Septiembre 5 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2014 02208 00 (9844-20) de 2016.

CUANDO SE DEMUESTRE LA INEXISTENCIA DEL HECHO DISCIPLINABLE, ES NECESARIO DECRETAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO A FAVOR DEL INVESTIGADO. La Sala Disciplinaria de segunda instancia señala que la actuación de la disciplinada se ajustó a derecho, es decir que no hay mérito para adelantar algún procedimiento sancionatorio en su contra, ya que la decisión que cuestionó el quejoso y en la cual participó la magistrada investigada no fue producto de interpretaciones arbitrarias o caprichosas, ya que tal como se puede observar en la providencia existe una adecuada motivación para proferirla, la descripción de la normativa aplicable y la valoración que se le dieron a las pruebas aportadas en el proceso de restitución de tierras, lo cual evidencia que sí cumple con los requisitos exigidos por las normas respecto a las actuaciones de los jueces. Dispone. M.P: Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Hecho disciplinable. Inexistencia. Proceso. Terminación.

Expediente 11001 01 02 000 2012 02541 00 de 2016.

LOS MAGISTRADOS NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR CONDUCTAS REALIZADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. Es necesario decretar la terminación de la investigación disciplinaria en contra de los magistrados, ya que tal como lo resalta la Sala de segunda instancia la medida cautelar de embargo de dineros en contra del Departamento de Bolívar, entidad que se encontraba en el régimen de la Ley 550 de 1999 y no podía ser embargada, fue decretada por el juez de primera instancia y no por el Tribunal, ya que este último decidió revocar parcialmente la medida y ordenó el desembargo de los dineros de la entidad pública demandada, lo cual demuestra que no hay mérito para continuar con el procedimiento al no existir hecho sancionable. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Conductas. Magistrados. Jueces. Primera instancia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 66001 22 13 000 2016 00604 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE MORA JUDICIAL SOLO PROCEDE CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA DEMUESTRE UNA ACTITUD NEGLIGENTE EN SUS ACTUACIONES.Los argumentos expresados en la acción de tutela al señalar la injustificada demora de la entidad judicial para resolver la acción popular presentada, no cuentan con el respaldo suficiente para que el juez constitucional falle de manera favorable al demandante, ya que tal como lo han expresado en reiteradas ocasiones las decisiones de la Corte Constitucional, la mora judicial solo es demandable mediante la acción de tutela cuando exista un comportamiento desidioso, apático o negligente por parte de la entidad accionada, y no cuando tal mora se encuentre debidamente justificada en situaciones como la cantidad de trabajo existente o la vacancia judicial. Confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Mora judicial. Autoridad demandad. Actitud negligente.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01932 00 de 2016.

PARA ACUDIR AL AMPARO DE LOS DERECHOS MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA, ES NECESARIO QUE ESTA SEA PRESENTADA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE ANTE EL JUEZ COMPETENTE. La Corte Constitucional ha manifestado que la tutela debe ser interpuesta en el menor tiempo posible una vez que han sucedido los hechos que desconocen garantías fundamentales, tal situación es conocida como el requisito de inmediatez y su incumplimiento genera el rechazo del recurso por parte del juez, de ahí que sea necesario no aceptar el recurso presentado por el demandante ya señala la ocurrencia de los hechos en el año 2013 y la tutela la presentó en el año 2016, sin que exista una justificación para tal manera de proceder y que evidencia la tardanza en la formulación del reclamo. Deniega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Requisito de inmediatez. Rechazo. Recurso. Juez.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 67089 de 2016

PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE SENTENCIAS. Tiene lugar cuando se ha omitido la resolución de uno de los extremos de la litis, a fin de integrarla con los tópicos que por mandato de la ley han de ser resueltos en ella, dentro del término de ejecutoria, bien de oficio o a petición de parte, según lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión que autoriza el artículo 23 del Estatuto Procesal Penal. Confirma M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Adición. Sentencia. Término de ejecutoria. Oficio. Petición de parte.

Expediente 67169 de 2016

ES IMPERIOSO OBSERVAR LA METODOLOGÍA DISEÑADA PARA CUBRIR LAS VACANTES EN ESTRICTO ORDEN DE MÉRITO Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.Considera esta Sala que el fallo del Tribunal debe revocarse, para en su lugar, denegar la acción de tutela formulada, al advertirse que la actuación desarrollada por la autoridad accionada no puede ser calificada como negligente ni arbitraria, a lo que se suma que una orden como la proferida por el juez constitucional de primer grado, no sólo desconoce la competencia legal de la autoridad administrativa, sino también, los derechos de las personas que anteceden a la accionante en la lista de elegibles, que legítimamente aspiran a ser nombradas de acuerdo con el principio del mérito. Revoca M.P. Rigoberto Echeverri Bueno Temas: Procedimiento. Provisión. Vacantes. Mérito. Lista de elegibles.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 86618 del 2016

LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 13 DE LA CARTA POLÍTICA SÓLO PUEDE PREDICARSE CUANDO HAY IDENTIDAD ENTRE LOS SUPUESTOS DEL HECHO FRENTE A LOS CUALES SE REALIZA LA COMPARACIÓN, SITUACIÓN QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE PRESENTÓ. No advirtió la Sala que como consecuencia de solo haber disfrutado 7 días de licencia remunerada por luto, el estado de salud de la demandante se haya visto afectado, es más, ni siquiera se acreditó que padezca algún tipo de enfermedad o patología que requiera de atención médica urgente. Tampoco se observa la vulneración del derecho de petición, pues como incluso lo reconoce la accionante, la demandada dio respuesta a su petición de licencia pretendida, es más, ante la insatisfacción de ésta es que acudió a la queja constitucional. Confirma. M.P. Eugenio Fernández Carlier. . Temas: Atención. Licencia. Igualdad.

Expediente 86606 del 2016

IMPROCEDENTE ATACAR SENTENCIAS DICTADAS CORRECTAMENTE. Improcedente la acción de tutela a definir que el actor pretende censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes al interior de un trámite de tutela, atribuyéndoles la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, hecho que al no ser demostrado, implica entonces impartir confirmación del fallo objeto de impugnación, y como consecuencia de ello, dejar incólume el proveído de segundo nivel. Resta precisar que el accionante, no logra disimular su intención consistente en que en sede del mecanismo de amparo se avoque nuevamente el estudio del expediente constitucional para desechar el análisis efectuado por las autoridades judiciales accionadas en la oportunidad debida. Confirmó. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Tutela. Debido Proceso.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 138 de 2016

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia que ésta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto atiende a la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia, la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas. Revoca M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Educación superior. Protección. Calidad de vida. Desarrollo.

Sentencia T 196 de 2016

NO ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO EXCLUIR DE LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO QUE CONFORMAN UNA FAMILIA. La Corte ha ampliado no solo el margen de protección de la comunidad gay, sino que ha reconocido que existe un derecho fundamental de los menores de edad a tener una familia y que, al ser las parejas homosexuales una forma, no puede ser un criterio de rechazo la orientación sexual de los solicitantes de adopción. De esta manera, ha concluido que es contrario a derechos fundamentales que en el registro civil de nacimiento no se incluyan los nombres y apellidos completos de las madres o padres así se trate de personas del mismo sexo, por lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil debe solucionar los problemas administrativos y garantizar el derecho a la personalidad jurídica de los menores de edad hijos de padres o madres del mismo sexo. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Temas: Proceso de adopción. Parejas del mismo sexo. Familia. Menores. Personalidad jurídica. Registro civil.

Sentencia T 032 de 2016

REGLAS QUE LIMITAN LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN INJUSTA DE UN SERVIDOR NORMBRADO EN PROVISIONALIDAD. La Corte Constitucional en sentencia SU-556 de 2014 determinó las siguientes órdenes que deben adoptarse en los asuntos de retiro sin motivación de las personas vinculadas bajo la modalidad de provisionalidad en un cargo de carrera: el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis meses ni pueda exceder de veinticuatro meses de salario. Revoca M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. . Temas: Reglas. Indemnización. Desvinculación injusta. Servidor. Provisionalidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 11001 03 15 000 2016 00216 01 de 2016

LA DESATENCIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, PREVISTO COMO REQUISITO GENERAL DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, LE IMPIDE CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO. Como en las sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado se precisa que, por regla general, cuando el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se evidencie al momento de proferir el fallo, lo indicado es declarar la improcedencia de la acción. Confirma. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.  Temas: Requisitos. Providencias. Análisis

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00293 00 (05942015) de 2016

FINALIDAD DE LA PETICIÓN DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ANTE LA AUTORIDAD PÚBLICA. El fundamento teleológico del mecanismo de extensión de jurisprudencia previsto en la Ley 1437 de 2011, es la solución de controversias en sede administrativa, que a su vez evita acudir al órgano judicial para resolver la litis y conlleva a la materialización del principio de legalidad y el derecho de igualdad, de tal suerte que el administrado puede solicitar a la autoridad legalmente competente la extensión de los efectos de una sentencia de unificación en la que se haya reconocido un derecho, siempre que acredite identidad fáctica y jurídica frente al demandante en la providencia invocada. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.  Temas: Extensión de jurisprudencia. Efectos. Sentencia de unificación. Finalidad.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00317 00 (0646 2015) de 2016

CONSEJO DE ESTADO REITERA LAS SENTENCIAS QUE SON CONSIDERADAS DE UNIFICACIÓN PARA EFECTOS DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. Tal como lo ha señalado la Sección Segunda de esta Corporación, son sentencias de unificación para efectos de la extensión de la jurisprudencia las que profiera o haya proferido la Sala Plena del Consejo de Estado o alguna de sus Secciones por importancia jurídica, trascendencia económica o social, por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, las que resuelven recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión de las acciones populares y de grupo, en las que se haya reconocido un derecho. Rechaza C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Extensión de jurisprudencia. Sentencia de unificación. Importancia jurídica. Trascendencia económica.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 08001 23 31 000 2004 02761 01 (38166) de 2016

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE HACE PROCEDENTE HACER MÁS GRAVOSA LA SITUACIÓN DEL APELANTE ÚNICO. El acto administrativo por medio del cual se reconoció la obligación a cargo de la entidad demandada relacionada con el pago de las cesantías no fue expedido dentro de oportunidad legal, sino casi tres años después de la fecha en la cual debía proferirse, razón por la cual el periodo a reconocer por indemnización moratoria es mucho mayor que el reconocido por el a quo, sin embargo, como quiera que no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único, esta Corporación mantendrá el periodo de tiempo reconocido en primera instancia. Modifica. M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. . Temas: Procedencia. Apelación. Circunstancias.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2012 00551 01 (21868) de 2016.

LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPONEN SANCIONES DEBEN EXPONER E INDIVIDUALIZAR LAS RAZONES DE LA DECISIÓN. Aunque la sanción por extemporaneidad impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a la entidad demandante sí cumple con los requisitos legales establecidos, es necesario resaltar que las sanciones por “errores de verificación” e “inconsistencia en la información remitida” de las cuales fue objeto el contribuyente, carecen del sustento normativo exigido por cuanto la entidad pública solo se limitó a mencionar la imposición de dicha sanción, sin especificar o individualizar los documentos sancionables, lo cual demuestra que la información contenida en el acto administrativo demandado no era suficiente para garantizar el derecho a la defensa de la empresa requerida. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Sanciones. Individualizar. Derecho a la defensa.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 28 000 2014 00099 00 de 2016

REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA SER CANDIDATO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. Como bien lo dispone el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, quien aspire a ser candidato de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y estar avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Inaplica C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio 2016 Temas: Nulidad electoral. Pertenencia. Candidato. Comunidad afrodescendiente. Aval.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01128 01 de 2016

FALTAS DISCIPLINARIAS EN CONTRA DEL ACTOR FUERON ELIMINADAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA: IMPROCEDENTE TUTELA. Improcedente la acción de tutela al establecerse que dentro del proceso de reparación se cumplió con la orden de eliminar las anotaciones referentes a las sanciones que en esa oportunidad procesal se declaraban nulas, entonces es claro, que los defectos alegados por el tutelante no se configuran, en razón a que el juez del proceso ordinario, a partir del material probatorio determinó que la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del 12 de noviembre de 2009 se cumplió cabalmente por la Procuraduría General de la Nación, a partir de aquélla decisión, se eliminaron las sanciones impuestas. Negó. M.P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez. Temas: Tutela. Disciplinario.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 22 04 000 2016 00120 00 de 2016

LAS AUTORIDADES NO PUEDEN NEGARSE A LA RECEPCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN. Resulta indiscutible que cuando una entidad se abstiene de recibir un derecho de petición argumentando no ser el competente para dar respuesta a la solicitud, desconoce abiertamente tal prerrogativa en cabeza del ciudadano, como quiera que el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1437/11, con claridad dispone “Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas”. Ampara. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Autoridades. Recepción. Desconocimiento.

Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución 3125 de 2016

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BENEFICIO CONVENCIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LOS HIJOS DE LOS PENSIONADOS.Con la presente resolución se pretende establecer los requisitos y condiciones que deberán acreditarse para el reconocimiento y pago del beneficio convencional de Educación Especial, a favor de los hijos de los pensionados de la liquidada Puertos de Colombia y de los beneficiarios ordenados a través de fallos judiciales. Temas: Requisitos. Educación. Pensionados.

 

Ministerio de Trabajo

Concepto 9102 de 2016

MANEJO DE LAS PRÓRROGAS EN LOS CONTRATOS A TÉRMINO FIJO. El artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo señala expresamente la forma en que deben efectuarse las prórrogas, estableciendo límites cuando se trata de contratos a término fijo menor de un año, las que pueden darse hasta por tres veces, al término del cual, si se prorroga, la misma debe hacerse por espacio de un año. Temas: Contrato a término fijo. Prórrogas. Límites.

 

 Consejo Superior de la Judicatura

 

Acuerdo 10558 de 2016

CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL EN LA RAMA JUDICIAL. Se deroga el Acuerdo 9820 de 2013. La Rama Judicial tendrá comités de Convivencia Laboral de la siguiente manera: uno por cada Corporación Nacional, uno para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, uno por cada Dirección Seccional de Administración Judicial, y uno en cada una de las Coordinaciones Administrativas, los cuales estarán compuestos por dos representantes del empleador y dos de los servidores judiciales, con sus respectivos suplentes. Docum. Temas: Medidas preventivas. Acoso laboral. Comité de convivencia. Rama judicial.