Septiembre 28 del 2016

Corte Constitucional

 

Sentencia T 387 de 2016

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ADOPTAN MEDIDAS PARA RESTABLECER DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. Como regla general, el medio jurisdiccional de homologación es el mecanismo idóneo para controvertir las medidas definitivas tomadas en este tipo de procesos. No obstante, cuando a pesar de que existe este mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, se está ante la inminencia de que ocurra un perjuicio irremediable, la tutela será procedente para obtener el amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Confirma M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 2016 Temas: Acción de tutela. Actos administrativos. Restablecimiento de derechos. Menores de edad. Homologación.

 Sentencia T 341 de 2016

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS. La protección de un derecho fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo, solo es posible cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho subjetivo. Revoca. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Acción de tutela. Derechos colectivos. Derecho a la vivienda digna. Afectación individual.

Sentencia C 379 del 2016

CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE PROYECTO DE LEY CON EL QUE SE BUSCA LA DIVULGACIÓN DEL PLEBISCITO POR LA PAZ. Declarada la exequibilidad del Proyecto de ley estatutaria “por el cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, al determinar que los instrumentos previstos en el artículo 5 tienen por objeto única y exclusivamente la labor de divulgación y de ningún modo podrán utilizarse para la promoción, pues ella deberá ser realizada a través de las campañas del plebiscito, reguladas en el artículo 2 del PLE y en las demás normas estatutarias que le sean aplicables. De esta manera, el espacio de divulgación, en todo caso circunscrito en el tiempo, no entra en desmedro de las libertades de expresión e información. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. .Temas: Plebiscito. Exequibilidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 82152016 (44599) de 2016

RETORNO AL REGMIEN DE PRIMA MEDIA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GRACIA NO RESTABLECE BENEFICIOS TRANSICIONALES. Así se retorne del régimen de ahorro individual (RAIS) al régimen de prima media antes del vencimiento del plazo de gracia de un año previsto en el literal e) del artículo 2 de la Ley 797 del 2003 y en el artículo 1 del Decreto 3800 del 2003, los beneficios transicionales en disputa no se restablecen, afirmó la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Expediente 66985 de 2016

DETERMINACIONES ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO DEBEN SER CONTROVERTIDAS ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Ello de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues como se ha reiterado en incontables ocasiones, el carácter preferente, residual y sumario de la acción de tutela, impide tenerla como un instrumento supletorio de los dispuestos en las instancias correspondientes o como un medio para corregir los yerros u omisiones allí cometidas. Confirma M.P. Fernando Castillo : Acción de tutela. Determinaciones. Ministerio de trabajo. Jurisdicción contenciosa.

Expediente 67333 de 2016

INMEDIATEZ ES UNA CONDICIÓN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Si bien es cierto que la interposición de la acción de amparo no se encuentra sometida a un plazo legal, por vía jurisprudencial se ha definido que la inmediatez es un principio que debe regir su ejercicio y que en tal orden, la petición de protección constitucional debe presentarse dentro de un término prudente y razonable que resulte acorde con la salvaguarda perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuya protección se requiere. Por ello, se encuentra sometida a un plazo sensato, de manera que no es posible acudir a ella en cualquier momento. Confirma. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Inmediatez. Término prudente y razonable.

Expediente 43938 de 2016

CARÁCTER EXCEPCIONAL Y RESTRICTIVO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Tal como lo ha sostenido esta Sala, es menester que el juez constitucional conozca las providencias que se censuran, pues no puede atenerse a simples afirmaciones de las partes. En ese sentido el defecto alegado debe ser verificable, ostensible y corresponde al actor una carga especial para demostrar los hechos en los que se funda para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales y a su vez al juez constitucional le concierne estudiarlos.Niega M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Defecto. Carga. Quebrantamiento. Derechos constitucionales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 46756 del 2016

PENA ACCESORIA IMPUESTA ERA INCONGRUENTE CON EL MONTO DE LA PRINCIPAL. Teniendo en cuenta que el término de la aludida prohibición va de doce (12) meses a ciento ochenta (180) meses, los cuartos de movilidad quedan así: el mínimo, de 12 a 54 meses; el primer cuarto medio, de 54 a 96 meses; el segundo cuarto medio, de 96 a 138 meses y el máximo de 138 a 180 meses. De este modo, en seguimiento de los parámetros establecidos por el fallador de primera instancia, para determinar la comentada pena accesoria, se debe partir de un monto básico de cincuenta y cuatro (54) meses y a esa cantidad incrementar 2.88 que corresponde al porcentaje de aumento efectuado por el fallador (54 x 24/450=2.88), el cual equivale a 2 meses y 26 días. Por consiguiente, la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma que se debe aplicar es la de 56 meses y 26 días. Casó parcialmente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Penal. Pena Sustitutiva.

Expediente 87015 del 2016

TRIBUNAL JUZGADOR COMETIÓ UN ERROR AL MOMENTO DE APLICAR LA NORMATIVIDAD DENTRO DEL PROCESO. Comprobado el error sustancial en la sentencia es procedente proteger el debido proceso del actor, dado que, la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; seguido a esto, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance. De este modo, fue obvio el error cometido por el ente juzgador y vulneración de los derechos del actor. Confirmó. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Debido Proceso. Administración de Justicia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 76001 22 03 000 2016 00315 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER EMPLEADA EN CONTRA DE RECURSOS QUE AÚN NO HAN SIDO DECIDIDOS POR EL JUEZ. Los reclamos presentados por el accionante en su recurso de tutela no tienen fundamento para ser fallados favorablemente, ya que a pesar de haber demandado una sentencia judicial que considera ajena a sus intereses y lesiona sus derechos fundamentales, es necesario resaltar que en contra de dicha sentencia fueron interpuestos los recursos de reposición y en subsidio de apelación que aún no han sido decididos por el juez competente, lo cual demuestra que la sentencia aún no se encuentra ejecutoriada y no es el objetivo de la tutela revocar decisiones judiciales que aún no están en firme. Confirma. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Sentencia. Recursos. Ejecutoriada.

 Expediente 73001 22 13 000 2016 00352 01 de 2016.

LA TUTELA NO PUEDE SER USADA COMO MECANISMO PARA REVOCAR SENTENCIAS, A MENOS QUE EXISTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Aunque tradicionalmente las acciones de tutela no han sido admitidas en contra de sentencias judiciales, ya que no pueden ser usadas como una “tercera instancia” para revocar decisiones del funcionario competente, solo procede excepcionalmente cuando la sentencia proferida haya desconocido de manera evidente derechos fundamentales del accionante, y es deber de este demostrar ante el juez constitucional a través de los medios probatorios que define la ley tal situación; ya que en caso contrario la tutela no puede ser fallada de manera favorable a las pretensiones del demandante.Confirma. M.P Luis Alonso Rico Puerta. Temas: Tercera instancia. Tutela. Derechos fundamentales. Medios probatorios.

Expediente 11001 02 03 000 2012 01029 00 de 2016.

CONDICIONES LEGALES PARA QUE EL JUEZ PUEDA ACCEDER A LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR PRESENTADA POR LA PARTE INTERESADA. Es posible solicitar ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el mecanismo conocido como exequátur, la aplicación de una sentencia proferida por un juez o tribunal de otro país siempre que se acredite la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir una reciprocidad diplomática, también debe cumplir con los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, y que se trate de una sentencia debidamente ejecutoriada y que no contraríe las normas internas colombianas. Concede. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. . Temas: Exequátur. Sentencia. Juez. Tribunal.

Expediente 11001 02 04 000 2016 01033 01 de 2016.

LA ACUMULACIÓN DE INDAGACIONES QUE REALICE LA AUTORIDAD PENAL COMPETENTE NO ES UN ASUNTO QUE PUEDA SER DEMANDADO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Frente al recurso de tutela interpuesto por el accionante, la Corte Suprema de Justicia manifiesta que el funcionario demandado cuenta con la facultad legal para hacer una acumulación de indagaciones en contra de los posibles autores del delito investigado, y este es un asunto que carece de transcendencia constitucional toda vez que su fundamento está en tratar de agilizar la administración de justicia y aprovechar los recursos disponibles destinados a la investigación penal, ya que el artículo 50 de la Ley 906 de 2004 en aras de garantizar el principio de unidad procesal, permite que las conductas delictivas conexas se investiguen y juzguen conjuntamente. Confirma. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. . Temas: Conductas delictivas. Conexas. Acumulación. Indagaciones.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 68001 11 02 000 2015 01472 01 (11854 28) de 2016

NO REALIZACIÓN DE JUNTA MÉDICO LABORAL QUE DETERMINE EL GRADO DE DISCAPACIDAD DE UNA PERSONA, VULNERA SUS DERECHOS A LA SALUD, VIDA Y SEGURIDAD SOCIAL. Los reclamos del actor deben ser amparados, en tanto éste presenta una condición especial protegida por la Constitución Política como lo es ser una persona con discapacidad, la cual fue legalmente reconocida por un Juez de la República. De otra parte, resulta oportuno que las entidades accionadas adelanten las gestiones necesarias para destrabar la expedición de un certificado médico laboral del petente de amparo, en atención a lo solicitado por la CASUR a efectos de resolver de forma definitiva la petición de afiliación al sistema de salud y la asignación de una mesada mensual al ser hijo de un exmiembro de la Policía Nacional fallecido. Revoca parcialmente M.P. Julia Emma Garzón de Gómez Temas: Afiliación. Salud. Seguridad social. Exámenes. Junta médico laboral. Discapacidad. Asignación mesada.

Expediente 11001 01 02 000 2015 02132 00 de 2016.

LOS DELITOS QUE NO SE RELACIONEN CON EL SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEBEN SER INVESTIGADOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que para poder operar el denominado “fuero militar”, es decir que los miembros de fuerzas armadas puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar, es necesario que la persona juzgada o investigada pertenezca a la Fuerza Pública, que se encuentre en servicio activo y el delito cometido se relacione con el mismo, siempre que este tenga un vínculo claro con el servicio y no desconozca derechos fundamentales a posibles afectados, ya que en este caso la competencia para juzgar la conducta punible es de la jurisdicción penal ordinaria. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco.  Temas: Conducta punible. Servicio activo. Fuero militar.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 54001 23 33 000 2015 00307 01 de 2016

CONCEJOS MUNICIPALES NO OSTENTAN LA COMPETENCIA PARA FIJAR EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL. Los Concejos Municipales en materia salarial, de conformidad con el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política, sólo están facultados para determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, atribución que no comprende la de crear factores salariales, por cuanto ello es función privativa del Congreso de la República y el Gobierno Nacional.Revoca C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés Temas: Pérdida de investidura. Indebida destinación. Dineros públicos. Competencia. Régimen salarial y prestacional. Servidores públicos. Orden territorial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00271 00 (0526 2015) de 2016.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. La figura de la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, implementada por la Ley 1437 de 2011, solo puede ser solicitada ante el juez competente cuando la acción a través de la cual deba someterse ante el juez administrativo el acto demandado no haya caducado, que exista una sentencia previa del Consejo de Estado que reconozca una situación o ventaja jurídica a un particular y se asemeje a la situación del solicitante, la petición debe cumplir con la debida motivación y la carga que la ley le imponga y que no exista cosa juzgada por parte de la jurisdicción; en caso de no existir tales condiciones el juez no puede acceder a las pretensiones del demandante. Prescindir. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Unificación de jurisprudencia. Consejo de Estado. Debida motivación.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00328 00 (0660 2015) de 2016

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO DEBE SER PRESENTADA A TRAVÉS DE APODERADO. La Ley 1437 de 2011 estableció por regla general, la obligación de comparecer al proceso por conducto de apoderado, salvo que la ley permita su intervención directa; exigencia que no fue exceptuada para el mecanismo de extensión de jurisprudencia, de tal suerte que si se opta por acudir ante el Consejo de Estado en razón a que la autoridad administrativa negó la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o hubiere guardado silencio, deberá hacerlo por conducto de mandatario judicial. Rechaza C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Extensión de jurisprudencia. Solicitud. Sentencia de unificación. Apoderado judicial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 76001 23 31 000 2003 04626 01 (40461) de 2016

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN AL ESTADO, POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Al establecer la Corte que la conducta del sujeto privado de la libertad fue determinante en la investigación que se inició en su contra, y en la consecuente privación de su libertad, es improcedente reparación alguna, dado que la “culpa exclusiva de la víctima”, se activa como causal de exoneración de responsabilidad civil del Estado, aplicable en estos eventos, pese al régimen de responsabilidad objetiva que en estos casos se maneja de este modo, la reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto. Confirmó. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Culpa Exclusiva de la Víctima. Reparación.

 Expediente 17001 23 31 000 2002 01526 01 (37533) de 2016

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: OFICIALES DEL EJÉRCITO CON SU ACTUAR CAUSARON DAÑOS FÍSICOS A UN MENOR DE EDAD. Declarada administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de los daños físicos causados a su hijo menor de edad, dado que la misma se dio durante la prestación de servicios por parte de dos integrantes de la institución los cuales dentro de una persecución dispararon de manera discriminada causando de este modo la pérdida de un miembro.Declaró. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Responsabilidad. Ejército Nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 24 000 2012 00252 00 de 2016.

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR NO PUEDEN SER TRATADAS COMO PERSONAS JURÍDICAS EXCLUIDAS DEL PAGO DE IVA. En Colombia es comúnmente aceptado que el impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado (IVA), se trata de un tributo de carácter indirecto y por lo tanto todos son potenciales contribuyentes de este gravamen, atendiendo a esta tesis y las disposiciones del Estatuto Tributario referentes a ese impuesto no es posible decidir que las cajas de compensación puedan ser definidas como sujetos no responsables del pago del tributo, ya que de manera taxativa las normas tributarias definen qué hechos económicos se encuentran gravados y cuáles no lo son, sin importar que predomine el factor material o intelectual en los mismos. Deniega. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  Temas: Cajas de compensación familiar. Sujetos no responsables. Carácter indirecto.

Expediente 54001 23 31 000 2008 00231 02 (21368) de 2016.

AL DEMANDAR ANTE EL JUEZ LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA, ES DEBER DEL DEMANDANTE DEMOSTRAR LA NULIDAD DE LOS MISMOS.El proceso de determinación del impuesto de renta para el año gravable 2005 por parte de la DIAN, no desconoció las normas que regulan esta clase de trámites ya que era procedente iniciar la investigación en contra del demandante con base en el programa “denuncias de terceros”, y no como pretende el demandante que sea a través de programas de computador ya que al no haber sido expedido el reglamento por parte del Gobierno Nacional tampoco es procedente hacerlo en la práctica; debido a que en la demanda solo se hace mención de la inconformidad del contribuyente respecto del proceso de cobro en su contra, no hay pruebas que demuestren totalmente la nulidad de los actos demandados y se debe fallar de modo desfavorable a las pretensiones de la demanda. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Nulidad. Actos demandados. Investigación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 00367 01 de 2016

SANCIÓN POR DESACATO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNA SENTENCIA DE TUTELA. La Sala encuentra que la UGPP apenas dio cumplimiento parcial a lo ordenado por el juez de tutela, pues si bien dispuso la indexación de la primera mesada pensional del accionante, en lo relativo a los efectos fiscales del pago, no atendió lo ordenado por el juez contencioso en el fallo único de instancia, en el que se señaló que la reputada indexación tenía efectos fiscales desde el 10 de mayo de 1999. Sanciona por desacato C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Temas: Sanción. Desacato. Cumplimiento parcial. Sentencia. Indexación. Mesada pensional. Efectos fiscales. Pago.

 

Congreso de la República

Proyecto de Ley 69 de 2016 Senado

SE RADICA PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA COTIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En caso de tener dos o más contratos se pagará solo por uno sobre el 40% del mayor valor de uno de los contratos para el sistema de salud. En lo concerniente al sistema de salud, la iniciativa propone que si el contrato es de vigencia indeterminada o superior a seis meses, el contratista debe afiliarse o pertenecer al régimen contributivo; en el caso que la vigencia sea inferior a seis meses y el monto mensual del contrato sea menor a cuatro SMLMV, el contratista puede permanecer en el régimen subsidiado y sus aportes se destinarán al Fosyga. En cuanto al sistema pensional, sin excepción alguna debe realizarse la cotización a la entidad a la que el contratista se encuentre afiliado, incluyendo el porcentaje mínimo cuando se trata del desarrollo simultáneo de varios contratos. Finalmente, la seguridad social se debe cancelar por la ejecución de los contratos, es decir, mes vencido, razón por la que no hay justificación para que los empleadores o contratantes le exijan al contratista, antes de realizar y protocolizar un contrato, estar afiliado previamente al sistema. Temas: Cotización. Seguridad social. Contratistas. Prestación de servicios. Salud. Pensión.

Proyecto de Ley 68 de 2016 Senado

INICIATIVA PARA REGLAMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Los servidores públicos podrán participar en la preparación de propuestas de la campaña electoral, o formación de la política estatal, así como en eventos de carácter programático de la misma; asistir a debates, foros de discusión y encuentros en el marco de las campañas electorales, o formación de la política estatal; apoyar una causa política o candidatos a cargos o corporaciones de elección popular con los que se identifiquen; y usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se identifique, siempre y cuando dichas actividades sean llevadas a cabo fuera de las instalaciones de la entidad donde laboren y sin utilizar bienes del Estado o recursos públicos, ni programas oficiales, y realizadas fuera del horario laboral y sin afectar el ejercicio de sus funciones. Temas: Participación. Política. Servidores públicos.

 

Consejo Superior de la Judicatura

 

Circular 14 de 2016.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EMITE CIRCULAR DANDO CUMPLIMIENTO A UN FALLO DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. A través de la Circular PSAC16-14 la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura dispuso notificar a jueces y tribunales contencioso administrativos, Consejos Seccionales de la Judicatura y Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, la divulgación de la sentencia T-291 de 2016 proferida por la Corte Constitucional para que se apliquen en futuros fallos las reglas y sub reglas jurisprudenciales definidas en la decisión antes mencionada. Temas: Corte Constitucional. Fallo. Reglas. Sub reglas. Jurisprudenciales.

Acuerdo 10555 de 2016

AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE JUECES DE LA REPÚBLICA. Se extiende hasta el 31 de octubre de 2016 el término para consolidar la calificación integral de servicios de jueces de la República correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Temas: Término. Consolidación. Calificación integral. Servicio. Jueces.