Septiembre 26 al 30 del 2016

Corte Constitucional

Sentencia T 270 de 2016

JUEZ DE LA REPÚBLICA PUEDE RECONOCER EL 100% DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A FAVOR DE LOS HIJOS MENORES DEL CAUSANTE, CUANDO SU CÓNYUGE SUPÉRSTITE SE ENCUENTRA CUMPLIENDO UNA PENA DE PRISIÓN COMO PARTÍCIPE EN EL HOMICIDIO DE ESTE ÚLTIMO. Lo anterior, con el fin de mitigar de algún modo las cargas que deben soportar los menores por la muerte violenta de uno de sus progenitores; y si el cónyuge fue el causante directo o indirecto de la muerte del causante, y por tal razón le ocasionó un perjuicio permanente y profundo en sus hijos, puede establecerse razonablemente que las prestaciones derivadas de la muerte del cónyuge asesinado, sean otorgadas en su totalidad a los hijos. Revoca.M.P. María Victoria Calle Correa. Temas: Tutela. Reconocimiento. Pensión de sobrevivientes. Hijos menores. Causante. Cónyuge supérstite. Homicidio.

Sentencia T 356 del 2016

INVALIDEZ SE CONFIGURA EN EL MOMENTO QUE SE HACE IMPOSIBLE RETOMAR LAS ACTIVIDADES LABORALES. Concedido el amparo de los derechos a la vida digna y al mínimo vital del accionante, al determinar que el Fondo debió tener en cuenta las especiales circunstancias que rodean el presente caso y así, atendiendo que, tal como se indicó en las consideraciones precedentes, a pesar de que la fecha de estructuración de la enfermedad es anterior a la de afiliación del accionante al fondo de pensiones, lo cierto es que cuando la persona haya sido calificada con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, derivada de una enfermedad de carácter congénito, degenerativo o crónico, deberá tenerse en cuenta su estado de salud y establecerse como fecha de estructuración el momento a partir del cual efectivamente no pudo volver a trabajar. Revocó. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. : Laboral. Incapacidad. Tutela.

Sentencia T 387 de 2016

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ADOPTAN MEDIDAS PARA RESTABLECER DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. Como regla general, el medio jurisdiccional de homologación es el mecanismo idóneo para controvertir las medidas definitivas tomadas en este tipo de procesos. No obstante, cuando a pesar de que existe este mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, se está ante la inminencia de que ocurra un perjuicio irremediable, la tutela será procedente para obtener el amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Confirma M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 2016 Temas: Acción de tutela. Actos administrativos. Restablecimiento de derechos. Menores de edad. Homologación.

 Sentencia T 341 de 2016

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS. La protección de un derecho fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo, solo es posible cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho subjetivo. Revoca. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Acción de tutela. Derechos colectivos. Derecho a la vivienda digna. Afectación individual.

Sentencia C 379 del 2016

CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE PROYECTO DE LEY CON EL QUE SE BUSCA LA DIVULGACIÓN DEL PLEBISCITO POR LA PAZ. Declarada la exequibilidad del Proyecto de ley estatutaria “por el cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, al determinar que los instrumentos previstos en el artículo 5 tienen por objeto única y exclusivamente la labor de divulgación y de ningún modo podrán utilizarse para la promoción, pues ella deberá ser realizada a través de las campañas del plebiscito, reguladas en el artículo 2 del PLE y en las demás normas estatutarias que le sean aplicables. De esta manera, el espacio de divulgación, en todo caso circunscrito en el tiempo, no entra en desmedro de las libertades de expresión e información. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. .Temas: Plebiscito. Exequibilidad.

Sentencia T 339 del 2016

ARL A LA QUE SE ENCONTRABA AFILIADO EL TRABAJADOR AL FALLECER, ES LA ENCARGADA DE RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A LOS HIJOS. La Sala concedió la protección del derecho al mínimo vital de la accionante y a la dignidad humana de sus hijas, al establecer que la ARL Positiva, entidad a la que estaba afiliado el fallecido y en consecuencia le corresponde reconocer las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven del accidente de trabajo que causó la muerte, es decir el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios. Lo anterior, se apoya en el régimen de responsabilidad objetiva, por lo cual dichas prestaciones deben ser reconocidas independientemente de cualquier controversia sobre la responsabilidad en la afiliación por parte del empleador, al menos mientras la jurisdicción competente dirime esta controversia. De esta forma, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las hijas menores de edad del causante, quienes son las beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. Revocó. M.P. Alejandro Linares Cantillo. .Temas: Tutela. Pensión.

Sentencia C 224 de 2016

CON EL ARTÍCULO DEMANDADO SE ESTABLECE UNA FORMA DE RELACIÓN INCONSTITUCIONAL ESTADO-IGLESIA CATÓLICA, EN UNA FACETA DE INVERSIÓN DE RECURSOS DEL ENTE MUNICIPAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley 1645 de 2013 por la que se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander. En el estudio específico de la norma demandada, la Corte pudo constatar, luego de una revisión de los antecedentes legislativos, que los propósitos de la ley eran claramente religiosos, encaminados a exaltar la conmemoración de una organización institucional que la iglesia católica prescribe para sus fieles, como lo es la celebración de la Semana Santa. Propósito primordial que carecía de contenido secular y, conforme con la jurisprudencia, desconocía el carácter laico del Estado colombiano, y su consecuente neutralidad religiosa. Declara inexequible M.P. Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio  Temas: Manifestaciones culturales. Estado. Iglesia católica. Inversión de recursos. Laicidad. Neutralidad religiosa.

Sentencia T 370 de 2016

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 Y DERECHOS PENSIONALES ADQUIRIDOS. Una vez se expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, se introdujeron modificaciones sustanciales al Sistema General de Pensiones, entre ellas, la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, lo que significa que, en principio, se extendieron los efectos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta dicha fecha, y quienes hubieran causado un derecho pensional hasta ese momento (cumplimiento de edad y tiempo de servicios), tienen un derecho adquirido, en los términos del artículo 48 de la Constitución Política. Ahora bien, con el fin de proteger las expectativas de quienes en un futuro logren acreditar lo que la hipótesis normativa contempla, se extendieron estos efectos hasta el 31 de diciembre 2014, a quienes cumplieron un número de mínimo de 750 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, requisitos que debían cumplirse con anterioridad a dicha fecha. Revoca M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Sistema pensional. Acto legislativo 01 de 2005. Derechos pensionales. Régimen de transición. Vigencia.

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 49904 de 2016

SÓLO A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 1985 CON LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 2879, LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE ORIGEN CONVENCIONAL PASARON A SER COMPARTIDAS CON LAS PRESTACIONES DE VEJEZ RECONOCIDAS POR EL EXTINTO ISS. Ello significa que las reconocidas con anterioridad a dicha data no se encuentran afectadas por éste fenómeno, a menos que las partes lo hubieren así acordado convencionalmente. No Casa M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas  Temas: Pensión de jubilación convencional. Compartibilidad. Compatibilidad.

Expediente 49232 de 2016

ACUERDO DE CONDICIONES LABORALES SUSCRITO AL INTERIOR DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL ENTRE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ÚNICAMENTE VINCULA A SUS AFILIADOS. A partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, el Decreto 63 de 2002 que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que éstos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos los representa a todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario. Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.  Temas: Acuerdos. Condiciones laborales. Proceso. Reestructuración empresarial. Organizaciones sindicales.

Expediente 48911 de 2016

EN LA DEMANDA DE CASACIÓN SE DEBE HACER UNA CLARA ENUNCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOLICITA QUE LA CORTE EMPRENDA COMO JUEZ DE CASACIÓN, Y ENSEGUIDA COMO FALLADOR DE SEGUNDA INSTANCIA. En ese sentido, el recurrente debe ser explícito y coherente al solicitar el quiebre, total o parcial de la sentencia atacada, y en la subsiguiente sede de instancia, si lo que pretende es que el pronunciamiento que puso fin a la instancia inicial, sea confirmado, revocado, total o parcialmente, o modificado, dado que el proferido por el Tribunal en segunda instancia ha desaparecido como normal y obvio efecto de su quebrantamiento. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.  Temas: Recurso extraordinario. Casación. Demanda. Coherencia.

Expediente 49343 de 2016

ÍNDOLE EXTRAORDINARIA DEL RECURSO DE CASACIÓN IMPONE QUE QUIEN LO EJERCE CORRE CON LA CARGA DE DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y ACIERTO CON QUE VIENE AMPARADA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Tal cometido solo será posible si el recurrente dirige su ataque contra todos los pilares del pronunciamiento, dado que solo uno que quede al margen de controversia, es suficiente para que el fallo permanezca inmodificable, con el apenas lógico fracaso de la demanda. No Casa M.P. Luis Gabriel Miranda Temas: Recurso extraordinario. Casación. Demanda. Presunción de legalidad. Sentencia.

Expediente 82152016 (44599) de 2016

RETORNO AL REGMIEN DE PRIMA MEDIA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GRACIA NO RESTABLECE BENEFICIOS TRANSICIONALES. Así se retorne del régimen de ahorro individual (RAIS) al régimen de prima media antes del vencimiento del plazo de gracia de un año previsto en el literal e) del artículo 2 de la Ley 797 del 2003 y en el artículo 1 del Decreto 3800 del 2003, los beneficios transicionales en disputa no se restablecen, afirmó la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Expediente 66985 de 2016

DETERMINACIONES ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO DEBEN SER CONTROVERTIDAS ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Ello de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues como se ha reiterado en incontables ocasiones, el carácter preferente, residual y sumario de la acción de tutela, impide tenerla como un instrumento supletorio de los dispuestos en las instancias correspondientes o como un medio para corregir los yerros u omisiones allí cometidas. Confirma M.P. Fernando Castillo : Acción de tutela. Determinaciones. Ministerio de trabajo. Jurisdicción contenciosa.

Expediente 67333 de 2016

INMEDIATEZ ES UNA CONDICIÓN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Si bien es cierto que la interposición de la acción de amparo no se encuentra sometida a un plazo legal, por vía jurisprudencial se ha definido que la inmediatez es un principio que debe regir su ejercicio y que en tal orden, la petición de protección constitucional debe presentarse dentro de un término prudente y razonable que resulte acorde con la salvaguarda perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuya protección se requiere. Por ello, se encuentra sometida a un plazo sensato, de manera que no es posible acudir a ella en cualquier momento. Confirma. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Inmediatez. Término prudente y razonable.

Expediente 43938 de 2016

CARÁCTER EXCEPCIONAL Y RESTRICTIVO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Tal como lo ha sostenido esta Sala, es menester que el juez constitucional conozca las providencias que se censuran, pues no puede atenerse a simples afirmaciones de las partes. En ese sentido el defecto alegado debe ser verificable, ostensible y corresponde al actor una carga especial para demostrar los hechos en los que se funda para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales y a su vez al juez constitucional le concierne estudiarlos.Niega M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Defecto. Carga. Quebrantamiento. Derechos constitucionales.

Expediente 44020 de 2016

PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, LAS PARTES ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS ORDINARIAS DISPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. Observa la Sala que en este asunto la parte actora debió acudir al recurso extraordinario de casación para formular allí sus inconformidades respecto de la decisión del Tribunal, a efectos de que fuera el juez natural quien definiera sobre tal discrepancia, esto es, sobre el derecho que aduce le asiste al reconocimiento de la pensión extralegal reclamada, asunto que no puede resolverse en sede constitucional, como lo pretende el interesado, máxime cuando tenía a su alcance el mecanismo adecuado para tal fin, constituyéndose tal herramienta procesal en el medio idóneo adecuado para esbozar la controversia que ahora indebidamente plantea. Niega M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Acción de tutela. Agotamiento. Herramientas ordinarias. Protección. Derechos.

Expediente 67493 de 2016

DERECHO A LA SALUD ADQUIERE UNA ESPECIAL CONNOTACIÓN EN TRATÁNDOSE DE PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA. Bajo esta hipótesis se deben garantizar los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Además, la jurisprudencia ha sido pacífica en considerar a los niños y niñas, sujetos de especial protección, de modo que el derecho a la salud de este grupo específico posee una relevancia constitucional especial, en la medida que se encuentra estrechamente relacionado con su derecho a la vida y a la dignidad humana.Confirma. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Tutela. Derecho. Salud. Niños. Especial protección. Debilidad manifiesta.

Expediente 44030 de 2016

JUEZ DE TUTELA NO PUEDE INTERFERIR EN LAS INTERPRETACIONES DADAS POR LOS JUECES NATURALES. A menos que ellas sean arbitrarias y caprichosas. Lo que se evidencia es que tanto el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá como el Tribunal Superior de la misma ciudad, profirieron sus decisiones con fundamento en el análisis de las pruebas aportadas, tales como certificaciones laborales, contratos de trabajo, historia clínica, actas de trámite ante la Inspección de Trabajo, comprobantes de pago de salarios y de la liquidación, así como la copia del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, lo cual no se muestra notoriamente desacertado, sino ajustado a lo que dicho material refleja, en tanto de él determinaron que en efecto, no se había dado cabal cumplimiento a la orden proferida dentro del proceso ordinario laboral y que sirvió de título ejecutivo en el proceso cuestionado y lo que se observa es una conducta encaminada a dilatar el cumplimiento de la orden judicial por parte de la sociedad demandada. Niega. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Temas: Tutela. Jueces naturales. Análisis probatorio. Proceso ordinario. Título ejecutivo.

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 44073 del 2016

DELITO DE PREVARICATO SE CONFIGURA CUANDO SE COMPRUEBA QUE LA ACTUACIÓN SE EJECUTO CON DOLO. Revocada sentencia que declaro al actor como autor del delito de prevaricato por acción y por omisión, en concurso homogéneo y heterogéneo, al determinar que contrario a lo definido en la sentencia atacada, el mismo se propuso vulnerar la ley, pues las únicas pruebas allegadas, como se detalló en precedencia, no contrarrestan, tampoco debilitan la explicación aportada, consistente en que el fiscal actuó fundado en el entendimiento equivocado de que las dos situaciones habían sido objeto de investigación en la preliminar, seguido a esto tampoco se comprobó que haya tenido la idea de ocultar la existencia de uno de los dos hallazgos con relevancia penal, reportados por la Contraloría Departamental en el informe de auditoría al municipio de Palermo Huila. En conclusión, y según las previsiones del artículo 21 del Código Penal de 2000, puesto que el delito de prevaricato sólo admite configuración cuando se actúa con dolo, el cual no puede ser presumido sino probado, no se reúnen los presupuestos para condenar en este asunto y lo procedente es revocar este aspecto de la sentencia recurrida, para, en su lugar, dictar sentencia absolutoria. Revocó. M.P. Patricia Salazar Cuéllar.  Temas: Prevaricato. Administración de Justicia.

Expediente 48371 del 2016

PROCESADO NO CONTÓ CON UNA DEFENSA QUE PROTEGIERA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Casada sentencia por medio de la cual se condenó al recurrente como autor de los delitos de receptación, estafa y falsedad marcaria, al establecer que el mismo no contó con asistencia técnica en un importante segmento de la fase del sumario, toda vez, que la defensora principal y abogado suplente no estuvieron en condiciones de cumplir con su mandato constitucional de servir de límite y resistencia al poder punitivo del Estado, no se opusieron a la pretensión de la Fiscalía, no ofrecieron razones en favor del procesado, no participaron en la construcción de una teoría en beneficio de su asistido, no procuraron la aminoración de los efectos de la sanción penal y, en general, no garantizaron la bilateralidad propia del proceso penal. Notándose de este modo, el quebranto de su derecho a la defensa, cuyo restablecimiento solo es posible retrotrayendo la actuación a la notificación del cierre de la investigación. Casó. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.  Temas: Debido Proceso. Derecho a la Defensa. Administración de Justicia.

Expediente 46756 del 2016

PENA ACCESORIA IMPUESTA ERA INCONGRUENTE CON EL MONTO DE LA PRINCIPAL. Teniendo en cuenta que el término de la aludida prohibición va de doce (12) meses a ciento ochenta (180) meses, los cuartos de movilidad quedan así: el mínimo, de 12 a 54 meses; el primer cuarto medio, de 54 a 96 meses; el segundo cuarto medio, de 96 a 138 meses y el máximo de 138 a 180 meses. De este modo, en seguimiento de los parámetros establecidos por el fallador de primera instancia, para determinar la comentada pena accesoria, se debe partir de un monto básico de cincuenta y cuatro (54) meses y a esa cantidad incrementar 2.88 que corresponde al porcentaje de aumento efectuado por el fallador (54 x 24/450=2.88), el cual equivale a 2 meses y 26 días. Por consiguiente, la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma que se debe aplicar es la de 56 meses y 26 días. Casó parcialmente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Penal. Pena Sustitutiva.

Expediente 87015 del 2016

TRIBUNAL JUZGADOR COMETIÓ UN ERROR AL MOMENTO DE APLICAR LA NORMATIVIDAD DENTRO DEL PROCESO. Comprobado el error sustancial en la sentencia es procedente proteger el debido proceso del actor, dado que, la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; seguido a esto, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance. De este modo, fue obvio el error cometido por el ente juzgador y vulneración de los derechos del actor. Confirmó. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Debido Proceso. Administración de Justicia.

Expediente 86825 del 2016

TUTELA ES IMPROCEDENTE EN LOS ESCENARIOS QUE POR LOS PROCEDIMIENTOS NORMALES SE PUEDAN VENTILAR LOS POSIBLES VULNERACIONES. Improcedente acción de tutela incoada por el actor en busca de la protección de su derecho al debido proceso, al entender que en lo referente a la pretensión elevada es improcedente ante la existencia de procedimientos normales expeditos para la defensa de sus intereses, pues se reitera, el demandante, a través de su apoderado, interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia condenatoria emitida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, escenario en el que debe ventilar todo tipo de reclamos atinentes a la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. Negó. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Tutela. Debido Proceso.

Expediente 87043 del 2016

MEDICAMENTO SUSTITUTO ENTREGADO A LA ACCIONANTE NO LOGRABA CUMPLIR CON EL CONTROL DE LA PATOLOGÍA. La Sala declaró como acertado el amparo concedido en la sentencia cuya impugnación se decide, habida cuenta que la accionada no logró desvirtuar que el suministro del medicamento ordenado por el médico tratante, resulte menos efectivo o no contribuya al control de la patología que presenta la accionante, quien, valga decir, manifestó que el medicamento autorizado como segunda opción causa desmejora en su salud, situación que ya se había presentado en anterior oportunidad cuando recibió la medicina en diferente marca. Confirmó. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Tutela. Salud.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 76001 22 03 000 2016 00315 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER EMPLEADA EN CONTRA DE RECURSOS QUE AÚN NO HAN SIDO DECIDIDOS POR EL JUEZ. Los reclamos presentados por el accionante en su recurso de tutela no tienen fundamento para ser fallados favorablemente, ya que a pesar de haber demandado una sentencia judicial que considera ajena a sus intereses y lesiona sus derechos fundamentales, es necesario resaltar que en contra de dicha sentencia fueron interpuestos los recursos de reposición y en subsidio de apelación que aún no han sido decididos por el juez competente, lo cual demuestra que la sentencia aún no se encuentra ejecutoriada y no es el objetivo de la tutela revocar decisiones judiciales que aún no están en firme. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Sentencia. Recursos. Ejecutoriada.

 Expediente 73001 22 13 000 2016 00352 01 de 2016.

LA TUTELA NO PUEDE SER USADA COMO MECANISMO PARA REVOCAR SENTENCIAS, A MENOS QUE EXISTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Aunque tradicionalmente las acciones de tutela no han sido admitidas en contra de sentencias judiciales, ya que no pueden ser usadas como una “tercera instancia” para revocar decisiones del funcionario competente, solo procede excepcionalmente cuando la sentencia proferida haya desconocido de manera evidente derechos fundamentales del accionante, y es deber de este demostrar ante el juez constitucional a través de los medios probatorios que define la ley tal situación; ya que en caso contrario la tutela no puede ser fallada de manera favorable a las pretensiones del demandante.Confirma. M.P Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Tercera instancia. Tutela. Derechos fundamentales. Medios probatorios.

Expediente 11001 02 03 000 2012 01029 00 de 2016.

CONDICIONES LEGALES PARA QUE EL JUEZ PUEDA ACCEDER A LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR PRESENTADA POR LA PARTE INTERESADA. Es posible solicitar ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el mecanismo conocido como exequátur, la aplicación de una sentencia proferida por un juez o tribunal de otro país siempre que se acredite la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir una reciprocidad diplomática, también debe cumplir con los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, y que se trate de una sentencia debidamente ejecutoriada y que no contraríe las normas internas colombianas. Concede. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. . Temas: Exequátur. Sentencia. Juez. Tribunal.

Expediente 11001 02 04 000 2016 01033 01 de 2016.

LA ACUMULACIÓN DE INDAGACIONES QUE REALICE LA AUTORIDAD PENAL COMPETENTE NO ES UN ASUNTO QUE PUEDA SER DEMANDADO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Frente al recurso de tutela interpuesto por el accionante, la Corte Suprema de Justicia manifiesta que el funcionario demandado cuenta con la facultad legal para hacer una acumulación de indagaciones en contra de los posibles autores del delito investigado, y este es un asunto que carece de transcendencia constitucional toda vez que su fundamento está en tratar de agilizar la administración de justicia y aprovechar los recursos disponibles destinados a la investigación penal, ya que el artículo 50 de la Ley 906 de 2004 en aras de garantizar el principio de unidad procesal, permite que las conductas delictivas conexas se investiguen y juzguen conjuntamente. Confirma. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. . Temas: Conductas delictivas. Conexas. Acumulación. Indagaciones.

Expediente 08001 22 13 000 2016 00259 01 de 2016.

SI EXISTEN DUDAS RAZONABLES RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONSIGNADAS EN EL ESCRITO DE TUTELA, EL JUEZ PUEDE FALLAR DE MANERA DESFAVORABLE A LA MISMA. El reconocimiento de derechos laborales que pretende la parte actora mediante el recurso de tutela, no puede ser decidido de modo favorable ya que respecto de la decisión judicial en la cual afirma el demandante que fue reconocido su derecho a la pensión, el juez de tutela afirmó al haber sido solicitada su aclaración que en ningún momento el sentido de su decisión fue ordenar el pago de las mesadas pensionales, hasta tanto se decidiera el conflicto entre las partes por parte del juez administrativo; lo cual refleja que no hay un hecho debidamente probado que represente una vulneración de derechos fundamentales. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Aclaración. Decisión. Pruebas. Mesadas pensionales.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01892 00 de 2016.

CUANDO DESAPARECEN LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, NO ES PROCEDENTE CONTINUAR CON LA TUTELA. El reclamo pretendido por la parte actora mediante la acción de tutela no puede ser fallado de modo favorable a sus pretensiones, ya que los hechos que ella señala como generadores del desconocimiento de sus garantías constitucionales fueron subsanados, y por lo tanto no hay lugar a pronunciarse por parte del juez sobre hechos ya consumados debido a que el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone, que es necesaria la existencia del hecho que genera la tutela ya que en caso contrario el trabajo del juez resultaría inocuo. Deniega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

Expediente 08001 31 03 013 2011 00213 01 de 2016

ELEMENTOS QUE COMPRUEBAN EL DOMINIO DE LA PERSONA SOBRE EL BIEN. La Sala encontró probada la titularidad de la accionante de su derecho de dominio sobre el bien perseguido, cumpliendo la ocurrencia de los elementos axiológicos que integran el juicio reivindicatorio, es decir, la propiedad, que el actor tenga el derecho de dominio sobre el bien reivindicable; la posesión: que el demandado tenga la calidad jurídica de poseedor; singularidad, que se trate de cosa singular o cuota determinada proindiviso de aquella; e identidad: homogeneidad en el bien objeto de la controversia, de modo que el reivindicado sea el mismo que posee el demandado. Casó. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Posesión. Casación. Dominio.

 

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 63001 11 02 000 2013 00130 01 (9951 21) de 2016.

EL ABOGADO DEBE EXPEDIR LAS CONSTANCIAS O RECIBOS POR CADA PAGO QUE RECIBA DE SU REPRESENTADO. De acuerdo con las quejas presentadas por el poderdante, se encuentra debidamente probado que el profesional del derecho incurrió en falta a la honradez del abogado ya que en los sucesos investigados se encontraron una serie de inconsistencias, las cuales tienen que ver con el hecho de que a pesar de haber asumido el encargo profesional de representar al cliente nunca expidió las constancias o recibos por cada suma de dinero recibida, aunque como profesional del derecho conocía que debía cumplir con tal obligación lo cual permite concluir que realizó la conducta de manera dolosa. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.  Temas: Constancias. Pago. Obligación. Expedir.

Expediente 11001 11 02 000 2013 07246 02 (11577 28) de 2016.

ES DEBER DEL PROFESIONAL DEL DERECHO INFORMAR A SU CLIENTE TODOS LOS DATOS RELACIONADOS CON EL LITIGIO. La Ley 1123 de 2007 establece la obligación del abogado de informar a su cliente todas las gestiones e información relacionada con el encargo que haya asumido, es decir que debe dar a conocer a su representado en el menor tiempo posible cualquier novedad que pueda surgir en el litigio, pero este deber no fue tenido en cuenta por el profesional del derecho sancionado ya que omitió proporcionar al quejoso los avances que se fueron presentando en el proceso para el cual fue contratado, e inclusive interpuso los recursos legales fuera del término y por lo tanto los mismos fueron negados por la autoridad competente, causando un perjuicio injustificado a los intereses de su representado. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.,  Temas: Informar. Cliente. Datos. Litigio.

Expediente 68001 11 02 000 2015 01472 01 (11854 28) de 2016

NO REALIZACIÓN DE JUNTA MÉDICO LABORAL QUE DETERMINE EL GRADO DE DISCAPACIDAD DE UNA PERSONA, VULNERA SUS DERECHOS A LA SALUD, VIDA Y SEGURIDAD SOCIAL. Los reclamos del actor deben ser amparados, en tanto éste presenta una condición especial protegida por la Constitución Política como lo es ser una persona con discapacidad, la cual fue legalmente reconocida por un Juez de la República. De otra parte, resulta oportuno que las entidades accionadas adelanten las gestiones necesarias para destrabar la expedición de un certificado médico laboral del petente de amparo, en atención a lo solicitado por la CASUR a efectos de resolver de forma definitiva la petición de afiliación al sistema de salud y la asignación de una mesada mensual al ser hijo de un exmiembro de la Policía Nacional fallecido. Revoca parcialmente M.P. Julia Emma Garzón de Gómez Temas: Afiliación. Salud. Seguridad social. Exámenes. Junta médico laboral. Discapacidad. Asignación mesada.

Expediente 11001 01 02 000 2015 02132 00 de 2016.

LOS DELITOS QUE NO SE RELACIONEN CON EL SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEBEN SER INVESTIGADOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que para poder operar el denominado “fuero militar”, es decir que los miembros de fuerzas armadas puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar, es necesario que la persona juzgada o investigada pertenezca a la Fuerza Pública, que se encuentre en servicio activo y el delito cometido se relacione con el mismo, siempre que este tenga un vínculo claro con el servicio y no desconozca derechos fundamentales a posibles afectados, ya que en este caso la competencia para juzgar la conducta punible es de la jurisdicción penal ordinaria. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco.  Temas: Conducta punible. Servicio activo. Fuero militar.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00397 00 de 2016.

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA JUZGAR DELITOS QUE NO SON COMETIDOS CON OCASIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS. El reconocimiento por parte de la Constitución y la ley del denominado “fuero” penal, el cual permite que las conductas cometidas por integrantes de la Fuerza Pública sean conocidas por la jurisdicción penal militar, no puede ser aplicado de manera absoluta ya que solo puede juzgar delitos que son realizados con ocasión del servicio activo y se relacionan con el mismo, ya que cuando tales hechos suceden fuera del servicio o exceden las funciones asignadas al integrante de la Fuerza Pública, es necesario que el Estado proteja los derechos de los ciudadanos afectados con tales actuaciones y se asigne la competencia al juez penal. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Competencia. Servicio activo. Delitos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00303 00 (11823 28) de 2016

JURISDICCIÓN ORDINARIA SE ENCARGA DE CONOCER LOS CONFLICTOS SURGIDOS DE UN CONTRATO DE TRABAJO ASÍ SEA CON ENTIDADES PÚBLICAS. Entendiendo que la controversia nace de un contrato de trabajo, con una entidad pública, se entiende que el proceso es de la órbita del Juez Ordinario, pues de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, el legislador estableció para la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades: laboral y de seguridad social le corresponde definir los asuntos referentes a los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, situación normativa que gobierna las relaciones laborales entre los empleadores y sus trabajadores. Dirimió. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Laboral. Competencia.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2014 00343 00 de 2016

INCONGRUENTE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL NO CONVALIDAR UN TÍTULO DE CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES, AL YA OTORGADO. Declarada la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de educación negó la convalidación de título universitario obtenido en el extranjero por el actor, lo anterior teniendo en cuenta que la entidad omitió hacer consideraciones de fondo en torno al título del actor, limitándose a establecer cuestiones de validez que, en casos del mismo tipo de títulos no habían impedido la convalidación, por lo que no era razón suficiente para negarle la petición. Así las cosas, como quiera que los títulos propios conferidos corresponden al mismo programa adelantado por el actor en las mismas instituciones españolas, no hay razón jurídicamente admisible para denegarle la convalidación que solicita, pues al fin y al cabo todos ellos obtención debieron cumplir los mismos requisitos y satisfacer las mismas exigencias académicas. Declaró Nulidad. M.P. María Elizabeth García González.  Temas: Educación. Convalidación de Títulos.

Expediente 19001 23 33 003 2015 00496 01 de 2016

PÉRDIDA DE INVESTIDURA COMO CONCEJAL SE DA SINO EXISTE POSESIÓN EN LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN DEL CONCEJO. Decretada pérdida de la investidura que ostentaba la señora Karol Adriana Guerrero Isaza, como concejal del municipio de Rosas (Cauca), para el período 2012-2015, por no cumplir con lo establecido en el artículo 48 numeral 3 de la Ley 617 de 2000, es decir, por no posesionarse dentro de los 3 días siguientes a la instalación del Concejo; y seguido a esto no se presentó hecho alguno que por fuerza mayor no se pudo cumplir con el acto de posesión; decretando entonces claramente la decisión de no posesionarse por parte de la señora obedeció a su voluntad y no a una causa extraña e irresistible, por tanto no existió fuerza mayor que impidiera su posesión. Confirmó. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.  Temas: Pérdida de Investidura. Concejo.

Expediente 54001 23 33 000 2015 00307 01 de 2016

CONCEJOS MUNICIPALES NO OSTENTAN LA COMPETENCIA PARA FIJAR EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL. Los Concejos Municipales en materia salarial, de conformidad con el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política, sólo están facultados para determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, atribución que no comprende la de crear factores salariales, por cuanto ello es función privativa del Congreso de la República y el Gobierno Nacional.Revoca C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés Temas: Pérdida de investidura. Indebida destinación. Dineros públicos. Competencia. Régimen salarial y prestacional. Servidores públicos. Orden territorial

Expediente 11001 0324 000 2010 00511 00 de 2016

EXPRESIÓN FONÉTICA DE LA MARCA REGISTRADA NO REPRESENTABA RIESGO DE CONFUSIÓN RESPECTO DE LOS PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD KELLOGG. Negadas pretensiones de nulidad incoada contra los actos administrativos que concedieron el registro de la marca QUAKER GRANOLA POPS, al definir que la única similitud entre las marcas previamente registradas y el signo solicitado en registro es la expresión POPS, signo de fantasía, que no tiene la fuerza suficiente para hacer incurrir en confusión al público consumidor, al entender que la expresión anteriormente mencionada no tiene similitud los productos de la contradictora KELLOGG COMPANY, al no tener significado alguno en el castellano la expresión POPS. Así las cosas se concluye que desde el punto de vista fonético no existen similitudes con vocación de hacer incurrir en error al público consumidor. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan diferente. Negó. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Registro de Marcas. Comercio.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00369 00 de 2016

PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. Se podrán adoptar medidas cautelares cuando quiera que se encuentren elementos de juicio suficientes para fundamentar que se transgredieron normas y ello implica una amenaza o afectación de derechos subjetivos o fundamentales, por lo que esperar hasta el fallo supondría asumir el riesgo de configuración de un daño irreversible a los intereses en litigio (periculim in mora); además de lo anterior cobra también especial relevancia el hecho que la reclamación tenga la seriedad pero sobre todo los visos de legitimidad suficientes para respaldar una decisión de cautela anticipada (fumus boni iuiris). Niega. C.P. Guillermo Vargas Ayala. . Temas: Condición de refugiado. Medidas cautelares. Suspensión provisional. Acto administrativo.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 13001 23 33 000 2016 00243 01 de 2016

DERECHO DE PETICIÓN SE GARANTIZA CUANDO LA ADMINISTRACIÓN RESPONDE DE FONDO, DE MANERA CLARA Y PRECISA Y DENTRO DEL PLAZO OTORGADO POR LA LEY.Adicional a ello, la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario. La jurisprudencia constitucional ha indicado que la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva, pues del núcleo esencial del derecho se desprende que sería inoficioso no recibir la resolución del asunto. Confirma. C.P. William Hernández Gómez.Temas: Acción de tutela. Núcleo esencial. Derecho de petición. Respuesta. Notificación.

Expediente 25000 23 37 000 2016 00751 01 de 2016

EN CASO DE QUE EN EL CURSO DE LA ACCIÓN DE TUTELA LA VULNERACIÓN O AMENAZA DEL DERECHO FUNDAMENTAL HAYA DESAPARECIDO, EL AMPARO PIERDE SU RAZÓN DE SER. Ningún sentido tendría impartir una orden desprovista de efectos prácticos. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que el hecho superado se presenta cuando en el trámite de la acción de tutela, la conducta omisiva que se reprocha de la entidad demandada es corregida, de manera que desaparece, en estricto sentido, el motivo que obliga al actor a interponer la acción y, en consecuencia, carecería de objeto el pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, en razón de que la tutela pierde cualquier motivo que la justifique o razón que la sustente.Confirma. C.P. William Hernández Gómez.  Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto. Hecho superado.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00271 00 (0526 2015) de 2016.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. La figura de la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, implementada por la Ley 1437 de 2011, solo puede ser solicitada ante el juez competente cuando la acción a través de la cual deba someterse ante el juez administrativo el acto demandado no haya caducado, que exista una sentencia previa del Consejo de Estado que reconozca una situación o ventaja jurídica a un particular y se asemeje a la situación del solicitante, la petición debe cumplir con la debida motivación y la carga que la ley le imponga y que no exista cosa juzgada por parte de la jurisdicción; en caso de no existir tales condiciones el juez no puede acceder a las pretensiones del demandante. Prescindir. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Unificación de jurisprudencia. Consejo de Estado. Debida motivación.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00328 00 (0660 2015) de 2016

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO DEBE SER PRESENTADA A TRAVÉS DE APODERADO. La Ley 1437 de 2011 estableció por regla general, la obligación de comparecer al proceso por conducto de apoderado, salvo que la ley permita su intervención directa; exigencia que no fue exceptuada para el mecanismo de extensión de jurisprudencia, de tal suerte que si se opta por acudir ante el Consejo de Estado en razón a que la autoridad administrativa negó la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o hubiere guardado silencio, deberá hacerlo por conducto de mandatario judicial. Rechaza C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Extensión de jurisprudencia. Solicitud. Sentencia de unificación. Apoderado judicial.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00735 00 (2394 2015) de 2016

FALTA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 102 DEL CPACA, DEVIENE EN LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.La sentencia respecto de la cual la parte solicitante pretende se le extiendan sus efectos no guarda semejanza fáctica con los supuestos de hecho que sustentan su petición, toda vez que, el presente caso trata de la vinculación contractual de una docente territorial y la invocada como de unificación resolvió un asunto respecto de una contratista que desempeñó labores técnico administrativas de tesorero pagador en el Instituto de Seguro Social. Por otro lado, las demás sentencias respecto de la cuales se plantea la aplicación extensiva de jurisprudencia, no cumplen a cabalidad con la exigencia legal ni reglamentaria establecida para proferir las sentencias de unificación, en tanto no fueron emitidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o por la Sección Segunda integrada por las Subsecciones A y B, por razones de importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Extensión de jurisprudencia. Solicitud. Sentencias de unificación.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00409 00 (0936 2015) de 2016

CONSEJO DE ESTADO REITERA LAS SENTENCIAS QUE SON CONSIDERADAS DE UNIFICACIÓN PARA EFECTOS DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. Son aquellas proferidas por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia, y expedidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público, y las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones de la Corporación o de los Tribunales, según el caso. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Extensión de jurisprudencia. Solicitud. Sentencias de unificación.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 68001233100020010114101 de 2016

LUCRO CESANTE NO PUEDE CONSTRUIRSE SOBRE POSIBILIDADES DE GANANCIAS FICTICIAS. El Consejo de Estado advirtió que en la liquidación de daños materiales el concepto correspondiente al lucro cesante no puede construirse sobre impresiones hipotéticas, pretensiones fantasiosas o especulativas que se funden en posibilidades inciertas de ganancias ficticias.

Expediente 81001 23 31 000 2010 00029 01 (41 725) de 2016

ABSOLUCIÓN DEL PRIVADO DE LA LIBERTAD HACE RESPONSABLE Y OBLIGA AL ESTADO A INDEMNIZAR AL RECLUIDO INJUSTAMENTE EN PRISIÓN. Condenada la Nación-Fiscalía General por los perjuicios ocasionados a los demandantes, por la Privación Injusta de la libertad de su familiar, teniendo en cuenta que el daño se ocasiona en los eventos en que existan las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente”, caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. Confirmó. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.  Temas: Responsabilidad del Estado. Privación Injusta de Libertad. Administración de Justicia.

Expediente 76001 23 31 000 2008 00179 01 (41 631) de 2016.

PARA PODER EXIGIR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ES NECESARIO DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL DAÑO CAUSADO. Los argumentos presentados por la parte demandante para exigir una indemnización del Estado debido a la muerte de su familiar en un accidente de tránsito, presentan serias falencias ya que el Consejo de Estado señaló que no existe ninguna relación entre el accidente y la responsabilidad de la entidad departamental demandada, pues si bien la carretera no cumplía con los requisitos adecuados de una vía departamental el accidente fue provocado por otro ciudadano, de modo que no hay intervención de agentes estatales para poder deducir que se trató de una conducta generada por una entidad pública.Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.  Temas: Accidente. Responsabilidad. Intervención. Agentes estatales.

Expediente 76001 23 31 000 2003 04626 01 (40461) de 2016

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN AL ESTADO, POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Al establecer la Corte que la conducta del sujeto privado de la libertad fue determinante en la investigación que se inició en su contra, y en la consecuente privación de su libertad, es improcedente reparación alguna, dado que la “culpa exclusiva de la víctima”, se activa como causal de exoneración de responsabilidad civil del Estado, aplicable en estos eventos, pese al régimen de responsabilidad objetiva que en estos casos se maneja de este modo, la reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto. Confirmó. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Culpa Exclusiva de la Víctima. Reparación.

 Expediente 17001 23 31 000 2002 01526 01 (37533) de 2016

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: OFICIALES DEL EJÉRCITO CON SU ACTUAR CAUSARON DAÑOS FÍSICOS A UN MENOR DE EDAD. Declarada administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de los daños físicos causados a su hijo menor de edad, dado que la misma se dio durante la prestación de servicios por parte de dos integrantes de la institución los cuales dentro de una persecución dispararon de manera discriminada causando de este modo la pérdida de un miembro.Declaró. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Responsabilidad. Ejército Nacional.

Expediente 25000 23 26 000 2004 01381 01 de 2016

TERMINO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE UN CONTRATO. La competencia temporal de la administración para liquidar los contratos estatales, según los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 con la reforma introducida por la ley 446 de 1998, se tiene que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual. De este modo, se tiene que la administración podría liquidar hasta el 30 de septiembre de 2004, para liquidar el contrato y no hasta el 31 de julio como lo estableció el demandante. Revocó. M.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Contratación. Terminación de Contrato.

Expediente 27001 23 31 000 2006 00260 01 (39664) de 2016

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SE CAPITALIZA SIN IMPORTAR QUE LA PENA QUE SE IMPONGA SEA DOMICILIARIA. La privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio. De este modo, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que, quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. Declaró. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Privación Injusta de la Libertad. Administración de Justicia.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2013 00948 01 (21601) de 2016.

EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO ES NECESARIO REQUERIR PREVIAMENTE AL DEUDOR ANTES DE MODIFICAR LAS DECLARACIONES PRESENTADAS. En el proceso de cobro coactivo adelantado por el Ministerio de Comercio en contra de la sociedad demandante, por concepto del cobro de la contribución parafiscal de promoción al turismo, no se respetaron las disposiciones legales relacionadas con el trámite que se debía adelantar ya que la entidad pública demandada procedió a modificar las declaraciones privadas sin haber expedido un acto previo, a pesar de que era necesario expedir primero un requerimiento al deudor en el cual se dieran a conocer las razones por las cuales iniciaba el proceso de cobro, adicionalmente se hizo la modificación de las declaraciones presentadas sin indicar las razones y los procedimientos que usó la entidad para determinar los ingresos gravados. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Cobro coactivo. Declaraciones. Requerir. Deudor.

Expediente 25000 23 42 000 2016 01015 01 de 2016.

AL EXISTIR OTROS MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS, EL INTERESADO NO PUEDE ACUDIR A LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. Tanto el Decreto 2591 de 1991 como la jurisprudencia de las Cortes colombianas han manifestado la necesidad de que la tutela sea usada siempre que se cumpla el requisito de subsidiariedad, el cual consiste en que solo se puede acudir a este mecanismo constitucional una vez hayan sido empleados previamente todos los recursos que la ley le permite o que se use como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable; dichos requisitos no fueron cumplidos por el demandante ya que si bien pretende reclamar su derecho al trabajo demandando los actos administrativos que considera contrarios a sus intereses, la tutela no es el medio adecuado, ya que cuenta con la nulidad y restablecimiento del derecho e inclusive puede solicitar al juez la aplicación de medidas cautelares con mensaje de urgencia. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.  Temas: Medios de defensa. Herramienta transitoria. Recursos.

Expediente 11001 03 24 000 2012 00252 00 de 2016.

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR NO PUEDEN SER TRATADAS COMO PERSONAS JURÍDICAS EXCLUIDAS DEL PAGO DE IVA. En Colombia es comúnmente aceptado que el impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado (IVA), se trata de un tributo de carácter indirecto y por lo tanto todos son potenciales contribuyentes de este gravamen, atendiendo a esta tesis y las disposiciones del Estatuto Tributario referentes a ese impuesto no es posible decidir que las cajas de compensación puedan ser definidas como sujetos no responsables del pago del tributo, ya que de manera taxativa las normas tributarias definen qué hechos económicos se encuentran gravados y cuáles no lo son, sin importar que predomine el factor material o intelectual en los mismos. Deniega. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  Temas: Cajas de compensación familiar. Sujetos no responsables. Carácter indirecto.

Expediente 54001 23 31 000 2008 00231 02 (21368) de 2016.

AL DEMANDAR ANTE EL JUEZ LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA, ES DEBER DEL DEMANDANTE DEMOSTRAR LA NULIDAD DE LOS MISMOS.El proceso de determinación del impuesto de renta para el año gravable 2005 por parte de la DIAN, no desconoció las normas que regulan esta clase de trámites ya que era procedente iniciar la investigación en contra del demandante con base en el programa “denuncias de terceros”, y no como pretende el demandante que sea a través de programas de computador ya que al no haber sido expedido el reglamento por parte del Gobierno Nacional tampoco es procedente hacerlo en la práctica; debido a que en la demanda solo se hace mención de la inconformidad del contribuyente respecto del proceso de cobro en su contra, no hay pruebas que demuestren totalmente la nulidad de los actos demandados y se debe fallar de modo desfavorable a las pretensiones de la demanda. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Nulidad. Actos demandados. Investigación.

Expediente 11001 03 27 000 2012 00002 00 (19230) de 2016.

LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO AFECTA LA VALIDEZ DEL MISMO. En relación con la discusión surgida entre las partes respecto de la extemporaneidad en la publicación de los actos administrativos de la DIAN, el Consejo de Estado señala que de acuerdo a la sentencia C-957 de 1999 la Corte Constitucional señaló que la publicación del acto administrativo es un presupuesto de eficacia y no de validez, ya que el acto es totalmente válido desde el momento en que se expide y sus efectos, o fuerza vinculante, comienzan desde que se realice la publicación de tal acto y por lo tanto en caso de discutir la nulidad del mismo, es deber del demandante demostrar que se desconocieron normas de categoría superior y que por lo tanto se hace necesario decretar la nulidad de la actuación administrativa. Niega. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Publicación. Extemporánea. Eficacia. Validez.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 66001 23 33 000 2016 00253 01 de 2016.

ES NECESARIO ACREDITAR ANTE EL JUEZ LA AFECTACIÓN DEL DERECHO RECLAMADO MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. Los ciudadanos tienen garantizado mediante la Constitución y la ley el efectivo goce de sus derechos, pero en caso de reclamar mediante la acción de tutela la protección de los mismos, la carga de la prueba corresponde al demandante en el sentido de que debe demostrar ante el juez constitucional que sí existe una vulneración de derechos fundamentales, para que este pueda acceder a las pretensiones de la demanda ya que en caso de faltar las pruebas pertinentes, deberá rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta. Modifica. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.  Temas: Carga de la prueba. Improcedente. Derechos.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00367 01 de 2016

SANCIÓN POR DESACATO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNA SENTENCIA DE TUTELA. La Sala encuentra que la UGPP apenas dio cumplimiento parcial a lo ordenado por el juez de tutela, pues si bien dispuso la indexación de la primera mesada pensional del accionante, en lo relativo a los efectos fiscales del pago, no atendió lo ordenado por el juez contencioso en el fallo único de instancia, en el que se señaló que la reputada indexación tenía efectos fiscales desde el 10 de mayo de 1999. Sanciona por desacato C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Temas: Sanción. Desacato. Cumplimiento parcial. Sentencia. Indexación. Mesada pensional. Efectos fiscales. Pago.

Expediente 25000 23 36 000 2016 00767 01 de 2016.

ES NECESARIO DEMOSTRAR LA CONDICIÓN DE INCAPACIDAD DE LA PERSONA PARA QUE PUEDA INTERPONER LA ACCIÓN DE TUTELA MEDIANTE UN AGENTE OFICIOSO. La Constitución y las leyes reconocen la posibilidad de que una persona acuda mediante representante ante la justicia, para exigir la protección de sus derechos a través de la acción de tutela y se presumen auténticos los poderes existentes, no obstante para el caso estudiado a pesar de que la agente oficiosa señala la condición de debilidad manifiesta de su representado, los resultados médicos aportados como pruebas dieron como resultado un buen estado de salud del accionante y no hay evidencia de que la movilización de un lugar a otro implique riesgo para su vida, razón por la cual no es posible acudir a la acción de tutela por falta de legitimación en la causa. Confirma. C.P. Rocío Araujo Oñate.  Temas: Incapacidad. Persona. Agente oficioso.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz

 

Expediente 11001 60 00 253 2007 82794 00 de 2016

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA SER ACREEDOR DE LOS BENEFICIOS DE JUSTICIA Y PAZ. El artículo 10 de la Ley 975 de 200521, establece como presupuesto indispensable para que un postulado acceda a los beneficios de Justicia y Paz, la verificación de los siguientes requisitos: que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional; que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal; que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; y que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder. Declara M.P. Alexandra Valencia MolinaTemas: Responsabilidad penal. Delitos. Militancia. Conflicto armado interno. Elegibilidad. Beneficios. Justicia y paz.

Expediente 2008 83174 de 2016

ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS COMO INSTITUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL, APLICABLE AL PROCESO TRANSICIONAL. Los artículos 20 de la Ley 975 de 2005 y 25 del Decreto 3011 de 2013, establecen que cuando el postulado haya sido condenado previamente por delitos cometidos con ocasión de su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley, las sentencias podrán acumularse al proceso transicional, siempre y cuando se encuentren ejecutoriadas y se determine que efectivamente son por su pertenencia al grupo delincuencial. Declara M.P. Ricardo Rendón Puerta Temas: Derecho procesal penal. Acumulación. Penas. Postulado. Condena. Delitos. Pertenencia. Grupo armado. Proceso transicional.

 

 

 

Congreso de la República

 

Proyecto de Ley 77 de 2016 Senado

INICIATIVA PRETENDE ESTABLECER MEDIDAS DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA REGLAMENTAR LA VENTA DE MEDICAMENTOS Y EL ADECUADO USO DE ANTIBIÓTICOS. Se busca controlar y regular su venta a través de internet y el uso de los mismos en animales para el consumo humano. El proyecto establece que los medicamentos sometidos a régimen de venta bajo fórmula médica deben ser entregados previa exhibición de la misma y ser comercializados en farmacias y droguerías, debidamente autorizadas, conforme a la reglamentación vigente. Por su parte, los medicamentos que se encuentren en el régimen de venta libre, pueden vendidos, sin el cumplimiento de este requisito, pero los dependientes de las farmacias y droguerías tienen la responsabilidad de informar a los compradores sobre las restricciones de uso que se encuentran contenidas en los empaques y/o envases y sobre los riesgos de la automedicación.  Temas: Seguridad social. Salud. Venta. Medicamentos. Uso. Antibióticos. Fórmula médica.

Proyecto de Ley 79 de 2016 Senado

PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA A SERVIDORES DEL ESTADO QUE OCUPAN CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN PROVISIONALIDAD. Para tal fin, el cargo de carrera administrativa en provisionalidad no puede ser convocado a concurso. La propuesta va dirigida a garantizar la estabilidad en el empleo de los servidores que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, y que se hallan en estado de debilidad manifiesta por la provisión de dichos empleos a través de concursos de méritos, cuando tengan la calidad de prepensionados, esto es, que les falte tres años de edad o de tiempo de servicio para que se les reconozca la pensión de jubilación o de vejez, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y hasta el momento en que efectivamente la entidad de previsión social respectiva les reconozca la prestación y sean incluidos en nómina.  Temas: Protección especial. Estabilidad laboral reforzada. Servidores. Provisionalidad. Cargos. Carrera administrativa. Prepensiondados.

Proyecto de Ley 69 de 2016 Senado

SE RADICA PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA COTIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En caso de tener dos o más contratos se pagará solo por uno sobre el 40% del mayor valor de uno de los contratos para el sistema de salud. En lo concerniente al sistema de salud, la iniciativa propone que si el contrato es de vigencia indeterminada o superior a seis meses, el contratista debe afiliarse o pertenecer al régimen contributivo; en el caso que la vigencia sea inferior a seis meses y el monto mensual del contrato sea menor a cuatro SMLMV, el contratista puede permanecer en el régimen subsidiado y sus aportes se destinarán al Fosyga. En cuanto al sistema pensional, sin excepción alguna debe realizarse la cotización a la entidad a la que el contratista se encuentre afiliado, incluyendo el porcentaje mínimo cuando se trata del desarrollo simultáneo de varios contratos. Finalmente, la seguridad social se debe cancelar por la ejecución de los contratos, es decir, mes vencido, razón por la que no hay justificación para que los empleadores o contratantes le exijan al contratista, antes de realizar y protocolizar un contrato, estar afiliado previamente al sistema. Temas: Cotización. Seguridad social. Contratistas. Prestación de servicios. Salud. Pensión.

Proyecto de Ley 68 de 2016 Senado

INICIATIVA PARA REGLAMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Los servidores públicos podrán participar en la preparación de propuestas de la campaña electoral, o formación de la política estatal, así como en eventos de carácter programático de la misma; asistir a debates, foros de discusión y encuentros en el marco de las campañas electorales, o formación de la política estatal; apoyar una causa política o candidatos a cargos o corporaciones de elección popular con los que se identifiquen; y usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se identifique, siempre y cuando dichas actividades sean llevadas a cabo fuera de las instalaciones de la entidad donde laboren y sin utilizar bienes del Estado o recursos públicos, ni programas oficiales, y realizadas fuera del horario laboral y sin afectar el ejercicio de sus funciones. Temas: Participación. Política. Servidores públicos.

Proyecto de Ley 21 Cámara de 2016.

MEDIANTE UN PROYECTO DE LEY SE BUSCA OTORGAR FACULTADES A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA ESTABLECER LA TASA DE USURA. El Representante a la Cámara David Barguil radicó en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley No. 021 de 2016 el cual pretende otorgar a la Superintendencia Financiera facultades para que pueda establecer la tasa de usura en Colombia, mediante una modificación al artículo 305 del Código Penal que regula el delito de usura; la potestad de la Superintendencia Financiera consistirá en que defina la tasa de usura de acuerdo al comportamiento del mercado y no que se mantenga en la tasa máxima fija de 1.5 veces el interés bancario corriente. Temas: Tasa de usura. Superintendencia Financiera. Facultades.

Proyecto de Ley 23 de 2016 Cámara

MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL ICBF.El objeto de la iniciativa es implementar medidas en materia laboral, de salud, educación, cultura, recreación y deporte, con el fin de ayudar en la consolidación del proyecto de vida de este grupo poblacional. Dentro de ellas se pueden destacar las siguientes: actualización del Plan Obligatorio de Salud, para priorizar y atender sus necesidades particulares, quedando exentos de cualquier cobro de copago o cuota moderadora, en todo tipo de atención en salud que requieran; garantía de cupos educativos en los establecimientos oficiales, en cualquier momento del año escolar adoptando las medidas necesarias para asegurar el acceso, nivelación escolar, acompañamiento psicosocial, calidad, permanencia, y la exención de todo tipo de costos académicos; y acceso a los programas para el fortalecimiento de las habilidades laborales y mejoramiento de su desempeño en los sitios de trabajo, promoviendo la generación de sus ingresos, en concordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016. Temas: Medidas. Mejoramiento. Condiciones de vida. Niños. Niñas. Adolescentes. Medida de protección. ICBF.

Concepto 79 de 2016

TÉRMINO PARA INTERPONER RECURSOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. En cuanto corresponde específicamente a la interposición de recursos contra el fallo que pone fin al proceso, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011. En el proceso ordinario de responsabilidad fiscal debe darse aplicación a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, norma especial para la materia, según el cual, el término de ejecutoria es de cinco días. Ahora bien, en el proceso verbal de responsabilidad fiscal, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 1474 de 20117, en la audiencia de descargos se puede interponer el recurso de reposición, así como cuando se denieguen pruebas, caso en el que se interpondrá, sustentará y resolverá en la misma audiencia. Temas: Proceso. Responsabilidad fiscal. Término. Interposición. Recursos.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

 

Resolución 3595 de 2016

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD BAJO CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC. Se modifica la Resolución 5159 de 2015. La prestación de servicios de salud debe realizarse con un enfoque preventivo. El modelo incluye el mejoramiento en la capacidad resolutiva a nivel intramural, tomando en cuenta variables como: magnitud de la población de internos, la caracterización poblacional (perfil epidemiológico) de la misma, la relación entre oferta y demanda respecto de las condiciones de atención y la capacidad instalada para llevarla a cabo de manera eficiente y con calidad; condiciones de seguridad y los aspectos particulares a considerar en la accesibilidad a la red pública o privada, mejorando el acceso a los servicios de salud, la oportunidad en el diagnóstico, el tratamiento de las patologías más frecuentes y de los eventos de interés en salud pública. Temas: Salud. Modelo de atención. Población privada de la libertad. Prestación de servicios.

 

Departamento Administrativo de la Funcion Publica

 

Concepto 8291 del 2016

RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO BASADA EN HECHOS QUE AFECTEN SU SITUACION LABORAL NO ES ACEPTABLE.

 

Consejo Superior de la Judicatura

 

Circular 14 de 2016.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EMITE CIRCULAR DANDO CUMPLIMIENTO A UN FALLO DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. A través de la Circular PSAC16-14 la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura dispuso notificar a jueces y tribunales contencioso administrativos, Consejos Seccionales de la Judicatura y Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, la divulgación de la sentencia T-291 de 2016 proferida por la Corte Constitucional para que se apliquen en futuros fallos las reglas y sub reglas jurisprudenciales definidas en la decisión antes mencionada. Temas: Corte Constitucional. Fallo. Reglas. Sub reglas. Jurisprudenciales.

Acuerdo 10555 de 2016

AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE JUECES DE LA REPÚBLICA. Se extiende hasta el 31 de octubre de 2016 el término para consolidar la calificación integral de servicios de jueces de la República correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Temas: Término. Consolidación. Calificación integral. Servicio. Jueces.

 

 

Consejo de Justicia -Secretaria Distrital de Gobierno

 

Resolución 150 de 2016.

EN MATERIA ADMINISTRATIVA LOS ACTOS DE TRÁMITE NO PUEDEN SER OBJETO DE APELACIÓN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. La decisión de la autoridad administrativa de dar por terminadas y archivas las diligencias en contra del querellado por haber subsanado la situación que dio origen a la infracción, no puede ser objeto de apelación por parte del Ministerio Público tal como lo señala la Sala de segunda instancia, debido a que las normas en materia contencioso administrativa de manera clara expresan que los actos de trámite no pueden ser objeto de recurso al tratarse de meros actos de cumplimiento o ejecución. Temas: Actos de cumplimiento. Actos de trámite. Recursos.

Resolución 148 de 2016.

SE PUEDEN CORREGIR ACTOS ADMINISTRATIVOS SIEMPRE QUE LOS ERRORES A SUBSANAR NO CAMBIEN EL SENTIDO DE LA DECISIÓN. De acuerdo con las disposiciones del anterior Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, las autoridades administrativas pueden corregir los actos proferidos mediante la revocación parcial de los mismos, siempre que sea necesario corregir simples errores aritméticos o de hecho que no cambien el sentido de la decisión; este tipo de correcciones pueden ser adelantados de oficio o a petición de parte a través de la solicitud de aclaración ante la misma entidad que profirió el acto. Temas: Acto. Corrección. Revocación parcial.

 

Instituto Bienestar Familiar

Concepto 88 de 2016

Abuelos del menor pueden presentar solicitud de adopción ante la autoridad competente.

 

Ministerio de Transporte

 

Concepto 317011 de 2016.

EL COMPARENDO NO PUEDE SER TENIDO COMO MEDIO DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS.

 

Presidencia de la República

 

Ley 1809 del 2016

AMPLIAN POSIBILIDADES DE RETIRO DE CESANTIAS PARA EDUCACIÓN. POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY 50 DE 1990 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.