talento humano. Ante la necesidad de ajustar las competencias y exigencias laborales de los mismo. Temas: Laboral. Colpensiones.

 

Congreso de la República

Proyecto de Ley 28 de 2016.

SE BUSCA IMPLEMENTAR LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS COLOMBIANOS. El senador Antonio Guerra de la Espriella presentó ante el Congreso, un proyecto de ley mediante el cual busca implementar la cátedra de educación financiera en la educación básica y media del país, para que los ciudadanos tengan una cultura adecuada respecto de la economía y esta deje de ser considerada como un tema ajeno a la sociedad en general. Temas: Educación financiera. Cátedra. Ciudadanos.

Proyecto de Ley 29 de 2016.

EL CONGRESO BUSCA IMPLEMENTAR UNA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y RENTÍSTICO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS. El Proyecto de Ley 029 de 2016 pretende modificar el literal a) del artículo 26 de la Ley 1625 de 2013, la cual regula el presupuesto en materia de patrimonio y rentas de las áreas metropolitanas, en el sentido de agregar un parágrafo que señale la obligación de transferir en un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total de lo recaudado de literal inicialmente mencionado, a la Corporación Autónoma Regional que tenga jurisdicción en las áreas rurales de los municipios que integren el Área Metropolitana, para que se conserven y controlen los ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas. Temas: Áreas metropolitanas. Corporación Autónoma Regional. Ecosistemas.

Proyecto de Ley 72 de 2016 Senado

RADICADO PROYECTO DE LEY QUE TIENE POR OBJETO MODIFICAR LAS INCOMPATIBILIDADES PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORES LOCALES QUE CUMPLEN FUNCIONES AD HONOREM. Se dispone que los miembros de las Juntas que desempeñan sus funciones ad honorem y que no sean empleados públicos, puedan ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando ello no interfiera en las funciones que ejercen como tales.  Temas: Incompatibilidades. Miembros. Juntas administradoras locales. Funciones. Empleados públicos.

Proyecto de Ley 74 de 2016 Senado

CREACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES. Como deber funcional de los Gobernadores, Alcaldes, Presidentes de Asambleas Departamentales, Concejos municipales y Distritales. El informe de gestión se publicará dentro de los diez primeros días del mes de diciembre de cada año y deberá contener como mínimo la información sobre el presupuesto asignado y ejecutado en de cada vigencia; las normas expedidas por el órgano territorial; la descripción de los estados de los recursos administrativos (vehículos, y mobiliario); el estado de los recursos financieros y humanos, y de los proyectos finalizados y en ejecución; las audiencias públicas, foros realizados, y mesas de trabajo externas a las cuales se asistió; y las estrategias antitrámites como los mecanismos para mejorar la atención al ciudadanoTemas: Informe. Gestión. Entes territoriales. Publicación. Información. Presupuesto. Recursos. Proyectos.

Consejo de Justicia -Secretaria Distrital de Gobierno

 

Resolución 196 de 2016.

EN LOS PROCEDIMIENTOS POLICIVOS SI NO SE SUSTENTA EL RECURSO DE APELACIÓN EL FUNCIONARIO COMPETENTE PUEDE NEGARLO. Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, los recursos de apelación deben interponerse dentro del plazo legal por parte de la persona interesada o su apoderado debidamente constituido siendo necesario también sustentar con expresión concreta los motivos de inconformidad, lo cual revela que es necesario interponer y sustentar también la apelación sin que sea posible la situación generada por el apoderado del querellado, al afirmar que presenta el recurso pero será debidamente sustentado ante el superior jerárquico ya que al no cumplir con los normas se debe rechazar de plano dicho recurso. Temas: Recurso de apelación. Sustentar. Rechazo.

Resolución 197 de 2016.

NO SE PUEDEN INVOCAR LAS DISCAPACIDADES FÍSICAS COMO ARGUMENTOS PARA DESCONOCER LAS LEYES. Los argumentos señalados por el apoderado de la parte querellada, en el sentido de afirmar que su representado se encuentra en condición de discapacidad, no cuenta con más ingresos fuera de los que genera el establecimiento de comercio que fue objeto de cierre, y que es deber del Estado dar una protección especial y trato preferente a las personas en situación de discapacidad, no pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes ya que la citada discapacidad no se encuentra debidamente probada, y esta no es una causal o justificación para el desconocimiento de las normas que reglamentan el uso del suelo en la ciudad. Temas: Discapacidades físicas. Normas. Uso del suelo.

Resolución 150 de 2016.

EN MATERIA ADMINISTRATIVA LOS ACTOS DE TRÁMITE NO PUEDEN SER OBJETO DE APELACIÓN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. La decisión de la autoridad administrativa de dar por terminadas y archivas las diligencias en contra del querellado por haber subsanado la situación que dio origen a la infracción, no puede ser objeto de apelación por parte del Ministerio Público tal como lo señala la Sala de segunda instancia, debido a que las normas en materia contencioso administrativa de manera clara expresan que los actos de trámite no pueden ser objeto de recurso al tratarse de meros actos de cumplimiento o ejecución. Temas: Actos de cumplimiento. Actos de trámite. Recursos.

Resolución 180 de 2016

ERROR EN EL DECRETO DE PRUEBAS HACE REVOCABLE LA SANCIÓN. Teniendo en cuenta la inadecuada fundamentación fáctica y normativa que presentó la decisión que sanciono al recurrente por la construcción de obra sin los debidos permisos, es procedente revocar la decisión en el sentido de proteger el debido proceso y derecho a la defensa del mismo, error presentado ante la negativa del juzgador de decretar las pruebas. Temas: Civil. Administración de Justicia.