Septiembre 8 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 18001 11 02 000 2016 00058 01 (11884 28) de 2016

SANCIÓN IMPUESTA CON OCASIÓN DEL INCIDENTE DE DESACATO DEBE SER NOTIFICADA PERSONALMENTE AL SANCIONADO. En todo caso el trámite del incidente de desacato debe adelantarse respetando las garantías del debido proceso del cual son titulares todas las partes. En este sentido, la Corte ha precisado que la sanción, desde luego, sólo puede ser impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso respecto de aquél de quien se afirma ha incurrido en el desacato. Decreta la nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Incidente de desacato. Sanción. Notificación personal. Debido proceso. Derecho de defensa.

Expediente 47001 11 02 000 2011 00211 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE PROPORCIONAR A SU CLIENTE INFORMACIÓN OPORTUNA Y VERAZ SOBRE EL ENCARGO ENCOMENDADO. La celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales entre el abogado y su cliente, implica que debe asumir el profesional del derecho una serie de deberes entre los cuales se puede encontrar, la necesidad de brindar a su poderdante información verdadera sobre la gestión destinada a defender los intereses de su representado; para el caso en estudio es evidente el desconocimiento de este deber por parte del abogado sancionado, toda vez que a pesar de haber transcurrido el tiempo dio información falsa a sus clientes y adicionalmente dejó de hacer los encargos solicitados. Revoca. M.P. Martha Rocío Cortés Vargas. . Temas: Información. Cliente. Encargo.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 03 000 2016 01502 00 de 2016.

DURANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS, LA ASEGURADORA NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A COMPROBAR EL ESTADO DE SALUD DEL ADQUIRENTE. El recurso de tutela presentado por la parte accionante carece de fundamentos para ser fallado a favor, ya que contrario a lo que expresa el demandante no existe jurisprudencia que señale la obligación por parte de la aseguradora, de practicar un examen médico al interesado en adquirir una póliza de seguros para verificar su estado de salud; de acuerdo a los hechos la demandante fue quien engañó a la aseguradora ya que al no existir el deber legal de efectuar el examen médico, esta última solo se limita a confiar en la información que se le brinda bajo el principio de la buena fe, a pesar de que los datos proporcionados por el demandante no fueron completos ni informaron el estado de salud real del mismo. Niega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Póliza de seguros. Aseguradora. Información. Buena fe.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01553 00 de 2016

JUEZ CONSTITUCIONAL NO ES COMPETENTE PARA SUPLIR LOS DESACIERTOS O DESCUIDOS DE LAS PARTES. Es inadmisible la pretensión de recurrir una actuación procesal por la vía extraordinaria de la tutela o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñada para rescatar términos derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales. Niega. M.P.M Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo Temas: Tutela. Procedencia. Juez constitucional. Facultades. Competencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 45483 de 2016

CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR PARA ACUDIR A UNA FORMA DE CONTRATACIÓN DISTINTA A LA LABORAL CUANDO EN REALIDAD SE TRATA DE UN VERDADERO CONTRATO DE TRABAJO, NO EXIME AL EMPLEADOR DE LA CONDENA AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA. El trabajador es la parte débil de la relación y en muchas ocasiones se ve compelido por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen en el mundo del trabajo. Sin embargo, el que haya prestado su consentimiento para suscribir contratos aparentes de prestación de servicios, no exime al empleador del pago de la indemnización moratoria, cuando se encuentra plenamente demostrado que la entidad demandada procedió a suscribir varios de esos contratos de manera sucesiva para el ejercicio del cargo de médico general, con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales. Revoca. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Contrato de trabajo. Prestación de servicios. Contrato realidad. Condena. Indemnización moratoria.

Expediente 44975 de 2016

PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA TRANSICIÓN CUYO RÉGIMEN ANTERIOR SEA EL DEL ISS CONTENIDO EN EL ACUERDO 049 DE 1990, LA EXIGENCIA DEL NÚMERO DE SEMANAS DEBE ENTENDERSE COMO AQUELLAS EFECTIVAMENTE COTIZADAS AL INSTITUTO. En el referido Acuerdo no existe una disposición que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector público, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como también puede ocurrir respecto a la pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. No Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. 2016 Temas: Régimen de transición. Beneficiarios. Número de semanas. Exigencia. Cotización.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 44549 del 2016

IMPROCEDENTE APLICAR EL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE PENA, CUANDO NO EXISTIÓ UNA CONFESIÓN SOBRE EL HECHO PUNIBLE. La Sala consideró procedente la inadmisión de la demanda de casación al encontrar que al cuestionar los fallos de primer y segundo grado por no haberle concedido al procesado la rebaja de pena de que trata el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, omitió considerar que éste no cumplió con el requisito de confesar su participación en la conducta punible en la primera intervención ante las autoridades judiciales; sin ser el anterior razón suficiente, también se resaltó que no se tuvo en cuenta los precedentes de esta Corporación sobre la imposibilidad de aplicar simultáneamente el beneficio en mención y la rebaja de pena inherente a la sentencia anticipada; y por último, incurrió en grotescos errores al momento de estructurar el cargo que motivó la casación. Inadmitió. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Rebaja de Pena. Administración de Justicia. Allanamiento de Cargos.

Corte Constitucional

Sentencia C 389 del 2016.

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE MINAS. La Alta Corporación Constitucional del país se pronunció a favor de la exequibilidad de varios artículos del Código de Minas los cuales fueron demandados a través de la acción pública de inconstitucionalidad, referentes al proceso de explotación minera en áreas pertenecientes a comunidades étnicas o afrocolombianas; las normas demandadas fueron declaradas exequibles bajo el entendido de que no es posible omitir ni desconocer el derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento libre por parte de dichas comunidades, y tampoco se puede impedir la participación ciudadana en los procedimientos de adjudicación minera.Exequible. M.P. María Victoria Calle Correa. . Temas: Código de minas. Consulta previa. Consentimiento libre. Étnicas. Afrocolombianas.

Sentencia C 223 de 2016

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PUEDEN RECIBIR VISITAS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES CON QUIENES DEMUESTREN TENER UN VÍNCULO ESTRECHO DE FAMILIARIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 112 A (parcial) de la Ley 65 de 1993, adicionado por el artículo 74 de la ley 1709 de 2014. Dicho vínculo no se limita a los lazos de consanguinidad sino que surge además por la existencia de lazos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad, protección y asistencia. En los casos en que la privación de la libertad obedezca a delitos cuya víctima haya sido un menor de edad, la visita de niños, niñas y adolescentes debe ser autorizada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, previa valoración de la gravedad y modalidad de la conducta delictiva; de las condiciones personales del recluso; del comportamiento observado durante su permanencia en el establecimiento carcelario, de la existencia de condenas vigentes por delitos de la misma naturaleza; y de la condición de víctima del menor o de los menores sobre los cuales se pretenda extender la solicitud de visita. Está a lo resueltoM.P. Jorge Iván Palacio Palacio  Temas: Visitas. Centros de reclusión. Reclusos. Vínculos. Menores.

Demanda 11430 de 2016

¿LA LIBERTAD DE EMPRESA AFECTA LA CONSTITUCIÓN?. Para limitar la libertad económica y de empresa, es menester satisfacer los requisitos; pues el límite debe ser impuesto por la ley, por otro lado, no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; además el límite debe obedecer al principio de solidaridad debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que lo justifiquen y el límite debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por tal motivo, en criterio del demandante la expresión del artículo 1 de la Ley 155 atenta contra la constitución, por cuanto vulnera el artículo 29 de la constitución. Demandante: Javier Cortázar Mora. Temas: Límite. Libertad Empresa.

Demanda 11460 de 2016

LÍMITES A LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. En criterio del demandante los únicos límites que podrán imponer a la libertad de concurrencia u posición de los contratistas son establecidas por el legislador con «sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales económicas y financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal», en los cuales todo límite injustificado a la libertad de empresa, competencia y concurrencia que se presenten en las modalidades de selección, que atenten contra las disposiciones constitucionales superiores acarreen la inconstitucionalidad total o parcial de los preceptos legales que se encuentren en pugna. Demandante Pablo Andrés Aponte González. Laura Marcela Ariza Torrado. Jeyson Ignacio Angarita Valencia. Temas: Contratación. Límites. Concurrencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2016 00072 00

LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS QUE REQUIERAN ESTABLECER UNA NUEVA SUCURSAL O AGENCIA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DEBERÁN OBTENER PREVIAMENTE AUTORIZACIÓN. La expresión “debidamente autorizadas” contenida en el artículo 13 ibídem la entidad explica que esto hace alusión a que las entidades que presten servicios de vigilancia, antes de operar, deben tener una licencia de funcionamiento según lo preceptuado en el artículo 11 Decreto 356 de 1994. De esta manera, si lo que pretende el actor es controvertir la legalidad del Decreto 356 de 1994, se destaca que sobre este no versa el control en la presente acción. Niega. M.P. Guillermo Vargas Ayala.. Temas: Autorización. Vigilancia. Funcionamiento.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 2002 04273 01 de 2016

RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS A QUIENES PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Si se trata de determinar la responsabilidad por los daños a estas personas (conscriptos), el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo, daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso, siempre que el actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la falla del servicio. En cambio, si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, por lo que la reparación que en justicia les corresponde deberá cubrirse por el sistema de indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo. Revoca. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Responsabilidad patrimonial. Daños. Servicio militar. Indemnización.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 05001 23 31 000 2011 00387 01 de 2016.

LOS APORTES DE SOCIOS A UN CLUB POR CONCEPTO DE CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONSTITUYEN UN INGRESO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. Frente a la discusión surgida entre las partes respecto de la categoría tributaria de los aportes efectuados por los socios del club demandante, el Consejo de Estado señala que de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Tributario estos aportes ordinarios y extraordinarios son ingresos gravados con el impuesto de renta, y por lo tanto se trata de dineros susceptibles de incrementar el patrimonio del contribuyente ya que la realización del ingreso es evidente, es decir que dichos aportes están dirigidos a garantizar el cumplimiento del objeto social del club. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Socios. Aportes. Club. Ingresos gravados.

Expediente 76001 23 33 000 2015 00512 01 (22021) de 2016.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE NO PUEDEN SER DEMANDADOS ANTE EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De acuerdo con las normas en materia tributaria y administrativa, solo pueden ser sometidos a control jurisdiccional, es decir que pueden ser demandados ante el juez competente, los actos administrativos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas; de modo que aquellos actos que no contienen pronunciamientos de fondo sino que son de trámite, no pueden ser objeto de demanda ante el juez a través de los medios de control que dispone la ley. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Actos administrativos. Trámite. Situaciones jurídicas. Control jurisdiccional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2015 00050 00 de 2016.

AL EXISTIR UN ASUNTO QUE FUE DECIDIDO MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, NO ES POSIBLE DEMANDARLO NUEVAMENTE ANTE EL JUEZ COMPETENTE.Los decretos que profiere el Presidente de la República en ejercicio de sus funciones reglamentarias, no pueden establecer prohibiciones para el acceso de cargos públicos ya que tal como se ha definido en Colombia, el régimen de inhabilidades es algo con reserva legal y esto implica que solo la ley puede definir cuáles son los impedimentos para acceder a cargos públicos; no obstante como señala el Consejo de Estado para el caso en estudio, se trata de un litigio que ya fue decidido en una sentencia ejecutoriada y que fue analizado de manera amplia y suficiente en la misma, razón por la cual no es posible para un ciudadano demandar nuevamente asuntos que ya fueron dirimidos previamente por la autoridad competente. Niega. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. . Temas: Sentencia. Autoridad competente. Litigio. Inhabilidades.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01547 00 de 2016.

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO PUEDEN IMPEDIR EL DERECHO A LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO. Las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de segunda instancia no fueron conformes a las normas legales, ya que tal como lo señala la sociedad demandante en su acción de tutela se desconoció su derecho al debido proceso al no haber podido confrontar los actos administrativos que ordenaron el pago de contribuciones parafiscales, debido a que la entidad demandada profirió un acto de trámite que precedía a un acto definitivo pero este último nunca fue expedido, lo cual impidió que la empresa pudiera acudir ante la vía contencioso administrativa para poder demandar el procedimiento de cobro adelantado en su contra, e implica el desconocimiento del derecho al debido proceso y a la defensa. Ampara. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. . Temas: Contribuyente. Derecho a la defensa. Debido proceso. Contribuciones parafiscales.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 60 00 049 2008 11649 04 de 2016.

CUANDO SE CONFIGURA EL FENÓMENO DE LA PRESCRIPCIÓN, EL ESTADO PIERDE LA POTESTAD PARA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si se trata de pena privativa de la libertad, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco años ni exceder de veinte, a menos que se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, que tienen un periodo máximo de treinta años tal como lo definió la Ley 1426 de 2010; de manera que este es el plazo legal con el cual cuenta el Estado para imponer la pena correspondiente por la comisión del delito, pero en caso de no cumplir con dicho término se pierde la facultad institucional de continuar con la investigación y es necesario decretar la terminación del procedimiento penal. Confirma. M.P. Ramiro Riaño Riaño. Temas: Acción penal. Prescripción. Pena.

 

Congreso de la República

 

Proyecto de Ley 108 de 2016 Senado

INICIATIVA PARA FIJAR EL RÉGIMEN PRESTACIONAL Y DE ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. Adiciona un parágrafo al artículo 25 del Decreto 4433 de 2004. El proyecto de ley tiene por objeto que el personal mencionado tenga derecho al ser retirado del servicio activo después de 15 años por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, por mala conducta, por no asistir al servicio por más de 5 días sin causa justificada, por incapacidad profesional, o por conducta deficiente; y los que se retiren a solicitud propia después de los 20 años de servicio, a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta, a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un 50% del monto de las partidas computables de que trata el artículo 4° del presente Decreto, por los primeros 15 años de servicio, un 4% más por cada año que exceda de los 15, sin que el total sobrepase del 85% del mismo monto. Así mismo, su incremento en un 2% por cada año adicional después de los 24 años de servicio, sin que el total sobrepase el 95% de tales partidas. . Temas: Régimen prestacional. Asignación de retiro. Miembros. Nivel ejecutivo. Policía Nacional.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Circular 12 de 2016

LAS PETICIONES DE SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO SE DECIDIRÁN EN UNA SOLA AUDIENCIA PRELIMINAR. Para facilitar la aplicación del parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1786,que comenzó a regir el 1 de julio de 2016, excepto “cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”, las buenas prácticas, como la concentración de audiencias, aconsejan que las peticiones de sustitución de la medida de aseguramiento, formuladas por la Fiscalía General de la Nación, la defensa, el procesado o el apoderado de la víctima, en lo posible, se decidan en una sola audiencia preliminar. Temas: Petición. Sustitución. Audiencias.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución 3822 de 2016

SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DEL MECANISMO ÚNICO DE RECAUDO Y GIRO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2016. Diario Oficial No. 49976 de 2016. Modifica en lo pertinente a las Resoluciones 55, 484 y 2577 de 2016. Se adiciona el presupuesto de la siguiente manera: En el cuadro de recaudos, Trasferencia Fosyga – Subcuenta de Solidaridad por valor de 4.252.932.279.68; Trasferencia Fosyga – Aporte EPS Régimen Subsidiado – Hemofilia A Severa – Resolución 2955 de 2016 por una suma de 23.971.233.770.00. En cuanto al cuadro de giro, Reconocimiento Unidades de Pago por Capitación Liquidación Mensual de Afiliados, 4.252.932.279.68; Reconocimiento EPS Régimen Subsidiado –Hemofilia A Severa – Resolución 2955 de 2016, 20.269.823.731.00; y Trasferencia a Compensación Hemofilia A Severa – Resolución 2955 de 2016, 3.701.410.039.00. Temas: Sistema de salud. Presupuesto. Recaudo. Giro. Recursos. Financiación. Régimen subsidiado.